La sanidad catalana se convierte en un sector ‘business friendly’
Mientras los escándalos de corrupción y de salarios astronómicos indignaban a las usuarias, los recortes se han traducido en privatizaciones sutiles.
La aprobación del nuevo consorcio rector del Hospital Clínic es el último ejemplo.
Manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada el 17 de junio pasado en Barcelona. BRAIS G. ROUCO
MARC FONT, GEMMA GARCÍA // El Govern de la Generalitat de Catalunya acaba de dar el visto bueno a la nueva forma jurídica del Hospital Clínic de Barcelona, del cual es titular el gobierno catalán desde el año 2008. A partir de ahora, el centro hospitalario se articula alrededor de un consorcio del que forman parte el Servei Català de la Salut y la Universitat de Barcelona, pero que, según los nuevos estatutos, abre la puerta a la participación de otras instituciones y consorcios o entidades, sin indicar la titularidad de las mismas. Pese a que en un primer borrador de los nuevos estatutos se indicaba específicamente que la gestión estaba abierta a entidades “del sector público y privado”, un detalle que se ha eliminado del redactado final, igualmente la ambigüedad en la definición del nuevo consorcio ha puesto en alerta a las plataformas ciudadanas que se oponen a la privatización de la sanidad pública. El proyecto inicial de la dirección del Clínic era que el hospital estuviera regido por dos fundaciones privadas, una para controlar su patrimonio y la otra encargada de la gestión, pero la oposición parlamentaria forzó el replanteamiento del plan hacia un consorcio inicialmente público.
En mayo de este año, una plataforma formada por trabajadoras y usuarias del Hospital Clínic recogió más de 4.000 firmas en mesas situadas en las puertas del centro para apoyar el pliego de alegaciones que presentaron y que, en esencia, pretendía asegurar la titularidad cien por cien pública del futuro ente que rige el hospital. Además, recibieron el apoyo de formaciones como la CUP, Barcelona En Comú o Ciutadans. Pero, según las responsables de aquella campaña, el gobierno ha sacado adelante la aprobación del nuevo consorcio sin responder a sus alegaciones.
La legislatura de los consorcios sanitarios
El intento de crear consorcios sanitarios con financiación pública y privada ha sido uno de los proyectos estrella del gobierno catalán durante la legislatura actual. Defendidos insistentemente por la cúpula de Salud, con el conseller Boi Ruiz a la cabeza, con el mantra neoliberal de que servirían para “ganar eficiencia”, han generado un fuerte rechazo, tanto entre las profesionales del sector como entre las usuarias. Los dos grandes consorcios que se han intentado impulsar durante el actual mandato han sido el de Lleida y el del Hospital Clínic. El primero, al menos de momento, se ha logrado detener.
En el caso del de Lleida, el ente propuesto también ha generado un fuerte rechazo ciudadano, con la recogida de más de 4.000 firmas contrarias y alegaciones presentadas por plataformas como la Marea Blanca, Dempeus per la Salut Pública, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o partidos como la CUP y Barcelona En Comú. Entre las razones esgrimidas, destaca que el consorcio supone una “privatización encubierta” y que los estatutos “permiten violar los principios de universalidad, equidad y gratuidad mediante diferentes vías de privatización: directa, mediante realización de actividad privada en los centros del consorcio (con el caso paradigmático de Barnaclínic); e indirecta, mediante la gestión privada y por los mecanismos del propio funcionamiento que puede regirse por el derecho privado”.
El 30 de abril pasado, el gobierno catalán frenó el proyecto de creación del consorcio sanitario de Lleida, que pretende unificar todos los dispositivos de la sanidad pública de la demarcación. La decisión se tomó después de que la oposición, por unanimidad, rechazara la creación de los nuevos entes. Uno de los motivos fue la presión ciudadana, que se había traducido en las casi 11.500 alegaciones y las 40.000 firmas que la Marea Blanca Lleida -que reúne a trabajadoras y usuarias- presentó contra el consorcio y en varias movilizaciones que reunieron a miles de personas en Lleida. La oposición expone que el consorcio facilitaría la entrada del negocio privado y añade que implicaría un sistema de gestión más opaco y difícil de controlar, regido por el derecho privado, que no estará sometido a los controles públicos del Institut Català de la Salut (ICS).
