Cataluña, Año IV: no lo saben, pero lo hacen
13/09/2015
Imagen: "Lo haremos", fotografía aérea de la manifestación multitudinaria del 11S electoralmente manipulada por la lista delJunts pel Sí deArtur Mas
Por cuarto año consecutivo, el soberanismo catalán movilizó en Barcelona a centenares de miles de manifestantes el pasado 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya. Es ocioso discutir la cifra exacta. Lo cierto es que, según estudios demoscópicos fiables, cerca de un 80% de la población catalana se muestra firmemente partidaria del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Que más de un 40% estaría hoy mismo dispuesto a votar SÍ a la independencia en un eventual referéndum. Y que esa robusta minoría independentista, cuatro años después, y tras experimentar reveses de varios tipos, mantiene intactas –o aun acrecidas— su capilaridad social, su potencial (auto)organizativo y su capacidad para movilizar democrática y pacíficamente en torno a un 15-20% de la población. Unas cifras, huelga decirlo, imponentes y sin parangón en la Europa de hoy.
Que una mayoría tan aplastante de los ciudadanos de Cataluña apoye firmemente el derecho de autodeterminación, ayuda a explicar algo que en condiciones normales resultaría harto enigmático: por qué una movilización tan persistente y unas preferencias políticas tan (crecientemente) intensas como las del independentismo verosímilmente minoritario no han generado, contra lo proclamado por la venenosa propaganda monárquico-unionista al uso, tensiones y conflictos cotidianos reseñables. Ni siquiera polarización social seria en torno al llamado "eje nacional".
Sobre los orígenes recientes del auge soberanista catalán
La imponente pujanza y la asombrosa persistencia del soberanismo catalán de estos últimos cuatro años ha de entenderse en el contexto de la crisis del bipartidismo dinástico, arquitrabe de la Segunda Restauración borbónica. Se puede recordar que la respuesta de la sociedad catalana a la mayoría absoluta de Aznar –casi tan insolente como la actual de Rajoy— consistió en colocar a Pasqual Maragall (con más de 1 millón de votos y el 32% del sufragio) en la presidencia de la Generalitat al frente de un gobierno tripartito de izquierda en las elecciones autonómicas de noviembre de 2003. Y en las elecciones generales de marzo de 2004, en dar al PSC 1,5 millones de votos y 21 diputados decisivos para la investidura del Zapatero como presidente del gobierno de España. Todavía cuatro años después, en las elecciones generales de 2008, un PSC encabezado por Carme Chacón (¡!) lograba su récord histórico de casi 1,7 millones de votos (más de un 45% del sufragio) y 25 diputados en las Cortes españolas. Ahora el PSC está en las peores expectativas de su historia, seguramente a pique de convertirse en un partido marginal en Cataluña: se desplomó en las elecciones europeas de mayo de 2014, y en las últimas elecciones municipales de mayo pasado, por ejemplo, en los barrios obreros de Barcelona capital, como Nou Barris o Sant Andreu –su tradicional granero de voto—, pasó del 30% al 11%.
No se ha insistido lo suficiente en el significado menos superficial y más cargado de consecuencias, para Cataluña y para el conjunto del reino de España, de la victoria de Maragall al frente del tripartido de izquierdas en las autonómicas de 2003. La derecha catalana, simplemente, no pudo digerirlo. Porque ese triunfo –ya en 1999 había conseguido Maragall un récord de 37% del sufragio autonómico, y sólo la injusta ley electoral y la falta de coraje de ERC le privaron de acceder al gobierno— venía a romper el pacto bipartidista (tácito) CiU/PSC del régimen del 78 en Cataluña. Un pacto fraguado hacia 1983-84 con anuencia del PP (luego del caso Banca Catalana y de la crisis de Jordi Pujol con el gobierno de Felipe González), merced al cual las elecciones autonómicas catalanas las ganaría invariablemente CiU y las generales, el PSC. Gracias a una intensa política de "catalanización lingüística" –de la que la llamada "inmersión" en la escuela era sólo una parte— que garantizaba que el Parlamento autonómico y las radiotelevisiones públicas autonómicas serían monolingüemente catalanas en un país casi perfectamente bilingüe,
[1] pero en el que una notoria mayoría (
55% frente a 39%) tiene el castellano como lengua propia de identificación, una buena parte de la población se sintió excluida de la vida política y cultural autonómicas oficiales. La alta abstención en las autonómicas, señaladamente en el famoso cinturón rojo industrial de Barcelona, sería, así pues, el esperable resultado, y habrían de funcionar en la práctica como unas elecciones censitarias a favor de CiU. Ese artero uso pujolista de
fer pais con una política lingüística excluyente e invisibilizadora de más de la mitad de la población rompía todos los usos y tradiciones históricas del viejo catalanismo popular republicano: todavía en 1980, el PSUC y ERC hacían normalmente propaganda política en castellano, y no sólo en el cinturón industrial. Pero pasó prácticamente desapercibido por unas izquierdas catalanas autonómicamente noqueadas entre 1977 y 1981.
