sábado, 6 de febrero de 2021

El primer rapero encarcelado en Europa estará en España .

 Pablo Hasél entrará en prisión por unos delitos que organismos internacionales llevan años pidiendo reformar en España

El primer rapero encarcelado en Europa estará en España. Expertos en derecho penal defienden que la legislación española es demasiado estricta y puede estar vulnerando los Derechos Humanos a la vez que afirman que no es habitual que no se suspenda la entrada en prisión de un condenado a una pena de nueve meses.

 Guillermo Martínez

El rapero Pablo Hasél entrará en prisión para cumplir una pena de nueve meses de privación de libertad, un tiempo que llegará hasta los dos años y medio debido a las multas económicas que lleva aparejada su sentencia condenatoria y que no liquidará. Tres son los delitos: injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado. Una característica llamativa en este último proceso judicial: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha dictaminado su ingreso en prisión en contra de la postura del Ministerio Fiscal, la única parte de la acusación en el proceso, y la defensa. Para el letrado del cantante se trata de una cuestión política e insólita que marca un precedente peligroso mientras que desde Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) afirman que no es tan raro que suceda. Por otra parte, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información (PDLI) defiende que el proceso no ha atendido a los estándares internacionales exigidos respecto a la libertad de expresión.

 El viernes 29 de enero Hasél se enteraba de su inmediato ingreso en prisión. La Sala Penal de la AN le daba diez días para presentarse voluntariamente en cualquier centro penitenciario. Horas después, el rapero aseguró que no se exiliaría de España y que una vez superado el plazo tendrían que irle a buscar a su casa para encarcelarle. La decisión del Tribunal presidido por Concepción Espejel y que cuenta con los magistrados Francisco Javier Vieira y María Riera, sorprendió al abogado del rapero, Diego Catriel Herchhoren: "Dictaminan su ingreso en prisión haciendo su propia valoración y sin atender a ninguna de las cuestiones explicitadas en los informes de la defensa y la Fiscalía, desde donde nos posicionamos a favor de la suspensión de la condena".

 Desde su punto de vista, la resolución responde a "las cuestiones políticas de la Sala", y así lo explica: "Se trata de una Sala muy vinculada al legado que el PP aún mantiene en el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y saben que haciendo esta maniobra, yendo más allá de lo que piden las partes, generan un problema al actual Gobierno porque le ponen contra las cuerdas de cara a su electorado. En muchas ocasiones tanto el PSOE como Podemos se han comprometido a derogar buena parte de la legislación represiva que el PP impulsó durante su mandato y ahora van a tener que afrontar que el primer rapero encarcelado en Europa esté en España".

 El tribunal y su revancha política

Al fin y al cabo, quien va a dar la cara ante la sociedad por encarcelar a un artista por sus manifestaciones políticas es el propio Gobierno de coalición, ya que el Poder Judicial no se presenta a las elecciones, parafraseando al letrado. Cuestionado sobre por qué el Tribunal de la AN ha decidido ir más lejos de lo que pide la Fiscalía, única acusación que impulsaba el proceso judicial, Herchhoren responde que "cuando hablamos de la AN y más en cuestiones del ámbito penal sí que genera muchas suspicacias de por qué ocurre esto, sobre todo cuando es el propio Estado el que defiende no ejecutar la pena, lo que nos deja un poso de dudas e incógnitas sin resolver".

 El letrado también afirma que "la revancha política del Tribunal  es real y más o menos tangible" si se atiende al auto de suspensión de la entrada en prisión. Dicho auto, redactado por el magistrado Francisco Javier Vieira y expresando el parecer unánime de la Sala, recoge como fundamentos jurídicos que serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena: que el condenado haya delinquido por primera vez (...); que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años (...); y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles (...). Así pues, el magistrado de la AN afirma que "los hechos por los que ha recaído la sentencia ahora ejecutoria fueron cometidos entre los años 2014 y 2016, parte de ellos, por tanto, cuando ya era firme la sentencia (...) en la que fue condenado el penado como autor de un delito de apología del terrorismo a la pena de 2 años de prisión", tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso Público.

