2 de noviembre de 2014
Podemos y el gato de Schrödinger
El gran Leviatán ha despertado de su letargo. Desde que
Podemos hizo su aparición en el escenario político español el gran Leviatán del
Capitalismo absoluto no ha parado de
echar espuma por la boca y de escupir fuego sobre la formación. De todos
los descalificativos que se han vertido sobre Podemos hay dos que se repiten
constantemente: Que es populista, y que sus propuestas, su programa, es “poco
realista”, cuando no directamente utópico e irreal. Sobre la acusación de
populismo poco hay que decir, salvo que mueve más a risa que a preocupación. Si
por populistas hemos de entender a los partidos políticos que basan su poder en
el apoyo del pueblo obtenido mediante un discurso destinado a complacerle,
resulta gracioso que esta acusación provenga de un partido que ganó las
elecciones regalando los oídos de su electorado prometiendo lo que sabía que no
iba a cumplir, y engañando a los incautos ocultando aquello que sí iba a hacer.
Así que su programa, además de populista era completamente irreal. De cualquier
manera, ¿qué partido, cuando está en la oposición, o en campaña electoral, no
es populista? ¿Es necesario recordar también todo lo que prometió el PSOE que
haría en las últimas elecciones, y que, al parecer, no tuvo tiempo de hacer en
los 21 años anteriores que estuvo en el gobierno?
Personalmente me da más miedo la acusación de “poco
realistas” cuando se refieren a las ideas y a las propuestas de Podemos, y más
cuando proviene de los gobernantes pasados, presentes o futuros, porque delata
una posición de partida del que lanza la acusación bastante preocupante.
Porque, ¿qué significa exactamente “poco realistas”? ¿Qué realidad es la que se
toma como punto de referencia para afirmar si una idea es realista o no? ¿Y esa
realidad, cualquiera que sea, es inamovible?, ¿no puede cambiarse? Parece que
nos estemos metiendo en un problema de mecánica cuántica, y que queramos
buscarle tres pies al gato, al gato de Schrödinger, de ese dichoso gato que no
sabemos si está vivo o muerto hasta que no abrimos la caja. Pero esto es más
sencillo, porque todo lo que hacen los humanos los humanos lo pueden cambiar,
pues aquí también, como en la famosa paradoja, la realidad es alternativa y no
existe hasta que el observador no interviene.
Si retornamos a la pregunta inicial, ¿qué quiere decir un
gobernante (presente o futuro) cuando acusa a las propuestas del adversario de
ser poco realistas? ¿Significa que no tiene más remedio que aceptar las reglas
de juego impuestas por el capitalismo absoluto, o de eso que ahora llamamos “los
mercados”? ¿Que acepta como único marco de referencia ideológico el ideario del
liberalismo conservador aún cuando no lo comparta? ¿Significa que él mismo no
está dispuesto más que a moverse en los márgenes y en los límites que el
mercado y sus intereses le permitan? En la acusación de “irreal” lanzada al
adversario político va implícito un reconocimiento de resignación, conformismo
e incapacidad para gobernar un estado con iniciativas y políticas propias, y
viene a confirmar la ineficacia del Estado-Nación para hacer efectivo el
Contrato Social originario establecido con sus ciudadanos. Y, de paso, y para
que no quede nada en pie, quien lanza semejante acusación traslada de facto la
soberanía del conjunto de los ciudadanos a los mercados financieros y convierte
las elecciones, el Parlamento, a sí mismo y a la democracia entera en una
simple farsa. Si todo esto va implícito en esa acusación, ¡qué decir cuando el
mensaje se hace explícito, y además en sede parlamentaria! Lo hizo Rajoy el 11
de julio de 2012 cuando, incumpliendo lo prometido en campaña electoral, se
aprobaron los primeros recortes y la subida de impuestos: “Hacemos lo que no
nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no (…) Los
españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir (…) no tenemos esa
libertad. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los
sacrificios…”. Esta es, pues, nuestra “democracia representativa”, aunque escuchando al presidente del gobierno,
ya no sabemos a quién o qué representa.
