Tener una monarquía nos servía para dos cosas, le explicaron a mi generación en el colegio, en casa, en el telediario y demás espacios supuestamente libres de adoctrinamiento. La primera era unir a los españoles y la segunda, igual de importante, representarnos ante el mundo, ser nuestra imagen. Esto, claramente, compensaba: no es fácil encontrar a alguien capaz de unir un país mientras se maneja con soltura con el cuchillo del pescado en una cena internacional. Mi generación, la de los años 80, creció al tiempo que crecía una democracia ejemplar,surgida de una transición ejemplar, que tenía como pilar principal una monarquía que, adivinen, también era ejemplar. De lo más ejemplar, de hecho. Consulten la prensa del momento. Eran años dulces en los que todo lo que ahora sabemos no existía. Ni se le esperaba. Transición, democracia y monarquía eran todo uno. Un tridente letal. Bale, Benzema y Cristiano se quedaban cortos ante aquella conjunción. Años de gloria de una monarquía en luna de miel con el país. Es decir, en luna de miel con una prensa que aseguraba que era el país el que estaba en luna de miel con la monarquía. Una monarquía que inauguraba Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y Exposiciones Universales. Una monarquía cuyo altísimo nivel a la hora de unirnos y representarnos marcaba el nivel del listón de nuestra democracia. Que el nivel democrático del país fuese de la mano del nivel de nuestra monarquía supondría un problema que, con los años, iríamos descubriendo.
Junio de 2020. Ha pasado mucho desde aquellas ejemplares inauguraciones en plena luna de miel y han pasado tres meses desde que Felipe VI decidiese aprovechar el caos provocado por una pandemia mundial para limpiar los trapos sucios de su casa minimizando el ruido. Para anunciar, vía comunicado emitido con festividad, alevosía y pánico al contagio, la ruptura total con Juan Carlos I, su padre. Un padre acusado de, supuestamente, habérselo llevado tanto a diestra como a siniestra –es importante no posicionarse políticamente cuando eres monarca. Un Rey Juan Carlos que ejercía su labor de representarnos internacionalmente, en fin, a su manera. Representación con derecho a propina, lo podríamos llamar por ser benévolos y no hacer más sangre de la que ya ha hecho su propio hijo dejándolo caer. El Rey Juan Carlos, dicen, busca estos días un destino en el que retirarse y ese destino parece que no será España, país demasiado cercano a los hechos investigados. El Rey que mejor nos representó internacionalmente desde Suiza hasta Arabia –ejemplar, ejemplar, ejemplar– busca ahora solución habitacional en algún país en el que eso de la extradición se adapte a sus necesidades. Se habla de la República Dominicana. Como chiste final, que el gran embajador español acabe refugiándose en una república lejana, es insuperable.
Caído el mito de la gran labor monárquica de la representación internacional, nos queda que la monarquía trabaja por la unión de los españoles. Un asunto que, en los últimos meses, también nos deja cierta inquietud. Y varias preguntas. ¿Dónde ha estado Felipe VI durante esta pandemia? ¿Por qué no se le ha visto trabajando, mano a mano, junto al Gobierno? ¿Por qué no ha dado uno de esos discursos institucionales –como aquel posterior al 1 de octubre en Cataluña– para reñir a esos políticos que han apostado por el enfrentamiento en un momento en el que, según sus propias palabras, nos poníamos a prueba como sociedad? Si fue capaz de meterse en política para enfrentarse a los líderes independentistas catalanes porque su actitud “ponía en peligro la convivencia”, ¿no debería haber hecho lo mismo, en nombre de la unidad de los españoles representados en su Gobierno, con quienes han incendiado la convivencia en toda España durante una crisis sanitaria, llegando incluso a insinuar golpes de Estado? Resulta de lo más extraño la actitud del Rey si nos creemos esa labor de pegamento social. No es tan extraño si asumimos que la monarquía española hace tiempo que se metió en política sin pasar por las urnas. Es fácil pedir la unidad de todos los españoles ante un atentado terrorista o durante un conflicto territorial en Cataluña, pero no lo es tanto cuando el conflicto es en Madrid, cuando pedir unidad durante una crisis sanitaria supone tumbar la estrategia política de quienes más y mejor gritan “Viva el Rey”. Es fácil para la monarquía española hablar de la necesidad de crear puestos de trabajo, pero parece no serlo hablar de la necesidad de que los españoles que han perdido su empleo puedan llenar la nevera.
No seamos inocentes. La monarquía es una institución de derechas, con lógicas económicas de derechas y planteamientos sociales de derechas. Pero en el pacto social que nos hemos dado, a la monarquía se le piden discursos y actitudes que lo disimulen, que antepongan ante todo un concepto vacío como el de la unidad. ¿Ni siquiera de eso es capaz Felipe VI en un momento así? Si la actual monarquía española también se independiza de esa obligación con España, como su padre se independizó de la obligación de representarnos decentemente por el mundo, ¿qué hacemos con esta monarquía?
La situación de futuro de Renfe es crítica gracias a la operación del Ave del Desierto que Juan Carlos I negoció para llevarse una comisión
El desafecto por el modelo de jefatura del Estado que representa la figura de Juan Carlos I está en sus momentos más altos. Pero aún estará peor cuando se llegue a comprender del todo el coste para el conjunto de los españoles, afectos y desafectos, de sus chanchullos.
No es porque la Fiscalía del Tribunal Supremo haya abierto una investigación sobre sus actividades después de su abdicación, en 2014, ni porque vaya a clarificarnos nada. Hay muy poco que esperar de unos tribunales que sólo han actuado a remolque de los juzgados suizos, y que más parecen querer "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos, como la propia Fiscalía informaba en su comunicado al respecto; es decir, quitarle hierro al asunto.
Pero todo parece indicar que, tanto las investigaciones judiciales en Suiza, como las periodísticas en Inglaterra, Bélgica o Francia, van a continuar, completando la narración de de cómo se forjó y dónde se esconde la fortuna secreta de Juan Carlos I. Es un tema demasiado goloso para cualquier periodista de investigación, salvo que sea español... En ese caso la cuestión carece de interés, y casi que resulta comprensible, teniendo en cuenta la nula receptividad de las grandes empresas informativas de ámbito estatal por estos trabajos, que dejarán dormidos en un cajón para no hacer sangre en el ya malogrado prestigio de la Casa Real.
