La gestión de la UE con las vacunas . .

AstraZeneca nos da nuestra propia medicina

 Por Marta Nebot  

 Que AstraZeneca esté dando a la UE de su propia medicina no es buena noticia para los europeos, pero quizás nos cure la soberbia y mejore la enfermedad más vieja del mundo.

 Como europeos, lo primero que nos sale ante el incumplimiento de la farmacéutica británica es darnos muchos golpes de pecho mientras nos hacemos preguntas retóricas de primer mundo: ¿cómo puede hacernos esto? ¿Cómo no va a entregar un 75% de las vacunas prometidas para ahora? ¿Una empresa plantando a 27 países de un continente poderoso? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué se han creído? Y en esta protesta, por una vez, pareciera que nos unimos todos.

 En una tertulia en Mediaset en la que coincido con Carlos Cuesta, subdirector de OKDiario, él se preguntaba cómo permite esto la UE y el Gobierno de España. Y desarrollaba un monólogo inflamado sobre lo mal que lo gestionan nuestras autoridades y lo que se ha pitorreado de nosotros AstraZeneca. Yo metí baza recordándole que cuando se propone legislar para evitar los abusos, como este, de las grandes multinacionales, los suyos no están de acuerdo. Carlos contestó encendido: no me vengas con «el mantra de intervengamos la economía». «Hablamos de AstraZeneca y Pfizer; no me hables de nacionalizar Endesa. Yo les ponía cuatro genéricos y vas a ver como rectificaban», seguía con su relato de negociaciones machitas.

 Luis Rendueles, periodista de El Periódico de Cataluña que también estaba, le respondía: «Pues como se pongan a estrangular la llegada de vacunas a España, a ver qué hacemos». A lo que Cuesta manifestaba, como sorprendido: «O sea que somos una birria». Y Rendueles le apostillaba tan tranquilo: «Sí, Carlos, no pintamos nada. Estamos vendidos».

 Pensando y revisando la escena en internet no puedo evitar que se me pinte una mediosonrisa en la cara, aunque también sea una especie de mueca retorcida. Y es que el capitalismo y el libre mercado siempre están bien cuando te toca del lado del que tiene el dinero. A Israel y a Emiratos Árabes Unidos que, por lo filtrado, pagan a Pfizer y a Moderna mucho más que los europeitos, en estos momentos les debe parecer fenomenal. Allí no solo no les faltan vacunas; en Dubai, incluso, ya se las ponen a turistas de súper lujo.

La buena noticia es que esos países son ejemplos piloto que confirman que vacunar salva muchas muchas vidas y que para el contagio en seco.

 La mala es que Europa no es el mejor postor y, visto lo visto, las farmacéuticas seguirán, como siempre, haciendo negocios; solo que esta vez nos toca estar del lado de los damnificados de la búsqueda inexorable del máximo beneficio.

 Después de la tertulia (siempre son demasiado rápidas e intensas como para pensar mucho) me acordé de que España, junto a la Unión Europea, se opuso recientemente en la Organización Mundial del Comercio a liberar ciertas patentes de tecnología, medicinas y vacunas contra el Covid, dada la emergencia mundial y brutal en la que estamos. Lo solicitaron la India y Sudáfrica y les respaldaron una larga lista de 99 países, de los que llamamos pobres. Europa se alineó con los ricos; quizás no pensó que podría pasar necesidad.

 Lo más paradójico de este mercado persa de las vacunas Covid, en el que las relaciones internacionales y el dinero lo son todo, es que el virus no entiende de nada de eso y si no vacunamos también a los presuntos pobres, que son muchos, seguirá circulando y mutando, con el peligro que eso implica de quitarle efectividad a las vacunas de ricos.

 Esta vez parece que ha llegado el momento de entender o quizás, más bien, de imponer, que o nos salvamos todos o nos vamos todos al mismo sitio. La situación, los gurús económicos, incluido el FMI, y la historia por fin tienen un diagnóstico común: hay que poner freno al mercado y al capital porque o gobernamos a las empresas de las que dependen nuestras vidas o serán ellas las que sigan gobernándonos.

 Porque ¿qué otra cosa es, que no sea gobernarnos, que la UE, con el dinero de casi 450 millones de europeos, esté firmando contratos millonarios leoninos con cláusulas confidenciales que estas multinacionales se atreven a pasarse por el arco del triunfo? En esto, estoy de acuerdo con Carlos Cuesta: es una genuflexión en toda regla. Pero, Carlos, ¿no es esto, una vez más, postrar la democracia, la salud y la vida a los pies del dinero? ¿No ha llegado el momento de poner puertas a lo que ellos creen que es su campo?

 Fuente: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/44622/astrazeneca-nos-da-nuestra-propia-medicina/

   Y ver ...

hhttps://blogs.publico.es/juantorres/2021/01/29/los-culpables-no-son-las-farmaceuticas-sino-la-comision-el-parlamento-y-los-gobiernos-europeos/

 Nota del blog .- Como si en Bruselas no hubiera poderosos lobbys  de las farmacéuticas  y como  descalificaban y se reían   de la vacuna rusa y a Hungría por comprarlas  y que ahora ellos mismos demuestran  que tiene una eficacia de   más del 92%

España .- Los golpes de togas .

El gobierno de las togas.

José Antonio Martín Pallín.

"Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que seamos los jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron salir del marco de la confrontación política". Lo dice José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y dentro de esta tendencia, defiende, el juicio del procés es especialmente significativo. Martín Pallín ha criticado abiertamente numerosos aspectos del proceso contra los líderes independentistas por la organización del referéndum del 1 de octubre, y en El gobierno de las togas analiza el contexto en el que se produce lo que considera una judicialización de un problema político, deteniéndose también en detalles del proceso y de la sentencia, y señalando sus posibles consecuencias. infoLibre recoge aquí la introducción del libro, editado por Catarata y la revista Ctxt, en librerías el 10 de noviembre.

