domingo, 7 de febrero de 2021

Entrevista sobe las vacunas a Marc Botenga,.

 Entrevista a Marc Botenga , eurodiputado belga. Grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo

“Hemos pagado cuatro veces el valor de la vacuna. Las patentes deben retirarse, es una pandemia”

 Casandra Greco  

 Fuentes: CTXT  

Marc Botenga (Bruselas, 1980) es una rara avis dentro del Parlamento Europeo. Joven, paciente, enérgico, de atenta escucha y carcajada honesta, rezuma una gran solidez ideológica y formativa.

 Alejado de la política vacía del opinion maker cree firmemente en lo que dice. De un gran rigor profesional destaca por ser una de las voces más comprometidas en la lucha por los derechos laborales, sociales y sanitarios. Experto en derecho, encabezó la lista por el Parti du Travail de Belgique (Bélgica) en 2019. Las preguntas que ha elevado a la Comisión Europea son siempre incisivas. Sus intervenciones en las sesiones plenarias no dejan nunca indiferente. No se rinde y tampoco da margen a la escapatoria fácil de la realpolitik.

 Su nombre ha saltado a los medios de comunicación internacionales por haber sido el primer eurodiputado en acceder a la consulta “censurada” de uno de los seis acuerdos de compra anticipada de vacunas anti-covid-19 por parte de la Comisión Europea. En esta entrevista, que resume una hora de conversación, ofrece una reflexión pausada y honesta dentro de la vorágine pandémica que nos circunda.

 Usted hizo público que solo dispuso de 50 minutos para consultar el contrato firmado con la farmacéutica alemana CureVac bajo estricta vigilancia y permitiéndole acompañarse exclusivamente de un bloc de notas y un lápiz. Parece casi la secuencia de un film de espionaje en plena guerra fría. Sin embargo los contratos tratan de vacunas, de un bien público destinado a garantizar el derecho fundamental a la salud. Y esto me lleva a preguntarle: ¿La covid-19 está alterando el derecho de acceso a la información pública o es un caso aislado? ¿Existe transparencia en la Unión Europea (UE)?

 No. Esta es una transparencia ficticia, esto es, sujeta a filtros. Y, por tanto, que no está a la altura de lo que cabría esperar cuando se utilizan fondos públicos para financiar algo que es de vital importancia para el mundo entero. Así que ciertamente, no, esto no es transparencia. De hecho, la expresión que utilicé en el pleno parlamentario es que la Comisión Europea (CE) ha privatizado la transparencia.

 ¿En qué sentido?

 Dejó que la industria farmacéutica decidiera qué mostrarnos y qué no. En ese sentido, ha sido menos transparente que las autoridades estadounidenses, mucho más abiertas al publicitar el contrato y la totalidad de sus cláusulas. Con posterioridad a la sesión plenaria, la Comisión decidió publicar una versión censurada del contrato de CureVac en su web. Se puede decir que ganamos esa pequeña batalla. Es una victoria importante. Es evidente que estamos aún muy lejos de donde debemos estar. Estoy a favor de la transparencia total, es decir, de un control independiente sobre las vacunas, sobre la administración… Eso lo tengo muy claro.

 El presidente de la Comisión de Salud, Pascal Canfin, definió la falta de transparencia en lo que respecta al precio, rapidez de distribución y cláusulas de indemnización de las vacunas ante daños inesperados como una ‘orgía de omisiones.’ Parece que hay preguntas aún sin respuesta. ¿Es así?

 Creo que todo lo que refiere Pascal Canfin es cierto. La ausencia de transparencia es claramente un problema. La CE se esconde tras el secreto comercial. Lo que me parece improcedente e injusto: ¿por qué no se debería revelar el secreto comercial en Europa? Quiero decir, lo que es público en Estados Unidos tiene que ser público en Europa. Pero pienso que tampoco deberíamos subestimar aquello que sí sabemos de estos acuerdos. En este punto difiero un poco de Pascal Canfin. En mi opinión, ciertas cosas las conocemos y son inquietantes. Sabemos, por ejemplo, que la propiedad intelectual, la patente, permanece al 100% en manos de la industria.

 ¿Y eso qué implica?

 Esto implica que, si bien los fondos públicos han financiado la investigación, el desarrollo, la capacidad productiva…, la propiedad final de la vacuna sigue siendo de la empresa. Esto se traduce, a fin de cuentas, en que es la empresa la que decide la cantidad de vacunas que se puede producir y el precio de venta. Ahora estamos viendo las consecuencias del problema. En muchos Estados miembros, Pfizer realmente ha decidido limitar el número de dosis, es decir los viales de vacuna, que se van a distribuir. En el caso específico de Italia hemos constatado que hace dos semanas recibieron aproximadamente unas 160.000 dosis menos de lo acordado. La UE ha conferido el monopolio a las empresas farmacéuticas. Lo mismo sucede a nivel internacional. La política tiene un margen de maniobra muy limitado. En cambio, si elimináramos la patente, muchas más empresas podrían fabricar la vacuna. Dispondríamos de un mayor número de vacunas en menor tiempo y esto nos permitiría disponer de campañas de vacunaciones mucho más rápidas.

 ¿Y qué hay de la responsabilidad legal sobre los ‘daños’?

 Que no conocemos en profundidad los términos sobre esta responsabilidad, es cierto y no. Efectivamente, Canfin no se equivoca al afirmar que hay párrafos censurados. Desafortunadamente, esto es cierto. Pero también vemos claramente en el contrato (punto 1.23.3) –aunque no en detalle– que la responsabilidad recae en los Estados miembros. Esto está meridianamente claro en el contrato. En caso de daños serán los Estados miembros quienes asuman el coste. Las propias farmacéuticas –CureVac y otra industria filial de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)– nos avisaron cuando vinieron al Parlamento. Nos dijeron: “Ustedes, deben pagar. Deben correr este riesgo”. Así que no estamos completamente a ciegas. Vemos cosas y ciertas cosas son muy inquietantes porque ilustran que seremos nosotros quienes asumamos el pago y no las farmacéuticas.

 Pero no debería ser así…

 Si. Esta no es una cláusula habitual, por así decir, en los contratos europeos. Es algo que se hace, de vez en cuando, en EE.UU, pero raramente en la UE. Realmente nos enfrentamos a una situación en la que la UE, la Comisión Europea, ha cedido más que en anteriores ocasiones.

 Existe una Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’ para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita. Yo misma la firmé el otro día ¿Qué opina?

