Las fake news de Casado y Abascal .

Las 13 afirmaciones falsas con las que Casado y Abascal se oponen a prorrogar el estado de alarma

• Ni  ha pedido nunca una prórroga indefinida del estado de alarma ni se ha perseguido a ningún medio de comunicación
• Tampoco se ha pactado el traslado de etarras para comprar apoyos ni existe un informe que avale la letalidad del virus fechado el 10 de febrero
• Fernando Varela

  

Infolibre .

Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox). 

Los líderes de la derecha, Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), trufaron este miércoles sus intervenciones desde la tribuna del Congreso de afirmaciones falsas para apoyar su decisión de rechazar la prórroga del estado de alarma. La medida, que acabó obteniendo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, da soporte durante quince días al mando único sanitario y a las medidas de confinamiento —ya aliviadas parcialmente— que decidió el Gobierno para frenar los contagios.

Lo que sigue es una selección de las que ambos dirigentes incluyeron en sus discursos iniciales en el debate del Congreso.

PABLO CASADO (PP)

“Ha dejado abandonados a una mayoría de españoles a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle”

El Gobierno no ha tomado ninguna medida para limitar el uso ni los contenidos de las redes sociales, que por lo demás son privadas y cuyo congenido no se decide en España. Son sus propietarios los que, por propia iniciativa (en ocasiones en coordinación con la Unión Europea) han tomado medidas para restringir la difusión masiva de mensajes o tratar de frenar la difusión de desinformación. Tampoco se ha limitado la actividad de los medios de comunicación, que siguen disfrutando de la misma libertad que tenían para informar a los ciudadanos y entre los que hay una amplísima representación de televisiones, emisoras de radio, periódicos impresos y diarios digitales de tendencia conservadora y ultraconservadora.

“Se atreve a decir que sus medidas han evitado 300.000 muertes y 30 millones de contagios”

Se trata de un cálculo sencillo: si no se hubiesen tomado medidas de confinamiento la proporción de contagios hubiese aumentado hasta alcanzar a 30 millones de españoles. Como la letalidad es del 1%, de acuerdo con el estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III en colaboración como las Comunidades Autónomas, las muertes habrían sido de 300.000 personas.

“Su plan ha sido un fracaso, señor Sánchez”

El confinamiento ha demostrado ser una medida eficaz para contener la epidemia. Desde que está en vigor se ha conseguido reducir el crecimiento de los contagios del 30% a menos del 1%. Es una afirmación no la discute nadie ni dentro ni fuera de España —excepción hecha de Jair Bolsonaro, el presdidente de Brasil—, especialmente los epidemiólogos y en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Su problema es que ya nadie le cree”

Las encuestas realizadas durante la pandemia respaldan la decisión del Gobierno de confinar a la población y de mantener las medidas de control de la movilidad durante la desescalada. La inmensa mayoría de los ciudadanos lo considera una medida acertada.

“Lo preocupante es que usted depositó la señal esta semana acercando a tres etarras, entre ellos al secuestrador de Delclaux y Aldaya”

El Gobierno no ha pactado acercar etarras al País Vasco a cambio de ningún voto en relación con el decreto de alarma. El PP no ha puesto encima de la mesa ninguna prueba que respalde esa acusación. Los casos a los que se refiere son acercamientos de presos que se ajustan a la legalidad y que se hubieran producido aunque no hubiera pandemia porque cumplen con todos los requisitos de las juntas de tratamiento de las cárceles. ETA dejó de matar hace casi nueve años.

“Ha impuesto un marco legal a su medida sin informes del Consejo de Estado, sin tramitación legislativa, sin memoria económica, ni debate mediático o parlamentario”

Todos los decretos de alarma y de medidas económicas urgentes se han sometido a convalidación en el Congreso y han obtenido en todos los casos un amplio respaldo, por encima de la mayoría absoluta. El Gobierno los aprueba pero luego la Cámara Baja tiene que validarlos después de un amplio debate parlamentario como el que tuvo lugar este miércoles. Si no los aprueba, dejan de estar en vigor. También han sido objeto de amplísimos debates y seguimiento en los medios de comunicación.

“No previó la compra de mascarillas”

El aprovisionamiento de mascarillas (como de equipos de protección individual y de respiradores) era, es y seguirá siendo después de la pandemia una responsabilidad de las Comunidades Autónomas, que son las únicas competentes en dotar de medios al sistema sanitario. Si había alguna obligación de contar con stock suficientes era por parte de cada comunidad, no de Sanidad.

“Lo que usted quería era llegar hasta el verano y no ser controlado por el parlamento hasta septiembre: es decir, permanecer tres meses más con poderes excepcionales (…). Quizá por ese delirio de grandeza usted reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles”

El presidente Pedro Sánchez siempre ha dicho que la vigencia del estado de alarma sólo se mantendrá mientras sea necesario dictar medidas de confinamiento. El Gobierno ha repetido casi a diario que la alarma desparecerá cuando toda España haya completado la desescalada, aproximadamente a finales del mes de junio, momento en el que esta previsto levantar completamente la prohibición de viajar entre provincias sin causa justificada. Nunca ha planteado un “estado de alarma indefinido”.

SANTIAGO ABASCAL (VOX)

“Ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes. Ni siquiera de las cifras de muertos. 27.000 nos dicen; más bien 50.000”

El número total de muertes por covid-19 en España se situaba este miércoles en 27.888 personas. Los datos son públicos, los suministran las comunidades autónomas y siguen los criterios establecidos por la OMS: deben ser fallecidos con un diagnóstico positivo por coronavirus. No se pueden falsear sin el concurso de todas las Comunidades Autónomas. A pesar de ello, Vox insiste en que han muerto 50.000 personas, una cifra que no apoya en ninguna evidencia.

