El proceso por déficit a España y Portugal reabre el debate sobre la austeridad en la UE
Una mayoría transversal se opone en el Parlamento a que el
Gobierno comunitario bloquee fondos estructurales a los dos países. La Comisión parece más
flexible. ¿Es el principio del fin de las políticas ordoliberales?
Alexandre Mato
CTXT . Público .es
En el Parlamento Europeo hay un consenso creciente y transversal
sobre la necesidad de no perjudicar el crecimiento del continente. Poco a poco,
las fuerzas conservadoras del sur intentan despegarse de la obsesión por la
austeridad que caracterizó la era Barroso, los dos mandatos del portugués al
frente de la
Comisión Europea. Esta semana se ha visto, sin embargo, que
esta tendencia no ha calado aún del todo entre los altos tecnócratas del
Gobierno comunitario.
El último ejemplo de esta tensión Parlamento-Comisión y
crecimiento-austeridad se ha producido durante el debate acerca de la
conveniencia de sancionar o no a España y a Portugal con un recorte de los
fondos estructurales como castigo por el incumplimiento del déficit.
España se libró en julio de una multa de 2.000 millones de euros,
tras incumplir las previsiones de déficit impuestas por el Programa de
Estabilidad. Pero un segundo punto del proceso sancionador quedó abierto: la
amenaza de congelación de fondos estructurales. La Comisión pretendía
bloquear parte del dinero para 2017 pero el Parlamento Europeo invocó un
comodín, el Diálogo Estructurado, que obliga al Gobierno de la UE a explicar por qué quiere recortar
los fondos comunitarios a un país que incurre en déficit excesivo.
El Parlamento Europeo rechaza la congelación de los Fondos
Estructurales y de Inversión para España y Portugal porque se trata de “una
medida dura”, según el presidente de su Comité de Asuntos Económicos, el
italiano Roberto Gualtieri, del Partido Democrático. La decisión “lastraría la
recuperación económica española y europea”, afirma a CTXT el vicepresidente de la Cámara, Ramón Luis
Valcárcel, del PP.
Una visión que comparte otro eurodiputado del PP, Pablo Zalba,
vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Económicos, que espera “que no haya sanciones respecto a la
congelación de fondos, es decir que se repita el mismo escenario que el pasado
26 de julio”. Y que va más lejos: “No tengo ninguna duda de que la situación
fiscal de España, que es verdad que no ha cumplido estrictamente --insisto
estrictamente-- los objetivos de déficit establecidos, ha sido un elemento que
también ha contribuido a que España tenga las tasas de crecimiento que tiene”.
1.300 millones
Hasta el lunes 3 de octubre, día en el que la mayoría de diputados
de la Eurocámara
se opusieron a la sanción, en Bruselas se barajaba que las partidas afectadas
por el bloqueo podrían alcanzar 1.300 millones de euros. Un importe que nunca
ha sido confirmado por la
Comisión, pero que el ministro español de Economía, Luis de
Guindos, dejó caer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados a
mediados de septiembre, el día que aseguró que la designación de Soria como
director ejecutivo del Banco Mundial no fue “un nombramiento político”.
El rechazo de los europarlamentario es, sin embargo, sólo una
recomendación y la Comisión
podría hacer caso omiso. Pero todo apunta a que escucharán las razones del
Parlamento. El órgano ejecutivo de la
UE tiene hasta finales de año para proponer la congelación o
no del dinero pero, durante la comparecencia en el Diálogo Estructurado, sus
dos representantes trataron de minimizar el impacto negativo de esta
suspensión.
El vicepresidente para el Empleo y el Crecimiento, Jyrki Katainen,
y la comisaria de Desarrollo Regional, Corina Cretu, explicaron al Parlamento
que tendrán en cuenta “las circunstancias económicas y sociales de los Estados
Miembros, especialmente el nivel de desempleo, que es alto en España y
Portugal”, y que no apretarán el botón nuclear, la congelación máxima.
Lo más probable, dada la discusión abierta, es que el castigo sea
mínimo, casi como una reprimenda simbólica a España y Portugal.