La prensa española sabe más de lo que dice, como Felipe. Pero se calla si puede algo que más pronto que tarde acabará saliendo a luz: que la comisión de 100 millones de dólares que la monarquía saudí pagó a Juan Carlos nos va a costar a todos un ojo de la cara. De hecho, según un cálculo moderado, no serán menos de 1.000 millones de euros. Veamos cómo:
En 2008, los saudíes pagaron a Juan Carlos 100 millones para que este “conseguidor” de lujo hiciese su magia con un descuento de varios cientos de millones en la construcción del Ave del Desierto, a cargo de un consorcio de empresas españolas. Esos 100 millones son los que investiga la fiscalía suiza. Fueron depositados en una cuenta del banco privado Mirabaud, correspondiente a una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que Juan Carlos era titular y en la que Felipe VI figuraba como heredero directo. De esa cuenta, Corinna Larsen recibió -en 2012, después de su salida de España, tras el escándalo de Botsuana-, una generosa "donación" de 65 millones de dólares, en una cuenta domiciliada en las Bahamas, por lo que también está siendo investigada en Suiza.
El abaratamiento impuesto al consorcio de 12 empresas en su presupuesto de obra no fue lo único que supuso algo más que una merma en sus beneficios: también tuvieron que pagar una comisión de entre un 2 y un 3% de la contrata (de 6.736 millones de euros), que se repartieron dos comisionistas al acecho: la profesional 'Madame' Zanganeh, encargada de corromper a las autoridades y funcionarios de Riad responsables de la adjudicación; y Juan Carlos I, encargado de poner el cazo porque sí, también ante los adjudicatarios. Todavía se sabe poco de esta parte de la historia, desvelada por Corinna en las famosas cintas del comisario Villarejo.
Con tanto recorte, en el momento de la adjudicación (en octubre de 2011), el consorcio español ya tenía que saber que las cuentas no cuadraban. En cuanto empezaron las obras el presupuesto comenzó a «desviarse», llegando a duplicarse lo establecido en algunos tramos.
A mayores, la chapucera planificación no tuvo en cuenta, entre otras cosas, las tormentas de arena del desierto, que dejaban enterrada las vías. Los retrasos en la entrega de la obra por esta causa llevaron incluso a que el régimen saudí amenazara al consorcio español con suspender la concesión en 2014, si no era capaz de cumplir los plazos establecidos en el contrato inicial. Después de muchas negociaciones el gobierno saudí aceptó en 2016 una primera ampliación en las obras de 14 meses y 150 millones de euros; y otra en mayo de 2018, que supuso otros cuatro meses de margen y 210 millones de euros adicionales. Pero no fue suficiente.
A finales de 2019 la tensión entre la parte contratante, el grupo público Saudi Railway Organization (SRO), y la contratada, el consorcio español Al Shoula, se disparó. Todavía había servicios que no se habían estrenado y un montón de problemas por resolver, por lo que los saudíes dejaron de pagar, y las empresas españolas se quejaban de la acumulación de facturas que empezaban a ver imposible cobrar. Después de que la empresa saudí dejara de abonar las últimas certificaciones por trabajos realizados, había unos 75 millones de euros en facturas vencidas.
Adivinen sobre cuál de las empresas del consorcio iban a recaer todas las perdidas: sí, sobre la parte pública, Renfe y Adif.
En febrero de este año, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado, que pertenece al Ministerio de Hacienda) reveló que el "margen negativo" de Renfe de 2012 a 2018 en Arabia Saudí debido a sobrecostes y otros imprevistos ascendía a 150 millones. En la construcción de los talleres, por ejemplo, Hacienda indicaba que, «tras las modificaciones habidas», el sobrecoste había subido un 56%; o, lo que es lo mismo, que se había maquillado el presupuesto inicial con una «rebaja» del 44% para conseguir el contrato, y al final el coste adicional lo iba a pagar la empresa pública.
Todo parece indicar que Renfe sabía que perdería dinero desde el minuto uno, al presentar una oferta en el apartado de los talleres inferior al presupuesto consignado por la propia Renfe en este capítulo, en el informe elaborado por su departamento de Fabricación y Mantenimiento.
Aparte de las pérdidas en las obras, la empresa pública es también la encargada de operar el servicio en los próximos 12 años, una responsabilidad que asumió por contrato con los saudíes con unas previsiones falseadas. El proyecto inicial estimaba la disparatada cifra de 60 millones de usuarios al año, que tuvo que ser revisada en 2018 por la consultora de Países Bajos Royal Haskoning y ahora las previsiones no apuntan a más de 20 millones.
No habrá un acuerdo para que los 12 miembros del consorcio español asuman de forma solidaria las pérdidas que se produzcan en la explotación del servicio. La constructora OHL -de Villar Mir, amigo íntimo de Juan Carlos, hoy ya retirado y reemplazado por su yerno, el compiyogui de Felipe VI, López Madrid- aduce que ellos ya han cumplido con su parte del trabajo y se lavan las manos. No han sido capaces de dar una solución técnica para evitar que la arena se siga depositando en las vías y le pasan el muerto a Adif y Renfe al entender que son ellos los que deberán asumir el coste de mantenerlas limpias.
La situación de futuro de Renfe es crítica gracias a la operación del Ave del Desierto que Juan Carlos I negoció por debajo de su presupuesto real para llevarse una comisión, y que sus amigos se encargaron de construir chapuceramente a cambio de otra comisión. Las pérdidas esperadas a medio plazo se calculan, en el escenario más optimista, en unos 1.000 millones de euros, una «derrama» que iremos pagando todos a través de nuestros impuestos.
Fuente . https://www.lahaine.org/est_espanol.php/las-comisiones-de-juan-carlos
Como ha expuesto Tony Judt, en su fundamental “Postwar: A History of Europe Since 1945”, entre los motivos de los primeros movimientos de revueltas en la región del Báltico a finales de la década de los 80, estuvieron aquellos que pusieron el foco en el aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop firmado entre Stalin y Hitler en 1939[1], que fue seguido de la anexión de los tres Estados del Báltico.
