miércoles, 5 de junio de 2019

Un tribunal supremo franquista .


La clase de historia que se perdieron cinco magistrados del Supremo:

 Franco fue jefe (de todo  )  el Estado  desde febrero de 1939


  • Los historiadores explican que el dictador solo asume la totalidad de la soberanía nacional desde la pérdida de reconocimiento internacional de la República, acontecida en febrero de 1939
  • Siguiendo la propaganda franquista, el auto del Supremo señala que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, cuando fue nombrado generalísimo por los militares golpistas
  • "Estos caballeros de la Sala Tercera no tienen mucha idea de historia", concluye Viñas. "Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", lamenta Casanovas


El auto del Tribunal Supremo de este martes, en el que dicta la paralización de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco que pretende el Gobierno en funciones de Sánchez, contiene un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado polémica. En la exposición de motivos para justificar dicha decisión, tomada por unanimidad por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero, aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". En aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado… por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivoen las zonas controladas por el frente nacional.

El Supremo afirma que su posición como jefe de Estado "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar", y asume que da comienzo cuando dictaminaron los franquistas. Es decir, asume lo que la propaganda franquista propagó durante las cuatro décadas de dictadura. Pero no lo que piensan los principales historiadores expertos en dicho periodo, que señalan la pérdida de reconocimiento internacional del gabinete de Azaña acontecida en febrero de 1939 como definitoria del cambio de manos de la autoridad suprema del Estado español.

Los historiadores consultados por infoLibre prefieren no acudir a argumentos políticos, de discusión de la legitimidad del golpe de Estado del bando de Franco, y sí a argumentos historiográficos. El catedrático Enrique Moradiellos apunta que el Supremo se equivoca estableciendo en el auto que Franco "era el único jefe de Estado existente. Es cierto que queda proclamado jefe de Estado, pero no de todo el territorio", solo en una zona de España, por entonces bastante reducida. Había dos jefes de Estado, "igual que había dos bancos de España, por ejemplo", agrega. Toda Guerra Civil, explica Moradiellos, es una disputa por la soberanía nacional, por lo que más allá de legitimidades, el general del bando sublevado no podía ser el 1 de octubre jefe de Estado de todo el país.

El concepto se conoce como "soberanía múltiple" e implica que, siempre en términos de ciencia histórica, la Constitución de 1931 no se aplicaba en los territorios controlados por el frente nacional, aunque siguiera siendo legítima en términos democráticos. Para hablar de Francisco Franco como único jefe del Estado del país no hay que esperar al final oficial de la guerra, apunta Moradiellos, sino a una fecha ligeramente anterior: el 27 de febrero de 1939, cuando países como Reino Unido o Alemania dejan de reconocer al presidente de la República Española, Manuel Azaña, en dicho puesto. "Tras su dimisión, la jefatura de Estado republicana queda descabezada" y, de facto, es sustituida por la nueva legalidad franquista, argumenta el experto.

El reconocimiento internacional, así, es definitivo para hablar en historia de una única soberanía nacional cuando se encuentra en disputa. Hay ejemplos relevantes en la actualidad, como el caso de Venezuela tras la autoproclamación de Juan Guaidó. El historiador Julián Casanova coincide con Moradiellos en dicha circunstancia como comienzo de la jefatura de Estado de Franco, y apunta: "No hay ningún historiador que pueda asumir esa fecha", salvo, señala, estudiosos admiradores del franquismo como Pío Moa, que niegan la legitimidad a la democracia republicana apuntalada por la Constitución de 1931.

Ángel Viñas, historiador y autor del libro ¿Quién quiso la Guerra Civil?(Crítica) va más allá. "Estos caballeros de la Sala Tercera del Supremo no tienen mucha idea de historia. Creo que se puede decir con total rotundidad y sin faltarles el respeto en lo más mínimo", sentencia. "Cuando dicen que Franco fue el jefe de Estado desde el primero de octubre... eso es una estupidez rayana en el delirio". Por dos razones: una de índole "interna" y otra de índole "externa", apunta.

La interna: "El derecho español que existía ese día no era la perversión del derecho que habían hecho unos generales rebeldes", explica, asumiendo que en aquel momento el único orden que se debía seguir era el constitucional y republicano. Incluso asumiendo la lógica franquista que parece seguir el Supremo, Viñas puntualiza que Franco se proclamó aquel 1 de octubre "jefe del Gobierno del Estado", como así dispuso la Junta Nacional de Defensa, y solo unos días después se arrogó la Jefatura del Estado con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), engañando a los propios militares golpistas.

Viñas discrepa con Moradiellos en la interpretación de que en aquel momento coexistían dos jefes de Estado disputándose la soberanía nacional. Explica que en aquel momento, la proclamación franquista no fue respaldada por ningún país extranjero, por lo que ni siquiera tendría validez en el ámbito del derecho internacional, importante, como hemos explicado, para discernir quién representa la autoridad suprema del país. Al igual que sus colegas, cita febrero del 39, con la dimisión de Azaña, como la fecha más aceptada del cambio de manos, aunque matiza: las potencias fascistas (Alemania e Italia) lo aceptaron antes, en mayo de 1937, y Estados Unidos algo después.

Casanova también es duro con la mención del 1 de octubre de 1936 como comienzo de la jefatura de Estado del dictador por parte de los magistrados. Solo se entiende, asegura, si el Alto Tribunal asume la propaganda franquista: "Es que eso no aparece así en ningún libro de historia. Y, además, no tiene ninguna necesidad de nombrar esa fecha. Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", critica.

Los expertos consultados en infoLibre señalan, por tanto, que la Sala ha preferido utilizar una fecha solo asumida como oficial por el régimen franquista, antes que la fecha asumida por la inmensa mayoría de los historiadores.
 y ver

lunes, 3 de junio de 2019

Leyenda negra y nacionalismo español.




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 https://elpais.com/cultura/2019/06/03/actualidad/1559587359_810868.html


Resultado de imagen de “Imperiofobia y leyenda negra”


 Nota   del Blog 
El sr Villacañas tiene una importante obra escrita de filosofia mas de 30 libros y d e historia sabe de que habla  Ver  en la wiki
 2003 – Jaime I el Conquistador, Espasa Calpe, Madrid, 820 págs.7​
 2006 – La formación de los reinos hispánicos. Espasa Calpe, Madrid, 784 págs.8​
 2007 – ¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial, Almuzara, Córdoba, 240 págs.
 2008 – La monarquía hispánica, Madrid, Espasa Calpe, 832 págs.