“Vinieron con la intención de dar la imagen de que no quieren
activar este proceso, que están obligados por las normas, pero que la Comisión hará todo lo
posible para que no se active”, comenta el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun,
adscrito al grupo de Los Verdes.
Esta actitud es la misma que se vio antes del verano respecto a la
multa a España. Tras el sí en el referéndum del Brexit y con la ultraderecha
francesa del Frente Nacional ganando ímpetu ante las elecciones presidenciales
de ese país en 2017, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, supo ver que no
era el momento de sancionar a nadie. “Los ciudadanos de España y Portugal no lo
entenderían después de los duros ajustes sufridos”, explicó entonces el
comisario portugués, Carlos Moedas, responsable de Ciencia e Innovación en el Ejecutivo
europeo.
Ante un pequeño grupo de periodistas, Moedas reconocía el papel
jugado durante la reunión de comisarios por Juncker, “que siempre ha dicho que
esta es una Comisión política y no técnica”. E insistía en otra cuestión clave:
la crisis política que vive Europa. “Los comisarios no vivimos desconectados
del mundo exterior, si hubiésemos visto una postura en los gobiernos de
Alemania y Holanda a favor de la multa, la realidad sería diferente”, dejó caer
Moedas.
Aunque el representante alemán Günther Oettinger, comisario de
Economía Digital, fue de los más duros con España y Portugal, en Berlín sus
jefes cambiaron de discurso. El Ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble,
defensor a ultranza de la austeridad fiscal, pidió en una ronda de llamadas a los
comisarios conservadores que valorasen las consecuencias políticas de su
decisión. El movimiento es algo más que una concesión a la periferia. El
Gobierno de Angela Merkel tiene un difícil escenario electoral en los próximos
meses, está perdiendo cada vez más fuelle y la ultraderecha de la AfD es una amenaza para los
comicios federales de 2017.
Los casi nueve años de crisis económica tratados con sobredosis de
austeridad le están saliendo muy caros a la UE; populismos crecientes en los Estados Miembros
y discursos cada vez más xenófobos y contrarios al proyecto comunitario. Hasta
el BCE se ha dado cuenta: de pedir recortes por carta en el verano de 2011 al
presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, a hablar actualmente de
“una consolidación fiscal compatible con el crecimiento”.
Las normas son flexibles y deben emplearse con inteligencia,
defiende la actual Comisión, que empieza a poner el énfasis en el crecimiento
en detrimento del déficit. Esta nueva cara amable de Bruselas se encarna en la
posición mostrada por los comisarios Katainen y Cretu en el Parlamento. Si los
gobiernos español y luso cumplen con la senda fiscal, si reconducen el déficit
como se les pidió en julio, el vicepresidente Katainen confirmó que una
hipotética congelación se revocaría y “no se perderá ni un céntimo”.
Para Lidia Senra, eurodiputada gallega de AGE, esta condición es,
sin embargo, “un chantaje permanente”. Según ella, no hay cara amable de
los comisarios: “Están convencidos de que los gobiernos van a aplicar las medidas
de austeridad a cambio de no suspender los fondos estructurales”.
Un rechazo parlamentario casi absoluto
Lo novedoso es que los conservadores, las filas socialdemócratas,
los verdes y los grupos de izquierda formaron un frente común, excepcional por su
heterogeneidad ideológica, “una gran mayoría”, en palabras de Urtasun. El PP
Europeo abandonó su tradicional disciplina con el cumplimiento de las normas y
sus diputados abogaron por la flexibilidad, uniéndose a sus rivales
parlamentarios.
Desde el PP, Pablo Zalba, defiende el rechazo de su grupo a la
congelación de los fondos porque, según explica, “nadie entendería un castigo
de la Comisión,
que ha situado el crecimiento en el centro de su agenda política, precisamente
contra el país que más crece de la eurozona”.
La duda es si, en este viraje pragmático que une a los populares
con los grupos de izquierda, los eurodiputados conservadores de España y
Portugal tuvieron que convencer a sus homólogos alemanes, finlandeses y
holandeses, el ala dura de las políticas del rigor presupuestario. Zalba lo
desmiente.
