Juan Carlos I espia americano

                                                                                   

 Juan Carlos espía americano

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 España: Según documentos desclasificados de la CIA el Rey Juan Carlos I fue su informante

Juan  Teixer

La CIA ha desclasificado más de 12 millones de páginas de información, de las cuales unas 12.500 entradas tratan sobre España. Los informes de estrategia y cables diplomáticos secretos reflejan la visión e influencia de la inteligencia norteamericana sobre el devenir del país en un momento clave de su historia como fue la Transición. Según los documentos, Juan Carlos I se convirtió en uno de los informantes más valiosos de EE.UU, revelando información confidencial a su contacto en Madrid, el embajador norteamericano Wells Stabler. Además, Juan Carlos habría pactado la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Todo a cambio del apoyo norteamericano para convertirse en Rey.

Mediados de la década de los 70. La Revolución de los Claveles triunfa en Portugal. En Italia, los comunistas están muy cerca de llegar a formar parte del Gobierno. En Grecia la dictadura militar se desmorona. Y en España, el dictador Francisco Franco está en las últimas.

El panorama es muy preocupante para los intereses norteamericanos, que ven como sus aliados pierden fuerza. Además del propósito global de frenar al comunismo y al socialismo, para EE.UU esta zona es especialmente importante a nivel geoestratégico. En 1973 por ejemplo, los aviones norteamericanos que se dirigían a Oriente Medio para apoyar a Israel en la guerra del Yon Kippur solo consiguen autorización portuguesa para repostar, y es probable que a partir de ahora ya no sea así. Hay que hacer algo.

Esta necesidad de EE.UU de ganar influencia en la región encuentra un aliado muy oportuno: Juan Carlos I. El sucesor natural del dictador Francisco Franco no era del agrado norteamericano en un principio. La CIA veía poco capacitado al monarca para liderar una transición democrática en el país. Sus únicos puntos a favor eran su «encanto personal», su intención de no legalizar el partido comunista y no tener hemofilia (enfermedad hereditaria de los borbones). Todo lo demás estaba en su contra:

Hay poco entusiasmo por Juan Carlos y la monarquía en España, pero una cierta disposición a apoyarle al no haber una alternativa mejor … Si logra preservar la Ley y el orden mientras consigue una apertura política ganará apoyo. El reto es enorme. Y es improbable que el nuevo rey reúna las cualidades necesarias para lograrlo – Informe secreto de la CIA

Sin embargo, poco después la figura del Borbón como aliado internacional fue ganando peso en los informes de inteligencia, hasta el punto de referirse a Juan Carlos como «motor del cambio» ¿Qué sucedió para que se diera este cambio de parecer?

JUAN CARLOS I, ESPÍA NORTEAMERICANO

En 1975 se pone en marcha un proyecto secreto de la CIA que tiene como objetivo arrebatar la provincia número 53 de España: el Sáhara Occidental. Se trata no solo de un territorio rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, sino que es muy valioso a nivel geoestratégico. La inestabilidad en España debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco es clave para llevar a cabo esta operación, que consiste en invadir la provincia española mediante una marcha de unos 350.000 ciudadanos marroquíes que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona. Se trata evidentemente de la famosa Marcha Verde.

El 6 de octubre de 1975, los servicios de Inteligencia del Ejército español informan al dictador Francisco Franco de estos planes de «invasión pacífica» del Sáhara Occidental y le piden que mueva ficha. Y aquí es donde entra en juego Juan Carlos I, que se convirtió en confidente de EE.UU, enviando información secreta de todos los movimientos que Franco realizaba en la provincia del Sáhara. Es decir, el entonces príncipe Juan Carlos reveló información confidencial sobre los planes de España en el conflicto del Sáhara a una potencia extranjera que estaba jugando un papel clave en dicho conflicto. Hay quien lo denominaría alta traición.

De este modo, Juan Carlos I se convirtió en aquel momento clave de la historia del país en informante de EE.UU, con la esperanza de lograr así el apoyo norteamericano tras la muerte de Franco. Lo consiguió, y probablemente la historia de España sería muy diferente de no haber tomado esta decisión. El contacto del entonces Príncipe era el embajador norteamericano en España, Wells Stabler, que tenía contacto directo con la Casa Blanca y con el jefe del Departamento de Estado, Henry Kissinger, quien le comunicó a este respecto en uno de los documentos ahora desclasificados:

Tus contactos con el príncipe deben ser tratados con la mayor discreción. Estos informes tienen un grandísimo valor para EEUU y haremos lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que en el futuro se manejen de manera apropiada – Henry Kissinger.

EL SÁHARA A CAMBIO DE LA CORONA

31 de octubre de 1975, Juan Carlos asume la jefatura en funciones del Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco. Uno de los temas más urgentes que debe tratar es respecto a la decisión del rey Hasan II de Marruecos de lanzar una ofensiva para reclamar una provincia española: el Sáhara Occidental.

El mismo día de la toma de posesión de su nuevo cargo, Juan Carlos preside su primer Consejo de Ministros, y muestra su intención de ponerse al cargo del asunto del Sáhara, pero no informa de que ya había enviado a Washington a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, con la finalidad de conseguir el apoyo norteamericano y evitar así un conflicto con Marruecos que le podría costar su añorada Corona. De este modo, Kissinger media con Hassan II y finalmente se firmaría el pacto secreto por el que Juan Carlos entregaría el Sáhara español a Marruecos, a cambio de que EE.UU se convierta en su aliado en el complejo futuro que tiene por delante.

El 2 de noviembre, Juan Carlos viaja a la capital del Sáhara Occidental , El Aaiiún, donde asegura ante las tropas españolas: «Se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor». Hasta se permite decirles a los oficiales de sus tropas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres”, y también: “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”. Sin embargo, sabía que estaba mintiendo. Ya había pactado con Hassan II los términos de la entrega del Sáhara.

En uno de los documentos desclasificados, el embajador de EE.UU en España comunica a Washington: «Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas (…) El príncipe [Juan Carlos] ha añadido que una delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrá permitido entrar en la capital territorial de El Aaiún».

En el documento también se puede apreciar el temor de la inteligencia norteamericana a que se descontrolara la situación: «La zona en la que no está prevista que caminen los manifestantes está claramente marcada como campos de minas. Juan Carlos dijo que las fuerzas españolas usarán cualquier medio a su disposición para evitar que los marroquíes crucen esta línea» …»Una vez que los manifestantes crucen la frontera, la situación puede descontrolarse fácilmente». También se habla de los posibles movimientos del Frente Polisario: «Algunos de sus miembros están en el área que ya han abandonado las tropas españolas»… «Casi con total seguridad intentarán atacar a los manifestantes».

Finalmente, el 6 de noviembre de 1975 la Marcha Verde invade la provincia española. Todo estaba preparado de antemano. Los campos de minas y los legionarios se retiraron de la frontera. La ONU, atónita ante los acontecimientos, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. El Consejo de Seguridad se pronunció aprobando la resolución 380, en la que «deplora la realización de la marcha» e «insta a Marruecos a que retire inmediatamente del territorio del Sáhara Occidental a todos los participantes en la marcha», así como volver a hacer un llamamiento al diálogo. Sin embargo, todo estaba pactado ya.

En plena Guerra Fría, Estados Unidos y Francia anhelaban la anexión marroquí del territorio, puesto que Argelia y el Frente Polisario eran cercanos a la Unión Soviética. Hassan II, que atravesaba una compleja situación política interna, marcaba un tanto por la escuadra. Y España perdía un territorio clave, pero Juan Carlos I ganaba un reinado. Todos contentos. Excepto claro está, los habitantes del territorio en cuestión, que fueron las víctimas colaterales de este pacto/traición, y cuyo sufrimiento generado se ha alargado hasta nuestros días.

El pecado que España cometió contra el Sáhara sigue siendo fuente de sufrimiento para quienes un día fueron ciudadanos suyos de pleno derecho – Tomás Bárbulo, periodista  y escritor especializado en la temática sobre el Magreb.

MI NOMBRE ES BON… BOR-BÓN

Los movimientos ocultos, las mentiras y la deslealtad de Juan Carlos con el tema del Sáhara podrían ser considerados sin duda alta traición. Sin embargo, son un juego de niños comparado con lo sucedido unas semanas antes. El 16 de octubre, el dictador Francisco Franco sufría una crisis cardíaca que le dejó al borde de la muerte. La embajada norteamericana en Madrid incluso lo llegó a dar por muerto.

En estos días, Juan Carlos se convirtió en el mejor informador de EE.UU de todo lo que estaba sucediendo en Madrid, e incluso pidió ayuda al embajador Stabler para que intercediera por él ante el presidente Carlos Arias Navarro con la finalidad de convencerlo de que Franco le traspasara sus poderes antes de morir. Kissinger se negó en rotundo por miedo a que relacionaran a EE.UU:  «No estás -repito- no estás autorizado a mediar con Arias en este momento«. Así que Juan Carlos tuvo que esperar para ver colmadas sus ansias de poder.

