miércoles, 17 de julio de 2019

Democracia y capitalismo: los orígenes del engaño

 Resultado de imagen de Capitalismo y democracia, 1756-1848. Cómo empezó este engaño
Democracia y capitalismo: los orígenes del engaño



Josep Fontana fue miembro del consejo editorial de Sin Permiso hasta su muerte el 28 de agosto de 2018. Publicó 47 textos en esta revista y, después de su muerte, realizamos una selección de algunos de los textos publicados que pueden encontrase aquí. Muy recientemente se ha publicado en catalán y castellano la obra póstuma de Josep Fontana: Capitalismo y democracia, 1756-1848. Cómo empezó este engaño . El gran historiador ilustra con su erudición habitual y a lo largo de un período histórico clave expuesto en el título, una tesis ya apuntada en las primeras palabras de su prefacio: muchos estados actuales son democracias parlamentarias cuyas constituciones recogen derechos y libertades de la ciudadanía, pero sus gobiernos se preocupan especialmente de favorecer los intereses económicos de las grandes empresas y de los más ricos.
Es imposible entender el mundo actual, sostiene Fontana, sin entender los aspectos fundamentales de su configuración histórica. A este fin dedica Fontana este trabajo.
Cómo empezó este engaño es un subtítulo suficientemente elocuente. No estamos donde estamos de forma natural dictada por el “progreso”, lo estamos porque mediante leyes, asesinatos, ejércitos y terror los grandes ricos en alianza con aristócratas y monarquías carniceras han ido configurando el mundo que vivimos. 1756-1848: un siglo de expropiaciones campesinas, revueltas, reacciones, revoluciones, represión sin miramientos a los resistentes. Un siglo en donde conviven la esclavitud y las formas más explotadoras de trabajo asalariado. Engels en 1842 escribía que la población obrera industrial sufría de una “esclavitud más abyecta que la de los negros de América, porque están más estrechamente vigilados”. Y su amigo Marx a su vez escribía refiriéndose a la clase trabajadora: “la esclavitud escondida de los obreros de Europa”. Dos citas que Fontana recuerda en el libro.
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martes, 16 de julio de 2019

Chantal Mouffe y el populismo de izquierdas

Entrevista a Chantal Mouffe, filósofa y politóloga
“Nunca tomé muy en serio esa idea de Podemos de asaltar el cielo”

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En la década de 1980, Chantal Mouffe escribió con Ernesto Laclau Hegemonía y estrategia socialista1, que se convirtió en un clásico y un instrumento para las izquierdas que, en el contexto del agotamiento del socialismo real y de las apuestas revolucionarias de los años 70, buscaban apostar a la democracia pero sin abandonar los proyectos de cambio social. Y desde entonces, la autora belga viene abogando por una visión “agonista” de la política que recupera el conflicto –frente a las visiones pospolíticas–, aunque en el marco de una democracia que no deja de ser “liberal” pero se radicaliza mediante un conjunto de reformas2. En los últimos tiempos, su apuesta sigue las huellas de Laclau hacia la construcción de populismos de izquierda como forma de enfrentar la posibilidad de que las “demandas democráticas” del pueblo sean articuladas por los populismos de derecha. Y sobre este tema versa esta entrevista, en la que analiza parte de la actual coyuntura europea y latinoamericana.

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miércoles, 10 de julio de 2019

El bloqueo de los archivos de la represión franquista

Son las fotos prohibidas. Lo fueron hace 55 años, cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros del grupo de danzas vascas Eusko Lorak de Sestao. Su delito: atreverse a desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, día de San Inazio. Hoy, aquel carrete con imágenes “subversivas” sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemérita: aún resulta imposible recuperar ese material.
Se trata de un caso más en un largo listado de vetos y prohibiciones a investigadores que buscan recuperar la historia que la dictadura franquista ocultó y que la democracia, incluso más de 40 años después de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De todo esto habla el libro electrónico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero –pertenecientes a CCOO y UGT respectivamente– gracias a los textos aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y especialistas en legislación.
“En conjunto, nos ofrecen una información muy completa de la situación de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de sus experiencias en la investigación”, señalan Sebastián Pacheco Cortés y Ramón Górriz –representantes de ambas fundaciones– en el prólogo.
En las páginas de este trabajo colectivo se cita un dato relevante: en 2013, el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirtió sobre las “dificultades” que existían en España para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que “revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.
Sin embargo, “son ya proverbiales las quejas de los investigadores por las dificultades de acceso a la documentación de archivo cuando abordan determinados temas históricos en ciertas épocas del siglo XX español y, más concretamente, en el tramo cronológico que va de la Guerra Civil a la Transición democrática”, destacan Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018-, y los investigadores Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo en el texto de presentación.
Allí señalan que “si bien es cierto que en las últimas décadas los servicios archivísticos han mejorado, no es menos evidente que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal –en el que inciden el Estado y las Comunidades Autónomas– como en el de asignación de recursos humanos y técnicos y en el de la promoción pública del Patrimonio Documental”.
En tal sentido, advierten que “el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de la represión habida durante esos períodos”. Esta situación obstaculiza con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra”, subrayan.

"Intentos inútiles"

A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que ilustran las trabas que sufren los investigadores en España. Matilde Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso del proyecto de investigación colectiva sobre “Judicatura, Investigación y Penitencia” –en el que se pretendía abordar “el orden político y los instrumentos de represión, 1939-1982”-, coordinado por el ya fallecido historiador Julio Aróstegui y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigadora relata una situación paradójica: a pesar de haber recibido el aval del Gobierno de entonces, los impulsores del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Político-Social. “Los intentos que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jiménez Villarejo, por lograr acceder a los fondos, fueron inútiles. No valió de nada la justificación de la necesidad de conocer la estructura y organización de la policía política y su relación con la Magistratura, ni la solvencia académica del director del proyecto y su Equipo. Y tampoco tuvimos una explicación satisfactoria del destino de la documentación que solicitábamos”, destaca.
"En otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales"
Tal como se describe en la presentación de este informe, “en otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentación”. Citan el caso del historiador Francisco Espinosa, quien “relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos relativos a Batallones y Campos de Concentración españoles durante la Guerra Civil y la posguerra”.
En el capítulo que lleva su firma, Espinosa “aborda también el caso, más conocido y denunciado, de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados en archivos militares del período 1936 a 1968, que durante el mandato de Carme Chacón como Ministra de Defensa se anunció que iban a ser liberados para su consulta”. “El expediente de desclasificación quedó entre los asuntos sin tramitar por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, al hacerse cargo del ministerio Pedro Morenés, después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, quedó completamente olvidado”, denuncian.
A criterio de los investigadores, “las dificultades de acceso a cierta documentación son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atención a los deberes de la ‘memoria histórica democrática’ en España”. “Sin duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se pretendió cubrir el proceso de Transición política a la muerte de Franco tuvo un efecto deletéreo para la investigación de los aspectos más siniestros e impresentables de su régimen; en especial los relacionados con las distintas formas de violencia, exclusión y control social que garantizaron su permanencia”, subrayan.
En tal sentido, denuncian que “la inconsistencia de la información aportada por algunos organismos del Estado es muy notoria”. “Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias se limitan a especificar el número de cajas y los kilómetros lineales que ocupa la documentación en sus servicios centrales y en sus unidades periféricas, pero sin definir demasiado –o en absoluto– la naturaleza de tales registros”.
Remarcan además que parte de la documentación policial sobre grupos políticos “está todavía clasificada –léase vetada– por una decisión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulación que en 1968”.

"Ocultación"

En ese contexto, González Quintana señala en su texto que “el abuso de la clasificación de documentos por razones de seguridad o la limitación desproporcionada del acceso a la información por razón de la protección de datos personales no pueden ser, de ninguna manera, puertas abiertas a la ocultación de las violaciones de DDHH y menos aún a la impunidad de los responsables de las mismas”.
“Sin duda, es en los procesos de transición desde regímenes represivos a sociedades democráticas cuando la ponderación y el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crímenes de guerra de lesa humanidad u otras graves violaciones de los DDHH”, señala. Por tales razones, remarca que “en ningún caso debe quedar amparado por el secreto ningún documento que sea prueba” de casos de vulneraciones de los derechos humanos.
Para muestra, un botón. González Quintana cita el ejemplo del comisionado federal para la administración de los archivos de la Stasi, en Alemania, que cuenta con “un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados”. “Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas en torno a la Memoria Histórica y pese a la importancia mediática de tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en políticas archivísticas, para hacer aportes reales de testimonios oficiales, han quedado en muy poco”, compara.

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https://www.publico.es/politica/sigue-bloqueando-acceso-archivos-represion-franquista.html

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lunes, 8 de julio de 2019

El Informe americano de Bachelet.



