Altsasu .- Video desmonta versión oficial de la GC

Un nuevo vídeo de los momentos posteriores a la trifulca desmonta la versión oficial del Caso Altsasu

Por Ahotsa.info

  http://kaosenlared.net/un-nuevo-video-de-los-momentos-posteriores-a-la-trifulca-desmonta-la-version-oficial-del-caso-altsasu/

  y también  ...La Guardia Civil reconoce que no hay vínculos entre Ospa y los 8 acusados de Altsasu con ETA

Por Ahotsa.info 
En la séptima jornada del juicio contra los jóvenes de Altsasu se ha abordado la calificación de los hechos como delito de terrorismo

Admiten que la asociación Ospa no ha realizado acciones violentas y que se ha limitado ha denunciar la presión policial, sus actuaciones desproporcionadas, el exceso de controles y de multas y a impulsar el antimilitarismo en Altsasu mediante propaganda, mociones en el Ayuntamiento, fiestas y actos públicos pacíficos.

En la séptima jornada del juicio contra los jóvenes de Altsasu se ha abordado la calificación de los hechos como delito de terrorismo y se ha tratado la única supuesta prueba teórica. con la declaración de los tres peritos de los Servicios de Inteligencia de la Guardia Civil sobre unos informes donde pretenden vincular estos hechos con ETA.
En su momento el tribunal deberá valorar si estos es una verdadera pericial o no, como ya ocurrió en los sentencias de los casos Egunkaria y Udalbiltza, pero su declaración a preguntas de las dos partes retrotrae a la época del ‘Todo es ETA’. Los peritos militares han pretendido presentar la trifulca, no como algo aislado, sino como parte de una estrategia que la acusación dice que crea ETA y que ETA continua a día de hoy impulsando.
Ha llamado la atención, además, que este apartado ha girado en torno a organizaciones, movimientos y documentos, en los que no se hace mención a los jóvenes encausados ni a los hechos concretos que se juzgan. De hecho, la mayor parte de este informe aborda cuestiones de épocas donde los encausados no habían nacido.
Los peritos, -dos de ellos habían declarado también como testigos-, a preguntas de las defensas, han tenido que reconocer que la reivindicación de Alde Hemendik (Que se vayan) es una reivindicación política legítima, que ha sido defendido por el Parlamento Vasco, el PNV, organismos antimilitaristas (p.e. Malatxa), asociaciones de municipios (p.e. Eudima), cuyas actividades y reivindicaciones en este ámbito no han sido perseguidas penalmente. En este sentido se ha evidenciado que esta reivindicación es anterior y no exclusiva de ETA, al contrario de lo que han pretendido señalar las acusaciones para hacer un vínculo directo entre ETA y el movimiento Ospa de Altsasu. Aun así, los guardias civiles convertidos en peritos han sostenido “ETA ha fagocitado la reivindicación Alde Hemendik” y que pese a su decisión de dejar la lucha armada “los objetivos estratégicos no han cambiado un ápice”.
En segundo lugar, se han basado en un documento denominado ‘Manual de Alde Hemendik’, intervenido en una operación en el gaztetxe de Olazti en el año 1999, que finalmente acabó en sentencia absolutoria. Los peritos han formulado la hipótesis de que en el municipio de Altsasu se ha practicado una programación en distintas fases sucesivas identificadas como socialización, tensionamiento, aislamiento y expulsión; pero entre los pocos actos concretos en que se materializarían esas fases sucesivas se observa poca consistencia y relevancia de los hechos y contradicciones temporales, porque los hechos que se encuadran por ejemplo en la tercera fase (petardos o pintadas en un bar en el año 2012) ocurren anteriormente a hechos que han situado en la primera fase o segunda (fallas de denuncia social en el Ospa eguna del año 2015 o 2016). Asimismo, no se ha detallado la autoría de este documento de hace 18 años.
También han llegado a decir que el movimiento Ospa es la materialización de una serie de indicaciones dadas por ETA 12 años antes, en el año 2000, y seguidamente los peritos han afirmado que no existe ningún vínculo entre la asociación Ospa y los ocho encausados con ETA u organizaciones ilegalizadas. Tampoco han sido capaces de aportar documentos de ETA posteriores al año 2011 sobre iniciativas de Alde Hemendik.
Se debe recordar que la asociación Ospa surge en el año 2012, y los peritos han afirmado que realizan actividades de denuncia sobre presión policial, actuaciones desproporcionadas, exceso de controles y de multas, antimilitarismo… Han afirmado que no existen documentos o declaraciones de la asociación Ospa donde se inste a actividades violentas o actividades de hostigamiento a fuerzas de seguridad o familiares. En toda la declaración relacionada con la asociación Ospa se ha hablado de carteles, caricaturas, vídeos, actividades de tipo festivo, comidas populares, documentales, farolillos volantes, mociones en el ayuntamiento, concentraciones pacíficas, asambleas… Finalmente, han admitido que la asociación Ospa no ha realizado acciones violentas. Los peritos han informado que en los juzgados no ha prosperado ningún procedimiento incoado (por injurias, por ejemplo) y que todos se han archivado.
En conclusión, ha quedado evidente, tal y como ya apuntaba el Auto de marzo de 2017 de la Audiencia Provincial de Navarra, que ni siquiera existen indicios de un delito de terrorismo.
Evaluación psicológica de la novia del teniente
Por otra parte, el juicio ha comenzado con la declaración de dos peritos médicos que evaluaron la situación psicológica de la novia del teniente. Estos dos peritos concluyen que no presenta un trastorno psíquico, sino un trauma emocional psicológico derivado de los hechos ocurridos, no el día de los hechos, sino de lo ocurrido con posterioridad a los hechos, porque no encuentra lógica a los hechos posteriores de apoyo a las personas detenidas y ello le produce una gestión muy difícil de las emociones (humillación, rabia…).
Los peritos descartan el riesgo de suicidio, y que únicamente se limitan a expresiones de alivio psicológico. Reiteran que no hay ningún síntoma psicológico que tenga que ver con los hechos que se juzgan, sino con la falta de apoyo social. Los efectos, por tanto, son indirectos, y no directos a los hechos que se están juzgando.
Al inicio de la vista han acudido representantes de los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT eta STEILAS a las puertas de la Audiencia Nacional y han realizado declaraciones denunciando las irregularidades, la desproporción y la calificación como terrorismo en este caso.