 

Durante los siguientes meses, el contacto de Juan Carlos con el embajador norteamericano fue habitual. Además de las conversaciones telefónicas documentadas en los archivos desclasificados, cualquier ocasión era buena para verse en persona: en la base militar de Torrejón, en un encuentro con estudiantes del National War College o en Palma de Mallorca.

Cualquier excusa era buena para que Juan Carlos informara de todo lo que estaba sucediendo en las altas esferas españolas y acercarse así a EE.UU, su mejor baza para llegar al ansiado reinado. Sin embargo, este presente en forma de información confidencial era un esfuerzo eran prescindible, puesto que EE.UU ya tenía claro que Juan Carlos era el mejor candidato para sus intereses en España (y no eran pocos).

La desaparición de Franco allana el camino para una era más esperanzadora, pero la desaparición de Juan Carlos abriría las puertas a una lucha de poder donde los comunistas y los extremistas de todos los colores jugarían un papel determinante – Wells Stabler, embajador de EE.UU en España.

El 4 de noviembre de 1975 Wells Stabler envió a la Casa Blanca un informe gen. eral de la situación en España y de su incierto futuro tras la muerte del dictador, redactado en gran parte con la información obtenida a través de Juan Carlos I. Las respuestas sobre las líneas generales a seguir que Henry Kissinger le envía de vuelta a Madrid no tienen desperdicio:

«…el interés de EEUU reside en empujar a Juan Carlos a que dé un giro gradual, pero de manera decidida y no demasiado lenta, hacia la democratización. Debemos darle el apoyo que él claramente está pidiendo a EEUU».

«… no favoreceremos a ningún partido político en concreto más allá de las decisiones democráticas, pero anticipamos que la transición estará en manos básicamente del bloque conservador».

«Veríamos la participación del Partido Comunista en un futuro gobierno español como algo muy negativo que dañaría irremediablemente los lazos con nosotros y con las instituciones de Europa occidental».

«… los países de la Europa occidental deberían participar en la toma de poder de Juan Carlos y el funeral de Franco en una base positiva para el futuro, no en términos de recriminaciones sobre el pasado».

 

Traducción :

– NO ESTAMOS A FAVOR DE NINGUNA SOLUCIÓN POLÍTICA EN PARTICULAR NI DE NINGÚN PARTIDO DENTRO DE LA AMPLIA GAMA DE PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO, PERO ANTICIPAMOS QUE LA TRANSICIÓN ESTARÁ EN MANOS DE PERSONAS ESENCIALMENTE CONSERVADORAS.

– VEMOS LA PARTICIPACIÓN COMUNISTA EN UN FUTURO GOBIERNO ESPAÑOL COMO UN HECHO INSALUBRE QUE PERJUDICARÍA INEVITABLEMENTE LOS VÍNCULOS CON NOSOTROS Y CON LAS INSTITUCIONES DE EUROPA OCCIDENTAL.

Obviamente la prioridad de EE.UU no era la democratización del país, sino principalmente lograr un acuerdo ventajoso para la instalación de las bases militares estadounidenses en España. El acuerdo anterior vencía precisamente en 1975, y Franco se había dedicado a torpedear la renovación al no poder formar parte de la OTAN.

De este modo, Juan Carlos se convirtió en la mejor baza norteamericana para lograr el ingreso de España en la Alianza Atlántica y lograr la instalación de varias bases militares en suelo español. Y EE.UU se convirtió en la mejor baza de Juan Carlos para llegar al poder. Una historia de amor y traición con drásticas consecuencias para el desarrollo de la historia reciente del estado español.

Finalmente, el 21 de septiembre de 1976 se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y EE.UU, ya con Juan Carlos como rey, siendo el paso previo para el ingreso en la OTAN, que no llegó hasta 1982.

Juan Teixeir es periodista investigador chileno

 Fuentes: CIA // WikiLeaks //  Público // El Español // El Confidencial Saharaui

(Observatorio Crisis)

¿Quo vadis Unión Europea?

¿Quo vadis Unión Europea?

 

Por Miguel Medina Fernández-Aceytuno

| 21/02/2024 |  

 

 

El nuevo Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europea obedece a la estrategia que impone el imperialismo y la OTAN a los gobiernos sumisos miembros de la UE orientada hacia una guerra generalizada de grandes proporciones para prolongar su hegemonía en el mundo en detrimento del naciente mundo multipolar.

 El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado en 19 de enero pasado el Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europeapor el que se establecen medidas represivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. En su artículo 9 establece que: «Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas contempladas en el artículo 2.» Y este último precepto reglamentario indica como una de las actividades prohibidas las «que apoyen, material o financieramente, o ejecuten acciones que socaven o amenacen la estabilidad o la seguridad de Israel, junto con, en nombre de, por cuenta de o en apoyo de Hamás, de la Yihad Islámica Palestina, de cualquier otro grupo afiliado o de cualquier célula, entidad afiliada, grupo escindido o derivado de ellos».

 Al mismo tiempo, no debemos olvidar la decisión del Consejo de la Unión Europea de 8 de agosto de 2019 que actualiza la lista de personas, grupos y entidades consideradas como terroristas. En este elenco se encuentra la organización Hamás junto con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Partido Comunista de Filipinas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o la Dirección de Seguridad Interna del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, entre otras tantas organizaciones.

 El listado se elabora por un órgano político y por razones esencialmente de oportunidad política atendiendo a decisiones que pudiera haber adoptado alguna autoridad judicial o equivalente competente [1]. El procedimiento principia por una decisión consistente en el inicio de una investigación o un enjuiciamiento por un acto terrorista o un intento de llevar a cabo o de facilitar un acto de este tipo, o una condena por alguno de estos actos. No son los órganos judiciales de cada estado miembro de la UE los que determinan en cada procedimiento penal, con respeto a las garantías que informan los principios del derecho punitivo moderno, los encargados de establecer en sus fallos dispositivos si tal o cual organización es o no terrorista, sino un órgano político ajeno a la judicatura, cuyo listado, además, vincula a la judicatura facilitando el recurso a la predeterminación del fallo, vicio que prohíbe el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [2]

 Un texto de apoyo público a la resistencia palestina y a sus principales organizaciones, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina o Hamás, podría constituir base para el enjuiciamiento de su autor por presunto delito de enaltecimiento del terrorismo regulado en el artículo 578 del Código Penal. [3]

 En este listado de personas, grupos y entidades consideradas como terroristas, la Unión Europea no incluye al Estado de Israel ni a su gobierno actual. Tampoco al Ejército israelí. Ni siquiera a la organización Likud fundada en 1973 por Menájem Beguín y que hoy encabeza Benjamín Netanyahu. Todos ellos son responsables de una agresión militar contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre pasado con el resultado de más de 27 mil palestinos asesinados por los bombardeos e incursiones de Israel, y de ellos más del 60% son mujeres, niñas y niños. Más de 7.000 personas desaparecidas en Gaza y otros lados del territorio de Palestina; 56 mil heridos, que incluyen mil niñas y niños con brazos y/o piernas amputadas; 60% de los hogares palestinos detraídos; 103 periodistas muertos, 144 funcionarios de Naciones Unidas asesinados y más de 300 médicos y enfermeras muertos por los ataques. Se constatan 136 mil casos de diarrea infantil y 180 mil personas afectadas por infecciones respiratorias. De 36 hospitales quedan 13 y les falta agua, luz, medicinas, anestesia e insumos médicos.

 La Corte Internacional de Justicia ha constatado, por una muy amplia mayoría de sus jueces, que esplausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio en el marco general del derecho humanitario. La Orden sobre medidas provisionales de 26 de enero pasado -aún no se ha dictado sentencia definitiva- exige a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos susceptibles de ser calificados como genocidio, velando con efecto inmediato para que su ejército no cometa tales actos. También requiere a Israel para que tome todas las decisiones necesarias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio, así como a tomar resoluciones efectivas que permitan la llegada inmediata de servicios básicos y asistencia humanitaria a la población de Gaza.

 El mundo al revés: el Reglamento 386/2024 de la UE reprime el apoyo a las víctimas y a sus organizaciones de la resistencia palestina que se defienden del genocidio sionista y, al mismo tiempo, protege al autor de las atrocidades que se cometen en la Franja de Gaza. Si aplicáramos con rigor los mismos criterios que adopta el Consejo de la Unión Europea para con la resistencia palestina al estado de Israel, a su ejército, a su gobierno y a la organización Likud que comanda Benjamín Netanyahu, llegaríamos a la nada sorprendente conclusión de que todas estas entidades deberían haber sido incluidas en el listado de personas, grupos y organizaciones consideradas como terroristas por el Reglamento arriba reseñado. Y en tal caso, la UE con “su” Reglamento estaría realizando una labor de enaltecimiento del terrorismo.

 En cualquier caso, conviene señalar, una vez más, que la resistencia palestina y sus organizaciones, cuando defienden a su pueblo frente al agresor sionista, ejercen tanto el legítimo derecho de defensa como el inalienable derecho a la autodeterminación de los pueblos.