Pero el periodista no se leyó el libro de Villacañas  , que si yo he leido  , sino no podía dejar de preguntar más por el luteranismo y el protestantismo  que es fundamental en el libro que critica  de Roca Barea ..

Solo dice .." que persigue romper “los tópicos, aceptados como verdades, de la leyenda negra, que no son más que propaganda antiespañola creada por el mundo protestante y asumida por la Ilustración francesa”

 Y otra cosa que me sorprende a mi  , pero del   libro de Villacañas  ,es que no hay ninguna referencia a La nación imperial de Jose Maria Fradera.

 El  libro  de Roca Barea  es un ensayo muy literario  y no un libro de historia . No sabe ni lo que es un imperio, eso si culpa de todo al imperio inglés y a los americanos les lava  la cara .Eso que se quedaron con parte  del imperio español de  California  a Filipinas .

La derecha populista y los okupas .

Okupas: el gran montaje de la derecha populista

Por Jaime Palomera y Diana Virgós

Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500, es absolutamente ridícula ante las más de 700.000 familias desahuciadas.


Es cada vez más habitual, especialmente en campaña electoral: llegan los mítines y el populismo reaccionario saca a pasear viejos fantasmas para desviar la atención respecto a las causas de nuestros problemas. Para esconder su falta de propuestas e incluso defender ocurrencias que, en circunstancias normales, serían inadmisibles. ¿Que no quiero ver tantos pobres? Agitamos el espantajo del racismo. ¿Que la natalidad está por los suelos? Agitamos entonces la prohibición del aborto. Dime de qué careces y te diré qué miedo difundes.
El problema de la vivienda no está a salvo de estas maniobras inspiradas en Trump. Y no deja de sorprender. Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas. Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden, como dicen PP, Ciudadanos, Vox, e incluso PDeCat o PNV?
Nada más alejado de la realidad. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del Institut Cerdà en 2017, financiado nada menos que por Banc Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia, que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas. Otro informe, del Observatori DESC, lo corrobora: el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser estadísticamente anecdótico.
Aunque nos taladran día y noche con la historia de los jubilados a quienes le ocuparon su casa cuando se fueron de vacaciones, lo cierto es que es un problema muy residual. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500 en todo el Estado, es absolutamente ridícula al lado de las más de 700.000 familias que han sido desahuciadas en la última década (expulsiones, por cierto, que en el 65% de casos han sido protagonizadas por bancos rescatados). O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa. Lo sorprendente es que la cifra de ocupaciones no se haya disparado. Que los barrios no hayan estallado.
Otro bulo muy repetido. “Los okupas son parásitos sociales que buscan cómo aprovecharse del trabajo y los impuestos de los demás”. Falso. Según la Obra Social BCN, de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa. Para no terminar bajo un puente. Porque la realidad es que los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría social, y no hay alternativas: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea (15%).
He ahí el meollo de la cuestión, que los populistas de derechas ocultan de forma sistemática. Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente. Solo hace falta recordar qué hizo el Gobierno del PP tras la gran crisis financiera. Se ha hablado mucho de cómo el Ejecutivo de Rajoy se negó a rescatar a millones de familias hundidas por la estafa hipotecaria mientras salvaba a los culpables. Sin embargo, lo sucedido en la última década es incluso más grave de lo que pensábamos.
Hay que remontarse a los meses que van entre 2012 y 2013. Las cajas y bancos, rescatados con nuestro dinero, se habían convertido en las mayores inmobiliarias del país. Había que sacar aquel enorme stock de vivienda, manchado de dolor y vidas rotas, al mercado. Como fuera. Había que reactivar la burbuja. Viendo que las generaciones más jóvenes (que son siempre la base del mercado inmobiliario) no podían acceder al crédito hipotecario y cada vez vivían más de alquiler, los poderes públicos facilitaron que la especulación pudiera trasladarse a ese terreno. Primero, pusieron la alfombra roja a fondos buitre como Blackstone para que pudieran acaparar buena parte de las viviendas y destinarlas al alquiler, a través de sociedades que empezaron a gozar de privilegios fiscales (las Socimis, que son las Sicav del sector inmobiliario). A renglón seguido, legislaron para quitarle derechos a los inquilinos, adaptando sus condiciones de vida a los planes de negocio de fondos y bancos. Redujeron la duración de los contratos. Facilitaron las expulsiones. Y así, en pleno crecimiento de la demanda, garantizaron una mayor rotación en el mercado y un aumento vertiginoso de los precios.
Los resultados de esta política estatal son conocidos. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.
Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de okupas sin alternativa en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios al día? Por un lado, creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de “mafias okupas” no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, la derecha sirve a poderosos intereses privados, que están en guerra. El fantasma del okupa que se mete en tu casa cuando bajas la guardia es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas pro-especulación como una herramienta para profundizar en ellas. Fue la base sobre la que justificaron la última vuelta de tuerca a la ley de desahucio exprés y ahora plantean reformas del código penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible. En otras palabras, a quien sirven las derechas no es al pequeño propietario, sino al buitre que les llama por teléfono quejándose de que cuesta demasiado echar a la gente, o de los activistas que le han ocupado el edificio para exigir su expropiación. De hecho, buitres y políticos profesionales suelen coincidir en los mismos círculos de poder: Aznar, Aguirre, Pujol o Zaplana… son todos apellidos que suenan en los consejos de administración de fondos buitre.
Desengañémonos. No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda, que cada cinco minutos deja a alguien en la calle. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Nunca como hoy había sido tan urgente realizar cambios profundos, que pongan la vivienda a la altura de la sanidad y la educación. Nunca había sido tan necesario combatir la propaganda antisocial de quienes amparan a una minoría privilegiada a costa de la miseria de millones.

es miembro del Sindicato de Inquilinas. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en la Hidra Cooperativa.
es miembro del Sindicato de Inquilinas. Comunicadora en el Ayuntamiento de Gavá.



sábado, 1 de junio de 2019

Las claves del informe de la ONU .


España viola numerosos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Las claves del informe de la ONU sobre Cuixart, Sánchez y Junqueras

La Marea

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria pide al Gobierno de España que ponga remedio inmediatamente a la situación de los dirigentes presos para “ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”.