A la sombra del caso Innova
El martes 28 de abril se vivió lo que, de momento, es el último gran capítulo del caso Innova, que en los últimos años ha destapado la presunta corrupción y las múltiples irregularidades cometidas en este enorme holding sanitario de Reus (Tarragona). Más de una veintena de registros afectaron al hospital Sant Joan de la ciudad, los ayuntamientos de Reus, de Amposta y de Cambrils, tres centros médicos, empresas proveedoras y domicilios particulares. Las actuaciones terminaron con la detención de la entonces primera teniente de alcalde de Reus, la convergente Teresa Gomis, seis cargos sanitarios y dos empresarios. El caso acumula más de 50 imputaciones, entre las que destacan la del exalcalde socialista, Lluís Miquel Pérez, y -sobre todo- la de dos personajes clave en el llamado “modelo sanitario catalán”: Josep Prat -ex director del CatSalut y ex presidente del ICS – y Carles Manté, que estuvo al frente del CatSalut de 2004 a 2008.
El caso Innova es el escándalo más grave que ha afectado la sanidad catalana en los últimos años. Ha servido para mostrar la opacidad de un modelo sanitario diseñado en los años ochenta por la entonces abrumadora sociovergencia. El sistema estaba financiado con recursos públicos, pero incluía una enorme presencia de entidades sometidas al derecho privado -como consorcios o fundaciones-, que pueden esquivar los rigurosos controles del derecho público a la hora de contratar bienes, servicios o personal. El goteo de informaciones que han puesto en duda estos procedimientos ha sido constante y ha revelado los salarios astronómicos que percibían los cargos gestores.
Las protestas contra el modelo que se intenta implantar desde el Departament de Salut han llegado a las puertas de los centros privados y concertados financiados por la Generalitat. B. G. R.
La corrupción, sin embargo, sólo es una de las caras de un modelo que ha sido cuestionado por una parte de las profesionales del sector y usuarios y usuarias de la sanidad pública -agrupadas en plataformas como la Marea Blanca o Dempeus per la Salut Pública – o por la CUP e ICV-EUiA en el Parlament. Los otros elementos decisivos para el descrédito de los gestores sanitarios son la creciente preeminencia del interés privado en detrimento del bien común, que se ha traducido en recortes millonarios de recursos que han debilitado la sanidad pública mientras que el sector privado lucrativo ponía los dos pies en la Administración, y el goteo de consejos para contratar una mutua.
Desde 2010, el presupuesto del Departamento de Salud ha adelgazado más de 1.000 millones y ha pasado de un total de 9.548 millones a los 8.467 de este año, un 11,3% menos. Mientras tanto, se ha disparado el número de derivaciones de pacientes hacia centros privados -más de 16.000 sólo en 2014-, así como el negocio con fondos públicos de grupos con ánimo de lucro, con IDC Salud (la antigua Capio) como máximo exponente. El grupo ha pasado de ingresar menos de 56,5 millones en 2008 -a través de los convenios o contratos con el Servei Català de la Salut- a ingresar casi 82 en 2013, un 45% más. En época de recesión económica, también ha crecido el volumen de personas con seguros médicos privados. “La voluntad de los últimos años ha sido degradar el sistema público y restarle calidad. Es una estrategia intencionada, ya que la patronal quiere una parte del pastel público sanitario y esto se ha traducido en privatizaciones sutiles y progresivas, como los cierres de quirófanos que han provocado la derivación de pacientes a centros privados”, explica Josep Martí, médico jubilado, ex director asistencial del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron y fundador del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS).
Recortes públicos y negocio privado
El cúmulo de factores que han puesto la sanidad en el punto de mira explican el hecho de que -del 17 al 19 de junio y a instancias de la oposición- el Parlament celebrara el primer debate monográfico sobre gestión sanitaria en 30 años. CiU y ERC se aliaron para evitar la reprobación del conseller de Salud Boi Ruiz y para mantener el actual modelo sanitario. La cita sirvió para poner de manifiesto la poca transparencia con la que opera el departamento: “Hace tres años que pedimos convenios, contratos de adjudicación, subvenciones, conciertos… que nos expliquen qué transferencias de recursos públicos van a parar a la privada. Y no nos los dan porque eso les sirve para decir que nosotros mentimos, creamos alarmismo y hacemos demagogia”, espetó Isabel Vallet, diputada de la CUP, al gobierno autonómico. La Directa ha solicitado varios datos al respecto al Departament de Salut pero, a pesar de la insistencia, la petición ha sido ignorada.