 

 En diciembre de 1982, tras la invasión israelí al Líbano seis meses antes, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/37/47 sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Respaldaba, sin reservas, este derecho inalienable del pueblo palestino asu libre determinación, la independencia nacional, la integridad territorial, la soberanía y la unidad nacional sin interferencia extranjera, y reafirmaba la legitimidad de su lucha por esos derechos «por todos los medios necesarios, incluyendo la lucha armada» con el límite del respeto al derecho humanitario, condenando al mismo tiempo las actividades expansionistas de Israel en el Medio Oriente y el «bombardeo continuo contra civiles palestinos.» Un motivo suficiente para que del listado de personas, grupos y entidades de la UE sean excluidas las organizaciones que conforman la resistencia palestina.

 En cuanto que el Consejo de la UE “legitima” la actuación del estado de Israel en la Franja de Gaza y reprime al mismo tiempo las actuaciones de la resistencia palestina frente al genocidio, el Reglamento 386/2024 transgrede la propia Constitución Europea. El artículo 2 dispone que: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.» Y entre sus objetivos, indica el artículo 3 que la finalidad de la Unión «es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y en sus relaciones con el resto del mundo «la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho internacional, y en particular al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

 De igual forma, la UE con este Reglamento se aparta de la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo artículo primero indica como propósito de las Naciones Unidas la de «Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz», así como «Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.»

 Asimismo, el Reglamento citado infringe la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la quese expone que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Finalmente, el artículo 30 dispone que: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.»

 Finalmente, el Reglamento de la UE contradice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuyo artículo primero dispone que: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.» Y el artículo quinto añade «Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.»

 El Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europea obedece a la estrategia que impone el imperialismo y la OTAN a los gobiernos sumisos miembros de la UE orientada hacia una guerra generalizada de grandes proporciones para prolongar su hegemonía en el mundo en detrimento del naciente mundo multipolar.

 La UE no es más que la expresión política, económica y social de la OTAN en Europa. Así quedó meridianamente claro en su Nuevo Concepto Estratégicoque la organización atlantista aprobó a finales de junio de 2022 en Madrid y en el que podemos leer: «La Unión Europea es un socio único e imprescindible para la OTAN. Los aliados de la OTAN y los miembros de la UE comparten los mismos valores. La OTAN y la UE desempeñan funciones complementarias, congruentes y que se refuerzan mutuamente… Sobre la base de nuestra larga cooperación, mejoraremos la asociación estratégica entre la OTAN y la UE… como la movilidad militar…  Las iniciativas para aumentar el gasto en defensa, desarrollar estrategias coherentes y reforzar mutuamente las capacidades, al tiempo que se evitan duplicaciones innecesarias, son clave para nuestros esfuerzos por hacer más segura la zona euroatlántica.»

 Mientras el Consejo de la UE aprueba el Reglamento 386/2024, por omisión mira hacia otro lado dejando hacer la masacre sionista del pueblo palestino, sin condenar el genocidio ni reclamar un alto el fuego permanente. Entretanto, la UE por acción continúa armando a Israel, con programas como el Horizon Plus, que  financia a dos empresas israelíes que fabrican los drones con los que están matando a los chiquillos de la Franja de Gaza, apoyando lo que obscenamente llama su “derecho a defenderse” y, también, como con este Reglamento, reprimiendo la solidaridad con las víctimas con lo que  marca una peligrosa pendiente liberticida que asume, implícita e incluso explícitamente, medidas de censura y represión características de la derecha más extrema y antidemocrática.

 Notas:

 [1] Como, por ejemplo, la que propone la Fiscalía y el gobierno de Polonia tendente a declarar ilegal al Partido Comunista de este país

 

[2] Artículo 851 LECr. «Podrá también interponerse el recurso de casación por la misma causa: 1.º Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.»

 

[3] Artículo 578.1: «El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.» Véase sentencia del Tribunal Supremo 52/2028 de 31 de enero que cita la del mismo órgano judicial 354/2017 de 17 de mayo.

 

Miguel Medina Fernández-Aceytuno es abogado

1.  

El último recurso de Julian Assange

 

 El último recurso de Julian Assange

 Por Chris Hedges

| 20/02/2024  

Julian Assange presentará esta semana el último recurso ante la justicia británica para evitar su extradición. Si es extraditado, será la muerte de las investigaciones sobre los entresijos del poder por parte de la prensa.

 Si esta semana se deniega a Julian Assange el permiso para recurrir su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Supremo de Londres, no le quedará ningún recurso dentro del sistema judicial británico. Sus abogados pueden pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud del artículo 39, que se concede en «circunstancias excepcionales» y «sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable». Pero no es nada seguro que el tribunal británico acceda. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la Regla 39 o puede decidir hacer caso omiso de una petición del TEDH para permitir que dicho tribunal europeo estudie su caso.

 La persecución de casi 15 años contra Assange, que se ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se hace en el marco de la extradición a Estados Unidos, donde sería juzgado por presunta violación de 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917, con una posible condena de 170 años.

 El «delito» de Julian es haber publicado en 2010 documentos clasificados, mensajes internos, informes y vídeos del Gobierno y el ejército de Estados Unidos, facilitados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo y las condiciones a las que estaban sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes -incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que abatieron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos ellos captados en el vídeo Collateral Murder– nunca han sido procesados.

 Julian expuso lo que el imperio estadounidense trata de borrar de la historia.

 La persecución de Julian es un mensaje aciago para el resto de nosotros. Si desafías al imperio estadounidense y sacas a la luz sus crímenes, no importa quién seas, no importa de qué país vengas, no importa dónde vivas, serás perseguido y llevado a los EE.UU. para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros de la tierra. Si Julian es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación sobre el funcionamiento interno del poder del Estado. Poseer material clasificado, y mucho más publicarlo, -como yo hice cuando era reportero de The New York Times– será criminalizado. Y esa es la cuestión, tal y como lo ven The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, que publicaron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos contra él.

 El primer ministro australiano Anthony Albanese y otros parlamentarios federales votaron el pasado jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pongan fin al encarcelamiento de Assange, señalando que “se limitó a ejercer su labor como periodista” para revelar “pruebas de malas prácticas por parte de EE.UU.”

 El caso legal contra Julian Assange, que cubrí desde el principio y volveré a cubrir desde Londres esta semana, tiene un toque extravagante a lo Alicia en el País de las Maravillas, donde jueces y letrados hablan en tono solemne sobre la ley y la justicia mientras se burlan de los más básicos principios de las libertades civiles y la jurisprudencia.

 ¿Cómo pueden seguir adelante las audiencias cuando la empresa española de seguridad de la embajada ecuatoriana, UC Global, donde Julian se refugió durante siete años, proporcionó a la CIA grabaciones de vigilancia de las reuniones entre Julian y sus abogados, desvirtuando la confidencialidad abogado-cliente? Solo por esto, el caso debería haber sido desestimado.

 ¿Cómo puede el Gobierno ecuatoriano dirigido por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julian y permitir a la Policía Metropolitana de Londres entrar en la Embajada ecuatoriana -territorio soberano de Ecuador- para llevar a Julian al furgón policial que le esperaba?

 ¿Por qué aceptó el tribunal el argumento estadounidense de que Assange no es un periodista legítimo?

 ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la realizada por motivos políticos?

 ¿Cómo puede haber seguido adelante el caso contra Julian Assange después de que el testigo clave por Estados Unidos, Sigurdur Thordarson –un estafador y pedófilo convicto- admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian Assange?

 ¿Cómo es posible que Assange, un ciudadano australiano, sea acusado de violar la Ley de Espionaje de EE.UU. cuando no ha participado en actos de espionaje y no residía en aquel país cuando recibió los documentos filtrados?

 ¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julian sea extraditado a EE.UU. cuando la CIA –además de vigilar a Assange por video las 24 horas del día mientras permanecía en la embajada ecuatoriana- consideró su secuestro y asesinato, con unos planes que incluían su potencial muerte a tiros en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

 ¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando él, a diferencia de Daniel Ellsberg*, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó Wikileaks?

 ¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor del New York Times o del Guardian por publicar los mismos documentos filtrados junto con Wikileaks?

 ¿Por qué se ha mantenido a Assange en confinamiento solitario en una prisión de alta seguridad sin juzgarlo durante casi cinco años cuando su única violación técnica de una ley fue incumplir las condiciones de la fianza cuando pidió asilo en la embajada de Ecuador? Normalmente eso conllevaría tan solo una multa.

 ¿Por qué se le ha denegado la libertad bajo fianza después de su traslado a la prisión de Belmarsh?

 Si Julián es extraditado su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público -salvo en contadas ocasiones- y salir en libertad bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde el Gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté compuesto en su mayoría por personas que trabajan o tienen amigos o familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede cerca del tribunal contribuye sin duda a esta serie de decisiones judiciales.