En la bancada socialista creen que esta posición común de los
grupos parlamentarios parte del análisis común sobre la situación económica
europea. “No es simplemente una cuestión de interés nacional”, dice el
parlamentario del PSOE Jonás Fernández. “En el grupo popular intervinieron
eurodiputados en contra de ese bloqueo que no eran españoles ni
portugueses”.
Entre la minoría que no rechaza frontalmente la congelación de los
fondos están los liberales de ALDE. Su eurodiputada Sylvie Goulard piensa que
sus colegas “fueron prisioneros de sus países de procedencia”, y critica las
posiciones contrarias a la aplicación de las normas, aunque no dejen margen de
maniobra.
La disidencia liberal, tan pro-europea que pide no incumplir las
normas comunitarias, evidencia una disyuntiva política y legal. La Comisión y el Parlamento
están atados por la última reforma de la Política de Cohesión comunitaria, aprobada en
noviembre de 2013, y que ahora es abiertamente cuestionada en la Cámara.
La comisaria Cretu defendió esta “condicionalidad” de los fondos
estructurales porque da a los países de la UE suficiente tiempo para cumplir con las normas
fiscales. Una postura “incongruente” para Urtasun, “porque al mismo tiempo que
se defiende se deja la puerta abierta a no aplicarla”.
La pescadilla que se muerde la cola
Pero, ¿si la
Comisión realmente no quiere aplicar esta congelación y el
Europarlamento la rechaza, por qué sigue en marcha el proceso? Sencillamente
porque Bruselas lo activó al abrir la sanción por déficit excesivo a España y
Portugal y el Ecofin, el Consejo de la
UE integrado por los ministros de Finanzas y Economía de los
28 Estados Miembros, lo ratificó.
Hace un año, la
Comisión dudaba de las cuentas españolas y de la capacidad de
un gobierno enfrascado en la precampaña electoral del 20-D para reducir un
déficit que se desbocaba. Alertó contra la rebaja del IRPF del gobierno en un
momento de caída de la recaudación fiscal. Así era imposible cuadrar las
cuentas; pero todo quedó en una mera advertencia.
El 4 de octubre del 2015, en el Eurogrupo de Luxemburgo se vivió el
primer enfrentamiento público entre el Comisario de Economía, Pierre Moscovici,
y Luis de Guindos por este asunto. La Comisión adelantó, sin confirmación formal, que
el déficit en 2015 saltaría al 4,5%, tres décimas más de lo acordado. En julio
se certificaría que finalmente fue del 5,1%.
Ante los periodistas, Moscovici invitó a España a ajustarse de
“manera estricta” al presupuesto del 2015 y a “adoptar las medidas necesarias”
para asegurar las cuentas de 2016. El gobierno de Rajoy hizo caso omiso. De
Guindos abandonó las reuniones con sus colegas de Economía insistiendo en que
el crecimiento compensaría cualquier desvío.
Al día siguiente llegó el revolcón, España no cumplía en 2015 y
tampoco lo haría en 2016; comenzaba un proceso de meses para verificar que el
déficit español, junto al portugués, era excesivo. Sólo el calendario
electoral, la falta de gobierno, las presiones políticas y el auge del euroescepticismo
en el continente la evitaron. El presidente Juncker frenó al ala dura de su
equipo, favorable a las sanciones con Katainen y el vicepresidente para el
euro, Valdis Dombrovskis, al frente.
El mal trago vivido hasta julio pudo acabar en catástrofe, con una
sanción del 0,2% del PIB. La
Comisión no impuso la multa pero de aquellos polvos vienen
estos lodos. España y Portugal siguen en la picota y sus ministros recibirán un
escarnio público en Bruselas.
¿De Guindos ante el Europarlamento?
La audiencia de la
Comisión en el Parlamento Europeo deja, además de la
infrecuente alianza parlamentaria entre conservadores e izquierda, una sorpresa
política: la llamada a consultas de los titulares de Economía de España y
Portugal para “un intercambio de puntos de vista antes de finales de octubre”
con los “Comités de Desarrollo Regional y de Economía” del Parlamento.
De Guindos y su homólogo luso, Manuel Caldeira Cabral, deberán
explicar si han cuantificado el impacto de una posible congelación de los
fondos comprometidos en 2017 y los planes presupuestarios que deben enviar a
Bruselas para el 15 de octubre. Es una potestad que tiene el Europarlamento,
“ofrecer a los Estados de la UE
que expresen sus visiones”, confirma la eurodiputada Goulard.
La liberal gala, coordinadora de su grupo en el Comité de Economía,
es una de las defensoras de la comparecencia. El eurodiputado del PSOE, Jonás
Fernández, confirma que su grupo apoya la petición y espera su encaje “en el
calendario” del Diálogo Estructurado. Los tiempos apremian para que sea antes
del final de mes, como quiere el Parlamento. Los comités quieren que la
discusión sobre los fondos se celebre “sin ningún retraso”, explica Goulard,
quien insistió “personalmente en ello para que los ministros no tarden seis
meses en venir”.
.....
De todos modos recordemos esto
"El mecanismo es de doble presión. Aunque la “confianza de los mercados”
ha sido sustituida en la práctica por la política de liquidez monetaria
vía compra de activos del Banco Central Europeo, su primera condición
para poder acogerse a sus programas es el mantenimiento de los rating de
las agencias privadas de calificación de riesgos. Y estás juzgan las
primas de riesgo de las deudas soberanas de acuerdo con la aplicación de
las políticas de ajuste neoliberal que garanticen el servicio de la
deuda.El 8 de agosto, el gobierno en funciones de Rajoy llegó a un acuerdo de ajuste fiscal de tres años con la Unión Europea,
Conclusión ..del blog
Lo que no dice el articulo arriba
es que el PP pacto una reducción del déficit a tres años y que como consecuencia de la “fiscalidad
expansiva” o rebaja de impuestos no solo por que había elecciones . y como ahí mismo
reconoce uno del PP.. “Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Económicos, que espera “que no haya sanciones respecto a la congelación de
fondos, es decir que se repita el mismo escenario que el pasado 26 de julio”. Y
que va más lejos: “No tengo ninguna duda de que la situación fiscal de España,
que es verdad que no ha cumplido estrictamente --insisto estrictamente-- los
objetivos de déficit establecidos, ha sido un elemento que también ha
contribuido a que España tenga las tasas de crecimiento que tiene”.” .Esa
fiscalidad expansiva , también utilizada por Zapatero, crea consumo y demanda agregada
, como un modelo típico que venden además como “keynesianismo neoliberal” y que algunos economistas han evaluado en un 1% del PIB actual español y otros en varias décimas sin citar cuantas, pero que
acumula un déficit ya más de 9 mil millones.
Zapatero en el. 2005
bajo impuestos. En el 2007 se habían dejado de recaudar 27 mil millones según Hacienda , mas tarde al
comienzo de la crisis hizo mismo, lógico NI en primer mandato hizo una reforma fiscal aprovechando la
burbuja o el ciclo alcista, eso si con los fondos europeos desarrollo infra estructuras
, pero ni financió la ley de dependencia. Método Reagan .
El BCE al bajar el
euribor a mínimos y dar liquidez a la banca a través de los bancos nacionales,
no le resuelve nada de la economía fuera de salvar bancos . ya que los bancos encima invierten ese dinero
en bonos , por eso el BCE ahora compra bonos e incluso a empresas lo mismo. No
funciona como inversión empresarial sino rentista financiera y así no se despegan
de la primas de riesgo ni buscan ahorro
en los depósitos bancarios, benéficos de pocos desgracia de todos.
Es como si desde el
cielo cayera el mana hasta que caen
chuzos de punta. La palabra gasto ( demanda agregada ) referida al estado, está incluso maldita como el propio
keynesianismo bien entendido ante la austeridad
. Y aquí
con la crisis del PSOE hablan de recuperar la socialdemocracia. ¿Cual? ,sin moneda ni banco central propio , y
sin romper las políticas de austeridad , subir impuestos a los ricos y mantener y crear más estado social? .Y encima reduciendo la salud pública y la enseñanza del mismo signo .
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