Galicia . La represión franquista.

http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF13.pdf

 Y más . la resistencia  campesina ante el franquismo

La resistencia silente, sustentada sobre voces y gestos rastreables, configura la conflictividad en Galicia durante los dos primeros decenios del franquismo. El estereotipo de un entorno sumiso y afín al régimen se desdibuja ante la proyección de actitudes comunitarias de conflicto. Ana Cabana indaga en este libro las formas de disenso que son activadas durante este periodo por la población rural y configuran un marco de identidad colectiva reconocible, coherente y protector de un modo de vida y un orden propios. Los testimonios de naturaleza archivística u oral, retazos de memoria colectiva y de oficialidad, desbrozan el camino y llenan de sentido un paisaje de resistencias civiles poblado de simbolismos verbales y gestuales, pasividad consecuente, redes de apoyo, clandestinidades y memorias vivas.

.Refugiados ,vemos sus caras pero no a sus responsables .

Conocemos los rostros de los refugiados, pero las imágenes de los culpables de su situación no son visibles

Ver sus caras

Pedro Olalla

Ctxt

Los rostros de los refugiados son dignos, enteros, a veces alegres. Pero las imágenes de los culpables de su situación no son visibles. Es hora de que empecemos a buscarlas.
Dicen que cuando una imagen, por dura y reprobable que sea, se repite con la suficiente insistencia, acaba generando aceptación, incluso indiferencia. Desde hace más de un año, periódicos y televisiones de toda Europa nos sirven cotidianamente la imagen de los desesperados que cruzan el mar hacinados en botes de goma y que, no pocas veces, mueren ahogados en el intento. La repetición nos ha hecho casi refractarios a esa imagen, presentada, día tras día, como el único rostro visible del drama de los millones de personas que se ven forzadas a dejar sus casas huyendo de la guerra, la injusticia y el hambre. Por eso, para combatir ese espejismo, he querido ver de cerca sus caras, y he pasado los últimos días en las costas de Lesbos, en los campos de refugiados de la isla, en el campo de acogida de Atenas y en la alambrada que separa Grecia de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Contra lo que cabría esperar, sus rostros están limpios de dramatismo y de reproche. Son caras cercanas, cálidas. Caras dignas, enteras, luchadoras. Caras de gente que sabe que la vida es dura y no le extraña. Y, sobre todo, son caras alegres, sorprendentemente alegres. Se bajan de las barcas y se abrazan sonriendo a quien les tiende una mano de ayuda, felices de haber llegado con vida al otro lado.
La mayoría de ellos ha dejado en ruinas su casa, ha malvendido lo poco que quedaba tratando de juntar dinero para huir, ha abandonado su país andando, ha cruzado a pie toda Turquía, ha sido objeto de abuso y de maltrato en el camino, y ha pagado mil dólares a una red clandestina de transportistas –o algo menos, si se ha arriesgado a embarcar con marejada– para subir a un bote de goma de siete metros de eslora con cincuenta personas más y cruzar un brazo de mar que el ferry hace varias veces al día por apenas diez euros.
¿De qué horror huye alguien para quien la mejor opción es arrojarse al mar sin garantías de llegar vivo al otro lado?
Las costas de Lesbos están llenas de fosforescentes chalecos salvavidas: pecios ignominiosos de un trágico naufragio más de nuestro mundo actual. Sólo a esta isla de 60.000 habitantes, llegaron el pasado año más de 300.000 personas. Si un desembarco de tales proporciones hubiera tenido lugar en las costas de Alemania, tendríamos ya el Cuarto Reich. El 80% de quienes han cruzado últimamente de forma clandestina las aguas del Mediterráneo ha entrado en Europa por Grecia. Por Italia, sólo el 19,5%, aunque la inmensa mayoría de los fallecidos se ha ahogado en sus aguas. Por España –por mucho espacio mediático que ocupe la tragedia–, tan sólo ha entrado un 0,5% de los desesperados: apenas 4.000 personas.
Europa se encuentra “desbordada” porque ha recibido este último año la llegada de casi un millón de personas que huyen del horror. Pero conviene contextualizar este dato: ese millón de personas equivalen tan sólo al 0,18% de la población de la Unión Europea y al 0,14% de la de Europa con sus fronteras geográficas tradicionales; ese millón de personas no es más que una pequeña parte de los 60 millones de personas que este último año han tenido que abandonar su hogar en el mundo: una de cada 122 personas que viven en el mundo ha dejado este año contra su voluntad su casa. La mayor parte de ellos (66%) no ha podido siquiera salir de su país; quienes lo consiguieron, se han quedado por lo general en los países de su entorno; y solamente el 1,6%, haciendo frente a las dificultades del camino, a las olas del mar, a las mafias y a los guardias de frontera, ha conseguido poner el pie en Europa.
La Unión Europea, adonde ha llegado un refugiado por cada más de 500 habitantes, se declara hoy “desbordada”; del Líbano, sin embargo, donde hay un refugiado... ¡por cada cuatro habitantes!, no tenemos noticia; tampoco de la pobre Etiopía, que es el país que, en relación a su renta per capita, más recursos dedica a la atención de refugiados. La Unión Europea debería recordar que el “Estatuto del Refugiado” fue aprobado por la ONU en 1951 para proteger precisamente a los europeos en peligro tras la II Guerra Mundial, y que tuvieron que pasar quince años para que ese status que reconoce el derecho al asilo a “las personas que tienen fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas” se hiciera extensible a los naturales de otros países del mundo.
El grueso de los sirios que han conseguido huir del bombardeo sistemático de su país están hoy en Turquía, en el Líbano, en Jordania, en Iraq y en la región del Kurdistán (Erbil); los que llegan a Europa siguen siendo los menos; y, sobre todo, un número mínimo y en absoluto proporcional a las responsabilidades históricas y actuales de Europa (y de Occidente) en la creación de las verdaderas causas que dan origen a la existencia de refugiados y de migrantes económicos en el mundo. Sin ir más lejos, este año 2016 deberíamos “celebrar” el centenario de los acuerdos secretos de Sykes-Picot (1916), en los que, al calor de la I Guerra Mundial y en vísperas del desmoronamiento del Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia se repartían el futuro control sobre los territorios de Jordania, Palestina e Iraq –para la primera– y del Líbano y Siria –para la segunda–. En las últimas décadas, ha habido otro constante Sykes-Picot sobre los territorios petrolíferos de Oriente Medio y del Norte de África que ha intensificado la radicalización del Islam y ha producido pingües beneficios a la industria bélica.
Pero, por desgracia, la cara visible del drama de los que huyen sigue siendo sólo la de las víctimas, para que acabemos confundiéndolas con los culpables. ¿Acaso esos que cruzan en las barcas son los culpables de la guerra que les obliga a abandonar su casa? ¿Acaso esos desamparados que buscan en Europa una mínima protección y una limosna de trabajo son los culpables del paro en nuestros países, de la destrucción de nuestro tejido económico, de la pérdida de nuestras prestaciones sociales, de la derogación de nuestros derechos laborales, de nuestro endeudamiento con los mercados financieros, de los suicidios de nuestros vecinos, o de esa otra emigración desesperada de miles de jóvenes europeos en busca de una oportunidad de futuro? ¿O acaso son otros los culpables? ¿Dónde están sus caras?