En 1989 ante el Segundo Congreso de Diputados Popular de la URSS, Alexandr Yákovlev, quien para algunos fue el “ideológo de la perestroika”, presentaría los resultados de una investigación realizada por la “Comisión para la evaluación política y jurídica del Pacto germanosoviético de no agresión de 1939”.
Se ha destacado que conllevó el primer reconocimiento oficial de la existencia de un Protocolo secreto adicional al Pacto. Éste dibujaría el reparto en zonas de influencia el mapa de Europa del Este, en un momento en que la historiografía soviética no había hecho nunca mención del referido protocolo secreto.[2] Sobre la base del Pacto hecho público es que la historiografía soviética defendió su importancia: logró retrasar la agresión, provocó la división en el bloque fascista, entre otras tantas valoraciones.[3]
Sin embargo, es cierto que la historia se torna un campo de batalla que muchas veces contiene la legitimación del presente en esa suerte de corsi et ricorsi entre fuerzas o poderes internacionales en pugna. En tiempos en que el presidente ruso Vladimir Plutin asume reencarnar la imagen de los hombres fuertes que forjaron esa gran nación y la mantuvieron en los tiempos difíciles, con un reposicionamiento de Rusia en los vaines geopolíticos actuales, no resulta ingenuo que la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en 2006 aprobara una resolución condenando las “crímenes de los regímenes comunistas totalitarios” y en 2009 la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprobara en 2009 otra resolución equiparando el régimen nazi con el régimen de Stalin.[4]
En ese marco se creó en 2007 una comisión presidencial en Rusia para contrarrestar lo que entendía como la “falsificación de la historia en detrimento de los intereses de Rusia” y para el monitoreo de las publicaciones históricas de este período.[5] Como nos relata David Wedgwood Benn en su artículo “Russian historians defend the Molotov–Ribbentrop Pact”, aparecen en este contexto dos títulos publicados en Rusia con una defensa del Pacto y que, en verdad, echan por tierra todo el esfuerzo realizado a principios de los 90 de ubicar en su justo lugar el papel de aquel tratado en la historia de la Unión Soviética.[6]
En términos generales, estos caminos enrevesados de las interpretaciones históricas, con mucha utilidad para los tiempos presentes, hace que sea difícil para algunos aceptar -no son muy pocos- que los soviéticos funcionaron en muchos momentos, parafraseando a Raúl Roa, con la “política del disparo en la nuca”.
Existen hechos, muchos ya reconocidos y excusados, como la matanza de Katyn -que la Duma Estatal de Rusia reprobó en 2010 y que están investigados profundamente, entre otros, en el libro de Grover C.Furr, titulado “The Mystery of the Katyn Massacre: The Evidence, the Solution”[7] o en el libro de Anna M. Cienciala y de Wojciech Materski, “Katyn: a crime without punishment”[8], o los pillajes acontecidos con la toma de Berlín por las tropas soviéticas -como ha descrito Anthony Beevor en “Berlín: la caída, 1945”[9]-, o la posible masacre de Memmersdor[10] como se ha dado testimonio en el libro “The War of Our Childhood: Memories of World War II”.
En todo caso, y por otra parte, esa bibliografía en nada puede aminorar, en un balance histórico apegado a los hechos, la enorme contribución soviética en la derrota del nazismo, posiblemente la mayor que se hizo en esos momentos tan cruciales para la historia de la humanidad.
Para el juzgador del relato de los hechos relacionados con el Pacto Molotov-Ribbentrop y con sus protocolos secretos —que nunca es “aséptico”—, se le puede identificar al menos con dos espejuelos históricos: uno que valorará el Pacto desde la ética, desde los visión de los pueblos, desde las consecuencias nefastas para la humanidad y para los movimientos comunistas -tal vez ahí se pueda ubicar parte la opinión de Fidel Castro sobre el Pacto-[11]; y otro que valorará los hechos desde la geopolítica, de la potencia que jugó con las mismas armas y se ubicó en los marcos de un “expansionismo imperialista”, o, parafraseando también a Armando Hart, de una política exterior que minó con conceptos “geopolíticos” el “internacionalismo proletario”.
En todo caso, y en los marcos de esta suerte de realpolitik, cabe preguntarse, no obstante, el por qué de una alianza con los fascistas alemanes y no con aliados en un mundo tan convulso que avanzaba entre posicionamientos estratégicos con el ascenso del nazismo en Europa. ¿Fue realmente posible una alianza con occidente y no con los nazis? ¿Fue en todo caso “necesario” el Pacto dentro de este esquema geopolítico? ¿Pudo en verdad la Unión Soviética sacar alguna ventaja estratégica?
No creo que sobre estos hechos se puedan tener todas las certezas posibles ni que se pueda responder a todas estas preguntas sin que siempre queden lados flacos.
Al menos -y concéntrandonos solamente en esta suerte de realpolitik que se discute, no desde otro punto de vista, de inicio totalmente reprobable-, intentaré una reconstrucción de los hechos que tome en perspectiva las voces de los protagonistas de la época, de los que tomaron las decisiones más importantes en estos complejos escenarios y que engrosan la literatura historiográfica no soviética más seria que se pudiera consultar. Entre ellas, aquellas compuestas por los estadistas y militares más relevantes de la época, de los que por la cercanía con los hechos pudieron tomarle el pulso de los acontecimientos que se sucedían en tiempo real ..
Reconozco que no me he atrevido. Tenía previsto escribir desde el puro sarcasmo después de soportar un día tras otro esa broma macabra con la que los cerebros del despiste y la provocación política, primos hermanos de los sospechosos habituales que vienen manejando las cloacas del Estado desde hace décadas, han conseguido una vez más ocupar el debate público, marcar la agenda política y judicial, la apertura de los telediarios y los titulares de la mayoría de los medios. Pero me resulta imposible tomarme a chufla ese ofensivo disparate que relaciona incluso penalmente las manifestaciones del 8 de marzo con la expansión del covid en España.
