La policía catalana había vinculado a una mujer, que ha pasado 19 días en prisión preventiva, con el intento de incendio de una furgoneta porque llevaba un mechero idéntico al de otros arrestados y porque su ropa «emanaba olor a gasolina»
Hoy ha quedado en libertad la mujer acusada de quemar un furgón de la Guardia Urbana. Los Mossos d’Esquadra, en su afán por construir una gran ilusión, se han equivocado de mujer.Así acusaron los Mossos d’Esquadra a una mujer de intentar quemar un furgón de la policía local barcelonesa con un agente dentro durante la represión del pasado 2 de marzo en una manifestación de apoyo al rapero Pablo Hasel. La defensa de la investigada ha dado un giro al caso y ha demostrado que la policía autonómica detuvo a la persona equivocada, por lo que la jueza, con el visto bueno de la Fiscalía, ha ordenado su puesta en libertad tras 19 días de prisión preventiva.
En un auto, la magistrada que mantiene la causa abierta por grupo criminal, tentativa de homicidio y otros delitos acuerda la libertad de la mujer tras atender el recurso de su defensa, que ejerce el penalista José Manuel del Río. En su recurso, el abogado argumentó que los Mossos d’Esquadra realizaron una «identificación claramente errónea» de la investigada tras aportar una prueba pericial antropométrica que, en base al visionado de las imágenes de los hechos, concluyó que «no caben dudas de que la persona que la lanza el líquido y S.C. no son la misma».
La fisonomía y la ropa de la detenida en el momento de los hechos, remarcó la defensa, «nada tienen que ver con la de la persona que roció ese líquido» al furgón policial: mientras la detenida vestía pantalones negros, botas negras y no llevaba ningún pañuelo en el cuello ni lucía gorro, las imágenes de los hechos y las declaraciones de un agente de los Mossos muestran que la mujer que rocía el furgón vestía tejanos, botas marrones y llevaba un pañuelo lila en el cuello y gorro en la cabeza.
El recurso desmonta punto por punto el atestado de los Mossos d’Esquadra, que llegó a incluir como elementos acusatorios que la ropa de la detenida «emanaba olor a gasolina» y que entre los objetos que se le intervinieron había «encendedores [mecheros] exactamente iguales a los intervenidos a otros detenidos». El atestado policial fue la base sobre la que prensa italiana y española dedicaron varios perfiles a la detenida ahora puesta en libertad. La construcción del acontecimiento había comenzado por los Mossos y continuado por los medios corporativos nacionales e internaciinales, en una clara connivencia.
La magistrada atiende todos los argumentos de la defensa y, en un breve auto, acuerda la libertad provisional de la investigada «revisada toda la documentación aportada» por el letrado, aunque ordena la retirada de pasaporte de la mujer y la obligación de que comparezca cada dos semanas en el juzgado. Los otros siete encarcelados de forma preventiva han pedido directamente a la Audiencia de Barcelona su libertad provisional.
Una vez constatado el error de los Mossos y la puesta en libertad de la hasta ahora acusada, la autoría del hecho delictivo más grave por el que el grupo fue detenido –la quema del furgón de la Guàrdia Urbana– corre el peligro de quedarse sin autor.
Construcción del simulacro
El recurso que ha presentado el abogado penalista del Río que desmonta el accionar de la institución policial barcelonesa, ha dejado al desnudo las intenciones reales de fondo que constituyen la persecución y criminalización, a como de lugar.
En este sentido, la unidad central de investigación de los Mossos ha construido un relato en torno a un supuesto grupo criminal con una intención muy clara que es criminalizar el derecho de protesta, y de atribuir a todos los detenidos todos los delitos, por lo que ha construido un sujeto en torno a una figura diabólica y foránea como es la del anarquista italiano. Ni el auto de prisión ni los atestados de la policía autonómica concretan los hechos por los que está investigado cada uno de los ocho encausados, sino que les acusa a todos de participar en los disturbios y de intentar quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro.
Es que no basta con asumir la fantasía obrante en el atestado de los Mossos de la existencia de un grupo criminal con el único nexo común de que hablan italiano y comparten piso. No existe ni en el auto, ni en todas las actuaciones, atribución de hechos concretos respecto a los investigados. No hay ningún elemento que haga presumir que son un grupo organizado más allá de que hablan italiano. Tampoco se les ha intervenido en los registros en su domicilio ningún objeto «susceptible de utilizarse en los disturbios» ni un plan ni material para cometer actos vandálicos. Da la sensación de que desde el departamento de Interior querrían encarcelar para detener las protestas sin coste político y ha encontrado al sujeto perfecto, el «simulacro del anarquismo italiano.
Esto nos lleva a reflexionar sobre que, todo lo que consideramos como verdadero actualmente en realidad, no lo es. Lo que consideramos como verdadero es un simulacro y por lo tanto ya ha aprendido a engañar nuestros sentidos y pensamientos.
Y si nos preguntamos cómo es que hemos perdido entonces la noción de realidad y cómo es que estamos sumergidos en simulacros sin habernos percatado de ello, es porque éstos tienen un poderoso aliado: los medios corporativos de comunicación. Estos, han influido y continúan haciéndolo en la «hiperrealidad» en la que ahora creemos, ya que muchas veces se hacen construcciones de un concepto basados en los intereses políticos o de las industrias y es en este punto en el que se manipula nuestra percepción.
El verdadero poder de los medios hegemónicos reside en el establecimiento de los simulacros como la verdad, como lo único real. Nos encontramos manipulados y a merced de los deseos de quién controla los grandes conglomerados mediáticos.
