La matanza de Iguala y el Ejército
Luis Hernández Navarro.
La Jornada .
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El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27
batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y
contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias
de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra
estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su
mando amenazaron a los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al
último, dijo.
Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de
labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles
Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general
Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la
desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, él no vio nada en el evento; incluso
se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada.
El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 batallón de
infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al
frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala
entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos
encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el
militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que
se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio
que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.
No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario
que en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de
México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el
país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al
pasar de 6 mil 900
hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150
toneladas a más de 325. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los
principales centros de acopio de goma del narcótico.
Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército
son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del
batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la
primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de
pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José
Luis Abarca.
La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón
de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica
de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada enDiario
21: En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén
Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de
la Defensa Nacional, quien donó ese terreno. La información nunca fue
desmentida.
El diputado, ex senador suplente y empresario transportista
Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado.
Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas
Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones
de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan
Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de
Guerreros Unidos.
Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las
drogas, el 27 batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de
violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en
cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en
laguerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo
pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas
centenares de desapariciones forzadas.
Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el
paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en
Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni
seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte:
Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este
delito.
La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería
no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No
resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo,
sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que
aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o
pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de
allanamiento de morada.
Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur–
“nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con
hombrecitos,amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que
hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones,
porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los
fotografiaron.
La mañana del 31 de octubre unanarcomanta apareció colgada
en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de
Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al
presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir elcabo Gil, señalado
como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y
lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes deGuerreros Unidos,
hoy preso.
El mensaje señalaba que, entre los responsables de la
desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 batallón de
infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la
organización.
A pesar de que las evidencias en su contra se van
acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las
fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus
sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense
–dice Omar García– que en la guerra sucia, si alguien era experto en
desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.
Twitter:
@lhan55
...www.jornada.unam.mx/2014/11/18/opinion/017a2pol
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