[2]
El gobierno tripartito encabezado por Maragall a partir de 2003 no sólo fracasó por su falta de voluntad política para destruir las bases económicas y administrativas del régimen corrupto y clientelar pujolista (recuérdese el famoso amago de denuncia del 3% en sede parlamentaria). Fracasó también por su falta de coraje a la hora de enfrentarse al neocatalanismo excluyente e invisibilizador del pujolismo y de recuperar la tradición del viejo catalanismo popular y republicano, que jamás hizo bandera exclusiva y excluyente –y menos bandera invisibilizadora de más de la mitad de la población trabajadora urbana— de la lengua catalana. Al contrario, el PSC maragallista, si así quiere decirse, dobló la apuesta: había ganando unas elecciones autonómicas rompiendo el pacto bipartidista CiU/PSC del régimen del 78 en Cataluña, y quería seguir haciéndolo sin tocar las bases del sufragio censitario de las autonómicas. Lo que en la práctica solo podía lograrse arrebatando votos al pujolismo social y cultural, compitiendo en su terreno y con sus reglas de juego. La malhadada pirueta del nuevo Estatuto catalán iba en ese lote.
Zapatero intentó canalizar el creciente catalanismo de Maragall y de un PSC en feroz competición con CiU mediante un pacto para la reforma del Estatut. El PP, que, a diferencia de lo ocurrido tras el caso Banca Catalana, se sentía orillado en la nueva recomposición de equilibrios PSC-PSOE-CiU (recuérdese que, al final, Zapatero traicionó a Pasqual Maragal y cerró el asunto a puerta cerrada con Artur Mas) , apretó un botón nuclear, origen de tantas cosas. Recurrió al Tribunal Constitucional y logró bloquear y arruinar una reforma legitimada en las instituciones –Parlament y Cortes— y, luego, en un referéndum popular (que contó, muy significativamente, y dicho sea de paso, con sólo un magro 49% de participación). No sólo demostró aquí palpablemente el PP su capacidad de veto bipartidista. Comenzó a demostrar también otra cosa no menos decisiva: sólo él podía ser el ya garante de un régimen deslegitimado socialmente por las políticas de austeridad y rendición manifiesta de la soberanía.
Se dirá que lo que ha tumbado y desangrado al PSC postmaragallista en estos últimos tiempos es el "tema nacional", su incapacidad para dar una respuesta seria y democrática al desafío soberanista catalán. Y eso no deja de tener un núcleo de verdad: basta ver las erráticas idas y venidas de su actual dirección en el último año y medio a propósito del "derecho a decidir". Pero lo que ha tumbado de verdad al PSC no han sido las muy publicitadas fugas de altos cargos hipercatalanistas socialliberales como Ernest Maragall –el enemigo de la enseñanza pública— o Marina Geli –la enemiga de la sanidad pública—, sino el desplome de su sufragio obrero y popular tradicional. Lo que ha abierto una vía irreversible de agua en los cascos del PSC es una dinámica política más profunda, una dinámica que es concausa también del inopinado auge del movimiento soberanista catalán, y es a saber: la capitulación del PSOE entre mayo de 2010 y agosto de 2011 (reforma Express de la Constitución pactada con el PP) ante el ultimátum de la Troika, cuando rindió simbólicamentecoram populo toda idea de soberanía popular (europea, española o catalana).
