¿ Un tribunal supremo franquista ?

El franquismo, ¿un grillete en el tobillo del Tribunal Supremo?

Emilio Silva 

"En consecuencia determinamos que el teniente coronel Antonio Tejero, durante las horas en las que estuvo al mando del Congreso de los Diputados, entre la tarde de 23 de febrero de 1981 y las primeras horas del 24, en las que había dimitido el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y no llegó a ser investido Leopoldo Calvo Sotelo, puede considerarse que fue presidente del Parlamento y presidente del Gobierno de España".

¿Alguien imagina que en un documento oficial, el teniente coronel de la guardia civil que entró al hemiciclo del Parlamento al grito de "quieto todo el mundo" fuera considerado, presidente del Congreso de los Diputados? Pues el Tribunal Supremo, al reconocer en un auto la jefatura del Estado al general golpista Francisco Franco, a partir del 1 de octubre de 1936, ha hecho algo bastante parecido. ¿Ha sido casual?

En el informe sobre España, del relator de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, se señalaban algunas carencias del poder judicial  español, especialmente en "los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos... Sorprende que sus programas de formación no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra".

Salvo excepciones señaladas, la formación en materia de Derechos Humanos de la judicatura española es totalmente deficitaria y esto afecta de forma acentuada a los miembros del Tribunal Supremo, que comenzaron su formación judicial hace más de treinta años. Alguien ha diseñado esa ignorancia en materia de derecho humanitario y ha sido sin duda la misma élite que durante décadas no ha querido que se estudie en los colegios la represión franquista, que el tratamiento cinematográfico de la dictadura sea en general subvencionadamente laxo o que la impunidad de los crímenes de la dictadura sea un muro jamás resquebrajado.

El reconocimiento por parte de la sección cuarta del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fechando el 1 de octubre de 1936 como el inicio de la jefatura de Estado del dictador Francisco Franco no es casual. No lo es cuando el auto confunde adecuadamente el interés general con los objetivos de los herederos del dictador, cuando utiliza su jefatura del Estado como un argumento a su favor, sin llamarlo dictador ni golpista en ningún momento y sin mencionar a sus miles de víctimas que son hoy obligadas a pagar con sus impuestos la tumba del dictador.

El 1 de octubre de 1936, aunque realmente la decisión fue el 29 de septiembre, en Burgos, una ciudad lejana al frente, el general Franco se autoproclama, con ayuda de otros cuatro golpistas engalonados, jefe del Estado. Felicitado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el estado Vaticano, Franco utilizará la fecha de su advenimiento a esa inexistente jefatura del Estado como un hito en la historia del "renacer" de España.

"El 1º de octubre próximo se cumple el primer aniversario del momento histórico en que asumiendo por gracia de Dios y verdadera voluntad España, los máximos poderes, fue solemnemente proclamado jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos nacionales de tierra, mar y aire el excelentísimo señor general don Francisco Franco y Bahamonde, jefe nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Caudillo Supremo del movimiento Salvador de España....

España, la España nacional, consciente de cuánto debe a su Caudillo anhela rendirle en la fecha memorable que se avecina el homenaje de adhesión y gratitud que le es debido. Por lo expuesto y recogiendo el sentir unánime de este nuestro Pueblo Español, se dispone: Artículo 1: Se establece la Fiesta Nacional del Caudillo que se celebra anualmente el 1º de octubre para conmemorar la fecha en que fue proclamado jefe del Estado Español el excelentísimo Sr.D. Francisco Franco Bahamonde".

Esta orden apareció en el boletín oficial franquista el 28 de septiembre de 1937, dictada por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado. Así constituyó la dictadura el 1 de octubre como una de sus fechas fundacionales, festiva, exaltadora y promocionada para nombrar avenidas, hospitales y colegios. Después de que en democracia desaparecieran muchos de esos nombres la fecha quedó disuelta en el calendario, como un recuerdo para la gente mayor y ningún significado para la menor.

Durante los últimos años, uno de los principales argumentos conservadores de quienes defienden indirectamente el franquismo criticando la recuperación de la memoria histórica es que los perdedores de la guerra y sus descendientes quieren cambiar la historia. Pero quiénes realmente la quieren cambiar son los que inventan una legitimidad inexistente, una versión revisionista que acaba de ser respaldada, nada más y nada menos, que por toda una sala del Tribunal Supremo y por unanimidad.

El 10 de mayo de 1936, en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid se reúnen 911 compromisarios elegidos en todo el territorio español por sufragio universal. Tenían que nombrar al presidente del Gobierno de la República. Manuel Azaña recibió 754 de los 847    votos emitidos. Seguidamente, en el Palacio Nacional, hoy Palacio Real, se hizo el acto institucional, desfiló la policía, el ejército, fue una jornada tranquila de una democracia y sólo faltaban dos meses para el 18 de julio.

El 1 de octubre de 1936, cuando el general golpista Francisco Franco leía el telegrama de Rudolf Hess que en nombre de Adolf Hitler le felicitaba, el presidente del Gobierno era Manuel Azaña. Mientras Franco y sus "generalazos" le gritaban a la democracia de 1936 "quieto todo el mundo", y llenaban las cunetas de hombres y mujeres que habían construido nuestras primeras urnas con sufragio universal, quienes creían en el pueblo, quienes estaban construyendo un país gobernado por la ciudadanía y no por los látigos de los terratenientes, ni los púlpitos, ni los cañones.