España viola los artículos 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 3, 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso de la prisión preventiva de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras. Esta es la conclusión que ha publicado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, órgano dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el punto 144 de la Opinión 6/2019. El informe es muy duro con España y da la razón a todas las alegaciones hechas por las defensas de los tres líderes independentistas. A continuación, se destacan las tres principales claves del documento.
Una privación de libertad arbitraria, según tres de los cinco criteriosEn el punto 3 del documento se exponen los cinco casos por los que el Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad: a) cuando es imposible invocar fundamento jurídico alguno; b) cuando resulta del ejercicio de derechos y libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; c) cuando la inobservancia de normas internacionales es de gravedad; d) cuando solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso judicial; e) cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por diversos motivos, entre los cuales, opinión política.
En su deliberación el Grupo de Trabajo argumenta la violación de las categorías b), c) y e) en el caso de la prisión preventiva de los líderes independentistas. En el punto 120 se apunta a que “las acusaciones penales contra los sres. Cuixart Sánchez y Junqueras tuvieron por objeto justificar su detención como resultado del ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación”, contraviniendo el apartado b).
En el punto 140 se concluye que la privación de libertad “se llevó a cabo en detrimento de garantías fundamentales del debido proceso y un juicio junto, en particular la presunción de inocencia, ser juzgado por tribunal competente e imparcial y a la defensa adecuada”, contraviniendo el apartado c). En el punto 142, se determina que la detención “se llevó a cabo en detrimento del principio de igualdad de los seres humanos al haber estado motivada por su opinión política”, contraviniendo el apartado e).
Los expertos de la ONU coinciden con los representantes de Cuixart, Sánchez y Junqueras en probar que los días 20 y 21 de septiembre se celebró una manifestación pública a favor de celebrar un referéndum de independencia y no atribuye a los tres encarcelados responsabilidad alguna en los “incidentes o conflictos” que se dieron. Además, añade que la libertad de opinión y de expresión incluyen “la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político, su constitución o su gobierno”.
Destaca también las actuaciones y discursos en defensa de la no violencia de todos los encarcelados y se hace eco de la declaración de Joaquim Forn que, concluye el informe, “fue persuadido de suprimir su activismo, (…), a cambio de ser liberado”. Además, el documento supone al tribunal “ideas preestablecidas”, en referencia a que la Cámara de Alegaciones de la Audiencia Nacional argumentó que “ciertos hechos son de conocimiento común y no necesitan ser probados”. Muestra preocupación por el hecho de que los acusados no sean juzgados por el tribunal competente, a su parecer, el alto tribunal catalán.
Las conclusiones validan el relato independentistaLas conclusiones no dejan margen para la duda sobre la opinión de los expertos. Su redacción es directa y contundente y, además, confirma el relato independentista en su totalidad. De hecho, se señala la violación de 14 artículos, ocho de la Declaración Universal de Derechos Humanos y seis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La parte decisoria, que va del punto 144 al 149, incluye las afirmaciones más rotundas, como la que abre este texto. En ella se citan los artículos que en opinión de los redactores se han violado, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, de opinión y de reunión, entre otros.
El punto 145 pide al Gobierno de España que ponga remedio inmediatamente a la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras para “ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes”. En el punto 146 no solo se pide expresamente la puesta en libertad de los tres presos, sino que se exige al gobierno que se les reconozca el derecho a ser indemnizados efectivamente, entre otras medidas de reparación. El punto 147 va aún más allá y pide al Gobierno una investigación independiente y exhaustiva del caso y adoptar medidas contra los responsables de la detención arbitraria.
Finalmente, en el punto 148 el Grupo de Trabajo informa que remite toda la información al relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación y al relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión. En el último punto de la parte decisoria, se solicita al gobierno que difunda la opinión del órgano de la ONU por todos los medios posibles. El documento está firmado por el presidente relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez, y va dirigido a Cristóbal González-Aller Jurado, representante de la misión permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
A la espera de la respuesta oficial del GobiernoSe abre ahora un periodo de seis meses para que el Gobierno español responda al grupo de expertos. De hecho, la respuesta no deja margen a la discusión sobre la opinión emitida, sino que debe incluir las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo para acabar con la situación de detención arbitraria. El grupo de trabajo ya estuvo en contacto con el Gobierno español tras recibir la denuncia por parte de los tres presos catalanes. El 8 de agosto del año pasado se comunicó al Ejecutivo la versión de la fuente denunciante y en octubre el Gobierno envió sus alegaciones, subrayando que en “España rige el Estado de Derecho y la separación de poderes” (punto 72) y que en el país “no hay persecución por motivos políticos” (punto 74).
El informe señala que altos cargos del Gobierno, en referencia a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, violaron la presunción de inocencia al felicitar a Mariano Rajoy por haber “decapitado” (la exvicepresidenta utilizó el verbo “descabezar”) el movimiento independentista catalán y al tildar el exministro a los presos de “imprudentes, peligrosos y rebeldes”. En opinión de los expertos, basándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “las declaraciones públicas de altos funcionarios violan el derecho a la presunción de inocencia de las persona cuando estas son señaladas como responsables de un delito por el cual aún no han sido juzgadas”.
El grupo de trabajo ha hecho caso omiso a las explicaciones del Gobierno español, que ha defendido que las declaraciones del poder ejecutivo no tienen influencia sobre el poder judicial. De hecho, el informe indica que las alegaciones aportadas por el Estado no han convencido a los expertos. En la parte final, el órgano pide tanto a la fuente denunciante como al Gobierno que se le informe sobre la evolución de la situación de los presos y avisa que puede emprender su propio seguimientos si hay “nuevos motivos de preocupación”. En el último punto, el 153, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos “ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo”, si bien las opiniones expresadas en este informe no son vinculantes.
Fuente: http://www.lamarea.com/2019/05/30/las-claves-del-informe-de-la-onu-sobre-cuixart-
sanchez-y-junqueras/



Nota del Blog .-
El abogado Ben Emerson ya ha contestado en su twitter a las acusaciones de Borrell. Resulta que sobre las dos acusaciones (conflicto de intereses por relación con dos relatores y filtración de sentencia), el Gobierno de España ha mentido de forma descarada. Sobre su supuesta relación con dos relatores, afirma que cuando él fue relator de la ONU trabajaron en secciones similares que se intercambiaban cartas, pero que nunca los ha visto personalmente. Respecto a la filtración, dice que la propia carta muestra en su sello que la filtración fue del propio Gobierno justamente al periódico el País . 
La verdad, esto son hechos y es bastante vergonzoso que el gobierno de España se esconda en acusaciones ad hominem y a esta tradición política propia de las derechas de responder siempre acusando al otro cuando quieres esconder tus propias mentiras. El nivel de muchos partidos partidos políticos españoles es cada vez más bajo, esta vez poniéndose al nivel de mentir a la ONU .
Si el referéndum era legal o ilegal no obsta a que quien sea juzgado por ello, lo sea en las debidas condiciones.
Acá la cosa es evidente...una gran conspiración internacional contra España...el grupo de la ONU...un mexicano, una australiana, un sur coreano, una letona y alguien de Benín...SI, LEYERON BIEN AMIGOS ESPAÑOLES...ALGUIEN DE BENIN...