Nunca, en la historia de la humanidad, ha habido tanto tránsito de refugiados y migrantes económicos como en la actualidad. El desarraigo es un signo de nuestro tiempo. Con impertérrito cinismo, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio elogian la emigración como... ¡herramienta primordial de lucha contra el paro! Pero, en realidad, su objetivo último está claro: fomentar la migración y el desarraigo, y utilizar a esos millones de desarraigados para socavar en todo el mundo las conquistas laborales y sociales, para minar la cohesión y la conciencia de la sociedad y para neutralizar por completo su fuerza política, convirtiendo a los trabajadores en una masa ingente de nómadas apátridas, apolíticos y sin vinculación al territorio ni fuerza colectiva para reivindicar nada, mentalizados a vivir en la precariedad, y a merced de la oferta y la demanda de un mercado desregulado por completo. Atractivo panorama para unos pocos.
El dinero tiene cada vez menos fronteras; las personas, cada vez más. Entre Grecia y FYROM hay una alambrada kilométrica que he tocado con mis propias manos para asegurarme de que no es un sueño; lo mismo ocurre entre Grecia y Turquía, entre Serbia y Hungría, y en Melilla, Ceuta, Marruecos, Túnez, Argelia, Rumanía..., “concertinas” de alambre con cuchillas, que la empresa española European Security Fencing tiene el dudoso honor de fabricar en exclusiva. Ante la injusticia global que arrastra los cadáveres y las víctimas a las costas de Europa, la estrategia de la Unión Europea es blindar sus fronteras externas y tratar de alejar el conflicto de ellas. Para el segundo de estos objetivos, acaba de subvencionar a Turquía con 3.000 millones de euros, y al Africa Subsahariana con 1.200, como estipendio para que refuercen sus controles y externalicen el trabajo sucio; para el primero de los objetivos, se ha quedado corta Frontex y la soberanía de los Estados, y ha decidido crear una nueva Agencia Europea de Fronteras más independiente, más privada y con potestad para intervenir de inmediato, incluso cuando los países miembro no otorguen su consentimiento.
Cuando Frontex entró en funcionamiento hace una década, su presupuesto anual era de 6 millones de euros; hoy es de 238, y se prevé que, en los próximos cuatro años, alcance los 322. Asimismo, el programa EUROSUR fomenta la vigilancia de fronteras en los países “antesala” de Europa y establece en ellos una red de Centros de Internamiento de Extranjeros. Al mismo tiempo, la Unión Europea destina millones de dinero público a mantener un lobby de más de treinta empresas privadas que, bajo el epígrafe de Organización Europea para la Seguridad (EOS), gestionan el movimiento de personas y el control migratorio, al tiempo que se benefician de jugosas contratas y sustanciosos programas de I+D (Seabille, Talos, Operamar). Estas empresas son, entre otras, G4S –el mayor grupo privado de seguridad del mundo–, Eads, Thales, Selex y la multinacional “española” Indra, que tiene por primer accionista al Estado español y cuyo reciente director general, Santiago Roura –imputado en el caso Púnicay cesado con una indemnización millonaria– ha sido ahora nombrado presidente de la Organización Europea para la Seguridad.
En el caso de Grecia, país que, en su penosa situación, recibe con creces el grueso de los desplazados que entran en Europa, la “crisis de los refugiados” se ha convertido en coartada para arrebatarle la poca soberanía que le queda sobre su territorio. Si, en los últimos años, la “crisis financiera” ha convertido a Grecia en una auténtica colonia de deuda, esta nueva “crisis humanitaria” le está imponiendo una “troika geoestratégica” sin precedentes. A la par del proceso de rescates y onerosos memoranda que ha dejado al país a merced absoluta de sus acreedores, los acuerdos de Dublín I y Dublín II, unidos al resto de la política migratoria europea de los últimos años, han convertido a Grecia en un depósito de contención de seres humanos, que se espera que actúe como regulador del flujo migratorio hacia el resto de Europa, de acuerdo con las necesidades y los ritmos del núcleo duro de la Unión Europea.
Si al desmantelamiento progresivo y consciente de las fuerzas armadas griegas unimos ahora el ultimátum dado por la Unión Europea a finales de enero (dos meses para que Grecia resuelva sus “problemas de fronteras”, o fin de Schengen y paso de la competencia a manos de Frontex) y la reciente resolución por vía rápida de que sea la OTAN quien asuma el control de las aguas del Egeo, tenemos a Grecia bajo una nueva troika. Igual que las políticas de austeridad y los rescates han asegurado el interés y el beneficio de los acreedores, la cuestión de los refugiados –presentada como un contexto de excepción para actuar al margen de los acuerdos internacionales– ha permitido a la OTAN incrementar y consolidar su presencia en el Egeo y ha ofrecido a Alemania el liderazgo que necesitaba para apuntalar militarmente su poderío económico. Todo ello, para beneficio también de Turquía, que sabe muy bien cómo pescar en aguas revueltas. Así, volvemos a la guerra fría, con las aguas griegas patrulladas ahora por EE.UU., Alemania, Italia, Canadá, Israel, Turquía... y hasta China.
El Líbano tiene en su territorio un refugiado por cada cuatro nacionales, y no se ha declarado “desbordado” ni ha cerrado sus fronteras. Tampoco las cerró Egipto cuando, con la “crisis de Libia” en 2011, recibió en su desértico suelo cuatro veces más refugiados que el conjunto de la Unión Europea. Tampoco Grecia puso nunca en cuestión el espacio Schengen, pese a ser el país más afectado por las políticas comunitarias de inmigración; pero sí lo hizo la Unión Europea en cuanto estalló el conflicto de Libia, y ahora que quiere acorralar a Grecia para usurparle lo poco que le quedaba de soberanía.
Pongámonos serios. Si queremos hacer frente con justicia a esta tragedia, deben cesar, para empezar, los condicionamientos de Schengen, Dublín y Frontex que pesan sobre Grecia y que convierten a los refugiados en un arma de extorsión; sólo así el país podrá dejar de ser una jaula de desheredados y hacer frente a la cuestión conforme a lo dispuesto por el derecho internacional –que en estos momentos está siendo ignorado en toda la zona– y con el apoyo de ACNUR y de la ONU. Y si realmente queremos acabar con los refugiados, entonces debemos exigir que se ataque a las causas: que la política no sea un silencioso cómplice del imperialismo económico; que el dinero público no vaya a los lobbies que reconvierten la industria de la guerra en “industria de la seguridad”; que se combata eficazmente a las redes clandestinas que, sin la oposición real de los gobiernos, controlan las rutas y los mecanismos del tráfico y la trata de personas; que se fomente de verdad el arraigo de la población a su lugar de origen y que se luche declaradamente contra la emigración forzosa, no contra el emigrante. Y tantas otras cosas.
Quien siembra guerras, recoge refugiados. Aunque, por desgracia, no siempre en su propia casa, no sobre su conciencia. El “problema” de los refugiados y de los emigrantes tiene muchas caras, pero la de sus más directos responsables rara vez es visible. Ya va siendo hora de que empecemos a buscarla.
Fuente: http://ctxt.es/es/20160217/Politica/4394/Europa-Mediterr%C3%A1neo-la-fosa-del-sue%C3%B1o-europeo-Europa-contra-s%C3%AD-misma.htm



 Y ver.........

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209282

El aforamiento de los políticos en nuestro estado de partidos.

El aforamiento preventivo

 

RODRIGO TENA  .

