miércoles, 2 de agosto de 2023

El fiasco de la contraofensiva de Kiev.

 

                                       


Zelenski en Vilna  aislado  y vestido de militar  .. la foto  es de Telesur  merecedora de un premio Pulitzer


El fiasco de su contraofensiva pone contra las cuerdas a Ucrania

Ucrania pide urgentes garantías de seguridad a Occidente ante el fiasco de su contraofensiva contra una Rusia que aguanta el embate de Kiev y se prepara para alargar la guerra cuanto sea necesario.

JUAN ANTONIO SANZ

02/08/23

   Rusia ha frustrado hasta el momento todos los intentos ucranianos de romper su línea defensiva. Además, el Kremlin ha lanzado su propia ofensiva en el nordeste de Ucrania y su elusión de las sanciones internacionales le garantiza los fondos y la tecnología necesarios para una contienda que dure años.

 Este martes, 02/08/23el portavoz del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andrii Kovalev, afirmó que los efectivos ucranianos estaban frenando una ofensiva rusa en el nordeste del país, hacia las ciudades de Kupiansk y Liman.

 De facto, Kovalev estaba reconociendo que, al margen de los esfuerzos rusos para detener la contraofensiva ucraniana en Zaporiyia y algunos puntos de Donetsk, el ejército del Kremlin ha tomado la iniciativa no solo en esta región del Donbás sino en dirección de Járkov, de donde fueron desalojadas sus tropas hace casi un año.

 Si el ejército ruso reabre el frente de Járkov, las tropas ucranianas tendrán problemas importantes para su contraofensiva en marcha en Zaporiyia y en torno a Bakhmut, en Donetsk, donde los combates con las fuerzas del Kremlin vuelven a ser tan encarnizados como durante su asedio y toma por los rusos hace unos meses.

 En Zaporiyia no van demasiado bien las cosas para los ucranianos. Los intentos de rebasar las líneas rusas se han estancado de nuevo, tras el esfuerzo de la semana pasada en Staromaiorske y Robotyne. De momento, las ganancias territoriales ucranianas son escasas y no se acaba de romper una línea de defensa blindada con las minas anticarro y antipersona plantadas por los rusos.

 La decepción de Staromaiorske

La aldea de Staromaiorske, un punto clave reforzado por los rusos durante la invasión, fue recuperado por los ucranianos la semana pasada en el mayor avance registrado por la contraofensiva desde que se lanzó a principios de junio.

Sin embargo, apenas unos días después, los rusos volvieron a tomar esa localidad en una batalla encarnizada que apunta, por los testimonios de los combatientes ucranianos, a una de las tácticas favoritas militares rusas: dejar avanzar al enemigo para después revolverse y tomar desprevenidas a las fuerzas contrarias.

Se esperaba que la batalla de Staromaiorske abriera una brecha en los territorios ocupados por Rusia desde febrero de 2022, en dirección al mar de Azov, pero tal esfuerzo se vio frustrado por el refuerzo de la parte rusa del frente y la capacidad del ejército del Kremlin para el contraataque.

Es en esa línea del frente donde se puede definir el rumbo de la guerra y no en los ataques puntuales con drones –en su mayoría derribados- contra Moscú o alguna de las grandes ciudades ucranianas.

 La justificación de Kiev ante la lentitud de la contraofensiva es que se intenta ante todo evitar un alto número de bajas ucranianas. No parece haber sido el caso de estas últimas batallas, donde los muertos pueden contarse por miles.

 No es de extrañar, pues, que los esfuerzos ucranianos se estén centrando también en recabar el apoyo occidental para plasmar con dinero, armas más potentes y amenazas contra Rusia el compromiso que en julio le dieron a Kiev la OTAN y el G7 reunidos en Vilna.

 Promesas endebles para garantizar la seguridad ucraniana

En la cumbre de Lituania, los miembros del Grupo de los Siete países más industrializados del planeta (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, todos parte de la OTAN, menos el país asiático) acordaron que cada estado negociaría acuerdos concretos con Ucrania para ofrecerle garantías de seguridad, además de proveerle con armas y consolidar sus fuerzas armadas.

 No hubo en Vilna, en cambio, ninguna fecha concreta para concretar la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que frustró el primer objetivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

 Tal y como declaró esta semana el jefe de la Administración Presidencial ucraniana, Andreii Yermak, las garantías de seguridad para Ucrania "serán obligaciones concretas y a largo plazo que aseguren la capacidad de Ucrania para derrotar y frenar la agresión rusa en el futuro. Serán formatos y mecanismos de apoyo claramente redactados".

 Según Yermak, tales garantías "estarán vigentes hasta que Ucrania asegure su ingreso en la OTAN". En este contexto, explicó el funcionario ucraniano, se incluyen las conversaciones que tienen lugar esta semana en Estados Unidos, principal soporte de Ucrania en la guerra contra Rusia y cuyo ejemplo a la hora de definir un formato de esas garantías de seguridad podría ser adoptado por el resto de los países comprometidos, una decena, tal y como aseguró Yermak.

 Expectativas ante la reunión de Yeda el fin de semana

El jefe de Gabinete de Zelenski indicó también que esas garantías de seguridad serán tratadas este fin de semana próximo en la amplia reunión que los aliados de Kiev y otros países celebrarán en Yeda, Arabia Saudí, para estudiar el plan de paz del presidente ucraniano. Zelenski apuesta por negociar una vez que los rusos hayan dejado Ucrania, algo que parece bastante complicado en estos momentos.

 El lunes, Moscú mostró interés por los participantes y los temas a tratar en Yeda, pero Kiev advirtió inmediatamente que en ningún caso Rusia sería bienvenida a esta reunión. Tampoco la habían invitado los anfitriones del evento, que prefieren primero tantear a los aliados de Ucrania y otros países que pudieran hacer alguna aportación.

 La idea de esta reunión, desvelada por el diario estadounidense The Wall Street Journal, es sentar las bases para una cumbre sobre la paz en Ucrania a fines de año.

 A la reunión de Yeda, que se celebrará los días 5 y 6 de agosto, asistirán unos treinta países. Han confirmado su asistencia Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Polonia, entre los aliados de Ucrania. También se ha invitado a países que han manifestado su neutralidad en esta crisis, como Brasil e India.

No parece que vaya a haber mucho más apoyo hacia el apoyo occidental a Ucrania por parte de los llamados países del "Sur". Pesan mucho las reticencias mostradas por muchos países latinoamericanos en la cumbre que el mes pasado celebraron con la Unión Europea.

 Las sanciones, en solfa. Chips occidentales en los misiles rusos

Los países emergentes tienen muchas dudas sobre la legitimidad y sentido de las sanciones internacionales impuestas por Occidente a Rusia. Precisamente, el tema de la eficacia de las sanciones ha vuelto a plantearse estos días, esta vez con una investigación presentada por el portal de internet independiente ruso Viorstka.

 Según ese artículo, Rusia está eludiendo las sanciones occidentales y logrando importar componentes electrónicos de uso militar. En los últimos seis meses, Rusia habría importado de compañías occidentales un monto de 502 millones de dólares en chips sujetos a sanciones. Este tipo de tecnología es empleada en la fabricación de misiles y otras armas.

 Así lo indican las entrevistas a funcionarios y empresarios, y las estadísticas aduaneras examinadas por Viortska, cuyos datos confidenciales apuntan a que Rusia "puede importar prácticamente de todo y desde cualquier parte del mundo, desde un chip de uso civil y militar, hasta un turbopropulsor para un Airbus".

 El reportaje subraya que en estas transacciones a través de terceros países, con China y el emporio financiero de Hong Kong como puentes clave en este negocio, participan empresas occidentales cuya colaboración permite a las autoridades rusas eludir las sanciones de Estados Unidos y países de la Unión Europea.

 Según explica Viortska, esta elusión de sanciones afecta por ejemplo a los misiles de crucero rusos X-101, que fabrica la empresa KTRV y están siendo lanzados en Ucrania, y que tienen procesadores Intel (NASDAQ:INTC) y chips Xilinx y Texas Instrument, además de un transceptor Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI). También importó Rusia semiconductores de la empresa alemana Infineo.

 Y no son solo los componentes para armas. Rusia sigue vendiendo sus combustibles sin mayores problemas, como lo muestran las últimas cifras sobre el incremento de la venta de diesel al exterior comunicadas este martes y en las que Turquía, miembro de la OTAN, aparece como destino principal. En julio, se enviaron a Turquía 1,3 millones de toneladas de diesel, esto es, un tercio de las exportaciones totales de este combustible.

 El problema de creerse la propia propaganda

Bajo estos parámetros, son más inquietantes las cifras que ofrece Rusia sobre su creciente producción militar o su apuesta por alargar la guerra todo lo que sea necesario.

 Mientras la propaganda occidental insiste de forma machacona sobre las dificultades de Rusia para disponer de misiles, sus empresas no paran de hacer negocios con el exterior, incluso, directa o indirectamente, con los países aliados de Ucrania, vendiéndoles sus combustibles o adquiriendo la base tecnológica de su industria militar.

 Con la guerra alargándose, el tiempo juega a favor de Rusia, de ahí la insistencia ucraniana en la obtención de esas garantías de seguridad. Desgraciadamente para Kiev, tales garantías pasarían por el cruce de líneas rojas en la participación occidental en el conflicto. No será el caso, como se vio en Vilna.

 Los países de la OTAN y la UE preferirán seguir apostando por el envío de más armas, alimentando la propia industria militar occidental, y eludiendo una negociación que, cada día que pasa, parece más necesaria.

 https://www.publico.es/internacional/fiasco-contraofensiva-pone-cuerdas-ucrania.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-medium

domingo, 30 de julio de 2023

Feijoo, el candidato zombie y la margarita de Puigdemont .

                                         No le da . Vergara . D.es.

