lunes, 15 de junio de 2020

Vargas Llosa : Esa irrestible compulsión de mentir


 Vargas Llosa : Esa irrestible compulsión de mentir

Atilio Boron

Ya nos parecía extraño que Mario Vargas Llosa permaneciera en silencio ante las calamidades de la pandemia. Sobre todo las sufridas en sus dos países, el de origen, Perú, y el de su adopción, España. Allí se refugió después de haber sido repudiado por sus compatriotas hace exactamente treinta años –un 10 de Junio de 1990- tras su humillante derrota a manos de Alberto Fujimori en la elección presidencial de ese año.
Como era previsible aprovechó la ocasión de esta plaga para dar a conocer otra de sus tantas mentiras que parecen verdades -arte maligno del cual es un refinadísimo cultor- para alabar al gobierno de su amigo Luis Lacalle Pou ( Uruguay ) que, según el escritor, decidió combatir al Covid-19 apelando a “la responsabilidad de los ciudadanos” y declarando “que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos, porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe.”
Quien lea estas líneas comprobará que su indudable talento como escritor es tan grande como su ignorancia en materia de economía y estadística. También que su resentimiento contra la izquierda exacerba este defecto y lo induce a extraer conclusiones que se desmoronan como un castillo de naipes ante la más suave brisa. Aplaude el hecho de que en Uruguay sólo se registren 23 muertos a causa del coronavirus, pero insólitamente le atribuye ese mérito a un presidente que asumió pocos días antes del estallido de la pandemia.
Su obcecación lo mueve a desconocer que antes de la presidencia de su amigo Lacalle Pou hubo quince años de gobierno del Frente Amplio (al que descalifica por sus “equivocaciones notables en política económica” aunque reconoce que se respetó “la libertad de expresión y las elecciones libres”) durante los cuales la salud pública fue una de las prioridades de la gestión del médico Tabaré Vázquez, durante diez años, así como durante el interregno de José Mujica. Fue esto: la fuerte presencia del estado en el terreno de la sanidad y no las palabras huecas e insulsas de Lacalle Pou lo que protegió al pueblo uruguayo de la pandemia.
A contrapelo de las políticas de la izquierda en Uruguay, en sus patrias de nacimiento y adopción el desastre producido por las ideas que Vargas Llosa publicita con tanto fervor es estremecedor. Con más de 6 mil muertos Perú figura en el 21º lugar en la lista de 215 estados y territorios compilados por la Organización Mundial de la Salud. España ocupa el 6º lugar en el ranking gracias a las 27.136 víctimas del Covid-19 condenadas por las “políticas de austeridad” de los sucesivos gobiernos neoliberales que asolaron a ese país. Otros gobiernos admirados por el escritor: el de Ecuador con sus 3.900 muertos se coloca en el puesto número 17 mientras que el 2º está reservado para el Brasil de Jair Bolsonaro con un saldo luctuoso de 42 mil muertos.
Pero la medición del impacto de la pandemia y la eficacia de las políticas gubernamentales se muestran de modo más nítido si se controla el número de muertos por millón de habitantes. Bélgica, uno de los portaestandartes de la reacción neoliberal, registra 831muertos por millón de habitantes y el Reino Unido de su admirado Boris Johnson tiene un índicede 606/millón y un poco más abajo, en el sexto lugar, encontramos a España, con 580 muertos por millón de habitantes. Ecuador con 209, Brasil con 182 y Perú con 174 continúan en el pelotón de la vanguardia. Como se puede apreciar, todos países con gobiernos fieles a los cánones del neoliberalismo.
Mucho más abajo en ese ranking necrológico está el Uruguay, con 7 muertos por millón, una performance notable, sin duda, igual a la que exhibe Japón. Pero mucho más meritorio es que esa misma cifra sea la que tiene Cuba, tan denostada por el hechicero neoliberal. Igual que Uruguay y el Japón pero sin que ninguno de estos dos países sufra la asfixia de un encarnizado bloqueo que se extiende a lo largo de sesenta años, que los maleantes que gobiernan EEUU sólo atinaron a endurecer aún más en el medio de la pandemia.
Implacable crítico de Alberto Fernández –“lamentaremos la derrota de Macri”, dijo el escritor poco después de la victoria del candidato del Frente de Todos- y los gobiernos “populistas” de la Argentina, Vargas Llosa debería saber que con sus 717 víctimas de la plaga este país exhibe una tasa de letalidad de 16 muertos por millón de habitantes, lejos, muy lejos de los valores que registran España y Perú, inclusive de EEUU con sus 348 por millón. Y que en el país que gobierna su amigo Sebastián Piñera, este índice es ocho veces mayor que el de la Argentina. En efecto, en el más antiguo experimento neoliberal de América Latina y en donde la privatización de la salud ha sido llevada a sus extremos durante casi medio siglo el índice llega a 130 por millón.
Conclusión: la pandemia exige para su control una fuerte presencia del estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía, responsables indirectos de políticas que sólo en los EEUU produjeron más de 115.000 muertos. Afiebrados delirios que contrastan con los sobrios números de Cuba, Uruguay, China, Vietnam y Venezuela.
Sí, la bloqueada república bolivariana que, como el Uruguay, también tuvo apenas 23 muertos por el Covid-19. Sólo que cuando se estandariza esta medida por millón de habitantes, la tasa en ese país no alcanza siquiera al 1 por millón, contra el muy plausible 7 del Uruguay. Pero todas estas cosas las calla el escritor, y no creo que sea porque desconozca algo tan elemental. Ha dado sobradas pruebas de que ignora las complejidades teóricas de la Economía Política y los fundamentos matemáticos de la Estadística. Pero cálculos tan simples como los que hemos expuesto más arriba están al alcance de cualquier persona que conozca las cuatro operaciones básicas de la aritmética.
Me niego a admitir que Vargas Llosa sea incapaz de tan elemental tarea. Pero su fanatismo lo lleva, una y otra vez, a mentir para defender una causa perdida. No parece haber caído en cuenta de que aparte de las cuantiosas pérdidas humanas el Covid-19 hizo algo más: descerrajarle el tiro de gracia al neoliberalismo como fórmula de gobernanza. ¡Game over! Y si no me cree que por favor se dedique a leer los diarios de la mal llamada “comunidad financiera internacional” (en realidad una tropa de truhanes y bandidos de “cuello blanco”) que allí le explicarán con pelos y señales sus planes para el mundo que amanecerá cuando la pandemia haya sido controlada. Y en ese mundo el neoliberalismo se convirtió en una mala palabra que, si se la pronuncia, se lo hace en voz baja y mirando de reojo a los costados.


