Secretos de Estado
Victor Arrogante
Posiblemente la mayoría de las pruebas documentales y cintas con
imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por órdenes de destrucción
masiva. Habrá que esperar a la desclasificación de los documentos para
conocer algo más sobre el caso, aunque ideas tenemos. Algunos ya
habremos muerto y los hijos de mis nietos ni sabrán de qué hablaba el
abuelo.
Vivimos en un país de secretos, salvo
que afecte al pueblo llano o la vida de algunos personajes populares,
cuyo techo se convierte en cristal, por la presión de algunos medios. La
Ley sobre secretos oficiales,
procede del franquismo (5 de abril de 1968), con algunos retoques
establecidos en 1978 (31 de octubre), antes de la aprobación de la
Constitución. El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una
iniciativa, para fijar un periodo de desclasificación automática (25
años para materias secretas y 10 para las reservadas), atribuyendo al
Consejo de Ministros la facultad de clasificación.
El Gobierno del PP en octubre de 2015, ya había rechazado desclasificar documentos de entre 1931 y 1968,
porque «no se considera prioritario» y por la falta de medios técnicos y
económicos para llevar a cabo tal «ardua tarea» del estudio de miles de
documentos sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismoque
fueron clasificados secretos en 1968. Con su postura niega temiendo, el
conocimiento de lo que ocurrió durante el franquismo, convirtiéndose en
cómplice de sus horrores, como hace al negarse a perseguir sus crímenes.
«No se desclasificarán documentos de los que se ignore su contenido
porque el Gobierno no va a tomar riesgos sobre la seguridad del Estado».
Es bochornoso que a estas alturas, los investigadores se vean obligados
a acudir a Reino Unido o Francia para conocer hechos de la historia de
España.
La opacidad de España es mayor que la
del Vaticano, modelo del secretismo, que aunque ha desclasificado
documentos sobre la actividad de la Iglesia argentina bajo la dictadura,
todavía no lo ha hecho sobre la inexistencia de dios y las vidas poco
ejemplares de muchos miembros de su comunidad en la historia. La
paradoja estriba en que, mientras Defensa alega que no tiene medios para
desclasificar documentos sobre la guerra civil o los campos de trabajo
de la dictadura, ha digitalizado miles de páginas de informes
desclasificados sobre los avistamientos OVNI y con limitaciones.
En noviembre pasado, el PP no logró frenar la reforma de la ley franquista de secretos oficiales,
ni ofreciendo al PSOE y Ciudadanos enviar un proyecto de ley en seis
meses. El PSOE rechazó el acuerdo y votó a favor de la aceptación a
trámite de la iniciativa. El Congreso dio luz verde a la propuesta del
PNV, por 169 votos a favor, 3 en contra y 162 abstenciones. En el banco
azul, la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue el único
miembro del ejecutivo presente.
Pero no nos remitamos a documentos
secretos de la historia no tan lejana de España como la guerra y el
franquismo. Esta semana se cumplen 36 años del 23F de 1981, el golpe de
Estado, que dieron los facciosos. Hay más sombras que luces sobre lo
ocurrido y más responsables de los que aparecen. Hasta siete secretos del 23F y la Transición podrían quedar a la luz si se modifica la ley de secretos, que se encuentra en la comisión constitucional:
«¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan
Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de
un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al
tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general?
¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los
servicios secretos españoles en su investigación? ¿Hasta dónde había
implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún
servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar
contra Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano
con el seguimiento a 8.000 personajes que tenían o podían tener en el
futuro una proyección pública?»
El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus órdenes y lo argumento en el artículo El rey fue uno de los responsables y en una serie de artículos sobre el trágico y bochornoso acontecimiento. «Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey»,
en opinión de Pilar Urbano. El rey parece que insistió «¡A mi dádmelo
hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Estaba previsto que a la
llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga,
Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y José Luis
Álvarez. En la historia de España, la monarquía siempre se ha
restaurado o instaurado mediante golpe de Estado. Se consiguió lo que
pretendía: el rey y la monarquía consolidados; la democracia
fortalecida; el desarrollo del estado autonómico paralizado; y la
política de Suárez reconducida.
El desaparecido Diario16, dejó algunas preguntas, que junto con las que yo mismo hago en Preguntas con respuesta incorporada, que siguen teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo ocurrido:
¿Qué quiso decir Suárez en su despedida
televisiva, con: No quiero que la democracia sea, una vez más, un
paréntesis en la historia de España?