Son varias las razones que me han impulsado a escribir este libro. Durante más de cuarenta años he desarrollado mi vida profesional entre el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo, como magistrado en la Sala Segunda. Han sido todos estos años dedicados los que me han permitido enriquecer mis conocimientos y mi sensibilidad ante los conflictos humanos que surgen en todas las sociedades, sean o no democráticas. Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que seamos los jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron salir del marco de la confrontación política. Para eso están los mecanismos previstos en todas las Constituciones democráticas.

Como fiscal he celebrado miles de juicios que, además de ejercer las acciones penales, me han permitido profundizar en la comprensión del entorno y las circunstancias que podían haber llevado a esas personas al banquillo de los acusados. Por supuesto, hay un factor criminológico que surge de la marginación social, pero actualmente las circunstancias han cambiado y una parte importante de la estadística criminal la ocupan los delitos económicos, relacionados con la corrupción de funcionarios públicos y de particulares. Mi tarea como fiscal consistía en tratar de convencer al tribunal de la existencia de pruebas suficientes para formular una acusación y pedir una determinada pena o incluso la absolución. Pero mi labor no acababa en ese momento. Después de finalizar el juicio, tenía que leerme las sentencias para decidir si estaba de acuerdo con ellas o procedía interponer algún recurso. Más adelante, con la vigencia de nuestra Constitución, se amplió la esfera de posibilidades y tuvimos que entrar de lleno en la comprobación del cumplimiento riguroso de las garantías constitucionales establecidas en todos los sistemas internacionales de derechos humanos. Era necesario leer previamente las sentencias recurridas. Una vez que llegué al Tribunal Supremo, debía estudiar y seleccionar los recursos para comprobar si efectivamente se había vulnerado alguno de los principios esenciales y las garantías propias del proceso penal de una sociedad democrática.

 El segundo motivo es mi preocupación por la incapacidad histórica y política de mi país, en los tiempos presentes y pretéritos, para afrontar una situación que corre el riesgo de hacerse endémica. El llamado conflicto catalán no es nuevo, e incluso la sentencia, de casi 500 páginas, dedica unas cuantas líneas a los antecedentes, relativamente recientes, para establecer una comparación, que en mi opinión no es homologable, con la declaración de independencia desde el balcón de la Generalitat por Lluís Companys en el año 1934. El llamado conflicto catalán ha gravitado sobre nuestra historia desde hace largo tiempo. Para no retroceder estérilmente a épocas más remotas, iniciaré mi reflexión a partir de la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera en el año 1923. Cuando Alfonso XIII dio un golpe de Estado, entregando el poder a un alto cargo militar que, por circunstancias del destino, era capitán general de Cataluña, la burguesía catalana celebró este acontecimiento. El advenimiento de la II República ha sido siempre el punto de partida de mis reflexiones sobre la democracia y los valores cívicos que quisiera ver, algún día, instalados con solidez en nuestro país. Años antes, la experiencia del Estado federal que propugnaba la I República (1870-1873) hubiera sido una solución para afrontar este conflicto, pero su duración fue tan efímera que no pudo plasmarse en un texto constitucional que rigiera nuestra convivencia política.Esta larga trayectoria entre el Ministerio Fiscal y la Magistratura me permite, modestamente, afirmar que tengo una experiencia temporal y material consolidada por mi práctica como acusador y como magistrado. Estoy seguro de que mi criterio será discutido y criticado por muchos juristas, incluso por algunos que no tengan esta condición, pero puedo asegurarles que el principal motivo de mi discrepancia con la actuación judicial, en el caso de los independentistas catalanes, nace de mi rechazo a que un proceso político desarrollado a través de órganos constitucionales, controlado por el Tribunal Constitucional y culminado en una sesión parlamentaria pueda ser criminalizado, sin haber optado por otras alternativas como la aplicación de las previsiones constitucionales del artículo 155. La sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que va ser objeto de mi análisis crítico, reconoce paladinamente que todo lo que ha considerado como un proceso rebelde o sedicioso quedó abortado por la aplicación de las medidas políticas tomadas por el Gobierno de la Nación. Por eso nunca comprenderé cómo el Tribunal Supremo de un Estado democrático puede criminalizar iniciativas políticas, arrogándose competencias que nunca debieron utilizarse para hacer frente al conflicto catalán.

Me parece oportuno recordar, como precedente, que todas las fuerzas democráticas que alumbraron la II República habían acordado en el Pacto de San Sebastián de 1929 la creación de Estatutos de autonomía lo más amplios posible para las llamadas comunidades históricas, como Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Las fuerzas políticas reaccionarias, sociales y eclesiásticas, se aliaron para aunar todos los medios a su alcance hasta conseguir derrocar el régimen ejemplar de derechos y libertades políticas y sociales que se recogían en la Constitución de 1931. Ni los más acérrimos partidarios del golpe militar de 1936 han sido capaces de negar las avanzadas políticas de educación, cultura y seguridad social que se pusieron en marcha. No me voy a detener en sus bondades, pero siempre lamentaremos la pérdida de esa oportunidad histórica que transcurrió en tiempos convulsos para toda Europa. En mi opinión, la II República fue una gran oportunidad para asentar en nuestra sociedad los valores democráticos y los avances sociales, con absoluto respeto al pluralismo de todas las ideologías comprometidas con los derechos y libertades fundamentales.