Había pensado hacer una especie de confesión definitiva, un anexo a incorporar a esos delirantes informes realizados por agentes de la Guardia Civil, relatando las conclusiones “lógicas” que pueden extraerse de la acusación sobre la que se basa esa ¿investigación? que dirige la jueza Rodríguez-Medel: el Gobierno, perfectamente consciente de que en Madrid había estallado el contagio descontrolado del coronavirus, decidió a través de su delegado en la comunidad autorizar la manifestación del 8M.
Por resumir: si alguien en sus cabales da la más mínima verosimilitud a esa especie, debería entonces continuar el razonamiento hasta el final. Está claro que Pedro Sánchez quería acabar con su matrimonio, al permitir que su pareja, Begoña Gómez, participara en la manifestación. Y es obvio que planeaba liquidar además a la mitad de su gobierno, empezando por sus vicepresidentas Carmen Calvo o Nadia Calviño, y siguiendo por la ministra de Educación o el nunca suficientemente apaleado Fernando Grande-Marlaska, salvo que todos ellos manejaran también la información exacta sobre la posibilidad de contagiarse, y en ese caso habría que pensar que habrían decidido formar una especie de secta suicida dispuesta a autodestruirse en la conmemoración del 8 de marzo. En una demostración máxima de entendimiento en la coalición, también ministras de Unidas Podemos, empezando por Irene Montero, se mostraron decididas a jugarse la vida unos metros más allá de la pancarta de las socialistas. (Una decisión corroborada “documentalmente” por el vídeo de un off the record posterior de la ministra de Igualdad en el que reconoce, ¡oh, cielos!, que seguramente este año no fue tanta gente a las manifestaciones a causa de la preocupación por el virus). Por algo el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el doctor Raboso, sostiene que las marchas feministas “convirtieron a España en una bomba epidemiológica” que provocó “una hecatombe” (ver aquí). A la que contribuyeron también, por cierto, dirigentes del PP como Cuca Gamarra o María del Mar Blanco (ver aquí). No fue el caso de Ana Pastor, médica de formación, expresidenta del Congreso y actual diputada, que teniendo síntomas gripales compatibles con los del virus (como se confirmó a los pocos días) no acudió a la marcha ni avisó a sus contactos, a quienes por las mismas fechas abrazaba y besaba con el mismo afecto que Ortega Smith a sus compañeros de Vox en Vistalegre (lean a Esther Palomera en eldiario.es).
¿Y qué me dice, señoría, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tan sereno y afectuoso en apariencia, tan creíble aunque sólo fuera porque no le nombró este gobierno social-comunista sino el mismísimo Mariano Rajoy (ver aquí)? Pues ahí donde lo ve y sabiendo desde muchos días antes que Madrid era una “fiesta del virus” dejó acudir a la manifestación del 8M ¡a su propio hijo!, en un acto por el que convendría abrir una pieza separada de esta causa por presunto filicidio.
Habría concluido esa disparatada narración con una confesión íntima a la que ya me referí en estas páginas (ver aquí): yo mismo acudí a la manifestación del 8M. Después de casi cuatro décadas ejerciendo el periodismo, buena parte de ellas en el territorio de la política, no he sido capaz de disponer de fuentes, aunque sólo fuera una, que me advirtiera del infierno en el que me metía junto a un numeroso grupo de amigas y amigos, en el que había escritoras, actrices, una célebre guionista, un alto cargo de la cultura, una editora reconocida, una cantante de éxito, una pianista de prestigio… ¡hasta una experimentada enfermera de León caminaba a mi lado, por dios! No nos lo perdonaremos nunca, y eso que nos pasaba lo mismo que confesó Irene Montero en la confianza de ese off the record pisoteado indecentemente por ABC: estábamos muy preocupados por el coronavirus, hasta el punto de procurar no tocarnos ni abrazarnos ni besarnos…
Pero no. Aunque hay corresponsales que observan alucinados el hecho de que este país gire en torno a una memez como la que esa instrucción judicial plantea siguiendo a su vez el hilo de la cometa soltado desde el PP, Vox y sus altavoces mediáticos, la cosa no tiene la menor gracia. Por un doble motivo: el primero, porque es evidente que se aprovecha nada menos que una pandemia con miles de muertos para seguir atacando, ensuciando y demonizando al feminismo. Porque si no fuera así, estarían poniendo querellas o citando a declarar a responsables de los transportes públicos, los clubes de fútbol, las salas de conciertos, el estadio de Vistalegre… que ese mismo 8 de marzo congregaban en conjunto a millones de personas. Sólo les interesa interpelar (y manipular) a organizadores de manifestaciones feministas. No entienden ni aceptan ni respetan la lucha por la igualdad. Y si pueden mancharla incluso utilizando un coronavirus que ataca a la humanidad entera, ¡sin complejos!.
El segundo motivo es aún más vergonzoso e indignante. Mientras llenamos debates parlamentarios, telediarios, tertulias y portadas de periódicos con una causa penal extraterrestre sobre el 8M –que antes o después acabará en la papelera y que no tiene similitud en ninguna parte del mundo–, han logrado durante semanas dejar en la oscuridad el mayor horror humano de esta pandemia: lo ocurrido en las residencias de mayores. Y muy especialmente la gestión protagonizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se concentra el mayor número de muertes. Primero intentaron desviar toda la responsabilidad al Ejecutivo central por la declaración del estado de alarma, pese a que todo el mundo sabe que las competencias sobre geriátricos y hospitales siguen siendo de cada comunidad autónoma. Para bien o para mal. Es un insulto a la inteligencia utilizar la autoridad para fotografiarse junto a aviones cargados de mascarillas o para presumir de lo logrado en el IFEMA y lavarse las manos cuando se trata de explicar por qué no se medicalizaron las residencias en las que morían por miles ancianos y ancianas sin atención sanitaria.