 Los tribunales británicos han dificultado notoriamente desde el principio la cobertura del caso, limitando severamente los asientos en la sala del tribunal, proporcionando enlaces de vídeo que han resultado defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

 Como de costumbre, no se nos ha informado sobre fechas ni horarios. ¿Tomará el tribunal una decisión al final de la vista de dos días, el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para dictar sentencia, como ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH examine el caso o enviará inmediatamente a Julian a EE.UU.? Tengo mis dudas de que el Alto Tribunal pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario de Derechos Humanos, se oponen a la «detención, extradición y procesamiento» de Julian porque representa «un precedente peligroso para los periodistas». ¿Aprobará el tribunal la petición de Julian de estar presente en la vista, o se le obligará a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Thamesmead, al sureste de Londres, como ya ha ocurrido otras veces? Nadie es capaz de decírnoslo.

 Julian se libró en enero de 2021 de la extradición cuando la jueza Vanessa Baraitser del tribunal de magistrados de Westmister rechazó la solicitud de extradición. En su resolución de 132 páginas argumenta que existe un “riesgo sustancial” de que Assange cometa suicidio a causa de la severidad de las condiciones a las que sería sometido en el sistema penitenciario estadounidense. Pero se trataba de un hilo muy fino. La juez aceptó que Estados Unidos presentó todos los cargos “de buena fe” y rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas y que no sería sometido a un juicio justo en aquel país. También negó que su procesamiento fuera un ataque a la libertad de prensa.

 La decisión de Baraitser fue anulada cuando Estados Unidos apeló al Tribunal Supremo de Londres. Aunque este aceptó las conclusiones sobre el “riesgo sustancial” de suicidio si era sometido a ciertas condiciones en la prisión estadounidense, también aceptó las cuatro garantías ofrecidas por la Nota Diplomática 74 de EE.UU., entregada en febrero de 2021, que prometía que Julian sería “bien tratado”.

 El Gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías «responden totalmente a las preocupaciones que llevaron a la juez [del tribunal inferior] a poner en libertad al Sr. Assange». Las «garantías» afirman que Julian no será sometido a [Medidas Administrativas Especiales]** SAM. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el Gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no será recluido en la Instalación Administrativa de Máxima Seguridad (ADX) de Florence, Colorado.

 Parece tranquilizador. Pero forma parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julian.

 Nadie está en prisión preventiva en ADX Florence. ADX Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad de EE.UU. en la que Julian puede ser encarcelado. Podría ser recluido en una cualquiera de las otras instalaciones similares a Guantánamo, en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que reproducen el aislamiento casi total impuesto por las SAM. Las «garantías» no son jurídicamente vinculantes. Todas vienen con cláusulas de excepción.

 En caso de que Julian haga «algo con posterioridad al ofrecimiento de estas garantías que se ajuste a las condiciones para la imposición de las SAM o la designación a ADX», estará sujeto, reconoce el tribunal, a estas formas más duras de control. El hecho de que Australia no solicite el traslado «no puede ser motivo de crítica a EE.UU., ni razón para considerar que las garantías son inadecuadas para responder a las preocupaciones de la juez», dice la sentencia. E incluso si no fuera así, Julian tardaría entre 10 y 15 años en recurrir su sentencia hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional afirmó que «esas garantías no valen ni el papel en que están escritas».

 Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Supremo de que le concedan permiso para recurrir varios de los argumentos contra la extradición que la juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se les concede el recurso, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una «grave violación» de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos no permite; que Julian no debe ser extraditado para ser procesado cuando la Ley de Espionaje «se está ampliando de una manera sin precedentes e imprevisible»; que los cargos podrían ser modificados dando lugar a que Julian se enfrente a la pena de muerte; y que Julian no recibirá un juicio justo en los EE.UU. También están pidiendo el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julian.

 Si el Tribunal Supremo autoriza a Julian a recurrir, se programará una nueva vista en la que alegará los motivos de su recurso. Si el Tribunal Supremo deniega a Julian el permiso para apelar, la única opción que le queda es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

 La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue impulsada por la administración de Donald Trump tras la publicación por parte de WikiLeaks de los documentos conocidos como Vault 7, que exponían los programas de ciberguerra de la CIA, incluidos los diseñados para vigilar y tomar el control de automóviles, televisores inteligentes, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

 La cúpula del Partido Demócrata se volvió tan sanguinaria como los republicanos tras la publicación por parte de WikiLeaks de decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos cargos demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

 Los correos electrónicos de Podesta sacaron a la luz que Clinton y otros miembros del Gobierno de Obama sabían que Arabia Saudí y Qatar -que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton- eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton mantuvo con Goldman Sachs, por las que cobró 675.000 dólares, una suma tan elevada que sólo puede considerarse un soborno. Los correos electrónicos mostraban a Clinton diciendo a las élites financieras que quería «comercio abierto y fronteras abiertas» y que creía que los ejecutivos de Wall Street eran los mejor posicionados para gestionar la economía, una afirmación que contradecía sus promesas electorales de reforma financiera. Expusieron la estrategia de la campaña de Clinton, autodenominada «Pied Piper» (flautista de Hamelín), que utilizaba sus contactos en la prensa para influir en las primarias republicanas «elevando» a lo que ellos llamaban «candidatos más extremos», para asegurarse de que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento previo de Clinton de las preguntas de un debate de primarias. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como una de las artífices de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que abrillantaría sus credenciales como candidata presidencial.

 Algunos periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los diarios de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

 La cúpula demócrata, que intentó culpar a Rusia de su derrota electoral frente a Trump -en lo que se conoció como Rusiagate-, acusó a los correos electrónicos de Podesta y a las filtraciones del DNC de haber sido obtenidos por piratas informáticos del Gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el exdirector del FBI, «no desarrolló suficientes pruebas admisibles de que WikiLeaks supiera o incluso estuviera voluntariamente ciego ante» cualquier supuesto hackeo por parte del Estado ruso.

Julian ha sido perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del Gobierno estadounidense desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, él era independiente. Su objetivo era desenmascarar al poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes o los puestos de control de EE.UU., incluyendo a mujeres embarazadas, ciegos, sordos y no menos de 30 niños.

Hizo públicas las muertes no comunicadas de más de 15.000 civiles iraquíes y la tortura y maltrato de unos 800 hombres y muchachos, de entre 14 y 89 años, en el centro de detención de Guantánamo.

 

Nos mostró que Hillary Clinton ordenó en 2009 a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y otros representantes de dicho organismo de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía la obtención de sus ADN, escaneo del iris, huellas dactilares y claves personales de acceso.

 

Sacó a la luz que Obama, Hillary Clinton y la CIA apoyaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente, y lo reemplazó por un régimen militar asesino y corrupto.

 

Reveló que Estados Unidos lanzó en secretó misiles, bombas y ataques con drones en Yemen, que provocaron la muerte de decenas de civiles.

 

Ningún otro periodista contemporáneo ha estado a la altura de sus revelaciones.

 

Julian es el primero. Nosotros somos los próximos.

 

(N. del T.): *Analista de las Fuerzas armadas de EE.UU. que filtró al New York Times los Papeles del Pentágono.

 

** Medidas de seguridad del sistema penitenciario estadounidense, muy restrictivas, para presos especialmente peligrosos

  Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://chrishedges.substack.com/p/assanges-final-appeal

El PP gana de nuevo en Galicia por el sistema electoral .

 

                                                                                    

Los resultados dan un respiro a Feijóo.. ( Viñeta de Vergara   en  El diario.es)

 

El efecto del sistema electoral en el resultado del 18F: así ha beneficiado al PP en las elecciones de Galicia

El PP consigue el 53% de los escaños con el 47% de los votos, una prima del sistema electoral gallego que le permite mantener la mayoría absoluta en la comunidad

  https://www.eldiario.es/galicia/efecto-sistema-electoral-resultado-18f-beneficiado-pp-elecciones-galicia_1_10935519.html.

Nota del  blog .-En Galicia no   va bien nada,  hay una inmensa Galicia vacía y una total desindustrialización desde la entrada en la UE que  destrozo la flota pesquera y las  lecherías con el cupo  europeo . En los años de Feijóo    cada año se marchan los más jóvenes y mejor formados.

Un estudio de la Revista Galega de Economía analiza los datos de los gallegos y gallegas que se han ido fuera buscando trabajo.

Son más de 315.000 personas entre 2003 y 2010, y de ellos un 47% son menores de 30 años.  Que  son mas que el   PSOE- PSG  acaba de sacar en Galicia.

Cada año se van casi la mitad de las personas con una licenciatura universitaria.

https://www.eldiario.es/galicia/tercera-emigracion-marchan-jovenes-formados_1_5135339.html

El PP con esa ley electoral y los medios de comunicación comprados o , amordazados sería un milagro que hubiese perdido las elecciones . Además dos días antes regó con dinero público a ciertos colectivos desde mariscadoras a ancianos.