El golpe militar del 18 de julio de 1936, que triunfó tres años después, dejó un reguero de sangre y desolación que nunca hemos podido superar. Nuestras carencias históricas y nuestro déficit democrático nacen de la oposición feroz de los vencedores a cualquier intento para integrarnos en la cultura democrática europea. Los movimientos democráticos que surgieron desde los primeros momentos en contra de un régimen totalitario —que representaba un anacronismo en la Europa que empezaba a gestar el embrión de lo que ahora es la Unión Europea— siempre propugnaron la sustitución de la dictadura por un sistema democrático que tuviese en cuenta las peculiaridades de Cataluña y el País Vasco.

Cuando se comienza a desarrollar el moderno independentismo catalán, los poderes políticos tuvieron la oportunidad, durante varios años, de concertar una solución política compatible con nuestra actual Constitución. En mi opinión, y a pesar de los dogmáticos inflexibles, esta solución pasaba por un referéndum consensuado como en Escocia y Canadá, aunque con ciertos condicionamientos y limitaciones. Todas las estadísticas demoscópicas solventes de las que se disponía apuntaban a que si se hubiera celebrado una consulta popular, hace unos años, hubiera triunfado rotundamente el “no” a la independencia unilateral de una República catalana independiente.

Los políticos catalanes, como era de esperar, no cejaron en su empeño y pusieron en marcha lo que se denomina la hoja de ruta, que se atajó por el Tribunal Constitucional de manera clara y rotunda. Siempre estuvo abierto el espacio para el diálogo en busca de la convivencia y, aunque no seré yo el que reparta las culpas políticas, es evidente que el Gobierno central, en manos del Partido Popular, pretendió dar un “golpe jurídico” para enfrentarse a las propuestas independentistas, encomendando esta tarea, propia de la actividad política, a lo que en ciencia política se denomina el gobierno de las togas. Se retorcieron las funciones y el sentido de un Tribunal Constitucional en una sociedad democrática, regida por el principio de la división de poderes. Se modificó ad hoc el Código Penal para poder castigar determinadas conductas. En definitiva, se decidió que los jueces penales tenían la palabra y que todo era un problema que se solucionaba con la aplicación del derecho penal.

Es cierto que vivimos en una sociedad en la que todo se pretende regular por leyes, dejando un escaso espacio a los ciudadanos para que solucionen sus conflictos por las vías del convenio, el pacto o las votaciones democráticas. Precisamente por ello el Poder Judicial ocupa un mayor protagonismo, a veces indeseable, en los espacios públicos e incluso privados. Corresponde a los políticos afrontar, con responsabilidad, las cuestiones que afectan a la buena gobernanza del país. No pueden eludir sus obligaciones remitiendo a los jueces conflictos que no son propios de la función jurisdiccional, trastocando el sistema de la división de poderes y perturbando la estabilidad democrática. La cosa pública, su gestión y gobierno, pertenece en exclusiva a los legisladores y a los que administran, desde sus cargos ejecutivos, las políticas necesarias para el desarrollo de la vida diaria, velando por los intereses generales.

Un sector del llamado catalanismo independentista se presentó a las elecciones del año 2015 anunciando, clara y transparentemente, como acontece en toda sociedad democrática, que en su programa electoral ofrecían a sus potenciales electores activar las medidas políticas y legislativas necesarias para llegar a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña en forma de república. Consiguieron la mayoría parlamentaria.

Era evidente que esta iniciativa política iba a suscitar conflictos y controversias con el resto del Estado español y con la legalidad constitucional, por lo que a nadie podría extrañarle que el Gobierno central utilizase los mecanismos previstos constitucionalmente. Se trataba de impedir, coartar o reconducir estas iniciativas, valiéndose del único procedimiento que contempla nuestra Constitución, que no es otro que el de suscitar ante el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, la constitucionalidad de las leyes o iniciativas legislativas encaminadas a organizar un referéndum vinculante sobre la independencia y a proclamar, en virtud de sus resultados, la República catalana. Resulta impensable y denotaría una grave irresponsabilidad que los dirigentes políticos y los partidos independentistas catalanes no contemplasen las consecuencias de esta inevitable reacción.

Ante esta encrucijada, el Gobierno central y los partidos políticos sin responsabilidades de gobierno y que no participan de estas ideas independentistas debieron meditar serenamente sobre las previsibles consecuencias, escoger las respuestas adecuadas y buscar las posibles salidas. Del mismo modo, los catalanistas independentistas deberían ofrecer cualquier otra alternativa. Es justo reconocer que desde estas esferas se ha invocado reiteradamente la necesidad del diálogo y de buscar una salida pactada, al estilo de la vía utilizada en Escocia y, con anterioridad, en Canadá. No es mi propósito, ni el objeto de este libro, hacer una crítica a las posiciones intolerantes de una parte de la sociedad española, ni siquiera al inmovilismo del Gobierno central ante estas propuestas, sino poner de relieve que algunas reacciones posteriores han tensado, en exceso, los principios y fundamentos esenciales de un sistema democrático firmemente asentado en sus valores fundamentales, que no son otros que la división de poderes, el respeto a los valores superiores de la Constitución y a los compromisos contraídos con la comunidad internacional, en forma de pactos y tratados internacionales sobre los derechos civiles y las libertades fundamentales.

El punto de fricción se encuentra, evidentemente, en el artículo 2 de la Constitución, que fundamenta su propia existencia “en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Sin embargo, a continuación reconoce, de forma un tanto contradictoria (lo que abre una vía interpretativa), “el derecho a la autonomía de las nacionalidades”. Si la respuesta del Estado se hubiera limitado a utilizar los mecanismos constitucionales para enfrentarse a las iniciativas independentistas, sería difícil formular críticas y, con toda seguridad, nos encontraríamos ante un panorama distinto.