Ese mismo 1 de octubre, el presidente Manuel Azaña, el que murió en Francia a punto de ser detenido por la Gestapo que quería entregárselo a Franco, firmaba un decreto "para crear 5.300 plazas de Maestros y Maestras con destino a Escuelas nacionales" y habilitaba "un crédito extraordinario de siete millones novecientas noventa y ocho mil pesetas anuales y un millón novecientas noventa y nueve mil quinientas efectivas para la creación, a partir del 1.° de  octubre del año en curso (1936), de 2.666 plazas de dicha clase, con el sueldo anual de tres mil pesetas".

Unos destruían España y otros la seguían construyendo. Y quien hizo todo ese daño, quien asesinó a miles de maestros y maestras, quien dejó 114.226 personas desaparecidas en las cunetas, es reconocido por el Tribunal Supremo de 2019 como legítimo jefe de Estado, aunque fuera autoproclamado por la pólvora y la sangre. La sala del Supremo, colocando uno de sus pies fuera de la democracia, considera que el Caudillo tiene derecho a un tratamiento especial y por eso suspende cautelarmente una decisión del Congreso de los Diputados.

España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX del eterno retorno, con su jerarquía católica rancia y empoderada, su élite inculta y carpetovetónica, y su Poder Judicial inmaculado, que jamás ha juzgado y condenado una sola de las violaciones de Derechos Humanos del dictador. Dice la sala del Supremo que toma la decisión de que el cuerpo del dictador permanezca en el Valle de los Caídos por el interés general, pero lo hace, más bien, por un interés generalísimo. Y ese hombre, Azaña, el que firmó el decreto para crear 5.300 plazas de maestros y maestras, en plena guerra, en plena agresión fascista, yace enterrado   fuera de su patria, en sus márgenes, fuera de la jurisdicción de ese tribunal que hace hoy apología del franquismo.

https://www.eldiario.es/zonacritica/franquismo-grillete-tobillo-Tribunal-Supremo_6_907869213.html 

El Supremo y la legalidad del 18 de julio de 1936 .

El Supremo y la legalidad del 18 de julio de 1936

Juan Antonio Molina .

En el transcurso de la Revolución Francesa, se debatía ardorosamente en la Asamblea Nacional la oportunidad de juzgar al rey, Luis XVI. En medio del apasionamiento dialéctico y oratorio tomó la palabra Robespierre para advertirle a la cámara que si los diputados votaban mayoritariamente a favor de juzgar al Borbón, tendrían que hacerle un juicio justo y ello implicaba la posibilidad de que fuera absuelto, es más, por la presunción de inocencia ya se debería de considerar al rey destronado como libre de culpa y si eso ocurría la revolución quedaría reducida a un simple motín y los revolucionarios a una banda de sediciosos. Por lo tanto, concluía Robespierre, el juicio era extemporáneo por cuanto el hecho de la misma revolución suponía la condena por el pueblo y la historia del monarca.  

Sin embargo, nadie advirtió al gobierno de Sánchez cuando decretó el traslado de los restos de Franco, al contrario que en el caso de Luis XVI, que ni la historia ni el pueblo había juzgado de facto al franquismo y que el hecho de que la Transición se sustanciara en pasar de la legalidad a la legalidad suponía dejar intacto al Estado nacido el 18 de julio, sin que, por tanto, fuera abolido, ni refutado, ni sus capilaridades psicológicas y sociológicas legalmente censuradas. No hubo depuraciones ni en la judicatura franquista, ni en la policía –de ahí de la existencia de torturadores condecorados en tiempos poscaudillistas-, ni en ningún órgano estatal de la dictadura y la misma jefatura del Estado lo fue por designación directa de Franco.

La Transición no fue el acceso de la voluntad popular al Estado, sino del Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla

En este contexto, el Tribunal Supremo considera en el auto de exhumación que el actual Estado es continuidad del construido por el grupo de militares sublevados contra el Estado legítimo de la República. Esto, como reconoce el mismo tribunal, no es un error, sino una declaración de principios sobre el régimen de poder que rige actualmente en España. Es por ello, sumamente sorprendente que aquellos progresistas defensores de la Transición trasladen a la ciudadanía una lectura tan elemental de los procesos históricos y, singularmente, de las contradicciones estructurales de la actual Monarquía española, ya que al no ser el franquismo abolido, ni juzgado, ni condenado, y sustanciarse, como consecuencia, el régimen nacido de la Transición en un franquismo corregido, es una falacia que se pretenda, al mismo tiempo, que el régimen del 78 se defina como antagónico a su propia expresión estatal. Porque la Transición no fue el acceso de la voluntad popular al Estado, sino del Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla. Como dijo Manuel Azaña de la “revolución desde arriba” de Costa, una revolución que se inaugura dejando intacto el Estado existente es un acto muy poco revolucionario.

De igual manera, la Transición supuso la imposición resignada de que no había otra opción, en un contexto de orquestado ruido de sables y maquinaciones financieras. La organización del pesimismo es verdaderamente una de las “consignas” más raras que puede obedecer un individuo consciente. Sólo han querido concedernos un derecho de descomposición bastante perfeccionado. Es decir, la vida como renuncia, convencimiento de que nada puede ser mejor.

