El Tribunal Supremo: un obstinado y pertinaz defensor del neoliberalismo salvaje
Por Tribunal Ciudadano de Justicia - 15M
Reabriremos la querella en breve en la Audiencia Nacional,
aportando nuevas pruebas y señalando nuevos delitos, porque son muchos
los agujeros del desastre de Caja Madrid, y el pueblo organizado no se
rinde.
Y ver el caso del juez .. que apuntan ahí..
Las puertas del Tribunal Supremo
siguen cerradas al pueblo. Ha tumbado nuestro recurso contra el archivo
de la querella contra la trama que gestionó Caja Madrid entre 2003 y
2009 y que sembró las minas de la burbuja inmobiliaria que estallaron
más tarde en forma de preferentes, desahucios y rescates
bancarios. Seguiremos luchando en los tribunales, en las calles, en
todos los espacios posibles y en los imposibles, en aquellos en los que
no nos esperan, en los que aprendemos cada día, en los que fabricamos
con la creatividad y la indignación. Que no lo duden los banqueros y los
políticos, reguladores financieros y fiscales que se arrastran a sus
órdenes, y, especialmente, ciertos magistrados intrigantes que defienden
una y otra vez a sus valedores.
La Sección 3ª de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional bloqueó la instrucción abierta por el
juez De la Mata. Lo hizo chapuceramente, mediante dos autos vergonzantes
y contradictorios, dictados en las fechas veraniegas, cuando creía que
no conseguiríamos los recursos suficientes para asumir las costas en
caso necesario. Despertaron, una vez más, la solidaridad y la fuerza de
este espíritu inmenso que es el 15M. En apenas cinco días se recaudó con
la campaña de crowdfunding dinero suficiente para volver a la
lucha judicial. Ahora, el Tribunal Supremo ha tumbado nuestro recurso
sin tener ni siquiera la dignidad de pronunciarse sobre el fondo del
asunto o debatir si hay que investigar. Simplemente no lo admite.
Considera que no existen motivos para instruir una causa contra los
pirómanos del mayor incendio económico y humanitario de las últimas
décadas, que ha arruinado la vida a millones de personas, y que siguen
impunes con sus guardaespaldas judiciales.
El engendro jurídico lo
firma Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo. Marchena siempre ha obedecido a los deseos de los
poderes que le han propulsado en los últimos treinta años hasta la
cúspide del sistema. Da igual que sea para ilegalizar partidos en
Euskadi o partirles la espalda a jueces como Baltasar Garzón, expulsado
de la carrera judicial por un delito de prevaricación cometido durante
la instrucción del caso Gürtel. O Elpidio Silva, expulsado por haber
mandado a Blesa a pasar una bien merecida noche en la cárcel. Marchena
es experto en aligerar responsabilidades por robar a manos llenas —Nova
Caixa—, absolver a amigos del alma —Francisco Camps— o a franquistas
como Fernández Díaz, ex Ministro de Interior. Siempre está ahí con la
sociedad secreta ultracatólica Opus Dei, cerca del PP, cerca de la
banca, cerca del poder, cerca de todo lo que defiende la corrupción y la
falta de ética que atenta contra la cohesión de la sociedad.
Firmó la sentencia que
condenó a tres años de prisión a ocho de los manifestantes del Parlament
de Catalunya, pero se opuso a que la Policía detuviera a militantes del
PP que agredieron a rojigualdos banderazos a un ministro en una
manifestación. Le parecía genial la creación del Sistema Integrado de
Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL), el sueño de
cualquier Estado policial, empleado en la operación contra Anonymous
efectuada en España. Le parecía genial hasta que se utilizó para pinchar
llamadas, en la instrucción de la Gürtel, a sus jefes en el entorno del
PP. De entornos, Marchena sabe mucho. Sabe diferenciar tanto los
entornos que es capaz de ver indicios de prevaricación en la jueza
Victoria Rosell, candidata para Las Palmas, a veinte días de unas
elecciones, sin ningún sustento documental o testifical imparcial, pero
incapaz de apreciarlos en la nunca investigada —gracias a él, por
supuesto-— actividad del ex ministro Josep Piqué en relación a
fabricantes de armas y contratos del Estado. A Marchena no le costó nada
aceptar la versión del exministro Soria para dictar auto de apertura
contra la candidata por Las Palmas. El abogado de Soria, Eligio
Hernández, es amigo suyo, y es quien lo trajo con él cuando era Fiscal
General.