 La expresión que utilicé en el pleno parlamentario es que la Comisión Europea ha privatizado la transparencia

 Esta es una iniciativa realmente importante que acaba de lanzarse. Piense que esta iniciativa es clave, incluso para España, porque las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de la salud, pero también los partidos políticos que trabajan en este tema permiten darle una gran visibilidad. Es una iniciativa que pide transparencia pero también que se retiren las patentes por una razón básica: se trata de una pandemia. Es decir, no solo hemos pagado ya tres, cuatro veces el valor de esta vacuna –en lo que se refiere a investigación, desarrollo, producción, licencia de compra…–, sino que nadie estará protegido hasta que todos estemos protegidos. Y, por tanto, esto es un problema de salud pública mundial. Y por eso nosotros, con nuestro grupo, y también en sesión plenaria, hemos respaldado esta iniciativa. Esperamos que consiga atraer una auténtica movilización social y, obviamente, también en España.

 La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, aseguró a los eurodiputados que “sus peticiones de transparencia han sido escuchadas”. ¿Está de acuerdo? ¿En qué se traduce concretamente?

 Lo desconocemos. Llegó a decir en una sesión plenaria que el contrato de Pfizer se haría público, que tenían un acuerdo con Bourla. Luego, dos horas más tarde, hubo un tuit del portavoz de la Dirección General de Salud (DG-Santè), quien afirmó todo lo contrario. Expuso: “No tenemos aún un acuerdo con Pfizer”. La Comisión no es del todo clara. Hace promesas porque está bajo presión.

 Hasta este momento estamos hablando de la transparencia de los contratos de compra, pero ¿aquí acaba la transparencia?

 Aquí hay otro aspecto problemático, que es la transparencia de aquello que denominamos “brotes”. En Bélgica, por ejemplo, durante mucho tiempo, no se podía determinar el foco real de infección. Era un problema porque no sabíamos dónde estaba el origen. ¿Por qué? No se quería dar a conocer este dato porque no se quería presionar a las empresas, a las fábricas de producción, etc. Ahora lo sabemos. Sabemos que gran parte de las infecciones tenían lugar en el ámbito laboral. Lo que debería incitar a los gobiernos a realizar más inspecciones para ver si cumplen con las normas establecidas. En lo que respecta a los datos de las estadísticas, en general es todo un reto obtenerlas a nivel local pero también a nivel nacional. Por ejemplo, el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) discrimina cada zona de riesgo por colores, pero estos no se interpretan ni se utilizan de la misma manera en todos los países. Para decirlo claramente, los países los adaptan un poco a su modo, ¿no? Y por lo tanto, incluso esto es un problema, si bien, mucho más capilar. Por nuestra parte, siempre abogamos y reclamamos todavía aún hoy la disposición de todos los datos posibles en open access. Los solicitamos, por ejemplo, para poder identificar los brotes, conocer la cantidad de vacunaciones realizadas… Aunque parezca insólito, en Bélgica, hasta hace poco, hasta hace dos semanas no había datos públicos oficiales del número de vacunas realizadas.

 Hemos cruzado el umbral de los dos millones de muertes asociadas con la covid-19. Los países europeos han estado en el epicentro de la pandemia y el exceso de mortalidad en las tres oleadas. En su opinión, ¿ha pesado quizás más la economía que la salud o son otros los motivos?

 Si bien los fondos públicos han financiado la investigación, el desarrollo, la capacidad productiva…, la propiedad final de la vacuna sigue siendo de la empresa

 Hemos visto que la economía ha pesado más que la salud en diferentes momentos. Lo vimos en su tiempo en Lombardía (Italia), cuando la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) presionaba para no cerrar ciertas fábricas y lo vemos ahora con la vacuna. Sin embargo, el punto en el que nos encontramos ahora es el mismo. Sí, este es un sistema económico problemático. Sin embargo, según pasa el tiempo, esta crisis está abriendo una oportunidad para poner sobre la mesa ciertas cosas. Pienso, por ejemplo, en la idea de invertir en salud pública. Durante años, hemos asistido a importantes recortes en diversos países. Hemos visto a la Comisión Europea insistir a los países miembros en sus recomendaciones, hasta en 63 ocasiones,  para que redujeran el gasto público en salud. Hemos visto privatizaciones en todas partes. Pero hoy crece el número de personas que dicen: “Realmente necesitamos un sistema de salud muy fuerte con una primera línea de base (médicos de atención primaria) mejor financiada que antes”. Este cambio también lo constatamos en las vacunas. En el caso de medicamentos esenciales, dependemos por completo de la buena voluntad del poder farmacéutico. Ahora bien, ¿es esto normal? Desde este punto de vista veo un resquicio de esperanza. Es decir, veo todo lo que salió mal, pero también veo que hay una cierta apertura en la opinión pública para cambiar la lógica de las cosas.

 ¿Cómo valora el papel desempeñado por la UE en la gestión del SARS-CoV-2? ¿Ha estado la Unión Europea a la altura de esta pandemia y de la ciudadanía? Los ciudadanos tuvieron la impresión de que la UE actuó casi a cámara lenta y de modo algo caótico ¿Cuál es su opinión?

 Esta no es una elucubración. Fue así. Es decir, hemos presenciado todas estas luchas intestinas nacionales, nacionalistas, de los diferentes países. Alemania que bloqueaba el material médico… En mi opinión, ocurrieron situaciones y olas muy negativas porque todos los países han hecho lo mismo, han actuado cada uno, un poco a su manera ¿no? La UE se construyó principalmente como un espacio de competitividad económica y claramente esto ha dificultado la coordinación. Por ejemplo, Lombardía dijo: “Si cerramos, entonces tal vez, la región del norte, nuestro país perderá competitividad frente a Alemania”. La dinámica del mercado y de la competencia es, no obstante, el ADN de la UE. Lo que hace muy difícil cooperar, colaborar…

 La idea de negociar conjuntamente con las farmacéuticas era buena porque si la UE dice: “Somos 27 Estados miembros, 450 millones de personas, negociamos a un precio más alto que cada país”… Lamentablemente, después, han negociado, vamos a decirlo así, mal. Cedieron a las demandas de las compañías farmacéuticas. Alemania decidió luego negociar en paralelo…

 ¿Es un problema de falta de competencias?

 Si elimináramos la patente, muchas más empresas podrían fabricar la vacuna. Dispondríamos de un mayor número de vacunas en menor tiempo

 Hay quienes dicen que esto sucede porque la UE no tiene competencias. Yo creo que no es cuestión de competencias sino de voluntad; de si queremos o no; de si renunciamos a nuestra competitividad económica o pensamos en la salud pública como una prioridad. La respuesta en cada uno de los Estados ha sido optar por la competitividad económica, lamentablemente. La UE tiene una enorme responsabilidad en el debilitamiento de los sistemas nacionales de salud y en la austeridad. Esto es algo que no debemos olvidar. El hecho de reclamar un poder competencial es consecuencia directa del tipo de Europa que hemos construido. También han existido pequeños bellos momentos como la compra común agrupada de vacunas ¿no? Lo que más me preocupa ahora, sin embargo, es que la UE está ideando un nuevo programa de salud, es decir, un Programa Europeo de Salud, y allí el sector privado jugaría un papel muy importante. Me temo que si lo permitimos, la construcción de esta Europa de la salud acabe siendo, en realidad, una construcción de mercado más que de un sector público de salud a nivel europeo. Y esto, lo temo, lo temo mucho.