Para ello en lugar de esa constitución que proclamaba Azaña: flexible, leve, ligera, adaptada al cuerpo español sin que le embarace ni moleste en ninguna parte porque un pueblo, en cuanto a su organización jurídico-política, es antes de la constitución, entidad viva, la que emergió de la Transición en el 78 se hizo geométrica, rígida, para conservar el régimen de poder articulando un proceso de tránsito asumiendo la legalidad franquista y con ella el estatus de los grupos sociales, económicos y financieros de la dictadura. Se configuró un ambiente psicológico en que cualquier actitud de ruptura con el pasado vaticinara un vértigo. Franco fue finalmente vencido por la biología, derrota que padeceremos todos, pero el Estado, los intereses y las influencias fácticas a las que cobijaba la arquitectura del régimen, superó el trance con ese enjalbegado llamado Transición.

https://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antonio-molina/supremo-legalidad-18-julio-1936/20190606160111163406.html?fbclid 

 y    ver

El Ministerio de Defensa también da validez al gobierno de Franco desde 1936 

https://www.cuartopoder.es/analisis/2019/06/07/el-ministerio-de-defensa-tambien-da-validez-al-gobierno-de-franco-desde-1936/(1)

 Nota del Blog. -

   

  Reconozco mi ingenuidad a veces,  en no ver  que nuestra democracia actual es una democracia inorgánica franquista , no orgánica  pero si vigilada , el franquismo es legal  y eso que fue  la anterior dictadura   y eso que la Constitución del 78   teóricamente derogo las leyes orgánicas que la contradecían , y el franquismo debía ser ilegal e ilegitimo , el artículo de arriba de Antonio Molina  me resulta demoledor ...yo luche por la democracia  y lo pague  con consecuencias personales y lucho ,  pero mi democracia  no es esta .  Ya lo sabía, pero a veces incluso uno lo olvida  y sueña. Pero hay otro problema y  es que el Tribunal Supremo, no puede invalidar algo que el Parlamento aprobó  si fuera el Tribunal Constitucional sí.  Y estamos ya en un segundo caso, el otro fue la suspensión de los diputados  catalanes sin pedir el des aforamiento al Parlamento... y que lo concediera. Y encima lo de Cataluña , ahora según el fiscal , es un golpe estado y el del 36 no .

Nota al texto ..(1)

Dice el ministerio de defensa  . "En febrero de 1938, se dispuso que el escudo central fuera el de los Reyes Católicos colocado sobre el pecho de un águila negra y timbrado con una corona real abierta”. Es un error garrafal, muy extendido, decir que durante el franquismo se adoptó el escudo de los Reyes Católicos. No fue así: se INVENTÓ un escudo, NUEVO, el escudo franquista; eso sí, rodeado por el águila de San Juan del escudo de los Reyes Católicos .Además del Águila de San Juan, el régimen franquista incluyó en su simbología otros elementos característicos de este periodo como es el yugo y el haz de flechas. Resulta, en cualquier caso, fácil apreciar las diferencias entre ambos escudos  ..-Las alas se encuentran plegadas en el escudo franquista, a diferencia del ave de los Reyes Católicos a punto de iniciar el vuelo. Se sustituyó en el escudo franquista el Reino de Sicilia por el de Navarra. El lema de Fernando e Isabel de «Tanto monta» se cambió por «Una, grande y libre», situado en una banda alrededor del cuello del águila. Las columnas de Hércules, que aparecieron en tiempos de Carlos I en la heráldica hispánica, se encuentran fuera de las alas del águila en el escudo franquista.

O sea en este caso ,  el  Ministerio de Defensa  no son unos ignorantes son franquistas.

A la Alemania Nazi la derroto la URSS .

Aniversario en la vieja Europa


Rafael Poch


Muchos creen que John Wayne y el soldado Ryan salvaron a Europa del fascismo, que Angloamérica salvó al viejo continente, poco menos que en solitario, y que el desembarco en Normandía fue la gran acción decisiva. No fue así


Ni el curso de la guerra, ni la derrota del fascismo, se decidieron allá. Los principales héroes no fueron John Wayne ni el soldado Ryan, sino gente de apellido eslavo que murió por un país que ya no existe. Los escenarios realmente decisivos fueron; Moscú, Leningrado (Peterburgo), Stalingrado (Volgogrado), y Kursk.


En el frente del Este, el Tercer Reich perdió 10 millones de soldados y oficiales muertos, heridos y desaparecidos, 48.000 blindados y vehículos de asalto, 167.000 sistemas de artillería. 607 divisiones fueron destruidas. Todo ello representa el 75% de las pérdidas totales alemanas en la Segunda Guerra Mundial.


La diferencia en la escala militar es aplastante. En Normandía se registraron 10.000 muertos aliados, 4.300 de ellos británicos y canadienses y 6.000 americanos. En las grandes batallas del este, los muertos se contaban en centenares de miles. En la batalla de Moscú participaron unos 3 millones de soldados y 2.000 tanques. La URSS utilizó allí la mitad de su ejército, Alemania una tercera parte. En el Alemein, una batalla importante del otro frente, los alemanes disponían entre 60.000 y 70.000 soldados.


La escala del sufrimiento humano también es incomparable. La geopolítica de Hitler no tenía prevista la existencia de un estado ruso en Europa y en su escala racista los eslavos estaban muy abajo. La guerra en el este era a vida o muerte, muy diferente a la del oeste. Las ciudades y los pueblos eran destruidos, frecuentemente con sus habitantes. Murieron uno de cada cuatro habitantes de Bielorrusia, uno de cada tres de Leningrado, Pskov y Smolensk.