 Feijoo, el candidato zombie y la margarita de Puigdemont

Gustavo Buster 30/07/2023

 

 

Una semana después de las elecciones del 23J no solo sigue abierta la incógnita de cómo decantar la formación de una mayoría parlamentaria sin tener que convocar nuevas elecciones, sino que las condiciones para ello se han vuelto más estrictas. El recuento de los votos de los residentes en el exterior ha desplazado el último escaño en liza en Madrid del PSOE al PP (1). Sin Coalición Canaria, el bloque de las derechas extremas cuenta ahora con 172 escaños y el bloque progresista con 171. Lo que implica que sin los votos a favor de Junts, no la mera abstención, el bloque progresista no podrá decidir la presidencia del Congreso de los Diputados el próximo 17 de agosto ni formar gobierno en la moción de investidura.

 Pero el PP, en ninguno de los escenarios -con la excepción de una inimaginable abstención del PSOE- puede formar gobierno. Feijoo se ha convertido en un candidato zombie, condenado a sobrevivir más allá de su fracaso, y comienza a dar bandazos ideológicos y estratégicos incoherentes con la única obsesión de fondo de conseguir unos apoyos imposibles. El PP está aplazando una crisis de liderazgo anunciada, porque el único consenso es que Feijoo se haga responsable hasta la culminación de su derrota, sin salpicar a futuros sucesores.

 Así que todo el debate gira entorno al ex-presidente de la Generalitat, Puigdemont, y los siete votos imprescindibles de Junts. Si la estrategia de “desinflamación” de la crisis constitucional en Cataluña de Pedro Sánchez - restablecer el diálogo institucional en el día a día, la “mesa de diálogo” Gobierno-Generalitat para un horizonte a más largo plazo, y suavizar las penas de los condenados por el procés con la reforma del código penal-, fue posible gracias a la hegemonía de ERC del espacio independentista, ahora el interlocutor principal es Junts y lo que está sobre la mesa es la propia naturaleza de la crisis constitucional en Cataluña.

 Releyendo los datos de las elecciones del 23J en Cataluña

 El punto de partida inevitable es una lectura lo más precisa posible de los resultados de las elecciones del 23J en Cataluña, donde las transferencias de votos no tienen parangón con ninguna otra comunidad autónoma. De entrada, la abstención ha sido 5 puntos mayor, alcanzando el 35,6%, cuando en el resto del reino de España se ha producido una mayor participación (4,2% más que en noviembre de 2019), con la única excepción de Melilla. Según Toni Rodón, 300.000 votantes independentistas han seguido la campaña de voto nulo o abstención, promovida inicialmente por organizaciones como la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), aunque finalmente la decisión final fuera otra. De ellos 195.000 votos serían de ERC, 75.000 de Junts y 35.000 de la CUP.

 El trasvase del voto útil ha sido más complicado. Unos 215.000 votos independentistas habrían ido al PSC y 125.000 a Sumar-Comuns, para parar a un posible gobierno PP-Vox, cuyo socio menor ya había anunciado una nueva aplicación del art. 155, pero “esta vez en serio”. A su vez, Sumar-Comuns habría perdido unos 200.000 votos a favor del PSC en esta tendencia al voto útil “antifascista”. El resultado final es que el PSC ha resultado la fuerza política más votada de Cataluña, sumando 1.213.006 votos (34,5%) y supera a todo el voto emitido del espacio independentista (954.311 votos, 27,2%) . Con Sumar-Comuns (493.548 votos, 14,0%) alcanza el 48,5%, con 1.706.554 votos.

 Incluso si se compara el voto de las fuerzas independentistas emitido sumado a la abstención supuesta calculada por Toni Rodón (1.294.311 personas, 36,8%), con los datos conjuntos del PSC y Sumar-Comuns, la diferencia es de 11,7% y más de 400.000 votos a favor de estos. Pero los números se equilibran si se suman las fuerzas que se han manifestado a favor del derecho a decidir, de un referéndum (ERC, Junto, CUP, PdCat, Comuns) más sus hipotéticos abstencionistas: 1.819.546 posibles votos, el 51,75%. Aunque el bloque de los partidos que apoyaron en su día la aplicación del art. 155 (PP, Vox, PSOE) sería mayor, con 1.955.146 votos, el 55,6%, aunque es evidente que ese bloque no existe ya hoy en día, tras la nueva política del PSOE hacia Cataluña y la actual victoria del PSC el 23J.

 La margarita de Puigdemont

 Los primeros análisis interesados de la posible actitud de Junts, una vez conocida la necesidad de un voto afirmativo por sus diputados, se han centrado en los efectos negativos de nuevas elecciones. No solo podrían concentrar el voto útil de las derechas extremas en el PP, a costa de Vox, sino también en Cataluña a favor del PSC, aumentando el declive de ERC, de Junts y de la CUP -es decir del bloque independentista- y reduciendo el margen de las fuerzas que se han manifestado a favor del derecho a decidir, porque la tendencia al voto útil también podría afectar, aunque en menor medida a Sumar-Comuns.

 No es de extrañar que la postura de EH Bildu haya sido reiterar su posición de bloquear sin condiciones las posibilidades de un gobierno PP-Vox. Y que ERC se haya mostrado más abierta a la negociación de apoyo a la moción de investidura de Pedro Sánchez, aunque intentando coordinar sus reivindicaciones en ella con Junts.

 Pero todos los anteriores cálculos se basan en hipótesis que, en muchos casos, no van más allá de suposiciones sobre la “decisión racional” óptima según los intereses a corto y medio plazo atribuidas a las distintas fuerzas políticas, en especial Junts y el exiliado y perseguido ex-presidente de la Generalitat y europarlamentario Carles Puigdemont.

 Este ha intentado cortar las especulaciones con un twitter: cualquier negociación -que se debe realizar sin presión ni chantajes-, debe versar sobre el conflicto catalán y no sobre su situación personal. Pero hay que dar tiempo para que PP y PSOE se aclaren, porque “en circunstancias similares prefirieron repetir las elecciones”.

 La primera prueba de este proceso negociador será la elección del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. Sea cual sea el sentido del voto de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, los 7 votos de Junts serán los decisivos a la hora de que sea para el PP o para el PSOE (PSC en este caso, al tratarse de Meritxell Batet) la presidencia. La necesidad de contar con una mayoría progresista en la mesa del Congreso, para facilitar la formación de los grupos parlamentarios de ERC y Junts, que se aproximan, pero no alcanzan, las condiciones prescritas en el reglamento de la cámara (mínimo de 5 diputados, con el 15% de los votos en las circunscripciones con lista o 5% a nivel estatal).

 La propuesta inicial de Junts es la amnistía y la autodeterminación. La segunda requiere una reforma constitucional que queda lejos de la actual correlación de fuerzas. Pero si habría margen interpretativo para la celebración de una consulta sobre el acuerdo de la “mesa de diálogo”. Sobre la primera reivindicación, queda fuera del alcance de un gobierno en funciones, sin contar con la posición en contra de un Poder Judicial en manos de las derechas. Incluso un indulto exigiría la entrega y condena previa de Puigdemont, que él mismo ha descartado.

 Quedan por explorar otras opciones, desde la correlación de fuerzas actual, aunque la propia situación que otorga el eje de la balanza a Junts sea considerada “circunstancial” por Puigdemont. El origen de la crisis constitucional en Cataluña es el recurso de anticonstitucionalidad del PP ante el tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament, refrendado por el pueblo de Cataluña y aprobado por el Congreso de los Diputados tras el conveniente “afeitado”. El Estatuto en vigor hoy es el anterior, al que tenia que haber sustituido, haciendo de Cataluña la única comunidad autónoma en esta situación, que Javier Pérez Royo ha calificado de “crisis constitucional”. ¿Sería posible acordar, de entrada, una vuelta de Cataluña al plano de igualdad jurídica con el resto de las comunidades autónomas? ¿Sería posible la elaboración de un nuevo Estatuto por el Parlament que recogiese las aspiraciones nacionales democráticas de Cataluña y abrir, en paralelo a la “mesa de diálogo” entre gobiernos, una negociación democrática entre parlamentos con el horizonte de una reforma constitucional?

 El período legislativo de cuatro años no ofrece un trayecto demasiado largo, más teniendo en cuenta los seis años transcurridos tras la crisis del 2017. Pero sí se podrían abrir caminos y horizontes, que tendrían que ser apoyados por los resultados de nuevas elecciones en Cataluña y en España.

 Mientras tanto, a la espera de los acontecimientos de las próximas semanas, del test que supondrá para las fuerzas independentistas la Diada del 11 de septiembre, creo que se sostiene por el momento la apreciación del editorial de Sin Permiso:

 “La capacidad de negociación de Junts es más el resultado de la inestabilidad del conjunto del resultado electoral, de la polarización social izquierda-derechas en todo el reino de España, que el resultado de su propia fuerza o del reflejo de un procés soberanista popular que se encuentra claramente en reflujo y cuya alternativa política en el último período ha sido ERC. El bloqueo de Puigdemont tiene como primer objetivo recuperar la hegemonía que le arrebató ERC, rentabilizar el reflujo del procés, y solo en segundo lugar mejorar su correlación de fuerzas con el gobierno central progresista, porque este no cuenta con la correlación de fuerzas frente a la derecha ni para una reforma constitucional ni para evitar la acción autónoma de un Tribunal Supremo en manos de la derecha contra los exiliados. Dado que la campaña de la derecha extrema contra el “sanchismo” se ha apoyado precisamente en este tema, cabalgando el nacionalismo españolista, el margen de maniobra tanto del PSOE como de Junts, por sus propias razones, es tan estrecho que hace difícil pensar un terreno de acuerdo que no obligue a la repetición de elecciones. Más teniendo en cuenta las últimas actuaciones del juez Llarena del Tribunal Supremo.”

[Primera encuesta el 26 J publicada por Electomanía en caso de repetición de elecciones: el bloque progresista no dependería de los votos parlamentarios de Junts para la investidura de Pedro Sánchez].