Galicia un país envejecido

 file:///C:/Users/loisd/Downloads/Dialnet-ElDespoblamientoEnGalicia-6399267%20(1).pdf

Galicia , el neoliberalismo provinciano de la derecha española

 

El neoliberalismo provinciano de Rueda-Feijoo

Albino Prada

11/02/2024

Me centraré aquí en dos cosas que a los dirigentes del Partido Popular no les gusta nada airear. Que, por un lado, su política en lo social y económico es neoliberalismo puro y duro (como el de Trump, Milei o Meloni) en beneficio de los más privilegiados. Y, por otro lado, que para ellos la Xunta de Galicia es poco más que el gobierno de cuatro provincias españolas subordinadas a los intereses centrípetos de la megametrópoli madrileña. En ambos casos se acercan cada vez más a las posiciones de Vox: neoliberalismo radical más beligerancia contra las nacionalidades periféricas del Reino de España. Vayamos por partes.

En materia económica y social, su neoliberalismo se oculta bajo una capa de tecnocracia y eficiencia, aunque, sorprendentemente, no quieren ver ni en pintura un balance objetivo de los resultados que han logrado durante años y años de Gobierno. Para evitarlo cuentan con muchas amistades mediáticas bien alimentadas con fondos públicos. Neoliberalismo puro: regar a los amigos ricos con abundantes subsidios con fondos que son ahorrados en recortes a la mayoría social.

Las medidas neoliberales que la derecha viene aplicando en Galicia desde hace muchos años están teniendo consecuencias negativas en la cantidad y calidad del empleo (por ejemplo en la elevada contratación temporal que depende de la Xunta), en la situación de la educación y la sanidad o en servicios para las personas mayores (en todos los casos con el abuso de los conciertos con empresas privadas), también en el imposible acceso a la vivienda de los jóvenes o a las residencias de ancianos, en la gestión de los recursos naturales del país, en la oficina de subcontrataciones chistosas que es la CRTVG, en el deterioro del medio ambiente natural y ambiental, en la anorexia y regresión de los ingresos de la comunidad autónoma e, incluso, en el crecimiento económico del país, por citar solo algunos de los efectos causados.

La anorexia a la que los neoliberales Rueda y Feijoo someten los programas sociales de la Xunta de Galicia se puede comprobar día a día en el desastre de las crecientes listas de espera, en el bajo cupo de plazas públicas en las residencias de mayores, en el imposible o costoso acceso a la vivienda para los más jóvenes o en la entrega de recursos naturales a empresarios amigos en lugar de municipios y cooperativas, sólo por poner algunos ejemplos.

La otra cara de esos desastres es que ni siquiera logran -a cambio y como prometieron- su objetivo sacrosanto: el crecimiento del PIB. Pues según el Informe 2022 del Consejo Económico y Social de Galicia (en la página 74), Galicia no sólo está perdiendo peso de forma permanente en el PIB español, sino que también estamos perdiendo peso de forma contínua en términos de empleo. Con lo quye el objetivo de romper con la regresión demográfica del país se convierte en una quimera.

Vaya un dato demoledor: según el INE, en Galicia la población joven (entre 16 y 34 años) pasó de 750.000 personas en 2002 a 470.000 en 2023. Una caída que va camino de la mitad en veinte años, mientras que en el conjunto del Reino de España ese mismo colectivo es casi estable.

La alternativa a este desastre neoliberal, que hoy puede beneficiarse de políticas alternativas del actual Gobierno Central (por ejemplo en la revalorización de las pensiones, en la mejora del salario mínimo interprofesional o en las prestaciones por desempleo), pasa porque la Xunta de Galicia se ponga al servicio de la mayoría de los ciudadanos y no al de grupos de presión económicos, mediáticos o empresariales. Una réplica y alternativa al neoliberalismo provinciano que gobierna -es un decir- la Xunta. Y a eso es a lo que vamos porque, sin pestañear, estos adalides de la desigualdad social simular ser abanderados patriotas de la igualdad entre todos los ciudadanos del Reino de España.

En este segundo aspecto, la deriva del Partido Popular hacia la recentralización y paralización de las Autonomías en la última década (con su clímax en el recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán), es cada vez más cercana a la postura de su ahora socio habitual (Vox) que proclama a las claras su deseo de retornar a un provincianismo español predemocrático. Una deriva que ha provocado un enorme conflicto social en Cataluña y una ola de odio pseudopatriótico en gran parte del Reino de España, con el riesgo de extenderse al País Vasco y a todos aquellos que no se apunten a esta nueva Cruzada.

Una deriva hacia una España unitaria, centrípeta y radial en la que una ciudad-provincia (el Madrid ayusista y aznarista) se agiganta como una metrópoli global con diversas periferias subordinadas. Con una lógica centrípeta, y a la vez neoliberal, que obliga al resto a una devaluación de la fiscalidad propia (en sucesiones o patrimonio) y empuja a una competencia fiscal a la baja dentro del reino de España. Círculo vicioso del que siempre se benefician los más ricos y el cáncer centrípeto. Ajenos a cualquier pacto fiscal federal que evite estas asimetrías, mientras jalean el mantra de la igualdad.

En esta convergencia y deriva de la derecha, Galicia sólo se entiende como una región de cuatro provincias subordinadas a tal lógica (en el caso del AVE radial, la red de autopistas radiales sin peaje, el uso de los recursos naturales, la normalización lingüística, los medios de comunicación, el folklorismo, la no reforma estatutaria, la privatización de los servicios públicos, el alcance y escala de las áreas comerciales, etc.), a cada paso más lejos de una mutación federalizante del actual marco autonómico (como he desarrollado recientemente en este semanario digital).

La posición alternativa, por tanto, debe definirse como un punto de encuentro entre las que asumen la plurinacionalidad y la igualdad institucional de los territorios del Reino de España, al servicio del bienestar social de sus respectivos ciudadanos, en la hoja de ruta de una transformación federalizadora del Estado de las Autonomías. Un punto de encuentro entre todos los que consideramos dicho Estado una estación de paso y no un punto final.

En este contexto, las políticas lingüísticas, culturales, de financiación pública, la gestión de los recursos del país, las redes de infraestructuras, las demarcaciones provinciales, la integración internacional (por ejemplo en la Eurorregión con Portugal), etc. debieran ser compartidos y consensuados con las estrategias de las distintas nacionalidades de una España federalizante. Para así, por ejemplo, no mantener un Senado centrípeto sino federalizador.

Para todo ello creo que es necesario despertar del sueño provinciano, y falsamente igualitario, de las derechas y de los sectores sociales, empresariales y mediáticos que vienen alimentando su prolongada y paralizante hegemonía electoral y política en Galicia. Despertar también de las variadas posiciones localistas de las ciudades del país que no son más que falsas salidas de ese sueño, al tiempo que son una comprobación de ese fracaso.

Por ese doble motivo, por ser neoliberal y provincial, con un balance tan preocupante otra mayoría debe aportar el aire fresco de una alternativa política en la Xunta de Galicia. Una mayoría alternativa de votos que ya se registró en comicios anteriores, y que sólo gracias a la circunscripción provincial -asimétrica en la igualdad de votos para obtener diputados- permite al Partido Popular sumar mayorías de diputados. Necesitamos ampliar esa mayoría social para gobernar con una hoja de ruta igualitaria dentro del país y entre las naciones del Reino de España.

Publicado en gallego en Tempos Dixital: https://temposdixital.gal/a-contratempo/feijoo-rueda-eleccions.htm

Albino Prada  Colaborador de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Com-postela, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, fue miembro del Consejo Gallego de Estadística, del Consejo Económico y Social de Galicia y del Consello da Cultura Galega. Su último libro es “¿Sociedad de mercado o sociedad decente?” (Universidade de Vigo, 2023)

https://www.sinpermiso.info/textos/el-neoliberalismo-provinciano-de-rueda-feijoo

 

Deuda militar

 

Deuda militar

 Pascual  Serrano.

  Los ejércitos de EEUU y Reino Unido deben a los países pobres 110.000 millones de dólares de compensación climática por emisiones de carbono

 Según los cálculos elaborados por el think tank Common Wealth, una organización sin fines de lucro financiada por fundaciones filantrópicas y donaciones con base en el Reino Unido y que también trabajó en Estados Unidos, el costo social de las emisiones de carbono de los ejércitos de estos dos países citados es aproximadamente de 111.000 millones de dólares. Un dinero que se sustrae de las finanzas de las naciones más amenazadas por la crisis climática.

 Los acuerdos climáticos internacionales establecen que los países, las empresas o las entidades que emiten gases de efecto invernadero reciben una asignación de derechos de emisión, que representan una cierta cantidad de emisiones permitidas. Estos derechos pueden ser comprados, vendidos o transferidos entre las partes participantes en el mercado. Si una entidad tiene excedentes de derechos de emisión porque ha reducido sus emisiones, puede vender esos excedentes a otras entidades que necesiten más derechos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones.

 Es evidente que son los países más pobres los que, por su poca industrialización y consumo, tienen excedentes de derechos de emisión para vender; y que son los ricos los que, al contaminar más y necesitar más derechos de emisión, pagan a los pobres para poder contaminar lo que estos segundos no hacen. Pues bien, en ese cálculo no se han incluido los 430 millones de toneladas de CO₂ que han emitido los militares del Reino Unido y de EEUU desde que entró en vigor el Acuerdo Climático de París, en 2016. Eso supone más del total de emisiones de gases de efecto invernadero producidos en el Reino Unido en 2022.