¿Pero cómo funciona el sistema sanitario público? Este año, el Departament de Salut ha puesto8.200 millones en manos del CatSalut, que se encarga de financiar la red integrada dentro del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). De esta cifra, 2.536 millones van a parar en el ICS (el 30,9%), formado por ocho hospitales y 280 centros de atención primaria (CAP) totalmente públicos. 3.790 millones (el 46,2% del total) terminan en lo que se conoce como sector concertado, donde hay consorcios y empresas municipales, centros privados sin ánimo de lucro -como fundaciones y centros religiosos- y centros privados que quieren obtener beneficios, como los centros gestionados del grupo IDC Salud integrados en el SISCAT (el Sagrat Cor, la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya). A diferencia de lo que ocurre con los recursos destinados al ICS, los responsables de los centros concertados pueden gestionar el dinero casi como quieren, sin necesidad de rendir cuentas al Parlamento.
El recorte en el presupuesto de Salud ha comportado el cierre de quirófanos y camas y la reducción de personal. En diciembre de 2010 trabajaban 41.729 personas, mientras que, el mismo mes de 2014, la cifra era de 36.070, lo que implica 5.659 personas menos (13,6%). Como consecuencia lógica del tijeretazo, las listas de espera para las operaciones quirúrgicas se dispararon y sólo se empezaron a reducir significativamente durante el año pasado, pero a cambio de aumentar el negocio sanitario privado. De las 16.253 pacientes derivadas a centros de titularidad privada (reconocidos por Salut en febrero de 2014), alrededor de la mitad fueron a parar al Sagrat Cor, la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya, propiedad de la multinacional IDC Salud. El grupo pertenece al fondo de capital riesgo CVC Capital Partners y su volumen de negocio con la administración catalana no ha dejado de crecer en los últimos años: acumula más de 355 millones sólo en el periodo 2010-2013.
En el Hospital de Mataró, las derivaciones de operaciones quirúrgicas hacia centros del IDC Salud -en este caso, el Hospital Sagrat Cor y el General de Catalunya- han crecido año tras año. En 2012 fueron 115; Al año siguiente, 271, y en 2014, 300 intervenciones de cataratas, septoplastia, prótesis de rodilla y de cadera. También se envían pacientes a otros centros privados, como la Clínica Plató y el Hospital Sant Rafael. Según datos de actividad del mismo CatSalut, por ejemplo, en 2014, de una lista de espera para prótesis de rodilla de 538 personas, se operaron 151 en el Hospital de Mataró y 75 en el Hospital General de Catalunya. Para el traumatólogo y delegado sindical de CATAC Xose López de Vega, toda la actividad se podría mantener en el centro público si volvieran a las condiciones de 2010: “Hasta entonces, los quirófanos abrían por la tarde y había personal para operar; redujimos listas de espera”. A pesar de los recortes en plantilla y sueldos, camas y quirófanos, los gerentes del centro han destacado por percibir remuneraciones que se situaban por encima de las de otros hospitales. El exgerente del Consorci Sanitari del Maresme, Joaquim Esperalba -que en 2013 estuvo imputado por el caso Sant Pau, acusado de malversación-, figuraba ese mismo año entre los siete directivos mejor pagados por la Generalitat, con 116.142 euros brutos.
Un proceso que viene de lejos
Recortar en el ámbito de la sanidad pública tiene como efecto indirecto un incremento del negocio de la privada, ya que hay más personas que optan por contratar una mutua a pesar de las dificultades económicas. En Cataluña, el número de personas con un seguro médico privado creció en casi 107.000 personas (un 5,7%) entre 2008 y 2013, al pasar de menos de 1,88 millones a más de 1,98, según las datos de la última Memoria de las entidades de seguro sanitario libre 2013. Paralelamente, los ingresos de las aseguradoras crecieron mucho más rápido, un 19,2%, de 1.218 millones de euros a 1.452. Segur Caixa Adeslas, participada por CaixaBank y Mutua Madrileña, con más de 300.000 personas aseguradas y unos ingresos de 312 millones, encabeza el ranking, seguida de Sanitas, que se acerca a los 200 millones de facturación y también supera las 300.000 mutualistas. Además, entre 2012 y 2013, el gasto sanitario per cápita en Cataluña bajó de los 1.157 a los 1.098 euros, mientras que la penetración de la privada aumentó del 26% al 29% de la población, muy por encima del 18% de la media estatal.
El diagnóstico de los recortes / GERARD CASADEVALL
Sin embargo, la privatización de la sanidad pública catalana es un proceso que se ha cocinado a fuego lento. Ya en 2007, con el gobierno tripartito y una conselleria capitaneada por Marina Geli (PSC), el ICS pasó de entidad gestora de la Seguridad Social a empresa pública, lo que abrió la puerta a la privatización de la gestión de los centros y posibilitó la cohabitación de varios tipos de contratos laborales. El Instituto pasó a actuar como entidad sometida al ordenamiento jurídico privado, y la gestión y el control presupuestario dejó de estar en manos del Parlament para pasar a un consejo de administración. La reforma fue recibida con muchas críticas desde sindicatos como CCOO, CATAC, IAC y el Sindicato de Médicos de Cataluña, que consideraban que conllevaba un riesgo de privatización y favorecía la precarización laboral. Además, como respuesta a una enmienda de CiU, la reforma fue aprobada sin incluir la obligatoriedad de que el ICS fuera el “cliente preferente” del Sistema Català de Salut.