 Vieira, tras explicitar los antecedentes penales de Hasél (delito de resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes), concluye que "ni las circunstancias personales del reo, ni la naturaleza de los hechos, ni su conducta puede hacerle merecedor de tal beneficio [la suspensión de la pena] (…)". A este respecto, el abogado de Hasél no duda en considerarle un "preso político". En sus propios términos: "La Sala también lo considera como tal debido a que le condenan por una serie de reproches que realiza hacia algunas instituciones del Estado, como la monarquía y las Fuerzas de Seguridad, además de hacer un ejercicio de memoria para con las víctimas caídas a manos de las Fuerzas del Estado, así que es un preso político aunque el Gobierno no lo quiera reconocer".

 Los delitos no responden a los estándares internacionales

Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI, no entra a valorar la decisión de no suspender la entrada en prisión, aunque sí defiende que “en este caso ha fallado todo”. Según la Plataforma, la Sala Penal de la AN "ha aplicado una normativa que hace falta reformar porque no cumple con los estándares internacionales al aplicar el delito de injurias y enaltecimiento del terrorismo cuando muchos organismos instan a España para que los modifique". Y advierte: "No hay ninguna iniciativa en el Congreso para poner en marcha una reforma del Código Penal en torno a los delitos que son contrarios a los estándares internacionales".

 Entre estos organismos internacionales se cuentan la ONU y la propia Unión Europea: "No es algo opinable o negociable, o algo sobre lo que un partido político pueda decir que no es el momento de hacer. Los legisladores y el Ministerio de Justicia tienen que hacer sus deberes". Asimismo, desde la PDLI recuerdan que en la sentencia condenatoria de Hasél se utilizaron conceptos como "libertinaje de expresión" por parte del Tribunal de la AN, conceptos que tildan de "predemocráticos".

 Los dictámenes internacionales no solo afectan a la legislación española como tal, sino también a los jueces y magistrados que interpretan dicha legislación, algo que no ha ocurrido en el procedimiento judicial que llevará al rapero catalán a prisión, tal y como defiende Quintana. Ella misma incide en que "no hay que esperar el momento propicio para que España cumple con los Derechos Humanos", pues se trata de una cuestión "innegociable".

 El efecto disuasorio de la condena

Por otra parte, "el delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal siempre ha estado al margen de los estándares internacionales, ya que cuando se aplicaba con algunas bandas terroristas activas conllevó el cierre de medios de información vulnerando la libertad de expresión", en palabras de Quintana. Desde su punto de vista, hay dos hechos importantes a tener en cuenta: el endurecimiento del Código Penal en 2015, lo que dificulta ahora su reforma y da una vuelta al concepto de terrorismo, incrementando su peligrosidad; y que ETA dejara de estar activa. "Hay quien piensa que se está buscando la razón de ser de tribunales excepcionales", agregan desde la PDLI.

 Asimismo, no dudan en defender que el riesgo de este tipo de sentencias y la legislación por las que se aplican tienen un efecto disuasorio. "Expresiones que podrían decirse se dejan de decir por miedo a una legislación muy dura. Por eso son tan firmes los estándares internacionales con España, porque todo ello tiene serias consecuencias en torno a la libertad de expresión", concluye Quintana.

 Fernando de la Fuente, experto en derecho penal, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de JpD aporta la visión técnica del asunto. "Lo normal y razonable es que una pena inferior a dos años o se ejecute porque suele ser bastante inadecuada desde el punto de vista de la reinserción. Las penas cortas privativas de libertad no tienen un efecto resocializador sino lo contrario, por lo que se suelen buscar otro tipo de alternativas", comenta al respecto. Al mismo tiempo que muestra su respeto a la decisión de la AN, explica que el Tribunal tiene la facultad discrecional a la hora de decidir sobre esta cuestión. Es decir, los informes de las partes no son vinculantes, pero sin olvidar que discrecionalidad no significa arbitrariedad, por la decisión debe estar fundamentada.

 La prisión como fracaso del sistema

Asimismo, De la Fuente afirma que "no es normal que no se suspendan penas cortas privativas de libertad salvo que el Tribunal haya visto, por las características del sujeto y sus propios actos, que el condenado no es receptivor hacia la institución". Él mismo defiende que "la prisión es un fracaso del sistema" y que habría que tener en cuenta muchos elementos que van a hacer que el condenado no se reinserte sino que se criminalice más, además de que "cada interno tiene un coste aproximado para el Estado de 70.000 euros al año, por lo que hay que valorar que ese coste económico puede ser absolutamente innecesario si se agotan otras vías", en sus propios términos.