No olvidemos que las emisiones de fuentes militares no se abordan en los acuerdos internacionales sobre el clima. Como resultado del cabildeo estadounidense, las emisiones militares en el extranjero se eximieron del Protocolo de Kioto de 1997 y la presentación de informes sobre emisiones militares siguió siendo voluntaria en el Acuerdo Climático de París de 2015.

 Los derechos para emitir esos millones de toneladas de CO₂, según el estudio de Common Wealth, se calculan en los 110.000 millones de dólares, 106.000 millones atribuibles a las emisiones de los EEUU y 5.000 millones a las emisiones del Reino Unido. Un dinero que nunca pagaron estos dos países.

 La organización denuncia así que “la presencia de EEUU y el Reino Unido en el extranjero muestra los diversos modos a través de los cuales las bases militares, su actividad y su infraestructura producen daños ambientales y residuos tóxicos”.

 No solo eso, “los militares del Reino Unido y EEUU disponen de su propia industria militar internacional para suministrar equipos y servicios. En ambos países, esa industria es beneficiaria de la inversión pública y de muchas decisiones estatales. Por ejemplo, en los EEUU, el presupuesto del Departamento de Defensa aprobado el pasado diciembre en el Senado fue de 886.000 millones de dólares. El gasto en defensa de Estados Unidos representa casi el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo, según cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) referidas a 2022. De hecho, Washington gasta más en defensa que los siguientes 10 países juntos.

Desde 2001, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha representado entre el 77% y el 80% del consumo total de energía del gobierno de EEUU, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido representa al menos el 40% de las emisiones del sector público británico.

Conmon Wealth recuerda que “las estrategias industriales centradas en el ejército tanto de los EEUU como del Reino Unido se han beneficiado de la intervención estatal, mientras que los sectores verdes han sufrido una falta de apoyo”.

 Los costos de la contaminación militar y los daños ambientales se están sufriendo con mayor intensidad en los países del Sur Mundial, que se enfrentan a los efectos difusos, pero cada vez más intensos, del calentamiento global. Según las recomendaciones del estudio anglosajón, “como paso inicial para corregir su contribución histórica y actual a la crisis ecológica, los EEUU y el Reino Unido deberían contribuir junto a otros grandes emisores de CO₂, con los fondos necesarios para compensar a los países del Sur que enfrentan la crisis climática y la escasez de contribuciones por parte para los países contaminantes del Norte”.

 “Reducir la huella global de EEUU y el Reino Unido de casi 900 bases militares e introducir un super fondo militar, similar al administrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para pagar la rehabilitación ambiental de las comunidades afectadas por materiales peligrosos, la contaminación y los residuos de bases e infraestructura militares son algunas de las medidas necesarias para corregir todo el espectro de impactos ambientales”, añade la Fundación.

En un estudio de 2019, la Universidad de Brown (EEUU) estimó que desde la invasión de Afganistán en 2001, el ejército de Estados Unidos había emitido 1.212 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, con una media anual mayor que la de muchos países industrializados como Suecia, Noruega o Suiza.

Otro informe de las universidades británicas de Durham y Lancaster concluyó que el ejército de EEUU es “uno de los mayores contaminadores de la historia” y afirmó que, si fuese un país, sería el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta solo las emisiones por uso de combustible.

 Si el drama de las muertes y la destrucción de las guerras no fuera una suficiente razón para renegar de los ejércitos y exigir un menor gasto militar, ahora observamos la contaminación de su industria y los mecanismos de las grandes potencias para evitar las responsabilidades financieras establecidas en los acuerdos mundiales de medioambiente.

 

Fuente: GLOBALTER  . https://www.elviejotopo.com/topoexpress/deuda-militar/

La guerra contra el periodismo denunciante .

  El Reino Unido intensifica la guerra contra el periodismo denunciante con una nueva Ley de Seguridad Nacional

KIT KLARENBERG

·9 DE FEBRERO DE 2024

 Según una nueva ley represiva, los ciudadanos británicos podrían enfrentarse a prisión por socavar la línea de seguridad nacional de Londres . Con la intención de destruir WikiLeaks y otros que exponen crímenes de guerra, la ley es una amenaza directa al periodismo crítico de seguridad nacional.

Era la tarde del 17 de mayo de 2023 y acababa de llegar al aeropuerto Luton de Londres. Estaba de camino a mi ciudad natal para visitar a mi familia. Antes de aterrizar, el piloto ordenó a todos los pasajeros que tuvieran sus pasaportes listos para su inspección inmediatamente después de desembarcar del avión. En ese momento, me di cuenta de que un escuadrón de seis agentes antiterroristas británicos vestidos de civil y con expresión pétrea esperaban en la pista, estudiando intensamente los documentos de identificación de todos los viajeros.

 Tan pronto como los policías me identificaron, me ordenaron que los acompañara a la terminal del aeropuerto sin explicación alguna. Allí me presentaron a dos funcionarios cuyos nombres no pude conocer, quienes posteriormente se referían entre sí utilizando indicativos anodinos. Me invitaron a un registro desnudo digital y me sometieron a un interrogatorio en el que no derecho tenía a guardar silencio, ni a negarme a responder preguntas, ni a retener los números PIN de mis dispositivos digitales o tarjetas SIM. Si hacía valer algún derecho a la privacidad, me enfrentaba a un arresto y hasta 48 horas de custodia policial.

 Elegí cumplir. Y así fue como durante las siguientes cinco horas me senté con un par de policías antiterroristas anónimos en una habitación trasera sin aire, sin ventanas y con un calor insoportable. Me tomé las huellas dactilares, tomé hisopos de ADN invasivos e investigue todos los aspectos imaginables de mi vida privada y profesional, mis conexiones con amigos y familiares y mi formación académica. Quería saber por qué escribo, digo y pienso las cosas que hago, los detalles de cómo me pagan por mi periodismo de investigación y en qué cuenta bancaria.

 Me detuvieron en virtud de la Ley de Seguridad Fronteriza y Antiterrorismo de Gran Bretaña de 2019, que la ONU ha calificado de draconiana y represiva. Según sus poderes del Anexo 3, cualquier persona que ingrese a territorio británico bajo sospecha de “actividad hostil” en nombre de una potencia extranjera puede ser detenida, interrogada durante seis horas y confiscada y almacenada el contenido de sus dispositivos digitales. Los "actos hostiles" se definen como cualquier comportamiento considerado amenazante para la "seguridad nacional" de Gran Bretaña o su "bienestar económico".

 Lo que es más inquietante es que el Anexo 3 no despierta sospechas. Según sus términos , “es irrelevante si una persona es consciente de que la actividad en la que está o ha estado involucrada es una actividad hostil, o si un Estado para o en nombre de la cual, o en interés de la cual, se lleva a cabo un acto hostil haya instigado, sancionado o de otro modo tenga conocimiento de la realización del acto”. Debe ser una conspiración bastante elaborada cuando los conspiradores ni siquiera saben que están conspirando.

 Resulta que el Estado británico creía erróneamente que The Grayzone tenía una relación con el notorio servicio de seguridad ruso FSB. Basaron su suposición no en ninguna evidencia, sino en nuestra habilidad para producir periodismo de investigación fáctico basado en documentos pasados ​​a este medio de forma anónima, a través de cuentas de correo electrónico desechables. Esta actividad es una práctica común para los medios de comunicación occidentales, los grupos de derechos humanos y los muy venerados equipos de investigación de “código abierto” como Bellingcat, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos . Si yo y el resto de The Grayzone cometimos algún error, fue al publicar material que el estado de seguridad nacional de Estados Unidos y el Reino Unido no quiere que sea de dominio público.

 Ahora, el gobierno británico está llevando su guerra contra el periodismo de investigación a un nuevo nivel a través de su poco conocida Ley de Seguridad Nacional. Según esta ley, las autoridades de Londres se han otorgado el poder de vigilar, acosar y, en última instancia, encarcelar a cualquier ciudadano británico que deseen por motivos igualmente libres de sospecha. Los disidentes de todo tipo ahora deben preocuparse de que todo lo que hagan o digan puedan llevarse a la cárcel por largas penas, simplemente por no respetar la rígida línea de seguridad nacional de Londres.

 Entre los principales cabilderos a favor de estas medidas autoritarias se encuentra Paul Mason, el famoso periodista que se hizo pasar por un líder de la izquierda británica hasta que The Grayzone lo desenmascaró como un colaborador de seguridad del Estado empeñado en destruir el movimiento contra la guerra. desde dentro.