Pero han sucedido cosas que trascienden la pura legalidad para constituir un suceso inesperado e indeseado que ha suscitado la atención de toda la comunidad internacional y de la gran mayoría de los medios de comunicación. Los informativos de las televisiones abrieron sus programas y crónicas con los sucesos insólitos acontecidos el 1 de octubre de 2017. No tuvieron la misma atención las concentraciones ante la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre de 2017. La diferencia me parece significativa.

Transportar y utilizar contingentes importantes de la Policía y de la Guardia Civil para impedir, por la fuerza, que se ejerciese el derecho y la voluntad de votar en un referéndum cuyos efectos serían puramente simbólicos, fue una decisión tomada más por instintos emocionales y rentabilidad electoral que por racionalidad política. Era evidente que la ley de referéndum, la de transitoriedad a la República catalana y la convocatoria electoral del 1-O habían sido declaradas inconstitucionales. Por tanto, una declaración de independencia, cuyos efectos políticos habían sido abortados en su origen, solo podría tener efectos simbólicos.

Todas las televisiones del mundo retransmitieron la violencia policial. Su impacto conmocionó a la opinión pública internacional, que no podía entender que la única reacción de un Estado democrático frente a un acto declarado indudablemente inconstitucional fuera la de actuar como si se tratase de una manifestación violenta o de una programada rebelión de las masas.

La mayoría de los medios de comunicación internacionales y los políticos extranjeros no entendieron esta desproporcionada y violenta intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Es cierto que la inmensa mayoría de los Gobiernos que forman parte de la comunidad internacional, actuando dentro del más estricto formalismo diplomático —y es posible que también por sus convicciones—, se opusieron a la declaración unilateral de independencia, pero gran parte de los ciudadanos y muchos de esos mismos políticos reclamaron también la necesidad de un diálogo racional, civilizado y propio de sociedades democráticas maduras, para encontrar una posible salida a esta situación insostenible, con repercusiones también en otros ámbitos como el económico, social y financiero.

Ninguna de las normas reguladoras de las competencias del Poder Judicial permite al mismo controlar o anular leyes aprobadas en sede parlamentaria. Solo tiene la posibilidad de suscitar una cuestión de inconstitucionalidad, de una ley o de parte de ella, sometiéndose, en última instancia, a lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Pero, en mi opinión, las cotas del intervencionismo judicial y la extralimitación del principio de la división de poderes alcanza sus máximos niveles cuando, como estamos viendo, el Poder Ejecutivo va más allá de la utilización de las resoluciones administrativas y se decanta por echar mano del derecho penal para criminalizar decisiones adoptadas, mediante votación, en un Parlamento soberano. Siempre he pensado que el derecho penal debe detenerse ante las puertas de un parlamento cuando trata de enjuiciar actividades parlamentarias. Así lo entiende Inglaterra, la cuna del parlamentarismo, cuando en su Bill of Rights (Declaración de Derechos) de 13 de febrero de 1689 proclama que “las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro tribunal que no sea el propio Parlamento”.

Si la actuación violenta de la policía el 1-O conmocionó a la opinión pública mundial, los que ostentan el Poder Judicial, nuestros políticos, los periodistas y los ciudadanos deben saber que, en otros Estados democráticos, resulta incomprensible que la voluntad de la soberanía popular, que radica en el Salón de Sesiones de un Parlamento, sea invadida por el Poder Judicial hasta el extremo de encarcelar, de manera selectiva e incongruente, a unos pocos protagonistas de una decisión que tomaron todos los que participaron y apoyaron, con su voto, la declaración de independencia y la proclamación de la República catalana.

Cuando se confunden las líneas divisorias entre los distintos poderes y se concentra la reacción en los juzgados y tribunales penales, sin escalonar las respuestas previstas en el texto constitucional, se está vulnerando gravemente la esencia de la democracia. Trataré, en lo posible, a lo largo de los pasajes que vienen a continuación, de exponer, según mi criterio, cuáles son los inconvenientes, cuáles las consecuencias y cuáles los efectos sobre la consolidación de nuestra democracia.

Cuando se examine, con más reposo, todo lo acontecido y las consecuencias de una sentencia dictada al final de un proceso penal seguido ante el más Alto Tribunal de nuestra nación, podremos valorar el alcance y los efectos sobre un conflicto político agravado por la innecesaria e invasiva actuación de la jurisdicción penal.

Así que ya lo saben ustedes: mi formación jurídica y mi pasión por la democracia son los dos factores que me han llevado a escribir este libro, que les agradezco tengan en sus manos.

 https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/11/10/gobierno_las_togas_por_que_los_juzgados_no_son_una_buena_respuesta_problema_catalan_112945_1026.html

 

La represión que no cesa.

Reino de España: Suicidio procesal .

Laia Serra  

La represión que no cesa. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.

Lo ha hecho, confesó unos hechos que no ha cometido. Peor aún, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización para la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y finalmente se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, llamado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar un no ingreso en prisión a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las demás acusaciones también acusaban a quien correspondía y que la sentencia ha condenado a quién era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?

Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisión no es un absurdo, sino que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del Procés ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicación han divulgado las peticiones de prisión para algunos de estos jóvenes. El resultado es que los encausados ​​y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisión que romperían sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una absolución.

La reforma del Código Penal de 2015 y sus potenciales consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas novedades fue la incorporación de una modalidad agravada de delito de desórdenes públicos, que prevé varios supuestos como el hecho de ir con la cara cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 años de prisión. Si a esto le añadimos unos eventuales delitos de daños, de atentado a la autoridad y de lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de un homicidio. Este delito no se había utilizado hasta ahora, pero la Fiscalía comenzó a usarlo en estas últimas manifestaciones, consciente de la presión que ello supone sobre los encausados. La Fiscalía no es la única protagonista de esta dinámica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago íntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el arsenal policial.