 El juez de la Audiencia Provincial de Madrid agrega que en un alto porcentaje, el Tribunal suele seguir el criterio de la Fiscalía, pero no tiene por qué ser así. También señala que "esta sentencia hace que continúe el debate en torno a los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Nos invita a reflexionar sobre si tenemos una legislación especialmente dura en materia de reproche al ejercicio de la libertad de expresión".

Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain y experta penal, defiende que "en los últimos años ha habido varias sentencias condenatorias a raperos y artistas que se pueden considerar como una restricción a la libertad de expresión". Ella misma señala que "la materia del contenido del procedimiento judicial de Hasél podría justificar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando la restricción desproporcionada de la libertad de expresión", concluye

https://www.publico.es/sociedad/libertad-expresion-pablo-hasel-entrara-prision-delitos-organismos-internacionales-llevan-anos-pidiendo-reformar-espana.html


La "Françafrique" en el Sahel.

 Francia en el Sahel, mentiras y guerra sucia

 Por Guadi Calvo  

Fuentes: Rebelión

Las tropas francesas que desde el 2012 fueron destinadas en el norte de Mali, primero conocidas con el nombre de Operación Serval y a partir de agosto de 2014 como Operación Barkhane, de la que ya han muerto unos sesenta efectivos, siguen sin encontrar la solución al problema que allí las llevaron: la insurgencia integrista, que en ese momento amenazaba no solo el norte de Mali, sino que se han extendido a Chad y Burkina Faso, donde operan con muchísima virulencia, poniendo a esos dos estados y a varios de la región (Níger, Mauritania y Argelia) en altísima alerta, por lo que cada día París. parece aproximarse a un desenlace tan humillante como el de Diên Bien Phu, la batalla que, en 1954, marcó el fin de la presencia francesa en Indochina (Laos, Camboya y Vietnam).

Ya no son pocas las voces en Francia que están exigiendo la retirada de los cerca de cinco mil efectivos, que además cuenta con 22 helicópteros, 290 vehículos armados, 380 vehículos de logística y 240 LAV-25 (vehículo de combate de infantería) a un costo diario que ronda el millón de euros, que, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, el Reino Unidos y otras naciones de la Unión Europa, no encuentran la manera de maquillar el fracaso y volver a casa sin que se note demasiado.

Aquella hecatombe de la jungla vietnamita, precipitaría la guerra de liberación argelina, la que finalmente se convertiría en una nueva y trágica derrota, acelerando el paulatino abandono de Francia del resto de sus colonias africanas, que daría por terminado, ahora sí, para siempre el imperio colonial francés.

Qué podría acarrearle a Francia este nuevo fracaso, ya que son muchos los intereses económicos que París, mantiene en África, más allá de los políticos, que solo sirven para encubrir los primeros. De hecho, Francia nunca ha perdido presencia en el continente a pesar de que formalmente sus colonias los dejaron de ser en los primeros años de la década de 1960. Desde entonces su presencia en el continente jamás ha menguando, alentando dictaduras y gobiernos “democráticos” corruptos y combatiendo, a como dé lugar, procesos populares y revolucionarios, para mantener su sistema de saqueo a los inagotables recursos naturales del continente, particularmente los referidos a los hidrocarburos y minerales, cómo litio, uranio o coltán entre otros muchos.

Por lo que si bien nunca París reconoció cuales serían el objetivo final para terminar con su presencia militar en el norte de Mali, son cada vez más los problemas que la sujetan a su vieja colonia. Con la Operación Barkhane, además de fracasar categóricamente en el control del terrorismo, se ha visto obligada, o no tanto obligada, a reemplazar a las FAMa (Force Armées Maliennes), dado su impericia y su responsabilidad en crímenes de guerra y violaciones masivas de derechos humanos, no solo contra los terroristas sino y fundamentalmente contra la población civil.

En muchas áreas particularmente en la frontera con Chad y Burkina Faso, además de cumplir funciones policiales para controlar el crimen organizado; a las fuerzas de autodefensa creadas por las comunidades sahelianas; los movimientos separatistas, particularmente el Tuareg, que fue la piedra de toque a esta nueva realidad; gendarmes y policías que viven gracias a la extorsión, traficantes de todo tipo, ladrones de ganado, además de tener que mediar, en los cada vez más sangrientos, enfrentamientos por el acceso a la tierra entre las diferentes tribus en el centro del país.