No se había visto nada parecido desde los de la "leyenda negra"...ya saben...eso que inventaron los mentirosos holandeses...y el padre Bartolomé

Viva España... (España...AKA..."Madrid y alrededores")...

   Y   la Rahola se lo han puesto a tiro de oca





miércoles, 29 de mayo de 2019

El estancamiento.


La base, congelada

Francesc-Marc Álvaro 

No hablo de las bases de pizza congeladas, esas que encontramos en el supermercado a punto para simular que somos maestros pizzeros. Hablo de la base –constantemente invocada desde el mundo independentista– que se tendría que ampliar si se quiere que la hipótesis de una secesión tenga detrás una mayoría social mayor de la que tiene hoy por hoy, a pesar de ser casi la mitad del país y estar muy movilizada. Las últimas elecciones nos han dicho que estamos, más o menos, donde estábamos: los votos a los tres partidos independentistas que se presentaban a las municipales en toda Catalunya (incluidos los votos reales de la CUP que el ministerio había dado mal) han llegado al 43,6%; en las europeas, los votos de JxCat y ERC suman un 49,8%. En todo caso, no se ha superado –tampoco esta vez– el umbral simbólico del 50% que el propio independentismo coloca cada vez como termómetro de su crecimiento.
Conclusión: la base se ha congelado. En las generales del 28 de abril, el independentismo (incluidas las papeletas del Front Republicà) obtuvo un 39,4%. El independentismo oscila entre el 40% y el 50%. Esta es la realidad hasta hoy. Recordemos que las elecciones catalanas del 27 de septiembre del 2015 –las consideradas plebiscitarias– dijeron que el proyecto de la independencia tenía el apoyo del 48%, cifra importante pero insuficiente para hacer según qué cosas. Junts pel Sí (que reunía a los convergentes, ERC, socialistas soberanistas y los ex-Unió independentistas) y la CUP no superaron el 50%, lo cual indicaba que no se había ganado el plebiscito, como dijo con total sinceridad Antonio Baños aquella noche electoral, mientras Mas y Junqueras callaban.
Estamos donde estamos. La base es elástica pero no se amplía, dejando de lado la distribución del voto en el territorio, un dato que pone de relieve otro de los problemas del independentismo: le cuesta mucho penetrar y asentarse en una parte del país, aunque es notable el crecimiento de ERC en el área metropolitana, fenómeno que indica cambios de fondo, no sólo demográficos. Anotaré, a beneficio de inventario, una realidad que empieza a no ser anecdótica: el voto de ERC y cupero metropolitanos es de jóvenes hijos de padres que votaban socialista, a diferencia de lo que pasa en comarcas, donde los padres convergentes han visto como los hijos eligen la papeleta de ERC y de la CUP.




El umbral del 50+1 se resiste a las fuerzas independentistas, un hecho tozudo que debería ser analizado seriamente y no debería ser soslayado en la conversación pública entre independentistas y entre estos y los que no lo son. Con todo, hay cosas que ya sabemos, sin necesidad de hacer estudio alguno. Por ejemplo, hay un discurso independentista que no amplía ninguna base, sólo da certezas exprés a los muy convencidos y, por tanto, es ineficaz estratégicamente. Por ejemplo, hay un estilo que es indescifrable en entornos donde históricamente los referentes del nacionalismo catalán han sido débiles o poco presentes. Por ejemplo: hay figuras que, supongo que sin querer, no atraen nuevo público, más bien lo expulsan. Todo esto se sabe y todo esto se admite en privado, por aquellos que podrían hacer algo. ¿Cuántas veces tendremos que repetir el mismo diagnóstico antes de que algunos quieran rectificar?
Simbolismos y cosas concretas. Puigdemont y ERC. Ahora tenemos este dualismo sobre la mesa. El votante independentista ha querido hacer dos cosas a la vez: premiar la actitud del president del 1 de octubre en Europa y premiar el cambio estratégico que ordena y lidera Junqueras. ¿Qué hacemos con este rostro de Jano independentista? Quiero decir, ¿cómo se gestiona esto políticamente? ¿Son compatibles las dos actitudes? Si algo se puede complicar, seguro que los catalanes lo complicaremos todavía más, lo llevamos en el alma.
En resumen: la base no se amplía pero el independentismo entra en una fase de barroquismo conceptual, que se podría resumir así: hacer una gran butifarra al Estado sin que eso impida normalizar el independentismo como opción de gobierno fiable y homologada. La cuadratura del círculo. Es lo que han dicho las urnas, donde la diferencia entre las papeletas obtenidas por Puigdemont en las europeas y las de JxCat en las municipales es de 13,3 puntos, cifra que debería hacer pensar a algunos y algunas, sobre todo a los y las que aconsejan a Waterloo y, después, lamentan el trompazo electoral que nace también de sus consejos, como si no formaran parte del problema. Lo hicieron con Mas y lo vuelven a hacer con Puigdemont.
Ampliar la base se está convirtiendo en un estribillo que cuesta entonar. Quizá hay que cambiar de metodología si se quiere llegar al 55% o más. Quizá lo que ha servido para conseguir el 49% resulta ineficaz para sumar aquel nuevo 15% que tal vez, según el momento, según quién lo proponga, podría subirse al carro. Quizá se ha mirado tanto en una sola dirección de la base que se han dejado de lado algunas parroquias que podrían ser interesantes.

Vamos votando y la base está congelada. Es una base muy importante, pero no permite decir ni hacer según qué cosas.
 Nota del Blog  .--

Olvido en los grandes medios de que Cs se ha estrellado en Cataluña perdiendo  
 803.000 +- votos en Cataluña en apenas 18 meses   . Pasó  de 1.102.099 votos a 298.781  ..