 Un PP desnortado, con un candidato zombie

 El foco sobre Junts no debe hacer olvidar la crisis abierta en el PP tras el fracaso de Feijoo. Durante toda la campaña electoral, su estrategia ha oscilado entre el llamamiento al voto útil y la reconstrucción de la “casa común” de la derecha en el PP y la alianza estratégica con Vox, movilizando al conjunto de las derechas extremas. La primera de las opciones, dada la correlación de fuerzas electoral general y la consolidación de la extrema derecha, suponía una estrategia de reconstrucción del bipartidismo dinástico, con el llamamiento al PSOE a abstenerse para dejar gobernar a la lista más votada.[El voto en el reino de España según las clases. 

El PP, pero tambien Vox, capturan el voto en los segmentos mas ricos. Una prueba más de la polarización].

Hemos señalado en otras ocasiones que está primera opción de reconstrucción doble de la “casa común” de la derecha y del bipartidismo turnista del régimen del 78, por mucho que haya sido teóricamente la opción preferida de los poderes fácticos, de la derecha económica y social, no responde ya a la realidad, en especial por la transformación del sector servicios y la erosión de la pequeña-burguesía tradicional, incluidas la asalarización de las llamadas “profesiones liberales”. El “centro extremo” que representó hasta la crisis política de 2015 la sucesión en el gobierno del PSOE y del PP ha dado paso, como consecuencia de los efectos de la Gran Recesión de 2007-2008, a una creciente polarización social y económica. Esta comenzó a manifestarse políticamente con la aparición de Podemos tras el movimiento del 15 M, de Ciudadanos como respuesta al procés catalán y finalmente el crecimiento de Vox ante la crisis de legitimidad del PP de Rajoy y Casado. El PP y el PSOE -más tras la crisis interna provocada por su abstención ante la moción de investidura de Rajoy en 2016- han pasado de ser los dos extremos del eje de rotación turnista del régimen del 78, a ser los dos polos de la radicalización que responden a la crisis de representación y legitimidad de dicho régimen.

 

Cuando el PP llama a abstenerse ante la lista más votada no solo pretende excluir a la gran mayoría de los ciudadanos de su ejercicio de la soberanía constitucional, sino que reduce la representación por un gobierno monocolor de esta en un tercio de los votantes y en menos de una cuarta parte de los registrados en el censo electoral. Se trata en la practica de un ejercicio de apartheid, en la que la igualdad jurídica de los ciudadanos deja de reflejarse en su igualdad política, creando ciudadanos de primera y de segunda.

 La estrategia de alianza con Vox para conformar un bloque de gobierno de las derechas extremas, el "gobierno Nosferatu" (2), es la que más ha sufrido en esta campaña. Basta con ver la entrevista de Abascal con OK diario tras las elecciones para comprender toda la amargura de una extrema derecha convertida en pañuelo de usar y tirar.

 El llamamiento de Feijoo primero al PNV, rechazado sin contemplaciones, y más tarde al PSOE, respondido con el silencio administrativo y la indignación de los barones señalados como “socialistas buenos”, para no hablar del globo sonda a Puigdemont, situaba a Vox en el mejor de los casos como un acompañante demasiado molesto por necesario de la moción de investidura. La movilización “antifascista” de las izquierdas se ha achacado por el PP a la crudeza de la campaña de Vox. Pero también las reacciones en la Unión Europea ante el peligro de desestabilización de un flanco sur mediterráneo que, junto a Polonia, Hungría, Bálticos y Nórdicos, se convertía en un eslabón más de un cerco a los valores y principios de los Tratados Europeos, del Consenso de Bruselas y del BCE, amenazando con romper y polarizar el eje franco-alemán. 

 La vuelta a la estrategia bipartidista, aunque no tenga eco en el PSOE por las razones explicadas, permite adecuar la narrativa de la derrota de Feijoo a las necesidades de la derecha económica y social, que aún necesita gestionar con el gobierno en funciones PSOE-UP las ayudas europeas, que están pendientes en más de un 65% antes de que en 2024 se inicien las presiones de ajuste fiscal de la Comisión europea. Una parte de los beneficios extraordinarios dependen de esas ayudas y la posibilidad de mantener a flote a una parte significativa de las empresas zombie, incapaces de hacer frente al servicio de su deuda con la subida de los tipos de interés del BCE al 4,5%.

 Feijoo por tanto está condenado a ser él mismo un zombie. A presentarse y fracasar en la moción de investidura como principal partido votado; a escuchar las amargas críticas de sus aliados de Vox, a soportar el desdén del resto de la cámara. A la espera de la moción de investidura de Sánchez, sea para constituir un nuevo gobierno progresista, con una propuesta de negociación para resolver la crisis constitucional catalana, o para convertirla en el primer debate de la campaña para unas nuevas elecciones en diciembre. En cualquier caso Feijoo tendrá que estar ahí, a la espera de una crisis del bloque progresista que pueda aprovechar como un mal menor, más inestable e inseguro en sus apoyos que Sánchez, pero con 177-179 votos en contra asegurados; o para ser el candidato de nuevo de las derechas extremas, con la única alternativa de una coalición con Vox o seguir llamando melancólicamente a la puerta del PSOE para reconstruir con su abstención una alternancia bipartidista funcionalmente acabada.

 Hasta que acaben con su sufrimiento Isabel Días Ayuso, presidenta de Madrid, o Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía.

 Notas:

 

1: El PSOE ha solicitado hoy domingo la revisión en Madrid de 30.000 votos declarados nulos por la Junta electoral. Solo necesita 1.323 votos para recuperar el escaño perdido por los votos de los residentes en el exterior (CERA).

 2: Dada la continuidad de la metáfora sobre las películas de terror (Frankstein, Nosferatu, Zombies...) quizás no esté de más dar una referencia sobre su lugar en la cultura de masas del capitalismo tardío: Evan Calder Williams, Combined and Uneven Apocalypse, Zero Books 2010.

 Gustavo Buster  Es co-editor de Sin Permiso.

 https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-feijoo-el-candidato-zombie-y-la-margarita-de-puigdemont

 y ver 

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/una-segunda-oportunidad-no-habra-una-tercera/

jueves, 27 de julio de 2023

Los negocios de la guerra.

 

 El grano ucraniano se exporta con 'empresas fantasma' que roban al país en plena guerra

Omana Puiulet (RISE Project), Elena Loginova (OCCRP) y Karina Shedrofsky (OCCRP)

Una investigación de la red de medios OCCRP, a la que pertenece infoLibre, desvela que algunos nombres que figuran como propietarios y directores de las empresas son pacientes de psiquiátricos

 Las filiales rumanas de grandes sociedades agroalimentarias internacionales –COFCO International, Bunge, Viterra y Ameropa Holding– importan grano a través de firmas ucranianas bajo investigación

El pasado abril, cientos de agricultores rumanos bloquearon con tractores el paso fronterizo de Halmeu con Ucrania, en protesta por la avalancha de grano barato procedente de su vecino devastado por la guerra. "Queremos ayudar, pero no a cualquier precio", coreaban. "Las importaciones de Ucrania son una gran pérdida para nosotros", afirma David Gheorghe, un agricultor que también es alcalde de la cercana ciudad de Moftin. "Han llenado el país de grano ucraniano, para nosotros esto es competencia desleal". Con los puertos de Ucrania bloqueados desde la invasión de Rusia el año pasado, el número de camiones de grano que cruzan Halmeu se ha disparado: de apenas diez al mes en los primeros días de la guerra a 1.600 en otoño. En respuesta a las protestas de los agricultores, Rumanía y otros países prohibieron temporalmente las importaciones de grano ucraniano. Una decisión que ha provocado la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que criticado las restricciones por considerarlas una amenaza para la economía de su país.

Pero lo cierto es que el sector agrícola ucraniano también se ha visto perjudicado por la propia corrupción del país.

Así lo revela esta investigación del OCCRP y el RISE Project. Los datos comerciales obtenidos por los periodistas muestran que, en los primeros siete meses de la invasión a gran escala de Rusia, gran parte del grano que pasaba por Halmeu y otros pasos fronterizos era exportado por dudosas empresas ucranianas acusadas de evasión fiscal y otros delitos. Estas empresas figuran entre las más de 300 investigadas por las autoridades ucranianas desde septiembre. Según la fiscalía, sólo el año pasado defraudaron al Estado al menos 140 millones de dólares, algo más de 127,5 millones de euros. En el marco de la investigación, las autoridades se han incautado de decenas de miles de toneladas de grano de algunas de las empresas, según consta en documentos judiciales consultados por los periodistas. Algunas han impugnado estas incautaciones y los procesos judiciales siguen su curso. Varios altos funcionarios están acusados de abusar de sus cargos para ayudar a establecer el sistema de evasión fiscal, entre ellos altos responsables de aduanas que trabajan en los puertos de la región de Odesa.

Para comprender mejor cuánto maíz, cebada, trigo y otros cereales exportan estas empresas a la Unión Europea –y quién los compra–, los periodistas cruzaron sus nombres con datos aduaneros del agregador de datos comerciales ImportGenius e información de la Dirección de Seguridad Alimentaria de Rumanía. Los datos disponibles, que abarcan los siete primeros meses de la guerra, incluyen 80 empresas ucranianas sospechosas. Entregaron al menos 1,7 millones de toneladas de grano, por valor de 495 millones de dólares –451 millones de euros–, a empresas de Rumanía, Hungría y Chequia durante ese periodo. En comparación, Ucrania exportó a Rumanía algo más del doble de esa cantidad de grano, por valor de unos 1.000 millones de dólares, durante el mismo periodo. "La mayor parte de las exportaciones de grano que se realizan actualmente ni siquiera están cerca de reportar a Ucrania los beneficios que deberían", afirma Maryan Zablotskyy, legisladora ucraniana que emprendió su propia investigación sobre el mercado del grano hace cuatro años.