 “Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”. Este es el lema de la OMS y la UE. Para garantizar la igualdad de acceso a las vacunas en los países pobres se creó la herramienta COVAX. Sin embargo, en estos días, el mismo director general de la OMS ha publicado este impactante tuit: “Se han administrado más de 39 millones de dosis de la vacuna en al menos 49 de los países de mayores ingresos. Solo 25 dosis se han administrado en uno de los países de menores ingresos. No 25 millones, ni 25.000, sólo 25 dosis”. ¿Es esto un fracaso moral?

 En terceros países es un desastre, una catástrofe moral. Esto es lo que dijo Tedros Adhanom porque habrá cerca de setenta países que no tendrán acceso a la vacuna este año. Algunos países y personas deberán esperar a 2024. Sí, esta es una catástrofe inmoral por falta de solidaridad. Se pidió que se suspendiera la patente a Sudáfrica y la UE lo rechazó, en consonancia con la Organización Mundial del Comercio. Lo encuentro escandaloso. Sobre el tuit de Tedros, son las cifras las que destrozan la retórica de la CE sobre la solidaridad internacional. No se trata de elegir entre Europa o el resto del mundo. La elección que debía hacerse es: ¿queremos beneficios privados a través de patentes o queremos una vacuna pública y común? Esa era la elección, una elección que todavía nos estamos planteando hoy día.

 Ante el imparable número de muertes y la incertidumbre de mutaciones que podrían poner en peligro la eficacia de las vacunas, el Parlamento Europeo ha pedido una mayor solidaridad a todos los agentes implicados, incluidos los gobiernos y la industria farmacéutica. ¿Tiene su grupo europarlamentario medidas concretas para garantizar un mejor acceso, equidad y rapidez en la distribución de vacunas?

 Más allá de que el trabajo se desarrolle aquí y allá o en comisiones parlamentarias, la cuestión realmente importante es apoyar la iniciativa ciudadana de la que hablamos antes porque es un instrumento legal. Es decir, si estas personas consiguen un millón de firmas, entonces, en ese caso, la Comisión debe dar respuesta. Este no es un detalle menor. Debe también trasladárnosla a nosotros como parlamentarios, lo que otorgaría un peso específico a las iniciativas parlamentarias en marcha. Si se consigue el respaldo social, podríamos intervenir en el pleno y decir: “No somos solo nosotros, tenemos detrás a un millón de ciudadanos”.

Ahora lo sabemos. Sabemos que gran parte de las infecciones tenían lugar en el ámbito laboral

Disponemos de instrumentos suficientes –como las licencias obligatorias a nivel nacional– y, por tanto, todas las opciones técnicas están ahí. La voluntad política, si la hay, bastaría para ponerlas en práctica. Y para eso confiamos mucho en la movilización social.

 La Unión Europea es responsable de negociar los contratos de compra (vacunas, pruebas, etc.), firmar contratos y velar por el cumplimiento de sus términos. A pesar de ello, ha habido mucha polémica en los últimos días por los retrasos en la distribución de la vacuna por parte de Pfizer y de AstraZeneca, lo que puede poner en riesgo los planes de vacunación de los grupos más vulnerables. Italia amenazó con activar a la Abogacía del Estado por incumplimiento de contrato. Seis Estados miembros enviaron una carta de protesta a la Comisión Europea. El Reino Unido quería salvar la vacuna ofreciendo una sola dosis. Angela Merkel está trabajando en un presunto acuerdo con Rusia para ayudarse mutuamente en la producción y uso de vacunas. El diario israelí Globes hizo público un acuerdo firmado con Pfizer el pasado 6 de enero por el que,  supuestamente, la farmacéutica daría prioridad a Israel para algunos de los envíos si el país le proporcionaba datos epidemiológicos para evaluar la efectividad de la vacuna.

 ¿Qué está pasando con la distribución de la vacuna en Europa? ¿Prevalece el nacionalismo sobre la salud pública mundial? ¿Es un grito desesperado de sálvese quien pueda? ¿Hay alguna forma de evitar estos aparentes dobles juegos? ¿Podrían estos nacionalismos de las vacunas penalizar también a la UE?

 Desconozco los detalles, pero hay quien dice que Israel podría haber pagado supuestamente al menos el doble que la CE y, por lo tanto… En definitiva, es el modelo económico el que es incorrecto. Pfizer es una empresa que quiere obtener beneficios económicos. Tienen una vacuna que es eficaz pero que, sin embargo, tiene un gran defecto, que es que debe conservarse a una temperatura inferior a la estándar, esto es, a -70ºC. Sí de aquí a dos o tres meses disponemos de una vacuna que simplemente se puede guardar en la nevera, quizás la de Pfizer empezaría a venderse poco, poco, poco. Y por lo tanto, Pfizer ahora maximiza las ganancias y vende rápidamente. Presiona y vende. Cuando alguien viene y dice supuestamente que paga el doble, entonces Pfizer le da prioridad a Israel… Es un problema y no sé hasta qué punto es legal si se compara con el contrato llevado a cabo con la CE. En otras palabras, lo verdaderamente problemático del asunto es que relegamos el poder de decisión a la empresa. La lógica del asunto israelí demuestra la perversión del modelo actual. Si tienes mayor capacidad de compra, adquieres más vacunas. Si no la tienes, como ocurre en África o en otros países, no las tendrás este año. Hay 70 países en el mundo que no accederán a estas vacunas este año. Debemos reflexionar sobre el tipo de modelo económico del que estamos hablando.

 ¿El punto de partida de este desequilibrio en el acceso a las vacunas podría deberse también de alguna manera a que fueron los países ricos quienes consiguieron asegurar la reserva de compras masivas de vacunas a precios de mercado? No existe ninguna ley internacional que impida la ejecución de acuerdos de compra anticipada. ¿Debería existir?

 Me parece difícil vetar la compra anticipada a escala internacional. La única contramedida posible sería partir en dos la patente. Es decir, lo repito, si la vacuna, un fármaco, es de propiedad privada, entonces la empresa propietaria puede venderla como quiera y a quien quiera. Si queremos evitarlo, debemos impedir que se convierta en propiedad privada. Lo cual, me parece muy legítimo, en la medida en que la hemos financiado todos. Ciertamente, las compras anticipadas o bilaterales que ha llevado a cabo la UE, Israel, etc., niegan las vacunas a otros, pero esto es posible solo porque la vacuna es de propiedad privada. Si fuera de propiedad pública, sería imposible hacer algo así.