¿Por qué no se investigó a El Alcázar,
cuando el día antes publicaba: «Todo dispuesto para la sesión del lunes,
Antes de que suenen las 18.30 horas»? o a la revista «Spic» del mes de
febrero, donde un tal Otis escribía: «No es cierto que yo pretenda dar
un golpe militar el lunes 23 de febrero por la tarde… ¡Además, no sé!»?
¿Por qué el capitán Sánchez Valiente,
«el hombre del maletín», que se marchó al extranjero tras fracasar el
23-F, sólo fue juzgado por «abandono de destino»? y ¿Por qué no se
investigó la frase del coronel San Martín en el juicio de Campamento:
«Por una confidencia supe que más gente de los que estamos aquí estaba
enterada e implicada»?
¿Por qué el Rey, en su telex a Milans
del Bosch, dijo: «…después de este mensaje ya no puedo volverme atrás»? y
¿Por qué el Rey tuvo que decir aquello de: «Ni abdico, ni me voy.
Tendréis que fusilarme»?
¿Por qué no se reveló el nombre del
«portavoz parlamentario» que sería el interlocutor entre los golpistas y
los diputados?; ¿Por qué el Gobierno de la UCD giró radicalmente a la
derecha tras el fracaso del golpe y se aceleró la integración en la
OTAN?
¿Por qué dijo Armada a Aramburu
(director de la Guardia Civil), al llegar al Hotel Palace en la
medianoche del 23-F: «Vengo porque me has llamado tú»?; ¿Por qué se
impidió a Armada revelar en el juicio el contenido de su audiencia con
el Rey (que duró hora y media) en la Zarzuela, diez días antes del 23-F?
¿Por qué el Consejo de Guerra que juzgó a
los implicados condenó al general Armada a seis años de prisión y el
Supremo elevó la pena a 30 años, como a Tejero y Milans?
¿Por qué no se investigó el asalto al
Gobierno Militar de Madrid con intervención de elementos
ultraderechistas?; ¿Por qué no se investigó quién era la autoridad,
«militar por supuesto», que anunció el capitán Muñecas desde la tribuna
del Congreso?
¿Por qué Quintana Lacaci, capitán
general de la I Región, manifestó posteriormente que si el Rey le
hubiese ordenado sacar sus tropas a la calle y ocupar Madrid le hubiese
obedecido?; ¿Por qué no se investigó y llamó al orden al teniente
general Ignacio Alfaro, presidente de la JUJEM, quien, tras ver el
mensaje del Rey por TVE, se fue a dormir?; ¿Por qué no se detuvo a
Torres Rojas en la Acorazada «Brunete» cuando se le ordenó por su
capitán general, Manuel Fernández Posse, que regresara a A Coruña,
continuó varias horas más en la División?
La diputada Carmen Echave, declaró a El Correo Español:
«Cuando me condujeron los guardias al despacho del vicepresidente del
Congreso, me prohibieron encender la luz. «Es por su seguridad. No le
conviene ver quiénes están ahí». Nadie lo investigó».
¿Por qué el Gobierno español no protestó
ante el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado,
Alexander Haig «Es un asunto interno de los españoles»? Para Santiago
Carrillo, estaba claro que la CIA estaba al corriente de los preparativos del golpe,
así como el embajador de Estados Unidos en España. Parece que también
el Vaticano había sido informado y la Conferencia Episcopal española.
Si les quedan dudas, lean la denuncia ante el Fiscal General del Estado
del excoronel Martínez Inglés, contra Juan Carlos de Borbón por el 23-F
y la «Solución Armada I y II». También algunos de mis artículos aparte
de los ya mencionaos: ¿Estaba el ‘elefante blanco’ a las órdenes del Rey?; Golpe de Estado que cambió el rumbo de la Transición; Golpe de estado en mi memoria o El “juicio de Campamento Cambalache. Si no las tienen ya, saquen sus propias conclusiones.
Posiblemente la mayoría de las pruebas
documentales y cintas con imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por
órdenes de destrucción masiva. Habrá que esperar a la desclasificación
de los documentos para conocer algo más sobre el caso, aunque ideas
tenemos. Algunos ya habremos muerto y los hijos de mis nietos ni sabrán
de qué hablaba el abuelo.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
Kaosenlared.
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