No son tan distintas las razones del hundimiento de las expectativas electorales del PP en Cataluña y su augurable sustitución como partido unionista de la derecha por Ciudadanos. Es muy difícil mantener la ventaja moral del unionismo, una de cuyas armas fundamentales es haber denunciado desde el principio –todo lo falsaria y demagógicamente que se quiera
[3]— las políticas culturalmente excluyentes e invisibilizadoras del pujolismo y haber sacado a la palestra la participación del Clan Pujol en la corrupción. Particularmente cuando hay sectores enteros de la derecha social catalana que no pueden ignorar el carácter estructural de esa corrupción en el
capitalismo de amiguetes políticamente promiscuos del compartido régimen del 78 y el natural e inveterado engranaje de CiU en ese sistema.
[4] Diríase que cualquier legitimidad política tiene ya que ser construida con cierta pretensión de estar más allá del régimen del 78 y de sus cristalizaciones autonómicas. Y Ciudadanos, el Podemos del IBEX-35, como se ha dicho, propone sobre el papel regeneración y reforma constitucional (recentralizadora) como condición para reconstruir, por lo pronto, el arco político dinástico y, enseguida, la resoldadura y la hegemonía social del bloque dominante oligárquico en todo el Reino.
¿Un callejón sin salida?
Es difícil comprender desde fuera del Reino de España el callejón aparentemente sin salida a que se ha llegado en Cataluña. Si el movimiento a favor de la autodeterminación es ampliamente mayoritario en Cataluña y si, en cambio, la fuerza del independentismo políticamente resuelto oscila, como mucho (todavía), en torno al 40% de la población catalana, ¿por qué diablos, cabría preguntarse –Bloomberg o The Economist lo han hecho— , no se ponen de acuerdo el PP, el PSOE y los "poderes fácticos" interesados en la conservación del statu quo en autorizar un referéndum de autodeterminación en toda regla que, con plenas garantías procesales y deliberativas, al estilo escocés, resuelva "definitiva" y democráticamente el problema?
La respuesta al uso es que la Constitución de 1978 no permite ese tipo de referéndum. ¿Se podría y se debería reformar? Dejando aparte la consabida legión de publicistas doctrinarios especializados últimamente en cargar pseudofilosóficamente contra la idea misma del derecho de autodeterminación de los pueblos, lo cierto es que los constitucionalistas científicamente serios ven técnicamente abierta y políticamente deseable esa posibilidad. El académicamente prestigioso
Rubio Llorente lo planteó así en 2012, es decir, en el Año I de Cataluña:
"… ni la inoportunidad de la iniciativa [de un referéndum de autodeterminación en Cataluña], ni la mayor o menor torpeza de las razones que la mueven, permiten al Gobierno ignorarla, ni lo dispensan de tomar a su vez las medidas necesarias para encauzarla pacíficamente, y hasta ahora no ha hecho gesto alguno en ese sentido [...] Es deber del Gobierno contribuir a la búsqueda de vías que permitan llevarla a cabo de la manera menos traumática para todos; sin violar la Constitución, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si es necesario hacerlo [...] Lo urgente, lo inaplazable, es verificarla solidez y el contenido de esas aspiraciones y para esto no hay otro camino que el del referéndum [...] Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad."
Eso fue, como dicho, en el Año I. En el Año IV de Cataluña, nadie en su sano juicio debería poder dudar ya de la "existencia y solidez" de la voluntad autodeterminista de la "minoría territorializada" catalana. Otras voces jurídicamente prestigiosas, como la de Santiago Muñoz Machado ("
Cataluña exige una respuesta y el Estado debe ofrecérsela") se han añadido entretanto a planteamientos como el de Rubio Llorente.
A eso se opone a veces el escepticismo del historiador. Que dirá, no sin buenas razones, que es inútil hablar de una "reforma constitucional" que "facilite" o "redefina" el "encaje" de Cataluña en España recordando, con oportuno repaso de archivos y hemerotecas, aquel cuento jamás cumplido de la "reforma de la Constitución" que hizo correr inútilmente ríos de tinta durante la Primera Restauración borbónica, al menos entre 1898 y 1931. Pero seguramente la objeción de más peso a las bienintencionadas ideas de reforma constitucional tiene que ver, no con argumentos iusconstitucionalistas estático-formales, ni con la experiencia histórica, sino con la naturaleza de la dinámica política que se puso en marcha con la Segunda Restauración borbónica.