 La sociedad europea tiene mucha confianza en que los fondos europeos para la recuperación servirán para reconstruir una nueva Europa ¿Podemos hablar de victoria? ¿Existe el riesgo de que los fondos de recuperación acaben desarrollando planes alejados de los ciudadanos, de sus necesidades y sentimientos?

 Por supuesto. Lo positivo es que, por primera vez, se ha desarrollado un mecanismo de solidaridad europea; un mecanismo que, aunque limitado, no deja de ser importante porque comporta, entre otras cosas, la cesión de préstamos conjuntos, etc. En mi opinión, esto constituye de por sí una victoria. Por lo que respecta, sin embargo, a las prioridades y a cómo se gastarán estos fondos, será objeto también de lucha a nivel nacional. Cada país, cada región, tendrá que sopesar cómo se gastarán estos fondos. Un problema grave es que el objetivo de estos fondos no es otro que el de favorecer la competitividad de las empresas. Por lo que acabaríamos financiando proyectos que antepongan la competitividad y, por tanto, los intereses empresariales. Con todo, todavía hay espacio para la garantía social y climática, aunque menor. La prioridad número uno es la competitividad. La número dos es digital y verde. Ambas se citan como meros instrumentos para alcanzar esta competitividad. Pienso que debería ser al revés. La meta debería ser social, pragmática. Aquí el único objetivo es la competitividad. En mi opinión, ésa es la mayor debilidad de este plan europeo. No obstante, si los países utilizan estos fondos para fortalecer, no sé, estructuras, ejes y dimensiones públicas, entonces pueden tener un impacto muy positivo. Pero me temo que, también a nivel nacional, la lógica que prevalecerá será otra muy distinta. Todo dependerá de los gobiernos y de la movilidad oceánica de la gente.

 Cuando uno lee el contenido de los fondos de recuperación europeos estos parecen centrarse principalmente en la digitalización y la transición ecológica a través de la activación de uniones público-privadas. La inversión en el sector público (por ejemplo, en la salud pública, la ciencia pública, la sanidad pública…) parece mucho más matizada o casi inexistente. ¿Me equivoco…?

 Es toda una contradicción en sentido estricto. Sí, efectivamente, esta es la lógica europea de todos los tiempos. Lamentablemente, es así. Pero también es cierto que hay una cierta apertura a las entidades públicas. En este preciso momento, se juega la carta de los proyectos que los países miembros propondrán a la UE. Está sobre la mesa una petición de reformas estructurales como contrapartida a la que nos oponemos vivamente. Esa es otra lucha que lidiar. Con todo, hay un pequeño margen de maniobra, que si bien no cambiará la lógica de este proceso sí que guiará la forma de combatirlo. Existen muchas cosas por las que seguir luchando. Ahora se debe luchar por lo concreto: qué proyectos [salen adelante], con qué garantías sociales, climáticas, etc. Y, luego está, efectivamente, toda la lucha de fondo de cómo garantizamos y nos movilizamos para lograr anteponer el bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos, de la gente a la competitividad internacional. Ésta es, digamos, la línea base a seguir.

 ¿Hay entonces un mensaje de esperanza para la sociedad europea?

 Cuando reflexionamos sobre la UE, una cosa que constatamos es que existe un enorme sentido de unidad entre las diferentes empresas connacionales que aún siguen logrando coordinarse en las luchas. Consiguen sacar adelante proyectos conjuntos. Y creo que a nivel de las luchas sociales, lo hacemos demasiado poco.

 Necesitamos una unidad social por y para el pueblo, para los trabajadores europeos. Y lo vemos una vez más en las vacunas. Lograr esto es importante porque no podemos ganar estas batallas solo en Bélgica, solo en Italia, solo en Alemania… Necesitamos un movimiento social europeo. Es obvio, y por lo tanto, mi esperanza es esa. Veo que, en los últimos años, los trabajadores de Ryanair, por ejemplo, pero también otros trabajadores, han lanzado movimientos europeos. Espero que esta pandemia y todo el debate en torno a las vacunas pueda permitirnos fortalecer la dimensión europea de nuestras luchas.

 Casandra Greco es investigadora científico-social, filósofa, bioeticista y experta en salud pública y medicina preventiva.

 Fuente: https://ctxt.es/es/20210201/Politica/34946/Casandra-Greco-entrevista-vacunas-patentes-UE-Marc-Botenga-eurodiputado-GUENGL.htm

sábado, 6 de febrero de 2021

El primer rapero encarcelado en Europa estará en España .

 Pablo Hasél entrará en prisión por unos delitos que organismos internacionales llevan años pidiendo reformar en España

El primer rapero encarcelado en Europa estará en España. Expertos en derecho penal defienden que la legislación española es demasiado estricta y puede estar vulnerando los Derechos Humanos a la vez que afirman que no es habitual que no se suspenda la entrada en prisión de un condenado a una pena de nueve meses.

 Guillermo Martínez

El rapero Pablo Hasél entrará en prisión para cumplir una pena de nueve meses de privación de libertad, un tiempo que llegará hasta los dos años y medio debido a las multas económicas que lleva aparejada su sentencia condenatoria y que no liquidará. Tres son los delitos: injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado. Una característica llamativa en este último proceso judicial: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha dictaminado su ingreso en prisión en contra de la postura del Ministerio Fiscal, la única parte de la acusación en el proceso, y la defensa. Para el letrado del cantante se trata de una cuestión política e insólita que marca un precedente peligroso mientras que desde Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) afirman que no es tan raro que suceda. Por otra parte, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información (PDLI) defiende que el proceso no ha atendido a los estándares internacionales exigidos respecto a la libertad de expresión.

 El viernes 29 de enero Hasél se enteraba de su inmediato ingreso en prisión. La Sala Penal de la AN le daba diez días para presentarse voluntariamente en cualquier centro penitenciario. Horas después, el rapero aseguró que no se exiliaría de España y que una vez superado el plazo tendrían que irle a buscar a su casa para encarcelarle. La decisión del Tribunal presidido por Concepción Espejel y que cuenta con los magistrados Francisco Javier Vieira y María Riera, sorprendió al abogado del rapero, Diego Catriel Herchhoren: "Dictaminan su ingreso en prisión haciendo su propia valoración y sin atender a ninguna de las cuestiones explicitadas en los informes de la defensa y la Fiscalía, desde donde nos posicionamos a favor de la suspensión de la condena".

 Desde su punto de vista, la resolución responde a "las cuestiones políticas de la Sala", y así lo explica: "Se trata de una Sala muy vinculada al legado que el PP aún mantiene en el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y saben que haciendo esta maniobra, yendo más allá de lo que piden las partes, generan un problema al actual Gobierno porque le ponen contra las cuerdas de cara a su electorado. En muchas ocasiones tanto el PSOE como Podemos se han comprometido a derogar buena parte de la legislación represiva que el PP impulsó durante su mandato y ahora van a tener que afrontar que el primer rapero encarcelado en Europa esté en España".