La decisión del Partido Popular de designar a Rita Barberá como suplente en la Diputación Permanente del Senado, pese a no renovarla como presidenta de la Comisión Constitucional, ha sido interpretada mayoritariamente como un movimiento estratégico de ese partido para garantizarle su condición de aforada aun en el supuesto de disolución de las Cámaras, y blindarla así frente a los peligros de una posible imputación por corrupción. ¿Tiene eso sentido? En su caso, ¿por qué el aforamiento resulta tan interesante?

La Diputación Permanente es el órgano constitucional que tiene atribuido el ejercicio de las funciones de la Cámara tras su disolución y hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Sus integrantes siguen manteniendo su condición de senadores (o de diputados en el caso de la del Congreso), beneficiándose así de la condición de aforado ante el Tribunal Supremo que reconoce la misma Constitución a todos los parlamentarios.

Pese a lo que se ha alegado en defensa del PP, es muy dudoso que la simple condición de senadora de la señora Barberá por designación autonómica le atribuya el mismo efecto en caso de disolución, sin necesidad de estar en la Diputación Permanente. En realidad, solo le garantiza su renovación automática si a la nueva constitución del Senado persiste la asamblea autonómica que la nombró, pero es difícil aceptar que pueda atribuirle en el interregno la condición —un tanto fantasmagórica— de senadora sin Senado. Durante ese tiempo, su cargo, con todas sus prerrogativas, queda en suspenso, salvo que —efectivamente— pertenezca a la Diputación Permanente. Tampoco conservaría durante ese plazo la condición de diputada autonómica (y en consecuencia aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad) porque renunció a esa compatibilidad en julio pasado por presiones de su propio partido.

Así que si prevenir es curar, hay pocas dudas sobre el significado de esa designación (realizada por el PP apenas unos días después de que el presidente Rajoy afirmase con ocasión de las detenciones en Valencia que “esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna”), porque, efectivamente, la condición de aforado resulta muy útil en estos casos de macrocorrupción. Nueve de los diez concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia y veinte asesores del mismo grupo han sido imputados (o “investigados”, conforme a la nueva lengua judicial) por un posible delito de blanqueo de dinero de origen desconocido. Si ella no lo ha sido todavía se debe únicamente a la curiosa institución del aforamiento, una singularidad patria casi desconocida fuera de nuestras fronteras.

Beneficio para algunos

El aforamiento implica alterar las reglas ordinarias de la competencia judicial penal —la que se aplica a la generalidad de los ciudadanos— en beneficio de determinadas personas, que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados. En el caso de que el órgano competente sea el Tribunal Supremo (TS) o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma, es necesario que el propio instructor sea un miembro de estos tribunales, por lo que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito en que la persona que aparece en la causa está “protegida”, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso, y ello aunque existan otros imputados no aforados (salvo que sea posible el enjuiciamiento separado, que no es lo normal).

Empiezan ustedes a intuir, por tanto, por qué los jueces de instrucción son tan reticentes a “investigar” a los políticos aforados. No se debe únicamente a que puedan perder un caso interesante, sino a otras razones de más peso. Resulta bastante lógico que el juez cite a todos los demás sospechosos antes de plantearse siquiera hacerlo con el aforado, para elaborar un expediente lo suficientemente sólido antes de remitirlo al órgano superior, lo que atribuye al político de turno un tiempo precioso que a veces puede ser muy largo. Es más, si respecto al aforado existen algunas dudas, el juez instructor preferirá excluirle antes que arriesgarse a perder de vista el caso respecto de todos los demás.

No hay que olvidar tampoco otro importante efecto psicológico: si para nosotros ya resultan suficientemente sospechosos los altos cargos de la magistratura como consecuencia del reparto partitocrático de su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial, que es el que realiza los nombramientos en esa sede), para los jueces de base muchísimo más, pues conocen de primera mano esa situación y padecen la discriminación correspondiente a la hora de ascender en la carrera frente a los que despreciativamente denominan “políticos togados”. Esto refuerza su tendencia a conservar el expediente el máximo tiempo posible sin realizar la pertinente imputación.

Pero como ya habrán adivinado, esta no es la única ventaja del aforamiento. La auténtica y sustancial es que cuando la instrucción pasa por fin al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia el instructor es ya un “político togado” respecto del cual nuestros partidos políticos mayoritarios han ejercido cierta influencia. Con un poquito de suerte (tampoco mucha) será notablemente más comprensivo y cuidadoso con el político de turno de lo que él mismo podría ser, por ejemplo, con unos titiriteros cualesquiera o de lo que sería un juez de instrucción vulgar y corriente con, pongamos, una infanta de España. Pero, obvio es decirlo, si aun así el caso termina enjuiciándose, se hará en una sala integrada por ese mismo tipo de jueces, sin duda muy sensible a los riesgos e imponderables de la política, como han demostrado los casos Barcina, Blanco o Matas; o por lo menos bastante más sensible que una de esas audiencias provinciales repartidas por toda España, como hemos vuelto a comprobar hace unos días con la de Palma de Mallorca.

En conclusión: es esta combinación entre una administración de justicia capturada en sus estratos superiores por nuestra partitocracia y la institución del aforamiento, lo que origina el riesgo difícilmente eludible de trato desigual a la hora de procesar y condenar a los miembros de nuestra clase política. Las supuestas ventajas derivadas de ese privilegio procesal  no la justificarían en ningún caso (como demuestra el derecho comparado), pero desde luego nunca mientras esa politización se mantenga.

Así, sus escasos defensores alegan que es una institución necesaria para proteger a nuestros representantes de las “venganzas políticas” de ciertos ciudadanos desaprensivos —especialmente a la vista de la lenidad general con la que se trata a los que interponen querellas infundadas—, sin olvidar tampoco que a diferencia de otros países en los que solo acusa el fiscal, aquí existe la acusación popular. Venturosamente, cabría afirmar, a la vista de la inactividad tradicional de nuestra fiscalía cada vez que aparece un caso políticamente sensible, consecuencia lógica de su dependencia jerárquica del gobierno de turno. Pero, en cualquier caso, ese argumento esconde una crítica infundada a la actuación de los jueces de instrucción, como si se tratase de peleles influenciables o actores ávidos de protagonismo mediático, dispuestos a todo por sentar a un político en el banquillo, cuando la realidad demuestra todo lo contrario. Es la seriedad, rigor y profesionalidad general de nuestros humildes jueces de base (con las inevitables excepciones) lo que todavía permite llamar a nuestro Estado un Estado de derecho.

Suprimir el aforamiento

Por todo ello, el caso en contra de los aforamientos ha alcanzado tal evidencia y respaldo social (lo que en gran parte hay que agradecérselo a UPyD) que hasta los más interesados en disfrutar de sus ventajas no quieren asumir, al menos frontalmente, el coste político de defenderlo. Tanto el PP como el PSOE proponen en sus respectivos programas “limitar” la atribución al Tribunal Supremo y a los tribunales superiores de justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos y “revisar” los aforamientos. Sin embargo, y a la vista del caso Barberá, podemos deducir fácilmente cuánto hay de retórica en estas manifestaciones y cuánto de genuina intención de afrontar un problema que solo puede resolverse con la supresión total de esta institución. Aquí no valen medias tintas: ni “limitaciones” estratégicas y puntuales, ni “compromisos” previos de renunciar al privilegio llegado el caso (por otro lado legalmente inoperantes).

Suprimir los aforamientos es un paso imprescindible en favor de la independencia de la justicia y de la regeneración institucional que, por las razones que acabamos de analizar, va a suscitar una fiera resistencia. Convendría que el ciudadano de a pie interesado en conocer quién quiere de verdad recorrer este camino estuviera atento a este tema.

