G. Buster
Sin Permiso.
El acuerdo alcanzado por el gobierno Rajoy en funciones en el Consejo europeo del 8 de agosto -para evitar la sanción por el incumplimiento del déficit fiscal-, implica una política brutal de ajuste presupuestario en tres años: -4,6% en 2016, -3,1% en 2017 y -2,2% en 2018. No ha habido ninguna explicación pública de dicha negociación, por parte de un gobierno en funciones que se niega anti-constitucionalmente a ser controlado por el Congreso de los Diputados y que viene violando sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las capacidades de los “gobiernos en funciones”.A pesar de un crecimiento del PIB en 2015 del 3,2 % y de 2,7% previsto en 2016, el déficit fiscal fue 0,9% superior en 2015 y se prevé –tras la ola de recortes anunciados- que 1,8% en 2016 con respecto a los objetivos pactados inicialmente con la Comisión. Ello parece establecer un efecto directo entre el aumento del gasto público y una tasa de crecimiento del PIB superior en cerca de un punto con respecto al resto de las grandes economías de la zona euro. Pero además, hay que sumar a este escenario la contrarreforma fiscal del PP (Ley 26/2014), que supuso una merma de recaudación de 6.000 millones de euros en 2015 y que pretendía otra reducción de 3.000 millones en 2016.
La primera consecuencia tras el acuerdo de agosto con la UE ha sido la congelación ordenada por el ministro de Hacienda en funciones, Montoro, con fecha de 31 de julio de la asignación de los gastos no comprometidos de los distintos ministerios del presupuesto aprobado por el Congreso de los Diputados de 2016. La segunda, el aumento de los tipos del impuesto de sociedades, para alcanzar una recaudación comprometida con la UE de 6.000 millones de euros. Así se espera alcanzar a final de año el objetivo del déficit del -4,6%.
Pero no bastaría con ello para fijar el techo de gasto de 2017, con un crecimiento del PIB estimado del 2,3% (en el que esta por ver como afectarán todos estos recortes del gasto público). Hay que recordar que el techo de gasto se ha reducido de 133.259 millones aprobado en 2015, primero en un -3,2% en 2015, y después en otro -4,4% en 2016. El recorte exigido ahora seria de -4,5% en 2017 (0,5% del PIB según la Comisión europea) y de una cifra igual o superior –dependiendo del crecimiento del PIB- en 2018, pasando así a 117.894 primero y después a 112.394 millones de euros. En cuatro años de Gobierno Rajoy el presupuesto general del estado habría caído -16,6%.
Estas cifras suponen empujar a la economía española a una recesión, con un aumento del paro, por encima del 25% de nuevo, cuando solo el 40% de los parados reciben prestaciones o ayudas. Con un gasto social que es casi tres puntos del PIB inferior a la media de la zona euro, esta caída supone el desmantelamiento del carácter universal del estado del bienestar y sus derechos sociales. Este es el verdadero programa de cualquier gobierno que se someta a las imposiciones económicas austeritarias de la UE y no lleve a cabo una profunda reforma fiscal progresista que permita mantener el gasto social con un aumento de la imposición sobre las rentas del capital.
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