 Inspirada en la Ley de Espionaje de EE.UU. UU., diseñado para criminalizar la denuncia de irregularidades

En diciembre de 2023, tras 18 meses de tramitación a través de procedimientos parlamentarios, entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional británica. Con el objetivo de proteger a Gran Bretaña de la amenaza de espionaje y sabotaje por parte de actores hostiles dentro y fuera del país, la ley introduce una serie de delitos penales completamente nuevos con sanciones severas y consecuencias de amplio alcance para la libertad de expresión. De hecho, los términos de la ley son tan amplios que los individuos casi inevitablemente infringirán la ley sin quererlo, sin tener la intención de hacerlo o incluso sin saberlo.

 Como hasta la fecha nadie ha sido procesado en virtud de la ley, sus ramificaciones completas siguen sin estar claras. Sin embargo, el aparato de seguridad e inteligencia de Londres disfruta ahora de amplios poderes para vigilar lo que se puede decir sobre las actividades del gobierno británico en el extranjero.

 Dadas las aterradoras implicaciones de la ley, los periodistas, los grupos de derechos de prensa y las organizaciones de libertades civiles del Reino Unido deben alzarse en armas. Sin embargo, las serias críticas a la ley estuvieron en gran medida ausentes de las principales publicaciones durante las distintas fases del debate en el parlamento.

El escrutinio de la Ley contra la libertad de prensa se ha dejado casi exclusivamente en manos de periodistas independientes como Mohamed Elmaazi . En un artículo para Consortium News de julio de 2022 , Elmaazi señaló que “comparte muchos elementos” con la “draconiana Ley de Espionaje de 1917” de Washington, que actualmente se utiliza para procesar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

 "Los denunciantes, periodistas y editores que se centran en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional pueden correr mayor riesgo de ser procesados", advirtió Elmaazi.

 Los legisladores británicos citaron explícitamente a WikiLeaks en múltiples debates parlamentarios sobre la ley. El motivo detrás de la ley, insistieron, era prevenir y disuadir nunca más las “divulgaciones no autorizadas” por parte de cualquier individuo u organización. En el camino, difamaron repetidamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, repitiendo como un loro la narrativa demostrablemente falsa de que la exposición de WikiLeaks de los crímenes de guerra occidentales amenazaba vidas inocentes.

 Por ejemplo, durante un debate en la Cámara de los Comunes en junio de 2022 , un parlamentario conservador preguntó a la ministra del Interior laborista, Yvette Cooper, si condenaba “el vertido masivo de información de dominio público al estilo WikiLeaks”. Calificaron esa actividad de “enormemente irresponsable”, ya que “puede poner vidas en riesgo”. Cooper respondió que condenaba “enérgicamente” dicha actividad:

 “Algunos de los ejemplos de filtraciones que hemos visto ponen en riesgo la vida de los agentes, ponen en riesgo partes vitales de nuestra infraestructura de inteligencia y seguridad nacional y son altamente irresponsables. Necesitamos salvaguardias para protegernos contra ese tipo de impacto dañino en nuestra seguridad nacional”.

 De hecho, un informe filtrado del Pentágono de 2011 concluyó que no hubo “ningún 'impacto estratégico' significativo” en la publicación por parte de WikiLeaks del Diario de guerra de Afganistán o de los Registros de guerra de Irak, proporcionados a Assange por la entonces Soldado estadounidense Chelsea Manning. Durante el posterior juicio de Manning, los abogados del gobierno estadounidense se vieron obligados a admitir que nadie había resultado perjudicado de ninguna manera como resultado de sus revelaciones. La fiscalía admitió esta conclusión durante el procedimiento inicial de extradición de Assange en febrero de 2020. Por lo tanto, un pilar central del caso del Estado británico a favor de la Ley de Seguridad Nacional se basa en mentiras.

 En realidad, el gobierno británico desarrolló su vendetta contra Wikileaks después de haber sido expuesto repetidamente por sus propios abusos contra los derechos humanos y el asesinato de civiles inocentes.

 Una investigación en curso ha estado confirmando una investigación de la BBC que reveló que un “escuadrón SAS mató a 54 personas en circunstancias sospechosas durante una gira de seis meses”, y luego falsificó pruebas para incriminarlos como insurgentes armados.

 En febrero de 2011, después de que las fuerzas especiales británicas mataran a ocho civiles afganos desarmados en una redada, un oficial escribió en privado a otro : “Aunque el asesinato y el [SAS] a menudo han sido compañeros de cama habituales, ¡esto está empezando a parecer una locura! " Su colega respondió: "Me parece deprimente que [sic] haya llegado a esto... En última instancia, un fracaso masivo de liderazgo... y cuando suceda el próximo Wikileaks, seremos arrastrados con ellos".

 Una ley destinada específicamente a criminalizar WikiLeaks amenaza a los denunciantes

Durante el debate de la Cámara de los Comunes de 2022, el diputado conservador Sir Robert Buckland, nombrado caballero, encabezó la acusación contra WikiLeaks. Buckland, que en su anterior función como Secretario de Estado de Justicia era responsable de “defender el estado de derecho y proteger la independencia judicial”, argumentó que la Ley de Seguridad Nacional era una herramienta vital para procesar a “aquellos como Julian Assange que arrojan datos de una manera que no tiene en cuenta la seguridad de los operadores y otras personas afectadas”. Más tarde comentó: “ninguno de nosotros [en el Parlamento] quiere ver a Julian Assange y los de su tipo dominando aquí”.

 La Corte Suprema del Reino Unido expresó una opinión muy diferente cuando, en 2018, sostuvo en una decisión unánime que los cables publicados por WikiLeaks son admisibles como prueba en los procedimientos judiciales.

 Otro legislador conservador nombrado caballero, Sir John Hayes, desestimó las sugerencias de que la Ley de Seguridad Nacional podría afectar las actividades periodísticas legítimas, argumentando que sólo apuntaría a “una revelación tipo WikiLeaks disfrazada de guardián de la libertad o alguna otra tontería por el estilo ”. No obstante, admitió que si bien los principales amenazados por la legislación son aquellos que “trabajan directamente para una potencia extranjera”, sus objetivos también podrían incluir a aquellos que no “trabajan directamente para una potencia extranjera, pero... podrían [énfasis añadido ] estar ayudando a una potencia extranjera. o actuar indirectamente para tal potencia extranjera”.

 De manera similar, abunda el lenguaje especulativo y vago en toda la ley, que criminaliza a cualquiera que “copie”, “retenga”, “divulgue”, “distribuya” o “proporcione acceso a” información protegida, si se cumple la “ condición ” de potencia extranjera ”. La “información protegida” se define como material que está “restringido de alguna manera” o material que “es razonable esperar” estaría restringido de alguna manera.

 Quienes sean declarados culpables de compartir o publicar dicha información se enfrentan a penas que van desde multas elevadas hasta cadena perpetua. Para el Estado británico es irrelevante si la información protegida se les filtra directamente o si simplemente la encontraron por accidente.

 Más preocupante es la negación por parte de la ley de cualquier defensa de “interés público” a quienes revelan información protegida. Un puñado de legisladores británicos presentes durante el debate parlamentario de junio de 2022 expresaron ansiedad por esta advertencia, solo para ser rechazados agresivamente por el ministro de Seguridad y Fronteras, Damian Hinds. Hinds sostuvo que tal disposición “sin duda conduciría a más revelaciones no autorizadas”.

 Luego insistió: “Es imposible para [un denunciante] tener una idea completa del daño que podría derivarse de su divulgación. Ese punto puede ser aprovechado por personas con intenciones maliciosas”.

 Otros dos delitos penales creados por la ley se relacionan con "obtener beneficios materiales de un servicio de inteligencia extranjero". Por lo tanto, si un ciudadano británico dentro o fuera del país "obtiene, acepta o acepta aceptar, o retiene un beneficio material" de un gobierno extranjero "en circunstancias en las que no existe una base legítima para ese beneficio", puede esperar una pena máxima de prisión. Plazo de 14 años. Si acepta un “beneficio material” que en realidad no se materializa, aún podrían ser encarcelados hasta por una década.

 En una hoja informativa oficial, el gobierno británico admite que estos delitos penalizan expresamente a los ciudadanos cuando es “difícil demostrar” que han “cometido un delito de espionaje”. De manera similar, el gobierno reconoce que “no es posible probar un vínculo entre [un] beneficio proporcionado y lo que la persona ha hecho (o se espera que haga) un cambio”.

 Como dice el documento, "los beneficios materiales pueden incluir beneficios financieros, cualquier cosa que tenga el potencial de resultar en un beneficio financiero e información". Estos beneficios "podrán proporcionarse... directa o indirectamente".

 Esta definición inquietantemente amplia aumenta la probabilidad de que los ciudadanos británicos puedan infringir la ley sin proponérselo. ¿La lectura de una publicación de una cuenta anónima de una red social, administrada en secreto por un Estado “hostil”, sería clasificada como recepción de “información” y, por lo tanto, un “beneficio material”?

 Ahora las autoridades británicas tienen más poder que nunca para detener a ciudadanos y visitantes por mera sospecha de su peligro para imperativos de seguridad nacional vagamente definidos. Según la Ley de Seguridad Nacional, “no es necesario identificar un servicio de inteligencia extranjero en particular” para procesar a ciudadanos británicos por recibir “beneficios materiales” de estados “hostiles”.