domingo, 14 de junio de 2020

La paradoja negra.

La paradoja negra.

Alcira Argumedo
En el siglo XVI, la Reforma Protestante cuestionó todos y cada uno de los postulados católicos, menos el derecho a someter a una esclavitud indefinida a los negros africanos


El asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, ha sido la última manifestación del racismo endémico que afecta a la cultura occidental dominante -la cultura de las clases dominantes del Occidente central- desde sus orígenes en las invasiones germanas del siglo V: francos, alamanes, anglos, sajones, visigodos y otros, que son sus ancestros. Desde la devastación y el saqueo de Roma o Rávena, hasta las guerras del Eje del Mal en el siglo XXI, con sus millones de muertes, mutilados y refugiados -víctimas además de la destrucción de culturas milenarias que nacieron en la mítica Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates- han pasado más de 1.500 años.
Un recorrido por la historia de ese largo período, puede dar cuenta de la reiteración de esas conductas contra los pueblos y las culturas dominadas, que en Nuestra América sufrieron las poblaciones precolombinas. Baste mencionar que en el primer siglo de la conquista murió el 90% de los habitantes originarios, debido a guerras, pestes, explotación, hambrunas, quiebra de los equilibrios ecológico-sociales de las principales civilizaciones; y también a causa de la tristeza ante el derrumbe de sus mundos. Quinientos años más tarde, después de atravesar demasiadas experiencias dolorosas, conocimos la ola sincrónica de dictaduras genocidas.
No obstante, tal vez la historia más dura y paradojal de esa cultura occidental dominante, ha sido su relación con los pueblos negros africanos. Convencidos de que portaban una inferioridad congénita, desde su tradicional soberbia civilizatoria, en junio de 1452 la Bula Papal de Nicolás V dirigida al rey Alfonso de Portugal, le autorizaba a conquistar a sarracenos y paganos -árabes que aún dominaban la península ibérica y negros africanos- y someterlos a una esclavitud indefinida.
Tomando la idea aristotélica acerca de la existencia de "siervos por naturaleza", en tanto esos seres carecían de alma humana, esta definición también laica, legitimó a partir de entonces la caza y trata de esclavos en el África Occidental. En el siglo XVI, la Reforma Protestante cuestionó todos y cada uno de los postulados católicos, menos el derecho a someter a una esclavitud indefinida a los negros africanos. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II viajó al África, besó el suelo y pidió perdón por esa historia.

El momento del asesinato de George Floyd. 

La persistencia de esas ideas de inferioridad congénita, sería una constante que llevó a ignorar o encubrir el papel de las culturas negras en la historia. No por casualidad, ese papel recién comenzará a ser reconocido por las ciencias occidentales a partir de fines de la década de 1960, luego de la descolonización del África Subsahariana. Francia permitía que algunos jóvenes de las colonias fueran a estudiar a la Sorbona con el fin de crear una elite simpatizante de la metrópolis. Entre ellos, el senegalés Cheik Anta Diop aprobó tres tesis de Doctorado: en Física Atómica, en Biología y en Historia. En la cuarta tesis presentada, demostraba que la cultura del Alto Egipto, que data de 3.500 años antes de Cristo, era negra.
Aceptar que la cultura del Alto Egipto, considerada madre de la cultura griega y ésta a su vez madre de la cultura occidental, era negra, fue demasiado para la Sorbona: obviamente, la rechazaron. Durante casi diez años, sus investigaciones y conocimientos de biología le permitieron demostrar, por los cabellos y otros rasgos de las momias, que era negra; y finalmente la Academia occidental debió aceptarlo. Pero además se demostró que todos tenemos ancestros negros: la ciencia occidental también debió aceptar que el Homo Sapiens, origen de la raza humana, nació en África y desde allí se fue expandiendo por los distintos continentes. Así que nuestros abuelitos o abuelitas, más cercanos o más lejanos, fueron negros.
Otro mito occidental fue el de sus avanzadas universidades desde el siglo XIII. En realidad, estaba mucho más avanzada en sus conocimientos la Universidad de Timbuktu en el Imperio Mandinga de Mali. Con una marcada influencia islámica -que en su expansión había ido absorbiendo los aportes culturales de las más diversas civilizaciones, como la de India o Mesopotamia- a fines del siglo XIII, contaba con unos 25.000 estudiantes negros, la biblioteca más grande del mundo y una enciclopedia elaborada 500 años antes que la Enciclopedia de la Ilustración de 1751.
Entre otros aspectos, los doctores negros de Timbuktu hacían cesáreas y operaciones con anestesia; anestesia que recién será utilizada en Occidente a mediados del siglo XIX, 600 años más tarde. Lo cual permite poner en duda tanto la soberbia occidental como esa supuesta inferioridad congénita.
En contraste, la debilidad más dramática de los pueblos africanos fueron sus constantes guerras y enfrentamientos. La capacidad para manipular esos conflictos, aliándose con unas comunidades e incentivándolas a cazar como esclavos a sus rivales a cambio de armas, alcohol y otras vituallas, sería la perdición y decadencia de las culturas negras a partir de fines del siglo XIV.
Dividir para reinar fue la consigna dominante de Occidente; y, en la suerte trágica de esta raza -tres siglos de esclavitud y dos siglos más de colonialismo- se cumplió una vez más aquello del Martín Fierro: "Los hermanos sean unidos... pues si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera".
Página 12