Esta situación está dejando en un callejón a muchos encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados ​​eran muy jóvenes, y está siendo su primera experiencia represiva. El sistema está configurándose de manera que sólo las personas con trayectoria política y amplio apoyo social podrán asumir el riesgo de atravesar un procedimiento judicial represivo. El resto de personas anónimas no podrán asumir la inmolación de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede marcar una generación. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo pretender seguir reivindicando un modelo de país basado en los derechos.

Laia Serra  es abogada penalista.

Fuente:

https://www.ara.cat/opinio/suicidi-processal-laia-serra_129_3113142.amp.html

Traducción:Roger Tallaferro .

https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-suicidio-procesal

La verdad sobre el “Palacio de Putin”‎ .

La verdad sobre el “Palacio de Putin”‎

Red Voltaire  

 El video de Alexei Navalni sobre el palacio presentado como “propiedad de Putin” se hizo en ‎Ibach, en la región alemana conocida como la Selva Negra, macizo montañoso situado en el ‎Estado alemán de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de… ¡Alemania!, según reporta el diario ‎local Badische Zeitung [1]. ‎

 El video de Navalni “cuenta” inicialmente la biografía del presidente ruso Vladimir ‎Putin, aparentemente según los archivos de la policía política de la desaparecida RDA, amablemente puestos a la ‎disposición de Navalni, por el BKA (Buró Federal de la policía criminal de Alemania). Pero los documentos que se ven en el video no tienen nada que ver con los comentarios que hace ‎Navalni en su narración. ‎

 En otras palabras, exceptuando el carnet del KGB de uno de los compañeros del presidente Putin, ‎los documentos que se ven en el video, no confirman los comentarios de Navalni, ni siquieran ‎están relacionados con ellos. ‎

 El video pasa después al palacio con una serie de nuevas imágenes filmadas desde un drone. Y, ‎como en la parte inicial, las imágenes no tienen relación con lo que comenta Navalni. Sólo ‎muestran un palacio construido por el arquitecto italiano Lanfranco Cirillo.‎

 Este tipo de propaganda no es nada nuevo. En su momento, la CIA trató de hacer creer que el ‎líder cubano Fidel Castro o el palestino Yasser Arafat eran millonarios. La revista estadounidense ‎‎Forbes llegó a avalar aquellas alegaciones que a la larga siempre resultaron ser infundios ‎malintencionados.

 En realidad, la CIA atribuía a Yasser Arafat la posesión de los fondos de la Organización de ‎Liberación de Palestina (OLP) que el líder palestino administraba a su nombre porque ‎ningún banco se atrevía a aceptar depósitos de la resistencia palestina.

 De la misma manera, ‎se atribuía a Fidel Castro la posesión de fondos que en realidad pertenecían a empresas estatales ‎cubanas. De hecho, las personalidades que conocieron de cerca al líder cubano Fidel Castro, a Yasser ‎Arafat y a sus familias nunca dudaron de su honestidad. ‎

 En cambio, el método, particularmente aproximativo, utilizado en la realización del supuesto ‎documental dice mucho sobre la supuesta integridad de Alexei Navalni. ‎

 [1] https://www.badische-zeitung.de/filmstudio-in-kirchzarten-produziert-alexej-nawalnys-enthuellungsvideo--199599695.html

   Nota del blog ..- Es una pena que no se pueda leer la noticia en el Badische Zeitung  , hay que pagar para leerla . Putin negó que fuera suyo . Y un multimillonario ruso dijo que era  de el .. NO importa , ver como el País refleja la  fake news del video ..y   entra en delirio . Pero además . ¿ Como es que lo manda envenenar Putin y luego el personalmente  ordena que envíen a Berlín ?.

https://elpais.com/internacional/2021-01-30/el-ecologista-que-se-colo-en-el-presunto-palacio-de-putin-y-documento-su-lujo.html

 Y es más ahí esta el enlace de un periódico de Ibach mencionado que estuvo allí en Ibach https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-ibach-nawalny-ist-im-schwarzwald-gejoggt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210113-99-07597

El nacional populismo americano .

 El populismo estalla cuando las personas se sienten desconectadas e irrespetadas

Este es un artículo de opinión de Peter A. Hall, profesor de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard, y de Noam Gidron, profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Por Peter A. Hall y Noam Gidron

BOSTON, Estados Unidos, 8 ene 2021 (IPS) - La sociedad estadounidense está dividida en dos. En la elección presidencial de 2020, 81 millones de personas votaron por Joe Biden, mientras que otros 74 millones votaron por Donald Trump. Muchas personas fueron a las urnas a votar en contra del adversario en vez de apoyar con entusiasmo a su propio candidato.

Aunque esta intensa polarización es distintiva de Estados Unidos, pues nace de un fuerte sistema bipartidista, las emociones antagónicas detrás de ella no lo son.

Gran parte del atractivo de Trump se basaba en un mensaje clásicamente populista –una forma de política que está presente en todo el mundo–, que critica a las élites dominantes en nombre de la gente común.

La resonancia que tiene ese discurso implica que el tejido social en Estados Unidos se está deshilachando en sus bordes. Los sociólogos se refieren a esto como un problema de integración social. Algunos académicos argumentan que las sociedades están bien integradas solamente cuando la mayoría de sus miembros tienen vínculos cercanos con otras personas, creen que son respetados por otros y comparten un conjunto común de normas e ideales sociales.

Aunque la gente votó por Trump por varias razones, existe evidencia creciente de que mucho de su atractivo se basa en problemas de integración social. Al parecer, Trump aseguró un fuerte apoyo por parte de aquellos estadounidenses que sienten que han sido empujados a los márgenes de la sociedad dominante y quienes han perdido la fe en los políticos.