“Ustedes conocían la letalidad del virus, sus consecuencias y el modo en el que se contagiaba el 10 de febrero”

El líder de Vox se refiere a un informe del 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón y en el que, a partir de la información disponible en aquel momento, nada se dice sobre la letalidad del covid-19 más allá de hacer referencia a su parentesco con coronavirus anteriores.

“Iglesias dejó morir a los ancianos en las residencias sin protección”

La primera noticia sobre la gravedad de la situación en las residencias de mayores se produjo cuando el Ejército entró en algunas instalaciones y encontró ancianos fallecidos que aún no habían sido trasladados a ningún servicio funerario. Fue entonces cuando el vicepresidente Pablo Iglesias, en calidad de ministro de Derechos Sociales, y por indicación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tomó la responsabilidad de coordinar acciones en estos centros, si bien las competencias han seguido siendo de las Comunidades Autónomas. La supervisión de los cuidados que reciben los mayores en las residencias compete a los Gobiernos autonómicos.

“Al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias: ‘Hay gente que va a morir de viejo porque tiene una edad en la que con setenta y pico dura lo que dure, como Anguita”

La frase está sacada de contexto. Fue pronunciada por Iglesias hace años durante una reunión política en a que trataba de enfatizar la necesidad de renovar los liderazgos en la izquierda tomando como referencia a generaciones de dirigentes más jóvenes.

“En plena pandemia se han permitido el lujo de decretar que en 2040 o 2050, no sé cuando han dicho, ya no habría diésel ni gasolina. No pueden ser más irresponsables”

La ley de cambio climático es un compromiso electoral del PSOE que forma parte del programa de Gobierno que ganó la investidura. El Ejecutivo lo aprobó este martes y ahora tiene que ser sometida a debate en el Congreso, que será quien decida su contenido y su aprobación. El proyecto establece que desde 2040 no se podrán matricular en España vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas. Los que ya existan podrán seguir circulando hasta 2050. Estos plazos no son diferentes de los de la mayoría de los países europeos, muchos de los cuales cumplirán esos objetivos antes de esas fechas. La OMS estima que cerca de 7 millones (10.000 de ellas en España) mueren cada año por la exposición a las partículas finas de la contaminación

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/21/las_afirmaciones_falsas_que_dan_soporte_los_discursos_casado_abascal_106956_1012.html...

 y ver  ..

Pablo Casado es un peligro para el Estado de Derecho

.https://www.eltambor.es/pablo-casado-es-un-peligro-para-el-estado-de-derecho/

La lógica de salvarse quien pueda

 Bruselas alerta de que la mitad de las ayudas públicas aprobadas en la UE por la crisis del coronavirus son para salvar empresas alemanas .. 

Andrés Gil

 eldiario.es

Alemania, la economía más poderosa de la Unión Europea, el país cuyo Gobierno no termina de dar el visto a un plan de recuperación potente para sacar a la economía europea del hoyo en el que el coronavirus la está sometiendo y cuyo Tribunal Constitucional cuestiona al BCE y al Tribunal de Justicia de la UE, es el país que más ayuda Estatal está concediendo a las empresas privadas para salvarlas del desastre.

En efecto, los países con más músculo económico son los que más capacidad tienen de movilizar dinero público ahora que el Ejecutivo comunitario ha relajado las reglas del mercado único y de competencia, abriendo la puerta a la desigualdad de trato entre Estados y empresas y a interferir en las reglas de la competencia –eso que llaman en Bruselas level playing field y que se ha convertido en eje central de la negociación con Reino Unido para el Brexit–, poner en riesgo el mercado interior de la UE y, de paso, alumbrar una Europa más desigual tras la crisis del coronavirus si no se activa un verdadero plan de recuperación como reclama el sur con la oposición del norte.

La Comisión Europea ha aprobado alrededor de 120 solicitudes gubernamentales de ayuda de Estado en virtud del marco temporal vigente durante la crisis del coronavirus: los ministros de Hacienda de los 27 están concediendo casi dos billones de euros en concepto de donaciones, préstamos y garantías a empresas golpeadas por el coronavirus.

Y solo Alemania representa la mitad del total, mientras que las empresas en países como España pueden contar con mucha menos ayuda, lo cual supone un riesgo de que esto distorsione la competencia en el mercado interno y ralentice la recuperación económica. "Esto ya ha sucedido en cierta medida", zanja la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, este domingo en el Süddeutsche Zeitung.

La propia Comisión Europea ha explicado este lunes que las ayudas de Estado de los Gobiernos, aprobadas por el Ejecutivo comunitario, "dependen del espacio fiscal de cada país y del tamaño de sus economías", ha explicado la portavoz de Competencia, Arianna Podesta. 

Así, "Alemania ha notificado medidas que representan el 51%; Francia, del 17%; Italia, del 15,5%; Reino Unido, 4%; Belgica, 3%; y Polonia, 2,5% del monto total. Lo notificado por el resto, está entre el 0,5% y el 1,4% de los 1,95 billones aprobados".

Alemania, que supone aproximadamente un 25% del producto interior bruto (PIB) de la UE, representa alrededor del 52% del valor total de la ayuda estatal de emergencia para el coronavirus aprobada hasta ahora, según muestran los datos de la Comisión Europea recogidos por Reuters. La agencia británica también constata que Francia e Italia comparten el segundo lugar, cada uno con el 17%.

Alemania, por ejemplo, concedió un préstamo avalado por el Gobierno de 3.000 millones a Adidas; un compromiso de préstamo de 1.800 millones al operador turístico TUI, y está en conversaciones con Lufthansa para un rescate de 10.000 millones, entre otros.

España, en su propuesta de fondo europeo presentada en la cumbre de líderes del pasado 23 de abril, afirmaba: "Si bien es necesaria y bienvenida una mayor flexibilidad para las respuestas nacionales, es clave evitar que esto conduzca a una UE más desigual y un debilitamiento del mercado interior. Todas las normas y la financiación del Marco Financiero Plurianual [MFF, presupuesto de la UE 2021-2027] deben garantizar que se refuercen los objetivos de cohesión y convergencia, así como la igualdad de condiciones para las empresas y los Estados dentro del mercado único".