Esta semana, en infoLibre, hemos publicado los documentos que demuestran que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, mienten cuando describen como “borrador” un Protocolo enviado a residencias y hospitales con “criterios de exclusión” que ordenaban no trasladar a mayores con determinadas patologías o grado de dependencia (ver aquí). Y el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), ha confirmado que advirtió a sus superiores de que ese abandono de los residentes a su suerte no sólo era «indigno» sino que suponía una “discriminación de graves consecuencias legales” (ver aquí). La lectura de las distintas versiones del Protocolo deja en evidencia el serial de falsedades y manipulaciones que Ayuso, con el asesoramiento siempre osado y contundente del aznarismo, ha ido administrando en sede parlamentaria y ante los medios. Pretende además confundir a la ciudadanía mezclando lo que es una práctica deontológica reglada que corresponde al personal médico (el llamado triaje que obliga a decidir por criterios sanitarios a quién se intenta salvar la vida y a quién no) con lo que ha sido una directriz política desde el gobierno autonómico que tuvo una consecuencia tan trágica como incontestable: el 80% de los fallecidos en marzo en residencias madrileñas no fueron derivados a hospitales en aplicación de esos “criterios de exclusión” (ver aquí).
No aprendemos. Ni siquiera en mitad de una pandemia que ha puesto patas arriba el mundo que conocíamos. Siguen tomándonos por imbéciles y seguimos acumulando méritos para que se sientan cómodos en ese ecosistema que abona la rueda permanente de la provocación-respuesta-crispación-equidistancia. Intentan convertir el 8M de 2020 en un revisitado 11-M de 2004. Si durante años alimentaron teorías conspiranóicas sobre unos atentados que desde el primer minuto sabíamos que eran obra del terrorismo yihadista, harán lo posible ahora para convertir una marcha feminista en una especie de aquelarre genocida. Y para ello tanto les vale distorsionar los datos conocidos de la epidemia aquel domingo como la influencia interna de un alto mando de la Guardia Civil llamado Diego Pérez de los Cobos.
Para extraer las muchas lecciones que deberíamos sacar de esta crisis inédita y compleja, deberíamos empezar por no caer en todas las trampas que nos tienden quienes acostumbran a imponer los marcos de debate público. No toquen con sus sucias manos al feminismo, que al parecer les quita el sueño incluso más que miles de muertes que quizás no pudieran evitarse, pero al menos deberían servir para que afrontemos todos los cambios de modelo socio-sanitario que sean precisos para no pasar otra vez por el mismo drama.
Fuente .......https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/06/06/contrainforme_del_atizando_feminismo_para_ocultar_horror_las_residencias_107484_1023.html
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Foto .La escritora Arundhati Roy. ANTONIO MORENO
Arundhati Roy suele irritar a los medios de comunicación y a las élites políticas de India como nadie más en el subcontinente, quizá porque ningún otro escritor, en India o en otro lugar del mundo, escribe hoy en día como Roy con una prosa penetrante y bella en defensa de las personas condenadas de la tierra.
El tiempo en la política india se puede marcar según el tiempo que ha pasado desde que Arundhati Roy enfadó al gobierno. Su meticulosa disección desde hace dos décadas del nada sostenible desarrollo de India, de su nacionalismo islamofóbico hindú y su violencia de castas, y también de la búsqueda por parte de Estados Unidos del imperio global ha demostrado ser correcta y sombríamente profética.
Cuando el pasado mes de diciembre se aprobó la ley india que restringe la ciudadanía de las personas musulmanas los lectores de los ensayos de Roy tenían un marco que abarca dos décadas atrás en el que situar este acontecimiento. A mediados del invierno se golpeaba y linchaba a las personas musulmanas en las calles de la capital. Era impactante, aunque no era la primera vez que ocurría, y los lectores de sus ensayos recordaron sus advertencias acerca de los asesinatos masivos en Gujarat en 2002, una crisis anterior que ella califica explícitamente de genocidio contemporáneo.
Roy es conocida por dos novelas musicales y hermosamente complejas. El ministerio de la felicidad suprema estuvo seleccionada para el Booker Prize en 2017 y su primera novela, El dios de las pequeñas cosas, había ganado ese premio veinte años antes. El verano pasado se recopilaron sus ensayos en un volumen de más de ochocientas páginas publicado por Haymarket Books con el título de My Seditious Heart [Mi corazón sedicioso]. Los tres libros de Roy, que ya está cerca los 59 años, suponen un importante logro literario.
El título de esta recopilación de ensayos alude a la capacidad de Roy de irritar a los fiscales del Estado y a sus aliados en los medios de comunicación. Desde que se publicó su primera novela los primeros son propensos a encajarle imputaciones y los segundos a instalarse fuera de su casa y arengarla por lo que ellos consideran su traición “antinacional”. Mientras trabajaba en su segunda novela sintió la necesidad de huir del subcontinente. El ministerio de la felicidad suprema es magistral e intrincado. El humor musical que aparece en sus novelas también engalana sus ensayos, así que su desdén por las políticas deshumanizadoras y paternalistas de India y Estados Unidos se ve amplificado por un profundo amor al lenguaje, una ironía cómplice y una rotunda demostración de solidaridad con la clase trabajadora, de afecto por los animales salvajes y de amor por el mundo natural.
Sus preocupaciones guían a los lectores a través de la violencia de los proyectos de grandes presas, del hecho de que India se haya unido alegremente a las potencias nucleares del mundo y de sus políticas atroces en Cachemira. Un koan constante es la preocupación acerca de lo mal que se pueden poner las cosas antes de que los liberales del país cuestionen lo suficiente el relato de la moderna India como una superpotencia. “Dada la historia de la India moderna, creo que teníamos que pasar por esta fase”, declaró en una entrevista el pasado otoño acerca del mandato del primer ministro de extrema derecha de India Narendra Modi. “Solo espero que no paguemos un precio demasiado alto mientras salimos de ella”.
The End of Imagination, 1998 — El final de la imaginación, trad.: Francesc Roca; colección Argumentos, Anagrama, Barcelona, 1998 24
The Algebra of Infinite Justice, 2001 — El álgebra de la justicia infinita, ensayos; prólogo de John Berger; trad.: Francesc Roca, Anagrama, Barcelona, 2002
Este es uno de los titulares más repetidos en telediarios, prensa escrita y digital, radio y redes sociales de España en los últimos días, tal y como se puede comprobar realizando un simple y rápido rastreo a través del buscador google.