Esta perspectiva es relevante para entender por qué el apoyo a los políticos populistas ha ido aumentando en todo el mundo. Este desarrollo es objeto de un amplio debate entre quienes dicen que el populismo se deriva de las dificultades económicas y otros que enfatizan el conflicto cultural como la fuente del populismo.

Comprender la base del populismo es esencial para abordar su alza y amenaza a la democracia. Creemos que entender el populismo, no como el producto de problemas económicos o culturales, sino como resultado de que la gente se siente desconectada, no respetada y siente que su pertenencia a la sociedad es negada, dará lugar a respuestas más útiles sobre cómo detener su crecimiento y fortalecer la democracia.

 No solo en Estados Unidos

Un investigador y encuestador del partido Demócrata descubrió que el apoyo a Trump en 2016 abundaba entre las personas con poca confianza en los demás. En 2020, una encuesta encontró que “votantes socialmente desconectados eran más propensos a ver a Trump de manera positiva y apoyar su reelección que aquellos con redes personales más sólidas”.

Nuestro análisis de datos de encuestas de 25 países europeos sugiere que este no es un fenómeno puramente estadounidense.

Estos sentimientos de marginación social y la correspondiente desilusión con la democracia brindan a los políticos populistas de todos los matices y de diferentes países la oportunidad de afirmar que las élites dominantes han traicionado los intereses de sus ciudadanos trabajadores.

En todos estos países, las personas que participan en menos actividades sociales, desconfían de quienes les rodean y sienten que sus contribuciones a la sociedad pasan desapercibidas en gran medida, tienen mas probabilidades de tener menos confianza en políticos y baja satisfacción con la democracia.

La marginación afecta a la votación

Sentimientos de marginación social –reflejados en bajos niveles de confianza social, compromiso social limitado y la sensación de que uno no es respetado socialmente– están también relacionados con la decisión de la gente de acudir a votar y con la manera en que lo hace.

La gente que está socialmente desconectada tiene menos probabilidades de votar. Pero, si decide hacerlo, es mucho más probable que apoye candidatos populistas o partidos radicales, en cualquier lado del espectro político. Ese comportamiento es más infrecuente en personas que están bien integradas en la sociedad.

Esta relación permanece fuerte incluso después de otros factores, como el género o la educación, que quizás expliquen también el voto por políticos populistas.

Existe una correspondencia sorprendente entre estos resultados y las historias contadas por personas que encuentran atractivos a los políticos populistas. Desde votantes de Trump en el sur de Estados Unidos hasta partidarios de la derecha radical en Francia, una serie de etnógrafos han escuchado historias sobre fallas en la integración social.

Mensajes populistas como “recuperar el control” o “haz que América sea grande otra vez” encuentran una audiencia receptiva entre las personas que se sienten empujadas a los márgenes de su comunidad nacional y privadas del respeto que se les otorga a sus miembros.

Intersección de economía y cultura

Una vez que el populismo es visto como un problema de integración social, se vuelve evidente que posee raíces económicas y culturales que están profundamente entrelazadas.

La dislocación económica que priva a las personas de trabajos decentes las empuja a los márgenes de la sociedad. Pero también lo hace la alienación cultural nacida cuando las personas, especialmente fuera de las grandes ciudades, sienten que las élites dominantes ya no comparten sus valores y, lo que es peor, ya no respetan los valores por los que han vivido sus vidas.

Estos desarrollos económicos y culturales han formado la política occidental por mucho tiempo. Por lo tanto, los fracasos electorales de abanderados populistas como Trump no necesariamente presagian la desaparición del populismo

La suerte de cualquier político populista puede fluir y refluir, pero agotar la reserva de marginación social de la que dependen los populistas requiere un esfuerzo concertado de reforma dirigida a fomentar la integración social.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

 RV: EG..

 http://www.ipsnoticias.net/2021/01/populismo-estalla-cuando-las-personas-se-sienten-desconectadas-e-irrespetadas/

 

Nota  del blog  .Cada vez que  hay problemas siempre lo mismo desde la trastienda agitan la guerra de razas que es la guerra de los pobres  de todos contra todos . Ahora bien esto no llega a ningun lado a nivel  de armamento es como si sacaran navajas . .."La farsa insurreccionista que   presenció (...)el mundo entero ante  el Capitolio no es una sorpresa ni una anomalía. Este simulacro golpista, mezcla de esperpento y sublevación, es en cierto modo la culminación natural del ciclo político trumpista, nacido de una revuelta contra el establishment de la derecha norteamericana tras el colapso de 2008, y alimentado desde entonces por una colección de ansiedades -económicas, raciales, religiosas- que Trump ha sabido explotar pero que no puede en ningún caso resolver. Esa es la paradoja política que habita el corazón del trumpismo: gracias a su capacidad comunicativa y su carisma, Trump ha sabido representar la pulsión reaccionaria y la necesidad de afirmación que ha sacudido en la última década a la Norteamérica blanca y conservadora, llevándola al punto extremo de asaltar el poder legislativo estadounidense. Pero Trump, producto y artífice del mismo orden de la globalización neoliberal que generó el problema, nunca podría traducir esa ansiedad en un programa político real. Por eso el trumpismo lleva a la recreación permanente del conflicto: sin proyecto de sociedad ni orden alternativo, el trumpismo es conflicto puro, una revuelta contra un estado de cosas que en realidad solo busca preservar"  (1).

 Nota  (1) ver ...https://blogs.publico.es/otrasmiradas/43355/el-18-brumario-de-donald-trump/

 Y ver   https://rebelion.org/la-base-social-de-trump-es-producto-de-la-propia-historia-estadunidense/

La guerra de Israel contra un cineasta .

La guerra de Israel contra un cineasta

 

Un niño palestino sostiene un cartel que culpa a Israel de la destrucción en el campo de refugiados/as de Yenín en abril de 2002. (Real World Photographs | Shutterstock).