 y ver ...https://www.sinpermiso.info/textos/eeuu-el-lenguaje-de-los-ignorados

sábado, 13 de junio de 2020

Código penal y libertad de expresión .

Código Penal y su aplicación por parte de los Tribunales: una amenaza a la libertad de expresión que urge corregir. 

Por Joan Barata .Jurista

En Europa, la libertad de expresión y la libertad de información están protegidas por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), que es el tratado insignia para la protección de los derechos humanos en el continente en el marco general del Consejo de Europa (CoE) Este artículo sigue la redacción y las disposiciones incluidas, en el derecho universal de los derechos humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y está en línea con los diferentes sistemas constitucionales y legales de Europa.

La primera cuestión fundamental que hay que destacar con relación a la protección de la libertad de expresión por parte del artículo 10 CEDH es su conexión directa con el principio democrático. La jurisprudencia del TEDH se ha ocupado de enfatizar especialmente el papel crucial que en la construcción y desarrollo de una sociedad plenamente democrática juega la libre circulación de ideas e informaciones, siendo pues un cometido inexcusable de las autoridades públicas su respeto y protección.

La libre expresión puede ser un instrumento de crítica política, de cuestionamiento de valores y principios sociales mayoritarios o incluso de turbación de quienes se ven expuestos a contenidos que resultan incómodos o incluso indeseados e impactantes. Es decir, la difusión de expresiones e informaciones puede suscitar fuertes sentimientos de rechazo.
En este contexto, el otorgamiento de protección especial a figuras públicas como los miembros de la Familia Real contraviene los estándares internacionales.
Dichas figuras públicas, por su propia naturaleza, están sujetas a un mayor grado de escrutinio por parte de la ciudadanía, los periodistas y los medios de comunicación, por lo que resulta inadecuado e injustificable otorgar un mayor grado de protección (penal o incluso civil) a los mismos.
Proceder de tal modo tiene un claro efecto de restricción e incluso intimidación a aquéllos que quieran difundir informaciones o simplemente expresar ideas, opiniones o pensamientos con relación a la Jefatura del Estado y sus familiares. Es evidente que, dada su posición de representatividad pública, pueden ser objeto de un mayor número de críticas, algunas de ellas incluso bastante exacerbadas, pero precisamente en la protección de dichas expresiones radica la esencia de una democracia pluralista en la que los poderes públicos son objeto de un adecuado grado de control y valoración por parte de la ciudadanía.
Es necesario recordar, en este sentido, una reciente sentencia del TEDH con relación a España, en la que el Tribunal ampara bajo la cláusula de la libertad de expresión, la quema pública de la imagen del Rey, descartando asimismo que ello pueda considerarse como discurso del odio.
En cuanto a la criminalización de la falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, hay que señalar que la redacción de este precepto es demasiado amplia y podría utilizarse en contra de quienes expresan públicamente opiniones críticas, negativas o incluso ofensivas contra el ejercicio de la autoridad.
Respecto a los delitos de terrorismo, el sistema penal español ha ido articulando un progresivo ensanchamiento de la fi gura de la apología, hasta llegar a criminalizar el simple enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo en casos de expresiones de solidaridad y adhesión ideológica a las que no se requiere ni capacidad instigadora, ni voluntad de incitar.
La experiencia española ha demostrado que el tipo penal últimamente referido puede utilizarse inadecuadamente para limitar formas críticas de discurso político, independientemente incluso de la existencia de un sentimiento de agravio por parte de los afectados.
El Relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha remarcado la necesidad de limitar la criminalización de expresiones a aquellos casos en los que exista un "mensaje destinado al público con la intención de incitar a la comisión de un delito de terrorismo, siempre que dicha conducta, propugne o no expresamente un delito de terrorismo, provoque un riesgo de que se cometan uno o más delitos de ese tipo."