  y ver  ..

  https://eh.lahaine.org/altsasu-quot-el-relato-lo


  Nota .-Menudo montage judicial y policial, en el  video  prueba que ni sangre, ni camisa sucia ni desgarrada  ni nada en el sargento .  Esto es para llevarlo al TEDH y que a la "justicia" española se le caiga la cara de vergüenza.Un juicio donde la Juez es la esposa de un GC, los peritos son GC, los testigos son GC ..... Todo la parte acusadora estaba formada por miembros de la GC .... y  la policia foral navarra   que estaba alli lo mismo.

 http://www.lavanguardia.com/politica/20180426/443006331249/video-agresion-alsasua-guardias-civiles-parejas.html

La democracia española ante la crisis catalana .

 

No fue un golpe de Estado ni un pronunciamiento: respuesta a Santos Juliá

Abandonar la idea de que en Cataluña ha habido un golpe es imprescindible para pensar en soluciones democráticas al problema de la secesión

 Ignacio Sánchez-Cuenca

¿Qué sucedió realmente en Cataluña durante la fase final de explosión del procés, en los meses de septiembre y octubre de 2017? La respuesta a esta pregunta es clave para valorar políticamente tanto las estrategias del movimiento independentista como la respuesta del Estado a la crisis catalana.

Hay una interpretación de los hechos de otoño de 2017 que se ha extendido en el establishment español y que muchos dan ya por supuesta, como si fuera una verdad auto-evidente: en Cataluña hubo un intento de golpe de Estado, frenado en seco por el Estado de derecho. Esta tesis aparece frecuentemente entre políticos y tertulianos de la derecha española, pero también ha alcanzado a autores “liberales” que, en otros asuntos, habían adoptado tesis más moderadas. Sirva como ejemplo el artículo que publicó Santos Juliá en el diario El País hace unos días, titulado “Doblegar al Estado”. El artículo condensa muchos de los errores de planteamiento que envenenan la crisis catalana.