El esfuerzo angloamericano en el continente no empezó hasta que, en 1943, quedó claro que la URSS había parado el embate y que la derrota de Alemania era inevitable. Con otra actitud seguramente se hubieran evitado muchos muertos. Pero, ¿habría habido “segundo frente” si las cosas le hubieran ido bien a Hitler en el este?


Desde la firma del acuerdo británico-soviético sobre acciones militares comunes contra Alemania de julio de 1941, Stalin pedía la apertura de un “segundo frente” en Europa, es decir un desembarco aliado que aliviara la presión soportada por la URSS. La respuesta se demoró mucho.


El invierno de 1941, con los alemanes a las puertas de Moscú, fue crítico. Aquel año la URSS sufrió la mitad de las bajas militares de toda la guerra, 9 millones entre muertos, heridos y presos (dos terceras partes de los 27,6 millones de muertos soviéticos en la guerra fueron civiles), pero sólo recibió el 2% del total de los suministros que sus compañeros de coalición le enviaron durante toda la guerra.


Los documentos desclasificados de los archivos soviéticos están llenos de declaraciones de aliados occidentales que abundaban en la inconveniencia de apresurarse. ¿Por qué no dejar que las dos fieras se devoraran entre sí?


Visto desde Moscú, los angloamericanos desembarcaban en los lugares más alejados y menos relevantes para aliviar la presión sufrida por la URSS; primero en el norte de África (noviembre de 1942), luego en Sicilia (julio del 43), a continuación dos veces en Italia continental (en septiembre del 43 y en enero del 44), y sólo a menos de un año del fin de la guerra (en junio del 44) en Normandía.


Para entonces, el ejército soviético ya hacía 6 meses que había llegado a la frontera polaca de preguerra. Las democracias debían darse prisa si querían tomar alguna posición en Europa y evitar que “los rusos” volvieran a llegar a París, como habían hecho en el pasado.


Una manifiesta desconfianza presidió la alianza antifascista soviético-occidental desde sus mismos inicios. Sus motivos eran muchos y diversos. De parte occidental se acepta, por ejemplo, que el pacto germano-soviético de 1939 evidenció el parentesco entre nazismo y estalinismo. De las vergüenzas de las democracias, de su actitud ante el fascismo en vísperas de la guerra y de sus parentescos imperiales con Hitler y Mussolini, apenas se habla. Seguramente a causa de su manifiesta actualidad.


En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, aquellos políticos democráticos de Europa y América que luego “salvarían a Europa” mantenían un idilio con Hitler y Mussolini. Estados Unidos había apoyado al dictador italiano desde su llegada al poder en 1922. Sus desmanes se comprendían, porque conjuraban la amenaza bolchevique. Las inversiones americanas en Italia y en la Alemania fascista no disminuían, sino aumentaban, en los años treinta.


“Hitler ha prestado grandes servicios no solo a Alemania, sino a toda Europa Occidental, al cerrar el paso al comunismo (…) por eso es legítimo ver en Alemania un muro de contención occidental del bolchevismo”, decía en 1938 el Secretario de exteriores británico, Lord Halifax.


Sobre la base común de aquella “contemporización”, Londres y Berlín podían llegar a un “entendimiento”. Halifax estaba dispuesto a conceder a Alemania todo lo que pidiera; “Danzig, Austria y Checoslovaquia”, con tal de que esas anexiones se llevaran a cabo, “de forma pacífica y evolutiva”.


Los principios de aquella Europa se habían retratado igualmente en su actitud ante la República Española.


La idea de que los proyectos de Hitler eran asumibles, que todo el mundo podía integrarse en ellos, y que la amenaza estaba en otra parte, era común en los gobiernos de la Europa de finales de los 30. Con Neville Chamberlain como jefe de gobierno en Londres y Edouard Daladier en París, las democracias calificaban de “paz con honor” la entrega de Checoslovaquia al Reich practicada por la Conferencia de Munich.


El ministro de exteriores polaco, Jozef Beck, prometía apoyar la reclamación nazi sobre Austria y tener en cuenta los intereses del Reich ante un “eventual ataque (polaco) contra Lituania”. El embajador polaco en París, Lukaszewicz, explicaba a sus colegas norteamericanos que lo que estaba en juego en Europa era una lucha entre el nazismo y el bolchevismo, en cuyo campo incluía a “agentes de Moscú” como el Presidente checoslovaco, Edvard Benes. “Alemania y Polonia pondrán a los rusos en fuga en tres meses”, decía el embajador, en vísperas de que la agresión contra su propio país marcara el inicio “oficial” de la Segunda Guerra Mundial.


Para entonces, aquella guerra tenía ya ocho años de historia en el mundo. El mundo de los dominios imperiales de Asia y África, donde la guerra, el atropello, la invasión y el racismo, no contaban, mientras no colisionaran con los propios intereses.


En 1931 los japoneses se habían apoderado de un trozo de China mayor que Francia. En 1933 y 1935 habían expandido su invasión a otras tres provincias chinas, practicando su guerra química y bacteriológica con experimentos en la población civil.


En 1935 Italia invadía Abisinia, con el Mariscal Badoglio utilizando gas mostaza contra la población civil.


En julio de 1939 el gobierno británico declaraba, “reconocer por completo la situación actual en China”.


Ni Londres ni Washington protestaron o se opusieron al ataque japonés contra Mongolia, retaguardia de la URSS, a partir de mayo de 1939 y que, en la batalla de Jaljyn Gol, produjo más muertos que toda la campaña de la invasión alemana de Francia.