La “única democracia de Medio Oriente” lleva 18 años de hostigamiento hacia un documentalista palestino por atreverse a mostrar los crímenes cometidos por el ejército israelí en 2002 en el campo de refugiados de Yenín.

María Landi

En marzo y abril de 2002, en el momento más álgido de la represión contra la segunda intifada palestina, el ejército israelí invadió las principales ciudades palestinas, incluyendo Yenín. La operación se llamó –en un típico ejemplo de esa tergiversación del relato tan cara a los sionistas− “Escudo Defensivo”. Después de bloquear el acceso al lugar, el 3 de abril las fuerzas de ocupación entraron en el campo de refugiados de Yenín con tanques, fuerzas especiales, unidades de comando y varias brigadas de reservistas; además, lo bombardearon por aire y tierra.

Cientos de milicianos palestinos lucharon agónicamente, armados solo con rifles semiautomáticos y rudimentarios conocimientos de guerra de guerrillas. Veintitrés soldados israelíes murieron en el ataque y decenas de palestinos/as fueron asesinados[1]. La destrucción fue casi total; el mujayyam tuvo que ser reconstruido enteramente con ayuda internacional (el único aporte israelí fue exigir que el ancho de los nuevos callejones permitieran el paso de sus tanques en una eventual invasión futura).

Algunos recordarán los llamados internacionales desesperados para que Israel permitiera a periodistas, observadores/as de derechos humanos y personal médico entrar al mujayam. Cuando por fin se levantó el sitio, uno de los que entró a documentar la destrucción fue el actor y cineasta Mohammed Bakri[2]. En su documental “Yenín, Yenín”, Bakri eligió la perspectiva de un joven mudo, habitante del campo, que corre silenciosamente entre los escombros para mostrar dónde los soldados israelíes ejecutaron a sus vecinos y dónde las excavadoras derrumbaron las casas, a veces encima de sus habitantes. Como anotó Jonathan Cook, es fácil deducir el significado de esa elección: cuando se trata de su propia historia, al pueblo palestino se le niega la voz; es testigo silencioso de su propio sufrimiento y abuso.

Desde el estreno del documental, Bakri ha enfrentado interminables batallas en los tribunales israelíes, acusado de difamar a los soldados que llevaron a cabo el ataque. Y ha pagado un altísimo precio personal y profesional: amenazas de muerte donde lo tildan de “nazi”, aislamiento, pérdida de contratos y un sinfín de facturas legales que lo han llevado casi a la bancarrota. La semana pasada, un tribunal del distrito de Lod ha dictaminado que el documental no puede volver a proyectarse en Israel y que todas las copias existentes deben ser recogidas y destruidas. Más aún: Bakri debe pagar 55.000 dólares (más 15.500 por gastos legales) de ‘indemnización’ a Nissim Magnaji, el oficial israelí demandante que participó en la masacre y aparece en la película durante cinco segundos. Magnaji es uno de los varios soldados participantes en la invasión de Yenín que llevan años demandando a Bakri. Ahora, tras la apelación de la defensa, el caso espera el fallo de la Suprema Corte de Israel.

Soldados israelíes en el campo de refugiados de Yenín el 20/4/2002 (IDF Spokesperson’s Unit/CC BY-SA 3.0).

“Un nervio abierto”

Sin duda escuchar los testimonios en el documental es desgarrador. Pero todo lo que hace Bakri es mostrar imágenes de soldados israelíes, tanques y vehículos blindados, de habitantes del mujayyam siendo arrestados y de la desolación general tras el ataque; en ningún momento hace una acusación explícita: las únicas voces que escuchamos son las de personas sobrevivientes.

En un artículo a propósito del fallo reciente, el escritor y activista israelí Miko Peled señalaba: «Cometer crímenes de guerra de todo tipo es una tradición muy arraigada en el ejército israelí. Se remonta a los primeros días de la era pre-estatal, cuando en 1948 las milicias sionistas se convirtieron en un ejército organizado en medio de la campaña de limpieza étnica de Palestina (…) Por eso hay tanta oposición a la película y al propio Bakri en Israel: él tocó un nervio abierto y, dado que es un palestino ciudadano de Israel, también es un nombre muy conocido entre los israelíes, que están furiosos con él. Bakri se atrevió a entrar en el campo y hablar con sus residentes sin mostrar lo que comúnmente se conoce como “el otro lado”.  Además, como queda muy claro a lo largo de la película, el espíritu de la gente del campo de Yenín permanece invicto.»

Peled recordaba también una entrevista −publicada el 31/5/2002 en el diario israelí Yediot Aharonot− que el periodista Tsadok Yehazkeli realizó a Moshe Nissim, apodado “el Oso Kurdo”, conductor de un buldócer del ejército; el soldado se hizo famoso durante la invasión del campo de refugiados por haber manejado su buldócer durante 72 horas seguidas, destruyendo casas sin preocuparse –así lo dijo− si estaban o no habitadas. El Oso hace afirmaciones –difundidas ampliamente hace 18 años− como: «Poco me importa el área de 100 por 100 metros que aplasté [el centro del campo]: en lo que me concierne, les dejé un estadio de fútbol para que puedan jugar»; «De lo único que me arrepiento es de no haber tirado abajo todo el campo»; «Nunca le di a la gente oportunidad de salir de las casas antes de pasarles por arriba con mi excavadora. Yo no esperaba»; «Me alegraba con cada casa que tiraba abajo, porque sabía que a [los palestinos] no les importa morir, pero les importan sus casas». Aunque estas declaraciones no aparecen en el film de Bakri, ilustran cuál era el clima entre las tropas israelíes que entraron al mujayyam. De hecho la unidad en la que operaba el Oso recibió una medalla, y él se convirtió en un héroe para las tropas.