Los periodistas descubrieron que entre los compradores del grano había empresas offshore, empresas húngaras que habían sido disueltas por no presentar la documentación, empresas apoderadas en Hungría y la República Checa, empresas con un historial de evasión fiscal, empresas propiedad de personalidades con conexiones políticas, así como grandes comerciantes internacionales, como COFCO International, Bunge, Viterra y Ameropa Holding. Un hombre que aparecía en la documentación como propietario de una de estas importadoras declaró a los periodistas que había estado internado en un hospital psiquiátrico y que alguien le había pagado para que pusiera su nombre a la empresa. Señaló a otros pacientes que habían sido usados de la misma manera.

Un campo de trigo se extiende hasta el horizonte bajo el cielo azul en la región de Zaporizhzhia, al sureste de Ucrania.

No fue posible recabar respuesta de ninguna de las empresas ucranianas sospechosas con las que el OCCRP y sus socios intentaron ponerse en contacto a través de sus números de teléfono registrados. COFCO International declaró que no tenía constancia de transacciones con las empresas ucranianas sospechosas que figuraban en los datos. Viterra dijo que no tenía constancia de "relaciones comerciales directas" con ninguna de ellas. Bunge y Ameropa no respondieron."Hay cero, cero impuestos" La investigación ucraniana comenzó cuando los agentes se percataron de que un gran número de empresas, muchas de ellas de reciente creación, evadían impuestos mientras comerciaban con cereales. Los documentos presentados por los fiscales muestran que cientos de empresas están siendo investigadas por estar supuestamente registradas por "personas no identificadas", mostrar signos de "comportamiento ficticio" y eludir el pago de impuestos. Las personas que estaban detrás de la trama "transferían productos de una empresa fantasma a otra [...] para confundir las cadenas comerciales y evitar los pagos obligatorios al presupuesto", declaró en enero el Servicio de Seguridad de Ucrania.

La Oficina de Seguridad Económica del país dijo a los periodistas que no podía facilitar más información sobre la investigación, ya que seguía en curso. Pero en un informe publicado en abril por una comisión parlamentaria se ofrecen más detalles. Según el informe, el servicio no comprobó adecuadamente más de 600 empresas exportadoras de grano sospechosas de las que había sido informado por la agencia tributaria. Estas empresas "presentaban riesgos de evasión fiscal, de no devolver sus ingresos en divisas a Ucrania como exige la ley de blanqueo de dinero".

Estos son los factores que hacían que el grano ucraniano "negro" fuera tan barato en el mercado europeo, declaró el jefe de la comisión y diputado Yaroslav Zhelezniak. Estos delitos también provocan enormes pérdidas al presupuesto ucraniano, añadió. "Hay cero, cero, cero impuestos", dijo Zhelezniak, nombrando varias agencias policiales que, según él, tienen presencia en los puestos aduaneros ucranianos. "¿Para qué están ahí esos cuerpos de seguridad de mierda, si no lo ven?".

Según el informe de la comisión, las empresas no fueron inspeccionadas sistemáticamente. En algunos casos, dijo, los funcionarios de aduanas entrevistaron a sus directores sólo por teléfono o videochat y no verificaron sus identidades. La comisión descubrió que más de la mitad de los exportadores no habían presentado ninguna declaración de aduanas, y que la mayoría de las que se presentaron se tramitaron en los 90 minutos siguientes a su recepción. Una declaración tardó sólo nueve minutos.

El exportador más prolífico, Talstaktiv

Para saber quién importa "grano negro" de Ucrania y en qué cantidad, los periodistas cotejaron los datos aduaneros con la lista de empresas ucranianas acusadas de infracciones, los nombres de varios conocidos importadores rumanos, checos y húngaros de grano ucraniano y varias empresas offshore que importan grano ucraniano.

El exportador ucraniano más prolífico de la lista es Talstaktiv, una empresa que, según los fiscales, "legalizó ingresos obtenidos por medios delictivos", no pagó el impuesto sobre la renta y no devolvió sus ganancias en moneda extranjera.

La empresa se fundó en febrero de 2021, un año antes de la invasión a gran escala de Rusia. En algún momento de este año, mientras estaba siendo investigada, Talstaktiv cambió su dirección y adoptó el nuevo nombre de Technotrade Supply. A lo largo de su corta existencia, los propietarios registrados de la empresa cambiaron tres veces. Según los datos de aduanas, la empresa exportó grano en 2021 y 2022 por valor de más de 150 millones de dólares, cerca de 137 millones de euros, a dos empresas húngaras a las que un tribunal húngaro ordenó liquidar por no presentar documentos financieros ni información de contacto precisa.

El tribunal también prohibió a estos importadores húngaros –llamados The Mark Global y Borko Trade– realizar cualquier otra actividad. A pesar de ello, The Mark Global siguió comerciando. Entre sus tratos con Talstaktiv y otras empresas, la compañía importó entre 2021 y 2022 283 cargamentos de grano por valor de 157 millones de dólares, algo más de 143 millones de euros.

De las ventas de grano realizadas sólo a Borko Trade –que importó grano por valor de unos 336 millones de dólares entre 2020 y 2022–, el Estado ucraniano perdió unos 20 millones de dólares –más de 18 millones de euros– en impuestos no pagados, según los documentos de los fiscales. Las autoridades húngaras se mostraron incapaces de establecer quién estaba realmente detrás de la empresa. Según la dirección de impuestos y aduanas del país, tanto el sucesor legal de Borko Trade como la información de contacto del contribuyente eran desconocidos. El correo enviado a la empresa fue devuelto debido a un código postal falso.

Del psiquiátrico a la empresa

Cuando los periodistas investigaron quién estaba detrás de The Mark Global, Borko y otras dos empresas asociadas, encontraron a varios jóvenes que figuraban como accionistas o directores actuales o anteriores y que parecían ser apoderados, entre ellos un aspirante a influencer en TikTok. Uno de ellos dijo a los periodistas que él y otros habían sido contactados para poner su nombre en la empresa mientras recibían tratamiento en una institución psiquiátrica. El rastro hasta estos hombres conducía, a través del director de The Mark Global en el momento de su disolución, a un lituano llamado Sergiejus Kolobovas. Kolobovas no tiene constancia de propiedades ni negocios en su país de origen.

También fue director general de otro importador húngaro, Supstan, que compró aceite de girasol a Ucrania por valor de más de 56 millones de euros en 2020 y 2021 antes de que las autoridades ordenaran su disolución en 2022. El hombre que figura como propietario de la empresa antes que Kolobovas –mientras se realizaban estas transacciones– es Ondrej Stana, un ciudadano checo de 27 años que hace vídeos de desarrollo personal en TikTok. Stana dijo a los periodistas que estaba recibiendo tratamiento para el trastorno bipolar en la ciudad checa de Brno hace varios años cuando un hombre llamado Albert se acercó a él y a otros pacientes y les pidió que se "unieran" a las empresas. "Todo esto por 400 euros al mes, que recibí unas siete veces a lo largo de dos años, como mucho", cuenta. "Muy pronto me di cuenta de que era un error, pero no sabía qué hacer. Les pedí que eliminaran mi nombre".

Un ucraniano llamado Albert Yanishevskiy, que apenas tenía 23 años cuando se crearon estas empresas en 2019, parece estar detrás de la dirección de correo electrónico utilizada por The Mark Global en el registro mercantil húngaro. Contactado por la prensa, Yanishevskiy declaró que anteriormente dirigía un bufete de abogados en la República Checa que abría empresas a cambio de una comisión. Afirmó que The Mark Global era una de esas empresas, pero dijo que él no tenía ningún papel en ella. Negó haberse puesto en contacto con nadie en una clínica psiquiátrica para abrir una empresa. En cambio, dijo que se había puesto en contacto con ciertas personas para que firmaran formularios después de que quienes creaban las empresas le dijeran que "esta persona será el director de esta empresa."

El director general de The Mark Global era Matej Bartík, un ciudadano eslovaco de 30 años. Según Stana, él también había estado en el hospital psiquiátrico y Yanishevskiy se había puesto en contacto con él. Pero cuando los periodistas se pusieron en contacto con Bartik, este negó que The Mark Global fuera su empresa y dejó de responder. Los periodistas descubrieron que el rastro de Bartik se remontaba a supuestas actividades delictivas en Ucrania. En varios momentos, fue director general y accionista de una empresa checa de servicios informáticos y tecnológicos que anteriormente había sido propiedad de un ucraniano llamado Viktor Holovchyk.

Desde 2019, las empresas de Holovchyk han sido investigadas en varios casos de presunto blanqueo de capitales, uno de los cuales contó con la ayuda de funcionarios del Banco Nacional de Ucrania. En uno de estos casos, los fiscales dijeron que una empresa de Holovchyk blanqueó dinero de origen ilícito. En su defensa, un abogado de la empresa dijo que el dinero representaba

anticipos de la venta de grano. El caso sigue abierto. Los periodistas no pudieron ponerse en contacto con Holovchyk para hacer comentarios.

Un tercer hombre mencionado por Stana como paciente psiquiátrico al que se había pedido que pusiera su nombre a una empresa era Lukáš Neradílek. Stana envió a los periodistas una foto suya con Neradílek; otra foto de Neradílek parece mostrarle en el hospital psiquiátrico. Su nombre aparece en dos empresas que compraron grano a Ucrania: Resale Consult, en Eslovaquia, y GD Delivery Consult, en Hungría.

Resale Consult importó grano de la región ucraniana de Mykolaiv por valor de casi 40 millones de euros entre 2019 y 2021, y GD Delivery Consult compró soja por valor de 1,8 millones en 2019. Entre todas, estas cinco empresas –The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult y Supstan– compraron a Ucrania grano y aceite de girasol por unos 550 millones de euros entre 2019 y 2022. Luego vendieron estos productos a empresas de Turquía, Corea, Bélgica, Rumanía y varios países africanos.