Pero hoy, una magistrada acordó la libertad de la mujer detenida falsamente tras atender el recurso de su defensa, haciendo estallar uno de los globos de los simulacros. Aún quedan más por reventar.
. Lo que mas me choco en las declaraciones de los Mossos es decir que era anarquista y estaba claro por la A pintada en el coche la delataba . y si anarquistas serian -vete a saber- pero no esa ...ni esos . Y ahora deben estar ya en la luna . O peor una infiltrada , si era mujer se disimula mejor (?). La detención la hacen antes y en otro lugar sin haber visto aun las fotos y en las fotos es irreconocible .No habían visto aun las fotos y detienen a una mujer . .Y lo que eran una banda organizada porque tenían todos el mismo mechero Bic marrón del pack del tabaco barato de liar Horizon ..no veas . Y mira que caldearon la prensa con el suceso , Cataluña anarquismo y bla bla .. bla y encima extranjeros , anarquistas italianos . No eran indepes catalanes .Y el registro de la casa del Maresme okupa lo mismo . Tenían libros y cascos de moto olor a gasolina y cinta adhesiva .Como si las manifestaciones no fueran por Hasél y no fueran en otras ciudades y hay ya 130 casos similares. Hasta el Consejo de Europa les ha llamado la atención por la ley de seguridad ciudadana (1) . España es diferente y Cataluña no veas y democracia plena de trampantojos policiales y demás . Y van .. la tercera , después de la Piñata y la Pandora ..Y encima lo que no son capaces de decir ahora la prensa es que lo inventaron todo para sacar pecho , ante la presión de la portadas , populistas mediáticas y buscar un cabeza de turco..
En las primeras semanas de 1976, el Departamento de Estado norteamericano daba por hecho que se iba a producir un Golpe de Estado en la Argentina en el corto plazo. Lo sabía gracias a fuentes propias (militares, funcionarios de Isabel Perón, infiltrados, gentilhombres y periodistas), aunque no hacía falta contar con demasiados infidentes para anticiparse a una irrupción militar que era anunciada y reclamada desde la tapa de los diarios.
La Embajada de Washington en Buenos Aires, a cargo del republicano y ferviente anticomunista Robert Hill, manejó un rango certero sobre la fecha en que los militares ocuparían la Casa Rosada y estuvo al tanto de que se conformaría una cúpula de Gobierno con miembros de las tres armas, de cómo se dividirían los principales cargos entre civiles y uniformados, y de las primeras medidas, de acuerdo a documentos del Departamento de Estado y la CIA, desclasificados en los últimos años y ordenados esta semana por la organización civil estadounidense National Security Archive.
Más que acelerar un proceso que avanzaba por sus propios medios, el objetivo de la delegación estadounidense fue darle cauce para que se acomodara a sus intereses. “El Gobierno militar sería conservador y tendría como sus metas más urgentes aplastar al terrorismo, la eliminación de la corrupción del Gobierno y el movimiento sindical, y la reconstrucción de la economía”, describió el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, William Rogers, en un memo dirigido el 13 de febrero de 1976 a su jefe, Henry Kissinger. El régimen de facto “sería anticomunista en su política exterior”, “amigable para Estados Unidos” y la “comunidad financiera internacional, incluyendo la resolución de problemas de inversión que atañen a firmas estadounidenses”. Música para los oídos de Kissinger, aunque fuera necesario embarrarse un poco.
Jorge Rafael Videla jura como presidente el 29 de marzo de 1976. En el extremo izquierdo, Emilio Eduardo Massera, y en el derecho, Orlando Ramón Agosti.
Una obsesión: el espejo de Pinochet
El mismo texto de Rogers, titulado “posible Golpe en la Argentina” y desclasificado en 2019, admitió que, “en la escalada de la lucha contra las guerrillas, un Gobierno militar en la Argentina casi con seguridad perpetraría violaciones a los derechos humanos”. El Departamento de Estado podría dar una mano para sortear ese percance que acarrearía inconvenientes a la hora de defender los beneficios del mundo libre, en plena disputa con el bloque soviético.
El tema obsesionaba a los conspiradores civiles y militares que se aprestaban a derrocar a Isabel Perón: había que evitar a toda cosa quedar expuestos ante los ojos del mundo como sanguinarios ejecutores y torturadores de disidentes, estigma que había arrasado con la imagen del chileno Augusto Pinochet y sus pares uruguayos. La preocupación fue filtrada a la Embajada por el funcionario de Cancillería de Isabel Perón Diego Medus (informante “protect” de Washington), el periodista Heriberto Kahn (citó fuentes castrenses) y el propio Emilio Eduardo Massera, entre varios. En su preocupación por la imagen internacional, lobistas del Golpe hicieron gestiones para que Kissinger recibiera a enviados militares antes de que tomaran el poder, algo que, con toda lógica, fue desalentado por el Departamento de Estado. Si algo le interesaba a la Casa Blanca era no dejar huellas.
Robert Hill, embajador estadounidense en la Argentina entre 1974 y 1977
El embajador Hill tomó nota de la aflicción de los golpistas. “Nos estamos enfocando en formas de evitar que el tema de los derechos humanos se convierta en asunto irritante para las relaciones entre Estados Unidos y Argentina”, escribió el diplomático una semana después del texto de Rogers, el 16 de febrero.
Esgrima entre el embajador y el marino
Avanzado marzo, el Golpe parecía inminente. Al punto de que Hill tenía previsto un viaje a Miami para el 17 de marzo de 1976 y analizó cancelarlo, pero concluyó que sería contraproducente, porque ello sería leído como que había cambiado los planes para colaborar con los golpistas. La prevención de Hill ante una lectura que habría acertado (en efecto, estaba colaborando) quedó asentada por escrito en un cable el 16 de marzo.
El Gobierno de Estados Unidos no podría de ninguna manera involucrarse en asuntos internos argentinos
El texto urgente llevó por título “Conversación del embajador con el Almirante Massera”. El mismo día en que fue despachado se había producido un encuentro entre Hill, otro funcionario de la Embajada, el banquero Alejandro Shaw y Massera. En un momento, el jefe de la Armada logró esquivar a Shaw y le confesó a Hill que los militares se harían cargo “muy pronto” del “vacío político”, pero le advirtió que no le daría más detalles porque sería tachado de “diplomáticamente incorrecto”.
El marino barnizó sus confesiones con una pátina de corrección al simular incomodidad por la anticipación de sus actos a un Gobierno extranjero. Hill aceptó el juego y respondió que Washington “no podría de ninguna manera involucrarse en asuntos internos argentinos”.
Cable remitido por el embajador Robert C. Hill a Washington el 16 de marzo de 1976 National Security Archive
El minué continuó con alusiones del militar argentino al oprobio que representaba Pinochet y su compromiso de que todo se haría “dentro de la ley”, “del modo más democrático posible”. El nuevo Gobierno —insistió Massera utilizando “escrupulosamente un tiempo de verbo potencial”— no quería tener ningún reproche referido a los derechos humanos y lograría sosegar a los más militares exaltados que, en la versión del almirante, no lo incluían.
Hill —exsecretario adjunto de Defensa de Richard Nixon— anotó una confesión que el jefe de la Armada deslizó como “amigo”: los militares estaban “terriblemente preocupados por las relaciones públicas en Estados Unidos” si, en efecto, tenían que intervenir en política. Massera adujo “inexperiencia” para lidiar con temas de imagen y relacionarse con organizaciones civiles en la Argentina, “y mucho menos en Estados Unidos”, y le pidió a su interlocutor sugerencias de consultoras de relaciones públicas. El embajador cazó al vuelo de qué se trataba y se comprometió a facilitarle las opciones de firmas registradas en la Embajada en el plazo más breve posible.
El 23 de marzo de1976, con Hill ya en Washington a la espera del Golpe, el segundo de la Embajada, Williams Beal, remitió un telegrama al Departamento de Estado con una descripción cruda de lo que estaba por llegar, como si la inminencia del derrocamiento de Isabel hubiera habilitado mayores dosis de sinceridad. La ilusión a una intervención quirúrgica de los militares que ordenaría las cosas en dos o tres años y llamaría a elecciones era vana, concluyó Beal. Los militares llegarían para quedarse y dispararían ajustes económicos que provocarían rechazo social, a la vez que prevalecía la idea entre los golpistas de que “había que poner a los peronistas y a los ‘terroristas’ contra un paredón sin juicio previo”, escribió el diplomático. Al parecer, Massera no podría controlar a los represores desorbitados como se había comprometido.
Patricia Derian, durante su declaración en el Juicio a las Juntas, en 1985
La máquina del terror de Estado se echó a andar por completo. Meses después, Kissinger, cabal intérprete del momento desde la óptica de los hardliners estadounidenses, instó al primer canciller de la dictadura, César Guzzetti, a que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero rápido. Se acababa el tiempo con la probable victoria del demócrata James Carter en las elecciones presidenciales de noviembre de 1976. Un poco a contramano, Hill habilitó algunos salvoconductos para las víctimas de la dictadura y repartió una de cal y otra de arena en sus reportes a Washington. La asunción del Carter y de su representante especial para los derechos humanos, Patricia Derian, modificó el escenario para un diplomático republicano que priorizaba la aversión al comunismo por sobre todo. A mediados de 1977, Hill regresó a su país y se dedicó a matizar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a denunciar falta de comprensión internacional hacia la dictadura.
La empresa estadounidense de comunicación y lobby Burson Marsteller —luego absorbida por Young and Rubicam— acercó una propuesta de 34 páginas para contrarrestar las denuncias por crímenes de lesa humanidad y fue contratada antes del Mundial de 1978. El encuentro entre Massera y Hill resultó premonitorio.
El paraíso fiscal del alquiler, pilar maestro de la mayoría silenciosa que sustenta el Régimen del 78
Salva Torres , Alfredo Apilánez
El ministro Ábalos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el paraíso fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.
– Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.
– Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.
– Nacida al calor del franquismo, una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo y forman la mayoría silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.
Ya antes de la pandemia, los datos de desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos suponían el 65% del total de desalojos registrados en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
Hoy con 4 millones de parados y miles de empresas en ERTE, el fin del estado de alarma va a suponer una escabechina para las familias que esperan la llegada de las sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta de pago o el fin de los contratos de alquiler.
En esta situación el mercado inmobiliario está congelado. En Barcelona y Catalunya las firmas de nuevos contratos se ha reducido hasta un 20% por el miedo de los propietarios a no cobrar el alquiler mientras una franja nada despreciable de los hogares y de los jóvenes, superior al 25%, ya no tiene perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero aún así, la caída brutal de ingresos en los hogares no se refleja en los precios, que están en máximos históricos especialmente en las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por debajo del 50% (ver bibliografia).
En ese marco, caída de ingresos de los hogares y precios máximos de la burbuja, se aprobó el Decreto-ley catalán de “moderación de rentas del alquiler” que por eso legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero también la Ley del Derecho a la Vivienda que está en trámites en el Congreso de los Diputados incluirá medidas sobre el mercado de alquiler de la cual la prensa ya se ha encargado de rebajar expectativas. Si la ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido sobre precios máximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l’Habitatge), que los respeta, la española seguro será mucho más tímida.
La Comisión Europea exige a España que reconozca como pública la deuda de 38.500 millones de Sareb, el ‘banco malo’ ideado por Luis de Guindos
Manuel Gabarre de Sus
En 2012, Luis de Guindos manifestó categóricamente que “el banco malo nunca supondrá costes para los contribuyentes”. Por desgracia, se trataba de un engaño. La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) exigió a España a finales de 2019 que la deuda de Sareb fuese contabilizada como deuda pública antes de diciembre de 2020.
De acuerdo con las últimas cuentas presentadas por Sareb, su deuda era de 38.438 millones de euros. Esta cantidad supone un verdadero golpe para unas cuentas públicas maltrechas por la corrupción, el coste del rescate financiero y los efectos de la pandemia. Quizá por este motivo, el Gobierno esté tardando tanto en reconocer oficialmente como pública la deuda de Sareb, aunque en los últimos días ya lo haya hecho extraoficialmente.
La decisión de Eurostat revela la esencia de Sareb. El llamado banco malo es en realidad una gran inmobiliaria pública cuya finalidad es la privatización de unos bienes que fueron sufragados por el Estado. Durante años el Estado y la Unión Europea trataron de ocultar, mediante diversos subterfugios, la verdadera naturaleza del banco malo, pero esta ha quedado patente con el cambio de criterio de Eurostat.
El Estado y las entidades financieras españolas constituyeron Sareb con un capital de 4.800 millones de euros en 2012. El Estado aportó unos 2.200 millones de euros y las entidades financieras aportaron el resto. Sin embargo, el grueso de la financiación de Sareb proviene de la Unión Europea, aunque este préstamo se hizo a través de intermediarios. De este modo, Sareb recibió en 2012 un préstamo de más de 50.000 millones de euros. La finalidad de este préstamo era que Sareb comprase los bienes inmobiliarios de las cajas y de los bancos rescatados, para que la propia Sareb vendiese estos bienes posteriormente. Estos bienes tóxicos estaban formados por 100.000 inmuebles, 400.000 inmuebles en garantía y unos 70.000 préstamos, según manifestaba la propia Sareb en el año 2015. Con el dinero obtenido de la venta de los bienes Sareb debía devolver la deuda que había contraído.
La clave para entender Sareb es que el Estado avaló la devolución del préstamo. Es decir, todo lo que no pueda devolver Sareb será devuelto por el Estado. Dado que la situación económica del banco malo es calamitosa, Eurostat ha decidido que su deuda sea computada como pública. En realidad, esta decisión demuestra que el aval de Sareb es un medio para encubrir lo que fue un préstamo público.
Sareb fue creada como una sociedad privada. Este camelo ha permitido que su patrimonio se vendiese de manera opaca. La Ley de Contratos del Sector Público exige unos requisitos de transparencia a las administraciones que Sareb ha podido evitar por su condición privada. Esto es muy relevante, ya que de esta manera el banco malo ha podido ocultar la identificación y el precio de los bienes que ha vendido. La confidencialidad es un derecho que se basa en que es lícito que cada cual actúe con su patrimonio como estime conveniente. Sin embargo, esta confidencialidad no debería permitirse en una sociedad que ha sido sufragada con dinero público.
La venta de los pisos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid a fondos buitre tiene muchos paralelismos con la actividad de Sareb. La esencia de los dos casos consiste en la privatización de viviendas sufragadas con dinero público. Por este motivo, conviene recordar que los hechos que justificaron las condenas en Madrid no habrían sido ilícitos en caso de que se hubiesen producido en sociedades privadas como lo es Sareb.
Sareb se ha deshecho de su patrimonio público a través de cuatro sociedades. Tres de ellas pertenecían a los principales bancos españoles que a su vez eran socios de Sareb: Santander, Caixabank y Banco de Sabadell. La cuarta inmobiliaria era Haya Real Estate. Haya Real Estate es una sociedad de Cerberus, que designó a José María Aznar Botella como consejero y como presidente a Juan Hoyos Martínez de Irujo, amigo íntimo de Aznar. En la venta de los bienes de Sareb a través de Cerberus también intervino Alicia Hinojos, cuya reputación quedó en entredicho al ser acusada de desviar fondos de la Comunidad de Madrid para la financiación del Partido Popular en el juicio de la trama Púnica.
Puertas giratorias y un swap
Las puertas giratorias también han marcado el devenir de Sareb. El caso más notorio es el de su antigua presidenta, la economista del Estado Belén Romana, una persona de la confianza de Luis de Guindos, que fue quien diseñó el entramado de Sareb desde el Ministerio de Economía.
Belén Romana fue designada presidenta de Sareb y ocupó este cargo desde 2012 hasta 2015. En julio de 2013, Romana contrató un conjunto de interest rate swaps para la deuda de Sareb. Debido a la magnitud de la deuda de Sareb, este es el mayor swap que se ha contratado en Europa. Un swap es un contrato para establecer unos intereses fijos en la devolución de la deuda. La finalidad de un swap consiste en que quien lo contrata se proteja de frente a una posible subida de los intereses. Su contratación supone una ganancia si el interés real se sitúa finalmente por encima del interés acordado en el swap y una pérdida si el interés queda por debajo.
El resultado del swap de Sareb serán unas pérdidas de unos 3.200 millones de euros y unos beneficios de esta misma cantidad para los bancos que lo concedieron. Es decir, si no se hubiese contratado el swap, Sareb se habría ahorrado unos miles de millones de euros, y en última instancia será el Estado quien corra con la cuenta. El beneficiario de esta pésima gestión de Sareb fue un consorcio de bancos liderado por el Santander .
Sin embargo, es importante prestar atención al momento en el que Sareb contrató el swap: julio de 2013. Había transcurrido ya un año desde que, el 26 de julio de 2012, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pronunció las famosas palabras “Whatever it takes”. En aquel discurso, Draghi manifestó que el BCE haría todo lo que fuese necesario para proteger al euro. Estas palabras cimentaron un prestigio político que le ha llevado a ser primer ministro de Italia. La declaración implicaba que el BCE protegería a los países como España o Italia, cuya deuda estaba siendo atacada por especuladores financieros. El mercado entendió el mensaje y los intereses comenzaron a bajar rápidamente desde entonces.
Sin embargo, Belén Romana no debía de estar bien informada del cambio de política del Banco Central Europeo. Lamentablemente, su negligencia le costará al Estado varios miles de millones de euros. Por otro lado, Luis de Guindos era el valedor de Belén Romana. Guindos es ahora el vicepresidente del Banco Central Europeo. Por esto resulta sorprendente que cuando era Ministro de Economía tanto él como Romana tuviesen un grado de información tan deficiente sobre las políticas de esta institución.
En enero de 2015, Romana dejó de ser la presidenta de Sareb. Pero antes de que terminase aquel año ya se había incorporado al consejo del Santander, donde ocupa actualmente varios cargos de relevancia. Finalmente, hay que recordar que como Sareb se consideraba una entidad privada no estaba sometida al régimen de incompatibilidades de la Administración.
El legado de Sareb
Desde el punto de vista económico su situación es catastrófica. Por un lado, Sareb ha acumulado pérdidas anuales por valor de casi 4.400 millones de euros hasta junio de 2020. Por otro lado, el deterioro de sus activos sumaba otros 5.000 millones de pérdidas hasta 2018, según manifestó Eurostat.
El Estado declaró como pérdidas los 2.200 millones que aportó al capital de Sareb y la deuda pendiente de devolver era de 38.500 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas por Sareb. Por otro lado, Sareb ha vendido bienes por valor de 27.046 millones de euros. Dado que los bienes que compró Sareb tenían un valor de 50.781 millones de euros, podemos constatar que Sareb ya se ha deshecho de la mayor parte de su patrimonio.
El legado social es también una catástrofe. La deuda que deja va a ser una losa para el futuro. A esto hay que agregar las vulneraciones del derecho a la vivienda que ha provocado esta entidad. Estas vulneraciones tienen que ver tanto con la miríada de desahucios que ha ejecutado como con el efecto que ha tenido su privatización en el precio de la vivienda. Los 10.000 inmuebles que Sareb dice haber destinado a fines sociales no representan más que una porción nimia de su patrimonio.
Los 500.000 inmuebles que adquirió Sareb podrían haber sentado las bases de un parque de vivienda público para alquiler. En España hay una gran escasez de viviendas sociales en comparación con las de los países más desarrollados de nuestro entorno. Así, en Holanda, el 30% de las viviendas son sociales; en el Reino Unido, el 18%; en Francia, el 17%; en Dinamarca, el 21% y en Austria el 24%. En España ronda el 2%. El patrimonio de Sareb estaba disperso por todo el territorio, por lo que habría sido idóneo para este fin. Además, el resultado económico para el Estado a través de este parque de alquiler hubiese sido, probablemente, mejor que el resultado final que, si nada cambia, va a dejar el banco malo.
La Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exigen que los poderes públicos garanticen el derecho a la vivienda. A pesar de que el estallido de la burbuja inmobiliaria arruinó al país hace quince años, los poderes públicos no parecen haberse decidido a abordar el asunto de la vivienda de una manera responsable. Simplemente lo consideran un terreno acotado para el aprovechamiento del sector financiero, compuesto por bancos y por fondos de inversión. Durante la última década, mientras los alquileres alcanzaban precios prohibitivos para la mayoría de la población, el Estado se estaba deshaciendo a hurtadillas del parque de vivienda público con la colaboración de la banca.
Aunque todavía no está todo perdido, porque el Sareb aún dispone de 191.000 activos, de los que al menos 59.600 son viviendas, es urgente que el Estado intervenga el banco malo en beneficio de la ciudadanía. Después de todo, como ha confirmado Eurostat, es ella la que va a pagar la cuenta.
Raúl Riebenbauer narra en 'El silencio de Georg' la historia del misterioso extranjero que fue ejecutado junto a Salvador Puig Antich
Manuel Ligero.
El 2 de marzo de 1974 eran ejecutados por el método del garrote vil el anarquistaSalvador Puig Antichy un extranjero que respondía al nombre deHeinz Ches.Poco o nada se sabía de él y a sus jueces tampoco les interesó demasiado indagar. El mes de diciembre anterior ETA había asesinado al presidente del Gobierno, el almiranteLuis Carrero Blanco, y había que castigar a alguien con la máxima dureza para enviar un mensaje a los opositores al régimen. Se dictó la sentencia de muerte en los dos casos, y ambas instrucciones estuvieron llenas de sombras. No es que no fueran culpables, pero había dudas y atenuantes, además de la lógica repugnancia humanitaria, para que se les hubiera podido aplicar penas inferiores.