 El tribunal y su revancha política

Al fin y al cabo, quien va a dar la cara ante la sociedad por encarcelar a un artista por sus manifestaciones políticas es el propio Gobierno de coalición, ya que el Poder Judicial no se presenta a las elecciones, parafraseando al letrado. Cuestionado sobre por qué el Tribunal de la AN ha decidido ir más lejos de lo que pide la Fiscalía, única acusación que impulsaba el proceso judicial, Herchhoren responde que "cuando hablamos de la AN y más en cuestiones del ámbito penal sí que genera muchas suspicacias de por qué ocurre esto, sobre todo cuando es el propio Estado el que defiende no ejecutar la pena, lo que nos deja un poso de dudas e incógnitas sin resolver".

 El letrado también afirma que "la revancha política del Tribunal  es real y más o menos tangible" si se atiende al auto de suspensión de la entrada en prisión. Dicho auto, redactado por el magistrado Francisco Javier Vieira y expresando el parecer unánime de la Sala, recoge como fundamentos jurídicos que serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena: que el condenado haya delinquido por primera vez (...); que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años (...); y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles (...). Así pues, el magistrado de la AN afirma que "los hechos por los que ha recaído la sentencia ahora ejecutoria fueron cometidos entre los años 2014 y 2016, parte de ellos, por tanto, cuando ya era firme la sentencia (...) en la que fue condenado el penado como autor de un delito de apología del terrorismo a la pena de 2 años de prisión", tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso Público.

 Vieira, tras explicitar los antecedentes penales de Hasél (delito de resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes), concluye que "ni las circunstancias personales del reo, ni la naturaleza de los hechos, ni su conducta puede hacerle merecedor de tal beneficio [la suspensión de la pena] (…)". A este respecto, el abogado de Hasél no duda en considerarle un "preso político". En sus propios términos: "La Sala también lo considera como tal debido a que le condenan por una serie de reproches que realiza hacia algunas instituciones del Estado, como la monarquía y las Fuerzas de Seguridad, además de hacer un ejercicio de memoria para con las víctimas caídas a manos de las Fuerzas del Estado, así que es un preso político aunque el Gobierno no lo quiera reconocer".

 Los delitos no responden a los estándares internacionales

Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI, no entra a valorar la decisión de no suspender la entrada en prisión, aunque sí defiende que “en este caso ha fallado todo”. Según la Plataforma, la Sala Penal de la AN "ha aplicado una normativa que hace falta reformar porque no cumple con los estándares internacionales al aplicar el delito de injurias y enaltecimiento del terrorismo cuando muchos organismos instan a España para que los modifique". Y advierte: "No hay ninguna iniciativa en el Congreso para poner en marcha una reforma del Código Penal en torno a los delitos que son contrarios a los estándares internacionales".

 Entre estos organismos internacionales se cuentan la ONU y la propia Unión Europea: "No es algo opinable o negociable, o algo sobre lo que un partido político pueda decir que no es el momento de hacer. Los legisladores y el Ministerio de Justicia tienen que hacer sus deberes". Asimismo, desde la PDLI recuerdan que en la sentencia condenatoria de Hasél se utilizaron conceptos como "libertinaje de expresión" por parte del Tribunal de la AN, conceptos que tildan de "predemocráticos".

 Los dictámenes internacionales no solo afectan a la legislación española como tal, sino también a los jueces y magistrados que interpretan dicha legislación, algo que no ha ocurrido en el procedimiento judicial que llevará al rapero catalán a prisión, tal y como defiende Quintana. Ella misma incide en que "no hay que esperar el momento propicio para que España cumple con los Derechos Humanos", pues se trata de una cuestión "innegociable".

 El efecto disuasorio de la condena

Por otra parte, "el delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal siempre ha estado al margen de los estándares internacionales, ya que cuando se aplicaba con algunas bandas terroristas activas conllevó el cierre de medios de información vulnerando la libertad de expresión", en palabras de Quintana. Desde su punto de vista, hay dos hechos importantes a tener en cuenta: el endurecimiento del Código Penal en 2015, lo que dificulta ahora su reforma y da una vuelta al concepto de terrorismo, incrementando su peligrosidad; y que ETA dejara de estar activa. "Hay quien piensa que se está buscando la razón de ser de tribunales excepcionales", agregan desde la PDLI.

 Asimismo, no dudan en defender que el riesgo de este tipo de sentencias y la legislación por las que se aplican tienen un efecto disuasorio. "Expresiones que podrían decirse se dejan de decir por miedo a una legislación muy dura. Por eso son tan firmes los estándares internacionales con España, porque todo ello tiene serias consecuencias en torno a la libertad de expresión", concluye Quintana.

 Fernando de la Fuente, experto en derecho penal, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de JpD aporta la visión técnica del asunto. "Lo normal y razonable es que una pena inferior a dos años o se ejecute porque suele ser bastante inadecuada desde el punto de vista de la reinserción. Las penas cortas privativas de libertad no tienen un efecto resocializador sino lo contrario, por lo que se suelen buscar otro tipo de alternativas", comenta al respecto. Al mismo tiempo que muestra su respeto a la decisión de la AN, explica que el Tribunal tiene la facultad discrecional a la hora de decidir sobre esta cuestión. Es decir, los informes de las partes no son vinculantes, pero sin olvidar que discrecionalidad no significa arbitrariedad, por la decisión debe estar fundamentada.

 La prisión como fracaso del sistema

Asimismo, De la Fuente afirma que "no es normal que no se suspendan penas cortas privativas de libertad salvo que el Tribunal haya visto, por las características del sujeto y sus propios actos, que el condenado no es receptivor hacia la institución". Él mismo defiende que "la prisión es un fracaso del sistema" y que habría que tener en cuenta muchos elementos que van a hacer que el condenado no se reinserte sino que se criminalice más, además de que "cada interno tiene un coste aproximado para el Estado de 70.000 euros al año, por lo que hay que valorar que ese coste económico puede ser absolutamente innecesario si se agotan otras vías", en sus propios términos.

 El juez de la Audiencia Provincial de Madrid agrega que en un alto porcentaje, el Tribunal suele seguir el criterio de la Fiscalía, pero no tiene por qué ser así. También señala que "esta sentencia hace que continúe el debate en torno a los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Nos invita a reflexionar sobre si tenemos una legislación especialmente dura en materia de reproche al ejercicio de la libertad de expresión".

Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain y experta penal, defiende que "en los últimos años ha habido varias sentencias condenatorias a raperos y artistas que se pueden considerar como una restricción a la libertad de expresión". Ella misma señala que "la materia del contenido del procedimiento judicial de Hasél podría justificar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando la restricción desproporcionada de la libertad de expresión", concluye

https://www.publico.es/sociedad/libertad-expresion-pablo-hasel-entrara-prision-delitos-organismos-internacionales-llevan-anos-pidiendo-reformar-espana.html


La "Françafrique" en el Sahel.

 Francia en el Sahel, mentiras y guerra sucia

 Por Guadi Calvo  

Fuentes: Rebelión

Las tropas francesas que desde el 2012 fueron destinadas en el norte de Mali, primero conocidas con el nombre de Operación Serval y a partir de agosto de 2014 como Operación Barkhane, de la que ya han muerto unos sesenta efectivos, siguen sin encontrar la solución al problema que allí las llevaron: la insurgencia integrista, que en ese momento amenazaba no solo el norte de Mali, sino que se han extendido a Chad y Burkina Faso, donde operan con muchísima virulencia, poniendo a esos dos estados y a varios de la región (Níger, Mauritania y Argelia) en altísima alerta, por lo que cada día París. parece aproximarse a un desenlace tan humillante como el de Diên Bien Phu, la batalla que, en 1954, marcó el fin de la presencia francesa en Indochina (Laos, Camboya y Vietnam).

Ya no son pocas las voces en Francia que están exigiendo la retirada de los cerca de cinco mil efectivos, que además cuenta con 22 helicópteros, 290 vehículos armados, 380 vehículos de logística y 240 LAV-25 (vehículo de combate de infantería) a un costo diario que ronda el millón de euros, que, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, el Reino Unidos y otras naciones de la Unión Europa, no encuentran la manera de maquillar el fracaso y volver a casa sin que se note demasiado.

Aquella hecatombe de la jungla vietnamita, precipitaría la guerra de liberación argelina, la que finalmente se convertiría en una nueva y trágica derrota, acelerando el paulatino abandono de Francia del resto de sus colonias africanas, que daría por terminado, ahora sí, para siempre el imperio colonial francés.

Qué podría acarrearle a Francia este nuevo fracaso, ya que son muchos los intereses económicos que París, mantiene en África, más allá de los políticos, que solo sirven para encubrir los primeros. De hecho, Francia nunca ha perdido presencia en el continente a pesar de que formalmente sus colonias los dejaron de ser en los primeros años de la década de 1960. Desde entonces su presencia en el continente jamás ha menguando, alentando dictaduras y gobiernos “democráticos” corruptos y combatiendo, a como dé lugar, procesos populares y revolucionarios, para mantener su sistema de saqueo a los inagotables recursos naturales del continente, particularmente los referidos a los hidrocarburos y minerales, cómo litio, uranio o coltán entre otros muchos.

Por lo que si bien nunca París reconoció cuales serían el objetivo final para terminar con su presencia militar en el norte de Mali, son cada vez más los problemas que la sujetan a su vieja colonia. Con la Operación Barkhane, además de fracasar categóricamente en el control del terrorismo, se ha visto obligada, o no tanto obligada, a reemplazar a las FAMa (Force Armées Maliennes), dado su impericia y su responsabilidad en crímenes de guerra y violaciones masivas de derechos humanos, no solo contra los terroristas sino y fundamentalmente contra la población civil.

En muchas áreas particularmente en la frontera con Chad y Burkina Faso, además de cumplir funciones policiales para controlar el crimen organizado; a las fuerzas de autodefensa creadas por las comunidades sahelianas; los movimientos separatistas, particularmente el Tuareg, que fue la piedra de toque a esta nueva realidad; gendarmes y policías que viven gracias a la extorsión, traficantes de todo tipo, ladrones de ganado, además de tener que mediar, en los cada vez más sangrientos, enfrentamientos por el acceso a la tierra entre las diferentes tribus en el centro del país.

Frente a este panorama el gobierno francés insiste en negarlo y continúa afirmando que el único objetivo de la Operación Barkhane, es “solo luchar contra los grupos terroristas armados (GAT)” los que específicamente son dos, la franquicia de al-Qaeda conocida como Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn o JNIM (Grupo de Apoyo al islam y los musulmanes o GISM) y el que responde a Daesh global conocido como Daesh del Gran Sáhara, para lo que su estrategia consiste, en extirpar a los muyahidines, interrumpir el flujo de financiación, mucha llegada de las monarquías wahabitas del Golfo Pérsico; sofocar su capacidad de ataque y reducir al mínimo su influencia en la población, creando alternativas económicas, para contrarrestar la presencia de los fundamentalistas que en esas materia están muy arraigados en la población.

Francia se encuentra en una encrucijada de hierro, por sus beneficios económicos debe mantener en los diferentes gobiernos de su influencia, a las castas corruptas e ineficientes, asociadas a sus políticas de saqueo, que además se han hartado de violar todo tipo de derechos humanos a sus pueblos y por otro sabe que es imposible vencer a los muyahidines, si no asume la responsabilidad de detonar a esa casta, tan vital para sus intereses.

El caso Bounti

La incursión francesa en esos territorios, a lo largo de estos últimos años es percibida cada vez con más razón como una fuerza de ocupación, que como un aliado que llega a protegerlos del terror “yihadista” y esta sensación se acentúa cuanto más atascadas en el conflicto parecen estar la Barkhane, lo que hace que su retirada, sea más compleja.

Lo que se creyó inicialmente que su experiencia colonialista en el territorio iba a ser una ventaja para Paris, ya que conoce el terreno y sus poblaciones, satisfaciendo las necesidades más urgentes de sus aliados del G5-Sahel, la fuerza militar formada por los ejércitos de Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad., ha resultado todo lo contrario.

Si bien París, ha mantenido, desde los años sesenta, cooperación militar con Chad y Níger, parece no haber tenido en cuenta que, a lo largo de la Guerra Fría, su relación tanto con Burkina Faso, Mali y Mauritania, fueron por lo menos distantes, ya que estas tres naciones parecían estar más próxima a Moscú, vía Trípoli, que, del bloque occidental, por lo que una vez iniciada por el presidente George W. Bush su extenúate e inútil “Guerra global contra el terrorismo” en 2001, París se vio impelida a reverdecer sus lazos con las antiguas colonias y particularmente con esas tres ex  colonias que le había sido díscolas por entonces. El estatus de ex potencia colonial también alimenta muchas demandas en el Sahel. A lo que diez años después el rol preponderante de Francia la la concreción del holocausto libio, ya que el Coronel Gaddafi, con sus pros y sus contras, era mucho más querido que el tridente Bush-Sarkozy-Cameron.

