Starmer se abraza a los nietos de Mussolini
Nathan Akehurst
Kristina Millona
22/09/2024Cuando Keir Starmer desechó el desastroso acuerdo de las deportaciones a Ruanda ideado por los conservadores a los pocos días de asumir el cargo, se produjo un suspiro de alivio. Muchos acogieron con satisfacción lo que parecía un cambio decisivo respecto a la estrategia del gobierno anterior de recurrir a una implacable crueldad para con aquellas personas que emigraban con el fin de distraer la atención de sus fracasos a la hora de gobernar.
Algunos incluso esperaban que la campaña laborista -que contó con la deserción de un conservador de extrema derecha que argumentaba que los conservadores no eran suficientemente duros en cuestión de fronteras- no fuera más que una inteligente maniobra electoral. Pero mientras el gobierno laborista intensifica las deportaciones masivas y redadas en centros de trabajo, reabre centros de detención infestados de abusos y se plantea devolver al Reino Unido al redil de un mortífero régimen europeo de control de la inmigración, parece que hay que tomarse al pie de la letra la campaña de Starmer.
Esta semana, el primer ministro está en Italia compartiendo el pan con Giorgia Meloni, una dirigente que llegó al poder al frente de un partido formado tras la Segunda Guerra Mundial para preservar la herencia de Benito Mussolini y el fascismo italiao. Starmer afirma que quiere aprender y cooperar con el planteamiento de Meloni sobre la inmigración.
Esto se produce mientras Italia y Albania firman un acuerdo que incluye la construcción de centros de detención en territorio albanés, donde se trasladaría a los nacionales de terceros países rescatados en el mar Mediterráneo para la tramitación extraterritorial de sus solicitudes de asilo y, potencialmente, para su expulsión. Meloni saludó el protocolo como un «acuerdo histórico para toda la UE».
Las organizaciones de derechos humanos advierten de que la detención arbitraria legitimada por el acuerdo podría dar lugar a posibles violaciones de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a la defensa jurídica y los derechos de asilo. Las audiencias sobre las solicitudes de asilo se celebrarán a distancia, y las autoridades italianas, sobrecargadas de personal, tendrán que tramitar las solicitudes procedentes de Albania en sólo 28 días, lo que limitará aún más las garantías procesales.
En una visita esta semana a los centros de Albania, pudimos ver la rápida construcción de un muro de siete metros de altura para cercar los campos de detención, lo cual, según los guardias que patrullan estos lugares, «garantizará que ningún migrante allí encerrado pueda escapar».
El acuerdo con Albania es la última de una serie de medidas italianas que han empeorado la ya grave situación en el Mediterráneo central, la ruta migratoria más mortífera del mundo. Meloni llegó al cargo prometiendo un «bloqueo naval» contra los migrantes. El año pasado, uno de nosotros viajó en un barco de salvamento marítimo civil que fue detenido y multado por el supuesto delito de salvar demasiadas vidas.
Italia recurre habitualmente a la detención arbitraria, la asignación de puertos de seguridad lejanos, el acoso burocrático o las detenciones directas para impedir que la gente salve vidas en el mar. La retórica sobre la represión de las bandas de contrabandistas parece sencilla. Pero en realidad, las personas que buscan seguridad, las que proporcionan ayuda y las que prestan servicios básicos son criminalizadas sistemáticamente como contrabandistas.
El caso de Ibrahima Bah, un adolescente senegalés condenado por entrada «ilegal» en el Reino Unido y homicidio involuntario, nos recuerda las consecuencias de criminalizar como contrabandistas a las personas que emigran. Bah fue detenido en diciembre de 2022 y, posteriormente, condenado a nueve años por las autoridades británicas por conducir una embarcación a través del Canal de la Mancha.
El trágico naufragio de la embarcación se saldó con la muerte de cuatro personas. Ante la escasez de rutas accesibles y legales, Ibrahima se vio obligado a dirigir la embarcación a cambio de pasaje gratuito para él y su hermano. Estos casos son rutinarios en Italia.