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https://www.ahorasemanal.es/el-aforamiento-preventivo




 Y ver el tema en paralelo..en economía..el capitalismo de amiguetes..

http://economia.elpais.com/economia/2016/02/21/actualidad/1456069952_714487.html

¿ Qué son las guerras culturales?.

 Beyoncé y sus bailarinas, en la final de la Super Bowl homenajeando a las Panteras Negras. Foto: Instagram de Beyoncé. (1)

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerras culturales?

¿Qué son las guerras culturales: maniobras de distracción o intentos de fijar el marco de lo real? Cultura y política, un conflicto permanente.

Mientras Beyoncé rendía homenaje al 50 aniversario de la fundación de las Panteras Negras y mostraba su apoyo al movimiento de denuncia del racismo policial #BlackLivesMatter en su actuación durante el descanso de la Super Bowl, el mayor espectáculo deportivo de Estados Unidos, los dos titiriteros pasaban la segunda noche en prisión preventiva –con régimen de aislamiento FIES 3, el que se aplica a integrantes de bandas armadas– bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo por su obra La bruja y don Cristóbal.

Esta coincidencia ha provocado que se vuelva a hablar de "guerras culturales", entendidas como esos momentos de fricción entre cultura y política, valga la redundancia, en los que se discute lo que se puede o no mostrar en público, lo que la creación debe o no tocar, lo que significan o no las tradiciones; y se fija lo que se debe pensar.

(1)...nota del blog ..http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209349

 seguir leyendo...

https://www.diagonalperiodico.net/culturas/29374-guerras-culturales-beyonce-super-bowl-titiriteros-carcel.html.....
 
 y ver..

 https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/29385-estado-excepcion-permanente.html

Pucherazo electoral gestado con los emigrados y su voto “robado” el 20D

 Marea Granate detalla el vergonzoso Pucherazo electoral gestado con los emigrados y su voto “robado” el 20D

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LA “DEMOCRACIA” DEL VOTO EXTERIOR EL 20D: MÍNIMA PARTICIPACIÓN HISTÓRICA, MÁS IRREGULARIDADES QUE NUNCA

— 16/02/2016 

Las pasadas elecciones del 20D han sido para muchos importantes y trascendentales por el diferente escenario político que emergía. Irónicamente, los votantes en el exterior tampoco las olvidaremos con facilidad después de batir todos los récords, máximo número de irregularidades durante el proceso y mínimo histórico de participación de la emigración desde que se contabiliza, en unos comicios generales en los que sólo un 4,7% del censo exterior pudo ejercer su derecho al voto.

Este paupérrimo porcentaje se produce en el contexto de salida masiva de españoles, que ha hecho aumentar el censo exterior un 48% desde que comenzó la mal llamada crisis. Como mostramos en este informe, más de la mitad de las provincias/circunscripciones han visto aumentada su diáspora electoral en más de un 75% desde el 2009, con un año 2015 que batió récord de salidas desde que empezó la crisis.  Actualmente cerca de una decena de provincias superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior; los emigrantes seguimos estamos así condenados a la abstención por una ley electoral injusta, que hace estragos en nuestro derecho constitucional al sufragio y que impacta directamente en techos electorales o reparto de diputados electos. Cabe remarcar, además, que este censo exterior infraestima las cifras reales de emigración, como han demostrado estudios deinvestigadores del CSIC, del Instituto de Juventud Española -Ministerio de Sanidad- (4) o datos de Marea Granate basados en estadísticas oficiales de otros países (5), debido a las dificultades para inscribirse o a la pérdida de derechos al hacerlo.

En definitiva, cada vez somos más españoles fuera, muchos más del 1,87 millones oficial, pero cada vez votamos menos.

 

UN PREOCUPANTE AUMENTO DE IRREGULARIDADES

La causa principal de esta masacre electoral sigue siendo la intencionada reforma de la ley electoral de 2011, que implantó el “voto rogado” para los emigrantes en la enésima maniobra de cálculo político con el voto exterior.

Pero este mínimo de participación responde también a las numerosas irregularidades y arbitrariedades al margen de la legislación, todo un despliegue de artillería administrativa y directrices ministeriales concretas que son un ejemplo más de la voluntad política de silenciar el voto emigrante. Las enumeramos a continuación:

– Cierre del censo el 31 de Julio, casi cinco meses antes de la cita electoral, sin aviso ni publicidad institucional alguna. Éste es, por cierto, un hecho recurrente, como venimos denunciando repetidas veces en elecciones europeas  o autonómicas, y susceptible de volver a suceder en caso de que se tengan que repetir los comicios.

– Falta de mecanismos de inscripciones consulares a distancia, disposición imprescindible ya que miles de emigrantes tienen sus consulados a cientos de kilómetros. A pesar de nuestraspeticiones a la Subsecretaría de Emigración del Ministerio de Exteriores -un año después aún esperamos respuesta-, y de las peticiones de la plataforma de juristas “Dos Millones De Votos”, las inscripciones a distancia son facilitadas por un número minoritario de consulados aún, y únicamente mientras los censos están abiertos. Es imprescindible reformar (y se podría haber hecho al margen de la ley electoral) la accesibilidad de los consulados a la hora de realizar trámites para garantizar nuestro derecho a votar.

– Impedimentos de registro consular como residente temporal, un hecho que se viene repitiendo en anteriores elecciones andaluzas, catalanas y autonómicas ; no hay ningún criterio legal para justificar la aleatoriedad de dichas restricciones, salvo por directrices del propio Ministerio al respecto.  Sirva como ejemplo este audio.

Marea Granate ha constatado que se solicitan a los emigrantes requisitos de inscripción sin ninguna base legal, como declaraciones juradas de llevar menos de dos meses en el país (consulado de Londres), certificados de empadronamiento de menos de seis meses (consulado de Brasil), o partidas de nacimiento que han de ser solicitadas a las instituciones españolas (consulados de Nueva York o Colombia).

– Censos electorales no actualizados: irónicamente, a pesar de este control extremo de la inscripciones consulares, a día de hoy los cambios de registros entre un consulado y otro por desplazamiento de los emigrantes son, en muchos casos, complicados. Además las inclusiones en el CERA tras el registro consular no son inmediatas, con demoras de incluso meses por la lentitud con que se llevan a cabo los cambios entre oficinas consulares y delegaciones provinciales del censo.

– Incoherencias entre la Junta Electoral Central (JEC) y Delegaciones del Censo sobre solicitud y recepción de papeletas: según la JEC, en el caso de los españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero, la recepción de las papeletas puede efectuarse en la dirección deseada e indicada en el ruego, aun cuando esta dirección no coincida con el país en el que se efectúa la solicitud. Esta posibilidad es imprescindible para que muchos emigrantes sometidos a movilidad extrema puedan votar. Sin embargo, muchos consulados e incluso algunas delegaciones provinciales del censo desconocen dicha información y niegan dicha posibilidad (y el consiguiente derecho a voto) a los emigrantes.

– Impedimentos en las rectificaciones del censo a distancia, un tramite que se exige que se haga de manera presencial durante el período de reclamaciones, inexplicablemente y, de nuevo, sin ningún amparo legal al respecto. El cierre de los censos sin aviso previo meses antes de la convocatoria de elecciones hace de la corrección de errores en el censo un trámite indispensable para muchas personas para poder votar. Muchos emigrantes no pueden desplazarse cientos de kilómetros a subsanar domicilios; irónicamente, estos trámites sí pueden hacerse a distancia fuera del período de reclamación.