Frente a este panorama el gobierno francés insiste en negarlo y continúa afirmando que el único objetivo de la Operación Barkhane, es “solo luchar contra los grupos terroristas armados (GAT)” los que específicamente son dos, la franquicia de al-Qaeda conocida como Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn o JNIM (Grupo de Apoyo al islam y los musulmanes o GISM) y el que responde a Daesh global conocido como Daesh del Gran Sáhara, para lo que su estrategia consiste, en extirpar a los muyahidines, interrumpir el flujo de financiación, mucha llegada de las monarquías wahabitas del Golfo Pérsico; sofocar su capacidad de ataque y reducir al mínimo su influencia en la población, creando alternativas económicas, para contrarrestar la presencia de los fundamentalistas que en esas materia están muy arraigados en la población.

Francia se encuentra en una encrucijada de hierro, por sus beneficios económicos debe mantener en los diferentes gobiernos de su influencia, a las castas corruptas e ineficientes, asociadas a sus políticas de saqueo, que además se han hartado de violar todo tipo de derechos humanos a sus pueblos y por otro sabe que es imposible vencer a los muyahidines, si no asume la responsabilidad de detonar a esa casta, tan vital para sus intereses.

El caso Bounti

La incursión francesa en esos territorios, a lo largo de estos últimos años es percibida cada vez con más razón como una fuerza de ocupación, que como un aliado que llega a protegerlos del terror “yihadista” y esta sensación se acentúa cuanto más atascadas en el conflicto parecen estar la Barkhane, lo que hace que su retirada, sea más compleja.

Lo que se creyó inicialmente que su experiencia colonialista en el territorio iba a ser una ventaja para Paris, ya que conoce el terreno y sus poblaciones, satisfaciendo las necesidades más urgentes de sus aliados del G5-Sahel, la fuerza militar formada por los ejércitos de Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad., ha resultado todo lo contrario.

Si bien París, ha mantenido, desde los años sesenta, cooperación militar con Chad y Níger, parece no haber tenido en cuenta que, a lo largo de la Guerra Fría, su relación tanto con Burkina Faso, Mali y Mauritania, fueron por lo menos distantes, ya que estas tres naciones parecían estar más próxima a Moscú, vía Trípoli, que, del bloque occidental, por lo que una vez iniciada por el presidente George W. Bush su extenúate e inútil “Guerra global contra el terrorismo” en 2001, París se vio impelida a reverdecer sus lazos con las antiguas colonias y particularmente con esas tres ex  colonias que le había sido díscolas por entonces. El estatus de ex potencia colonial también alimenta muchas demandas en el Sahel. A lo que diez años después el rol preponderante de Francia la la concreción del holocausto libio, ya que el Coronel Gaddafi, con sus pros y sus contras, era mucho más querido que el tridente Bush-Sarkozy-Cameron.

Dado los resultados y las acciones, de Francia en esos territorios, para muchos políticos e intelectuales africanos, la vieja metrópoli, apoyaría a las bandas terrorista para seguir desestabilizando esos países en procura de seguir usufructuando de sus debilidades y en búsqueda de establecer un neo-colonialismo en el Sahel, el golpe de estado de agosto pasado en Mali, no fue más que una clara muestra de la desilusión que mucho malíes tienen por la clase dirigente.

No son pocas las voces que acusan a Francia de estar llevando a cabo una guerra sucia en el Sahel, en la que oculta no solo sus acciones premeditadas, sino incluso sus errores garrafales. Recientemente se conoció uno de esos “errores garrafales”, que se podría haber cometido el pasado domingo tres de enero, cuando en pleno día, fue atacada una reunión donde un grupo de aldeanos festejaban un casamiento, por helicópteros pertenecientes a la Operación Barkhane. La matanza se habría producido en la aldea de Bounti, en la región de Mopti, a unos 600 kilómetros, al norte de Bamako, la capital del país, que habría dejado al menos veinte civiles muertos. Al tiempo que los mandos franceses hablan de una acción dentro del marco de la Operación Eclipse, que se desarrolló entre el dos y el veinte de enero, en que se habría dado con la localización de un campamento terrorista, donde tras la acción habrían muerto unos diez insurgentes.

Dado el difícil acceso a esa área, ya que allí se ha establecido uno de los principales focos de la guerra, solo existen acusaciones cruzadas entre los aldeanos y las autoridades tanto francesas como malienses.