La cosa empeora. Starmer y Lammy también han señalado que buscarán inspiración en los acuerdos europeos con Libia y Siria.
Externalización de la violencia
Durante años, Italia, junto con Francia y la UE, han invertido dinero en la llamada «Guardia Costera Libia», una fuerza que con regularidad comete abusos e incluso dispara contra aquellas personas que cruzan el Mediterráneo, y las arrastra devolviéndolas a su detención en Libia.
En los infames centros de detención de Libia, la violencia, la tortura y la esclavitud son moneda corriente. Muchos detenidos se encuentran encerrados en los centros después de haber sido interceptados y devueltos como resultado de sus desesperados intentos de cruzar a Europa. Hay desgarradores relatos que hablan de hacinamiento en cuartos sin ventilación en las que la comida se desliza por debajo de las puertas cerradas, palizas rutinarias y brotes regulares de enfermedades debido a las insalubres condiciones.
Lejos de la retórica que habla de «acabar con las mafias», la financiación europea ha acabado en manos de milicias profundamente implicadas en el contrabando, a las que Frontex, la agencia de fronteras de la UE, transmite la ubicación de los barcos en apuros. A principios de este año también se descubrió que la financiación europea era cómplice de operaciones policiales en las que miles de migrantes, en su mayoría negros, se veían detenidos y abandonados en los rigurosos desiertos del norte de África, y a menudo se les da por muertos.
Siria sigue siendo un lugar profundamente inseguro al que la gente no puede regresar, a pesar de los intentos de algunos Estados de la UE de «delimitar» zonas seguras dentro de Siria a las que se pueda devolver a los refugiados. Un reciente informe sobre Siria publicado por la Comisión de Investigación de la ONU ha señalado la escalada de la crisis humanitaria a lo largo de varias zonas de Siria asoladas por guerras cada vez más intensas. El informe concluye que el país sigue siendo inseguro y que las denominadas «zonas seguras» son en lo fundamental zonas fallidas e inhumanas.
Cuando el gobierno laborista canceló el plan de Ruanda, señaló correctamente que era cruel e inviable. Externalizar la violencia fronteriza a otros países no impide que la gente emigre, sólo causa miseria y sufrimiento a las personas que se desplazan. Desvía fondos públicos muy necesarios a los bolsillos de gobiernos sin escrúpulos y empresas con ánimo de lucro que proporcionan armas, muros y vigilancia para mantener la maquinaria.
Hay una trágica ironía en el hecho de que la visita de Starmer a Italia también implicara el anuncio de una inversión británica de 485 millones de libras por parte de Leonardo, una empresa armamentística implicada tanto en la venta de armas a zonas de conflicto donde hay personas desplazadas, como en la construcción de fronteras militarizadas que se enfrentan a las personas que huyen.
El relato de las «crisis migratorias» oculta la complicidad de países poderosos como Italia y el Reino Unido a la hora de alimentar los desplazamientos a través de la política económica y exterior. Y degrada el marco de derechos humanos que nos protege a todos.
Un primer ministro que ha hecho tanto hincapié en su formación como abogado de derechos humanos debería entender esto. Estamos viviendo un retroceso sin precedentes de derechos, valores y normas, del que la migración es sólo un ejemplo.
La promesa de socialdemócratas y liberales era que devolverían la decencia a la política, no que adoptarían consejos políticos de gobiernos de extrema derecha. En lugar de repetir la estrategia del gobierno anterior de acoso a los inmigrantes y brutalidad -un factor que influyó en las turbas que hace sólo unas semanas intentaron prender fuego a las personas que buscaban asilo - Keir Starmer debería utilizar su mayoría para trazar un rumbo diferente: un rumbo que cumpla con nuestras obligaciones de proteger, en lugar de dañar, a las personas que buscan seguridad y que no intente dividirnos por el lugar en el que hemos nacido.
A su regreso de Italia, el primer ministro debería centrarse más en el frente doméstico, en abordar las necesidades de las personas y los servicios públicos que llevan sufriendo años de austeridad y mala gestión, y en construir esa Gran Bretaña más justa y decente que ha prometido.
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