Porque la Transición democrática que cuajó en el régimen constitucional de 1978, como
recordó hace poco más de un año el sólido constitucionalista sevillano Javier Pérez Royo, no fue una restauración de la democracia en forma de monarquía parlamentaria, sino, básicamente, una (segunda) Restauración de la monarquía borbónica bajo las formas democrático-parlamentarias que resultaban poco menos que inevitables en el mundo y en la Europa de entonces. Una Europa con el recuerdo todavía vivo del antifascismo triunfante en 1945. Y un mundo, por ejemplo, en el que ningún gobernante podría haber siquiera osado decir, como David Cameron hoy mismo, que el principal partido histórico de la oposición –el laborista— representa una
"amenaza para nuestra seguridad nacional, para nuestra seguridad económica y para nuestra seguridad familiar."
El reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) formaba parte de los programas políticos de
todas las fuerzas antifranquistas de izquierda, incluido el PSOE de Suresnes que catapultó a Felipe González al liderazgo. Ese derecho desapareció de los programas del PCE, primero, y del PSOE, después, con la aceptación de la Constitución monárquica de 1978. Al hurtar un referéndum sobre la forma de Estado –Monarquía o República—,
con la abstención del PSOE y el voto a favor del PCE, la Segunda Restauración secuestró el derecho de autodeterminación de
todos los pueblos de España, razón por la cual tenía que cerrarse a cal y canto contra el reconocimiento del derecho de autodeterminación de
cualquier pueblo de España en particular.
Frente a las cínicas y refitoleras cursilerías del ponente conservador Herrero de Miñón [5] o a las vaguedades campanudas de la "minoría catalana" (el empresario Güell de Sentmenat votó contra la autodeterminación, mientras que Trias Fargas se abstuvo), el ponente constitucional comunista, Jordi Solé Tura, lo dejó dicho con la claridad y el desenvuelto pragmatismo que le caracterizaban en el dramático plenario de 21 de julio de 1978. Un derecho fundamental –es de notar que ninguno de los intervinientes en esa sesión, salvo el franquista Fraga, lo negó como tal "principio abstracto"— tenía que rendirse por razones de oportunidad y coyuntura política:
"Hemos aprobado un artículo [el Título preliminar, ahora sabemos que impuesto literalmente manu militari a los constituyentes] que define muy claramente lo que entendemos por España cuando decimos y manejamos términos que se complementan, que son indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…) Esto es lo que estamos haciendo y no otra cosa; y en función de eso, no nos hemos abstenido, sino que hemos votado «no» al derecho de autodeterminación tal como nos lo planteaba la enmienda del señor Letamendia, que era hacer otra Constitución; y nosotros estamos haciendo ésta." [6]
Así pues, y visto con esa perspectiva histórica, una "reforma constitucional" que buscara ahora encajar el principio de autodeterminación de Cataluña no plantearía un mero problema técnico-formal resoluble con buena y realista voluntad política de los poderes fácticos de este país. Hay que suponer, antes bien, que abriría una dinámica política totalmente nueva, poniendo más temprano que tarde el dedo en la llaga del pecado original del régimen del 78. Por ejemplo: después de Cataluña, vendría el País Vasco, y tal vez Galicia. Y lo que es más importante: en la deliberación previa a un referéndum legal de autodeterminación en Cataluña, resultaría decisivo para el resultado final saber si Cataluña se adhería federal o confederalmente a la Monarquía de Felipe VI o a una III República en el marco de un nuevo proceso constituyente español. Es evidente que la legión de independentistas condicionales (o republicanos), como Ada Colau o Lluis Rabell, podrían resultar determinantes… Y esta y no otra es la razón de fondo que permite conjeturar que no habrá nunca ninguna reforma constitucional que, en el marco de la Segunda Restauración borbónica, pueda dar satisfacción a las abrumadoramente mayoritarias aspiraciones autodeterministas de la Cataluña actual.