El texto de Juliá se abre con una prolija introducción de corte generacional en la que habla de aquellos que, como él mismo, nacidos entre 1930 y 1939, fueron bautizados como los niños o los hijos de la guerra. En su opinión, fue una generación que entendió la necesidad de superar el trauma del enfrentamiento fratricida de nuestra Guerra Civil y que elaboró un proyecto político pensando más en el Estado que en la nación; dicho proyecto se llevaría a la práctica en la transición democrática, cuyo logro más valioso fue la Constitución de 1978. Como miembro de aquella generación, Juliá describe, con una mezcla de horror e indignación, los sucesos de la crisis catalana que, cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, han supuesto el quebranto de esta. La aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad durante los días 6 y 7 de septiembre y la posterior declaración de independencia el 27 de octubre serían, desde su punto de vista, el equivalente a un “alzamiento” de las autoridades catalanas contra el Estado.

Juliá analiza las acciones del Gobierno y el Parlamento catalanes a la luz de un golpe de Estado. Dice en más de una ocasión que los nacionalistas catalanes se “alzaron” contra el Estado y utiliza términos como “sedición” y “pronunciamiento”. Admite, en cualquier caso, que se trata de un tipo muy especial de “pronunciamiento”, pues la propia definición de la RAE establece que un “pronunciamiento” es un “alzamiento militar contra el Gobierno”; por ello mismo, se inventa una nueva categoría, una categoría sui generis, la de “pronunciamiento civil”, que Juliá no explica en qué casos podría aplicarse más allá de Cataluña en octubre de 2017. Pero para que no haya dudas, compara la acción de los representantes del pueblo catalán con golpes de Estado como el del general Primo de Rivera en 1923, el (fallido) del general Sanjurjo en 1932 y el (también fallido) del teniente coronel Tejero en 1981.

¿Intentaron realmente las autoridades catalanas dar un golpe de Estado? ¿Fue un “pronunciamiento civil”? Un golpe de Estado supone siempre el ejercicio de la violencia o la amenaza de esta. La violencia es un elemento esencial de todo golpe de Estado. Así se reconoce en las definiciones habituales de los diccionarios y también en la literatura académica sobre golpes de Estado. Los “rebeldes” o bien ejercen la violencia o bien amenazan con usarla. En la historia hay numerosos casos de golpes incruentos en los que las autoridades legítimas abandonan el poder de forma pacífica porque saben que, de lo contrario, sufrirán violencia de manos de los golpistas. La violencia, pues, desempeña un papel crucial, es el medio coactivo mediante el cual los golpistas tratan de hacerse con el poder.

    Se podrán mencionar casos puntuales de violencia en algunas movilizaciones populares, pero la violencia no ha formado parte de la estrategia política de las autoridades catalanas

El movimiento independentista catalán no ha sido violento ni se ha basado en una amenaza de violencia. Se podrán mencionar casos puntuales de violencia en algunas movilizaciones populares, pero la violencia no ha formado parte de la estrategia política de las autoridades catalanas. Si no hubo violencia, no pudo haber alzamiento, ni pronunciamiento, ni golpe. Utilizar estas categorías para entender la crisis catalana carece de rigor. Y, lo que es peor aún, nos condena a resolver el problema a través de la justicia penal, pues nada cabe negociar ni pactar políticamente con quienes participan en un intento de golpe. La defensa de la tesis del golpe de Estado o pronunciamiento legitima las acusaciones atrabiliarias de la Fiscalía y del Tribunal Supremo sobre la rebelión, que tanta extrañeza provocan entre analistas y periodistas fuera de España.

Afirmar que el proceso catalán ha sido violento es situarse en contra de la realidad. Sólo es posible percibir así los hechos utilizando unas gruesas lentes ideológicas que nos devuelven una imagen deformada de lo sucedido. Son las lentes de un nacionalismo español intolerante que parecía superado.

Si no fue un golpe, ¿qué fue? Según lo entiendo, y como he tenido oportunidad de argumentar en extenso en un libro reciente (La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana, Catarata 2018), deberíamos hablar de una crisis constitucional profunda producida por un choque de legitimidades. En una crisis constitucional se desobedecen las normas, se cuestiona y desafía el orden jurídico, pero no se utiliza la violencia. Con ello no quiero minusvalorar o disculpar la conducta de las autoridades catalanas, las cuales, en mi opinión, cometieron errores graves por los que cabe exigir responsabilidades políticas y legales. La desobediencia de una parte del Estado es un asunto muy serio, pero no es un golpe de Estado, ni un alzamiento, ni un pronunciamiento (ni una rebelión) mientras no medie violencia o amenaza de la misma.