FUENTE  ...https://www.eldiario.es/economia/Bruselas-publicas-aprobadas-UE-coronavirus_0_1028547229.html

Y VER ..

 http://estrategia.la/2020/05/12/la-logica-de-salvarse-quien-pueda-covid-19-y-comercio-mundial/

La democracia militante en el Estado español ( 2ª parte )

La democracia militante en el Estado español: carta otorgada y Código Penal autoritario (1978-1995)

Daniel Escribano

SinPermiso

Las altas instancias de la judicatura española aseguran que “nuestro sistema constitucional no responde al modelo de democracia militante” (por citar dos sentencias recientes, véanse les de los Tribunales Supremo 459/2019, de 14 de octubre, FD A.17.1.5.2, y Superior de Justicia de Cataluña 149/2019, de 19 de diciembre, FD 6). Sin embargo, el Código Penal de 1973, vigente cuando se aprobó la Constitución de 1978, contenía una serie de restricciones a los derechos de asociación política y libertad de expresión coincidentes con la legislación de las democracias militantes descrita por Löwenstein (1937: 644-655), y no precisamente para defender instituciones democráticas ni la garantía de los derechos fundamentales. Así, eran “asociaciones ilícitas” no sólo las que “tengan por objeto” la “subversión violenta, la destrucción de la organización política, social, económica o jurídica del Estado”, sino también “el ataque, por cualquier medio, a la soberanía, a la unidad o independencia de la Patria, a la integridad de su territorio” (art. 172.3), punto en que el legislador franquista no enlazaba con la legislación restrictiva de derechos fundamentales de las democracias militantes, sino, como hemos visto, con la legislación represiva del régimen de la Restauración (cf. Ley de 1 de enero de 1900). Asimismo, eran igualmente consideradas ilícitas las asociaciones que, “sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario” (art. 172.5), torpe fórmula con que el legislador había pretendido impedir la legalización del Partido Comunista de España (PCE), soslayando que la Internacional Comunista había sido disuelta en 1943 y que el PCE jamás había formado parte del Buró Comunista de Información (Kominform), que también hacía años que se había disuelto (1956) (Braunthal, 1978, II: 546; III: 180, 184, 456). Además, a diferencia de los artículos 9.2 y 21.2 de la Ley Fundamental de la RFA, este último precepto tenía un claro sesgo exclusivamente anticomunista, dada su limitación a las organizaciones internacionalistas. Y, si bien, finalmente, el PCE fue legalizado, también pudo funcionar legalmente en la RFA el Partido Comunista Alemán (DKP), fundado en 1968, tras la prohibición del Partido Comunista de Alemania (KPD), doce años antes. Por ello, tampoco cabe recurrir a este argumento para alegar un carácter menos militante del sistema político español respecto al alemán. Es cierto que los dos apartados mencionados del artículo 172 del Código Penal español de 1973 fueron derogados durante la primera legislatura del nuevo régimen constitucional (Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo, “de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación”). No obstante, siguieron vigentes otros preceptos del Código propios de las medidas restrictivas del derecho a la libertad de expresión alabadas por Löwenstein, pero que se remontan al régimen de la Restauración y aun a los albores del propio régimen liberal, como los “ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad, al Estado o su forma política, así como a sus símbolos y emblemas” (art. 123) y las “injurias o amenazas” al “jefe del Estado” (art. 147). Es significativo que tanto el legislador franquista como el democrático-militante necesitaran no uno, sino dos artículos para proteger penalmente al jefe del Estado.

Precisamente la aplicación de este último tipo penal ha motivado numerosas condenas del TEDH contra el Reino de España. En la última, el alto tribunal europeo recuerda que “una protección aumentada por una ley especial en materia de ofensas [a un jefe de Estado] no es, en principio, conforme al espíritu del Convenio” Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ya que “el interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado no puede conferirle un privilegio o una protección especial ante el derecho a informar y expresar opiniones sobre él” (STEDH Asunto Stern Taulats y Roura Capellera contra España, de 13 de marzo de 2018).

Asimismo, el Código de 1973 mantuvo la vieja noción del liberalismo español decimonónico de “apología de acciones calificadas por la ley de delito” (art. 566.4). Y tampoco le bastó un sólo artículo para regularla, ya que, a la apología del delito en general (calificada de “falta de imprenta”), se añadía una figura penal específica consistente en la “apología pública” de los “delitos contra la seguridad interior del Estado” (art. 268), calificada ella misma como tal. Y, si bien el concepto de “falta de imprenta” fue suprimido del Código Penal en 1989 (Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, “de actualización del Código Penal”), el delito de “apología” de los “delitos contra la seguridad interior del Estado” se mantuvo hasta la aprobación del Código Penal de 1995. También vale la pena mencionar otro precepto del Código de 1973 —éste afortunadamente derogado por la Ley Orgánica 4/1980— como es la difusión de “noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos” (art. 252), calificada de “propaganda ilegal”.

En lo tocante a la Constitución stricto sensu, debe señalarse que, como apunta el filósofo del derecho Juan Ramón Capella (2003: 50, 42-43), presenta elementos de carta otorgada, tal y como evidencia la sustracción al poder constituyente de la decisión sobre la forma política del Estado (art. 1.3), que ya había quedado predeterminada al ser introducida por el gobierno autoritario de la monarquía en la Ley para la reforma política (Ley 1/1977, de 4 de enero, art. 1.2), de modo que la democratización quedaba fácticamente condicionada a la aceptación de la monarquía, que había sido reinstaurada gradualmente por el propio régimen franquista, tras la rebelión monárquico-fascista contra la República (Ley de sucesión a la jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, y Ley 62/1969, de 22 de julio, “por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado”). Por ello, en rigor, no se trata de una monarquía constitucional, sino como afirma Capella (2003: 43), de una monarquía de “legitimación preconstitucional”.

