El relato de la Catalunya violenta
Enric Juliana,
La Vanguardia
Hay una estrategia narrativa en marcha que intenta presentar
Catalunya como una sociedad sumergida en la violencia. Un Ulster en ascenso.
Este relato se va extendiendo como una mancha de aceite en algunos medios de
comunicación, en las redes sociales y en las charlas de café. El último
capítulo de la serie ha introducido la palabra terrorismo en el guion de las
tensiones catalanas. Una acusación gravísima.
El esfuerzo narrativo en curso pivota sobre el teorema del
juez Pablo Llarena acerca de la violencia en los acontecimientos políticos de
septiembre y octubre en Catalunya. El instructor del Tribunal Supremo no habla
en su auto de procesamiento de una Catalunya sumergida en la violencia –de la exageración
propagandística ya se encargan otros– , pero caracteriza los hechos acaecidos
como un acto de rebelión violenta, equiparable al intento de golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981. El teorema Llarena sufrió un serio percance la
semana pasada en la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, cuando tres
jueces alemanes dictaminaron que no procedía la extradición de Carles
Puigdemont a España por el delito de rebelión, al no apreciar en los hechos
investigados una violencia que pudiese desbordar al Estado español, según
establece el código penal alemán para el delito de alta traición. El veredicto
alemán ha provocado un terremoto de consecuencias diplomáticas, jurídicas y
políticas aún no del todo delimitadas y visibles.
La construcción del relato sobre la Catalunya violenta, sin
embargo, prosigue. Esta semana ha subido un peldaño más, al ser acusada de
terrorismo una persona vinculada a los denominados Comitès de Defensa de la
República, detenida tras una investigación policial sobre los cortes de carretera
y otros incidentes posteriores a la captura de Puigdemont en Alemania.
La acusación de terrorismo se ha basado en el artículo 573
del Código Penal, reescrito en el 2015 en el marco de un pacto de Estado entre
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para reforzar la legislación antiterrorista,
después del brutal atentado yihadista contra la revista satírica francesa
Charlie Hebdo. Se trataba de combatir mejor el terrorismo islámico, pero pronto
pudo apreciarse que aquella reforma iba a ser aprovechada para otros fines
(véase La Vanguardia del 4/II/2015). En una primera redacción, el Partido
Popular pretendía conceptuar como terrorismo los delitos de rebelión y
sedición. El PSOE se opuso. El texto finalmente sometido a tramitación
parlamentaria incluía los “desórdenes públicos” como posible delito de
terrorismo. Hubo algunas protestas, perplejidad y murmullos. La reforma
finalmente aprobada, con la abstención de CiU (la coalición empezó a romperse
en aquel episodio) y el voto contrario de Izquierda Unida y PNV, mantuvo como
delito terrorista los actos contra la libertad (de circulación, por ejemplo)
que tuviesen como objetivo alterar la paz pública.
Un juez de la Audiencia Nacional desestimó ayer la acusación
de terrorismo para los CDR. El momento es serio. Estamos asistiendo a una
fortísima pugna sobre el relato de la crisis política en España.
y ver ..
y ver ..
https://www.cuartopoder.es/espana/2018/04/12/los-padres-de-los-jovenes-de-alsasua-por-un-tobillo-roto-estan-pidiendo-375-anos-de-prision/
Nota del blog .-
Nota del blog.-Sobre el franquismo judicial... En 1944 las huelgas fueron declaradas sedición
y hoy cualquier protesta no solo es sedición sino rebelión y terrorismo... o
sea peor aún , SIN ESTAR EN ELLAS , si no véase
el caso de la supuesta miembro del CDR Tamara
C., que será investigada por delito de desórdenes públicos, pero no de
terrorismo, sedición o rebelión, como acusaba la fiscalía. Pero que no se movió
de casa si saben si intervino. Y el sumario además es secreto . por eso el mismo
abogado defensor se pregunta ,¿pero donde
hizo desorden público? ( "Me tienen que explicar en qué desorden ha participado mi cliente").. El franquismo en
la España actual no es solo una cultura de cantar un himno de la legión, sino del ADN de muchos. Y se recupera la matriz de
aquellos siniestros tribunales de orden público del franquismo. Solo ver el ministro de justicia decir a otro diputado “Tiene usted mucha suerte porque puede venir a esta Cámara con ese
ofensivo lazo amarillo que quiere decir que en España hay presos
políticos” . Dice muchas cosas, Catalá debería saber que la libertad de expresión es un derecho, no una concesión.Y es de justicia y de la fiscalia nada menos.