No obstante, en la fecha de la publicación de este artículo, la declaración oficial de fallecidos por covid-19 en España asciende a un número aproximado de 27.000, de modo que los datos del Instituto Nacional de Estadística están constituyendo la tormenta perfecta para insinuar en la opinión pública las dos siguientes conclusiones:
1º: Los datos de muertes por covid-19 en España esconden un número de 17.000 fallecidos; la diferencia entre 44.000 y 27.000.
2º: Todo el incremento de fallecidos en España hasta mayo con respecto al mismo periodo del año 2019 se debe al covid-19.
Por supuesto, ambas insinuaciones son fácilmente desmontables atendiendo a los axiomas estadísticos más elementales, pero para aclararlo de forma visual basta con echar un vistazo al gráfico que encabeza el artículo, donde se muestra la estadística del INE que recoge los incrementos y los decrementos del número de fallecidos en España de los últimos años.
En primer lugar, como se puede observar, el número de fallecidos anual en España no es una constante. No se rige por una regla matemática por la que todos y cada uno de los años se registra la misma cifra, pongamos, por ejemplo, 400.000 muertes que se repiten sin alteración.
En segundo lugar, la serie estadística de fallecidos en España evoluciona cada año tanto con movimientos al alza como a la baja y sin necesidad de que existan sucesos extraordinarios, llegando a registrar incrementos de hasta más de 26.000 fallecidos en un año, tal y como sucedió en 2015.
Y en tercer lugar, y a modo de conclusión, tampoco puede “esperarse” que la cifra de fallecidos de ningún año sea X, dada la variabilidad de la serie observada en el gráfico, y mucho menos cuando la interpretación del concepto estadístico “esperanza” utilizado en los titulares aludidos se circunscribe exclusivamente a lo sucedido el año inmediatamente anterior.
De la misma manera que en 2015 ningún medio de comunicación alarmó a la sociedad trasladando que se hubieran producido más de 26.000 fallecidos con respecto al año anterior por alguna misteriosa causa, ahora, en 2020 y en plena pandemia, tampoco debería insinuarse la existencia de un nicho estadístico de fallecidos ocultos debidos al covid-19, a no ser que dicha insinuación responda, claro, a razones de tipo conspiratorio contra el gobierno actual.
Georg Floyd fue asesinado el día lunes 25 de mayo 2020 por un policía blanco en la ciudad de Mineápolis, Minesota. Floyd es la última víctima de una larga lista de hombres, mujeres y niños afroamericanos asesinados por fuerzas policiacas en los EE.UU.; 1949 vidas se perdieron por la brutalidad policiaca con tintes racistas entre 2013 y 2019.
Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, me levanto.
-Maya Angelou («Aun así me levanto»)
Georg Floyd, Breonna Taylor,Ahmaud Arbory,Tamir Rice,Trayvon Martin, Oscar Grant,Eric Garner, Philando Castile, Samuel Dubose, Sandra Bland,Walter Scott, Terrence Cruther, Michael Brown y tantos otros; nombres que están impregnados en la conciencia colectiva del pueblo afroamericano, porque representan el continuum de la larga historia de la violencia sistémica y del racismo estructural que se ha ensañado una y otra vez en su contra. 10,885 crímenes de odio racial contra el pueblo afroamericano se registraron entre los años 2014 al 2018.
Cuando el color de tu piel es el factor decisivo que pueda determinar si puedas ser asesinada, violentada, agredida física o psicológicamente y no pasa nada, una y otra vez, la ira, frustración y el dolor se acumulan y estallan.
El estallido y las protestas sociales que ocurren en diferentes ciudades de los EE.UU. en respuesta al asesinato de Floyd, surgen en un contexto político particular. Un régimen político encabezado por Trump, un simpatizante del KKK, el crecimiento de grupos racistas de supremacía blanca y de la ultraderecha neofascista, el devastador impacto de la pandemia sobre las comunidades afroamericanas, y una crisis económica sin precedente, en el cual más de 40 millones de personas han perdido sus fuentes de trabajo durante los últimos dos meses.
El 13.4% de la población estadounidense es afrodescendiente y a pesar de ciertos avances en materia de derechos socio-económicos durante los últimos 50 años, el racismo estructural e institucionalizado han impedido romper las barreras de la desigualdad, pobreza, discriminación, ni solventado los rezagos en materia de educación, salud, ingresos, vivienda, o acceso en condiciones de igualdad al sistema de justicia.
Solo el 42% de las familias negras poseen viviendas propias, porcentaje que se ha reducido en un siete % desde el año 2004. 1 50 años después de haberse decretado el Fair Housing Act, la segregación racial residencial persiste. En más de 51 regiones metropolitanas en los EEUU con menos de un millón de habitantes, el índice de segregación2 se sitúa aún cerca de 60. Las viviendas ubicadas en comunidades afroamericanas son valoradas en promedio $48 mil menos, y tras la crisis del 2008 muchas familias perdieron sus viviendas y casas. 3 Esta segregación de facto significa en la práctica menor inversión pública en educación, salud,infraestructura, y creación de fuentes de empleo.
Cuando se analiza los ingresos anuales de la población afrodescendiente durante el periodo de 1967 al 2016, se puede observar que durante un periodo de 50 años la segmentación clasista no ha variado significativamente.
El ingreso promedio de familias de origen afrodescendientes se sitúa alrededor de $ $41,361 para el año 2017, 20 mil dólares menos que el de la población blanca $63,178.00. La tasa de desempleo a nivel nacional, se ubicaba en el 16.7% casi el doble del promedio nacional, antes del impacto de Covid 19.
Esta situación se agrava con la crisis económica. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jay Powell afirmó recientemente que «de las personas que trabajaban en febrero, casi el 40% de los hogares que ganaban menos de 40,000 dólares al año habían perdido su empleo en Marzo».4 Es este segmento de ingresos en el cual se sitúa un número de la clase trabajadora de origen afrodescendiente, lo que quiere decir, que han sido impactados profundamente por el desempleo y pérdida de ingresos.
Mientras integran el 12% del PEA nacional, constituyen un 25% de la fuerza de trabajo que se dedica a mensajería, 27% de trabajadores del correo y 31% del transporte público y el 17% del total de trabajadores de salud, labores que han sido de particular importancia durante la crisis Covid19.