En segundo lugar, tampoco fue producto íntegro de la decisión deliberativa del constituyente la prefiguración del modelo de distribución territorial del poder político y su fundamentación, dada la intervención directa de la cúpula militar en el texto del precepto (Solé Tura, 1985: 99-100; Bastida, 2007: 121-122), que invierte el principio de soberanía popular —conforme al cual la fuente de legitimidad de las instituciones jurídicas y políticas radica en la voluntad ciudadana expresada en el poder legislativo— y, por el contrario, establece la unidad del Estado español como fundamento de la propia Constitución (art. 2). Es decir, como concluye Capella, “sólo puede haber constitución democrática si se mantiene «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»”.

En tercer lugar, si bien la Constitución española de 1978 no contienen preceptos que prohíban a los partidos contrarios al “orden constitucional” o “democrático-liberal”, tal y como establecen los artículos 9.2 y 21.2 de la Ley Fundamental de la RFA, el contenido del artículo 55.2 es aun más inquietante, por cuanto autoriza la suspensión del plazo máximo de detención, de la inviolabilidad de domicilio y del secreto de las comunicaciones sin orden judicial “para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”. Sin embargo, más que emular la legislación restrictiva de derechos fundamentales que se empezaba a desarrollar en algunas democracias parlamentarias, en el marco de la política de contrainsurgencia de la época, este precepto responde a una lógica jurídico-política interna, inseparable del continuum entre el franquismo y el régimen de la monarquía reinstaurada. En efecto, este precepto supone la constitucionalización de la suspensión potestativa de derechos fundamentales prevista en el Real Decreto Ley 4/1977, de 28 de enero, aprobado por el gobierno autoritario de la monarquía, que, a su vez, tenía su origen en los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 10/1975, de 26 de agosto, “sobre prevención del terrorismo”, aprobado por el último gobierno de Franco. Además, en lo atinente a los actos violentos de motivación política contra el Estado, otra anormalidad jurídica de la democracia española es la violación del principio del juez natural, toda vez que son enjuiciados por un órgano especial, la Audiencia Nacional (AN), creada, significativamente, el mismo día en que el segundo gobierno de la dictadura coronada decretó la disolución del Tribunal de Orden Público (TOP, el órgano de la Administración de justicia franquista que, junto a la jurisdicción militar, ejercía la represión judicial de la oposición política) (Reales Decretos Ley 1/1977 y 3/1977, de 4 de enero), salvo los actos contra fuerzas policiales y militares, para los que la competencia permaneció, inicialmente, en la jurisdicción militar, hasta que también ésta fue traspasada a la AN, al año siguiente (Real Decreto Ley 21/1978, de 30 de junio, art. 2). En el proceso de creciente restricción de derechos fundamentales al socaire de la política de contrainsurgencia, en 1984 el legislador español instituyó un delito específico de “apología del terrorismo” (Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, “contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución”, art. 10). Al parecer, no le bastaba con la falta de “apología de acciones calificadas por la ley de delito” y con el delito de “apología” de los “delitos contra la seguridad interior del Estado”, de los artículos 566.4 y 268 del Código Penal, sino que necesitaba un tercer tipo penal para perseguir el mismo hecho. El conocimiento de dicho “delito” correspondería también a la AN (art. 11), que, además, tendría potestad para ordenar la clausura del medio en que se hubieran publicado las expresiones enjuiciadas (art. 10.1). En 1988 esta norma fue derogada (Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, “de reforma del Código Penal”), pero la disposición transitoria de otra ley orgánica del mismo día mantuvo la competencia de la AN para “las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes” (Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, “de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal”). No obstante, con la derogación de la Ley Orgánica 4/1984 desaparecía el delito específico de “apología del terrorismo”, que quedaba subsumido en las figuras penales mencionadas de los artículos 268 y 566.4 del Código Penal. Sin embargo, las competencias de la AN seguían aumentando, ya que en 1985 se le atribuyó el conocimiento de los “[d]elitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de Gobierno” (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, “del poder judicial”, art. 65.1.a).

Otra clamorosa expresión de democracia militante en el régimen español actual la encontramos en la obligación de los representantes electos de prometer o jurar acatamiento a la Constitución como conditio sine qua non para ejercer su cargo. Establecida para el conjunto de funciones públicas por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (art. 1), ha sido recogida por los Reglamentos del Congreso (art. 4.1 del Reglamento de 10 de febrero de 1982) y el Senado (art. 11 del Reglamento de 31 de mayo de 1982) y por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, “de régimen electoral general” (art. 108.6 de la primera versión de la Ley y 224.2 de la actual). Tras la interposición de recurso de amparo por parte de diputados a los que la presidencia del Congreso había negado sus derechos como parlamentarios por negarse a realizar la promesa o juramento, el Tribunal Constitucional (TC) avaló la exigencia de este requisito (sentencia 101/1983, de 18 de noviembre, principio reiterado en la STC 122/1983, de 16 de diciembre) y sólo autorizó, contra la decisión de la presidencia del Congreso, el uso de la cláusula por imperativo legal en la declaración de acatamiento (STC 119/1990, de 21 de junio). Pero el carácter “militante” y restrictivo del derecho de participación política ínsito en este requisito no ha desaparecido, como acredita el que haya sido la estratagema utilizada por la Junta Electoral Central (JEC) española para intentar retirar el acta de eurodiputados al preso Oriol Junqueras y a los exiliados  Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Precisamente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) español en torno al momento de adquisición y alcance de la inmunidad parlamentaria demarca claramente la diferencia entre una democracia militante y una democracia sin adjetivos. Mientras que en una democracia militante la adquisición del cargo está condicionada a la declaración solemne de adhesión al régimen (tal y como han defendido históricamente el TC español y, en este litigio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado españolas y el partido ultraderechista Vox), en una democracia no militante aquélla “se produce por el hecho y desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales” (sentencia de 19 de diciembre de 2019, § 71).