La ejecución de Salvador fue la venganza de unas autoridades franquistas sedientas de sangre tras el magnicidio de Carrero («ETA me ha matado», llegó a decir Puig Antich). La de aquel otro Heinz Ches, según parece, fue producto de una catastrófica serie de desdichas, de un azar perverso y del más frío cálculo político. A Ches lo agarrotaron como complemento, como figurante, para que Puig Antich no fuera ejecutado solo. Para despolitizar el ajusticiamiento de Salvador. Su drama, que cuenta Raúl Riebenbauer (Valencia, 1969) en el libro El silencio de Georg (recientemente reeditado por la editorial La Vorágine), es que no le importó a nadie.
Ni se llamaba Heinz Ches, ni era polaco, como se dijo, ni era una bestia criminal. Su nombre real era Georg Michael Welzel. Inventó el seudónimo de Heinz Ches juntando el nombre de su padre con el apellido de soltera de su madre (que era Ches y no Chez, como escribió todo el mundo y nadie se molestó en corregir). Welzel era un mecánico de locomotoras de la RDA y había cumplido su sueño, pasar a Occidente, unos pocos meses antes de su detención en España. Pero era un hombre solo, perdido y deprimido. Y, sí, también fue un asesino. Mató a un guardia civil en el bar de un camping de Tarragona. Sin mediar palabra. Sin móvil aparente. Lo vio entrar el el bar y le disparó a quemarropa con una escopeta que había robado antes en un chalet. La reconstrucción de su vida es fruto de una minuciosa investigación a la que Riebenbauer dedicó casi diez años de su vida. Empezó siendo un veinteañero, en la década de 1990, y atribuye su tesón a la cabezonería familiar. «Soy hijo de austriaca», bromea.
Desde el principio, tras tener acceso a personajes clave de esta historia, como uno de los miembros del tribunal que lo condenó a muerte, su abogado civil o el cura que lo acompañó en sus últimas horas, esta investigación lo atrapó «como un cepo». Lo que iba descubriendo no se parecía a lo que los medios habían publicado en su momento. Había un montón de zonas grises. Y ya no pudo parar.
La pregunta fundamental en este caso es: ¿por qué Georg Welzel y no otro preso común? ¿Por qué lo eligieron precisamente a él para desempeñar aquel trágico papel de comparsa? «Josiah Tink Thompson hace una reflexión fascinante en El hombre del paraguas (2011), el documental de Errol Morris sobre el asesinato de Kennedy. Dice que cuando cerramos el foco y observamos las cosas a través del microscopio empezamos a ver cosas alucinantes. Pero las cosas, en realidad, son menos complicadas. El caso de Welzel parece a veces una historia de espionaje. Otras, que había algún tipo de relación turbia con las camareras del camping y que eso precipitó el crimen. O incluso que hubo un montaje del Estado para achacarle otro ataque en el puerto de Barcelona [donde disparó contra otro guardia civil, que sobrevivió]. En realidad, todo fue mucho más sencillo».
Raúl Riebenbauer, autor del libro ‘El silencio de Georg’. ESTRELLA JOVER
“¿A este? Pues este”
Riebenbauer tuvo la oportunidad de hablar con uno de los miembros del Consejo de Ministros que ratificó la pena de muerte y su explicación fue muy clara: «¿Vamos a ejecutar a Puig Antich solo? Es mejor dentro de una relación. ¿A quién tenemos por aquí? ¿A este? Pues este». Fue así de sencillo. «Eso es lo terrible de la pena de muerte», afirma Riebenbauer. «Podía haber pasado 15 años en la cárcel, pero la pena capital administrada a sangre fría por el Estado es irreversible, no hay marcha atrás».
Aquel ministro, que ante el autor «reconoció humanidad, reconoció sus dudas y hasta que no tuvo valor», insistió en mantener su anonimato como condición previa para hablar. «Traté de que en esta nueva edición figurara su nombre. Lo he intentado. Pero no ha sido posible y yo lo respeto», confiesa Riebenbauer, que no grabó aquella entrevista y que adoptó la misma precaución con las anotaciones que tomó durante aquel encuentro: nunca escribió en ellas el nombre del ministro. «Lo hice así para que nadie pudiera revelar su identidad si a mí me daba algún achaque y alguien encontraba esas notas después de publicar el libro».
El autor de El silencio de Georg compara a su protagonista con el Meursault de El extranjero. El personaje de Albert Camus acaba en el patíbulo tras una serie de encuentros desafortunados y decisiones incoherentes. Georg Welzel/Heinz Ches siguió ese mismo camino. «Yo leí ese libro cuando estaba ya en una fase avanzada de la investigación y pensé que era la misma historia. Tal cual. Es la historia de alguien al que los avatares del destino, y desde luego sus equivocaciones, le van llevando a un callejón cada vez más estrecho hasta que ya no tiene salida».
«¿Qué hubiera pasado si quienes lo juzgaron hubieran sabido que ese hombre se pasó su juventud en prisiones de la Stasi por tratar de escapar del comunismo? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sabido que lo persiguieron a él y a su familia, que tuvo un intento de suicidio, que su hermano Peter vio truncada su carrera como militar, que su madre sufrió desgarros emocionales constantes porque aquel chaval estaba obsesionado por la libertad y por cruzar a la otra Alemania?», se pregunta Riebenbauer.