¿Lealtad al opresor?

La también cineasta palestina con ciudadanía israelí Suha Arrar escribió: «Si la polémica que rodea a Mohammed Bakri revela algo es la profundidad del fascismo en el Estado de Israel, y su deseo de ocultar y distorsionar la verdad, mientras simultáneamente se jacta, como “democracia ilustrada”, de apoyar a artistas palestinos/as para que “cuenten su historia”. Pero, ¿qué tipo de historia podemos contar como cineastas: la historia palestina real, o una que simplemente se ajuste a la visión sionista?»

Según Arrar, el establishment israelí «quiere mostrarnos sólo como terroristas o caricaturas folclóricas. La exitosa serie televisiva Fauda es el ejemplo más flagrante: los personajes palestinos son retratados como terroristas o como traidores.» Al gobierno le encanta apoyar obras que ofrecen una imagen estereotipada y negativa de los palestinos como fanáticos o retrógrados que oprimen a sus mujeres (uso del velo, crímenes de honor, matrimonios arreglados); y de paso muestra que le da oportunidades a los cineastas palestinos, que con el éxito de sus películas en festivales internacionales terminan sin querer colaborando con el lavado de cara de Israel. La cineasta recordó, además, que aunque el 20 por ciento de la población de Israel es palestina, solo recibe el tres por ciento de los fondos estatales para la cultura.

Arrar relata su propia experiencia al recibir fondos públicos para su película “Villa Touma” en 2014: su exigencia de que el film fuera presentado internacionalmente como “palestino” le valió ataques de varios ministros e instituciones, que la acusaron de fraude y robo y quisieron obligarla a devolver los fondos recibidos. Según Arrar la situación ha empeorado mucho con los últimos gobiernos del Likud; en particular con la ex ministra de cultura Miri Regev, que entre otras cosas hizo aprobar la ley de “lealtad en la cultura” (para silenciar a artistas que no sigan la línea del gobierno extremista de Netanyahu), desfinanció al emblemático teatro palestino Al-Midan de Haifa y creó un fondo para apoyar la producción de cine en las colonias judías ilegales de Cisjordania ocupada.

Esto ha tenido consecuencias muy negativas para las y los creadores palestinos, que optan por una creciente autocensura o por emigrar adonde puedan trabajar con libertad. Algunos artistas como la propia Arrar han decidido –con gran perjuicio económico− no aceptar fondos estatales, porque «No queremos representar a un país que no nos representa a nosotros.»

En efecto, la peripecia de Mohammed Bakri y sus colegas es la lucha contra un Estado etnocrático obsesionado por invisibilizar a su indeseada población árabe y silenciar sus perspectivas críticas.

«La persecución política en Israel no sólo existe contra las y los activistas, sino también contra los artistas palestinos que tratan de hacer oír su voz. Esto se llama fascismo. Hay un profundo temor de escuchar la verdad, y la verdad es que hay todo un pueblo que aún vive bajo una ocupación militar, que está siendo oprimido diariamente. Es muy fácil construir una valla para esconderse de la verdad; pero ninguna de las vallas o muros cubrirá la realidad en la que vivimos. Como cineastas, continuaremos haciendo lo mejor para exponer esa realidad.», concluye Suha Arrar.

[1] Un informe de Human Rights Watch afirmó que al menos 52 personas palestinas habían sido asesinadas, denunció evidencia de crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí (como ejecuciones extrajudiciales y uso de civiles como escudos humanos) y reclamó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades.

[2] Mohammed Bakri es una figura de renombre en el cine palestino (y tres de sus seis hijos, también actores, son bien conocidos: Saleh, Ziad y Adam). Nacido en 1953 en un pueblo de Galilea y graduado en actuación y literatura árabe por la universidad de Tel Aviv, Bakri participó en numerosas obras de teatro y películas -palestinas, israelíes e internacionales- y recibió varios premios. Además escribió e interpretó cuatro obras teatrales unipersonales y dirigió cuatro documentales sobre la realidad palestina.

Publicado en el semanario Brecha el 22/1/21.

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14F . Una puntualización sobre ellas .

 14F  ,

LDM .

Me parece que no va a cambiar nada fundamental .. el PSOE se sostiene en su  gobierno de coalición con UP  con el voto de ERC y los nacionalistas vascos y catalanes , cualquier cambio si no participa ERC no es posible  ,sea en gobierno de izquierdas en Cataluña , sea en uno independentista  , que puedan estar de acuerdo entre ellos , no olvidemos que hay elecciones porque no se entendieron y disolvieron el Parlamento , es MÁS si no hay acuerdo van a la repetición de elecciones  ; tampoco creo que tengan mayoría para un gobierno de izquierdas en Cataluña incluso por el sistema electoral que premia el voto provincial independentistas ..y la abstención  que habrá de los que antes votaron al Cs . Y si no se entendieron antes los independentistas  a elegir desde el Parlamento un presidente de la Generalitat , veremos ahora  , ya que  las elecciones para ellos son de nuevo un plebiscito no solo entre unitaristas e independentistas   sino entre ellos . Y así  una cosa son las elecciones y quedar mejor ; otra que al PSOE le interesa  presidir  EN ESTA LEGISLATURA  la Generalitat .. fuera de una victoria holgada entre ellos y  ERC  ,que no se dará . Los nervios de algunos vienen , sobre todo entre independentistas  porque  no es lo mismo que sea el PSC-PSOE  el más votado en Cataluña  , que lo fuera el Cs , siendo además que subir el PSC refuerza la acción  del gobierno central  pero por ser Illa   el gestor  central de  la  pandemia.   Gane quien gane  nadie tendrá mayoría y lo importante  es que haya una presidencia y gobierno que gobierne y apruebe presupuestos y gestiones los fondos europeos con rapidez .