Bruselas expedienta a España por vulnerar el
derecho a la información de los detenidos
La comisaria Vera Jourová da cuenta del procedimiento abierto
por la Comisión
Europea contra España, comunicado por escrito, en el que se
exige al país una respuesta por no habler aplicado la directiva en los tiempos establecidos por la ley, que fijaba
como límite el 2 de junio de 2014. “España ha comunicado a la Comisión que se está
llevando a cabo la reforma legislativa, pero aún no ha finalizado”, apunta
Jourová.
La eurodiputada de IU Marina Albiol había preguntado
expresamente a la comisaria si la institución iba a tomar alguna medida contra
España por no respetar los plazos de aplicación de la norma.
Si el procedimiento, “en curso”, no concluye con una “solución satisfactoria”, la comisaria apunta que el caso podrá
llevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , “que
tiene competencia para determinar si un Estado miembro ha incumplido alguna de
las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados”.
La directiva exige, entre otras cuestiones, que los detenidos
reciban información en todo momento de los delitos que se les imputan, además
de sus derechos procesales, como el derecho a tener un abogado, a recibir
asistencia letrada gratuita y a permanecer en silencio.
La norma exige a los Estados miembros que garanticen “que la
persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad
de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o
en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar
la defensa”, salvo en aquellos casos en los que sea necesario evitarlo para defender
un “interés público importante”. En estas excepciones, debe ser la justicia la
que adopta la decisión.
Crítica a una criminalización de las protestas
La pregunta parlamentaria de Albiol va acompañada de una carta
para solicitar una reunión con Vera Jourová en la que la eurodiputada critica
“un aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta social”, que
en su opinión cumplen con el “único objetivo” de “la merma de la legitimidad de
las luchas para mejorar las condiciondes de vida de la población”.
El esrito recuerda varios casos, entre los que destaca el caso de
Alfonso Fernández (‘Alfon’), —condenado a cuatro años de cárcel— “que fue
encarcelado sin juicio y sin que hubiera un informe policial durante los 56
días en régimen de FIES, a pesar de que inicialmente no se declaró riesgo de
fuga”. Sobre el proceso judicial de ‘Alfon’, la carta denuncia “la
irregularidad de que las pruebas aportadas estuvieron todo el tiempo bajo
custodia de la brigada que le detuvo, por lo que existe una fuerte sospecha de
manipulación” y remite a la valoración de varias asociaciones de abogados que
consideran que en su caso se ha incumplido la mencionada Directiva 2012/13/UE.
Albiol también informa de los casos de Katiana Vicens,
secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en las Islas Baleares,
condenada por participar en un piquete informativo durante otra huelga y
a los ocho trabajadores de Airbus en Getafe, “que se enfrentan en total a 64 años de
cárcel por, igualmente, ejercitar su derecho a huelga”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario