Organizaciones policiales denuncian la utilización política del cuerpo contra Podemos
Sindicatos y asociaciones contra la corrupción aseguran que
las declaraciones de Ignacio Cosió, el falso informe de la UDEF sobre la
supuesta financiación ilegal de la formación morada y los documentos de
Venezuela ( 1) contra Pablo Iglesias “están erosionando el prestigio profesional” de
la Policía.
PATRICIA LÓPEZ
El Público .
MADRID.- La campaña activada desde el Ministerio del
Interior que dirige Jorge Fernández Díaz comenzó tras las elecciones generales
del 20 de diciembre y tuvo su punto culminante con las declaraciones del
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en las que aseguraba que
“Podemos es una amenaza para la democracia”. El remate de esta utilización de
la institución “son las nuevas filtraciones que desde la institución que él
dirige se están llevando a cabo con intereses políticos y que erosionan la
imagen de los profesionales a los que no se les otorgan medallas ni otras
recompensas”, aseguran diferentes organizaciones policiales.
El malestar dentro del Cuerpo Nacional de Policía es
evidente. El Observatorio Contra la Corrupción (OCC), dirigido por el policía y
ex sindicalista José Manuel Sánchez Fornet, ha hecho pública una carta dirigida
a Ignacio Cosidó en la que le manifiesta que “no se puede hacer política desde
la Policía” contra “un partido político legal, Podemos, que obtuvo más de 5
millones de votos de ciudadanos españoles”. Según Sánchez Fornet, “realizar ese
tipo de declaraciones, si no existe un auto o sentencia judicial que establezca
la relación del partido político en cuestión con el terrorismo, atenta contra
el principio fundamental de independencia de la Policía, esencial en una
democracia”.
Lo mismo argumenta Alternativa Sindical de la Policía (ASP):
“El Cuerpo Nacional es una institución al margen de partidos políticos que no
se puede utilizar en beneficio de quien gobierne. El director general tiene que
abstenerse de hacer ese tipo de declaraciones, con la cantidad de cosas que hay
dentro del cuerpo en las que debería fijarse y que sí beneficiarían al trabajo
y el prestigio de los agentes”.
Sin aval judicial
En cuatro ocasiones el Tribunal Supremo y otros órganos
judiciales han rechazado hasta el momento las pruebas que se contenían en un
supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que,
como desveló Público en enero, era un informe fantasma encargado por la
Secretaría de Estado de Interior a la Dirección Adjunta Operativa que dirige el
comisario Eugenio Pino.
El dossier Pisa no tiene ni logo de la Policía, ni sello
oficial, ni fecha de elaboración ni el número de los agentes y tampoco está
registrado en la base de datos policial. Pero fue filtrado a periodistas
afines, como el también tertuliano Eduardo Inda, director de OK Diario, a quien
incluso se le marcó cuando tenía que empezar a publicar. “El informe lo tengo
muchísimo antes de las elecciones, lo que pasa es que a mí mis fuentes me piden
que 'por favor no lo publiques' y cuando me dicen 'publícalo', pues lo publico,
nada más”, aseguraba en enero a este diario.
Durante el mandato de Cosidó, sigue relatando la carta del
OCC, “han sido numerosos los casos conocidos de prácticas corruptas de miembros
de su partido y no ha opinado al respecto nunca, suponemos que porque son sus
compañeros de partido pero también por respeto a la labor policial y a los
tribunales de justicia, respeto que en las declaraciones citadas ha brillado
por su ausencia, usando el cargo de máximo responsable de todos los policías
para acusaciones partidarias que nos alejan de la democracia y el Estado de
Derecho”.
ASP denuncia además que “la Policía tiene que actuar siempre
bajo el mandato judicial y no bajo el mandato del partido político que nombre
al director general en cada momento”.
Policías en Venezuela
A pesar de que ningún órgano judicial lo admitía y de haber
quedado desacreditada esa labor atribuida falsamente a la UDEF, la Policía lo
remitió al Tribunal de Cuentas y, además, envío a finales de febrero a agentes
de una “unidad de inteligencia no oficializada” a Venezuela para hacerse con
una documentación que podría relacionar a Podemos y Pablo Iglesias con el
gobierno de Nicolás Maduro.
La excusa era una investigación llevada a cabo por la
Departamento Antidroga Estadounidense (DEA), con el que colaboraría la Policía
española protegiendo a un testigo de la causa. Allí habrían obtenido los
documentos publicados ahora por el digital de Eduardo Inda.
A los agentes
enviados se los habría facilitado la oposición venezolana que, según fuentes
policiales consultadas, “ahora debe acreditarse su cadena de custodia y que
realmente son documentos originales, ya que ninguna autoridad judicial ha
seguido el proceso”.
Por ejemplo, el papel con el que OK Diario pretende
demostrar que Iglesias cobró más de 200.000 euros de Maduro no tiene la firma
del dirigente de Podemos.
“La imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Policía y Guardia Civil, por declaraciones como la aquí referida; por
actuaciones contra elementales derechos asociativos como los llevados a cabo en
la Guardia Civil contra AUGC; o por las condecoraciones impuestas a imágenes
religiosas por el ministro de Interior, influenciado por sus creencias
personales y sin respetar ni el espíritu ni el texto constitucional y sus leyes
de desarrollo, sumado a la aprobación de la Ley Mordaza, están erosionando el
prestigio profesional conseguido y dificultando la tarea de sus profesionales”,
termina la carta a Cosidó emitida por el Observatorio contra la Corrupción.
y ver ...
Nota 1 ..
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