En las comunidades negras de EEUU, la hipertensión, diabetes, obesidad y afectaciones cardiacas son problemas de salud de dimensiones epidémicas. Las mujeres afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo o parto (40.8 per 100,000 versus 12.7 per 100,000) y la mortalidad infantil es el doble que el promedio nacional(10.9 per 100,000 versus 4.7 per 100,000).El 11.6% de la población carece de cobertura médica5. Previo a la existencia del programa “ Obamacare” esta cifra se situaba en un 19%. Desde la llegada del régimen trumpista, 167mil personas afrodescendientes perdieron su cobertura de salud.6
En este contexto, Covid19 ha causado profundos estragos en el pueblo afroamericano, que registra tasas de contagios y de mortalidad más altos que otros grupos étnicos en los Estados Unidos.
Tabla No.2 Impacto de Covid19 sobre población afroamericano
Al 22 de mayo 2020, habían fallecido 18,115 personas y se habían contagiado más de 160mil por causa del Covid19, según datos del Center of Disease Control (CDC) de los EEUU.
El complejo industrial militar, la economía de la guerra y el encarcelamiento masivo
2.3 millones de personas se encuentran confinadas en las cárceles estadounidenses (2017), un incremento de 700% desde el año 1970. Aproximadamente el 40% de la población carcelaria es afrodescendiente. La tasa de encarcelamiento es cinco veces más alto que el de otros grupos étnicos.
El complejo carcelario industrial funciona en gran medida mediante la subcontratación de corporaciones privadas, que se enriquecen con la administración de las prisiones, el trabajo esclavo de los prisioneros, que se han convertido en lobbies poderosos para preservar sus privilegios y evitar reformas al sistema de justicia que permitiría acabar con el encarcelamiento masivo. CoreCivic Inc y Geo Group, dos de las corporaciones más grandes del complejo carcelario industrial, apoyaron con importantes donaciones a la campaña presidencial de Trump y son las que ahora administran los centros de detención de los migrantes. En un contexto de crisis económica, las prisiones se convierten un lucrativo negocio porque permite contratar mano de obra a una fracción mínima del salario mínimo, del cual se han beneficiado empresas como Chevron, TWA, Victorias Secret,Texas Instrumento, Microsoft, Nike, etc.78
Por otro lado, el gasto militar en los EEUU ha crecido continuamente subiendo de $596.10 billones(2015) a $721.5 billiones(2020). La economía de la guerra que ha permitido la supremacía militar de los EEUU y su política imperial global, está empobreciendo crecientemente a los norteamericanos. Según datos de la organización “ The poor peoples campaign” 140 millones de estadounidenses, o sea el 43.4% de la población total vive en condiciones de pobreza: que incluye 65.6 millones de personas blancas, 23.7 millones de afrodescendientes, 38 millones de latinos, 8 millones de origen asiático y 2.14 de los pueblos originarios, en tanto que la transferencia de la riqueza hacia el 1% de los más ricos se ha intensificado durante la última década. 400 multimillonarios han acumulado más riqueza que 200 millones de estadounidenses.9
Una nueva etapa de lucha para el pueblo afroamericano y todos los marginados por el sistema
El pueblo afroamericano nunca ha sido pasivo ante esta realidad, su larga historia de lucha y resistencia está ampliamente documentado. La radicalidad en “ potencia” tan temida por el establishment, y los supremacistas blancos que están incrustados en puestos estratégicos del estado, lo convierte en un objetivo permanente de vigilancia, control social, políticas de cooptación o de represión.
El incremento de los crímenes de odio contra el pueblo afroamericana, la impunidad y la creciente brutalidad policíaca motivaron la conformación del Movimiento Black Lives Matter en el 2013. Fue en el marco del asesinato de Michael Brown y el levantamiento en Ferguson, Missouri en agosto del 2014 que emerge públicamente y se ha constituido en una organización de relevancia que ha promovido movilizaciones, denuncias, campañas de concientización a nivel nacional.
El movimiento por los derechos del pueblo afroamericano en su diversidad ha planteado una amplia agenda de demandas en torno a las cuales estructura luchas locales y nacionales.
La demanda por el control democrático de las agencias policiacas, de los sistemas de justicia y seguridad, el poner fin al encarcelamiento masivo y la pena de muerte;
Profundas reformas al sistema de justicia y carcelario;
Poner fin de la estigmatización y criminalización de las comunidades afroamericanas que enfrentan problemas de criminalidad y pobreza,
Poner fin a la criminalización y deshumanización de la juventud,y de las actividades de protesta;
Cese de la vigilancia masiva de las comunidades afroamericanas, la utilización indiscriminada de drones,cámaras de vigilancia y tecnología de espionaje;
La liberación de los presos políticos afroamericanos
La desmilitarización de las fuerzas policiacas, escuelas públicas y los campus universitarios, y reducción del presupuesto militar;
Mayor inversión pública en políticas sociales, infraestructura, creación de empleo en los territorios habitados por el pueblo afrodescendiente y especialmente en los lugares que fueron decimados por la desindustrialización, el desempleo estructural y abandono estatal ( Detroit, Baltimore) etc;
Acceso ilimitado a la educación gratuita en todos los niveles, el fortalecimiento de programas de becas recuperar y fortalecer la educación pública, cesar la privatización y aumentar la participación democrática en los procesos educativos.
Cese de privatización de bienes naturales Agua, tierra, y control democrático para que sea utilizado para el bien común;
Reformas al sistema político electoral y el cese de las pràcticas de reestructurar los distritos electorales e incrementar las barreras para que la población afroamericana pueda participar libremente en los procesos eleccionarios;
Acceso al internet y la tecnología para las comunidades afroamericanos, y especialmente para la niñez y juventud;
Crear políticas de reconocimiento del aporte del pueblo afroamericano, la reivindicación de su memoria histórica, cultura y resistencia;
Implementar políticas de reparación por los impactos acumulados causados por la esclavitud, el racismo estructural y sus secuelas.10
Durante la última década, ha habido un crecimiento numérico de las organizaciones de base comunitarias críticas frente al sistema, lo que ha permitido darle un nuevo impulso a coaliciones y redes que se posicionan de cara a las demandas del pueblo afroamericano, del movimiento de mujeres, trabajadores, pueblos originarios, migrantes,etc, y plantean nuevas agendas estratégicas para la transformación radical del sistema económico y político de los EEUU. La organización “ The Poor Peoples Campaign”11 dirigido por el reverendo William Barker, quien retoma la propuesta promovido por Martin Luther King en 1968, para articular las fuerzas, demandas y luchas de los empobrecidos, es un buen ejemplo, de los importantes esfuerzos de organización que existen para impulsar cambios más contundentes en los EEUU.