– Problemas en la sede del INE y números de fax de las delegaciones provinciales del censo: algunos números proporcionados por el INE para la comprobación censal dejaron de funcionar, lo que se sumó al pésimo funcionamiento de los números de fax (sobre todo el de Madrid, apagado con frecuencia o fuera de horario español de trabajo). Nos hemos encontrado también rechazo de ruegos por documentación ilegible, hecho del que se avisa muy tarde, cuando la rectificación es ya imposible.

– Falta de medios en los Consulados: hemos visto colas de hasta 5h en algunas oficinas consulares, como en el caso de Londres, con situaciones de precariedad laboral y falta de recursos en la administración exterior y desentendimiento general por parte de las autoridades; consecuencia directa del discurso negacionista de la emigración del Gobierno, y su nulo interés por dimensionar la ola migratoria y atender a sus necesidades con los medios adecuados. Le recordamos al Ministerio de Exteriores que sólo en Reino Unido los registros del NIN (sistema de Seguridad Social británico) multiplican por cinco las inscripciones en el padrón exterior y por siete el censo exterior registrado en 2014. Ninguna medida adecuada ha acompañado a este aumento migratorio, sino todo lo contrario: el consulado de Manchester, por ejemplo, cerraba definitivamente en junio de 2011, dejando tan sólo Edimburgo y Londres al servicio de los ciudadanos españoles en Reino Unido.

Asimismo, tenemos constancia de que durante el periodo de ruego de voto resultó imposible contactar con ciertos consulados. Desbordados por la avalancha de consultas, muchos no respondían a llamadas ni emails de las numerosísimas personas que, en vano, intentaban comunicarse con ellos para informarse sobre el procedimiento de voto.

– Falta de protocolos de vigilancia en las urnas de los consulados, donde permanecen hasta 72h (hasta cinco días extraordinariamente estas elecciones). Este hecho fue denunciado con anterioridad por la Junta Electoral Central sin que se hayan tomado medidas al respecto.

– Falta de información en los consulados y en mesas electorales en España: hemos constatado en ocasiones desconocimiento por parte de los consulados de normativa básica sobre el procedimiento de voto, lo que en algunos casos induce a error y/o a la pérdida de informaciones imprescindibles para el ejercicio del sufragio.

Además, la complejidad del proceso y la desinformación general ha hecho que nos lleguen quejas de los propios recuentos en España, donde personas presentes en ellos han observado cómo papeletas con diferentes formatos, como las de los votantes ERTA, son declaradas nulas.

– Negación continua de la Junta Electoral Central a la ampliación de plazos, a pesar de producirse impugnaciones de candidaturas en provincias como Badajoz, Barcelona, Guadalajara, Alicante, Valencia o Tenerife, con el consiguiente retraso en los envíos de papeletas a los emigrantes, y a pesar de las peticiones elevadas por distintos partidos políticos. Tan sólo la retención de las sacas de papeletas en el aeropuerto de Barajas propició la sugerencia (que no obligación) de apertura de los Consulados para votar durante los días 19 y 20 de diciembre; una medida absurda puesto que la mayoría de emigrantes no habían recibido las papeletas. A día de hoy, con más de un mes de retraso, aún las estamos recibiendo.

Por el contrario, los que sí vieron ampliados sus plazos por enésima vez, previa petición del Ministerio de Defensa, fueron los militares en el exterior. La discriminación de los civiles en estas ampliaciones de plazos es recurrente , y de hecho frente al desplome de nuestra participación la de los militares se ha duplicado en los últimos años alcanzando tasas del 84%.

– Sobre con papeletas incompletas: en las circunscripciones de Asturias y A Coruña muchos sobre no contenían las papeletas del Senado. A pesar de ser enviadas en algunos casos con posterioridad los restrictivos plazos impidieron a muchas personas votar a esta cámara.

– Opacidad absoluta con los resultados y procedimientos del voto exterior: falta de un sistema de seguimiento que garantice al votante que su voto se contabiliza. Los resultados de las elecciones fueron publicados con “el 100% del escrutinio” sin haber contabilizado el voto exterior (y con diputados electos en juego en algunas provincias); los resultados finales que sí incluyen nuestro recuento aparecen en el BOE dos meses más tarde, agregados al total del voto para que sean lo menos informativos posibles.

– Problemas con los reembolsos de los importes del voto: a pesar de estar reconocido en nuestra Constitución el derecho a voto y su gratuidad, muchos electores en el exterior tienen que pagar por los envíos de voto. Los reembolsos correspondientes rara vez se reciben, y cuando son tramitados lo hacen con muchísimo retraso. Además hemos comprobado que en muchas ocasiones el importe reconocido no es el total del que se abonó, y aparecen numerosas dificultades para cobrar los reembolsos tramitados por una empresa privada subcontratada por el Ministerio de Interior.

– Ausencia de respuesta institucional a las numerosas reclamaciones y escritos: las numerosas quejas de la plataforma Dos Millones De Votos a Ministerios, Junta Electoral Central, Instituto Nacional de Estadística, o las reclamaciones particulares de los ciudadanos ante las Juntas Electorales Provinciales al ver vulnerado su derecho no han tenido ninguna respuesta institucional (ni reconocimiento oficial, en el caso de las reclamaciones) por parte de organismo alguno.

En definitiva, los ingentes esfuerzos llevados a cabo tanto por la Marea Granate, Dos Millones de Votos o los propios electores, asesorando y difundiendo información o denunciando irregularidades, han sido eficazmente neutralizados por las medidas expuestas en el presente informe, teniendo como consecuencia, una vez más, una paupérrima y preocupante participación exterior en los comicios.

CONCLUSIONES DE NUESTRA ENCUESTA

Marea Granate lanzó una encuesta después de las elecciones para investigar y determinar las causas por del 1,8 millón de “votos robados”. Respondida por más de 2.000 emigrantes (grado de confianza >99%), los resultados de la encuesta desvelan tres causas principales de la pérdida de votos: problemas con los envíos de papeletas, inaccesibilidad de los consulados y desconocimiento y falta de información oficial adecuada (campañas institucionales, por ejemplo) del proceso.

Así, un 36,9% de las personas encuestadas tuvo problemas con el envío de las papeletas (recepción tardía, no recepción o sobre de voto incompleto), un 29,6% no logró votar por la inaccesibilidad de los consulados (distancia, horarios, condiciones…), y un 15,2% se quedó fuera de las urnas por desconocer el procedimiento de voto, debido a una información oficial a todas luces insuficiente.

Cualquier reforma electoral que tenga por objetivo garantizar el voto de los emigrantes deberá tener en cuenta al menos estos aspectos:

• Plazos adecuados para los envíos de papeletas y sistemas alternativos para mejorar dichos envíos
• Una reforma de la administración en el exterior que garantice que los trámites sean eficientes, la información esté disponible y haya recursos suficientes.
• La emigración española debe tener además un peso político adecuado, con representación específica que defienda su problemática; el recorte de derechos básicos al que está especialmente sometida, junto con el aumento preocupante e incesante del censo en el exterior, lo hacen imprescindible.