Barcelona .-Ser alma o capital

La disyuntiva de Barcelona
Ser alma o capital

Ctxt

Barcelona ha elegido, por la mínima eso sí, ser capital de la república de los lazos amarillos. No habrá en el futuro próximo ni Bernie Sanders, ni Noam Chomsky, ni Dilma Rousseff, ni Naomi Klein...

Juan García Oliver, fundador de Los Solidarios con Buenaventura Durruti y posteriormente ministro de Justicia de la República durante la Guerra Civil, dejó escrito por algún lado que Barcelona pudo elegir ser el alma del mundo o la capital de Cataluña y decidió ser lo segundo. García Oliver, como todo buen revolucionario libertario, era un romántico y lo dijo con bellas palabras, pero lo que quiso transmitirnos era que cuando todo parecía posible, la Ciudad Condal acabó mirándose al ombligo. O algo por el estilo. La historia no se repite, pero rima, dijo una vez Mark Twain. Y eso mismo, efectivamente, es lo que pasó este 26-M. Barcelona podía elegir ser –o mejor dicho, seguir siendo– un experimento de municipalismo democrático alabado en todo el mundo o la capital de una República imaginaria. Y escogió lo segundo. Las banderas han ganado una vez más. Y eso tendrá consecuencias. Sobre Barcelona y más allá.
Que la batalla por Barcelona iba a ser crucial y, sobre todo, muy reñida se venía diciendo. Todos afilaban los cuchillos hace tiempo. Los sondeos, además, lo venían confirmando en las últimas semanas: dependería de un puñado de votos. Así fue. Jamás la distancia había sido tan reducida entre el primer partido y el segundo. En 2015 Ada Colau ganó a Xavier Trias por unas 17.000 papeletas. Este 26-M Ernest Maragall ha ganado las elecciones en la Ciudad Condal por tan sólo 4.774 votos. Con el 21,3% y 10 concejales (en 2015 obtuvo 5 y el 11%) ERC adelanta por los pelos a Barcelona en Comú que se queda con el 20,7% y el mismo número de concejales (en 2015 obtuvo 11 y el 25,2%). Se trata de una victoria histórica para Esquerra –la última vez que gobernó Barcelona fue durante la Guerra Civil– y, obviamente, para el independentismo, que jamás se había impuesto en la plaça de Sant Jaume. Ahora bien, las formaciones independentistas no han mejorado sus resultados en Barcelona respecto a hace cuatro años. Al contrario: pasan de 18 a 15 concejales (la CUP se queda fuera al no llegar al 5%, así como Barcelona és Capital, la lista apoyada por la ANC y liderada por Jordi Graupera) y del 41,15% al 39,5% de los votos. Es decir, un partido independentista se convierte en primera fuerza y, casi seguramente, se hará con la alcaldía, pero los independentistas se quedan lejos de la mayoría.
En el nuevo consistorio entran con fuerza también los socialistas (18,4% y 8 concejales: en 2015 tenían 4 y el 9,6%), mientras que el exprimer ministro francés Manuel Valls, apoyado por Ciudadanos, pincha (13,2% y 6 concejales), y suma sólo un concejal y 22.000 votos más a los obtenidos por el partido naranja hace cuatro años. La de la post-Convergència, en cambio, es una debacle en toda regla. Aunque presentaba como cabeza de lista a Joaquim Forn, en prisión provisional en Soto del Real, para agarrar votos, de ganar en 2011 ha pasado en tan sólo ocho años a ser la quinta fuerza (10,5% y 5 concejales); por el camino ha perdido a la mitad de los votantes. Finalmente, el PP se salva de la desaparición gracias a 50 votos –sí, 50 papeletas, tal y como lo oyen– que le permiten entrar con el 5% y 2 concejales, entre ellos el estrafalario cabeza de lista, Josep Bou, que seguirá regalándonos algún que otro titular. Vox, en cambio, se queda fuera, con tan sólo el 1,1%.
El procés, trituradora de las izquierdas no nacionalistas
¿Cómo se explican estos resultados? Por un lado, la participación ha aumentado, del 60,6% al 66,2% siguiendo, en cierta manera, la estela de las generales del 28-A. A pesar del intenso ciclo electoral, la gente no se cansa de votar. Al contrario. Y esto, aquí y ahora, ha favorecido a ERC, una marca al alza en los últimos tiempos. Por otro lado, la campaña, y también los cuatro años de gobierno de BComú, han estado marcados por un “todos contra Colau”, vista desde el primer hasta el último día como una intrusa en las salas de mando de la Ciudad Condal. Esto ha desgastado a los Comuns, así como lo de gobernar en minoría en un contexto extremadamente difícil. Los medios de comunicación han hecho el resto, con una campaña de prensa muchas veces esperpéntica: que si los manteros, que si la seguridad, que si el procés, que si las supermanzanas. Y así, días tras días, ad eternum. Dicho lo cual, la resiliencia de BComú ha sido notable, en comparación con otras confluencias municipalistas en el Estado o con el mismo Podemos: ha ganado en seis de los diez distritos de Barcelona, consiguiendo 156.000 votos, unos 20.000 menos que en 2015. A Ada Colau hay quien la odia, sí, pero también, y no son pocos, los que la ama: la prueba la hemos tenido una vez más durante la campaña electoral –realmente espectacular– por parte de BComú con un acto central en Plaça Catalunya que reunió unas 3.000 personas y contó con la participación de Nacho Vegas, Maria Arnal, BobPop, El Niño de la Hipoteca, Viky Peña o el fantástico Cor Rebel de Barcelona. O véase cómo la gente ha acogido a la alcaldessa la noche electoral. Pelos de punta.
Pero nada ha desgastado tanto como el procés: la polarización ha penalizado a los Comuns, que han intentado preservar un espacio transversal y defender el diálogo en Cataluña. Entre los que ponen lazos y los que los quitan, se convirtió en una misión casi imposible. Además, la campaña electoral que el TS le ha hecho a ERC ha sido un regalo, con la guinda final de la imagen de Junqueras llevado en furgoneta policial hasta el Congreso y la suspensión 48 horas antes del voto de los cuatro diputados independentistas presos. Hay que añadir un último elemento: el efecto Pedro Sánchez que le ha permitido al PSC resurgir de sus cenizas y a Collboni recuperar la friolera de 70.000 votos. No es moco de pavo. Sobre todo si los ha recuperado en barrios que en 2015 habían votado en masa a Colau. Un ejemplo: en el distrito de Nou Barris, donde las desigualdades son las mayores de Barcelona, BComú ha bajado del 33,6% al 22,9%, mientras que el PSC ha subido del 16,2% al 28%. Esos 7.200 votos perdidos por el camino por Colau en Nou Barris han pesado mucho. Se dirá: si Colau no hubiese roto el pacto de gobierno con el PSC tras octubre de 2017 y hubiese sido más dura con el independentismo, en Nou Barris BComú seguiría siendo el primer partido. Posiblemente. Sin embargo, podría ser que en ese supuesto Colau hubiera perdido otros tantos votos en otros barrios a favor de ERC. El procés es la trituradora de las izquierdas no nacionalistas y de quien intenta anteponer lo social a lo nacional. Sumen todo esto y, en gran medida, tendrán la explicación de por qué Ada Colau no ha ganado las elecciones.