Revisión por la ONU

El pasado 22 de enero se celebró en Ginebra el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a España y ya están disponibles las conclusiones del Grupo Trabajo con las recomendaciones que se hacen a nuestro país  que incluye una veintena de advertencias sobre libertad de expresión formuladas por otros Estados miembros, y que incluyen la modificación de los artículos del Código Penal que se han aplicado a Pablo Hasél.(1)
La PDLI y el resto de las organizaciones que elevaron ante la ONU las vulneraciones a la libertad de expresión en España (además de la PDLI: IPI, Article 19 y el ECMPF, entre otras) han instado al Gobierno español a recoger en su totalidad las veinte recomendaciones en esta materia realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas e impulsar las reformas legales necesarias.

jueves, 11 de junio de 2020

Los Borbones se independizan de España

Los Borbones se independizan de España

Tener una monarquía nos servía para dos cosas, le explicaron a mi generación en el colegio, en casa, en el telediario y demás espacios supuestamente libres de adoctrinamiento. La primera era unir a los españoles y la segunda, igual de importante, representarnos ante el mundo, ser nuestra imagen. Esto, claramente, compensaba: no es fácil encontrar a alguien capaz de unir un país mientras se maneja con soltura con el cuchillo del pescado en una cena internacional. Mi generación, la de los años 80, creció al tiempo que crecía una democracia ejemplar,surgida de una transición ejemplar, que tenía como pilar principal una monarquía que, adivinen, también era ejemplar. De lo más ejemplar, de hecho. Consulten la prensa del momento. Eran años dulces en los que todo lo que ahora sabemos no existía. Ni se le esperaba. Transición, democracia y monarquía eran todo uno. Un tridente letal. Bale, Benzema y Cristiano se quedaban cortos ante aquella conjunción. Años de gloria de una monarquía en luna de miel con el país. Es decir, en luna de miel con una prensa que aseguraba que era el país el que estaba en luna de miel con la monarquía. Una monarquía que inauguraba Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y Exposiciones Universales. Una monarquía cuyo altísimo nivel a la hora de unirnos y representarnos marcaba el nivel del listón de nuestra democracia. Que el nivel democrático del país fuese de la mano del nivel de nuestra monarquía supondría un problema que, con los años, iríamos descubriendo.


Junio de 2020. Ha pasado mucho desde aquellas ejemplares inauguraciones en plena luna de miel y han pasado tres meses desde que Felipe VI decidiese aprovechar el caos provocado por una pandemia mundial para limpiar los trapos sucios de su casa minimizando el ruido. Para anunciar, vía comunicado emitido con festividad, alevosía y pánico al contagio, la ruptura total con Juan Carlos I, su padre. Un padre acusado de, supuestamente, habérselo llevado tanto a diestra como a siniestra –es importante no posicionarse políticamente cuando eres monarca. Un Rey Juan Carlos que ejercía su labor de representarnos internacionalmente, en fin, a su manera. Representación con derecho a propina, lo podríamos llamar por ser benévolos y no hacer más sangre de la que ya ha hecho su propio hijo dejándolo caer. El Rey Juan Carlos, dicen, busca estos días un destino en el que retirarse y ese destino parece que no será España, país demasiado cercano a los hechos investigados. El Rey que mejor nos representó internacionalmente desde Suiza hasta Arabia –ejemplar, ejemplar, ejemplar– busca ahora solución habitacional en algún país en el que eso de la extradición se adapte a sus necesidades. Se habla de la República Dominicana. Como chiste final, que el gran embajador español acabe refugiándose en una república lejana, es insuperable.  
Caído el mito de la gran labor monárquica de la representación internacional, nos queda que la monarquía trabaja por la unión de los españoles. Un asunto que, en los últimos meses, también nos deja cierta inquietud. Y varias preguntas. ¿Dónde ha estado Felipe VI durante esta pandemia? ¿Por qué no se le ha visto trabajando, mano a mano, junto al Gobierno? ¿Por qué no ha dado uno de esos discursos institucionales –como aquel posterior al 1 de octubre en Cataluña– para reñir a esos políticos que han apostado por el enfrentamiento en un momento en el que, según sus propias palabras, nos poníamos a prueba como sociedad? Si fue capaz de meterse en política para enfrentarse a los líderes independentistas catalanes porque su actitud “ponía en peligro la convivencia”, ¿no debería haber hecho lo mismo, en nombre de la unidad de los españoles representados en su Gobierno, con quienes han incendiado la convivencia en toda España durante una crisis sanitaria, llegando incluso a insinuar golpes de Estado? Resulta de lo más extraño la actitud del Rey si nos creemos esa labor de pegamento social. No es tan extraño si asumimos que la monarquía española hace tiempo que se metió en política sin pasar por las urnas. Es fácil pedir la unidad de todos los españoles ante un atentado terrorista o durante un conflicto territorial en Cataluña, pero no lo es tanto cuando el conflicto es en Madrid, cuando pedir unidad durante una crisis sanitaria supone tumbar la estrategia política de quienes más y mejor gritan “Viva el Rey”. Es fácil para la monarquía española hablar de la necesidad de crear puestos de trabajo, pero parece no serlo hablar de la necesidad de que los españoles que han perdido su empleo puedan llenar la nevera. 
No seamos inocentes. La monarquía es una institución de derechas, con lógicas económicas de derechas y planteamientos sociales de derechas. Pero en el pacto social que nos hemos dado, a la monarquía se le piden discursos y actitudes que lo disimulen, que antepongan ante todo un concepto vacío como el de la unidad. ¿Ni siquiera de eso es capaz Felipe VI en un momento así? Si la actual monarquía española también se independiza de esa obligación con España, como su padre se independizó de la obligación de representarnos decentemente por el mundo, ¿qué hacemos con esta monarquía?

El Bobón

 


Las comisiones de Juan Carlos I por el Ave del Desierto las pagaremos entre todos

  Rebeca Quintáns
La situación de futuro de Renfe es crítica gracias a la operación del Ave del Desierto que Juan Carlos I negoció para llevarse una comisión
El desafecto por el modelo de jefatura del Estado que representa la figura de Juan Carlos I está en sus momentos más altos. Pero aún estará peor cuando se llegue a comprender del todo el coste para el conjunto de los españoles, afectos y desafectos, de sus chanchullos.