Quienes asistieron a su ejecución (y algunos funcionarios tuvieron que hacerlo por obligación) quedaron marcados de por vida. La llevó a cabo un verdugo sin experiencia de forma chapucera y espeluznante. «En 1974 aún se ejecutaba en España con el garrote vil, un método medieval, y en el caso de Georg fue puesto en práctica de una forma tan negligente que multiplicaba por mil los horrores de la pena de muerte». Contar los detalles de aquel suceso colocaron a Raúl Riebenbauer ante un dilema ético. «Por varias razones –explica–. Primero, porque me parecía desgarrador para quienes estuvieron allí. La escena fue tan fuerte que luego, cuando por fin conocí los detalles, entendí la negativa de tanta gente a hablar. ¿Cómo se sigue viviendo después de haber estado en aquella sala? Y el otro gran dilema era qué lenguaje utilizar para evitar la pornografía. Traté por todos los medios de esquivar el sensacionalismo, que fue el tono utilizado por El Caso cuando dio la noticia, esa tendencia a ahondar en los detalles más sórdidos, y que también podemos ver hoy en programas de Telecinco o La Sexta».
El libro, en cualquier caso, es una historia personal, no una crónica periodística. Así lo confiesa su autor, que reconoce una ausencia sensible en el relato: la del testimonio de los familiares del agente Antonio Torralbo, el guardia civil de 26 años al que Welzel asesinó en el camping de Tarragona. «Ese es claramente un vacío que hay en esta búsqueda», reconoce. «Es difícil de explicar cuál acabó siendo mi relación con el hombre cuya identidad estaba reconstruyendo. La testigo esencial del caso [la holandesa Jeannette van Hoorn, camarera del camping] me confirmó cómo fue el crimen y me dijo claramente: “El día que aceptes que Georg fue un asesino, empezarás a dejar atrás esta historia y, quizá entonces, podrás empezar a saber qué es lo que haces tú en ella”. En el libro le cuento al lector que he traspasado las líneas rojas que no se deben traspasar como periodista. Estas líneas no son absolutas ni funcionan igual en todos los casos, pero admito que las traspasé».
Riebenbauer narra en su relato, de forma desnuda, cómo la historia de Heinz Ches lo atrapa «por las entrañas» y acaba nublando su objetividad. «La identificación con el objeto de mi investigación y el deseo de que aquel hombre fuera inocente me hizo caer en una injusticia –acepta–. No era inocente. Mató, y lo hizo de una manera inexplicable, e intentó matar a otro agente. Ya no podía ser una historia sobre la restitución de una identidad, una búsqueda por la limpieza y la inocencia. Pero en el curso de la investigación yo lo creía así, y me sentía incapaz de hablar con la familia de Antonio Torralbo. Aún hoy no sabría decir por qué, pero no podía. En el libro lo cuento todo con honestidad, también esta parcialidad. Me gustaría saludar a la familia de Torralbo, pero no lo hice entonces y no sé si hoy tiene sentido».
Prueba guardada en el sumario: el proyectil disparado contra el guardia civil Jesús Martínez Díaz en el puerto de Barcelona el 13 de diciembre de 1972. Welzel, que se declaró culpable del asesinato del camping de Tarragona, siempre negó su autoría en este otro ataque. LA VORÁGINE
Su obsesiva búsqueda por saber quién era el hombre que se escondía tras el nombre de Heinz Ches le llevó a entrevistarse con muchos de los implicados en el caso: testigos, jueces, funcionarios, incluso con la propia familia de Georg Welzel en Alemania. De todos ellos, quizás el que sale peor parado en esta historia de deshumanidad y ñapas procesales es el abogado civil que se hizo cargo de su defensa, Jordi Salvà Cortés.
Riebenbauer asegura que no era su intención hacer un retrato cruel, «no tenía una animadversión especial contra él», pero la desidia que exhibió durante la instrucción y su pasotismo posterior lo hicieron inevitable. «Mantuve varias conversaciones con Salvà y estas se fueron endureciendo conforme iba avanzando en la investigación, porque vi que había varias cosas que podría haber hecho y no hizo». De haber actuado con más profesionalidad, quizás Georg Welzel hubiera escapado a la pena de muerte. «Y había algo que me irritaba mucho y es que siguiera yendo a las facultades de Derecho, que siguiera dando conferencias y escribiendo artículos como atribuyéndose un mérito».
Tiempo después el azar quiso que Salvà y Riebenbauer volvieran a encontrarse de forma fortuita en las calles de Tarragona. «La memoria es un poco creativa pero creo recordar que al despedirnos me dijo: ‘Quizás tenías razón. Quizás no hice todo lo que pude’. Cuando lo dejé yo estaba temblando. Era una sensación de alivio pero también de pena. Porque Salvà, en el fondo, también fue víctima de las circunstancias del momento».
‘La torna’ de Els Joglars y el giro de Boadella
Una torna, en catalán, podría traducirse como «un complemento» o «un añadido». Eso fue Heinz Ches, un complemento, podría decirse que casi un adorno, al castigo ejemplar que quería exhibir el régimen franquista ejecutando a Puig Antich. Albert Boadella tituló así, La torna, la obra en la que hablaba del proceso y ejecución de Heinz Ches y que le valió a él mismo ser encarcelado y pasar por un consejo de guerra por injurias al Ejército. Es sabido que Boadella, que no tenía ninguna intención de convertirse en mártir, huyó de la cárcel y escapó a Francia en 1978.