Capital de la República, así dicen
¿Y Esquerra? Desde hace años, la estrategia de Oriol Junqueras es la de penetrar y asentarse en la Gran Barcelona, territorio comanche desde la noche de los tiempos para los partidos nacionalistas/independentistas. Poner a Gabriel Rufián en el Congreso era parte de esa estrategia: el orgullo de ser charnego e indepe. Gracias al cortoplacismo del Gobierno de Rajoy la jugada le ha salido bien, al menos parcialmente. Y la victoria en Barcelona es un claro ejemplo de ello. Así como el buen resultado en los municipios del área metropolitana (Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá…), en los que ERC se convierte en el segundo o en el peor de los casos el tercer partido, aunque el PSC arrasa casi como antaño y consigue algunas mayorías absolutas. Junqueras quiere que Esquerra sea la nueva Convergència: un partido transversal, pero que cuente con un caladero de voto también donde Pujol no se atrevía a pasear.
Lo de Maragall le vino como miel sobre hojuelas. Un exsocialista, y para más inri el hermano de Pasqual, pasando armas y bagajes a ERC tras el inicio del procés, como candidato para Barcelona. El apellido cuenta. Siempre. Aún más si este apellido es Maragall. Con Alfred Bosch, líder del partido en la Ciudad Condal hasta el pasado otoño, Esquerra difícilmente habría ganado. Júntense a todo esto, el haber construido una lista-popurrí con un poco de esto y un poco de lo otro, y como número dos la tránsfuga Elisenda Alamany que hasta hace seis meses era diputada autonómica con los Comuns y defendía a Colau como la mejor alcaldesa del mundo. Por lo demás, ha habido poca cosa: ningún proyecto de ciudad, más allá de copiar algunas cosas ya propuestas por BComú, criticada aunque se defendiese lo mismo (véase el tranvía por la Diagonal). Y eso sí, dosis abultadas de retórica indepe: Barcelona será la capital de la República, Llibertat Presos Políticsfem República, etc. Significantes vacíos, como decía Laclau, útiles solo para una política hecha de victimismo y emociones baratas. En este contexto, esto le fue suficiente al partido de Junqueras para hacerse con la joya de la corona.
¿Y ahora qué?
Hay dos “ahora qué” sobre los cuales reflexionar. Y están entrelazados. El primero, y más urgente, es quién gobernará Barcelona. Casi todos dan por descontado que Maragall será el próximo alcalde, aunque hay quien no descarta un pacto entre Colau y Collboni con el apoyo o abstención de Valls (para evitar que la ciudad caiga en manos de los independentistas). Muy difícil. Además, la noche electoral Colau ha dado prácticamente por descontado que el alcalde será Maragall, ofreciéndose a hablar para llevar adelante políticas de ciudad, también junto al PSC. Maragall no quiere a los socialistas y el PSC tampoco quiere embarcarse en una aventura cuyo desenlace es más incierto. No hay nuevos Tripartits a la vista, al menos de momento. ¿Entonces? ¿Un pacto Maragall-Colau? Le faltaría un solo concejal para la mayoría absoluta. ¿Un gobierno en solitario de Maragall con tan sólo 10 concejales? ¿Un gobierno indepe, estilo Generalitat, con JxCAT? La aritmética no es un opinión y las posibilidades son las que son.
Y aquí entra el segundo “ahora qué”: ¿qué harán los Comuns? No solo, o no tanto, en lo de una posible alianza/apoyo a Maragall, sino en el futuro. El proyecto sale con los huesos rotos de la jornada electoral a nivel catalán, más allá de Barcelona ciudad, que es donde ha demostrado aún una fuerza importante: en las europeas obtiene menos del 9% y en los municipios pierden más de 50.000 votos respecto a 2015 y alrededor de la mitad de concejales en toda la Comunidad. Y, respecto a Barcelona, ¿qué será de BComú? ¿Se intentará reforzar desde la oposición, volviendo más a las calles, o intentará pesar en un gobierno de coalición para seguir manteniendo un pie en las instituciones? Tras ser alcaldesa, ¿Colau se adaptará a ser una de las regidoras de Maragall o a liderar la oposición? Ninguna de estas preguntas es baladí. Y pesará mucho sobre el futuro de un proyecto colectivo que ha nacido desde abajo.
Chicken-game all day long
En todo esto, jugará un papel crucial el contexto catalán. Es cierto que ERC ha ganado en Barcelona, invisibilizando casi a JxCAT, y, tras haber sido la primera formación en Cataluña el 28-A, lo ha sido también en las municipales en el conjunto de la comunidad (23,5% de los votos), relevando a los post-convergentes (15,1%: pierden 600 concejales y conservan solo las alcaldías de Girona, Reus, Vic e Igualada entre las grandes y medias ciudades), y convirtiéndose así en el partido con el mayor número de concejales. Pero también es cierto que Puigdemont ha arrasado en las europeas en Cataluña: casi un millón de votos y el 28,5%. ERC, con Junqueras como candidato al Europarlamento, se ha quedado con el 21,2%, superada también por los socialistas (22,1%), que doblan el voto de las europeas de 2014. La de Puigdemont ha sido sobre todo una victoria fruto de un voto protesta y simbólico, pero tendrá consecuencias en la interminable lucha por la hegemonía en el espacio nacionalista/independentista. Hasta ahora ERC ha demostrado no tener valentía para romper el abrazo de oso de Puigdemont. ¿La tendrá ahora? Y, ¿empezará por Barcelona, para luego hacer caer el gobierno de Torra e ir a nuevas elecciones autonómicas y hacerse con la Generalitat? Es posible, pero, vistos los precedentes, es también difícil. El chicken-game seguirá un rato largo.
Y, ¿mientras tanto? Lo único cierto es que Barcelona ha elegido, por la mínima eso sí, ser capital de la República de los lazos amarillos. No habrá en el futuro próximo ni Bernie Sanders, ni Noam Chomsky, ni Dilma Rousseff, ni Bill de Blasio, ni Naomi Klein, ni Mimmo Lucano que hablen del experimento de Barcelona y que lo defiendan por el mundo. No habrá otra Brigada Internacional como la formada por municipalistas de todo el mundo en apoyo a Ada Colau, como la que vimos durante la campaña electoral. Habrá, eso sí, algún nacionalista flamenco o de otras latitudes que se paseará por aquí. Y que hablará de Europa de las pequeñas patrias o de pueblos oprimidos comparando a Cataluña con Palestina y a Puigdemont con Rosa Parks. Y, cuando eso pase, Joan García Oliver suspirará una vez más desde el más allá, se le caerá, quizás, una lágrima y escribirá que Barcelona habrá perdido la posibilidad de ser el alma del mundo.
Steven Forti es profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.
Fuente: http://ctxt.es/es/20190522/Politica/26347/Steven-Forti-Barcelona-Ada-Colau-Comuns-ERC-Maragall.htm