La crisis constitucional del otoño de 2017 es la consecuencia última de un proceso que se abre con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre la reforma del Estatut. En aquella sentencia, recuérdese, se niega de raíz toda posibilidad de desarrollo plurinacional de España. Según el Tribunal, la única nación que existe es la española, titular de la soberanía. Que la soberanía la hayamos troceado renunciando a competencias políticas básicas en beneficio de la Unión Europea (políticas monetaria, comercial y de competencia, por ejemplo) no es motivo de alarma para nuestro Tribunal Constitucional, ni tampoco lo es que el derecho europeo esté por encima del derecho español; sin embargo, que el preámbulo de un Estatuto de autonomía se haga eco de una declaración del Parlamento catalán sobre la existencia de una nación catalana es considerado por el alto Tribunal inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico. La nación española puede compartir soberanía con holandeses, búlgaros y portugueses, pero no puede compartirla con la nación catalana o la vasca.

Tras esta sentencia, el nacionalismo catalán fue radicalizando sus posiciones ante la indiferencia o la intransigencia, según el caso, de las autoridades españolas. A pesar de los múltiples e infructuosos intentos de establecer alguna vía de negociación con el Gobierno de España, nada se ha movido desde 2010 en la cuestión territorial, salvo una recentralización más o menos encubierta con el pretexto de la crisis económica. El Gobierno de España dejó pudrir el conflicto político a pesar de recibir numerosas advertencias de que, si no tomaba cartas en el asunto, el procés acabaría explotando.

    A pesar de los múltiples e infructuosos intentos de establecer alguna vía de negociación con el Gobierno de España, nada se ha movido desde 2010 en la cuestión territorial

Como consecuencia de las irresponsabilidades cometidas por unos y otros, se ha consumado una crisis constitucional que surge de un doble conflicto sobre el “demos”. En primer lugar, un conflicto en el conjunto de España: una parte considerable de la sociedad catalana no se siente española y no quiere seguir tomando decisiones colectivas con el resto de España, así que no se considera vinculada por lo que ordene el Gobierno o el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, un conflicto en el interior de Cataluña entre quienes desean y quienes rechazan la independencia.

Robert Dahl analizó en profundidad el problema político del cuestionamiento del “demos”. Mostró que no hay una solución clara, pues la democracia funciona en la medida en que hay consenso sobre quién pertenece al colectivo que toma decisiones conjuntamente. Cuando se produce una crisis de “demos”, no hay principios indubitables que sirvan de guía. Pero al menos podemos intentar encauzar el conflicto según valores democráticos, tratando de encontrar puntos de acuerdo que satisfagan a todas a las partes y, de este modo, eviten la ruptura. Eso es lo que distingue a las democracias de otros regímenes políticos. En España nos encontramos en una situación paradójica, pues, pese a ser el nuestro un país democrático, el Gobierno de España no ha querido hacerse cargo del problema, el Tribunal Constitucional ha cerrado toda vía de reforma plurinacional,y el Govern y el Parlament catalán han actuado con desprecio del principio democrático al realizar una declaración de independencia que no cuenta con suficiente apoyo popular.

Ante un problema de esta envergadura, lo lógico es que desde la sociedad civil intentemos preservar los principios democráticos buscando puntos de encuentro que desactiven la crisis constitucional y el enfrentamiento político que se ha creado tanto entre Cataluña y el resto de España como en el interior de la propia Cataluña. Pero lo que hemos visto en estos meses es algo muy distinto. Se ha producido un resurgir del nacionalismo español intransigente que se manifiesta en que jueces, políticos, periodistas e intelectuales hayan etiquetado de golpe de Estado o rebelión el desafío independentista y, en consonancia con ello, apuesten por el encarcelamiento de los líderes del independentismo catalán como solución al problema político de fondo. Para muchos de mi generación, la de los “nietos de la guerra”, que crecimos en democracia, resulta doloroso que tantos “hijos de la guerra” hayan acabado defendiendo la tesis endeble y falta de rigor según la cual en Cataluña ha habido un golpe de Estado fallido. Es como si, al final de sus carreras, hubieran perdido la sintonía con los valores democráticos (tolerancia, pluralismo, consenso, concordia) que hicieron posible la transición que ellos mismos protagonizaron.