No pasaba nada y el encargado de la “India Office”, Leopold Amery, explicaba por qué con toda claridad, al defender la agresión japonesa contra China en la Cámara de los Comunes; “si condenamos lo que Japón ha hecho en China, tendremos que condenar igualmente lo que Inglaterra hizo en Egipto y la India”.


En un libro escrito en una prisión británica entre abril y septiembre de 1944, coincidiendo con el desembarco de Normandía, Nehru, fundador de la nueva India explicaba así la situación: “Tras algunas de aquellas democracias había imperios en los que no había democracia alguna y donde reinaba el mismo tipo de autoritarismo (racista) que se asocia con el fascismo, así que era natural que aquellas democracias occidentales sintieran algún tipo de unión ideológica con el fascismo, por mucho que les disgustara algunas de sus expresiones más vulgares y brutales”.


“La política británica había sido casi ininterrumpidamente profascista y pronazi”, recapitulaba Nehru en su celda del Fuerte de Ahmadnagar, pero todo se acabó, cuando se vio que aquel “aliado natural”, aquel pariente, se volvía contra los intereses occidentales.


“Se hizo cada vez más obvio que, pese al deseo de calmar a Hitler, éste se estaba convirtiendo en el poder dominante en Europa, desmontando por completo el antiguo equilibrio y amenazando los intereses vitales del Imperio Británico”.


El resultado fue una alianza forjada sobre las circunstancias y la estupidez de Hitler, quien, si hubiera atacado primero a la URSS en lugar de atacar a Polonia, habría sido aplaudido por las democracias. Esta idea fue expresada al final de la guerra por el propio Hitler en un texto poco conocido.


En febrero de 1945, Martin Bormann recogió varios monólogos de Hitler que tienen valor de testamento político. Dos meses antes del final, Hitler coincidía en ellos, con la tónica de los políticos británicos y americanos de antes de la guerra, al reflexionar sobre los errores que habían conducido a la derrota.


La campaña contra Rusia era “inevitable”, decía. Su problema era haberla desencadenado en un momento poco adecuado. La guerra en dos frentes había sido un error, reconocía, pero la responsabilidad última era de americanos y británicos, con quienes habría sido posible llegar a un acuerdo.


“La guerra contra América es una tragedia”. “Ilógica y carente de todo fundamento”. Sólo la “conspiración judía contra Alemania” la había hecho posible.


Cargada de delirios, su mirada al futuro, contenía un pronóstico del mundo bipolar que se avecinaba: “Con la derrota del Reich y la aparición de los nacionalismos asiáticos, africanos y puede que sudamericanos, sólo quedarán en el mundo dos potencias capaces de confrontarse; Estados Unidos y la Rusia soviética. Las leyes de la historia y de la geografía, las empujarán hacia una prueba de fuerza, sea militar o económica e ideológica”.


El aparato de propaganda y relaciones públicas más formidable de la historia ha fabricado su leyenda sin apenas fisuras. Hollywood, la industria mediática en manos de magnates, los sistemas de alimentación oficial de esa industria y, por supuesto, el ejército de conformistas bien pagados encargado de transmitirla, han escrito la versión más conveniente. La historia es suya. Llegamos así al discurso de George Bush en la celebración del aniversario del desembarco.


Reivindicando lo único positivo que la intervención militar extranjera de Estados Unidos tiene en su haber en más de medio siglo, el Presidente vende su actual cruzada.


Obteniendo la merecida gratitud que los franceses, italianos, belgas y holandeses le deben al soldado Ryan, pretende mantener el vasallaje europeo ante la larga lista de crímenes impunes cometidos por el militarismo americano desde entonces.


El hombre que, según las encuestas, encarna la guerra y promueve la desestabilización global, para la mayoría de los europeos, habla hoy en Normandía de moral, de libertad y de principios, y recibe el tributo y el aplauso de los dirigentes de la “vieja Europa”.


La generosidad y el heroísmo de los 10.000 caídos en aquellas playas francesas sirve, así, para reivindicar su “guerra contra el terrorismo”, la destrucción de los frágiles rudimentos del derecho internacional y del control de armamentos, la agresión preventiva o “humanitaria”, el armamentismo y la banalización del uso del arma nuclear en guerras convencionales. Es el momento de recordar quien era el máximo representante de esas mismas tendencias en el mundo de hace 60 años.




 La guerra no la ganó el soldado Ryan en Normandía, pero un indigno peligroso reivindica su gloria.


(Publicado el 4 de junio de 2004)


(Referencias bibliográficas: Jawaharlal  Nehru, The Discovery of India. Valentin Falin,  Zweite Front, Die Interesen Konflikte in der Anti-Hitler Koalition. Hitler & Stalin, Parallel Lives, Alan Bullock.)

El Supremo y sus golpes de Estado.

El Supremo y sus golpes de Estado

 Carlos Hernández

En la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas

No hay que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años

 España, junio de 2019. El Tribunal Supremo retrocede 83 años en el tiempo no solo para legitimar a Francisco Franco, sino también para dar la razón a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Ellos fueron dos de los pocos líderes mundiales, y los únicos de relevancia, que dieron por buena la designación como jefe del Estado de un general gallego, bajito y con voz atiplada, llevada a cabo por una horda de militares golpistas en el otoño de 1936. El Führer y el Duce han dejado de ser los únicos, porque ahora esa elección ilegal ha sido avalada por nuestro Tribunal Supremo.