COFCO sigue adelante

El diputado ucraniano Zablotskyy, que emprendió su propia investigación sobre el mercado de cereales hace cuatro años, declaró a los periodistas que los grandes comerciantes internacionales estaban detrás de los actuales negocios clandestinos, y que la mejor forma de detenerlos era intentar que se les impusieran multas fuera de Ucrania. "Como ha demostrado la práctica, es muy difícil perseguir esto en Ucrania con el sistema de aplicación de la ley que tenemos y la corrupción que hay", afirmó.

Los periodistas descubrieron que COFCO International Romania, filial de la multinacional agrícola china COFCO International, era una de las empresas que había importado grano a través de empresas ucranianas investigadas. La filial rumana de COFCO importó a Rumanía semillas de girasol por valor de 2,1 millones de euros a través de Talstaktiv, pagando sólo 0,36 euros por kilogramo en mayo de 2022, cuando el precio en las bolsas internacionales de cereales era de 0,61 euros por kilogramo. En total, COFCO International Rumanía importó en el país grano por valor de más de 132 millones de euros en los siete meses comprendidos entre febrero y septiembre de los que se dispone de datos. De esta cantidad, unas 145.500 toneladas de grano, por valor de más de 33 millones de euros, llegaron a través de empresas ucranianas ahora investigadas.

De ellos, el mayor de los proveedores de COFCO International Romania, que le exportó grano por valor de unos 11 millones de euros, es Greenprime, con sede en Odesa. Al menos en algunos envíos, el precio de compra fue mucho más bajo de lo normal: en agosto y septiembre de 2022, Greenprime exportó colza a COFCO International Rumanía por 0,35 euros el kilo, frente a los 0,58 euros del mercado internacional. Greenprime, fundada en mayo de 2021, también suministró a una empresa rumana llamada Hércules, controlada por el hijo de Gheorghe Bunea Stancu, antiguo jefe del consejo del condado de Braila. Bunea Stancu fue condenado a tres años de cárcel por abuso de poder y por su implicación en la financiación indebida de una campaña política.Greenprime también exportaba grano a Bunge Rumanía, filial local del gigante estadounidense del agronegocio.

COFCO International Romania no respondió a las solicitudes de comentarios. Su empresa matriz, COFCO International, declaró que la filial rumana "no tiene constancia de ninguna transacción con las empresas que usted ha mencionado, ni la ha realizado". "Le recomendamos encarecidamente que cuestione las fuentes y registros que ha utilizado para determinar las afirmaciones que hace en su carta, que no son correctas", declaró.

 

Cuando los periodistas enviaron un correo electrónico de seguimiento explicando que sus conclusiones procedían de datos aduaneros agregados y proporcionando ejemplos, la empresa escribió que su declaración anterior "sigue siendo válida" y cuestionó si los datos se referían a "vendedores" o "expedidores", sin dar más detalles [los datos de ImportGenius utilizados por los periodistas indican el exportador o "expedidor" de cada envío de grano, pero esto no implica necesariamente una relación comercial directa con el destinatario].

 

Las filiales rumanas de otros dos grandes comerciantes internacionales –Viterra (antes conocida como Glencore Agriculture) y Ameropa Holding– también importaban grano a través de dudosas empresas ucranianas. Tres filiales de Viterra importaron grano por valor de 8,47 millones de euros a través de empresas ucranianas dudosas. En 2022, Viterra Rotterdam importó soja y aceite de girasol a través de Тalskativ por valor de 3,19 millones de euros. Viterra Rumanía importó grano y semillas de girasol por valor de algo más de 4 millones de euros a través de las empresas ucranianas durante el mismo período. Y Viterra Hungría importó semillas de girasol por valor de 1,28 millones de euros a través de otra sociedad ucraniana ahora investigada.

 

En respuesta a las preguntas, Viterra dijo que había "llevado a cabo una revisión interna exhaustiva y puede confirmar que, a nuestro leal saber y entender, no tenemos constancia de ninguna relación comercial directa con ninguno de los terceros mencionados en su consulta". La firma añadió que "tiene una política de tolerancia cero para las prácticas comerciales ilegales o corruptas de cualquier tipo". "En todo nuestro negocio, Viterra cuenta con amplias políticas y procedimientos para garantizar que todas las contrapartes con las que trabajamos no tienen ningún historial de actividades corruptas, incluyendo pero no limitado a la evasión de impuestos", dijo la firma. No respondió a tiempo para su publicación a un correo electrónico de seguimiento de los periodistas que explicaba el origen de los datos.

 

Mientras tanto, de julio a septiembre de 2022, Bunge Rumanía importó cereales por valor de 5,1 millones de euros a través de las dudosas empresas ucranianas, incluida Greenprime, según documentos aduaneros vistos por los periodistas. Alrededor de 1,37 millones de euros se importaron a través de Pretset, una empresa cuyo certificado de IVA ha sido revocado por las autoridades ucranianas. Bunge no respondió a las peticiones de comentarios.

 

Una filial rumana de Ameropa Holding importó cereales por valor de 1,55 millones de euros a través de empresas acusadas de infracciones. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

 

Un comprador relacionado con un exministro moldavo

Un comprador rumano de granos, relacionado con un exministro moldavo caído en desgracia, parece haber comenzado un comercio dinámico de granos ucranianos después de la invasión de 2022. La mayoría de sus importaciones durante el periodo del que los reporteros tienen datos provinieron de empresas ucranianas bajo investigación. La empresa, Damalio RO, no tuvo actividad comercial en 2021 pero facturó 12,75 millones de euros al año siguiente. Según el sitio web de Damalio RO, la seguridad de la empresa corre a cargo de Alexandru Pînzari, exministro de Defensa de Moldavia y exjefe de la Policía Nacional. Hace dos años, Pînzari fue arrestado por abuso de autoridad y otros cargos.

 

El dueño de Damalio es un hombre rumano-moldavo sin perfil público y que además es copropietario de otra empresa con el hijo de Pînzari. Entre junio y septiembre de 2022, Damalio importó 971 envíos de cereales valorados en 3,1 millones de euros desde Ucrania. De estos, 785 envíos, consistentes en 19.556 toneladas y por un valor de 2,55 millones de euros, procedían de empresas investigadas.

 

El mayor de los proveedores de Damalio es Podillya Agroservis, una empresa fundada en enero de 2022 que también está siendo investigada, en otro caso, por presuntamente violar las normas aduaneras al intentar ocultar el origen de las semillas de girasol. Sólo en agosto y septiembre de 2022, Podillya Agroservis realizó 692 envíos de granos por un total de más de 3,6 millones de euros. Muchos de estos envíos fueron a Damalio.

 

El proveedor más barato de Damalio, a uno de los precios más bajos vistos por los reporteros en esta investigación, fue Raikomia. En julio de 2022, Damalio importó maíz de Raikomia a solo 0,0764 euros el kilogramo, cinco veces menos que el precio internacional. Raikomia comparte un número de teléfono con otra empresa, creada en octubre de 2022, de la que los fiscales ucranianos incautaron unas 65.000 toneladas de trigo y maíz en la región de Odesa como parte de su investigación por evasión fiscal. Posteriormente, un tribunal ordenó la devolución del grano. Mihai Pătraș, director comercial de Damalio, confirmó que la facturación de la empresa consiste en transacciones de granos de Ucrania. Dijo que compró granos de "intermediarios" que habían sido sugeridos por los granjeros, pero no dio más detalles. 

 https://www.infolibre.es/politica/grano-ucraniano-exporta-traves-empresas-fantasma-roban-pais-plena-guerra_1_1545218.html

 

martes, 25 de julio de 2023

La crisis migratoria africana.

 

Magreb: Desplazados sin permiso para soñar con ser felices

 

Por Guadi Calvo |

 20/07/2023  

 La Unión Europea (UE) sigue intensificando sus operaciones en el Mediterráneo para evitar la llegada de más refugiados al continente, imprime mayor presión política y aporta millones de euros para que los países emisores contengan en sus territorios a los miles de desplazados que sueñan con la oportunidad de llegar finalmente a algún punto de la costa europea. Más allá de estos esfuerzos, que representan miles de millones de euros, el 2022 ha sido el año que mayor cantidad de migrantes llegaron desde 2016.

 Estos refugiados alcanzan la costa sur de Mediterráneo a riesgo de absolutamente todo, de ello son testigos los muertos que con frecuencia son descubiertos en las dunas del Sáhara. Muchos de ellos después de haber transitado miles de kilómetros desde sus países de origen, en muchos casos a un alto precio económico y de seguridad, poniéndose en manos de traficantes que, frente a cualquier contingencia, los abandonan con escasa oportunidad de sobrevivencia en medio del desierto, alejados de las rutas más transitadas, dado que lógicamente los carteles del tráfico humano buscan escapar del control de las autoridades locales.

 Ignorando esta realidad, la UE solo se preocupa de evitar la llegada de más refugiados a sus costas, prueba de esto son los mil millones de euros que acaba de otorgar a Túnez para “luchar contra el tráfico y apuntalar la economía en crisis del país” tras haber fracasado, apenas unos días atrás, otro acuerdo entre el cada vez más díscolo presidente tunecino Kais Saïed y la UE. (Ver: Túnez, naufragios en el mar y en la arena).

 Túnez en estos últimos meses, y en particular el puerto de Sfax, se convirtió en el principal centro de irradiación del tráfico de personas de todo el Magreb -superando incluso a Libia- a donde han llegado millones de desplazados debido al desorden provocado por la guerra civil como resultado del “éxito” de las operaciones occidentales contra el coronel Gadafi, guerra que desde 2011 no se acalla.

 En el marco de la crisis migratoria lejos de apaciguarse se incrementa cada día con el correspondiente aumento de naufragios y obviamente de muertos y desaparecidos, de los que es prácticamente imposible calcular una cifra cierta. Aunque oficialmente se reconocen más de 27.000 desde que se inició la crisis en 2014, solo calculado los producidos en las tres grandes rutas del Mediterráneo: el eje Marruecos a España o ruta occidental, la central: Libia o Túnez hacia Italia -la más transitada- y finalmente la ruta del este: hacia Grecia desde Turquía.