Urge una reforma electoral, justa y garantista, que evite las irregularidades de antaño, mayoritariamente cometidas por los partidos; urge una reforma al margen de cálculos políticos cuyo único objetivo sea restablecer el derecho del voto a la numerosa (y dolorosa) ola de emigración y exilio español; urge que esa reforma se lleve a cabo de forma transparente y consultando con la sociedad civil que sufre la problemática. Urge establecer, de una vez, la democracia en el exterior y hacer cumplir derechos civiles básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior.

http://mareagranate.org/2016/02/la-democracia-del-voto-exterior-20d-minima-participacion-historica-mas-irregularidades-nunca / 

#VotoRogadoVotoRobado
GT Voto Marea Granate

La crisis de la economía global afecta a España .

15-02-2016

La crisis va por dentro

Un ciclo político vivo, una economía agotada

Pablo Elorduy

Diagonal

La crisis de la economía global afecta a España y al resto de la UE, en una fase larga de estancamiento y sin un ‘plan b’ definido

Alto nivel de paro, nivel medio-alto de shock energético provocado por la montaña rusa en torno a los precios del petróleo, el riesgo provocado por un nuevo golpe bursátil a la especulación inmobiliaria y el peligro de colapso del Gobierno nacional. Es el panorama que vaticinan para España los “sabios de Davos”, reunidos en el World Economic Forum, en su Informe sobre los riesgos globales para 2016.
Para conjurar los riesgos de ese diagnóstico, las instituciones europeas se agarran a una cifra: 10.000 millones de euros. Es la cantidad que deberá “recortar” el próximo Gobierno español para cumplir los objetivos de rigor fiscal impuestos por la Comisión Europea. Después de un 2015 tranquilo, marcado por el reblandecimiento europeo de las medidas de austeridad de cara a favorecer una campaña electoral tran­quila para los partidos del establishment, en 2016 se acaba el margen. Es la opinión del economista José D. Roselló, “tácitamente, aunque no se haya dicho a los cuatro vientos, se ha visto cómo se gestionaba esta vuelta al equilibrio. Por ejemplo, hay una partida que se llama Consumo Final de las Administraciones Públicas, que estaba teniendo cifras negativas por la contracción que obligaba a hacer Bruselas, con los famosos recortes de 2011 y 2012, y que en 2015 ha vuelto a tener un crecimiento cercano al 2%”.
Pero las treguas están hechas para romperse. Isidro López, diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid y autor de Fin de ciclo, libro sobre el crac inmobiliario español, recuerda que “la política de los re­cortes, en el caso de España, es una variable fundamentalmente política”. Si el partido morado entra en el Consejo de Ministros, López teme que “podemos estar bastante seguros de que los recortes van a ser fuertes”.
Como bien saben en Davos, la mejor forma de generar inestabilidad es provocarla. Y los mercados tienen una herramienta que ni pintada para hacerlo. Los informes de las agencias de calificación de riesgos son ese instrumento, y la posibilidad de que Podemos entre en una combinación de Gobierno, un momento propicio. Para Isidro López, las agencias de calificación no tardarán en vincular la más que posible subida de las primas de riesgo con la estabilidad política. “Dirán que esto tiene que ver con el riesgo de que Podemos entre en el Gobierno, y se va a meter por ahí todo el programa de recortes y privatizaciones”.
El agotamiento de las vías de obtención de beneficios por parte de los inversores financieros devolverá la mirada de estos agentes sobre la deuda de los Estados soberanos y eso puede desembocar en una subida de las primas de riesgo de estos Estados que, de hecho, ya se ha insinuado a raíz de la crisis de los precios del petróleo. “En la medida en que siga subiendo el dólar y que China se muestre más o menos inestable en los mercados financieros, se polarizará la demanda de petróleo y materias primas y se abrirá la crisis en los mercados emergentes. Eso supone el caos en los mercados y, de una manera u otra, la vuelta de la crisis al espacio de la zona euro”, pronostica López.
Porque el problema de fondo de la vieja Europa es su menguante porción en el reparto de la tarta económica global. Luis González Reyes, integrante de Ecologistas en Acción y coautor de La espiral de la energía, cree que debemos “tener en cuenta que España tiene un papel cada vez más subalterno en la UE, que a su vez tiene un papel más subalterno a nivel del marco internacional”. La sola excepción de Alemania, país que a su vez tiene un problema de sobreproducción, no sirve para enmascarar el problema latente en toda la unión monetaria: un nivel de capacidad productivo pequeño, con una dependencia energética mayúscula y una cantidad de recursos energéticos y minerales “paupérrima”, en palabras de González Reyes.
Débil crecimientoPese a las brutales cifras de desempleo, España entra en 2016 con la expectativa de ser el único país de la UE cuyo PIB crecerá junto a un Reino Unido a su vez en riesgo de vivir su propio estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Un espejismo? En cualquier caso, un aumento del PIB provocado –pocos lo dudan– por el aluvión de liquidez puesto en marcha por el Banco Central Europeo a través de los programas de Expansión Cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés). Dinero gratis para los bancos, que ha tenido pocos efectos en la economía “real”, y que en el caso de España ha recorrido el camino de vuelta hacia una reactivación tímida y especializada del mercado inmobiliario.

Leer: Entrevista a Robin Blackburn

“No hay crecimiento en sectores que no sean los dependientes de la inversión financiera más inmediata”, apunta Isidro López, quien destaca la fragilidad de los soportes del crecimiento, no sólo por las previsiones “de ciencia ficción” del Gobierno y sus organismos afines, sino por las características que ha introducido la reforma laboral, creando mayor rotación en los puestos de trabajo, más fragilidad de las relaciones laborales y un descenso de la demanda que influye directamente en la crisis global.
González Reyes es muy escéptico en cuanto a que un hipotético Gobierno “de progreso” formado por PSOE y Podemos pueda superar estas limitaciones si se plantea una recuperación por medio de políticas expansivas “de tipo keynesiano”. Para él, si esto se produce “van a tener un sonoro batacazo, porque son medidas políticas del siglo XX, cuando era posible tener un crecimiento sostenido, porque había detrás una base energética que te lo permitía”. Hoy en día, en una larga crisis de sostenibilidad y déficit energético, hay necesidad de “políticas que se adapten a la realidad compleja en la que estamos, de crisis social, económica y también de crisis de recursos”, analiza.
Problemas en toda EuropaPero los problemas alcanzan también a la superpotencia continental. El investigador Oriol Vallès Codina señala la ralentización de la economía china como un problema de calado para Alemania, que desde la crisis ha reorientado sus exportaciones desde el sur de Europa hasta el país asiático. Vallès Codina señala que la crisis financiera aún no se ha extendido a la economía real en China, pero que esto está teniendo efectos peligrosos:“Entre los países más afectados por el parón chino, claro está, está Alemania, las exportaciones chinas de la cual se han desplomado”.
Juan D. Roselló apunta entre otros problemas las posibilidades de que las políticas de Expansión Cuantitativa no hayan servido para que muchos bancos importantes de Europa “hayan llevado a cabo una limpieza profunda de sus activos, sino que hayan empezado a tapar cosas, ocultar riesgos que no habían reconocido”. En los últimos días, las dudas se han extendido sobre Deutsche Bank, el primer banco de Alemania. Las posibilidades de quiebra de este trasatlántico financiero, cuyo volumen de productos derivados es de 50 billones de euros, una suma que es casi 20 veces el PIB de Alemania.
La posible quiebra de este banco, que ya ha sido comparada con la de Lehman Brothers en 2008, muestra que el sector bancario sigue pendiendo como un plomo sobre la bóveda de la construcción europea. El empeño de Matteo Renzi por contener la gran crisis de los bancos italianos ha sido, de momento, escuchado por la canciller Angela Merkel, necesitada de aliados ante los cambios que se están produciendo en Europa, la crisis de los refugiados y el debate en Reino Unido sobre la permanencia en la UE.
Si Italia puede terminar de de­sequilibrar la balanza de una UE cogida con alambres desde 2008, el papel de Francia en los próximos años puede ser también decisivo. “Hay dos polos dentro de la UE”, explica López, “uno de ellos es el Eurogrupo, que está apretando y pidiendo recortes, el otro Juncker [presidente de la Comisión Europea], que está más por la modulación”. El amago de una política de expansión por medio de la industria militar, generado tras los atentados de Charlie Hebdo y Bataclan, en París, no ha fructificado, y Francia necesita –apunta López– “una relajación de las políticas fiscales, de las políticas de deuda y del pacto de estabilidad”, en sintonía con los deseos de Juncker.
Como en el caso de España, los “sabios de Davos”, representantes de las grandes fortunas a nivel mundial, apuntan al alto riesgo de “desestabilización social y política” del país vecino en el próximo año. Con el afán de presentarse como solución al problema, Manuel Valls, primer ministro francés, lanzó un mensaje clarificador en la reunión de mandarines de Suiza al asegurar que los problemas entre la izquierda, los negocios y Davos “son cosa del pasado”.
Valls, Renzi y el primer ministro portugués, Antonio Costa, encabezan la parte de la Unión Europea que apuesta por una nueva ronda de keynesianismo para sortear el estancamiento en que se encuentra la UE, frente a los Gobiernos del norte, que exigen el mantenimiento de las políticas de control fiscal. Está por ver dónde se encuadra el próximo Gobierno español y, más allá de qué bando elige, si cualquiera de las dos posibilidades no está condenada al fracaso.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/29238-ciclo-politico-vivo-economia-agotada.html