Dado los resultados y las acciones, de Francia en esos territorios, para muchos políticos e intelectuales africanos, la vieja metrópoli, apoyaría a las bandas terrorista para seguir desestabilizando esos países en procura de seguir usufructuando de sus debilidades y en búsqueda de establecer un neo-colonialismo en el Sahel, el golpe de estado de agosto pasado en Mali, no fue más que una clara muestra de la desilusión que mucho malíes tienen por la clase dirigente.

No son pocas las voces que acusan a Francia de estar llevando a cabo una guerra sucia en el Sahel, en la que oculta no solo sus acciones premeditadas, sino incluso sus errores garrafales. Recientemente se conoció uno de esos “errores garrafales”, que se podría haber cometido el pasado domingo tres de enero, cuando en pleno día, fue atacada una reunión donde un grupo de aldeanos festejaban un casamiento, por helicópteros pertenecientes a la Operación Barkhane. La matanza se habría producido en la aldea de Bounti, en la región de Mopti, a unos 600 kilómetros, al norte de Bamako, la capital del país, que habría dejado al menos veinte civiles muertos. Al tiempo que los mandos franceses hablan de una acción dentro del marco de la Operación Eclipse, que se desarrolló entre el dos y el veinte de enero, en que se habría dado con la localización de un campamento terrorista, donde tras la acción habrían muerto unos diez insurgentes.

Dado el difícil acceso a esa área, ya que allí se ha establecido uno de los principales focos de la guerra, solo existen acusaciones cruzadas entre los aldeanos y las autoridades tanto francesas como malienses.

Otras versiones francesas hablan de una patrulla de aviones de combate que “neutralizó” a decenas de terroristas, que habían sido detectas tras una operación de inteligencia que había durado varios días. Según el mando de la Barkhane: “La información sobre un matrimonio no coincide con las observaciones hechas”.

El silencio mantenido por las autoridades a exacerbado más los ánimos de los ciudadanos y después de dos semanas de silencio varios centenares de personas han salido a manifestarse en Bamako, en reclamo de una aclaración del caso Bounti en procura de una respuesta, la que amablemente fue dada por la policía con gases lacrimógenos y golpes de bastón.

Se conoció que dada el estancamiento de la situación el presidente francés Emmanuel Macron, que entiende como un éxito parcial de sus hombres y la llegada de algunos contingentes militares de la Unión Europea, anunció un “ajuste” a la presencia de sus fuerzas en el Sahel, el que se resolverá en la próxima cumbre conjunta de Francia y el G5-Sahel, que se producirá en N´Djamena capital del Chad el próximo mes, algunas fuentes creen que la retirada parcial podría producirse a partir de mediados de febrero.

Macron se enfrenta el próximo año a la posibilidad de renovar su mandato por lo que no hay dudas, hará todo lo posible para disimular el fracaso.

https://rebelion.org/francia-en-el-sahel-mentiras-y-guerra-sucia/

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viernes, 5 de febrero de 2021

Sobre la vacuna rusa del COVID-19







SOBRE LA VACUNA RUSA  CONTRA  EL COVID -19


https://www.youtube.com/watch?v=HYoei_dQLV4 (vídeo de agosto, pero ya se estaba sembrando la duda en Occidente), aquí: https://www.youtube.com/watch?v=gk0iX8fVFHs (de septiembre) y aquí: https://www.youtube.com/watch?v=5j4jLExVxKk

Los papeles de Bárcenas .



LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Una veintena de constructores, de nuevo en el disparadero de la caja B por la confesión de Bárcenas

  • Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
  • Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
  • La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho

Ana Moreno ..Infolibre .

El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas

Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/la_confesion_barcenas_pone_disparadero_veintena_empresarios_investigados_por_presuntas_donaciones_caja_b_116273_1012.html



jueves, 4 de febrero de 2021

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Itinerario de un medicamento de uso corriente.

Los escándalos marcan el ritmo de la información sobre la industria farmacéutica y focalizan la atención sobre sus excesos. Seguir el recorrido de un medicamento sin historia, desde su creación hasta su prescripción, muestra lo delgada que es la frontera entre las disfunciones y las prácticas rutinarias.

 Quentin Ravelli.  

Fuente . Le Monde Diplomatique .

“Me di cuenta de que estaba “fichada”, que sabían exactamente lo que yo prescribía”, se indigna una médica instalada en un barrio elegante de París. “Yo era ingenua, no lo sabía. [Un día], una visitadora médica me dijo: “¡Usted no prescribe mucho!” Me pregunté: “¿Cómo puede saber ella eso?” La práctica de vigilancia, que sorprende a muchos médicos, está orquestada por los servicios de marketing de los laboratorios. Para aumentar o mantener sus cuotas de mercado, los grandes grupos farmacéuticos hacen alarde de su ingenio. No dudan, por ejemplo, en modificar las indicaciones de sus medicamentos para ganar nuevos clientes.

 La Piostacina, considerada por ciertos médicos como “el Rolls Royce del antibiótico de uso cutáneo”, y fabricada por Sanofi –el cuarto grupo farmacéutico mundial por la cifra de negocios (30.000 millones de euros en 2011)–, ha corrido ese destino. Este antibiótico destinado durante mucho tiempo al uso dermatológico, ha sufrido un “giro respiratorio”: ahora se utiliza masivamente en los casos de infecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas. Este altísimo uso, criticado por numerosos médicos y denunciado por los poderes públicos, ha podido conducir a un sobreconsumo de antibióticos, participando en el problema más vasto de reforzamiento de resistencias bacterianas. Y ello supone un desafío importante a la sanidad pública, responsable de setecientos mil muertos al año en el mundo (véase “La otra pesadilla de Darwin”).

 Para comprender la naturaleza versátil de la mercancía médica, seguimos la vida de este medicamento ordinario, desde los laboratorios de investigación hasta los visitadores médicos, pasando por la fábrica de producción del principio activo (1). En cada etapa, la mercancía cambia de nombre: los biólogos hablan de la bacteria Pristinae Spiralis, los químicos de la pristinamicina fabricada por la bacteria, los visitadores médicos proclaman los méritos de la “Pio” a los médicos, los empleados la llaman afectuosamente “la Pristina”, incluso “el bicho”. A lo largo de esta cadena, el antagonismo entre las necesidades del enfermo y los beneficios de la industria, entre el valor de uso y el valor de cambio (2), no cesa de progresar.

 Multiplica la oposición entre asalariados y dirigentes, particularmente sensible en una empresa en plena reestructuración, donde los asalariados han debido bloquear la supresión de puestos e imponer sus propias concepciones del medicamento.

