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De Portugal a España, de Francia a Bélgica, las huelgas en la sanidad y la educación escenifican una crisis más profunda:
la guerra contra la pérdida de derechos sociales conquistados durante
décadas de lucha obrera y popular. La falta de personal sanitario, el
deterioro de la enseñanza pública, la precarización laboral y el aumento
de las listas de espera forman parte de una ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme,
pero que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la
vida aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias
militares.
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Recordemos que estos derechos no
fueron una concesión generosa de las élites ni el resultado natural del
desarrollo capitalista. Fueron conquistados mediante décadas de huelgas,
movilizaciones y organización del movimiento obrero europeo. También
respondieron al equilibrio surgido tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando el prestigio de la Unión Soviética —decisiva en la derrota del
nazismo y referencia de una alternativa social posible— obligó a las clases dominantes occidentales a realizar concesiones para contener el avance comunista y evitar una salida revolucionaria.
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A ello se sumó un elemento frecuentemente omitido: parte de aquel pacto social se sostuvo con las ganancias del expolio colonial y neocolonial del llamado Tercer Mundo.
El capital europeo aceptó repartir dentro de sus fronteras una fracción
de la riqueza extraída fuera. El Estado social fue así una conquista de
clase, una respuesta defensiva frente al socialismo y una construcción
parcialmente financiada mediante la explotación de otros pueblos.
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La falta de personal
sanitario, el deterioro de la enseñanza pública, la precarización
laboral y el aumento de las listas de espera forman parte de una
ofensiva contra lo común iniciada mucho antes del actual rearme, pero
que amenaza con agravarse cuando el dinero negado para sostener la vida
aparece, de pronto, para financiar armas, ejércitos e industrias
militares.
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La ofensiva contra ese frágil
equilibrio no comenzó con el actual rearme. La crisis financiera de 2008
fue utilizada para convertir una deuda creada por bancos y grandes
capitales en una factura impuesta a las mayorías. Bajo el lenguaje
técnico de la austeridad y la disciplina fiscal, se recortaron
presupuestos, se congelaron salarios, se eliminaron plazas y se abrieron
nuevos espacios a la privatización.
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La Organización Mundial de la Salud
documentó que la reducción de los presupuestos hospitalarios aumentó las
listas de espera en países como Grecia y Letonia. Años después, la
pandemia encontró unos servicios públicos debilitados por la
desinversión. La educación siguió una trayectoria semejante: entre 2015 y
2022, su peso medio en los presupuestos públicos de los países de la
OCDE cayó del 10,9 % al 10,1 %. Los hospitales saturados y las aulas masificadas reflejan así las cicatrices visibles de estas decisiones políticas prolongadas.
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En España, el malestar ha convertido la educación pública en uno de los principales frentes de esta guerra social.
En la Comunidad Valenciana, 78.000 docentes fueron llamados en mayo a
la primera gran huelga indefinida del sector desde 1988. Tras veintiún
jornadas de paro, el profesorado suspendió temporalmente la
movilización, pero rechazó por insuficiente la propuesta de la
Generalitat.
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Cataluña ha vivido meses de protestas y
ha convocado un nuevo paro para el 8 de septiembre, lo que puede
condicionar el inicio del curso lectivo. Madrid y Aragón también han
sido escenario de movilizaciones, mientras el personal de las escuelas infantiles protagonizó una jornada estatal de huelga.
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El capital europeo aceptó
repartir dentro de sus fronteras una fracción de la riqueza extraída
fuera. El Estado social fue así una conquista de clase, una respuesta
defensiva frente al socialismo y una construcción parcialmente
financiada mediante la explotación de otros pueblos.
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Las reivindicaciones se repiten:
pérdida de poder adquisitivo, plantillas insuficientes, aulas
masificadas, exceso de burocracia e infraestructuras deterioradas. No
son únicamente conflictos laborales. Defender las condiciones de trabajo
del profesorado significa defender las condiciones de aprendizaje del
alumnado y la propia supervivencia de la escuela pública.
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La sanidad española ofrece otra imagen de esta resistencia.