Ya hemos editorializado recientemente sobre las trampas de Artur Mas y la impostura de su lista del Junts pel SI, así como sobre las insuficiencias del independentismo de la izquierda radical (cfr. "
Zelig en Cataluña: del transformismo político al baile de disfraces"). No es cuestión de insistir ahora. Por lo demás, es muy fácil burlarse de las demasías e ingenuidades de los actuales dirigentes de todas las fuerzas independentistas catalanas. De quienes parecen creer que la independencia de un "nuevo Estado europeo" será cosa de coser y cantar en una UE austeritaria y descompuesta que acaba de yugular sin pestañear la "
primavera de Atenas". Y de quienes, en un reverso simétrico, consideran que todo se resuelve mágicamente con una ruptura de principios con la UE del "Consenso de Bruselas". Todos los escenarios posibles, por el contrario, apuntan a que la creciente polarización social y política, lejos de simplificar el tremebundo conflicto de legitimidades que se apunta después del 27-S, tenderá a una enorme complejidad de tiempos y de confrontaciones parciales transversales que habrán de determinar en muy buena medida el desarrollo futuro de la crisis del régimen del 78 en una Europa de porvenir incierto.
Pero las direcciones de las izquierdas autodeterministas no independentistas, que, dicho sea de paso, no han conseguido evitar –como sí lograron Ada Colau, Gerardo Pisarello y su equipo en las municipales— la conversión de las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito por o contra la independencia y de las que todavía se espera una reflexión seria –más allá de discursos discurseantes— sobre el aplastamiento de Syriza y
la capitulación de Tsipras, deberían al menos empezar por reconocer esto:
Que no hay ahora mismo en el Reino de España un movimiento de masas democrático con potencial rupturista más peligroso y amenazador para el
statu quo que el que viene exigiendo con persistente fuerza el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Los nacionalistas
independentistas no lo saben. Tal vez. Pero lo hacen.
Y sería estupendo que los que aparentemente sí saben –o por tradición internacionalista deberían saber— en qué mundo grande, terrible y peligrosamente incierto vivimos hoy tomaran nota. E hicieran también. Sin ilusiones. Sin tacticismos. Sin puñaladas de pícaro. Sin pragmatismos desenvueltos de nuevo cuño. Porque lo que parece claro es que la Segunda Restauración es ya muy difícilmente compatible con una unidad libremente consentida de los pueblos de España.
NOTAS:
[1] En Cataluña,
el porcentaje de los que hablan catalán, que es el 75 % de la población total, llega al 90 % entre los jóvenes de 15 a 29 años. Con datos de 2013 y para la población mayor de 15 años, sabe hablar el catalán el 80% de la población, aunque sólo sabe escribirlo el 60%. El castellano lo sabe hablar el 99,7% y sabe escribirlo el 96%. Por lo demás, contra lo que parecen creer nacionalistas y pseudocosmopolitas de toda laya, y en particular los ideólogos filopujolistas y los ideólogos cerrilmente españolistas, la lingüística cognitiva histórica enseña: 1) que el bilingüismo, lejos de ser una rareza o una situación inestable, es la condición más normal de las culturas humanas: más de un 60% de la humanidad, hoy mismo, es al menos bilingüe; y 2) el multilingüismo está tan arraigado en la misma naturaleza humana, que lejos de tender al monolingüismo, la persistencia de la pluralidad de lenguas humanas es un rasgo estable de la Humanidad, con
relativa independencia de las políticas practicadas. Hoy, en plena "globalización", hay más lenguas humanas vivas (unas 7000) que especies de mamíferos. Cfr. Mark Pagel,
Wired for culture. The Natural History of Human Cooperation, Penguin, Londres, 2012.