Otras versiones francesas hablan de una patrulla de aviones de combate que “neutralizó” a decenas de terroristas, que habían sido detectas tras una operación de inteligencia que había durado varios días. Según el mando de la Barkhane: “La información sobre un matrimonio no coincide con las observaciones hechas”.

El silencio mantenido por las autoridades a exacerbado más los ánimos de los ciudadanos y después de dos semanas de silencio varios centenares de personas han salido a manifestarse en Bamako, en reclamo de una aclaración del caso Bounti en procura de una respuesta, la que amablemente fue dada por la policía con gases lacrimógenos y golpes de bastón.

Se conoció que dada el estancamiento de la situación el presidente francés Emmanuel Macron, que entiende como un éxito parcial de sus hombres y la llegada de algunos contingentes militares de la Unión Europea, anunció un “ajuste” a la presencia de sus fuerzas en el Sahel, el que se resolverá en la próxima cumbre conjunta de Francia y el G5-Sahel, que se producirá en N´Djamena capital del Chad el próximo mes, algunas fuentes creen que la retirada parcial podría producirse a partir de mediados de febrero.

Macron se enfrenta el próximo año a la posibilidad de renovar su mandato por lo que no hay dudas, hará todo lo posible para disimular el fracaso.

https://rebelion.org/francia-en-el-sahel-mentiras-y-guerra-sucia/

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viernes, 5 de febrero de 2021

Sobre la vacuna rusa del COVID-19







SOBRE LA VACUNA RUSA  CONTRA  EL COVID -19


https://www.youtube.com/watch?v=HYoei_dQLV4 (vídeo de agosto, pero ya se estaba sembrando la duda en Occidente), aquí: https://www.youtube.com/watch?v=gk0iX8fVFHs (de septiembre) y aquí: https://www.youtube.com/watch?v=5j4jLExVxKk

Los papeles de Bárcenas .



LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Una veintena de constructores, de nuevo en el disparadero de la caja B por la confesión de Bárcenas

  • Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
  • Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
  • La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho

Ana Moreno ..Infolibre .

El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas

Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/la_confesion_barcenas_pone_disparadero_veintena_empresarios_investigados_por_presuntas_donaciones_caja_b_116273_1012.html



jueves, 4 de febrero de 2021

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Itinerario de un medicamento de uso corriente.

Los escándalos marcan el ritmo de la información sobre la industria farmacéutica y focalizan la atención sobre sus excesos. Seguir el recorrido de un medicamento sin historia, desde su creación hasta su prescripción, muestra lo delgada que es la frontera entre las disfunciones y las prácticas rutinarias.

 Quentin Ravelli.  

Fuente . Le Monde Diplomatique .

“Me di cuenta de que estaba “fichada”, que sabían exactamente lo que yo prescribía”, se indigna una médica instalada en un barrio elegante de París. “Yo era ingenua, no lo sabía. [Un día], una visitadora médica me dijo: “¡Usted no prescribe mucho!” Me pregunté: “¿Cómo puede saber ella eso?” La práctica de vigilancia, que sorprende a muchos médicos, está orquestada por los servicios de marketing de los laboratorios. Para aumentar o mantener sus cuotas de mercado, los grandes grupos farmacéuticos hacen alarde de su ingenio. No dudan, por ejemplo, en modificar las indicaciones de sus medicamentos para ganar nuevos clientes.

 La Piostacina, considerada por ciertos médicos como “el Rolls Royce del antibiótico de uso cutáneo”, y fabricada por Sanofi –el cuarto grupo farmacéutico mundial por la cifra de negocios (30.000 millones de euros en 2011)–, ha corrido ese destino. Este antibiótico destinado durante mucho tiempo al uso dermatológico, ha sufrido un “giro respiratorio”: ahora se utiliza masivamente en los casos de infecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas. Este altísimo uso, criticado por numerosos médicos y denunciado por los poderes públicos, ha podido conducir a un sobreconsumo de antibióticos, participando en el problema más vasto de reforzamiento de resistencias bacterianas. Y ello supone un desafío importante a la sanidad pública, responsable de setecientos mil muertos al año en el mundo (véase “La otra pesadilla de Darwin”).

