¿ Alguien sabe quien es M . Rajoy?
Ilegales
ANA PARDO DE VERA
En 2017, en pleno procés catalán, Casado y el ala más dura
del PP plantearon la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas,
impidiendo que se presentara a las elecciones cualquier partido que quisiese
modificar el modelo territorial y pretendiese romper la sacrosanta unidad de
España. Como siempre ocurre en estos casos de patrioterismo de la derecha,
ahondar en las causas de ese deseo legítimo y legal de independencia o en los
anhelos mayoritarios -aunque insuficientes- de los catalanes ni se plantea; no
hablemos de hacer política, que eso da mucho trabajo y roba demasiado tiempo:
mano dura, ley, Poder Judicial afín y cárcel para silenciar disidentes.
En 2002, el PP de Aznar en el Gobierno y el PSOE de Zapatero
en la oposición acordaron y dieron luz verde a la ley de Partidos Políticos
para aislar a Batasuna, obligando a la izquierda abertzale a ser examinada
desde los libros que leía hasta la ropa interior que usaba para considerarse
apta y formar un partido legal que pudiera ir a elecciones. Hoy, EH Bildu es la
segunda fuerza política en Euskadi y tiene grupo parlamentario propio en el
Congreso con 5 diputados, ha condenado la violencia para lograr la
independencia y reniega de ella -como aclaró una vez más su líder, Arnaldo
Otegi, por ejemplo, en esta entrevista con Público. El PP, no obstante, sigue
considerándolos ilegítimos e indignos de escaño, al igual que a todos los
partidos que pactan con ellos, incluido el PSOE del Gobierno.
"Ilegítimos", paradójicamente, por acatar la cuestionable ley de
partidos del bipartidismo, algo que resulta grotesco si no fuera por las
connotaciones antidemocráticas tan oscuras que conlleva.
Estamos en 2020, y en pleno boicot del PP de Casado al
Gobierno de coalición y a la Constitución Española (art. 122.3) , revienta en
toda su plenitud corrupta otro capítulo de las cloacas de Interior al servicio
del Gobierno de Rajoy (titulado Kitchen), en esta ocasión, para fulminar a un
adversario interno, el ex tesorero y ex todopoderoso Luis Bárcenas, cuya
información sobre el funcionamiento del partido en materia de financiación y
otras miserias era y es, al parecer, infinita. Canta La traviata el ex
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del ex
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz -sobre cuya ilegitimidad como
político (ésta sí), las grabaciones difundidas en este diario no dejaron atisbo
de duda-, y quedan expuestas las mezquindades (ilegítimas y presuntamente
ilegales) de Dolores de Cospedal, ex ministra y ex secretaria general del PP, y
de Rajoy, ex presidente del Gobierno que, como en el intento de destrucción del
independentismo catalán y de Podemos mediante dosieres falsos difundidos por
una estructura mediática cómplice, utilizaron al Estado, al comisario Villarejo
y cantidades de dinero público aún por cuantificar para neutralizar a Bárcenas:
querían robarle -y emplearon hasta la violencia contra su familia con un
sicario y falso cura- la información que pudiera comprometer y condenar al PP.
El martes, tras conocerse las revelaciones del número dos de
Fernández Díaz en Interior, confirmando el operativo parapolicial para
perseguir a Bárcenas con las órdenes de Fernández Díaz y las indicaciones y
supervisión de Cospedal y Rajoy, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que
la información sobre la operación Kitchen era suficiente para "ilegalizar
al PP". Por supuesto, la derecha tardó una décima de segundo en rasgarse
las vestiduras con la nariz bien alzada ante ese independentista "ilegítimo"
-y por ellos, ilegal- que es Rufián. Pero vamos a analizar la ley de Partidos
Políticos de PP y PSOE, pasando por alto la sentencia de la Audiencia Nacional
-recurrida por el PP ante el Supremo- donde se confirma que el partido de
Casado se financió ilegalmente y se enriqueció ilegítimamente. Vamos a ceñirnos
a la Kitchen con su uso presuntamente ilegal de funcionarios, dinero y
herramientas del Estado para torpedear la acción de la Justicia en el caso
Bárcenas.
En la página 13 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio,
de Partidos Políticos, avanzamos directamente al "CAPÍTULO III, De la
disolución o suspensión judicial de los partidos políticos", donde el
art.10.2 explica las razones por las que:
"La disolución judicial de un partido político será
acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:
a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación
ilícita en el Código Penal [¿Un partido que crea, por un lado, un sistema de
financiación ilegal para hacerse y mantener el poder y enriquecer a sus
dirigentes y, por otro, una estructura parapolicial con recursos del Estado
para salvaguardar los intereses del partido saltándose la legalidad más
elemental puede considerarse una "asociación ilícita"?]
b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la
exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme
a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica [sobre
organización y actividad democrática del partido, democracia interna o derechos
y deberes de los afiliados].
c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere
los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de
libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las
conductas a que se refiere el artículo 9 (Art.9.1 Los partidos políticos
ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los
valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los
derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les
atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo)".
Nunca he sido partidaria de una ley de Partidos Políticos
como la que tenemos, ni entonces ni ahora: no todos los afiliados ni dirigentes
del PP son unos corruptos, conozco a muchos/as que defienden sus ideas
democráticamente y están muy incómodos y preocupados con lo que estamos
sabiendo. Pero no deja de ser una ironía del destino que una ley del Gobierno
Aznar pudiera perfectamente, y a tenor de los hechos, llevarse por delante
hasta su "disolución" al partido refundado por Aznar. La tentación
tiene que ser muy grande para este Gobierno, aun con un Poder Judicial bajo el
manto del PP. Claro.
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