 Estos números parciales tampoco tienen en cuenta la cada vez más frecuente travesía desde el sur de Marruecos, Mauritania y Senegal hacia el archipiélago español de las Canarias, ruta donde se vienen produciendo constantes naufragios que van dejando cientos de muertos. El último de estos accidentes se registró el 1 de julio por el hundimiento de una embarcación que había partido desde el puerto de Tan-Tan, en el sur del reino alauita, que produjo una cincuentena de muertos cuyas nacionalidades todavía se ignoran. En otros dos hechos similares habían desaparecido, el 11 del mes pasado, unos 50 marroquíes provenientes de la ciudad de Agadir. Y el día 21 de ese mismo mes otro naufragio del que fueron rescatados dos cuerpos y otros 40 viajeros siguen desaparecidos. El 4 de julio fueron rescatadas 159 personas que habían partido una semana antes desde Mbour (Senegal) rumbo al archipiélago canario, las que de no ser por el rápido accionar de las autoridades isleñas, estaríamos hablando de una nueva tragedia.

 A esta cuenta atroz de muertes hay que sumar el número insondable de los desaparecidos en las arenas del Sáhara, perdidos y abandonados por los cárteles de traficantes.

 Respecto a las cifras del Mediterráneo son extremadamente discutibles, ya que si bien el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra hasta fines de junio unos 25.000 muertos en los naufragios, estos datos se basan en cifras oficiales de entidades europeas ignorando en verdad el número real. Al ser, obviamente, esta actividad ilícita, no existen precisiones de las embarcaciones ilegales que parten de los diferentes puertos o incluso de playas desoladas a escondidas de las autoridades, por lo que se desconoce también el número que transportan y tampoco se reportan los posibles naufragios de esos viajes.

 Así, el número de muertos y desaparecidos sólo en el Mediterráneo podría ser ostensiblemente superior al dado por la OIM, ya que en muchos casos esos cuerpos nunca se encuentran o las propias autoridades disimulan las cifras para evitar mayores cuestionamientos. Hasta el punto de que se ha registrado, en más de una oportunidad, que las naves destinadas a controlar los desplazamientos ilegales en el Mediterráneo se han negado a contestar los pedidos de ayuda frente a un inminente naufragio, como se cree que sucedió el pasado junio en cercanías de las costas griegas, donde murieron 73 personas tras hundirse una embarcación que había partido del puerto libio de Bengasi con cerca de 200 pasajeros.

 Argelia se suma a la campaña del desprecio

 Negada la posibilidad de continuar los viajes ilegales hacia Europa de los que muchos funcionarios locales se benefician dejando hacer a los traficantes con los obvios “agradecimientos”, ya que según se presente la oportunidad cada pasaje en algunas de esas naves puede cotizarse entre 800 y 5.000 euros, cifras para las que los interesados deben trabajar durante años o embargar a sus familias en préstamos usureros que demorarán años en terminar de pagar devastando las economías familiares.

 Con el intento de evitar la llegada de más refugiados y para “sacarse de encima” a los que ya se encuentran en sus países, los gobiernos magrebíes han iniciado campañas de mayor control fronterizo y redadas y expulsiones masivas de refugiados, concentrado sus acciones fundamentalmente en ciudadanos subsaharianos.

 Al igual que Túnez, también Argelia se encuentra resolviendo la cuestión migratoria de manera brutal. Mientras tanto aumenta el racismo contra los negros alentada desde los medios de comunicación y convertido en una política de Estado por los gobiernos locales. La vida de los refugiados, especialmente la de los subsaharianos, se ha convertido en una pesadilla todavía peor de la que tenían, sabiéndose blanco de hordas xenófobas que nada tienen que envidiar a las camisas pardas o Sturmabteilung (S.A.) de Ernst Röhm.

 En el distrito de Safsafa, en los suburbios del sur de Argel -la capital del país- donde se han instalado miles de refugiados, las razzias policiales, que van en constante aumento, ya ha desmantelado gran parte de los refugios improvisados donde miles de personas viven hacinaban, sin ninguna posibilidad de acceder a controles médicos mientras sus condiciones de salud se agravaban, dadas paupérrimas condiciones sanitarias, sin baños ni agua potable, mientras están a la espera de poder continuar su viaje o conseguir algún trabajo.

 En estos sitios viven miles de malíes, nigerianos y burkineses, entre otras nacionalidades, que han llegado escapando fundamentalmente de la violencia terrorista de sus países, que tiene a la población masculina joven como un objetivo clave, para ser reclutados a la fuerza, por las poderosas khatibas terroristas que operan en esos países,  como Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin o GSIM (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes) tributario de al-Qaeda en el Estado Islámico para el Gran Sahara, o los nigerianos Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), entre tanto otros grupos que se extienden en una gran cantidad de países del continente.

 Los migrantes, recién expulsados de Safsafa, han vuelto a instalar sus chabolas en Hasnaoua, en los suburbios del sur de Tizi-Ouzou, sabiendo que la próxima relocalización, muy posiblemente, sea a Tamanrasset, en el extremo sur de Argelia, y desde allí llevados a la frontera con Níger, desde donde para llegar al primer sitio poblado, que es Assamakka, tendrán que caminar unos 15 kilómetros en medio de la nada, con temperaturas ecuatoriales, donde serán clasificados y a continuación deportados a sus países, ya que Argelia no discrimina por nacionalidades y expulsa sin ningún orden a cualquier inmigrante hacia Tamanrasset. (Ver: Níger: Los fantasmas de Assamakka)

 Por un acuerdo entre Argel y Niamey Argelia ya ha devuelto a Níger a más de 11.000 personas entre enero y abril de 2023, operaciones que se venían realizando desde 2018, a un transporte semanal y que, dada las presiones europeas, estos traslados se han reactivado de manera exponencial.

 De todas formas muchos de los expulsados, pasado un tiempo intentan, llegar primero a Assamakka para seguir rumbo al norte. En junio último en esa ciudad nigerina ya se contabilizaban cerca de 10.000 subsaharianos con la intención de volver a Argelia, una vez más, para intentar conseguir el permiso de soñar con la felicidad.

 Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

https://rebelion.org/magreb-desplazados-sin-permiso-para-sonar-con-ser-felices/

sábado, 22 de julio de 2023

Entrevista a José Manuel Naredo .

                                                                      


Entrevista a José Manuel Naredo

| 22/07/2023  
Fuentes: Viento sur






José Manuel Naredo es un veterano economista español, su obra combina el análisis con propuestas, huelga decirlo, bastante radicales. En pocas palabras, Naredo es prolífico, riguroso y combativo. En cuanto a lo primero, sólo en la última década Naredo publicó y reeditó (en ediciones corregidas y ampliadas) seis libros como autor, sin contar las compilaciones, artículos académicos o de divulgación. Su rigor conceptual y metodológico se evidencia en cada página de sus escritos que, tal vez, justamente por ello se tornan un poco arduos para lectores ignotos. La combatividad del autor es explícita y notoria, su compromiso con un ecologismo radical choca contra variantes más indolentes, así como critica sin disimulo a distintas variantes de la izquierda que, a su entender, han pisado todas las trampas teóricas y prácticas que los defensores del capitalismo han puesto a su paso.

La crítica agotada. Claves para el cambio de civilización (Siglo XXI, 2022) es un llamamiento a una izquierda maniatada y timorata, presa de sus propias galimatías conceptuales y debilidades empíricas. El libro es directo en sus críticas e intenta derivar de ellas una propuesta, abonando una mirada radical desde el rigor y la factibilidad. La transformación que propone es total y, en gran medida, civilizatoria, ataca algunos de los cimientos conceptuales y teóricos más arraigados en nuestro tiempo, comenzando por la valoración acrítica y reverencial de la «producción» como parámetro indiscutido de prosperidad.

La crítica agotada es una diatriba contra los pseudo-conceptos y las idolatrías que componen significantes inútiles para la querellas más urgentes. Muñecos de paja en la disputa política e intelectual contemporánea como el «neoliberalismo», concepto cargado de connotaciones pero muy débil e impreciso. Un enemigo invisible y escurridizo, tan poderoso en su indefinición que nos condena a la impotencia y el pasmo. La batalla conceptual que delinea Naredo va mucho más allá que una simple discusión de nombres o definiciones, implica asumir cierta derrota cultural e intentar revertirla, volver a pensar en adversarios concretos y en la materialidad de nuestra existencia. Su propuesta ecointegradora insta a volver a pensar la cuestión ecológica y la economía en conjunto, no como un mero control de daños o sostenibilidad en el tiempo. Sobre todas esas cuestiones, recogemos esta entrevista José Manuel Naredo para La Vanguardia

Fuente: https://vientosur.info/entrevista-a-jose-manuel-naredo/

miércoles, 19 de julio de 2023

La devastación del macronismo

 

Francia: La devastación que provoca el macronismo (Dossier)

Aurélie Trouvé Fabien Escalona

 11/07/2023

 Lo que el macronismo hace a los jóvenes de los barrios Populares

 Aurélie Trouvé

 Durante noches escuché los fuegos artificiales y tranquilicé a mis hijos. De madrugada, descubrí los comercios devastados. Es una paradoja que sentimos aquí en Seine-Saint-Denis: lamentamos los saqueos que se vuelven contra los que luchan, contra el propietario del pequeño estanco, contra los padres de una guardería incendiada. Pero para comprender la rabia y las razones de la ira que se está desatando.

 Cinco días de revuelta en los barrios populares. Cinco días que no fueron los primeros. 2005. 1983, 1991, 1995, 1997... En París, Rouen, Vaux en Velin, Laval, Sartrouville... Cinco días que no serán los últimos. Porque, como en ocasiones anteriores, no se analizan, y mucho menos se tienen en cuenta, los motivos para actuar. Peor aún, la realidad del descenso se niega, se borra en las palabras de los más altos responsables políticos.