 Para comprender la naturaleza versátil de la mercancía médica, seguimos la vida de este medicamento ordinario, desde los laboratorios de investigación hasta los visitadores médicos, pasando por la fábrica de producción del principio activo (1). En cada etapa, la mercancía cambia de nombre: los biólogos hablan de la bacteria Pristinae Spiralis, los químicos de la pristinamicina fabricada por la bacteria, los visitadores médicos proclaman los méritos de la “Pio” a los médicos, los empleados la llaman afectuosamente “la Pristina”, incluso “el bicho”. A lo largo de esta cadena, el antagonismo entre las necesidades del enfermo y los beneficios de la industria, entre el valor de uso y el valor de cambio (2), no cesa de progresar.

 Multiplica la oposición entre asalariados y dirigentes, particularmente sensible en una empresa en plena reestructuración, donde los asalariados han debido bloquear la supresión de puestos e imponer sus propias concepciones del medicamento.

 Un gran edificio de cristal de treinta y siete mil metros cuadrados, que es la sede de Sanofi, evoca la transparencia y el respeto por los pacientes, cuyas siluetas estilizadas rodeadas por un corazón azul se destacan en lo alto del edificio. En el tercer piso de este edificio situado al sur de París, se encuentran los servicios de marketing, donde están en plena actividad los empleados que trabajan desde los años 1990 para introducir la Piostacina en el mercado de las infecciones respiratorias. Con un éxito evidente, puesto que desde el invierno de 2002 hasta el invierno de 2010 las ventas para infecciones broncopulmonares dieron un salto de un 112%, mientras que en el dominio dermatológico el incremento sólo fue de un 32,6%.

 Este aumento no corresponde a una explosión del número de enfermos o a una epidemia devastadora, sino a una estrategia comercial: el mercado de las infecciones respiratorias representa un volumen de prescripciones mucho más importante que el de las infecciones dermatológicas. “Con los gérmenes que infectan los bronquios, el pulmón, los senos paranasales, la Piostacina funciona muy bien”, recuerda un médico de la empresa. “Por esta razón, la hemos desarrollado con esta indicación”. De la piel al pulmón, el valor de cambio ha metamorfoseado el valor de uso, cuando debería ser la utilidad del producto la que determinara su precio.

 Los artífices de este giro terapéutico son los jefes de producto, a menudo llamados “jefes productos”, empleados especializados en la promoción de un único medicamento o de varios medicamentos con indicaciones parecidas. Aquí, uno es “jefe producto Piostacina ”, “jefe producto Tavanic”, “jefe producto antalgia” y hasta “jefe productos antipsicóticos”. Célia Davos (2), la jefe de producto Piostacina, que se considera “muy orientada al negocio”, describe lo que implica su tarea: “Tu trabajo consiste en seguir el proceso de desarrollo del producto, seguir tu producto, ver a dónde va, según sus competidores, según el mercado, según la patología, y poner todo en práctica para maximizar la cifra de negocios”. Este puesto, situado en el corazón mismo del servicio de marketing, a su vez en el centro de la sede social, funciona como una plataforma giratoria a la que los empleados llegan de los distintos servicios y pueden enseguida ser dirigidos hacia otros horizontes, como directores, responsables del servicio de marketing, de la comunicación, de los asuntos públicos o de las ventas.

 Y sigue   ……

 https://mondiplo.com/los-bajos-fondos-de-la-industria-farmaceutica

 

martes, 2 de febrero de 2021

El ibex 35 y la cloaca mediática contra Podemos

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Inda

‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ lideran una campaña contra este medio por haber destapado sus conexiones con Villarejo, con el entramado empresarial del excomisario y con la ‘policía política’ del PP.

La Última Hora.(1)

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Eduardo Inda, director de ‘Okdiario’

Las informaciones de LA ÚLTIMA HORA que han puesto de manifiesto la conexión de medios de comunicación como ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’ y ‘Okdiario’ con el excomisario Villarejo y con las cloacas del Estado han desatado, de buena parte de la prensa conservadora, una campaña contra este medio y contra Podemos. En un ejercicio de coordinación sin precedentes, ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ decidieron aliarse este fin de semana y publicaron sendos editoriales dedicados a encubrir sus malas prácticas periodísticas y a cargar contra LÚH, además de varios artículos destinados a difamar a Podemos.

Esta campaña llega apenas 48 horas después de que el director adjunto de ‘El Mundo’, Joaquín Manso, quedara en evidencia durante una entrevista a la ministra Irene Montero en TVE. Manso sostuvo que “no hay ningún informe policial que aluda a una colaboración del señor Urreiztieta con el excomisario Villarejo”, pero la ministra le recordó que tanto el subdirector de ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, como el director de ‘Okdiario’, Eduardo Inda, aparecen en los papeles de Villarejo retratados como “periodistas que habrían colaborado con las cloacas del Estado para difundir noticias falsas”.

