Isabella Arria
Fuentes: Estrategia
Las macroinvestigaciones sobre pederastia en la Iglesia católica en el mundo muestran miles de víctimas y pocos condenados. Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Alemania y ahora Francia han ido destapando la magnitud de unos crímenes sepultados por décadas de silencio.
La falta de voluntad para dar con la verdad resulta vergonzosa y perpetúa una herida que ha destrozado las vidas de quienes la padecieron y configuran, a pesar de la posición oficial del Vaticano y del papa Francisco, en un verdadero agujero negro para el catolicismo..
A principios de octubre se conoció un informe sin precedentes en Francia, en el cual se demostró el abuso sexual de 216.000 niños por parte de más de 3.300 sacerdotes y religiosos, cifra que se eleva hasta 330.000 si se cuentan los cometidos por personas laicas que colaboraban con sus instituciones. Pese a preservar el secreto de confesión, la Iglesia católica francesa ha actuado de forma enérgica para abordar el dramático agujero negro de la pederastia en su seno.
Por contraste, hace más insostenible todavía la actitud de otras jerarquías eclesiásticas, como la española, que se resisten a reconocer su responsabilidad directa en los daños causados. Por propia iniciativa, la Conferencia Episcopal francesa encargó una investigación a una comisión independiente que ha podido trabajar sin cortapisas.
El Estado francés puso en su sitio en octubre último a la Iglesia católica luego que el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, señalara que el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República. El ministro del Interior Gérald Darmanin le recordó que “no hay ninguna ley superior” a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un “crimen” contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión.
Los obispos franceses, reunidos en la ciudad de Lourdes, decidieron «reconocer la responsabilidad institucional de la Iglesia» en los miles de abusos sexuales a niños y adolescentes y su «dimensión sistémica». En octubre, una comisión independiente estimó en un informe que unos 216.000 menores fueron víctimas de abusos por sacerdotes y religiosos en Francia entre 1950 y 2020, cifra que sube a 330.000 si se cuentan a los trabajadores de instituciones religiosas.
Desde que en 2002 el diario The Boston Globe destapó el primer gran escándalo de pederastia en la Iglesia de Estados Unidos, se han sucedido las revelaciones y las investigaciones. En algunos casos, como Francia o Alemania, han sido las propias conferencias episcopales las que han iniciado las investigaciones. En Bélgica ha sido iniciativa del Parlamento, y en otros, como Australia o Irlanda, de sus gobiernos.
España es, junto a Italia y Portugal, el país donde mayor resistencia muestra la Iglesia a esclarecer la verdad. Tampoco el Estado ha hecho nada hasta ahora para que se investigue de forma más rápida y segura. La actitud de la Conferencia Episcopal española ha sido siempre tan negacionista como obstruccionista. No solo perpetúa así la vejación sufrida por las víctimas, sino que también desobedece l mandato del papa
Las instrucciones del papa Francisco han sido de colaboración y transparencia fueron muy precisas y ha señalado su vergüenza por “la larga incapacidad de la Iglesia” para afrontar esta cuestión. Al permitir y en muchos casos encubrir los abusos, la Iglesia católica traiciona la confianza de las familias que han puesto una parte de la vida de sus hijos en sus manos, y también ha traicionado la confianza del Estado, que le ha concedido –incluso- el privilegio de intervenir en su educación.
Negociación
Según la prensa española, la Compañía de Jesús y los maristas exigen a las víctimas de abusos de la Iglesia firmar un pacto de confidencialidad para negociar compensaciones, algo prohibido por el Papa en 2019 en su documento Vox estis lux mundi, destinado a reforzar la lucha contra la pederastia en el clero y acabar con el secretismo.
Alfonso Caparrós, de 76 años, víctima de los abusos de un jesuita en el colegio San Estanislao de Kostka de Málaga en los años cincuenta, se reunió en junio de 2020 con el provincial de España de la orden. “Conté mi caso por desahogo, no por esperar dinero, ni sabía que eso se podía. Tras escucharme, me dijo: ‘¿Cuánto crees que te corresponde?’. Le dije que habían perdido mi alma, porque me hice ateo, y que tasara él lo que vale un alma perdida como la mía”, relata Caparrós a E l País.
Entró entonces en un proceso de indemnización que define como impersonal, frío y humillante, a través de un despacho de abogados, y en el que, para empezar a negociar, se le exigía la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Los maristas, en Cataluña, también impusieron la misma condición en 2020, en la primera indemnización colectiva emprendida por una orden católica en España. Caparrós descubrió que los jesuitas manejan un tarifario sobre los abusos “en función de su gravedad”: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000 alta. Ahora, dice, sabe cuánto vale su alma: “Mi violación vale solo 7.500 euros”. Los recibió el pasado mes de junio en su cuenta bancaria.
En un claro desprecio a la verdad, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica ibérica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas de dicha confesión.
Es también un desprecio al reconocimiento que el Papa ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, llamando a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas.
La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar los delitos sexuales perpetrados por sus integrantes no puede desvincularse del enorme poder económico e influencia política de que goza. En España la Iglesia católica se encuentra subvencionada por el Estado, tanto de manera directa como indirecta.
Según Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19 mil personas que imparten esta religión en los centros educativos (quienes son designadas por los obispados, pero pagadas por el Estado) asciende a 600 millones de euros anuales; pero si se suman todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11 mil millones de euros al año, más de uno por ciento del producto interno bruto.
Más allá de lo financiero, su ascendiente entre la clase política es de tal envergadura, que el gobierno del presidente socialdemócrata Pedro Sánchez ha sido el primero en prescindir de biblias y crucifijos en su toma de posesión.
Mientras en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de los abusos, en España apenas reconocen 220 episodios de este tipo de 2001 a la fecha.
La persistencia de estos subsidios pueden leerse como ejemplos de la impronta fascista que sigue viva en sectores de la institucionalidad y la ciudadanía españolas, como bien demuestran los índices de votación de formaciones velada o abiertamente franquistas, entre las que se cuentan el Partido Popular o Vox, señala el diario mexicano La Jornada.
* Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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