Por supuesto, las mariscadas
pantagruélicas que comparte con sus amigos, entre ellos los ex altos
cargos del Estado Ángel Acebes y Pedro Calvo, influyen en su capacidad
de dilucidar procesos con tan sabia precisión. También su amistad con
Alfonso Carrascosa, residente en Miami y dueño de Legálitas, es decir,
el patrón de una porción importante de los letrados que participan en
los procedimientos sobre los que Marchena dicta autos y sentencias.
Marchena se encuentra cómodo
en las sociedades secretas ultracatólicas como el Opus Dei, y, como
buen cum laude de Deusto, tiene un montón de amigos entre los más
importantes bufetes de abogados del Estado, incluido Carlos Aguilar
Fernández, el abogado de Miguel Blesa en nuestra querella. Aguilar
Fernández también defiende a Ángel Acebes, sí, el de antes, el de las
mariscadas, el investigado por la salida a bolsa de Bankia. También a la
ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar.
Aguilar Fernández es también catedrático de Derecho Penal Económico —con
conocimiento de causa, sin duda— de la Universidad Rey Juan Carlos.
Aguilar y Marchena coinciden con cierta frecuencia en los menesteres
académicos, en los que el juez se distingue por su participación en
cursos y publicaciones que patrocinan Wolters Kluwer, Garrigues, Ancert,
Cybex, El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec, T-Systems,
INGEFOR, Instituto de Fomento Empresarial, CajaMar o ICADE.
Marchena no es la excepción.
Es el ejemplo acabado del magistrado tipo del Tribunal Supremo, ese
“alto tribunal” que ha politizado la Justicia. En 2012, el presidente
del mismo presentó su renuncia por haber utilizado recursos públicos
para costear viajes privados durante cuatro años mientras la ciudadanía
se enfrentaba a una escalada de recortes a sus derechos y los
presupuestos de salud, educación y servicios sociales entre otros. Su
sucesor expresó el compromiso de los jueces para agilizar los casos de
corrupción, asegurando que la dilatación en el tiempo de estos
procedimientos “genera desaliento en la sociedad”. Desde la
pronunciación de aquellas sabias palabras se ha dilatado nuestra
querella más de dos años hasta archivarla. Decía que solo desde el
respeto al Derecho “será posible la convivencia pacífica y la
prosperidad de los españoles”, y pidió a la clase política estrategias
de “prevención y regeneración de la acción pública”. Ignoró que somos
una acción pública. También ignoró la advertencia de la presidenta de la
Red de Presidentes de Cortes Supremas Europeos, Susan Denham, quien le
señalizó que “la independencia del sistema judicial no es un privilegio
de los jueces, sino una garantía para los derechos humanos de la
población”.
Reabriremos la querella en
breve en la Audiencia Nacional, aportando nuevas pruebas y señalando
nuevos delitos, porque son muchos los agujeros del desastre de Caja
Madrid, y el pueblo organizado no se rinde.
Fuentes:
- SENTENCIA DOCTRINA PAROT: https://goo.gl/bTk5Zv
- SENTENCIA CONDENA PARLAMENT 15M: https://goo.gl/6GsKPS
- SENTENCIA RESISTENCIA GALEGA: https://goo.gl/gkr91b
- SENTENCIA TEORÍA ATUTXA: https://goo.gl/X01vDL
- SENTENCIA CAIXA GALICIA: https://goo.gl/wpuWPb
- ARTÍCULO VILLAREJO: https://goo.gl/QnyRXg
- ARTÍCULO PARA WOLTERS KLUWER: https://goo.gl/G9fLz5
- ARTÍCULO DE EL DIARIO: https://goo.gl/da0nSy
- FUENTES DIRECTAS
Y ver el caso del juez .. que apuntan ahí..
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