Informe Bachelet: un texto sin contexto, una socialista made in USA



Tanto como el inmenso sesgo que contiene el informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, llama también la atención que haya quienes desde el campo progresista esperaban otra cosa. Quienes albergaban esperanzas por cierta ecuanimidad olvidaban dos cosas: a) quién es Michelle Bachelet; b) la política es la continuidad de la guerra por otros medios. Bachelet: una socialista formada en Washington
En Chile conocemos muy bien a Bachelet: se trata de la máxima defraudación que la izquierda chilena ha experimentado desde que recuperamos la democracia. Formada en Washington en estrategia militar, a fines de los ’90 al ser beneficiada por una beca que le permitió una estadía de 1 año en el Colegio Interamericano de Defensa en Fort Lesley, optó, según sus propias palabras por “la convergencia con el poder hegemónico del planeta”. En esa línea, siendo Presidenta, siempre se alineó con la Alianza del Pacífico, formando el eje antibolivariano y antilatinoamericanista México-Colombia-Chile, afín a los intereses imperiales y empleado por éstos como su instrumento de contención regional; no titubeó a la hora de mandar 400 militares chilenos para que formaran parte de las tropas de ocupación en Haiti; en su segundo gobierno, además, promovió la creación del infausto Grupo de Lima.
Esta “socialista” fue la primera presidenta en aplicar en democracia la Ley Antiterrorista de Pinochet, y lo hizo contra comuneros mapuche, que como presos políticos pueblan por decenas las cárceles del sur de Chile. También como Presidenta prometió un 11 de septiembre de 2014, al conmemorarse los 41 años del golpe contra Salvador Allende, derogar la Ley de Amnistía de Pinochet, y también como Presidenta le quitó en reiteradas oportunidades la “urgencia legislativa” a esta iniciativa, gracias a lo cual la ley creada en 1978 para beneficiar a criminales de lesa humanidad sigue vigente en Chile.
Pero no se trata acá solamente de Bachelet. Se trata de entender que todo el orden institucional mundial construido luego de la IIª Guerra Mundial, junto con el derecho internacional que lo sustenta, está siendo destruido en los últimos años por los Estados Unidos. En esa línea, mientras presidentes de Occidente le exigen a países soberanos como Venezuela y Cuba el cumplimiento milimétrico de todas las disposiciones internacionales, ellos las violan a diario. Guantánamo y Julian Assange son sólo una pequeña, pero clarificadora muestra de ello.
Como nos enseñó Fidel, lo único que podemos esperar de los consejos de aquellos que están de ese lado es “puro veneno”. Dosis continuadas de veneno en el marco de una guerra sin tregua contra todas las naciones que no se someten a los dictados del capital. Pero aún así, a ratos se cae en la trampa cándida de creer que la institucionalidad internacional - la misma que acepta la destrucción de Libia, de Afganistán, de Haití, a la que no le importa Guantánamo, ni el fraude electoral de Honduras, los asesinatos sociales en Colombia, o la reciente muerte en prisión del único presidente electo de Egipto- pudiera ser ecuánime con Venezuela.
El Informe: un texto sin contexto
El gobierno venezolano nunca se negó a esta visita, por el contrario, dio todas las facilidades a la Alta Comisionada Bachelet, tal como el propio Informe lo reconoce, mostrando una vez más su apuesta por la vía negociadora, y no por la violencia. Sin embargo, el veneno exuda en altas dosis de este Informe, el que debe ser entendido como un recurso más en la guerra por derribar un proyecto que se atrevió a decir “váyanse al carajo cien veces, yankees de mierda” (Hugo Chávez, 2008). Era, entonces, esperable lo que venía.No podemos desligar este Informe de la continuidad bélica contra Venezuela. Ese es su con-texto (aquello que va con el texto). Y leerlo es testimoniar de cómo el lenguaje puede servir para distorsionar la realidad. Partiendo por el increíble modo en que Bachelet se refiere al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela (punto 25): “Hasta la fecha un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir del 29 de agosto de 2017” ¡No se menciona a Estados Unidos! Se habla de “un país”, en genérico. Lingüísticamente diríamos que hay una elusión del referente mediante el uso de un sustantivo abstracto y generalizador. Es casi increíble, pero es cierto. “Un país ha impuesto sanciones”…¿cuál será?
Y el bloqueo que asfixia a toda Venezuela es llamado “sanciones sectoriales”. Es el mismo lenguaje que ya hemos visto cuando de mitigar y de atenuar crímenes se trata: uso abundante de sustantivos abstractos, sin referentes materiales, como cuando se habla de “daño colateral” para referir asesinatos de civiles.