No es porque la Fiscalía del Tribunal Supremo haya abierto una investigación sobre sus actividades después de su abdicación, en 2014, ni porque vaya a clarificarnos nada. Hay muy poco que esperar de unos tribunales que sólo han actuado a remolque de los juzgados suizos, y que más parecen querer "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos, como la propia Fiscalía informaba en su comunicado al respecto; es decir, quitarle hierro al asunto.

Pero todo parece indicar que, tanto las investigaciones judiciales en Suiza, como las periodísticas en Inglaterra, Bélgica o Francia, van a continuar, completando la narración de de cómo se forjó y dónde se esconde la fortuna secreta de Juan Carlos I. Es un tema demasiado goloso para cualquier periodista de investigación, salvo que sea español... En ese caso la cuestión carece de interés, y casi que resulta comprensible, teniendo en cuenta la nula receptividad de las grandes empresas informativas de ámbito estatal por estos trabajos, que dejarán dormidos en un cajón para no hacer sangre en el ya malogrado prestigio de la Casa Real.

La prensa española sabe más de lo que dice, como Felipe. Pero se calla si puede algo que más pronto que tarde acabará saliendo a luz: que la comisión de 100 millones de dólares que la monarquía saudí pagó a Juan Carlos nos va a costar a todos un ojo de la cara. De hecho, según un cálculo moderado, no serán menos de 1.000 millones de euros. Veamos cómo:

En 2008, los saudíes pagaron a Juan Carlos 100 millones para que este “conseguidor” de lujo hiciese su magia con un descuento de varios cientos de millones en la construcción del Ave del Desierto, a cargo de un consorcio de empresas españolas. Esos 100 millones son los que investiga la fiscalía suiza. Fueron depositados en una cuenta del banco privado Mirabaud, correspondiente a una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que Juan Carlos era titular y en la que Felipe VI figuraba como heredero directo. De esa cuenta, Corinna Larsen recibió -en 2012, después de su salida de España, tras el escándalo de Botsuana-, una generosa "donación" de 65 millones de dólares, en una cuenta domiciliada en las Bahamas, por lo que también está siendo investigada en Suiza.

El abaratamiento impuesto al consorcio de 12 empresas en su presupuesto de obra no fue lo único que supuso algo más que una merma en sus beneficios: también tuvieron que pagar una comisión de entre un 2 y un 3% de la contrata (de 6.736 millones de euros), que se repartieron dos comisionistas al acecho: la profesional 'Madame' Zanganeh, encargada de corromper a las autoridades y funcionarios de Riad responsables de la adjudicación; y Juan Carlos I, encargado de poner el cazo porque sí, también ante los adjudicatarios. Todavía se sabe poco de esta parte de la historia, desvelada por Corinna en las famosas cintas del comisario Villarejo.

Con tanto recorte, en el momento de la adjudicación (en octubre de 2011), el consorcio español ya tenía que saber que las cuentas no cuadraban. En cuanto empezaron las obras el presupuesto comenzó a «desviarse», llegando a duplicarse lo establecido en algunos tramos.

A mayores, la chapucera planificación no tuvo en cuenta, entre otras cosas, las tormentas de arena del desierto, que dejaban enterrada las vías. Los retrasos en la entrega de la obra por esta causa llevaron incluso a que el régimen saudí amenazara al consorcio español con suspender la concesión en 2014, si no era capaz de cumplir los plazos establecidos en el contrato inicial. Después de muchas negociaciones el gobierno saudí aceptó en 2016 una primera ampliación en las obras de 14 meses y 150 millones de euros; y otra en mayo de 2018, que supuso otros cuatro meses de margen y 210 millones de euros adicionales. Pero no fue suficiente.

A finales de 2019 la tensión entre la parte contratante, el grupo público Saudi Railway Organization (SRO), y la contratada, el consorcio español Al Shoula, se disparó. Todavía había servicios que no se habían estrenado y un montón de problemas por resolver, por lo que los saudíes dejaron de pagar, y las empresas españolas se quejaban de la acumulación de facturas que empezaban a ver imposible cobrar. Después de que la empresa saudí dejara de abonar las últimas certificaciones por trabajos realizados, había unos 75 millones de euros en facturas vencidas.

Adivinen sobre cuál de las empresas del consorcio iban a recaer todas las perdidas: sí, sobre la parte pública, Renfe y Adif.

En febrero de este año, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado, que pertenece al Ministerio de Hacienda) reveló que el "margen negativo" de Renfe de 2012 a 2018 en Arabia Saudí debido a sobrecostes y otros imprevistos ascendía a 150 millones. En la construcción de los talleres, por ejemplo, Hacienda indicaba que, «tras las modificaciones habidas», el sobrecoste había subido un 56%; o, lo que es lo mismo, que se había maquillado el presupuesto inicial con una «rebaja» del 44% para conseguir el contrato, y al final el coste adicional lo iba a pagar la empresa pública.

Todo parece indicar que Renfe sabía que perdería dinero desde el minuto uno, al presentar una oferta en el apartado de los talleres inferior al presupuesto consignado por la propia Renfe en este capítulo, en el informe elaborado por su departamento de Fabricación y Mantenimiento.

Aparte de las pérdidas en las obras, la empresa pública es también la encargada de operar el servicio en los próximos 12 años, una responsabilidad que asumió por contrato con los saudíes con unas previsiones falseadas. El proyecto inicial estimaba la disparatada cifra de 60 millones de usuarios al año, que tuvo que ser revisada en 2018 por la consultora de Países Bajos Royal Haskoning y ahora las previsiones no apuntan a más de 20 millones.