Poco después, ‘El Mundo’ dedicó una doble página a criticar a LÚH y difamar a Podemos. En ella defendió, por ejemplo, a Eduardo Inda, del que dijo que “ha publicado numerosas exclusivas sobre Podemos”, como “la casa de Galapagar” de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda está actualmente procesado por acoso a los hijos de Iglesias y Montero. ‘El Confidencial’, por su parte, acusó al vicepresidente Iglesias de “utilizar información oficial a la que por su cargo tiene acceso” para “señalar aviesamente a periodistas”. ‘El Confidencial’ realizó esta acusación sin prueba alguna y sin citar fuentes. El artículo tampoco está firmado por ninguno de sus periodistas, sino que se publicó en forma de editorial.

En las redes sociales fue evidente el apoyo mutuo que se prestaron ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’, ‘Okdiario’ y otros medios. Urreiztieta, por ejemplo, retuiteó a Nacho Cardero, director de ‘El Confidencial’, que enlazó el citado editorial. También a Beatriz Parera –redactora de Tribunales del mismo medio–, a Paloma Esteban –redactora de ‘El Confidencial’–, a Casimiro García-Abadillo –exdirector de ‘El Mundo’ y ahora responsable de ‘El Independiente’– y a las políticas de Ciudadanos Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Joaquín Manso también difundió el editorial de ‘El Confidencial’ y lanzó un mensaje de apoyo a su jefe de Investigación, José María Olmo, quien a su vez publicó el artículo de ‘El Mundo’. “Tengo como referente al gran Joaquín Manso”, agregó Olmo. Los elogios, particularmente entre ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’, fueron constantes.

 

https://laultimahora.es/los-medios-que-colaboraron-con-las-cloacas-senalan-a-luh-y-defienden-a-inda/

  Y ver .

https://laultimahora.es/quien-esta-detras-de-la-estrategia-de-alvise-perez-para-intoxicar-con-bulos-las-redes-sociales/

  Nota del blog  (1). -

La Última Hora es un periódico digital de Podemos. Es curioso cada vez que entro en El País , el global imperial  del Ibex 35 , sale debajo una entrada  . La caja B de Podemos , así se ve la cantidad   de veces que la cloaca mediática comento la fake news  sobre su caja de resistencia sincronizados con el PP , Vox y Cs  pidiendo la dimisión de Iglesias y apoyando al  juez  del PP  , Castellón de la AN  que convirtió el caso Villarejo en el caso de la  tarjeta  de Dina . Después del último rechazo duro  del TS  de no admitir su imputación , ladran su resentimiento en sus editoriales , ante su fracaso y sin  una mínima rectificación . No extraña que estén histéricos  , recordemos como  crearon el Cs  como  una operación de  un Podemos de derechas según  un banquero  cuyo nombre  todos sabemos y  lo presentaban  como un partido de centro ,  desde el País a otros . Mera  pantalla de  banca  y del IBEX 35 .  La  operación se les fue a la mierda y ahora ladran su resentimiento por la esquinas  .A nadie debiera extrañar que un informe de la Universidad de Oxford concluya que los medios españoles son los menos creíbles de los once países consultados en Europa y los segundos menos creibles de los doce estudiados de todo el mundo.

lunes, 1 de febrero de 2021

La gestión de la UE con las vacunas . .

AstraZeneca nos da nuestra propia medicina

 Por Marta Nebot  

 Que AstraZeneca esté dando a la UE de su propia medicina no es buena noticia para los europeos, pero quizás nos cure la soberbia y mejore la enfermedad más vieja del mundo.

 Como europeos, lo primero que nos sale ante el incumplimiento de la farmacéutica británica es darnos muchos golpes de pecho mientras nos hacemos preguntas retóricas de primer mundo: ¿cómo puede hacernos esto? ¿Cómo no va a entregar un 75% de las vacunas prometidas para ahora? ¿Una empresa plantando a 27 países de un continente poderoso? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué se han creído? Y en esta protesta, por una vez, pareciera que nos unimos todos.