Nota del Blog  .-De todo modos un ciclo se ha cerrado   poniendo  como lo de las siete llaves del sepulcro del Cid , ni reforma de  ley electoral , ni nuevo Concordato  ,ni reforma  constitucional , ni ley de   partidos  ni referéndum acordado , ni nueva constituyente   , ni nueva política exterior  ,ni republica  ,ni final del sistema del 78  y veremos del bipartidismo. Podemos se hundió y el Cs no llegó .Eso si seguramente sacaran a Franco del Valle  para desfogarse la progresia  y se acabó.   Y  así  ha sido como un combate de castizos entre unas gallinas ciegas y unos pollos sin cabeza.   Eso si  , si uno mira las noticias es como si toda España  fuera Madrid








martes, 28 de mayo de 2019

Una barbaridad antidemocrática

La suspensión de los diputados: una barbaridad antidemocrática

Por Miguel Salas

Las razones políticas no tienen que ver con el ejercicio de la democracia, sino, al contrario, con limitarla para ceder a las presiones del Estado y de los grupos políticos de la derecha. Ese es el papel que ha jugado el PSOE.

Por Miguel Salas
La Mesa del Congreso de Diputados ha decidido por mayoría la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. Es una decisión grave tomada por quien supuestamente debe velar por las garantías democráticas del conjunto de la ciudadanía y también de las diputadas y diputados que representan la soberanía popular. Se han saltado todas las normas y reglamentos que garantizan los derechos de los diputados. Se ha tirado al cubo de la basura el voto de más de un millón de personas. Se ha modificado las mayorías parlamentarias, por lo que se tergiversa el sentido del voto expresado por millones de personas. El PSOE ha cedido a la intolerable presión de la derecha, que no acepta su derrota electoral y que agita y seguirá agitando con medidas antidemocráticas para tapar su dificultad para obtener mayorías. No porque determinada opinión pública lo acepte deja de ser una medida antidemocrática. Mal comienzo para esta legislatura y mal paso para abrir un verdadero diálogo que permita resolver el conflicto catalán.
De locos
Intentemos aclarar a los lectores el sentido de esta suspensión. Veamos algunas opiniones sobre el tema. El catedrático Javier Pérez Royo escribió en El Diario: “Cuatro de los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo fueron proclamados diputados electos la noche del domingo 28 de abril. Otro fue proclamado senador electo la misma noche. Desde el “momento mismo” en que tuvo lugar esta proclamación están en posesión, de acuerdo con lo previsto en el reglamento del Congreso de Diputados, de los “derechos y prerrogativas” propios de los parlamentarios estatales. Aquella misma noche deberían haber sido puestos en libertad, ya que la prerrogativa de la “inmunidad” impide que se pueda perseguir penalmente un diputado o senador sin solicitar previamente la autorización de la cámara para poder hacerlo. […] Se trata de una prerrogativa que está reconocida sin excepción de ningún tipo. No hay ninguna circunstancia ni anterior ni posterior a la proclamación como candidato electo que exceptúe la vigencia de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad. No hay ninguno que se prevea en el ordenamiento español. Y ya se sabe que “donde la ley no distingue, no se ha de distinguir”. En el momento en que un ciudadano es proclamado diputado o senador electo, el Tribunal Supremo, que es el único que puede entender en su conducta, debe dirigirse al Congreso o al Senado -en este caso, a ambos- “suplicando” (de ahí el término ‘suplicatorio’) que den la autorización para poder proceder penalmente contra ellos”.
El ex letrado del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, publicó en Audiencia Pública: “La inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger la libertad personal de los electos frente a detenciones y procesos judiciales que puedan suponer privación de libertad y, de esta manera, una perturbación indebida de la composición y el funcionamiento de las cámaras. Esta protección alcanza tanto a los actos producidos ‘antes’ como ‘durante’ el mandato parlamentario. […] Las consideraciones que se acaban de exponer permiten sostener que los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del ‘caso procés’ gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación como electos, lo que obligaría a suspender el juicio respecto de ellos mientras las cámaras no resuelvan el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para poder continuar el procedimiento. Es posible que estas conclusiones no gusten a algunos lectores, pero creo que son las correctas hablando en términos legales”.
Anton Losada, profesor de ciencias política, escribió en El Diario: “El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quién se come el marrón de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado aún más catastrófico. El show mediático y político que se puede montar en España, cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesión de su más que probable acta, puede acabar colocándonos en la pura antología del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada. Otra vez el quiero y no puedo de la Justicia española que acompaña al juicio del procés. Se les reconocen sus derechos porque no hay base legal para negárselos, pero cuando pretenden ejercerlos se recurre a toda suerte de trampas administrativas y trucos de salón; desde el horario de las prisiones a las urgencias de la seguridad parlamentaria. Todo vale para recordarles y hacernos recordar a cada minuto del día que son presos bajo la tutela del Estado”.
Una vez que la Mesa del Congreso tomó la decisión de suspender a los diputados, leemos del abogado Jaume Alonso-Cuevillas: “La suspensión de un Diputado no es competencia de la Mesa, sino del Pleno, previa elevación de propuesta razonada por la Comisión del Estatuto de los Diputados (arts. 48.2 y 48.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados) La suspensión sólo procede si la Cámara ha concedido previamente el suplicatorio (art. 21.1. 2º del Reglamento del Congreso de los Diputados), que debe ser acordado por el Pleno, previo examen por la Comisión del Estatuto de los Diputados (arts. 13 y 14 RCD) Conclusión: Sin suplicatorio no puede haber suspensión. El “pequeño” problema es que la Ley obliga a que el proceso quede suspendido desde la comunicación hasta que las respectivas Cámaras resuelvan lo que tenga por conveniente (art. 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)”.
