El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista
Un libro impulsado por las fundaciones Primero de
Mayo y Largo Caballero advierte que continúan registrándose trabas a la
hora de obtener ese tipo de documentos. Un relator de la ONU lo denunció
en 2013, pero no ha habido grandes avances.
danilo albin
El diario .es
Son las fotos prohibidas. Lo
fueron hace 55 años, cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros
del grupo de danzas vascas Eusko Lorak de Sestao. Su delito: atreverse a
desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, día de San Inazio. Hoy, aquel carrete con imágenes “subversivas” sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemérita: aún resulta imposible recuperar ese material.
Se trata de un caso más en un largo listado de
vetos y prohibiciones a investigadores que buscan recuperar la historia
que la dictadura franquista ocultó y que la democracia, incluso más de
40 años después de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De
todo esto habla el libro electrónico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero
–pertenecientes a CCOO y UGT respectivamente– gracias a los textos
aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y
especialistas en legislación.
“En conjunto, nos ofrecen una información muy completa
de la situación de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las
limitaciones legales y materiales que existen, además de sus experiencias en la investigación”, señalan Sebastián Pacheco Cortés y Ramón Górriz –representantes de ambas fundaciones– en el prólogo.
En las páginas de este trabajo colectivo se cita un
dato relevante: en 2013, el Relator Especial para la promoción de la
verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de
Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirtió sobre las “dificultades” que existían en España para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que “revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.
Sin embargo, “son ya proverbiales las quejas de los investigadores
por las dificultades de acceso a la documentación de archivo cuando
abordan determinados temas históricos en ciertas épocas del siglo XX
español y, más concretamente, en el tramo cronológico que va de la
Guerra Civil a la Transición democrática”, destacan Antonio González
Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid
entre 2010 y 2018-, y los investigadores Sergio Gálvez Biesca y Luis
Castro Berrojo en el texto de presentación.
Allí señalan que “si bien es cierto que en las últimas
décadas los servicios archivísticos han mejorado, no es menos evidente
que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal
–en el que inciden el Estado y las Comunidades Autónomas– como en el de
asignación de recursos humanos y técnicos y en el de la promoción
pública del Patrimonio Documental”.
En tal sentido, advierten que “el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de
la represión habida durante esos períodos”. Esta situación obstaculiza
con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como
podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra”,
subrayan.
"Intentos inútiles"
A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que
ilustran las trabas que sufren los investigadores en España. Matilde
Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso
del proyecto de investigación colectiva sobre “Judicatura, Investigación
y Penitencia” –en el que se pretendía abordar “el orden político y los
instrumentos de represión, 1939-1982”-, coordinado por el ya fallecido
historiador Julio Aróstegui y subvencionado por el Ministerio de la
Presidencia bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La investigadora relata una situación paradójica: a
pesar de haber recibido el aval del Gobierno de entonces, los impulsores
del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisaría
General de Información y de la Brigada Político-Social. “Los intentos
que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jiménez
Villarejo, por lograr acceder a los fondos, fueron inútiles. No valió de
nada la justificación de la necesidad de conocer la estructura y
organización de la policía política y su relación con la Magistratura,
ni la solvencia académica del director del proyecto y su Equipo. Y
tampoco tuvimos una explicación satisfactoria del destino de la
documentación que solicitábamos”, destaca.
"En otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales"
Tal
como se describe en la presentación de este informe, “en otras
ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y
demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentación”. Citan
el caso del historiador Francisco Espinosa, quien “relata su lucha con
el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos
relativos a Batallones y Campos de Concentración españoles durante la
Guerra Civil y la posguerra”.
En el capítulo que lleva su firma, Espinosa “aborda también el caso, más conocido y denunciado, de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados
en archivos militares del período 1936 a 1968, que durante el mandato
de Carme Chacón como Ministra de Defensa se anunció que iban a ser
liberados para su consulta”. “El expediente de desclasificación quedó
entre los asuntos sin tramitar por el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y, al hacerse cargo del ministerio Pedro Morenés, después de la
victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, quedó completamente olvidado”, denuncian.
A criterio de los investigadores, “las dificultades de acceso a cierta documentación son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atención
a los deberes de la ‘memoria histórica democrática’ en España”. “Sin
duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se
pretendió cubrir el proceso de Transición política a la muerte de Franco
tuvo un efecto deletéreo para la investigación de los aspectos más siniestros e impresentables de su régimen;
en especial los relacionados con las distintas formas de violencia,
exclusión y control social que garantizaron su permanencia”, subrayan.
En tal sentido, denuncian que “la inconsistencia de
la información aportada por algunos organismos del Estado es muy
notoria”. “Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil y
de Instituciones Penitenciarias se limitan a especificar el número de cajas y los kilómetros lineales
que ocupa la documentación en sus servicios centrales y en sus unidades
periféricas, pero sin definir demasiado –o en absoluto– la naturaleza
de tales registros”.
Remarcan además que parte de la documentación
policial sobre grupos políticos “está todavía clasificada –léase vetada–
por una decisión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986,
aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulación que en 1968”.
"Ocultación"
En ese contexto, González Quintana señala en su
texto que “el abuso de la clasificación de documentos por razones de
seguridad o la limitación desproporcionada del acceso a la información
por razón de la protección de datos personales no pueden ser, de ninguna
manera, puertas abiertas a la ocultación de las violaciones de DDHH y menos aún a la impunidad de los responsables de las mismas”.
“Sin duda, es en los procesos de transición desde
regímenes represivos a sociedades democráticas cuando la ponderación y
el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con
mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crímenes de guerra de lesa humanidad
u otras graves violaciones de los DDHH”, señala. Por tales razones,
remarca que “en ningún caso debe quedar amparado por el secreto ningún
documento que sea prueba” de casos de vulneraciones de los derechos
humanos.
Para muestra, un botón. González Quintana cita el
ejemplo del comisionado federal para la administración de los archivos
de la Stasi, en Alemania, que cuenta con “un presupuesto de 100 millones
de euros y 1.600 empleados”. “Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas
en torno a la Memoria Histórica y pese a la importancia mediática de
tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en
políticas archivísticas, para hacer aportes reales de testimonios
oficiales, han quedado en muy poco”, compara.Fuente ..
https://www.publico.es/politica/sigue-bloqueando-acceso-archivos-represion-franquista.html
y ver ......
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