 En una tertulia en Mediaset en la que coincido con Carlos Cuesta, subdirector de OKDiario, él se preguntaba cómo permite esto la UE y el Gobierno de España. Y desarrollaba un monólogo inflamado sobre lo mal que lo gestionan nuestras autoridades y lo que se ha pitorreado de nosotros AstraZeneca. Yo metí baza recordándole que cuando se propone legislar para evitar los abusos, como este, de las grandes multinacionales, los suyos no están de acuerdo. Carlos contestó encendido: no me vengas con «el mantra de intervengamos la economía». «Hablamos de AstraZeneca y Pfizer; no me hables de nacionalizar Endesa. Yo les ponía cuatro genéricos y vas a ver como rectificaban», seguía con su relato de negociaciones machitas.

 Luis Rendueles, periodista de El Periódico de Cataluña que también estaba, le respondía: «Pues como se pongan a estrangular la llegada de vacunas a España, a ver qué hacemos». A lo que Cuesta manifestaba, como sorprendido: «O sea que somos una birria». Y Rendueles le apostillaba tan tranquilo: «Sí, Carlos, no pintamos nada. Estamos vendidos».

 Pensando y revisando la escena en internet no puedo evitar que se me pinte una mediosonrisa en la cara, aunque también sea una especie de mueca retorcida. Y es que el capitalismo y el libre mercado siempre están bien cuando te toca del lado del que tiene el dinero. A Israel y a Emiratos Árabes Unidos que, por lo filtrado, pagan a Pfizer y a Moderna mucho más que los europeitos, en estos momentos les debe parecer fenomenal. Allí no solo no les faltan vacunas; en Dubai, incluso, ya se las ponen a turistas de súper lujo.

La buena noticia es que esos países son ejemplos piloto que confirman que vacunar salva muchas muchas vidas y que para el contagio en seco.

 La mala es que Europa no es el mejor postor y, visto lo visto, las farmacéuticas seguirán, como siempre, haciendo negocios; solo que esta vez nos toca estar del lado de los damnificados de la búsqueda inexorable del máximo beneficio.

 Después de la tertulia (siempre son demasiado rápidas e intensas como para pensar mucho) me acordé de que España, junto a la Unión Europea, se opuso recientemente en la Organización Mundial del Comercio a liberar ciertas patentes de tecnología, medicinas y vacunas contra el Covid, dada la emergencia mundial y brutal en la que estamos. Lo solicitaron la India y Sudáfrica y les respaldaron una larga lista de 99 países, de los que llamamos pobres. Europa se alineó con los ricos; quizás no pensó que podría pasar necesidad.

 Lo más paradójico de este mercado persa de las vacunas Covid, en el que las relaciones internacionales y el dinero lo son todo, es que el virus no entiende de nada de eso y si no vacunamos también a los presuntos pobres, que son muchos, seguirá circulando y mutando, con el peligro que eso implica de quitarle efectividad a las vacunas de ricos.

 Esta vez parece que ha llegado el momento de entender o quizás, más bien, de imponer, que o nos salvamos todos o nos vamos todos al mismo sitio. La situación, los gurús económicos, incluido el FMI, y la historia por fin tienen un diagnóstico común: hay que poner freno al mercado y al capital porque o gobernamos a las empresas de las que dependen nuestras vidas o serán ellas las que sigan gobernándonos.

 Porque ¿qué otra cosa es, que no sea gobernarnos, que la UE, con el dinero de casi 450 millones de europeos, esté firmando contratos millonarios leoninos con cláusulas confidenciales que estas multinacionales se atreven a pasarse por el arco del triunfo? En esto, estoy de acuerdo con Carlos Cuesta: es una genuflexión en toda regla. Pero, Carlos, ¿no es esto, una vez más, postrar la democracia, la salud y la vida a los pies del dinero? ¿No ha llegado el momento de poner puertas a lo que ellos creen que es su campo?

 Fuente: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/44622/astrazeneca-nos-da-nuestra-propia-medicina/

   Y ver ...

hhttps://blogs.publico.es/juantorres/2021/01/29/los-culpables-no-son-las-farmaceuticas-sino-la-comision-el-parlamento-y-los-gobiernos-europeos/


 Nota del blog .- Como si en Bruselas no hubiera poderosos lobbys  de las farmacéuticas  y como  descalificaban y se reían   de la vacuna rusa y a Hungría por comprarlas  y que ahora ellos mismos demuestran  que tiene una eficacia de   más del 92%