No habrá un acuerdo para que los 12 miembros del consorcio español asuman de forma solidaria las pérdidas que se produzcan en la explotación del servicio. La constructora OHL -de Villar Mir, amigo íntimo de Juan Carlos, hoy ya retirado y reemplazado por su yerno, el compiyogui de Felipe VI, López Madrid- aduce que ellos ya han cumplido con su parte del trabajo y se lavan las manos. No han sido capaces de dar una solución técnica para evitar que la arena se siga depositando en las vías y le pasan el muerto a Adif y Renfe al entender que son ellos los que deberán asumir el coste de mantenerlas limpias.

La situación de futuro de Renfe es crítica gracias a la operación del Ave del Desierto que Juan Carlos I negoció por debajo de su presupuesto real para llevarse una comisión, y que sus amigos se encargaron de construir chapuceramente a cambio de otra comisión. Las pérdidas esperadas a medio plazo se calculan, en el escenario más optimista, en unos 1.000 millones de euros, una «derrama» que iremos pagando todos a través de nuestros impuestos.
Fuente .
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/las-comisiones-de-juan-carlos
 Y VER  ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=S6VcZidg66Q&feature=emb_logo

 FUENTE ..
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/pablo-hasel-y-la-demolicion


miércoles, 10 de junio de 2020

El Pacto Molotov-Ribbentrop y sus Protocolos secretos


 El Pacto Molotov-Ribbentrop y sus Protocolos secretos

 Harold Bertot Triana 


Fuentes: La Cosa
Como ha expuesto Tony Judt, en su fundamental “Postwar: A History of Europe Since 1945”, entre los motivos de los primeros movimientos de revueltas en la región del Báltico a finales de la década de los 80, estuvieron aquellos que pusieron el foco en el aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop firmado entre Stalin y Hitler en 1939[1], que fue seguido de la anexión de los tres Estados del Báltico.
En 1989 ante el Segundo Congreso de Diputados Popular de la URSS, Alexandr Yákovlev, quien para algunos fue el “ideológo de la perestroika”, presentaría los resultados de una investigación realizada por la “Comisión para la evaluación política y jurídica del Pacto germanosoviético de no agresión de 1939”.
Se ha destacado que conllevó el primer reconocimiento oficial de la existencia de un Protocolo secreto adicional al Pacto. Éste dibujaría el reparto en zonas de influencia el mapa de Europa del Este, en un momento en que la historiografía soviética no había hecho nunca mención del referido protocolo secreto.[2] Sobre la base del Pacto hecho público es que la historiografía soviética defendió su importancia: logró retrasar la agresión, provocó la división en el bloque fascista, entre otras tantas valoraciones.[3]
Sin embargo, es cierto que la historia se torna un campo de batalla que muchas veces contiene la legitimación del presente en esa suerte de corsi et ricorsi entre fuerzas o poderes internacionales en pugna. En tiempos en que el presidente ruso Vladimir Plutin asume reencarnar la imagen de los hombres fuertes que forjaron esa gran nación y la mantuvieron en los tiempos difíciles, con un reposicionamiento de Rusia en los vaines geopolíticos actuales, no resulta ingenuo que la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en 2006 aprobara una resolución condenando las “crímenes de los regímenes comunistas totalitarios” y en 2009 la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprobara en 2009 otra resolución equiparando el régimen nazi con el régimen de Stalin.[4]
En ese marco se creó en 2007 una comisión presidencial en Rusia para contrarrestar lo que entendía como la “falsificación de la historia en detrimento de los intereses de Rusia” y para el monitoreo de las publicaciones históricas de este período.[5] Como nos relata David Wedgwood Benn en su artículo “Russian historians defend the Molotov–Ribbentrop Pact”, aparecen en este contexto dos títulos publicados en Rusia con una defensa del Pacto y que, en verdad, echan por tierra todo el esfuerzo realizado a principios de los 90 de ubicar en su justo lugar el papel de aquel tratado en la historia de la Unión Soviética.[6]
En términos generales, estos caminos enrevesados de las interpretaciones históricas, con mucha utilidad para los tiempos presentes, hace que sea difícil para algunos aceptar -no son muy pocos- que los soviéticos funcionaron en muchos momentos, parafraseando a Raúl Roa, con la “política del disparo en la nuca”.
Existen hechos, muchos ya reconocidos y excusados, como la matanza de Katyn -que la Duma Estatal de Rusia reprobó en 2010 y que están investigados profundamente, entre otros, en el libro de Grover C.Furr, titulado “The Mystery of the Katyn Massacre: The Evidence, the Solution”[7] o en el libro de Anna M. Cienciala y de Wojciech Materski, “Katyn: a crime without punishment”[8], o los pillajes acontecidos con la toma de Berlín por las tropas soviéticas -como ha descrito Anthony Beevor en “Berlín: la caída, 1945”[9]-, o la posible masacre de Memmersdor[10] como se ha dado testimonio en el libro “The War of Our Childhood: Memories of World War II”.
En todo caso, y por otra parte, esa bibliografía en nada puede aminorar, en un balance histórico apegado a los hechos, la enorme contribución soviética en la derrota del nazismo, posiblemente la mayor que se hizo en esos momentos tan cruciales para la historia de la humanidad.
Para el juzgador del relato de los hechos relacionados con el Pacto Molotov-Ribbentrop y con sus protocolos secretos —que nunca es “aséptico”—, se le puede identificar al menos con dos espejuelos históricos: uno que valorará el Pacto desde la ética, desde los visión de los pueblos, desde las consecuencias nefastas para la humanidad y para los movimientos comunistas -tal vez ahí se pueda ubicar parte la opinión de Fidel Castro sobre el Pacto-[11]; y otro que valorará los hechos desde la geopolítica, de la potencia que jugó con las mismas armas y se ubicó en los marcos de un “expansionismo imperialista”, o, parafraseando también a Armando Hart, de una política exterior que minó con conceptos “geopolíticos” el “internacionalismo proletario”.
En todo caso, y en los marcos de esta suerte de realpolitik, cabe preguntarse, no obstante, el por qué de una alianza con los fascistas alemanes y no con aliados en un mundo tan convulso que avanzaba entre posicionamientos estratégicos con el ascenso del nazismo en Europa. ¿Fue realmente posible una alianza con occidente y no con los nazis? ¿Fue en todo caso “necesario” el Pacto dentro de este esquema geopolítico? ¿Pudo en verdad la Unión Soviética sacar alguna ventaja estratégica?
No creo que sobre estos hechos se puedan tener todas las certezas posibles ni que se pueda responder a todas estas preguntas sin que siempre queden lados flacos.
Al menos -y concéntrandonos solamente en esta suerte de realpolitik que se discute, no desde otro punto de vista, de inicio totalmente reprobable-, intentaré una reconstrucción de los hechos que tome en perspectiva las voces de los protagonistas de la época, de los que tomaron las decisiones más importantes en estos complejos escenarios y que engrosan la literatura historiográfica no soviética más seria que se pudiera consultar. Entre ellas, aquellas compuestas por los estadistas y militares más relevantes de la época, de los que por la cercanía con los hechos pudieron tomarle el pulso de los acontecimientos que se sucedían en tiempo real  ..
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martes, 9 de junio de 2020