Durante 2026, médicos y facultativos han protagonizado varias semanas
de huelga estatal contra la reforma del Estatuto Marco y han anunciado
nuevos paros si no se producen avances. Reclaman una jornada de 35
horas, el reconocimiento de todo el tiempo trabajado, una jubilación
acorde con la penosidad de la profesión y un ámbito propio de
negociación.
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El conflicto ha colocado en el centro
las guardias prolongadas, la sobrecarga asistencial y unas condiciones
que expulsan profesionales del sistema público. No se trata de una
disputa corporativa: cuando faltan plantillas, se normaliza el
agotamiento y las consultas se convierten en una carrera contra el
reloj, también se deteriora el derecho de la población a una atención
digna. Las listas de espera son la expresión más visible de esa
fractura: en julio de 2026, el 81 % de la ciudadanía consideraba que
habían empeorado o permanecían igual.
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Portugal condensa de forma
especialmente clara este enfrentamiento. El 3 de junio, una huelga
general —la segunda en apenas seis meses— paralizó transportes, cerró
escuelas y redujo los hospitales a servicios mínimos. La convocatoria
respondía al proyecto Trabalho XXIdel Gobierno conservador de Luís Montenegro, apoyado por la extrema derecha, que pretende modificar más de cien artículos del Código del Trabajo para facilitar los despidos, ampliar la precariedad y la subcontratación, reforzar el control empresarial y limitar el derecho de huelga.
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La protesta venía precedida por otras
luchas: alrededor de 25.000 docentes marcharon por Lisboa para exigir
mejoras salariales y condiciones dignas, mientras los enfermeros
denunciaban la falta crónica de personal y el deterioro sanitario. Lo
que el Gobierno presenta como modernización económica, los trabajadores
lo reconocen como lo que es, una nueva transferencia de poder y riqueza
desde el trabajo hacia el capital.
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Pero estos episodios no se limitan a
la periferia europea. En Francia, docentes, sanitarios, trabajadores del
transporte y empleados públicos se movilizaron en septiembre de 2025
contra un proyecto presupuestario que pretendía trasladar otra vez el
coste de la crisis sobre asalariados, pensionistas y sectores populares.
En Bélgica, la enseñanza francófona ha protagonizado durante 2026 paros
contra el aumento de las tasas universitarias, la ampliación no
remunerada del horario docente, la reducción de la estabilidad laboral y
nuevos recortes.
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En una Europa que ha perdido
peso económico e influencia internacional, sus élites parecen haber
elegido una doble vía para recomponer la acumulación de capital: el
rearme, que garantiza contratos públicos y beneficios extraordinarios al
complejo militar-industrial, y la conversión de los derechos colectivos
en mercados privados.
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Miles de estudiantes y profesores
ocuparon las calles de Bruselas, mientras la respuesta policial
intentaba convertir una protesta contra la austeridad en un problema de
orden público. Cambian los gobiernos, los idiomas y las medidas, pero el
conflicto es el mismo: servicios públicos deliberadamente debilitados y
trabajadores obligados a defenderlos para impedir que su deterioro se
convierta después en argumento para privatizarlos.
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La privatización constituye, en ese
sentido, el otro gran frente de esta ofensiva. En una Europa que ha
perdido peso económico e influencia internacional, sus élites parecen
haber elegido una doble vía para recomponer la acumulación de capital:
el rearme, que garantiza contratos públicos y beneficios extraordinarios
al complejo militar-industrial, y la conversión de los derechos
colectivos en mercados privados.
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El nuevo paso antirruso de un país europeo supera incluso a las caricaturas
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Hospitales, escuelas, residencias,
transportes y cuidados dejan de concebirse como pilares de ciudadanía
para convertirse en espacios de negocio. Este proceso explica también
una parte de esa corrupción política de la que tanto se habla, aunque
rara vez se nombre a los corruptores: las empresas que presionan,
financian, obtienen concesiones y terminan apropiándose de servicios
previamente deteriorados por decisiones públicas.
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Mientras la Comisión Europea insiste en crear las condiciones para una confrontación prolongada contra Rusia,
continúa otra guerra contra su propia población. Una guerra iniciada
hace décadas, pero que encuentra hoy una respuesta creciente en las
huelgas, las protestas y la organización popular de quienes se niegan a
entregar sin lucha los derechos conquistados
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