Asimismo, en el documento de Estrategia del CatSalut de la legislatura 2007-2010 figuraba la creación del Consorcio de Lleida. Precisamente, antes de finalizar el mandato y salir del gobierno, en 2010, el tripartito aun hizo efectiva una medida controvertida. Con la intención de unir el ICS y la XHUP en una sola red, constituyó el SISCAT, que en uno de sus apartados especificaba que también lo configurarían “centros de titularidad privada cuyos servicios sean necesarios para implementar las previsiones del Plan de Salud de Cataluña y así lo soliciten”. Hasta entonces, tal como explica Pep Puey de Médicos de Cataluña, no había centros con ánimo de lucro dentro de la red, sin embargo, a partir de entonces y con el cambio de gobierno, Capio -actualmente IDC Salud- engordó los contratos con el departamento. Aun así, el primer convenio de la multinacional con un centro hospitalario de la red sanitaria ya se había firmado en 2009, durante el gobierno Montilla. El Hospital Clínic de Barcelona cerraba un acuerdo marco con la empresa y, unos meses más tarde, lo concretaba, renovable cada año.
Voluntad de acabar con el actual ICS
El Institut Català de la Salut es la empresa pública más grande de Cataluña. Desde la llegada de Boi Ruiz a la conselleria, su reforma ha sido un objetivo prioritario para el Ejecutivo convergente. En 2011, con el ahora imputado José Prat como ideólogo, el Departament de Salut elaboró un documento que apostaba por el troceado del ente público en empresas más pequeñas y abiertas al capital privado, una propuesta defendida también en un informe del año siguiente elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Rechazada energéticamente por la oposición y por plataformas ciudadanas, el Colegio de Médicos de Barcelona, recientemente, ha intentado reactivar el intento de desmantelar el actual ICS con un documento en el que sugiere facilitar la apertura del ente a dinero privado a través de “alianzas estratégicas” con otros proveedores del sector y apostando porque “evolucione hacia una estructura de gestión más flexible”.
Miles de usuarias y profesionales han gritado en las calles de varias ciudades que la sanidad pública no está en venta. B. G. R.
Boi Ruiz aprovechó el pleno monográfico del Parlament para demostrar que no ha abandonado la idea; afirmó que es necesario modificar la ley que regula el ICS e insistió en que hay que “hacer reformas profundas”. Según él, esto no supondría “trasladar todo al derecho privado, sino incluir formas del derecho privado en el derecho administrativo” para facilitar su gestión. En la práctica, implicaría adelgazar los estrictos mecanismos de control que actualmente regulan toda la actividad del ente. “El troceado del ICS es el mantra del modelo neoliberal, bajo la excusa de ganar una supuesta eficiencia y aprovechar sinergias, cuando esto se puede hacer directamente desde un control totalmente público”, afirma José Martí.
Fundador del CAPS y miembro de la Marea Blanca, plataforma que rechaza el proyecto y se opone a los consorcios sanitarios que se quieren crear, Martí remacha que “todos los casos de irregularidades o corrupción que han aparecido en los últimos años en la sanidad pública han estado en consorcios o fundaciones, mientras que no ha habido ninguno en el ICS. Sin la regulación del derecho público, los consorcios pueden hacer los concursos y las adjudicaciones con mucha más opacidad”. En este sentido, en abril se conoció un informe de la Sindicatura de Cuentas, elaborado a instancias del Parlament, que alertaba de “irregularidades recurrentes” en los consorcios sanitarios, como las adjudicaciones a dedo y las elevadas remuneraciones de los cargos directivos.
El consorcio del Hospital Clínic, en principio, entrará en vigor dentro de pocas semanas. Permitirá dar cobertura legal a Barnaclínic, un ejemplo flagrante de entrada del negocio privado en la sanidad pública. Barnaclínic comparte instalaciones y profesionales -más de 560 durante el 2013, que, trabajando, obtienen un segundo sueldo- con el centro público. La patronal de las clínicas privadas,ACES, ha denunciado esta práctica por considerarla competencia desleal, ya que utiliza “el prestigio y los recursos públicos” del Clínic para ofrecer su actividad lucrativa a un precio más bajo.
[Artículo publicado en La Directa]
