Una decisión política del Supremo contra la amnistía
El auto del Supremo es político. Para defender su concepto
de la unidad de España. Y para poner en su sitio a un Parlamento que el pueblo
ha querido que esté controlado por progresistas y nacionalistas. Los jueces han
decidido dejar claro que los únicos que mandan de verdad son ellos
Joaquín Urías
El Tribunal Supremo lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a violar
la soberanía popular. Nuevamente ha decidido que su voluntad vale más que la
del pueblo, expresada –como dice la Constitución– en la ley. Los jueces de
nuestro más alto tribunal de justicia dejan así una vez más en el aire la
pregunta de si en España es posible la democracia.
La explicación técnica de lo que han hecho es sencilla,
aunque en los próximos días el aparato mediático y jurídico de la derecha nos
va a intentar convencer de lo contrario. La ley de amnistía dice que no serán
amnistiados los delitos de malversación cuando haya existido propósito de
enriquecimiento. Para aclarar este concepto, la propia ley detalla que no se
considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a finalidades
independentistas “cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento
jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de
carácter patrimonial”. La norma es clara. Cristalina. Nos puede parecer mejor o
peor, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice, pero no hay duda de ello:
si se usó dinero público para el referéndum del uno de octubre sin intención de
obtener un beneficio patrimonial personal, es decir, sin voluntad de quedarse
con dinero para ellos mismos, el delito tiene que ser amnistiado.
Donde la ley es clara, no necesita interpretación. Pero eso
le da igual a los magistrados del Tribunal Supremo, que creen que su papel es
hacer política y salvar a España antes que aplicar las leyes. Así que han
decidido reinterpretar las leyes conforme a su propia ideología. Para
justificarlo se han inventado un argumento ridículo. Dicen que, para organizar
el referéndum, los líderes independentistas podían elegir entre usar dinero
público o pagarlo de su bolsillo. Puesto que usaron dinero público, se
ahorraron el pagarlo ellos mismos. Ese ahorro es, para cinco jueces, un
enriquecimiento.
Los magistrados del Tribunal Supremo no son tontos, pero si
hace falta se lo hacen. En esta ocasión parece que han pasado por alto lo más
evidente. No hay ninguna prueba de (y es incluso improbable) que esos líderes,
en caso de no haber tenido dinero para publicitar el referéndum, lo hubieran
pagado de su bolsillo. ¿Cuánto habría puesto cada uno?, ¿habrían pagado todos?,
¿no habrían hecho el referéndum sin esos gastos? De nada de eso hay pruebas. Es
un argumento infantil, rebuscado y falso. Tanto, que hay que pensar que no se
trata de un error, sino que es una
decisión política. Un auto para defender su concepto de la unidad de España. Y
para poner en su sitio a un Parlamento que el pueblo ha querido que esté
controlado por progresistas y nacionalistas. Los jueces han decidido dejar
claro que los únicos que mandan de verdad son ellos.
De poco nos sirve tener un Parlamento elegido democráticamente
por sufragio universal si cinco jueces arrogantes son capaces de pasarse sus
leyes por el forro e imponernos a todos su propia voluntad política. Estamos ya
acostumbrados en España a que cualquier señor que haya demostrado en una
oposición su capacidad de memorizar y repetir como un loro se crea de mejor
clase que el resto de la población y se sienta legitimado para imponernos a los
demás sus ideas políticas como en la más injusta de las dictaduras. En esta
ocasión, los cinco jueces que se han rebelado contra la voluntad popular ni
siquiera ostentan su cargo por una de esas oposiciones. Fueron nombrados
directa y arbitrariamente por un órgano politizado y controlado por el partido
popular.
Ahora acaba de llegarse a un acuerdo para renovar el Consejo
General del Poder Judicial, que es quien elige a dedo a los jueces del Supremo.
Si en el Gobierno creen que la eventualidad de que magistrados “de su
cuerda” lleguen ahora al alto tribunal
va a frenar la deriva antiparlamentaria de este órgano, es que no han entendido
nada. El momento actual no va de mayorías, sino de decencia democrática. Porque
si esto sigue así, lo más sensato será que dejemos definitivamente de votar en
las elecciones. De nada nos sirve, si unos señores con tan poca vergüenza como
dignidad cambian las leyes a su antojo.
Mientras unos miraban al gobierno de los jueces y se lo
repartían, los jueces se convirtieron en el gobierno..
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/sentencia-politica-amnistia_129_11491499.htm
Y ver
https://www.eldiario.es/contracorriente/supremo-obstaculo-investidura-catalunya_132_11492507.html
https://www.eldiario.es/contracorriente/interpretacion-juridica-auto-supremo-malversacion_132_11495540.html
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