Y para finalizar, reproducimos la opinión de Joaquín Urias, ex letrado del Tribunal Constitucional: “Se equivoca la Mesa del Congreso. El 384 bis LECrim (Ley Enjuiciamiento Criminal) no es aplicable a los diputados presos. Sólo lo era para los cargos previos al Auto de procesamiento. Por eso hace un año el Supremo comunicó al Parlament la suspensión. Ahora el propio tribunal creyó que no se aplicaba. O sea: el Supremo cree que no es de aplicación la suspensión extraordinaria de la ley de enjuiciamiento, pero el Congreso la aplica. El Congreso interpretando la LECrim y el Supremo el Reglamento del Congreso. De locos. Todo vale para echar a estos diputados del Parlamento. El Supremo dice -implícitamente- que el art. 384 bis no vale para suspender. Los letrados del Congreso dicen que el Reglamento del Congreso no vale para suspender. Pero al final los Diputados están suspendidos. Se lesiona el derecho de participación política. Muy claramente”.
Efectivamente, de locos, si no fuera por las importantes repercusiones políticas y democráticas que tiene la suspensión.
Razones políticas, no judiciales
A pesar de todas estas consideraciones, que, evidentemente, la Mesa del Congreso conoce, decidió tomar esa decisión por razones políticas. ¿No se llama a eso prevaricación? Tomar una decisión a sabiendas que perjudica a los diputados y a la misma institución. Y las razones políticas no tienen que ver con el ejercicio de la democracia, sino, al contrario, con limitarla para ceder a las presiones del Estado y de los grupos políticos de la derecha. Ese es el papel que ha jugado el PSOE.
Es evidente que las derechas no van a dejar pasar ni una. Su única perspectiva es la confrontación a costa de lo que sea. Hay que tomar nota y no dejarse amilanar. Sirva, como ejemplo, como se han lanzado a degüello contra el presidente del Senado, Manuel Cruz, simplemente por declarar en una entrevista, como una eventualidad, que la situación cambiaría si hubiera una sentencia absolutoria de los dirigentes independentistas. Seguir prisionero de esa estrategia de judialización orquestada por el PP y el resto de las derechas es incompatible con el diálogo que propone el PSOE.
En realidad, quien ha “obligado” a la Mesa del Congreso ha sido el Tribunal Supremo y, en particular, el juez Manuel Marchena. El Tribunal no quiso suspender a los diputados para no aparecer como el brazo ejecutor de una decisión antidemocrática y se la remitió a la Mesa. Ésta le pidió aclaraciones y el juez Marchena respondió que no tenía nada más que decir y la Mesa, en realidad los representantes del PSOE, cedieron a esa presión y a la de las fuerzas de la derecha. Recordemos que en la Mesa, los votos de PSOE y Unidas Podemos son mayoría frente a PP, C,s y Vox. Poco le ha durado al PSOE su supuesto giro a la izquierda. A la primera de cambio ha vuelto a votar con las derechas.
Unidas Podemos ha salvado el honor democrático votando en contra de la suspensión de los diputados. Uno de sus representantes en la Mesa, Gerardo Pisarello, ha declarado que la decisión “afecta gravemente a la separación de poderes, a la autonomía parlamentaria y a la presunción de inocencia”, y, además, “vulnera los derechos de participación política de diputados, que están presos, pero no condenados, y de sus votantes”.
El PSOE debería recordar su propia historia para reconocer que sus dirigentes salieron de la cárcel una vez fueron elegidos por el pueblo. Tenemos que remontarnos a la huelga general de agosto de 1917. El movimiento no tuvo el éxito esperado y fue detenido el Comité de Huelga formado, entre otros, por los socialistas Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit. Fueron juzgados en un Consejo de Guerra y acusados de sedición. Se les condenó a cadena perpetua y enviados al penal de Cartagena. En febrero de 1918 hubo elecciones legislativas y los cuatro salieron elegidos, junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prieto. La inmunidad parlamentaria obligó al gobierno a concederles la libertad para poder ejercer la responsabilidad que el pueblo les había dado. ¡Y estamos en 1918! Con un régimen, monárquico también, pero con muchas menos libertades, al menos formales, que ahora. Y, sin embargo, ahora se traspasan todos los límites antidemocráticos, se ningunea a la propia institución parlamentaria y a los votantes.
Todo lo que tiene que ver con el conflicto catalán se está convirtiendo en un disparate antidemocrático. Unos presos mantenidos en prisión por pura venganza judicial. Un juicio que no debería estar en manos del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Superior de Cataluña, pues los hechos sucedieron allí. Unos candidatos a los que apenas se les ha permitido hacer campaña electoral. Unos diputados y senador a los que no se les deja en libertad inmediata, como dice la ley y que, además, sin que el Pleno del Congreso decida se les suspenden sus garantías. No es sólo el conflicto catalán, es un problema de la degeneración democrática que afecta a todas las instituciones y que pone al desnudo el carácter del propio régimen monárquico. El siguiente conflicto aparecerá de inmediato cuando se elija a Oriol Junqueras como eurodiputado. ¿Qué hará la justicia de este régimen? ¿No quedará en ridículo el Parlamento español cuando el Parlamento europeo le reconozca sus derechos?
Si se necesita un cambio republicano es para defender las libertades y los derechos y conquistar la república y sus valores.

y ver ..https://www.eldiario.es/zonacritica/prestigio-Justicia-espanola_6_902969709.html


Nota.-  Bueno ya lo exprese en   el post anterior  . y añado  que  la contradicción  es como el ex rey  deja la función pública y    no pierde el aforamiento o como su yerno no ingreso en la cárcel hasta  hacer firme la sentencia