Obras mencionadas

Bastida, Xacobe: «La senda constitucional. La nación española y la Constitución», en Taibo, Carlos (dir.): Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007.

Braunthal, Julius: Geschichte der Internationale. Berlín/Bonn: J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, 1978, II y III.

Capella, Juan Ramón: «La constitución tácita», Mientras Tanto, núm. 88, 2003.(.NOTA DEL BLOG...ENLACE..................................................................................................................http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/III%20republica/constitucion%20tacita%20capella.htm )

Löwenstein, Karl: «Militant democracy and fundamental rights, II», The American Political Science Review, vol. 31, núm. 4, agosto de 1937.

Solé Tura, Jordi: Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación. Madrid: Alianza, 1985.

fuente ...

https://sinpermiso.info/textos/la-democracia-militante-en-el-estado-espanol-carta-otorgada-y-codigo-penal-autoritario-1978-1995

Larga noche de piedra de Núñez Feijóo

La larga noche neoliberal en Galicia

Millán Fernández

1. Perfil de Núñez Feijóo: un repaso sucinto de su mandato hasta la aparición del virus

El pasado 18 de abril se cumplieron exactamente once años de la llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta de Galicia a lomos de los incipientes y posteriormente muy contundentes efectos sociales de la crisis-estafa del 2008, en pleno derrumbe del zapaterismo y su réplica bipartita (PSdeG-BNG) en el gobierno gallego. De no concretarse un cambio en la próxima convocatoria electoral, sobre la cual no tenemos nueva fecha todavía (estaban fijadas para el 5 de abril), afrontará su cuarta legislatura alcanzando en el tiempo la etapa de Fraga y habiendo dejado a su paso un paisaje bien distinto al que heredó del paternalista animal político villalbés, quien había sido ex-ministro franquista. La pandemia trastocó sus planes y estrategias de campaña, concebidas en su día para operar en una balsa de aceite.

Alberto Núñez Feijóo ostenta importantes cargos de responsabilidad y dirección política desde 1991, aquí en el país y en la Administración General del Estado: Insalud, Correos, Ministerio de Sanidad…casi tres décadas recorridas de la mano de su mentor Romay Beccaría, figura pata negra nacional-católica que ahonda sus raíces ideológicas en la dictadura de Primo de Rivera por ascendencia paterna y continuadas en su propia carrera al ser alto cargo tardofranquista. Alguien que todavía hoy forma parte del Consejo de Estado como letrado, a sus 86 años. Es su verdadero padre político.

Como casi todo el mundo conoce, pero nunca sobra refrescar, Feijóo se relacionó y viajó de forma regular durante años por media Europa con el capo del contrabando Marcial Dorado, cuando ejercía de número dos de la consejería de ¡Sanidad!, a las órdenes de Beccaría. Por aquel entonces (años 90´s) ya habían detenido a Dorado en la famosa Operación Nécora y por lavado de dinero. Era bien conocido en las Rias Baixas, y en medio país. Sea esto último ejemplo perfecto del ecosistema en el que nace, medra y se reproduce cierta tipología de élite política autóctona como la que representa el, por aquel entonces, aspirante a dirigente Núñez Feijóo.

Según describe el periodista Nacho Carretero en el libro Fariña, en aquella etapa la estrecha relación entre la criminalidad organizada y el poder político en Galicia estuvieron a punto de convertirla en una suerte de Sicilia ibérica en donde las mafias habrían reinado a sus anchas. Inolvidable aquel titular de una entrevista que el diario El País hizo al reconocido amigo de Feijóo estando aquel entre rejas, al cumplir condena por narcotráfico: “Siempre supe que Feijóo llegaría lejos: transmitía honradez”.

 sigue ....https://sinpermiso.info/textos/la-larga-noche-neoliberal-en-galicia

El Cesar en pelotas .

La pandemia de COVID-19 medra en el ámbito de un sistema centrado en la maximización de las ganancias, y no en el bienestar de la humanidad

El rey en pelotas

Po  Eduardo Montes de Oca 

Fuentes: Rebelión

Hace unos años, alguien atento al acontecer contemporáneo y tenaz estudioso de los anales de la historia, con sus sugerentes analogías, se veía obligado a tascar freno, si no a estallar, ante la burla iconoclasta o el dicterio pronto de incautos –los menos– y defensores a ultranza de los intereses creados –los más– cuando aludía siquiera en sordina al ocaso inevitable de la supremacía gringa. Sin embargo, hoy lo reconoce incluso Henry Kissinger, “político clave en la construcción del imperio y experto como pocos en los laberintos del poder”, por solo citar un ejemplo de figura “señera”, traído a colación por Telma Luzzani en Página 12.

Para la periodista, las postales dramáticas que la COVID-19 está sembrando en numerosas partes de la Unión confirman lo que fue una hipótesis –ya es toda una tesis–. Y no exclusivamente por las altísimas cifras de muertos, ni por la imperdonable carencia de insumos básicos en un territorio que blasona de prosperidad, ni por “la deficiencia y la crueldad» de su sistema de salud –si se califica de tal a un conglomerado de entidades médicas y científicas que, en su brega por las ganancias, soslayan en apreciable grado la interrelación, la integración necesarias–. “Estas no son más que consecuencias del capitalismo salvaje que tienen muy sin cuidado al establishment mundial, partidario, como se sabe, del darwinismo social y la sobrevivencia de los ricos”.