http://ctxt.es/es/20180418/Firmas/19137/Espana-Catalunya-golpe-politica-proces-Santos-Julia.htm#.Wt9CvZPCuAP.twitter

Sánchez-Cuenca: “Alemania es el pinchazo de la burbuja del nacionalismo español”

 

 https://www.elnacional.cat/es/politica/entrevista-sanchez-cuenca-alemania-llarena-puigdemont_255621_102.html

   

 

El pueblo ficticio de Sant Esteve de les Roures, popularizado porque aparecía en uno de los informes de la Guardia Civil sobre el 1-O como si fuera real, ha llegado a la prensa alemana.

España.- Poder judicial y Opus Dei.

¿Octopus Dei?

La magistratura española y el Opus Dei

Antonio Gómez Movellán

Rebelión

La influencia del Opus Dei en la historia política y social en España ha sido muy importante. Lo fue en la dictadura de Franco, lo fue en la transición política y lo ha sido en la monarquía parlamentaria. Además, esa importancia coexistió con una expansión de la secta por medio mundo, particularmente en Europa, Latinoamérica y Norteamérica, pero también en muchos países africanos y asiáticos.
El Opus Dei, donde el 97% de sus miembro son seglares, tuvo ,desde el principio, una gran habilidad para infiltrarse en los aparatos de Estado y eso lo compaginó, gradualmente, con la construcción de un imperio de negocios propios; negocios que van desde colegios y residencias, Universidades, escuelas de negocios, hospitales, participación influyente en Bancos y entidades financieras, medios de comunicación y últimamente colegios elitistas de enseñanza primaria y secundaria, entre otros sectores. Pero desde el principio, la penetración en el aparato de Estado franquista fue decisiva. Como dijo el fundador de la secta, el cura de personalidad paranoica y megalómana, Escrivá de Balaguer, “para que queremos tener locales propios si tenemos los despachos de los Ministerios del Gobierno”. La expansión del Opus ha sido espectacular y originariamente se debió a su infiltración en el franquismo. Hay que tener en cuenta que el Opus funciona como una sociedad secreta donde existen diferentes niveles de compromiso con la secta, pero todos, al final, buscan obtener réditos económicos y de poder para la secta. El Opus Dei se introdujo en España, a finales de los 50 y en los 60, en los grandes cuerpos de la Administración pública (inspectores de hacienda, diplomáticos, administradores civiles, abogados de Estado) y también en la justicia y la fiscalía. Penetran desde el mismo momento de la preparación de las oposiciones a esos cuerpos, con jóvenes ya vinculados a la secta, los cuales, una vez incorporados a los cuerpos superiores o la magistratura actúan en sintonía con la secta. En el franquismo, llegaron en el momento justo ya que se distanciaron del fascismo franquista proponiendo una especie de gobierno tecnocrático autoritario. Tal fue su influencia que el jefe de Gobierno con Franco, asesinado por ETA, en un atentado en el año 1973, el general Carrero Blanco, estaba en el ámbito del Opus y una gran parte de sus ministros eran miembros de la secta; ministros que ocuparon puestos en ministerios claves como Obras Públicas o Economía. Organismos como el Centro Superior de Investigaciones Científicas-el organismo clave de la investigación española-estaba absolutamente controlado por el Opus Dei. A finales de los años setenta, el Opus Dei tenía ya un imperio económico en España y estaba ya muy activo por todo el mundo y comenzaba su ascensión dentro del Vaticano, que culminó en tiempos del Papa Juan Pablo II.
De acuerdo a algunos observadores de la secta, para el Opus la penetración en la judicatura y la fiscalía ha sido algo de una importancia fundamental, sobre todo en los niveles altos y en puestos decisivos (tribunales supremos, audiencias territoriales superiores, tribunal constitucional) y lo ha sido porque lo ha utilizado para, desde la fiscalía, acusar a sus enemigos y desde los tribunales actuar en favor de los negocios de la secta o sus intereses y eliminar a su rivales y enemigos y en todo caso como un elemento más de poder de la secta. En el tardofranquismo, el caso MATESA es paradigmático de lo que decimos. Se trató de un asunto que se utilizó, por un sector del régimen, en parar la gran influencia de la secta en el Gobierno de la época ya que MATESA era una estafa muy vinculada a empresarios, altos funcionarios y ministros del Opus, pero la mayoría de los acusados no llegaron a ser ni encausados debido a las maniobras del Opus en la fiscalía y en los tribunales de la época. Ya en la monarquía algunos empresarios miembros del Opus llegaron a denunciar este tipo de prácticas de la secta como fue el empresario Ruiz Mateos cuyo holding RUMASA (más de 100.000 trabajadores) mientras era expropiado por el gobierno socialista, acusó a los dirigentes de la secta, en varias ocasiones, de ser unos despreciables y de “haberle dejado caer”, reclamándoles, en los tribunales, las donaciones millonarias que había hecho a la secta, reclamaciones que, como no, decayeron.