Atizando al feminismo .Contrainforme del 8M .




Contrainforme del 8M: atizando al feminismo para ocultar el horror en las residencias



Fuentes: InfolIbre

Reconozco que no me he atrevido. Tenía previsto escribir desde el puro sarcasmo después de soportar un día tras otro esa broma macabra con la que los cerebros del despiste y la provocación política, primos hermanos de los sospechosos habituales que vienen manejando las cloacas del Estado desde hace décadas, han conseguido una vez más ocupar el debate público, marcar la agenda política y judicial, la apertura de los telediarios y los titulares de la mayoría de los medios. Pero me resulta imposible tomarme a chufla ese ofensivo disparate que relaciona incluso penalmente las manifestaciones del 8 de marzo con la expansión del covid en España.
Había pensado hacer una especie de confesión definitiva, un anexo a incorporar a esos delirantes informes realizados por agentes de la Guardia Civil, relatando las conclusiones “lógicas” que pueden extraerse de la acusación sobre la que se basa esa ¿investigación? que dirige la jueza Rodríguez-Medel: el Gobierno, perfectamente consciente de que en Madrid había estallado el contagio descontrolado del coronavirus, decidió a través de su delegado en la comunidad autorizar la manifestación del 8M.
Por resumir: si alguien en sus cabales da la más mínima verosimilitud a esa especie, debería entonces continuar el razonamiento hasta el final. Está claro que Pedro Sánchez quería acabar con su matrimonio, al permitir que su pareja, Begoña Gómez, participara en la manifestación. Y es obvio que planeaba liquidar además a la mitad de su gobierno, empezando por sus vicepresidentas Carmen Calvo o Nadia Calviño, y siguiendo por la ministra de Educación o el nunca suficientemente apaleado Fernando Grande-Marlaska, salvo que todos ellos manejaran también la información exacta sobre la posibilidad de contagiarse, y en ese caso habría que pensar que habrían decidido formar una especie de secta suicida dispuesta a autodestruirse en la conmemoración del 8 de marzo. En una demostración máxima de entendimiento en la coalición, también ministras de Unidas Podemos, empezando por Irene Montero, se mostraron decididas a jugarse la vida unos metros más allá de la pancarta de las socialistas. (Una decisión corroborada “documentalmente” por el vídeo de un off the record posterior de la ministra de Igualdad en el que reconoce, ¡oh, cielos!, que seguramente este año no fue tanta gente a las manifestaciones a causa de la preocupación por el virus). Por algo el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el doctor Raboso, sostiene que las marchas feministas “convirtieron a España en una bomba epidemiológica” que provocó “una hecatombe” (ver aquí). A la que contribuyeron también, por cierto, dirigentes del PP como Cuca Gamarra o María del Mar Blanco (ver aquí). No fue el caso de Ana Pastor, médica de formación, expresidenta del Congreso y actual diputada, que teniendo síntomas gripales compatibles con los del virus (como se confirmó a los pocos días) no acudió a la marcha ni avisó a sus contactos, a quienes por las mismas fechas abrazaba y besaba con el mismo afecto que Ortega Smith a sus compañeros de Vox en Vistalegre (lean a Esther Palomera en eldiario.es).
¿Y qué me dice, señoría, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tan sereno y afectuoso en apariencia, tan creíble aunque sólo fuera porque no le nombró este gobierno social-comunista sino el mismísimo Mariano Rajoy (ver aquí)? Pues ahí donde lo ve y sabiendo desde muchos días antes que Madrid era una “fiesta del virus” dejó acudir a la manifestación del 8M ¡a su propio hijo!, en un acto por el que convendría abrir una pieza separada de esta causa por presunto filicidio.
Habría concluido esa disparatada narración con una confesión íntima a la que ya me referí en estas páginas (ver aquí): yo mismo acudí a la manifestación del 8M. Después de casi cuatro décadas ejerciendo el periodismo, buena parte de ellas en el territorio de la política, no he sido capaz de disponer de fuentes, aunque sólo fuera una, que me advirtiera del infierno en el que me metía junto a un numeroso grupo de amigas y amigos, en el que había escritoras, actrices, una célebre guionista, un alto cargo de la cultura, una editora reconocida, una cantante de éxito, una pianista de prestigio… ¡hasta una experimentada enfermera de León caminaba a mi lado, por dios! No nos lo perdonaremos nunca, y eso que nos pasaba lo mismo que confesó Irene Montero en la confianza de ese off the record pisoteado indecentemente por ABC: estábamos muy preocupados por el coronavirus, hasta el punto de procurar no tocarnos ni abrazarnos ni besarnos…