[2] Manolo Vázquez Montalbán fue uno de los pocos que se
atrevió a protestar tímidamente desde la izquierda (en 2002): "… la política cultural de la Generalitat cometió la torpeza de entender que sólo se tenía que dedicar a normalización lingüística del catalán, sin asumir una posición con respecto al castellano. Esto produjo la impresión de que se creaban pautas lingüísticas para que el catalán se convirtiera en la lengua hegemónica. Se imponía la lógica de que Cataluña es una nación que tiene una lengua propia, que es el catalán. Pero, en cambio, se ignoraba o no se asumía que el castellano era una lengua totalmente viva, coexistente y cohabitante; que además se correspondía con casi el 50% de la población." No fue una "torpeza", y si lo fue, lo cierto es que rindió enormes réditos políticos a quien la cometió.
[3] Los usos excluyentes y exclusivos de la lengua catalana por el neocatalanismo autonómico filopujolista han convertido a la política lingüística es un tema especialmente sensible y de enmarañada discusión en Cataluña. El gobierno de Rajoy y Ciudadanos han buscado a través de ella, sin demasiado éxito en Cataluña, la polarización social. Basta recordar las palabras del ministro de educación de Rajoy, el inefable Wert, manifestando su intención de "españolizar a los niños catalanes". Ahora bien; se opine lo que se quiera respecto a lo que debe hacerse políticamente con las realidades lingüísticas de Cataluña, debe partirse de unos hechos que son muy desconocidos o premeditadamente deformados fuera de Cataluña. Basten unos pocos ejemplos. En la administración de justicia, las sentencias redactadas en catalán en Cataluña en el año 2012 constituyeron apenas el 12,7% del total (y en las salas contencioso-administrativas, solo el 5%). Las delegaciones del gobierno español, la policía nacional, la guardia civil o el ejército no ofrecen más que simbólicamente servicios a la ciudadanía en lengua catalana, y no pocas veces renuentemente. La prensa escrita en castellano representa actualmente el 85% del total. Sólo un 10% de las películas en los cines de Cataluña están dobladas al catalán. Dicho todo esto: una de las cosas más interesantes y prometedoras del nuevo catalanismo independentista de los últimos años es su principio de ruptura con el los usos exclusivos y excluyentes de la lengua catalana y una actitud hacia la lengua castellana que vuelve a enlazar con las mejores tradiciones del catalanismo republicano popular histórico: valgan aquí como testimonio sumario fenómenos como Súmate (ahora en Junts pel Sí) o las interesantes e inteligentes posiciones de candidatos de las CUP, como David Fernández o Antonio Baños.
[4] Baste un solo ejemplo, recientemente
aportado por el economista Francisco Martín Seco: "En 2004, la Agencia Tributaria, tras una serie de inspecciones, había comenzado a levantar actas a un conjunto de sociedades, compuestas en su totalidad por los grandes patrimonios del país, que se consideraba que no cumplían los requisitos requeridos para constituir una SICAV y que, en consecuencia, deberían tributar por el régimen común (el tipo del impuesto de sociedades al que tenían que someterse era del 35% en lugar del 1%). Todos los principales capitales se pusieron alerta y reclamaron el apoyo de CiU, que presentó una enmienda a la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas tributarias para el impulso a la productividad (vaya paradoja), por la que se le retira la competencia a la Agencia Tributaria y se le atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde entonces, las grandes fortunas de este país, gracias a CiU (y ciertamente a otros muchos), continúan utilizando con fraude de ley un régimen fiscal privilegiado que no está diseñado para ellas."
[5] "La autodeterminación de los pueblos de España no es cosa de hoy; no es algo que quepa dentro de un Título bis del proyecto de Constitución, es algo que subyace y fundamenta la Constitución misma, porque es nuestra propia existencia histórica. Los pueblos de España se están autodeterminando desde hace siglos [
sic!] y se autodeterminan hoy en la voluntad irreversible de vivir en común." Véase:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_116.PDF(pág. 4566)
[6] Véase:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_116.PDF(págs. 4569-4570). Varios años después, el propio Solé Tura volvía sobre esa dramática discusión constitucional con Paco Letamendía: "de haber votado la incorporación del derecho de autodeterminación tal como lo proponía el diputado señor Letamendia no habríamos tenido ni derecho de autodeterminación ni autonomías, y posiblemente ni Constitución" (
Nacionalidades y nacionalismos en España, Alianza Editorial, Madrid 1985, p. 140).
Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Buster yDaniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.