En España, en un recientísimo fallo del Tribunal Supremo y más tarde confirmado por el Tribunal Constitucional se declaró que la financiación pública de los colegios segregados por sexos era plenamente constitucional, cuestión verdaderamente sorprendente, pero el 70% de esos colegios son propiedad del Opus Dei y que curioso ¡el ponente del fallo judicial es un miembro del Opus Dei! Igualmente se han producido, últimamente, multitud de denuncias en contra de las “ofensas a los sentimientos religiosos” ( una especie de delito de blasfemia existente en España), y ello es así porque asociaciones y lobbies ultra católicos, algunos vinculados al Opus Dei ,tales como “Abogados cristianos” o “ Asociación Tomas Moro” denuncian casos ante la fiscalía sobre blasfemias proferidas por artistas o cantautores que, para sorpresa de todos, son tramitadas por los fiscales y en algunos casos con condenas; y ello es posible porque una gran parte de la fiscalía esta penetrada por el Opus Dei. En varias ocasiones el Superior del Estado ha sido miembro del Opus Dei como fue el caso de Jesús Cardenal o el caso de Torres-Dulce. Pero se sospecha que hay Salas del Tribunal Supremo controladas por miembros de la secta como la Sala de lo Penal lo cual, en opinión de muchos, ha sido clave para entorpecer procedimientos de la corrupción del Partido Popular en España, ya que este partido es de los más infiltrados por la secta. El fiscal Maza, muerto recientemente, realizó una gran “limpia” en las fiscalías, en su momento muy criticada por las asociaciones progresistas de fiscales, colocando, en algunas fiscalías claves que afectaban a los procedimientos de corrupción política del PP, a miembros del Opus de. En el gobierno Aznar muchos ministros eran de la secta y en la actualidad algunos ministros clave también los son, como por ejemplo el ministro de Economía, el Sr Guindos que en la actualidad es vicepresidente del Banco Europeo. También el ministro de Educacion y Cultura, el ministro de Hacienda, ministra de Trabajo o la que fuera ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, se les ha situado en el ámbito del Opus Dei. Curiosamente en el ministerio de Defensa suele haber personas vinculadas públicamente al Opus como fue el caso de Trillo y/o Morenés. También del Opus Dei era el ministro de Interior con Rajoy, Fernández Diaz, que fue el que impuso la medalla de oro de la policía a la Virgen del Amor, que la asociación Europa Laica recurrió ante los tribunales, recurso que fue rechazado tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal constitucional.
El secretario general de la formación política de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al referirse a esta situación de la judicatura en España declaró: “el ser culpable depende del hecho de que el tribunal esté formado por miembros del Opus Dei o por gente del siglo XXI”.
Muchos han opinado que los dos casos más sonados de corrupción del Partido Popular, que es el partido gubernamental, el caso “Naseiro” y el caso “Gurtel” han sido dinamitados, desde la magistratura y fiscalía, por los sectores afines del Opus y que la expulsión de la carrera judicial del que fuera reputado juez Baltasar Garzón se ha vinculado a la persecución contra él por miembros de la judicatura del Opus; los problemas de este juez estrella comenzaron cuando quiso investigar a fondo la corrupción del partido en el Gobierno y lo mismo ha ocurrido con el Juez Elpidio Silva, también expulsado de la carrera judicial por combatir la corrupción del PP; como ha declarado este juez expulsado de la carrera judicial “La madre de la corrupción está en el poder judicial" , porque la impunidad de la corrupción política se ha producido porque existe una corrupción judicial muy vinculada a miembros del Opus Dei.