 Se niega la realidad de la violencia policial y del perfil racial diario al que se ven sometidos los jóvenes que viven en estos barrios. Se niega el racismo sistémico en las fuerzas policiales. Se niegan las inaceptables 13 muertes del año pasado en nombre de la "negativa a obedecer".

 Negada la pobreza creciente en estos barrios, la inflación que mata de hambre y agota a las familias tras dos años de encierro. Se menosprecia a las cajeras, limpiadoras y guardias de seguridad, que a veces trabajan de 5 de la mañana a 9 de la noche con la esperanza de ganar un poco más del salario mínimo. Culpadas, acusadas de no cuidar bien a sus hijos, estas madres solteras obligadas por la ley y la pobreza a trabajar los domingos o por la noche.

 Negada, la nada a la que se enfrentan muchos de estos jóvenes. Las tasas de desempleo son colosales -casi 3 veces la media nacional en los barrios de la "Política Urbana"-, debido sobre todo a la discriminación demostrada en la contratación. También se niega la impotencia de las escuelas públicas para responder a las necesidades urgentes, debido a la falta de recursos.

 También se nos niega el aislamiento geográfico y la segregación espacial asociados a un transporte urbano deficiente y a la ausencia casi total de limitaciones para los municipios que se niegan a promover una población mixta. La principal distracción que ofrecen las opciones urbanísticas es el "mall" a la americana, que crea tentaciones, seguidas de frustraciones: en el barrio Londeau de Noisy-le-Sec, el primer contacto inmediato con el mundo exterior es la visita al centro comercial Rosny 2.

 Por último, se niega la responsabilidad del Estado, ya que toda la culpa se achaca a los padres, a los videojuegos e incluso a la France insoumise. Nada se dice del debilitamiento de los lugares que educan, reúnen y orientan. Nada se dice de la disminución de la financiación de asociaciones, centros sociales, centros de barrio, etc. Como escribe el sociólogo François Dubet, "los jóvenes atacan a los símbolos: el del Estado, que les reprime, y el del consumismo, que les frustra". Los símbolos de la República, que sienten que les ha traicionado.

 Como todo el mundo, a pesar de los ministros que nos acusan de fomentar el caos contra toda evidencia, aspiro a la paz y a la concordia. Pero para que haya paz y armonía duraderas, es necesario que haya comprensión y reconocimiento de las razones de la cólera. El alcalde de Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse, me dijo el viernes: "Nos piden que apaguemos un incendio con palanganas". "Nosotros" se refiere a los concejales de estos municipios, que han tenido que arreglárselas durante tantos años con retazos. Y una vez más se encuentran en primera línea. Sin ninguna respuesta colectiva duradera.

 Jean-François Bayart lo analiza en su reciente post: a la policía se le ha confiado "una misión imposible: la de mantener la paz social en un estado de injusticia social". Así pues, no puede haber una salida duradera de la crisis sin un plan masivo de apoyo a los barrios populares y una amplia lucha contra todas las discriminaciones que sufren sus poblaciones.

 Empezando por la reforma de la policía. Bajo los golpes de una ley Cazeneuve de 2017 y de otras múltiples leyes liberticidas, bajo la presión de sindicatos policiales agresivos y provocadores camino de la extrema derecha, la doctrina policial, basada en la represión brutal, se ha convertido en un problema de fondo en este país.

 Pero desde hace varios días, repito una pregunta: ¿qué hay de nuevo que no podamos entender de las revueltas que se están produciendo desde hace una semana? ¿Y si es la Macronie, ese elemento nuevo? Porque la generación de 12-18 años ha crecido en la Macronie: es, más que ninguna otra anterior, la generación de las promesas incumplidas.

 ¿Cuál es su memoria? Es una disociación total entre lo que oyen y lo que ocurre en realidad: no existe la violencia policial, el paro disminuye... cosas todas ellas muy alejadas de la experiencia cotidiana.

 Es también un discurso de gerentes de cartón piedra, de individualismo, de apología del éxito personal, del "cruzo la calle y te encuentro un trabajo", del mandato permanente de mostrarse excepcional, de "merecer" más que el vecino, de demostrar la propia determinación para "salir adelante".

 Un espejismo de sociedad ideal y esperanzas de éxito personal que chocan constantemente con la realidad. Las realidades del encierro, las multas arbitrarias a los niños que se retiraban brevemente de su décimo piso para tomar un respiro diario, el abandono escolar de miles de ellos durante meses. Hubo un exceso injusto de muertes en los barrios pobres, en las familias cuyos empleos no permitían el teletrabajo, pero donde las vacunas y las mascarillas no eran una prioridad. Las colas para la ayuda alimentaria de urgencia, en las que a veces los padres tenían que pasar horas.

 Es también la represión policial y judicial de todas las formas de protesta organizada: chalecos amarillos, manifestaciones sindicales, protestas por el clima y por la vida... manos arrancadas, ojos sacados, una anciana que muere cerrando sus persianas, cuerpos asfixiados, palizas una y otra vez... Finalmente, se externaliza como la mejor perspectiva para los jóvenes no cualificados.

 El macronismo también significa que el Plan Borloo ha sido relegado al olvido. La humillación oficial de las "banlieues" y de todos sus habitantes. Es el exceso de poder de Darmanin, calificado por Marine Le Pen de demasiado laxo, la impunidad absoluta de los sindicatos policiales que insultan a la justicia y se manifiestan contra la aplicación de la ley. Es una violencia apagada, un deslizamiento represivo y autoritario que sufre el país y sobre todo los jóvenes de los barrios populares. Así lo confirman las primeras condenas dictadas contra las personas detenidas en los últimos días.

 El macronismo nos maltrata a todos, pero eso ya lo sabíamos.

 En cambio, lo que hace a los jóvenes y a los barrios populares marca nuestro futuro. Si queremos cambiar el curso de las cosas, si queremos sanar las grietas que el macronismo ha agravado, necesitamos un cambio sistémico y global en nuestras opciones colectivas.

¿Macronismo? Una promesa de modernización feliz convertida en un campo de ruinas políticas

 

Fabien Escalona

 La promesa inicial de Emmanuel Macron era superar las viejas divisiones en favor de una "revolución democrática". El abismo entre esto y el país desafiante y polarizado de hoy es inmenso. Porque bajo el macronismo, el apaciguamiento es estructuralmente imposible.

 "Nuestro país está carcomido por la duda, el paro, las divisiones materiales pero también morales. Sobre este campo desolado pasan en ráfagas los movimientos de una opinión desorientada y las declaraciones interesadas de los políticos que viven de ello. Me resulta imposible resignarme". Estas frases fueron escritas en 2016 por Emmanuel Macron, en su panfleto de campaña titulado Révolution (XO éditions).

 Casi siete años después, el panorama es igual de sombrío, si no más. Y la culpa no la tiene tanto la dimisión del Jefe del Estado como su papel activo en el asunto. Cuando irrumpió en la escena política, Emmanuel Macron se presentó ciertamente como un liberal, deseoso de ir más allá de las estériles disputas en las que estaban sumidos los dos antiguos partidos gobernantes.

 Su ambición declarada era la de una "revolución democrática" que permitiera a Francia adaptarse con éxito a las "revoluciones digital, ecológica, tecnológica e industrial que se perfilan en el horizonte". Sin embargo, es difícil identificar un ejecutivo de la V República que haya tenido que hacer frente a tal serie de crisis en tan poco tiempo, con una polarización tan marcada de la sociedad y tan pocas intenciones y recursos para resolverlas.

 Apenas un año después de su elección, Emmanuel Macron tuvo que enfrentarse a un movimiento social sin precedentes, los "chalecos amarillos"[1]. Posteriormente, sus ofensivas sobre las pensiones generaron protestas que alcanzaron récords históricos en cuanto a duración y número de personas movilizadas. Mientras tanto, el movimiento verde buscaba desesperadamente la manera de influir en la acción pública. Y la semana pasada, los mayores disturbios urbanos desde 2005 se desencadenaron por la muerte del joven Nahel[2].

 Ante los problemas planteados, el gobierno ha optado generalmente por la represión en lugar de soluciones duraderas y convincentes. El resultado ha sido un inmenso resentimiento, que no ha sido ajeno a la desconfianza de los ciudadanos hacia el poder político, especialmente masiva en comparación con otros países europeos. El profesor de Ciencias Políticas Rémi Lefebvre señala que "la visión de Emmanuel Macron era la de una vida política más tranquila y una sociedad más relajada. Hoy sólo podemos observar los bloqueos del juego político e incluso el disgusto que suscita".

 ¿Cómo explicar un desfase tan grande entre la promesa inicial y el macronismo "realmente existente"? El método de gobierno elegido, la estrategia política adoptada y los intereses sociales favorecidos forman parte del sistema, y todos desempeñan su papel en la situación actual. Parece difícil de corregir, al menos con los mismos actores en el poder.

 Falta de comprensión de las cuestiones "sociales" y uso de la fuerza

 La propia forma de dirigir el Gobierno ha demostrado estar reñida con la madurez y el dinamismo colectivos que algunos esperaban para el periodo posterior a 2017. La expresión presidencial ha sido regularmente despectiva y excluyente. Varias frases han pasado a la historia como condescendientes: "gente que no es nada", el llamamiento a "cruzar la calle" para encontrar trabajo... También recordamos al Jefe del Estado encargándose de querer "cabrear" a las personas que no se habían vacunado, hasta el punto de decretar que ya no eran ciudadanos. 

 La tensión y la provocación, más que el apaciguamiento y la empatía, han caracterizado así el estilo macronista. Pero, sobre todo, este estilo se ha reflejado en las tomas de poder institucionales. La reforma de las pensiones fue la culminación de la tendencia del ejecutivo a barrer cualquier obstáculo a su voluntad. Las promesas de apertura, como la introducción de la representación proporcional, fueron abandonadas. Y el uso de mecanismos participativos se ha convertido en una cortina de humo, sobre todo en lo que respecta al clima.