En artículo publicado el pasado 3 de abril en The Wall Street Journal, y atinadamente comentado por Luzzani, el conocido “gurú” expresa dos grandes temores, casi dos certezas. Después de la pandemia, ¿se podrán “salvaguardar los principios del orden mundial liberal”?; “¿un país dividido como Estados Unidos será capaz de liderar la transición al orden posterior al coronavirus?”

Anota, la colega, que no por casualidad el texto comienza añorando el Plan Marshall y el Proyecto Manhattan, que permitieron a EE.UU. erigirse en potencia, en la segunda mitad del siglo XX. El primero, de auxilio al crecimiento de Europa Occidental; el segundo, para el desarrollo de la bomba atómica. El contraste con la actualidad se torna patente. A diferencia de entonces, el Tío Sam  no puede ofrecer al resto del orbe ningún ideal civilizatorio, salvo la depredación financiera y ambiental. En plena crisis sanitaria, “carece de líderes capaces de hacer buenos diagnósticos y, por lo tanto, de una voz autorizada que proponga una salida colectiva. Lo que deplora Kissinger es la pérdida, incluso, de esa fuerza simbólica, propia de los liderazgos, que durante décadas hizo creer al mundo que los norteamericanos eran los únicos capaces de resolver el caos. Ahora, países demonizados (y rivales) como Rusia y China tiene que asistir a EE.UU. y ¡¡el presidente Donald Trump en persona –no por Twitter- tuvo que salir a agradecerlo!!”

Sin mostrarse explícito al admitir la terminación de la hegemonía  –construida y sostenida sobre la base de una potente economía y arremetidas genocidas en los cuatro puntos cardinales–, el estratega de 96 años baraja, “como mal menor”, un co-gobierno ecuménico donde Washington mantenga alguna voz. La “agitación política y económica que ha desatado el virus podría durar generaciones y ni siquiera EE.UU. puede hacerlo solo. Debe combinarse una visión y un programa de colaboración global”. Ello, mientras el inefable Donald Trump se regala lujos como el de retirar la contribución monetaria –abundosa, imprescindible– a la OMS, dizque por apoyar a China en sus desafueros… No en balde, repara la zahorí analista, el texto de Kissinger supone un desesperado “llamado a los dueños del mundo por temor a que algo se vaya de las manos”.

Trump no cree en consejos

Incuestionablemente, la exhortación está cayendo en roto zurrón. El gran megalómano al frente de la Casa Blanca, improvisando contradictoriamente –decir y luego desdecirse signan su destino–, lo mismo clausura de manera unilateral y sin previo aviso los viajes hacia los socios de la UE; que les birla medios de protección, como mascarillas, comprados en terceras naciones; o trata, sin recato alguno, de sobornar a determinada empresa alemana para que una vacuna en investigación solo se emplee en USA; o intenta “levantarle” personal médico a España… Lo opuesto a lo que pide Henry Kissinger para que el “emporio” no acabe de perder la influencia que le resta.

Sí, que le resta en un contexto la mar de lóbrego. No en vano el Fondo Monetario Internacional acaba de vaticinar que, golpeada por el paso arrollador del coronavirus SARS-CoV-2, la economía universal afrontará en el 2020 el peor lapso desde la Gran Depresión, en la década de los treinta de la pasada centuria. La institución advirtió de una contracción de tres por ciento –la caída durante la crisis financiera de 2008-2009 fue de “apenas” 0.1–. Una vuelta de tuerca, pues el anterior pronóstico asentaba un aumento del 3.3 por ciento para el año en curso.

 Concretamente, en medio de las amplias y radicales medidas para contener la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricciones al traslado local e internacional y cierre de empresas), el FMI espera reducciones de 5.9 por ciento en EUA, 7.5 en los 19 miembros de la UE que comparten el euro, 5.2 en Japón y 6.5 en el Reino Unido.

En calidad de premisas de la previsión, lo más perceptible por doquier son los derrumbes históricos de las bolsas, los mercados con millonarias pérdidas, la baja de la producción industrial y del sector de los servicios, con los consiguientes ensanchamiento del desempleo y empeoramiento de las condiciones de vida de los estratos sociales más desprotegidos. ¿El pretendido antídoto? “Con matices, las economías enfrentan el problema haciendo lo que la ciencia económica sabe desde hace casi un siglo: impulsando políticas monetarias y fiscales expansivas, con el Estado, no el mercado, conduciendo y regulando el ciclo económico y la producción”. O sea, el “kerynesianismo de guerra”, el cual, como explica claramente Claudio Scaletta en Página 12, a diferencia del “keynesianismo a secas”, supone “la subordinación de toda la política económica a un objetivo común, en este caso el sanitario”, con vistas a evitar muertes.

Nuestro observador evoca una de las razones del triunfo de los Aliados en 1945: el que los Estados Unidos convirtieran su economía en una gigantesca maquinaria bélica, “reorientando toda la producción de las empresas hacia la provisión de insumos para la conflagración. Si bien el país emergió como potencia ya en el siglo XIX después de otra guerra, la civil o de Secesión, fue luego de la última gran guerra que consolidó su hegemonía global en paralelo a la expansión de su complejo militar industrial”.

Así que, desde entonces, “los contratos del gobierno con el complejo se convirtieron en el principal instrumento de regulación del ciclo económico estadounidense. Ahora la potencia se prepara para realizar transferencias masivas a las familias, mientras el presidente Donald Trump le ordena por Twitter a las automotrices que abran plantas cerradas y se pongan a fabricar respiradores. Parece una forma de tomar decisiones algo más primitiva que, por ejemplo, la del aparato estatal chino, que volvió a mostrar su impresionante capacidad de ejecución de políticas públicas y de movilización de recursos”. Scaletta pone énfasis en que los Estados se han avenido a ejercer su soberanía por intermedio de la promoción del gasto, y hasta haciéndose cargo de la salud privada. Ergo: “En adelante será difícil reconstruir el aparato ideológico que legitimó las políticas de austeridad y los Estados mínimos. La población habrá experimentado una vez más que el extremismo de mercado no le resuelve seguridades elementales como el derecho a la salud”.