Repitamos… La única opción que la realidad nos permite es
aceptar los sacrificios.Pero, aún no me queda claro de qué realidad hablaba
Rajoy. Es más, estaría por apostar que está confundiendo ideología y realidad.
Y esto, el capitalismo, lo ha sabido hacer my bien. Ha conseguido que esa
confusión se instale como si fuese un dogma de fe incuestionable, incluso entre
aquellos que se quedan al margen del sistema, expulsados por el propio
capitalismo, y condenados por ello a la resignación ante una “realidad” que les
ha caído como si fuese un cataclismo natural. Y no es así. Existe otra
realidad, pero esta es medible, cuantificable, que aparece y se agrava
precisamente como consecuencia de las políticas económicas llevadas a cabo
desde determinadas posiciones ideológicas. Son los datos, pequeños trozos de
realidad pegados a un número. No estaría de más recordar algunos. Según el
último informe de Unicef, la pobreza infantil en España ha pasado del 28% al
36% en los últimos 5 años. Según Cáritas, la población socialmente excluida en
España asciende al 25%, unos 11,7 millones de personas. De estos, el 77% sufren
exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de
la salud. Todo esto quiere decir que las personas que disfrutan de una
situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la
actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.
En 1,7 millones de hogares (unos 4 millones de personas), no puede asumirse el
coste de la energía necesaria para asegurar unas condiciones de habitabilidad
aceptables. Igualmente, en 636.000 hogares (el 3,6% de la población) no entra
ningún tipo de ingreso…esta es la realidad de nuestro país. ¿Hay que admitir
esta realidad con la misma resignación que admitimos las catástrofes naturales?
¿De verdad no se puede hacer nada para cambiarla? Es evidente que, si a esta
situación nos ha conducido unas políticas económicas llevadas a cabo desde una
ideología, otras políticas, desde otra ideología, más preocupada por la situación
de las personas y menos por los intereses de los mercados, podría cambiarla. Y
se ha intentado.
Se ha intentado, y la ideología, no la realidad, lo ha
impedido. En diciembre de 2013 el PP rechazó en el Congreso una propuesta de la
Izquierda Plural para que no se cortase la luz, el gas o el agua durante el
invierno a las familias que no pudieran afrontar su coste. La pobreza
energética afecta casi al 18% de los hogares, 1,4 millones de viviendas
sufrieron cortes de luz en 2012, y puede acarrear entre 2.300 y 9.000 muertes
prematuras al año (Observatorio Español de Sostenibilidad). La portavoz de
Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz, casi rogaba: “Les planteamos un
instrumento legislativo, una medida concreta, para paliar ese sufrimiento. No
estamos hablando de medidas complicadas ni tampoco de cifras presupuestarias.
Es cuestión de voluntad política y de
valentía para defender el interés general frente a las corporaciones y al
interés particular y el negocio”. La medida, calificada de “demagoga”, fue
rechazada con el único voto en contra del PP.
Aunque más sorprendente ha sido la suerte que ha corrido el
decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. El parlamento de Andalucía
había aprobado una serie de medidas para asegurar el valor social de la
vivienda (y no un mero bien de consumo sujeto a las leyes del mercado) que
permitía la expropiación temporal durante 3 años a los bancos de aquellas
viviendas que estuviesen habitadas por familias en riesgo de exclusión social
para evitar su desalojo. No hay que olvidar que en 2012 hubo 75.375 ejecuciones
hipotecarias, un aumento de 72% con respecto a los datos de 2008; y que cerca
del 75% de estos desahucios afectaron a la vivienda habitual. El decreto
andaluz también multaba a las entidades que mantuviesen viviendas vacías y se
negasen a negociar un alquiler social. Inmediatamente, la Comisión Europea y el
BCE arremetieron contra la medida alegando que podía tener consecuencias
negativas “para el sistema financiero en su conjunto", por las multas
directas impuestas a la banca, y que podría producirse una “reducción del
apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como un
deterioro en el valor de las carteras de activos inmobiliarios de los bancos y
de la capacidad de los bancos de colocar en los mercados cédulas hipotecaras".