Pero no. Aunque hay corresponsales que observan alucinados el hecho de que este país gire en torno a una memez como la que esa instrucción judicial plantea siguiendo a su vez el hilo de la cometa soltado desde el PP, Vox y sus altavoces mediáticos, la cosa no tiene la menor gracia. Por un doble motivo: el primero, porque es evidente que se aprovecha nada menos que una pandemia con miles de muertos para seguir atacando, ensuciando y demonizando al feminismo. Porque si no fuera así, estarían poniendo querellas o citando a declarar a responsables de los transportes públicos, los clubes de fútbol, las salas de conciertos, el estadio de Vistalegre… que ese mismo 8 de marzo congregaban en conjunto a millones de personas. Sólo les interesa interpelar (y manipular) a organizadores de manifestaciones feministas. No entienden ni aceptan ni respetan la lucha por la igualdad. Y si pueden mancharla incluso utilizando un coronavirus que ataca a la humanidad entera, ¡sin complejos!.
El segundo motivo es aún más vergonzoso e indignante. Mientras llenamos debates parlamentarios, telediarios, tertulias y portadas de periódicos con una causa penal extraterrestre sobre el 8M –que antes o después acabará en la papelera y que no tiene similitud en ninguna parte del mundo–, han logrado durante semanas dejar en la oscuridad el mayor horror humano de esta pandemia: lo ocurrido en las residencias de mayores. Y muy especialmente la gestión protagonizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se concentra el mayor número de muertes. Primero intentaron desviar toda la responsabilidad al Ejecutivo central por la declaración del estado de alarma, pese a que todo el mundo sabe que las competencias sobre geriátricos y hospitales siguen siendo de cada comunidad autónoma. Para bien o para mal. Es un insulto a la inteligencia utilizar la autoridad para fotografiarse junto a aviones cargados de mascarillas o para presumir de lo logrado en el IFEMA y lavarse las manos cuando se trata de explicar por qué no se medicalizaron las residencias en las que morían por miles ancianos y ancianas sin atención sanitaria.
Esta semana, en infoLibre, hemos publicado los documentos que demuestran que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, mienten cuando describen como “borrador” un Protocolo enviado a residencias y hospitales con “criterios de exclusión” que ordenaban no trasladar a mayores con determinadas patologías o grado de dependencia (ver aquí). Y el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), ha confirmado que advirtió a sus superiores de que ese abandono de los residentes a su suerte no sólo era «indigno» sino que suponía una “discriminación de graves consecuencias legales” (ver aquí). La lectura de las distintas versiones del Protocolo deja en evidencia el serial de falsedades y manipulaciones que Ayuso, con el asesoramiento siempre osado y contundente del aznarismo, ha ido administrando en sede parlamentaria y ante los medios. Pretende además confundir a la ciudadanía mezclando lo que es una práctica deontológica reglada que corresponde al personal médico (el llamado triaje que obliga a decidir por criterios sanitarios a quién se intenta salvar la vida y a quién no) con lo que ha sido una directriz política desde el gobierno autonómico que tuvo una consecuencia tan trágica como incontestable: el 80% de los fallecidos en marzo en residencias madrileñas no fueron derivados a hospitales en aplicación de esos “criterios de exclusión” (ver aquí).
No aprendemos. Ni siquiera en mitad de una pandemia que ha puesto patas arriba el mundo que conocíamos. Siguen tomándonos por imbéciles y seguimos acumulando méritos para que se sientan cómodos en ese ecosistema que abona la rueda permanente de la provocación-respuesta-crispación-equidistancia. Intentan convertir el 8M de 2020 en un revisitado 11-M de 2004. Si durante años alimentaron teorías conspiranóicas sobre unos atentados que desde el primer minuto sabíamos que eran obra del terrorismo yihadista, harán lo posible ahora para convertir una marcha feminista en una especie de aquelarre genocida. Y para ello tanto les vale distorsionar los datos conocidos de la epidemia aquel domingo como la influencia interna de un alto mando de la Guardia Civil llamado Diego Pérez de los Cobos.
Para extraer las muchas lecciones que deberíamos sacar de esta crisis inédita y compleja, deberíamos empezar por no caer en todas las trampas que nos tienden quienes acostumbran a imponer los marcos de debate público. No toquen con sus sucias manos al feminismo, que al parecer les quita el sueño incluso más que miles de muertes que quizás no pudieran evitarse, pero al menos deberían servir para que afrontemos todos los cambios de modelo socio-sanitario que sean precisos para no pasar otra vez por el mismo drama.
Fuente .......https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/06/06/contrainforme_del_atizando_feminismo_para_ocultar_horror_las_residencias_107484_1023.html

Y VER ...
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/06/08/el_sistema_del_fake_107529_1023.html