Menuda paradoja ante el capitalismo: salvaguardar a las “muchedumbres” –¿de dónde rayos sacar a quienes esquilmar?– recurriendo a métodos que, a su vez, cuestionan el clímax neoliberal de la propia formación. ¿Qué saldrá de todo esto? Según nuestra fuente, con la que comulgamos, al tratarse de “procesos de no retorno”, ya que “gobernantes y gobernados redescubrirán el papel central del Estado, que es el poder de la organización colectiva sobre la individual”, lógicamente el viejo orden se resistirá. Y a la postre, muy posiblemente,  “la posición de la derecha en general y de los gobiernos de derecha en particular es que resulta preferible un poco más de muertos antes que frenar la economía. En el siglo XXI el capitalismo sigue discutiendo ganancias versus vida”. A la mano, la puja de Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros “iluminados” por reactivar el proceso productivo y de servicios en masa, sin atender a un aislamiento estricto y demorado, con la existencia humana como objetivo supremo.

Ni con el keynesianismo

A todas luces, se podría entronizar temporalmente la regulación (atenuada). Más de uno discurrirá que si alguna vez este método surtió efecto, por qué no retomarlo, por qué no concurrir al convite del “capitalismo con rostro humano”. Todo por desalentar el interés del socialismo como alternativa, en palabras del sociólogo Murray Smith publicadas originalmente en counterpunch.org y traducidas por G. Buster para Sin Permiso. Supuestos revolucionarios inclusive desbarran acerca de “la fea mutación de un conjunto de políticas miopes” que la clase dominante puede preferir, pero que también podría verse presionada a abandonar a favor de una especie de “sociedad de mercado” más justa y equitativa. “Por esta razón, la izquierda establecida, orientada a la reforma, es reacia a caracterizar el neoliberalismo como lo que es: una respuesta estratégica predecible e inevitable por parte del capital y el Estado a una crisis cada vez más profunda del sistema de ganancias capitalista”.

Negando o minimizando que las tendencias económicas han servido para refrendar las principales predicciones de Marx con respecto a las “leyes del movimiento del capital”, sobre todo la “ley de la tasa de ganancia decreciente”, y su apunte de que “la verdadera barrera para el capital es el capital mismo”, aduce Smith, muchos liberales declarados y “progresistas” reclaman un retorno a las políticas clásicas keynesianas para estimular la demanda agregada, junto con el control del capital financiero. Y entre los que apoyan un giro hacia estas, acota, también podemos encontrar muchos que pasan por marxistas asociados con la opinión de que las crisis se derivan del “bajo consumo” o de “problemas para obtener plusvalía”, y no, como el padre del Pensamiento Crítico, de “una producción insuficiente de plusvalía”.

No huelga remarcar que si bien el Prometeo de Tréveris describió al capitalismo como con características propias, “al igual que con todos los modos de producción anteriores basados en la explotación de clase, se enfrenta a límites históricos definidos enraizados en un conflicto de intereses materiales entre sus principales clases sociales: la clase trabajadora asalariada y la clase capitalista. ‘En una cierta etapa de desarrollo’, escribió Marx, ‘las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes o, simplemente expresado en términos legales, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales han operado hasta ahora. Estas relaciones dejan de ser formas de desarrollo de las fuerzas productivas, para convertirse en obstáculos. Es entonces cuando comienza una era de revolución social’”.

¿Advendrá esa conmoción en tiempos en que el coronavirus ha  exacerbado y desnudado la hecatombe de la formación explayada, globalizada? Hoy por hoy, tal vez lo cabalmente irrebatible sea que no ha podido superar sus tendencias hacia una crisis económica severa. Preguntémonos, con el entendido, por qué es tan capaz, por un lado, de estimular el auge de la ciencia, la tecnología y la productividad laboral, y tan incapaz, por otro, de trasuntar este avance en mejoras duraderas en los niveles de vida de la gran mayoría; por qué las tasas positivas de crecimiento de la productividad a escala mundial van acompañadas de tasas de ganancia promedio decrecientes para el capital productivo; y por qué ha dejado de contribuir al desarrollo progresivo de las fuerzas productivas de la humanidad, de forma evidente al subutilizar los talentos y energías de miles de millones de seres, relegados al estado de “precariado”, de “población excedente”.

Algunas lecciones

Claro que no hay mejor maestra que la propia realidad. Al examinar lo sucedido (la debacle) en Europa, se advierte el desmantelamiento durante decenios del llamado Estado de Bienestar. Como ha expresado el reputado lingüista y filósofo Noam Chomsky, citado por Guillermo Cieza, colaborador de lahaine.org, “el asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo entre todos: las camas de los hospitales han sido suprimidas en nombre de la ‘eficiencia’. Su apreciación está haciendo referencia a uno de los indicadores de salud de una nación que son las camas de internación cada 1000 habitantes”.

Y la pandemia está enseñando que en aquellos lugares donde se afectó la salud pública y se dejó en manos del capital investigaciones médicas y farmacológicas, las consecuencias serán mucho más graves. El manejo de la emergencia ha devenido más ineficaz. En ese sentido, la decisión “del gobierno chino de detener toda la actividad productiva y mantener sólo los servicios esenciales para la vida de las personas estuvo en las antípodas de las respuestas que tomaron en un primer momento los gobiernos” neoliberales.