Es decir, evitar echar a la gente a la calle es malo para el negocio bancario.
El gobierno recurrió pues el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional
alegando invasión de competencias y el TC suspendió su aplicación en julio de
2013.
Resulta sorprendente la decisión del TC porque el decreto
andaluz pretendía precisamente aplicar los principios establecidos en la propia
Constitución española, en concreto el artículo 47 que establece que «todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
Igualmente, el artículo “exhorta a los poderes públicos a promover las
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general, para impedir la especulación”. La sorpresa no es menor cuando el gran
Leviatán, primero por boca de Felipe González y después por la de Esperanza
Aguirre animaban a un pacto entre las “fuerzas constitucionalistas” para
detener el avance de Podemos. Debe ser que se les ha olvidado completamente lo
que dice la Constitución, o que también la consideran un documento utópico e
irreal, como el programa de Podemos. Es cierto que éste es más un ideario de
posicionamiento político que un programa de acción de gobierno, pero eso no
disminuye en absoluto su valor, porque, como la Constitución, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala el horizonte al que hay
que orientar la acción política. Y ese es el valor de las utopías. La utopía
evita el desasosiego, el conformismo y la resignación, y nos obliga a emprender
el camino del “ser”, al “deber”, porque sólo percibiendo las injusticias del
presente es posible trabajar para corregirlas, dejar atrás el mundo “como es”,
y aproximarse al cómo “debería ser”. Y así ha sido hasta ahora. La sociedad ha
cambiado, ha progresado gracias a personas que se negaron a aceptar la
“realidad” tal y como le venía dada, y lucharon para cambiarla. ¿Dónde
estaríamos ahora de haber sido “realistas”? ¿Aplicando el Código de Hammurabi?,
¿en la época de los Señores y los siervos?, ¿en la monarquía absoluta por
derecho divino?, ¿sufriendo aún la explotación laboral de la primera
industrialización?, ¿dónde?
Quizá haya que recordar a los “partidos constitucionalistas”
las utopías poco realistas de la Constitución española para que piensen bien
antes de mencionarla si de verdad quieren identificarse con ella, porque, al
defenderla, y a la vista de los recortes perpetrados por la ideología
dominante, podrían fácilmente ser calificados de “antisistema”, otro término
despectivo muy de su gusto. Por ejemplo, ya en el Preámbulo se expresa la
utopía máxima, el deseo de establecer “la justicia, la libertad y la seguridad,
y promover el bien de cuantos integran” la nación española, así como “garantizar
la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a
un orden económico y social justo”; y, por último, “promover el progreso de la
cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
Además, se establece que “las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos” (art. 10.2), “un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (art.
31.1), una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del
trabajador y las de su familia (art. 35.1), la protección social, económica y
jurídica de la familia (art. 39.1), la protección de la infancia (art. 39.4),
mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad” (art. 41), “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art. 43.2), el “derecho a disfrutar de una vivienda
digna” (art. 47), y realizar “una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran”. Por si
esto fuera poco, la CE afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, y
que el sector público podría reservarse recursos o servicios esenciales si así
“lo exigiere el interés general” (art. 128).
Bienvenida sea pues una formación política dispuesta a no
renunciar a los mandatos de la Constitución, especialmente el que insta a
“remover los obstáculos que impidan o dificulten” que los derechos en ella
recogidos “sean reales y efectivos” (art. 9.2), porque los partidos
tradicionales, postrados por exceso de realismo ante el Capitalismo absoluto,
hace tiempo que renunciaron a ello.
....En Utopía
Podemos y el gato de Schrödinger: http://cort.as/Jb3S
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