El asesinato de Georg Floyd, las protestas y escenarios futuros
a)El brutal asesinato de Georg Floyd por parte de un policía blanco, que pudo presenciarse mundialmente gracias a que testigos divulgaran el video, desnudó la realidad de la brutalidad policiaca en contra del pueblo afroamericano. El linchamiento de Georg Floyd duró 8 minutos y 56 segundos. Las palabras tan conocidas y expresados en el 2014 por Eric Garner, I can’t breathe, no conmovieron al asesino, ni sus gritos de dolor, ni su sufrimiento físico cuando la vida ya se escapaba de su cuerpo.
b) No fue el primer caso en Minéapolis, ni en Minnesota, estado que ha sido caracterizado por uno de los peores en desigualdad racial, con grandes brechas en empleo, ingresos, acceso a vivienda, educación etc. Un estudio realizado encontró que personas afrodescendientes tienen 10 veces más la posibilidad de ingresar a la cárcel que otros grupos étnicos; el ingreso promedio anual se sitúa alrededor de $30,306, comparado con $66,979,de la población blanca, y existen profundas brechas en todos los indicadores sociales. 12 La presencia de organizaciones radicales de extrema derecha que simpatizan con el KKK y la supremacía blanca ha crecido en los últimos años. Según un reportaje13 la propaganda de estos grupos creció en un 160% durante el año 2019
c) La indignación ha motivado protestas espontáneas en muchas ciudades de los EEUU en las que han participado diferentes grupos étnicos, clases sociales y edades. La consigna “Black Lives Matter” fue acogida como símbolo principal en la que se ha reivindicado la vida de “Georg Floyd”, demandado el arresto de los policías involucrados en el asesinato, recordado el largo listado de las víctimas de la violencia policiaca, y exigido profundas reformas al sistema de justicia, político y económico del país.
d) Las protestas pacíficas fueron dando lugar a acciones de sabotaje, quema de edificios y destrucción de partes de la ciudad de Minneapolis, que los activistas locales atribuyen a personas infiltrados, porque destruyeron propiedades, viviendas y lugares recreativos de la comunidad afroamericana, latina e indígena. En situación de ira los pueblos pueden estallar violentamente, así la historia lo ha demostrado. Sin embargo, sería un acto de ingenuidad política creer que no se hubieran infiltrado agentes del estado o grupos de la extrema derecha para desacreditar el movimiento y desviar la atención de los problemas de fondo hacia los destrozos.
e) La expansión de los disturbios, saqueos, quema de edificios, vehículos y protestas que comenzaron a extenderse a otras ciudades de los EEUU, parece indicar que el asesinato de Floyd Georg, fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia. Se observa un estallido social, espontáneo y sin conducción clara, manifestaciones de ira y la desesperación, no solamente del pueblo afroamericano, sino de los empobrecidos, hambrientos, endeudados y desempleados y que no ven un futuro para ellos, ni para sus hijos. Las ciudades en toque de queda son Los Ángeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minneapolis, Saint Paul, Rochester, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo, Eugene, Portland, Philadelphia, Pittsburg, Charleston, Columbia, Nashville, Salt Lake City, Seattle, Milwaukee y San Francisco.( Telesur,31 mayo 2020)
f) A pesar de los toques de queda, la militarización, la llegada de la guardia civil ,miles de ciudadanos de diferentes grupos étnicos y edades han desafiado las ordenes de quedarse en casa, caminan con los rótulos levantados, visibilizan las razones del porque protestan e intervienen políticamente para reagrupar a la gente en torno a formas pacíficas de protesta e impedir que se provoque saqueos. El rol de los liderazgos locales para canalizar y articular los movimientos de resistencia y las luchas ha sido y será de particular importancia .
g) Para el pueblo afroamericano, los movimientos sociales, las resistencias locales, la izquierda o fuerzas socio políticas democráticas se abre una etapa de oportunidades políticas y de riesgos.
Desde ya, las elites y el establishment, impulsan una narrativa discursiva que los responsables de los levantamientos son “provocadores” externos, y según la conveniencia política, los hechos son atribuidos a Rusia, a los anarquistas, la extrema izquierda o grupos radicales de derecha. Es muy probable, dada la existencia de un sofisticado sistema de vigilancia y control social, que se desaten medidas represivas y capturas masivas de personas involucradas en las protestas.
Por otro lado, es previsible que el establishment y los medios corporativos, intentarán impedir a toda costa que las causas estructurales de fondo se visibilizan y se conviertan en el foco de atención principal del debate. No solamente porque es un año electoral, sino porque desnuda el fracaso y la profunda crisis del sistema políticos y económicos estadounidense.
Para el pueblo afrodescendiente la coyuntura abre la oportunidad política para visibilizar sus demandas estratégicas que trascienden el caso del asesinato de Georg Floyd, la brutalidad policiaca y las necesarias reformas al sistema de justicia, policial y carcelario. Constituye una oportunidad para unificar criterios, unidad de acción y posicionar nacionalmente los nuevos liderazgos que se han formado durante las últimas décadas de lucha.
La unidad o articulación de las fuerzas democráticas, de izquierda, movimientos sociales, académicos y artistas estadounidenses para promover cambios sustanciales es más importante que nunca. Hoy por hoy, EEUU representa una amenaza directa para la estabilidad geoestratégica global y la paz; las reiteradas y cada vez más profundas violaciones al derecho internacional, a los tratados multilaterales, su desprecio hacia la ONU, los derechos humanos, las crecientes amenazas y agresiones contra China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán configuran un escenario de enorme inestabilidad y tensión global. Solo los pueblos que viven en los EEUU puedan evitar que esta escalada desencadena en una conflagración mundial.