Es difícil creer que la perversa redacción de ese auto sea fruto de un inocente error o de la mera traición de un subconsciente que ha pasado demasiadas horas cara al sol. Aunque es la más grave, se trata de una decisión más. Una decisión que ahonda en la jurisprudencia filofranquista aplicada por el Alto Tribunal durante todo el periodo democrático. La lista de ejemplos es amplia y reveladora. El Supremo evitó condenar a varios alcaldes que habían incumplido la Ley de Memoria Histórica al negarse a retirar la simbología fascista de las calles. El Supremo, recientemente, ha rechazado que los familiares de las víctimas tengan el derecho a obtener ayudas económicas estatales para recuperar los restos de sus seres queridos, asesinados por defender la democracia y la libertad. El Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón cuando osó investigar los crímenes del franquismo. Los magistrados buscaron la excusa para hacerlo en otro de los casos que instruía, pero la "coincidencia" no pasó desapercibida para nadie. El primer juez en 40 años de democracia que osaba poner su foco en el tirano era conveniente y oportunamente defenestrado.

Es una evidencia que, en la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas. Es obvio también que parte del problema proviene de una Ley de Memoria Histórica descafeinada que encaja perfectamente en una legislación global amable con el franquismo. Una legislación que ni siquiera anula las sentencias dictadas en los juicios farsa que celebraban los tribunales militares y civiles durante la guerra y la posterior tiranía. Una legislación que, en el mejor de los casos, es tan equidistante y ambigua como para que cualquier magistrado con caspa pueda interpretarla a mayor gloria del "Caudillo". Sin embargo, las leyes no son las únicas culpables. La judicatura sigue trufada de magistrados que esconden bajo sus togas la camisa azul heredada de sus padres y sus abuelos.

Con este auto, el Tribunal Supremo ha terminado de dilapidar buena parte de la ya escasa credibilidad que atesoraba. Apenas han pasado seis meses desde aquel sonrojante día en el que su presidente corrió, más que nunca, para evitar que los bancos tuvieran que pagar el impuesto de las hipotecas. No le importó saltarse todos los procedimientos establecidos hasta ese momento… ni humillar a los miembros de la sala competente corrigiendo su decisión… ni embarrar la imagen de la institución que presidía. La banca mandaba y ganaba.

Sin haberse recuperado de aquel desastre, el Supremo ha dado el penúltimo paso hacia el abismo. Y lo ha vuelto a hacer en el peor de los momentos. No hay que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años. No hay que ser independentista para dudar de la credibilidad e incluso de la legitimidad de esos magistrados para quemar en la hoguera a quienes se saltaron la Constitución el 1 de octubre de 2017 en una acción incruenta que apenas tuvo consecuencias reales, al mismo tiempo que avalan la proclamación ilegal de un dictador que acabó a bombazos con el orden constitucional vigente, provocó una guerra que arrasó el país y asesinó a decenas de miles de demócratas.

Este miércoles la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exigido al Supremo que rectifique su auto. No estaría de más que esa corrección fuera acompañada de una petición de perdón a todos los españoles, en general, y a las víctimas del franquismo, en particular. Está por ver si Carlos Lesmes y sus huestes atienden la exigencia, recuperando una pequeña parte de la dignidad perdida, o demuestran que su sitio continúa estando al lado de dictadores y banqueros.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Supremo-golpes_6_907169277.html

Los Franco contra los historiadores

https://www.publico.es/politica/franco-siguen-periplo-judicial-nuevas-demandas-investigadores-



periodistas.html

Un tribunal supremo franquista .

La clase de historia que se perdieron cinco magistrados del Supremo:

 Franco fue jefe (de todo  )  el Estado  desde febrero de 1939

• Los historiadores explican que el dictador solo asume la totalidad de la soberanía nacional desde la pérdida de reconocimiento internacional de la República, acontecida en febrero de 1939
• Siguiendo la propaganda franquista, el auto del Supremo señala que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, cuando fue nombrado generalísimo por los militares golpistas
• "Estos caballeros de la Sala Tercera no tienen mucha idea de historia", concluye Viñas. "Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", lamenta Casanovas

Javier Martínez 

El auto del Tribunal Supremo de este martes, en el que dicta la paralización de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco que pretende el Gobierno en funciones de Sánchez, contiene un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado polémica. En la exposición de motivos para justificar dicha decisión, tomada por unanimidad por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero, aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". En aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado… por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivoen las zonas controladas por el frente nacional.

El Supremo afirma que su posición como jefe de Estado "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar", y asume que da comienzo cuando dictaminaron los franquistas. Es decir, asume lo que la propaganda franquista propagó durante las cuatro décadas de dictadura. Pero no lo que piensan los principales historiadores expertos en dicho periodo, que señalan la pérdida de reconocimiento internacional del gabinete de Azaña acontecida en febrero de 1939 como definitoria del cambio de manos de la autoridad suprema del Estado español.

Los historiadores consultados por infoLibre prefieren no acudir a argumentos políticos, de discusión de la legitimidad del golpe de Estado del bando de Franco, y sí a argumentos historiográficos. El catedrático Enrique Moradiellos apunta que el Supremo se equivoca estableciendo en el auto que Franco "era el único jefe de Estado existente. Es cierto que queda proclamado jefe de Estado, pero no de todo el territorio", solo en una zona de España, por entonces bastante reducida. Había dos jefes de Estado, "igual que había dos bancos de España, por ejemplo", agrega. Toda Guerra Civil, explica Moradiellos, es una disputa por la soberanía nacional, por lo que más allá de legitimidades, el general del bando sublevado no podía ser el 1 de octubre jefe de Estado de todo el país.