Igual de increíble es la justificación metodológica (punto 6, nota 3). Dícese ahí que de las 558 entrevistas que sirvieron de base para la redacción, ” 460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”. Sume, reste, elabore porcentajes y saque sus propias conclusiones.
Ya sabemos que el Informe no menciona a Estados Unidos y esa (benevolente) invisibilidad del imperio y de su criminal política ingerencista no es lo más increíble. Lo más grave es que se trata de un Informe sin contexto. En esa línea, cuando juzga la situación socio-económica de Venezuela nunca se mencionan los graves efectos del bloqueo gringo. “Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas” , señala en su punto 16 (nótese el uso del impersonal, “se ha informado ”…). Y en el punto 19 denuncia que “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” . No negamos la veracidad de esas cifras, pero decimos que el silencio total acerca de sus causas forma parte del criminal bloqueo. Es un bloqueo semiótico, discursivo, representacional, cognitivo que opera en paralelo al bloqueo material, económico.
No decir, por ejemplo, que 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. En consecuencia, la insulina quedó paralizada en un puerto internacional. O que el laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria. Y que un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas el año pasado (entre ellas, 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos).
Es un Informe que sólo tiene sentido para las corporaciones mediáticas de Occidente porque carece de contexto. Porque si le ponemos contexto, un chileno le podría recordar a la chilena que firma el Informe que en su país, entre enero y junio de 2018, fallecieron un total de 9.724 personas mientras permanecían en lista de espera en el sistema público, según datos entregados por el propio Ministerio de Salud de Chile.
Peor aún es el modo en que se trata el tema “libertad de expresión”. Según el Informe “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos”. Vaya denuncia…¿habrá algún gobierno que no intente hacer lo mismo? ¡Qué me nombre uno! Lo que pasa es que Venezuela es el país donde lo normal es escándalo. Pero, además, nuevamente se omite el contexto. No se dice, por ejemplo, que mientras la derecha liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López intentaba nuevamente dar un golpe de Estado entre el 30 de abril y el 1 de mayo de este año, se registró un cierre masivo de cuentas de Twitter vinculadas al Estado y medios afines al gobierno (Correo del Orinoco, VEA, Vive y Fundarte). No es todo. El rol golpista de los medios y las redes sociales, activos en eso desde el 2002 al menos, es cosa diaria en Venezuela. Otro ejemplo: en enero de 2019 se creó la cuenta @Presidencia_VE como “Cuenta Oficial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, adscrita a Juan Guaidó, y sólo 2 meses después recibió el “check azul” como “cuenta verificada”. En cambio, la cuenta @PresidencialVen perteneciente al departamento de Prensa Presidencial, con mas de 1 millón de seguidores, y que informa las actividades oficiales del Presidente Maduro, creada en abril de 2010, nunca ha recibido el “check azul” de cuenta oficial. Suma y sigue. En febrero de 2019, Twitter anunció que fueron eliminadas «1.196 cuentas ubicadas en Venezuela que parecen estar involucradas en una campaña apoyada por un Estado». Nada de esto menciona Bachelet.
Lingüísticamente el Informe es una oda a las atenuaciones, las mitigaciones, las alusiones indirectas, las invisibilizaciones, al uso del impersonal cuando de las causas y los causantes se trata; y una vorágine de reforzamientos, énfasis, exageraciones, y descontextualizaciones cuando se pasa a describir las consecuencias; estas últimas, por supuesto, desconectadas de las primeras.
No se trata aquí de rehuir las necesarias críticas al proceso bolivariano. Como enseñó el Ché, éstas son absolutamente necesarias en todo proceso de transformación social, si éste no quiere anquilosarse y volverse reaccionario. Tampoco se trata de creer que todo anda perfecto en Venezuela, ni siquiera negar todo lo que dice el Informe. Por ejemplo, el punto 43 que denuncia torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra prisioneros/as, que incluye el uso de corriente, palizas y violencia sexual es absolutamente inaceptable, no importa el contexto, ni las circunstancias. Lo mismo, de ser ciertas, la denuncia de ejecuciones extrajudiciales de parte de las Fuerzas de Acciones Especiales.
De lo que se trata es de no aceptar que Estados Unidos, junto sus lacayos latinos estrangulen a Venezuela, para que luego un Informe quiera castigar a la patria de Bolívar porque respira mal.
Veneno, puro veneno.
 
  


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