Alberto Moncada, sociólogo que en los años 40 fuera miembro destacado del Opus Dei ha declarado que “que si un juez investigase la procedencia de sus bienes (que son desmesurados) y sus declaraciones a la hacienda pública, habría para procesar a los principales responsables de esta secta. Pero esto no se hace en España, y me parece una buena pregunta el porqué de esta vergonzosa situación”, apuntando claramente también a la judicatura que constituye una especie de escudo de protección ultraconservador. Un caso parecido a los anteriores fue el de la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, quien tras investigar un caso en el que había implicados en el mismísimo Consejo General del Poder Judicial y tras varias peripecias, acabo, ella misma, siendo imputada, condenada e inhabilitada.
Según el juez Santiago Vidal, hoy también expulsado de la carrera judicial, cuando era miembro de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el año 2009, declaró que un tercio de los jueces eran miembros del Opus Dei. Para muchos, esta estimación se quedó corta, sobre todo en las instancias judiciales superiores. El hoy presidente del Tribunal Supremo también se le ha asociado a la secta o aledaños y el anterior presidente Carlos Divar, inhabilitado por conductas impropias, lo era de forma declarada. La infiltración del Opus Dei en la fiscalía y la magistratura española es fortísima y lo viene siendo desde hace muchísimos años. La principal asociación de jueces, la “asociación profesional de la magistratura”, ha agrupado a todo el sector conservador de la magistratura y muchos dicen que está controlada por miembros muy activos del Opus Dei.
En la actualidad, una vez que el Papa Juan Pablo le concedió al Opus Dei el status jurídico privilegiado, dentro de la Iglesia católica, de “prelatura personal”, se estableció que ésta debería abandonar el secretismo; sin embargo el secretismo, la opacidad y el anonimato es lo que impera en la secta, siguiendo los estatutos fundacionales del Opus Dei , redactados en 1950, que en su artículo 191 afirma "Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus” Hay muchísimos testimonios de exmiembros de la secta sobre la actuación secretista de la misma. El que fuera uno de los primeros miembros del Opus y muy cercano al cura Escrivá de Balaguer, el reputado arquitecto Miguel Fisac, grabó un programa de televisión, poco antes de morir, en el que relató su relación con el Opus y en el que declaró el carácter sectario y criminal de la secta y en el que confesó la presión permanente y psicológicamente criminal para permanecer en el Opus. Estas mismas declaraciones también las había realizado con más contundencia, años atrás, en un programa de “La Clave” dedicado al Opus.
. A finales de los 90 se produjo cierta renovación en la judicatura y ello puso a algunos sectores del centro izquierda alerta sobre lo que podría venir; en un informe del mismismo pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre medidas para la reforma de la Justicia, un vocal, el Sr Javier Moscoso, propuso una medida para evitar la penetración de las sectas en la magistratura y que fue aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 25 julio 2000,:“Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional.”
Es evidente que este punto estaba pensado en la influencia del Opus Dei en la magistratura y fiscalía; desgraciadamente, esta influencia en la magistratura se ha reforzado mucho desde el año 2000 y hoy es un elemento esencial para mantener un sistema político totalmente corrupto. Esa influencia es el último parapeto de la impunidad. Es curioso que el Partido Popular confía todos sus problemas de corrupción al quehacer de la justicia. “Ya veremos lo que dice la justicia” suele decir el propio Rajoy, es decir, confían en los tribunales y la Fiscalía porque saben que, en eso terreno, se pueden manejar gracias a sus afines y a los miembros del Opus. Un Rajoy que fue apadrinado por otro miembro del Opus, José Manuel Romay Becaría que a sus 83 años sigue presidiendo el mas alto organismo consultivo, el Consejo de Estado.
Aunque algunos hablan que el Opus está en decadencia y que hay desbandada de numerarios y supernumerarios, nunca su influencia y poder económico ha sido tan fuerte; y en esos colegios segregados por sexos, que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han avalado, se está incubando el futuro de la secta y de ahí saldrán, también, muchos de los nuevos jueces y fiscales de España.