El concepto se conoce como "soberanía múltiple" e implica que, siempre en términos de ciencia histórica, la Constitución de 1931 no se aplicaba en los territorios controlados por el frente nacional, aunque siguiera siendo legítima en términos democráticos. Para hablar de Francisco Franco como único jefe del Estado del país no hay que esperar al final oficial de la guerra, apunta Moradiellos, sino a una fecha ligeramente anterior: el 27 de febrero de 1939, cuando países como Reino Unido o Alemania dejan de reconocer al presidente de la República Española, Manuel Azaña, en dicho puesto. "Tras su dimisión, la jefatura de Estado republicana queda descabezada" y, de facto, es sustituida por la nueva legalidad franquista, argumenta el experto.

El reconocimiento internacional, así, es definitivo para hablar en historia de una única soberanía nacional cuando se encuentra en disputa. Hay ejemplos relevantes en la actualidad, como el caso de Venezuela tras la autoproclamación de Juan Guaidó. El historiador Julián Casanova coincide con Moradiellos en dicha circunstancia como comienzo de la jefatura de Estado de Franco, y apunta: "No hay ningún historiador que pueda asumir esa fecha", salvo, señala, estudiosos admiradores del franquismo como Pío Moa, que niegan la legitimidad a la democracia republicana apuntalada por la Constitución de 1931.

Ángel Viñas, historiador y autor del libro ¿Quién quiso la Guerra Civil?(Crítica) va más allá. "Estos caballeros de la Sala Tercera del Supremo no tienen mucha idea de historia. Creo que se puede decir con total rotundidad y sin faltarles el respeto en lo más mínimo", sentencia. "Cuando dicen que Franco fue el jefe de Estado desde el primero de octubre... eso es una estupidez rayana en el delirio". Por dos razones: una de índole "interna" y otra de índole "externa", apunta.

La interna: "El derecho español que existía ese día no era la perversión del derecho que habían hecho unos generales rebeldes", explica, asumiendo que en aquel momento el único orden que se debía seguir era el constitucional y republicano. Incluso asumiendo la lógica franquista que parece seguir el Supremo, Viñas puntualiza que Franco se proclamó aquel 1 de octubre "jefe del Gobierno del Estado", como así dispuso la Junta Nacional de Defensa, y solo unos días después se arrogó la Jefatura del Estado con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), engañando a los propios militares golpistas.

Viñas discrepa con Moradiellos en la interpretación de que en aquel momento coexistían dos jefes de Estado disputándose la soberanía nacional. Explica que en aquel momento, la proclamación franquista no fue respaldada por ningún país extranjero, por lo que ni siquiera tendría validez en el ámbito del derecho internacional, importante, como hemos explicado, para discernir quién representa la autoridad suprema del país. Al igual que sus colegas, cita febrero del 39, con la dimisión de Azaña, como la fecha más aceptada del cambio de manos, aunque matiza: las potencias fascistas (Alemania e Italia) lo aceptaron antes, en mayo de 1937, y Estados Unidos algo después.

Casanova también es duro con la mención del 1 de octubre de 1936 como comienzo de la jefatura de Estado del dictador por parte de los magistrados. Solo se entiende, asegura, si el Alto Tribunal asume la propaganda franquista: "Es que eso no aparece así en ningún libro de historia. Y, además, no tiene ninguna necesidad de nombrar esa fecha. Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", critica.

Los expertos consultados en infoLibre señalan, por tanto, que la Sala ha preferido utilizar una fecha solo asumida como oficial por el régimen franquista, antes que la fecha asumida por la inmensa mayoría de los historiadores.

ver....

http://cort.as/-JDyX

 y ver

https://blogs.publico.es/escudier/2019/06/05/el-supremo-hace-historia/

Leyenda negra y nacionalismo español.

 ver  ......

 https://elpais.com/cultura/2019/06/03/actualidad/1559587359_810868.html

 Nota   del Blog 

El sr Villacañas tiene una importante obra escrita de filosofia mas de 30 libros y d e historia sabe de que habla  Ver  en la wiki

 2003 – Jaime I el Conquistador, Espasa Calpe, Madrid, 820 págs.7​

 2006 – La formación de los reinos hispánicos. Espasa Calpe, Madrid, 784 págs.8​

 2007 – ¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial, Almuzara, Córdoba, 240 págs.

 2008 – La monarquía hispánica, Madrid, Espasa Calpe, 832 págs.

Pero el periodista no se leyó el libro de Villacañas  , que si yo he leido  , sino no podía dejar de preguntar más por el luteranismo y el protestantismo  que es fundamental en el libro que critica  de Roca Barea ..

Solo dice .." que persigue romper “los tópicos, aceptados como verdades, de la leyenda negra, que no son más que propaganda antiespañola creada por el mundo protestante y asumida por la Ilustración francesa”

 Y otra cosa que me sorprende a mi  , pero del   libro de Villacañas  ,es que no hay ninguna referencia a La nación imperial de Jose Maria Fradera.

 El  libro  de Roca Barea  es un ensayo muy literario  y no un libro de historia . No sabe ni lo que es un imperio, eso si culpa de todo al imperio inglés y a los americanos les lava  la cara .Eso que se quedaron con parte  del imperio español de  California  a Filipinas .