 En otras palabras, ¿deberían las autoridades de Londres simplemente sospechar que alguien podría de alguna manera beneficiarse de la posesión de “información” proporcionada por una potencia “extranjera” desconocida, que pudo haber encontrado en Internet o haber sido proporcionada de una forma u otra? sin su consentimiento? solicitud o consentimiento expreso, podrían ser tildados de delincuentes y encerrados.

 Los periodistas británicos se muestran más dóciles que nunca ante las autoritarias

La campaña del Estado británico para silenciar las voces disidentes se basa en el funcionamiento en Londres de un mecanismo de censura poco conocido pero devastadoramente eficaz conocido como Comité Asesor de Medios de Defensa y Seguridad (DSMA) .

 Compuesto por representantes de los servicios de seguridad e inteligencia, veteranos militares, funcionarios gubernamentales de alto rango, jefes de asociaciones de prensa, editores y periodistas, el comité determina a puerta cerrada qué cuestiones relacionadas con la seguridad nacional pueden ser cubiertas por la prensa y de qué manera. .

 En ocasiones, el Comité emite lo que se conoce como “avisos D”. En teoría, se trata de solicitudes voluntarias para que los medios de comunicación no difundan determinadas informaciones u omitan detalles considerados perjudiciales para la seguridad nacional. Si bien los destinatarios no están legalmente obligados a cumplir, son plenamente conscientes de que una negativa podría significar un proceso bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1989, especialmente si la información en cuestión es el resultado de una " divulgación no autorizada ". Alternativamente, un periodista infractor podría simplemente ser incluido en la lista negra, perdiendo el acceso a sesiones informativas oficiales y extraoficiales ya información privilegiada de los funcionarios, lo que luego amenazaría su empleo. Como resultado,son pocos los ejemplos de medios que ignoran los “avisos D” .

 El Comité DSMA estima que los periodistas envían voluntariamente entre el 80 y el 90 por ciento de sus historias para su revisión cuando sospechan que el organismo podría considerarlas objetables, según el libro del periodista Ian Cobain de 2016, The History Thieves . El año anterior a la publicación del libro de Cobain, el vicepresidente del Comité se jactaba de que, "en promedio, un periodista consultaba la secretaría todos los días laborables".

 En 2013, cuando el denunciante Edward Snowden filtró documentos que mostraban que el Reino Unido monitoreaba en secreto las comunicaciones de diplomáticos extranjeros en las reuniones del G20 en Londres, el Comité rápidamente sometió las revelaciones a una notificación D. Con la inusual excepción de The Guardian , los medios británicos atendieron en gran medida la solicitud de censura.

 Sin embargo, el otro contradictorio Guardian guardó silencio en octubre de 2023, cuando la DSMA envió un aviso D a las principales publicaciones solicitando que no mencionaran a las “Fuerzas Especiales y otras unidades involucradas en operaciones de seguridad, inteligencia y antiterroristas” en Gaza. Desde entonces, la discusión sobre el asunto ha desaparecido en gran medida del discurso público y, con ella, cualquier consideración sobre si el SAS (y por extensión el Estado británico) está involucrado activamente en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

 Las actas disponibles públicamente de la reunión del Comité de junio de 2023 muestran que los asistentes discutieron la Ley de Seguridad Nacional. El subdirector de Seguridad Nacional, Tom Murphy, aseguró a los representantes de la prensa reunidos que la legislación “tendía a proteger las libertades periodísticas”. Aún así, argumentó que “una defensa del interés público” no podía ser parte de la ley, ya que era “inadecuada”.

 Murphy luego afirmó que el "fuerte énfasis de la Ley... en contrarrestar el espionaje y [su] énfasis explícito en los estados extranjeros significaba que era muy poco probable que un verdadero denunciante quedara atrapado en su red". Pero un abogado del organismo británico de comercio de medios News Media Association , que estuvo “ampliamente involucrado en las discusiones sobre la redacción” de la ley, se mostró en desacuerdo.

 El abogado declaró que el “efecto paralizador” de la legislación era “inevitable” y advirtió a los periodistas “que tuvieran cautela” en el futuro. El vicepresidente interino del Comité, el director de Política y Estándares Editoriales de la BBC, David Jordan, también expresó su preocupación de que "permaneciera el peligro real de consecuencias no deseadas".

 Evidentemente, incluso algunos miembros del Comité reconocieron que la mera existencia de la ley sirve para amordazar aún más a los periodistas británicos, y que se negarán a publicar artículos sobre el estado de seguridad por temor a que informes de interés público puedan llevarlos a la cárcel. .

 En la misma reunión, el subsecretario de la DSMA, el capitán retirado de la Armada Jon Perkins, señaló que durante el período comprendido entre octubre de 2022 y abril de 2023, había sido material de “extrema sensibilidad (en términos de seguridad nacional)” “protegido contra divulgación involuntaria”. Este material era “de la naturaleza más sensible que había visto” desde que se unió al cuerpo.

 Si bien la “naturaleza” de ese “material” no se especifica, es difícil no preguntarse si Perkins se refería a la serie de investigaciones de The Grayzone precisamente durante el mismo período sobre el papel secreto y líder de Londres en la guerra de poder en Ucrania. Estas revelaciones innovadoras recibieron una enorme atención internacional y, en consecuencia, fueron informadas por los principales medios de comunicación en todos los rincones del mundo, excepto en Gran Bretaña.

 Durante mi interrogatorio por parte de la policía antiterrorista británica, este medio me investigó intensamente sobre mis investigaciones relacionadas con Ucrania. También parece que mi reportaje sobre una de las figuras mediáticas más famosas –y aparentemente comprometidas– de la izquierda británica desencadenó mi detención.

 Paul Mason sugiere que se procese a The Grayzone por exponerlo

En junio de 2022, The Grayzone expuso al periodista británico Paul Mason por su connivencia con un alto funcionario de inteligencia del Ministerio de Asuntos Exteriores británico en una campaña clandestina para tildar a la izquierda pacifista británica de vehículo para los gobiernos ruso y chino. La publicación del material, que fue enviado a este medio a través de cuentas anónimas, era claramente de interés público.

 Desde entonces, Mason ha afirmado que sus correos electrónicos habían sido pirateados y difundidos por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. En diciembre de 2023, escribió un artículo de opinión en el que alegaba que los correos electrónicos filtrados “ pueden [énfasis añadido] ser una mezcla de correos electrónicos reales, editados, alterados y falsos”, sin especificar si lo eran y, de ser así , cómo.

 Mason afirmó que fue objeto de "una campaña de ciberespionaje diseñada para alterar el funcionamiento de nuestra democracia" y su "capacidad de funcionar", "destruyendo" su reputación y "saboteando" su trabajo. Tras la negativa casi universal de los medios británicos a informar sobre los hallazgos de The Grayzone, Mason atribuyó su silencio a que los periodistas defendían "el principio básico de no utilizar material obtenido ilegalmente y no verificable".

 Una explicación alternativa podría ser que las entidades estatales intimidaron a los periodistas para que no informaran sobre el escándalo. Mason parece, como mínimo, haber intimidado con éxito a los medios de comunicación independientes para que permanecieran en silencio, y en un caso supuestamente utilizó la amenaza de un litigio para obligar a una publicación a eliminar un artículo de la web por completo. Mientras tanto, los abogados de la autodenominada “experta en desinformación” Emma Briant, mencionados en los correos electrónicos filtrados de Mason, enviaron cartas amenazadoras de cese y desistimiento a The Grayzone, MintPress News y Novara Media.

 Mason concluyó su artículo de opinión señalando que, “afortunadamente, gracias a la Ley de Seguridad Nacional de 2023, cuyas disposiciones completas entrarán en vigor este mes, el Estado tendrá mejores herramientas para hacer frente a este tipo de ataques en el futuro”. Terminó con una amenaza velada, argumentando que según la ley:

 “Si daña la reputación de alguien, lo amenazas o mientes deliberadamente sobre él, y lo haces intencionalmente para apoyar una operación de interferencia por parte de un estado extranjero, te enfrentas a hasta 10 años de cárcel... Estos poderes aún no se han probado en los tribunales. . Espero que se les haga la prueba”.

 Sin embargo, entre las muchas condiciones que deben cumplirse se incluyen que se hayan hecho “tergiversaciones” y que se cumpla la condición de potencia extranjera.

 Quizás las leyes británicas sobre difamación y la creencia equivocada de Mason de que todavía tiene algo de credibilidad que preservar, lo disuadieron de pedir abiertamente que el personal de The Grayzone fuera procesado por reportar hechos. Pero esa fue claramente su implicación.

 Afortunadamente para nosotros, esto requeriría que las autoridades británicas aplicaran la Ley de Seguridad Nacional retrospectivamente (ex post facto). Tal acción está prohibida por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Gran Bretaña sigue siendo signataria, al   menos por ahora.

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