De ahí, el que la sanidad deba representar una cuestión colectiva, discurre Cieza, para quien los Estados tienen que desempeñar un papel como distribuidores de recursos, y no el mercado, empeñado más que nada en maximizar ganancias. En el trasfondo de la epidemia planetaria, y de todas las nuevas enfermedades que se presentan, se encuentra la crisis ambiental provocada por el sistema capitalista, que conduce al orbe a una catástrofe. Una parte de la población puede ponerse a buen resguardo sin que su ausencia perjudique la supervivencia de pueblos y países; mas “resulta imposible seguir en pie” sin médicos, enfermeras, recolectores de basura, operarios que garantizan la provisión de elementos básicos como el agua, el gas y la luz, campesinos que provean de alimentos “y todos los trabajadores y trabajadoras que garantizan los insumos indispensables y los cuidados necesarios para la reproducción de la vida. En esta nueva mirada que nos da la crisis quienes deberían encabezar la lista de los prescindibles tendrían que ser los financistas”.

¿Cómo pudo China controlar el virus? ¿Cómo puede comenzar a proporcionar asistencia masiva a otros países a escala mundial? Así se interroga Sara Flounder (CEPRID).Y se responde que la planificación socialista y la propiedad colectiva a gran escala de las principales industrias, incluida la médica, se han erigido en decisivas, incluso en la bloqueada Cuba, que, con poco más de 11 millones de habitantes, proporciona más personal pertinente a los países en desarrollo que la misma OMS.

Pero para conseguir lo que el gigante asiático y el pequeño archipiélago caribeño, se precisan audacia, audacia y más audacia, como reclamaba el célebre militante Samir Amin, aludido por Bellamy Foster (kaosenlared.net), para quien la sociedad tendrá (tiene) ante sí una elección descarnada: la ruina o la revolución. Porque sigue incólume el dilema de socialismo o barbarie.

Siete falacias del País.

Siete mentiras sobre el covid-19 en portada de El País

El captor.

Día 13 de de mayo de 2020. Se hace público el estudio de seroprevalencia del Covid-19 en España. Un  5% de la población española ha superado el coronavirus, más de 2 millones de personas de un total de 47.

Día 14 de de mayo de 2020. El diario El País publica en portada la siguiente noticia: El estudio de seroprevalencia eleva la peligrosidad del virus: un muerto por cada 100 infectados.

Vamos a analizar con detalle el conjunto de mentiras e inexactitudes de la noticia.

Mentira nº 1: El estudio de seroprevalencia eleva la peligrosidad del virus

La peligrosidad -o letalidad, concepto al que en realidad se está haciendo alusión- no ha aumentado a raíz del estudio. Más bien todo lo contrario. La letalidad del virus con los datos registrados durante las últimas semanas era de entre el 7% y el 8%. Por ejemplo, en el artículo que publicamos el 30 de abril, la letalidad con los datos ofrecidos a esa fecha por el Ministerio de Sanidad, se encontraba en el 8%. Por lo tanto, si 8 de cada 100 infectados morían, los datos del estudio no han venido a elevar la peligrosidad del virus; han venido a reducirla, concretamente al 1,1%, a 1 de cada 100.

Mentira nº 2: Lo que inquieta del estudio de prevalencia en España: ¿Un muerto por cada 100 infectados?

Esta frase es la que lleva por título la noticia cuando entras a leerla. Como ha quedado claro anteriormente, si de una letalidad del 8% bajamos a otra del 1%, la conclusión aportada por el estudio no es inquietante en absoluto. Ni es inquietante, ni deberían, además, poner en duda el dato de letalidad arrojado por el estudio poniéndolo entre interrogantes. ¿Será por hacerlo aún todo más inquietante? No…

Mentira nº 3: La letalidad es elevada

Lo ponen en negrita al comienzo del artículo. Y dicen que es así porque es una cifra algo superior a las mejores estimaciones disponibles, que dicen que muere entre el 0,5% y el 1% de los contagiados de covid-19. Decir por ello que la letalidad es elevada cuando “las mejores estimaciones disponibles” -en realidad serían las peores-  ya apuntaban a la posibilidad de una letalidad  del 1%, constituye otra mentira y el tercer ejercicio de paroxismo sin apenas haber analizado los datos del estudio y, lo más grave, sin haberlos comparado con los datos reales -no con los datos de otras estimaciones-.

Mentira nº4: En algunas provincias la letalidad es especialmente alta

Esta afirmación, recalcada en negrita, ya no es que sea mentira, es que directamente es una bobada y otro intento burdo de retorcer la realidad. Si la letalidad que plantea el estudio, el 1,1% – 25.400 muertos a día 3 de mayo sobre una población infectada de unos 2,3 millones de personas-, es en algunas provincias de España del 1,5%, eso significa que en otras estará por debajo del 1%. Es decir, que de la misma forma que destacan que la letalidad en algunas provincias es especialmente alta, también podrían haber destacado que “en algunas provincias la letalidad es especialmente baja”.

Mentira nº 5: El Covid-19 es más letal que en otros países

Otra mentira y van cinco. Lo plantean como conclusión aportando ejemplos de estimaciones realizadas en Francia, Alemania, China, Suiza y para de contar. Ah no, que también incluyen la de Nueva York, pero no la de Estados Unidos; quizás en este caso el covid no sería más letal en España que en otros países. Y la noticia, da igual si es fake news, ha de circular.

Mentira nº 6: Una letalidad creciente por la edad

De acuerdo, esto no es estrictamente una mentira. Pero, ¿a qué suena mucho mejor que “una letalidad decreciente por la edad”? Todo lo que sea “creciente”, “inquietante”, “más letal” o “especialmente alta” mejor. Mucho mejor.

Mentira nº 7: Un tercio de asintómaticos

Tampoco es en sentido estricto una mentira. Pero, al igual que antes, ¿a qué da cague plantear que uno de cada tres de los que tiene covid ni se entera? ¿Y a que mola más destacar esto en lugar de que las estimaciones anteriores situaban los casos asintomáticos en el 40%, es decir, en una proporción de infectados sin síntomas más elevada de la que el estudio ha confirmado?

http://www.elcaptor.com/economia/siete-mentiras-covid-19-portada-pais