La derecha populista y los okupas .

Okupas: el gran montaje de la derecha populista

Por Jaime Palomera y Diana Virgós

Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500, es absolutamente ridícula ante las más de 700.000 familias desahuciadas.

Es cada vez más habitual, especialmente en campaña electoral: llegan los mítines y el populismo reaccionario saca a pasear viejos fantasmas para desviar la atención respecto a las causas de nuestros problemas. Para esconder su falta de propuestas e incluso defender ocurrencias que, en circunstancias normales, serían inadmisibles. ¿Que no quiero ver tantos pobres? Agitamos el espantajo del racismo. ¿Que la natalidad está por los suelos? Agitamos entonces la prohibición del aborto. Dime de qué careces y te diré qué miedo difundes.

El problema de la vivienda no está a salvo de estas maniobras inspiradas en Trump. Y no deja de sorprender. Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas. Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden, como dicen PP, Ciudadanos, Vox, e incluso PDeCat o PNV?

Nada más alejado de la realidad. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del Institut Cerdà en 2017, financiado nada menos que por Banc Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia, que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas. Otro informe, del Observatori DESC, lo corrobora: el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser estadísticamente anecdótico.

Aunque nos taladran día y noche con la historia de los jubilados a quienes le ocuparon su casa cuando se fueron de vacaciones, lo cierto es que es un problema muy residual. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500 en todo el Estado, es absolutamente ridícula al lado de las más de 700.000 familias que han sido desahuciadas en la última década (expulsiones, por cierto, que en el 65% de casos han sido protagonizadas por bancos rescatados). O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa. Lo sorprendente es que la cifra de ocupaciones no se haya disparado. Que los barrios no hayan estallado.

Otro bulo muy repetido. “Los okupas son parásitos sociales que buscan cómo aprovecharse del trabajo y los impuestos de los demás”. Falso. Según la Obra Social BCN, de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa. Para no terminar bajo un puente. Porque la realidad es que los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría social, y no hay alternativas: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea (15%).

He ahí el meollo de la cuestión, que los populistas de derechas ocultan de forma sistemática. Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente. Solo hace falta recordar qué hizo el Gobierno del PP tras la gran crisis financiera. Se ha hablado mucho de cómo el Ejecutivo de Rajoy se negó a rescatar a millones de familias hundidas por la estafa hipotecaria mientras salvaba a los culpables. Sin embargo, lo sucedido en la última década es incluso más grave de lo que pensábamos.

Hay que remontarse a los meses que van entre 2012 y 2013. Las cajas y bancos, rescatados con nuestro dinero, se habían convertido en las mayores inmobiliarias del país. Había que sacar aquel enorme stock de vivienda, manchado de dolor y vidas rotas, al mercado. Como fuera. Había que reactivar la burbuja. Viendo que las generaciones más jóvenes (que son siempre la base del mercado inmobiliario) no podían acceder al crédito hipotecario y cada vez vivían más de alquiler, los poderes públicos facilitaron que la especulación pudiera trasladarse a ese terreno. Primero, pusieron la alfombra roja a fondos buitre como Blackstone para que pudieran acaparar buena parte de las viviendas y destinarlas al alquiler, a través de sociedades que empezaron a gozar de privilegios fiscales (las Socimis, que son las Sicav del sector inmobiliario). A renglón seguido, legislaron para quitarle derechos a los inquilinos, adaptando sus condiciones de vida a los planes de negocio de fondos y bancos. Redujeron la duración de los contratos. Facilitaron las expulsiones. Y así, en pleno crecimiento de la demanda, garantizaron una mayor rotación en el mercado y un aumento vertiginoso de los precios.

Los resultados de esta política estatal son conocidos. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.

Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de okupas sin alternativa en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios al día? Por un lado, creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de “mafias okupas” no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, la derecha sirve a poderosos intereses privados, que están en guerra. El fantasma del okupa que se mete en tu casa cuando bajas la guardia es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas pro-especulación como una herramienta para profundizar en ellas. Fue la base sobre la que justificaron la última vuelta de tuerca a la ley de desahucio exprés y ahora plantean reformas del código penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible. En otras palabras, a quien sirven las derechas no es al pequeño propietario, sino al buitre que les llama por teléfono quejándose de que cuesta demasiado echar a la gente, o de los activistas que le han ocupado el edificio para exigir su expropiación. De hecho, buitres y políticos profesionales suelen coincidir en los mismos círculos de poder: Aznar, Aguirre, Pujol o Zaplana… son todos apellidos que suenan en los consejos de administración de fondos buitre.

Desengañémonos. No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda, que cada cinco minutos deja a alguien en la calle. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Nunca como hoy había sido tan urgente realizar cambios profundos, que pongan la vivienda a la altura de la sanidad y la educación. Nunca había sido tan necesario combatir la propaganda antisocial de quienes amparan a una minoría privilegiada a costa de la miseria de millones.

Jaime Palomera

es miembro del Sindicato de Inquilinas. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en la Hidra Cooperativa.

Diana Virgós

es miembro del Sindicato de Inquilinas. Comunicadora en el Ayuntamiento de Gavá.

Fuente: https://ctxt.es/es/20190522/Firmas/26344/Jaime-Palomera-Diana-Virgos-casa-okupdas-03-desahucios-especulacion-derechas.htm

Mientras .- ver  https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html

http://www.sinpermiso.info/textos/okupas-el-gran-montaje-de-la-derecha-populista