.......y ver..
 http://www.sinpermiso.info/textos/podemos-evitar-la-recesion-mundial-que-se-aproxima

La privatización de las cajas de ahorro en España..

Entrevista a Joan Ramon Sanchis Palacio, autor de “¿Es posible un mundo sin bancos?” (El Viejo Topo)

“Ha habido un plan de políticos y banqueros para liquidar las cajas de ahorro”

Enric Llopis

Rebelión

El estado español contaba hasta mediados de los 90 con una banca pública solvente, que fue privatizada porque disputaba el mercado a los bancos privados. El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) absorbió la corporación pública Argentaria en 1999. Un proceso similar terminó por afectar a las cajas de ahorro, entidades surgidas en el siglo XIX y que hasta el inicio de la crisis, en 2007, controlaban el 55% de la cuota de mercado en el sistema financiero. Pero hubo “una hoja de ruta perfectamente planificada por políticos y banqueros para acabar con las cajas”, afirma Joan Ramon Sanchis Palacio, catedrático de Organización de Empresas en la Universitat de València y autor de “¿Es posible un mundo sin bancos? La revolución de las finanzas éticas y solidarias” (El Viejo Topo).

El docente, que ha presentado el libro en el Fòrum de Debats de la Universitat de València, es también autor de “La banca que necesitamos” y, con Vanesa Campos, del texto “Caixa Popular: un modelo de banca cooperativa social y diferente”. Recuerda que del proceso de liquidación de las cajas sólo se han salvado Caixa Ontinyent, en el País Valenciano, y Caixa Pollença, en Baleares. Mientras, en países como Alemania y Francia, la banca de proximidad alcanza cuotas de mercado en torno al 30%.

-Según informaciones del diario El País, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ganó 9,8 millones de euros en 2015 entre sueldo y pensión, mientras que el BBVA presenta en el balance del mismo año unos beneficios de 2.642 millones de euros. ¿Cabe imponer algún límite?

Hablamos de empresas privadas y, sobre todo en el caso de sociedades anónimas, como los bancos, están pensadas para maximizar los beneficios. Si queremos que los bancos sean socialmente responsables, lo que tienen que hacer es contribuir con la reinversión de una parte de sus beneficios en la sociedad, a través de la Obra Social u otro tipo de actividades. Lo que ocurre es que legalmente no puedes imponerlo. En las cajas de ahorro sí que era posible, ya que eran fundaciones que, aunque privadas, estaban gestionadas por políticos. Se establecía por tanto que un porcentaje del beneficio se dedicara a la obra social.

-El FMI cifra en 246.441 millones de euros las ayudas del estado español a la banca desde el inicio del “proceso de reestructuración”, que se produjo con motivo de la crisis. Sin embargo, se ha extendido la opinión de que las inyecciones de capital público se han limitado a las cajas de ahorro, gestionadas por políticos manirrotos y corruptos, mientras la banca privada se asocia a eficiencia y buena gestión. ¿Estás de acuerdo con esta opinión?

Lo desmiento totalmente. Se ha intentado demonizar a las cajas de ahorro en la presente crisis bancaria. Los bancos privados también están recibiendo ayudas del estado. Por ejemplo, los créditos fiscales son la parte que los bancos no están pagando como impuestos sobre los beneficios que obtienen anualmente. El pago de esos impuestos se demora y lo pagarán dentro de 10-15 años. El objetivo es que puedan capitalizarse. Además, las entidades bancarias reciben el mismo tipo de ayudas que cualquier empresa privada, como las exenciones de las cuotas a la seguridad social; también se benefician de las subvenciones y ventajas fiscales por las fusiones bancarias.

-Alemania actúa dentro de la zona euro como buque insignia de la austeridad fiscal y el rigor financiero, pero el Deutsche Bank tuvo unas pérdidas de 6.700 millones de euros en 2015 y las cajas de ahorro alemanas han pasado por situaciones de apuro…

Estamos viendo que los grandes bancos europeos no estaban tan saneados ni son tan sólidos como se decía. Observamos cómo el Deutsche Bank, que es el banco más fuerte de Alemania, tiene problemas de capitalización. En España el grado de capitalización de los bancos tampoco es el que se cree. Un problema distinto es el de las cajas de ahorro alemanas. El gobierno las defiende a ultranza porque sabe que la economía germana, sobre todo a escala territorial, necesita esa banca de proximidad. Han tenido ciertas dificultades, pero el gobierno les ha inyectado capital y ha sabido mantenerlas. En estos momentos no están en una situación de quiebra.

-En el estado español se ha liquidado el modelo de banca de proximidad que representaban las cajas de ahorro, ¿ha ocurrido lo mismo en otros países de la Unión Europea?

En la mayoría de países de la UE, el sistema financiero está basado en tres modelos de banca distintos. El de la gran banca, especuladora y dedicada a las grandes inversiones. El de proximidad, que encarnan las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, que en países como Alemania representan una cuota de mercado del 20-30%. Y en Francia aproximadamente el mismo porcentaje, mientras que en España supone sólo el 6% en depósitos y un 5% en créditos. Por otra parte, también hay países en los que sobrevive la banca pública. En España, con todo el proceso de “reestructuración” y “reordenación” que se ha llevado a término, hemos forjado un modelo basado en grandes bancos. Las cajas de ahorro prácticamente han desaparecido, de hecho, sólo quedan dos: Caixa Ontinyent, en la Comunidad Valenciana, y Caixa Pollença, en Baleares. Además, las cooperativas de crédito están en una situación de peligro.