 En una contribución académica sobre el tema[3], los politólogos Guillaume Gourgues y Alice Mazeaud han identificado "los contornos de una forma de participación aceptable para el ejecutivo: la que implica la producción de arriba abajo de mecanismos controlados, desarrollados bajo los auspicios de instituciones y "metodólogos" cualificados. En el mejor de los casos, se presenta como un recurso potencial de propuestas, en el peor, como un vasto escenario de "pedagogía" [...]. En este sentido, el participacionismo busca menos reformar y profundizar la democracia que reforzar la gobernabilidad de la acción pública".

 Los últimos seis años han demostrado hasta qué punto eran oportunistas las críticas del candidato Macron a las élites en 2017. La liberación de las energías de la sociedad nunca se entendió como un ejercicio ampliado de soberanía popular, sino como el florecimiento de un espíritu de innovación y de empresa indispensable en la competencia económica globalizada. Si los "galos refractarios" se resistían a este proyecto, el líder modernizador no dudaba en utilizar todas las armas del régimen para acabar con ellos.

 Para explicar la facilidad con la que Macron hizo uso del potencial de "forzamiento" democrático de la V República, el politólogo Luc Rouban apunta a la cultura de liderazgo específica que impregna al Jefe del Estado. "Su red de toma de decisiones está formada en gran parte por personas procedentes del sector privado, en proporciones que no tienen nada que ver con las de sus predecesores", señala el investigador del Cevipof (Sciences Po). "Su pensamiento está impregnado de un modelo de gestión macroeconómica, lo que significa que comprende poco o nada el funcionamiento interno de la sociedad francesa".

 En resumen, el Elíseo está imbuido del tipo de pensamiento típico de los altos ejecutivos de una gran empresa monopolística, más que de un frío razonamiento tecnocrático o de un auténtico pragmatismo empresarial. Sin embargo, según Luc Rouban, esta cultura empresarial es incapaz de comprender los problemas del país: "Los chalecos amarillos, las pensiones, los disturbios urbanos... todo apunta a una profunda crisis social, que no es tanto una crisis de redistribución económica como un sentimiento de injusticia en las reglas del juego. El mal funcionamiento de la escuela y del mercado laboral desbarata las redes de lectura economicista".

 Prioridad a las clases altas

 Según el politólogo, sería necesaria "una gobernanza más sofisticada, inspirada en la socialdemocracia", para mejorar las condiciones de trabajo, el acceso a la formación y las trayectorias profesionales sin cualificación. Del mismo modo, una auténtica descentralización sería un sustituto útil de "las actuales fábricas de gas". Sin embargo, advierte Rouban, estos procesos prometen ser largos y complejos, y tienen poco interés para el "estrato dirigente de la sociedad" al que está vinculado Macron, en la medida en que "su apoyo procede sobre todo de los grandes accionistas, de la escena internacional y de los inversores extranjeros".

 Si hay una agenda que se mantiene desde 2017, cualesquiera que sean las vicisitudes (pandemia, inflación, etc.), es la de la contención del gasto social y la aplicación de reformas estructurales que debiliten la posición de los asalariados. Pero esta agenda es socialmente restrictiva: los ganadores son minoría, mientras que los perdedores son numerosos y saben que lo son. "Puede que Macron haya tenido la fantasía giscardiana de unir a "dos franceses de tres"", comenta Rémi Lefebvre, "pero el resultado es una división del electorado en tres tercios irreconciliables."

 Al igual que la cultura de liderazgo de Macron ha demostrado estar desfasada con respecto a la sociedad, su orientación neoliberal ya no tiene la fuerza propulsora que tenía incluso hace dos décadas. Debido a la "fatiga" y a las contradicciones del capitalismo contemporáneo, la hegemonía política que se busca sobre esta base sólo puede ser limitada, y ya no expansiva como en los años ochenta y noventa. No es posible conciliar "al mismo tiempo" los imperativos de rentabilidad y las exigencias de solidaridad.

 Christophe Bouillaud, profesor de Science Po-Grenoble, lo dice sin rodeos: "El principal objetivo de Macron es no subir los impuestos a los más ricos y permitir que prospere el sector financiero. Esto limita los recursos para responder al fracaso de muchas políticas públicas y al aumento de las necesidades sociales, en términos de educación, cuidados, reconversión industrial..."

 En su opinión, la transición ecológica que debe realizarse ilustra este callejón sin salida. En 2018, el impuesto sobre el carbono era una forma de recaudar fondos de todo el cuerpo social, pero el Ejecutivo se encontró con la explosión de los chalecos amarillos. "Desde entonces, está bloqueado", señala Christophe Bouillaud. El tratamiento del informe encargado a Jean Pisani-Ferry y Selma Mahfouz es sintomático. Defienden la compatibilidad del capitalismo y la ecología, pero dicen que hay que quitar recursos a los más ricos. La reacción de los gobernantes fue inmediata: "Eso está fuera de discusión".

 La destrucción de empleos subvencionados en los barrios populares al comienzo de los cinco primeros años de mandato, seguida de una falta de inversión en bienestar social a la altura, forman parte del mismo problema. Emmanuel Macron había ensalzado las virtudes de la subcontratación como medio de emancipación económica y de acceso a la sociedad de consumo. Pero esto mostró rápidamente sus límites, ya que la vulnerabilidad de los trabajadores afectados ha sido a la vez explotada y reproducida por este "capitalismo de plataforma racial", según la expresión de la socióloga Sophie Bernard.

 La lógica del derechismo

 Por tanto, la economía política del macronismo sigue siendo fundamental para establecer el vínculo entre el entusiasmo modernista de 2017 y la brutalidad de las políticas aplicadas. Sin embargo, ¿no había cuestiones que abordar de forma progresista, sin necesidad de dedicarles grandes sumas de dinero?

 Un verdadero liberal habría querido democratizar la V República. Pero eso habría exigido un gran sacrificio personal. Como hemos visto, el régimen actual proporciona armas insospechadas para aplicar una política que favorece a los círculos empresariales y a las rentas más altas. El "desarme institucional", forzando una toma de decisiones más inclusiva, sería potencialmente contradictorio con el paradigma económico en el que opera Macron.

 Un auténtico liberal también podría haber abordado el veneno de la discriminación estructural que socava la cohesión social y los excesos de la policía francesa que degradan la relación entre la población y la policía. Estas dos realidades han sido ampliamente documentadas. Pero aunque existiera la voluntad, esta vía también se ha visto bloqueada por el resto de las políticas aplicadas, y por la estrategia electoral resultante.

 Frente a las protestas populares fuertemente apoyadas por la opinión pública, el gobierno se encontró dependiente de su aparato represivo y de las posiciones maximalistas en su seno. No hay más que ver hasta qué punto la reforma de la policía es un tabú entre las huestes macronistas, y cómo la negación de cualquier problema roza ya lo grotesco, como cuando la presidenta de la Asamblea Nacional considera "maravillosa" la forma en que las fuerzas del orden llevan a cabo su misión.

 Ante la imposibilidad de ampliar su base de apoyo en la izquierda, el Presidente ha optado también por succionar la savia de la derecha postgaullista, comprometida a su vez en un giro identitario y de seguridad desde la era Sarkozy. Así, ha dejado en libertad de acción a sus ministros más conservadores. Jean-Michel Blanquer ha alimentado la polémica sobre el laicismo y la supuesta ofensiva "wokista" en las universidades. Gérald Darmanin ha señalado sucesivamente la "blandura" de Marine Le Pen, ha criminalizado el movimiento ecologista y ha hecho comentarios amenazadores sobre la Liga de Derechos Humanos.

Sin salvavidas

 Para conservar parte de la base de centro-izquierda en la que se apoyó Emmanuel Macron en 2017, demonizar cualquier salida alternativa era lógicamente necesario. De ahí el aporreo de críticas contra La France insoumise (LFI), rebotando por extensión en toda la unión de la izquierda, hasta el punto de cuestionar su pertenencia al "arco republicano", incluso con más vigor que para la extrema derecha (cuando a esta última no se le conceden, directamente, patentes de republicanismo).

 No es de extrañar, pues, que el "apaciguamiento" oficialmente buscado por el ejecutivo no se haya hecho realidad. Bajo el macronismo, está estructuralmente fuera de alcance. Si la mayoría fuera la única en sufrir, podríamos vivir con ello. Pero es el conjunto del país el que se ve sometido a tensiones de larga duración, con una vulnerabilidad que crece ante las tentaciones autoritarias, a fuerza de confusión y frustraciones acumuladas.

"El problema es que no veo ninguna fuerza de revocación", afirma Christophe Bouillaud. El partido fundado por Emmanuel Macron, concebido desde el principio como un vehículo personal, no dispone de los relevos en la sociedad ni de los canales de influencia sobre el poder que necesitaría para desempeñar este papel. "Se ve que el macronismo es solo Macron", resume Rémi Lefebvre, que admite que le llama la atención la ausencia de un "fermento de superación" en el seno del bando presidencial, comparable al que inició Nicolas Sarkozy durante el segundo mandato de Jacques Chirac.

Ya sea por adhesión ideológica, interés de clase o falta de competencia política, ninguna figura o corriente organizada dentro del macronismo parece en condiciones de dar la voz de alarma ante el bulevar abierto a la extrema derecha. En este contexto, las demás fuerzas de la oposición y el movimiento social sólo pueden contar consigo mismos.

[1] Ver https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-gilets-jau. ..

 [2] Ver https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/apres-la-mort-de-nahel-l. ..

 [3] Ver https://www.pug.fr/produit/1969/9782706151613/l-entreprise-macron-a-l-ep ..

 Aurélie Trouvé  diputada de LFI-NUPES por Seine-Saint-Denis. Miembro de ATTAC y de la Fundación Copernic.

  Fabien Escalona  Periodista en Mediapart  ..Mediapart, 5 y 9 de julio de 2023

Traducción:Antoni Soy


https://www.sinpermiso.info/textos/francia-la-devastacion-que-provoca-el-macronismo-dossier