La escena que despertó la ira de los militares fue la que representaba la deliberación del caso. Se basaba en la pura realidad: aquellos hombres de uniforme encargaron una paella y vino de rioja en un restaurante cercano para sentarse a discutir sobre la vida y la muerte de Welzel, con el resultado ya conocido. Consideraron una «injuria» verse representados por El Joglars como patriotas borrachos y vocingleros.
Para su libro, Raúl Riebenbauer habló también con Boadella y el suyo fue un encuentro cálido y amistoso. El dramaturgo se interesó vivamente por el progreso de la investigación e incluso incluyó los descubrimientos de Riebenbauer en una nueva versión de la obra, titulada La torna de la torna y estrenada en Reus en 2005.
¿Le sorprende a Riebenbauer la deriva ideológica que hoy ha tomado Boadella? «Totalmente. Cuando nos conocimos me trató con mucho cariño y con mucho respeto. El ya vivía su fractura con Catalunya pero todavía no había ahondado en su proceso de derechización. Ahora me siento muy alejado de él. Hace poco, por curiosidad, leí algunos tuits suyos y me pareció que estamos en lugares muy diferentes de la realidad. No puedo sentir afecto por su ideología ni por su manera de vivir».
Hay otra cosa que molesta a Riebenbauer y que, de alguna manera, define la personalidad de Boadella: su empeño por que se reconociera como propia y única la autoría de La torna. «Aunque él dirigía Els Joglars y era la figura esencial, está claro que el proceso de creación fue colectivo. Y así lo sostienen el resto de miembros de Els Joglars».
«Le estoy muy agradecido al Albert con el que tuve conversaciones tan íntimas. Incluso me confesó que sospechaba que a su hermano lo asesinaron porque lo confundieron con él. Él quedó muy marcado por el caso de Heinz Ches y se entusiasmó con mi trabajo. Pero el Albert que leo ahora, con sus expresiones cada vez más reaccionarias, está muy lejos de mí», se lamenta el autor.
Quedar marcado
Tampoco Riebenbauer salió indemne de esta historia. Se había metido tan profundamente en ella que en una de sus visitas al Gobierno Militar de Barcelona para consultar el sumario de Georg Welzel vio que habían cosido un añadido al final. Era su propio historial, con sus peticiones y sus visitas al archivo. Estaba, literalmente, «cosido a él».
Con toda la documentación recabada pretendió hacer un documental. Hay que señalar que Riebenbauer tiene una larga experiencia en este campo y que fue premiado en varios festivales por su película La sombra del iceberg (2007), en la que investigaba la figura del miliciano muerto durante la Guerra Civil en la célebre foto de Robert Capa. Con el caso de Heinz Ches no tuvo tanta suerte. Denuncia que la productora Malvarrosa se apropió de todo su trabajo y lo expulsó del proyecto. Aquello, según Riebenbauer, le produjo una profunda depresión.
Si consiguió salir de aquel pozo fue gracias al apoyo y la generosidad de dos personas relacionadas con su historia: Francesc Escribano, el autor de Compte enrere, el libro que reconstruye las horas finales de Salvador Puig Antich, y la propia hermana de este, Carme.
Carme Puig Antich lleva 47 años batallando con la justicia para que se anule la sentencia de su hermano y se reconozcan las irregularidades que hubo durante el proceso. Entre ellas destacan la desaparición de las pruebas de balística y la cuestionable autopsia del policía al que supuestamente mató Salvador, que no se realizó en el Instituto Anatómico Forense sino en una comisaría. Durante todos estos años no ha parado de denunciar «la farsa» de juicio al que fue sometido su hermano. Pero no se ha encerrado ahí. Apoyó a Riebenbauer en su propia investigación, lo ayudó a salir de su depresión, lo animó a escribir este libro y sigue cerca de él hoy, acudiendo como invitada a las presentaciones.
Carme sigue luchando para restituir la memoria de su hermano. No se da por vencida a pesar de su profundo pesimismo respecto al sistema judicial español. Simplemente hace lo que, por obligación moral, cree que debe hacer.
En un momento del libro, Raúl Riebenbauer cuenta su conversación con Walter Haubrich, corresponsal del Frankfurter Allgemeine que cubrió la noticia de la ejecución de Georg Welzel. En ella le pregunta: «Oye, Walter, con raíces como estas, ¿crees que este país podrá recuperar la memoria? ¿Nos dejarán?». ¿Cómo contestaría el propio Raúl a esta pregunta?
«Yo creo que no. No nos dejarán. Hay una conexión clarísima entre el país en el que vivimos y la dictadura de la que procedemos», responde Riebenbauer. «Para empezar, en la figura del propio monarca, que accede a la jefatura del Estado gracias al dictador. Querrán separar al ciudadano Felipe de aquellas raíces, pero ahí están. Además, la ley de amnistía permitió que todo lo que ocurrió haya sido borrado y perdonado. Y también ha habido un gran conformismo desde una parte de la izquierda… aunque no tengo muy claro que al Partido Socialista se le pueda llamar izquierda. La cita de José María Mendiluce con la que abro el libro [y que pertenece a un artículo publicado en El País en 2001] sigue valiendo para hoy».
La cita es: «Y para evitar que se confundiera la memoria con el resentimiento o los deseos de venganza, se perdonó hasta el recuerdo, renunciando a una imprescindible pedagogía democrática».