 Un gran edificio de cristal de treinta y siete mil metros cuadrados, que es la sede de Sanofi, evoca la transparencia y el respeto por los pacientes, cuyas siluetas estilizadas rodeadas por un corazón azul se destacan en lo alto del edificio. En el tercer piso de este edificio situado al sur de París, se encuentran los servicios de marketing, donde están en plena actividad los empleados que trabajan desde los años 1990 para introducir la Piostacina en el mercado de las infecciones respiratorias. Con un éxito evidente, puesto que desde el invierno de 2002 hasta el invierno de 2010 las ventas para infecciones broncopulmonares dieron un salto de un 112%, mientras que en el dominio dermatológico el incremento sólo fue de un 32,6%.

 Este aumento no corresponde a una explosión del número de enfermos o a una epidemia devastadora, sino a una estrategia comercial: el mercado de las infecciones respiratorias representa un volumen de prescripciones mucho más importante que el de las infecciones dermatológicas. “Con los gérmenes que infectan los bronquios, el pulmón, los senos paranasales, la Piostacina funciona muy bien”, recuerda un médico de la empresa. “Por esta razón, la hemos desarrollado con esta indicación”. De la piel al pulmón, el valor de cambio ha metamorfoseado el valor de uso, cuando debería ser la utilidad del producto la que determinara su precio.

 Los artífices de este giro terapéutico son los jefes de producto, a menudo llamados “jefes productos”, empleados especializados en la promoción de un único medicamento o de varios medicamentos con indicaciones parecidas. Aquí, uno es “jefe producto Piostacina ”, “jefe producto Tavanic”, “jefe producto antalgia” y hasta “jefe productos antipsicóticos”. Célia Davos (2), la jefe de producto Piostacina, que se considera “muy orientada al negocio”, describe lo que implica su tarea: “Tu trabajo consiste en seguir el proceso de desarrollo del producto, seguir tu producto, ver a dónde va, según sus competidores, según el mercado, según la patología, y poner todo en práctica para maximizar la cifra de negocios”. Este puesto, situado en el corazón mismo del servicio de marketing, a su vez en el centro de la sede social, funciona como una plataforma giratoria a la que los empleados llegan de los distintos servicios y pueden enseguida ser dirigidos hacia otros horizontes, como directores, responsables del servicio de marketing, de la comunicación, de los asuntos públicos o de las ventas.

 Y sigue   ……

 https://mondiplo.com/los-bajos-fondos-de-la-industria-farmaceutica

 

martes, 2 de febrero de 2021

El ibex 35 y la cloaca mediática contra Podemos

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Inda

‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ lideran una campaña contra este medio por haber destapado sus conexiones con Villarejo, con el entramado empresarial del excomisario y con la ‘policía política’ del PP.

La Última Hora.(1)

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Eduardo Inda, director de ‘Okdiario’

Las informaciones de LA ÚLTIMA HORA que han puesto de manifiesto la conexión de medios de comunicación como ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’ y ‘Okdiario’ con el excomisario Villarejo y con las cloacas del Estado han desatado, de buena parte de la prensa conservadora, una campaña contra este medio y contra Podemos. En un ejercicio de coordinación sin precedentes, ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ decidieron aliarse este fin de semana y publicaron sendos editoriales dedicados a encubrir sus malas prácticas periodísticas y a cargar contra LÚH, además de varios artículos destinados a difamar a Podemos.

Esta campaña llega apenas 48 horas después de que el director adjunto de ‘El Mundo’, Joaquín Manso, quedara en evidencia durante una entrevista a la ministra Irene Montero en TVE. Manso sostuvo que “no hay ningún informe policial que aluda a una colaboración del señor Urreiztieta con el excomisario Villarejo”, pero la ministra le recordó que tanto el subdirector de ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, como el director de ‘Okdiario’, Eduardo Inda, aparecen en los papeles de Villarejo retratados como “periodistas que habrían colaborado con las cloacas del Estado para difundir noticias falsas”.

Poco después, ‘El Mundo’ dedicó una doble página a criticar a LÚH y difamar a Podemos. En ella defendió, por ejemplo, a Eduardo Inda, del que dijo que “ha publicado numerosas exclusivas sobre Podemos”, como “la casa de Galapagar” de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda está actualmente procesado por acoso a los hijos de Iglesias y Montero. ‘El Confidencial’, por su parte, acusó al vicepresidente Iglesias de “utilizar información oficial a la que por su cargo tiene acceso” para “señalar aviesamente a periodistas”. ‘El Confidencial’ realizó esta acusación sin prueba alguna y sin citar fuentes. El artículo tampoco está firmado por ninguno de sus periodistas, sino que se publicó en forma de editorial.

En las redes sociales fue evidente el apoyo mutuo que se prestaron ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’, ‘Okdiario’ y otros medios. Urreiztieta, por ejemplo, retuiteó a Nacho Cardero, director de ‘El Confidencial’, que enlazó el citado editorial. También a Beatriz Parera –redactora de Tribunales del mismo medio–, a Paloma Esteban –redactora de ‘El Confidencial’–, a Casimiro García-Abadillo –exdirector de ‘El Mundo’ y ahora responsable de ‘El Independiente’– y a las políticas de Ciudadanos Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Joaquín Manso también difundió el editorial de ‘El Confidencial’ y lanzó un mensaje de apoyo a su jefe de Investigación, José María Olmo, quien a su vez publicó el artículo de ‘El Mundo’. “Tengo como referente al gran Joaquín Manso”, agregó Olmo. Los elogios, particularmente entre ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’, fueron constantes.

 

https://laultimahora.es/los-medios-que-colaboraron-con-las-cloacas-senalan-a-luh-y-defienden-a-inda/

  Y ver .

https://laultimahora.es/quien-esta-detras-de-la-estrategia-de-alvise-perez-para-intoxicar-con-bulos-las-redes-sociales/

  Nota del blog  (1). -

La Última Hora es un periódico digital de Podemos. Es curioso cada vez que entro en El País , el global imperial  del Ibex 35 , sale debajo una entrada  . La caja B de Podemos , así se ve la cantidad   de veces que la cloaca mediática comento la fake news  sobre su caja de resistencia sincronizados con el PP , Vox y Cs  pidiendo la dimisión de Iglesias y apoyando al  juez  del PP  , Castellón de la AN  que convirtió el caso Villarejo en el caso de la  tarjeta  de Dina . Después del último rechazo duro  del TS  de no admitir su imputación , ladran su resentimiento en sus editoriales , ante su fracaso y sin  una mínima rectificación . No extraña que estén histéricos  , recordemos como  crearon el Cs  como  una operación de  un Podemos de derechas según  un banquero  cuyo nombre  todos sabemos y  lo presentaban  como un partido de centro ,  desde el País a otros . Mera  pantalla de  banca  y del IBEX 35 .  La  operación se les fue a la mierda y ahora ladran su resentimiento por la esquinas  .A nadie debiera extrañar que un informe de la Universidad de Oxford concluya que los medios españoles son los menos creíbles de los once países consultados en Europa y los segundos menos creibles de los doce estudiados de todo el mundo.