-¿Qué fuerza han llegado a tener las cajas de ahorro, entidades financieras que nacieron en el siglo XIX, en el estado español?

Hasta el estallido de la crisis en 2007, las cajas de ahorro controlaban aproximadamente el 55% de los depósitos. La Obra Social de estas entidades financieras también experimentó una caída enorme, al pasar de más de 2.000 millones de euros en 2008 a menos de 700 millones de euros en 2014. Pero a partir de las fusiones de cajas y procesos de quiebra, el negocio de las cajas de ahorro, después de sanearse con dinero público, pasó a la banca privada.

-¿Ha habido una estrategia deliberada por parte del poder político y la banca privada para apoderarse de la porción de mercado que controlaban las cajas de ahorro?

En el libro planteo que ha habido una “hoja de ruta” perfectamente planificada entre los políticos y los banqueros para acabar con las cajas. Eran una molestia, al igual que la banca pública que teníamos en España hasta los años 90 (es en la segunda mitad de esta década cuanto se privatiza Argentaria y se vende al BBV). Hasta ese momento España contaba con una banca pública muy sólida, solvente y rentable, que hicieron desaparecer porque era un incordio para la banca privada. El paso siguiente consistió en acabar con las cajas de ahorro. Para ello las politizaron, de hecho, toda la gestión se hizo a través de criterios puramente políticos y no profesionales. Sin embargo, en los años 70 y 80, las cajas estuvieron muy bien gestionadas por profesionales.

-¿Cuál es el punto de inflexión?

El momento en el que se reforma la ley de órganos rectores de las cajas de ahorro y se incrementa el porcentaje de participación de los políticos en las cajas. El cambio se produce en el ámbito de las comunidades autónomas. Por ejemplo, cuando el PP gana por primera vez las elecciones en la Comunidad Valenciana, en 1995, una de las primeras medidas que adopta el presidente Eduardo Zaplana es modificar la citada ley, de manera que el poder representativo de los políticos se incrementa desde el 35 % hasta el 60%. Las cajas valencianas, principalmente Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), empiezan entonces a financiar e invertir en grandes proyectos que han resultado ruinosos, y también en los sectores de la construcción e inmobiliario.

-¿Ha habido excepciones al proceso que mencionas?

Ha sido bastante generalizado, aunque alguna comunidad autónoma se ha “salvado”. Por ejemplo, en Euskadi las cajas de ahorro vascas, como BBK, han funcionado bien y han estado eficientemente gestionadas. En Aragón, lo mismo ocurrió con Ibercaja. No había razón alguna para eliminar esas cajas, como se hizo a finales de 2013 con la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. Sin embargo, en Europa se ha conservado totalmente el modelo de cajas de ahorro y cooperativas de crédito. En España, Caja Mediterráneo (CAM) fue regalada al Banco Sabadell después que fuera saneada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Después se ha demostrado que el Banco Sabadell está generando beneficios con la actividad de la CAM. El Banco de Valencia, que formaba parte del grupo Bancaja, también fue regalado por un euro a CaixaBank.

-¿Tiene algo que ver la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con la banca ética?

La RSC es un arma de mercadotecnia, que están utilizando los bancos para intentar recuperar el prestigio que han perdido con esta crisis financiera. Un informe de la Comisión Europea señala que los bancos españoles son los que peor imagen tienen, después de los irlandeses. Han de lavarse el rostro como sea. Para ello, están lanzando campañas en las que una parte pequeña de sus beneficios económicos se dedican al patrocinio de actividades culturales, sociales, artísticas o deportivas.

-¿Cómo definirías tu propuesta de banca ética? ¿Hay ejemplos que se ajusten a este modelo?

Las características básicas de un banco ético son, en primer lugar, la transparencia. Implica que cualquier ciudadano pueda acudir a una página Web corporativa o medio de información de un banco ético, y saber exactamente en qué se está invirtiendo el dinero de los depósitos. Por otra parte, son entidades que financian exclusivamente inversiones de tipo social y medioambiental. En ningún caso financian a empresas que se dediquen a fabricar armamento, ni a las que deslocalizan la producción o utilizan a niños como mano de obra. Pero en España no ha habido tradición de banca ética. Desde hace aproximadamente una década está operando en España Triodos Bank, que ha tenido un crecimiento exponencial durante los años de crisis, porque hay gente que está buscando alternativas… Otro ejemplo interesante es el de Fiare Banca Ética, que se constituyó a partir de un acuerdo de colaboración con un banco ético italiano, la Banca Popolare Etica.

-En cuanto a la banca estrictamente comercial, parece que se está preparando el terreno para las fusiones. Si es así, ¿cuál es el motivo?

Es la única solución que se ha planteado. Como el problema de las entidades financieras es la falta de capitalización, la propuesta es crear bancos más grandes, y esto se consigue, según se nos dice, mediante las fusiones. He hablado de la “trampa” de las fusiones bancarias porque se utiliza el argumento de que permite a las entidades ser más rentables y eficientes. Pero esto es una falacia, no hay estudios empíricos que lo demuestren. Tenemos el caso de Bankia: la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cuatro cajas de ahorro ha sido un auténtico desastre.

-¿Se ha llevado a término en el sector financiero desde el comienzo de la crisis un proceso de reconversión, en cierto modo invisibilizado, y que ha tenido como ejes los recortes de plantilla y el cierre de sucursales?

Fue la condición que nos impuso la Unión Europea por el “rescate” bancario, que implicaba tanto el cierre de entidades como la fusión de bancos para hacerlos más grandes. España es el país que ha experimentado un mayor ajuste de su sistema financiero de toda Europa. En lo que va de crisis, se han cerrado casi 13.000 oficinas bancarias, lo que supone más de un 30% de reducción, y ello nos sitúa a niveles de 1987. Además, se ha despedido a más de 60.000 trabajadores, con una caída del empleo en el sector del 21%. Un ejemplo es el ERE de Bankia. Se había llegado a un acuerdo con los sindicatos para un plan de despido de trabajadores voluntario y en unas condiciones adecuadas. Pero al final, no sólo ha habido 539 despidos forzosos, sino que la entidad financiera ha incumplido las condiciones establecidas en el ERE.

-¿En qué consisten las cooperativas de crédito?

Son bancos de proximidad y democráticos, porque los trabajadores –en un porcentaje superior al 90%- son propietarios del banco. En una cooperativa de crédito, en general, los clientes pueden ser socios del banco y, por tanto, también participar de las decisiones. De hecho, estamos ante bancos controlados por la sociedad civil, independientes del poder político, y que por tanto no les puede pasar lo mismo que a las cajas de ahorro. Tienen un consejo rector, con socios rectores y consumidores.

-Por último, defiendes una banca ética impulsada por la sociedad civil, ¿qué opinas de la propuesta de recuperar una banca pública? ¿Son incompatibles las dos ideas?

Como economista, creo que lo primero que debe hacerse es aprovechar los recursos que se tienen, es decir, contamos todavía con una red de bancos de proximidad representados, sobre todo, por las cooperativas de crédito. Antes de plantear una banca pública, lo que sería realmente complejo, se tendría que garantizar la supervivencia de estas cooperativas. Ésta debería ser la prioridad. Hay un Decreto preparado, en un cajón del Ministerio de Economía, que supondría la desaparición de las cooperativas de crédito, como ya ocurrió con las cajas de ahorro. Después ya habría posibilidades de crear un banco público, o aprovechar Bankia, entidad en la que la participación del estado, a través del FROB, se sitúa en torno al 64%.