Los “males” de la fragmentación.
José Errejón
Unos días antes de las elecciones El País, en su condición de productor del sentido común progresista del régimen del 78 y beligerante en defensa vergonzante del bipartidismo, expresaba su alarma ante lo que califica de difícil gobernabilidad consecuencia de la fragmentación del mapa electoral y la “rigidez” de los partidos emergentes para garantizar la labor de gobierno. Un enunciado así merece un análisis detallado de sus componentes que a continuación se intenta.
Se olvida que la primera en amenazar la gobernabilidad fue la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía quien, para frenar a Podemos y alimentar su carrera a la secretaría general del POSE, no dudó en disolver el parlamento y convocar elecciones solo un mes después de haberse promulgado la ley de presupuestos para 2015, sin duda la mejor expresión de la estabilidad de un gobierno. Los políticos del régimen no llevan bien eso de tener que hablar con los demás y escuchar otros puntos de vista y enseguida claman por la gobernabilidad perdida. Con ello ponen de manifiesto sus efectivas concepciones sobre el gobierno en democracia; si hay algo que es consustancial a la democracia es la diferencia y el conflicto, en ello reside su diferencia radical con el totalitarismo, aunque se disfrace de gobierno parlamentario. Gobernar, en democracia, es acordar después de escuchar, así que tenemos que recomendar a los políticos del régimen que se entrenen para escuchar y comprender; les costará, pero con paciencia y mirando a la gente normal tal vez consigan aprender.
El fantasma de la ingobernabilidad es usado con frecuencia cuando la pasividad y la resignación entre las clases subalternas son rotas por algún episodio en el que las mismas, o una parte de ellas, emergen para afirmar su condición de personas y su deseo de conquistar la ciudadanía. La condición forzosamente minoritaria de estos episodios, derivada de la fuerza inercial de la subalternidad, hace que los mismos sean vividos por la mayoría de las clases populares como algo ajeno a su vida cotidiana, demasiado ocupada en sobrevivir a la oleada de infortunio con la que es castigada por los de arriba.
El énfasis en la función gobernante puede hacer olvidar la condición fundamental de la democracia política, la toma del destino de la gente en sus manos y, por ahí, el afloramiento de las singularidades existentes que ninguna prematura voluntad popular puede asfixiar. Así J.I Torreblanca arranca su artículo en El País del pasado 18 de mayo afirmando “La función principal de las elecciones es formar gobierno”. Y más adelante “el deber de todo partido que ha pedido el voto a la ciudadanía es intentar formar gobierno ó estar en él”. Para culminar con esta perla “ya que ese papel (la vigilancia y control del gobierno desde el parlamento) se reserva a los perdedores de las elecciones”. Esta idea de ganadores y perdedores y de que son estos, los derrotados, a los que se les reserva la función de vigilancia, resulta una auténtica perversión de cualquier contenido primigenio de la democracia, incluyendo la idea de que es el conjunto de los electos el que representa la soberanía popular.
Y más adelante “En este rechazo a gobernar se priva a los votantes de ese instrumento esencial para cambiar las cosas que llamamos gobierno”.
Para continuar, “La experiencia enseña que los sistemas electorales proporcionales y los gobiernos de coalición no necesariamente mejoran la calidad de la democracia porque pueden ser el terreno abonado para un mercadeo constante entre fuerzas políticas que ambicionan mantenerse en el poder y no rendir cuentas de su gestión”.
Así que no terminamos de saber si el articulista critica la falta de ambición gobernante, el sistema proporcional, los gobiernos de coalición ó el atrevimiento mismo de haber fundado nuevos partidos sin pedir permiso a los profesores de ciencia política que no participan en ellos. Todo valía con tal de deslegitimar el intento de una parte de la sociedad de dar voz a los sin voz, amenazándoles con el estigma de “producir ingobernabilidad y fragmentación/1”
Pero, ¿en qué consiste ese terrible mal público conocido como ingobernabilidad?. La forma más sencilla de responder sería la prolongada ausencia de gobierno después de celebrarse unas elecciones. ¿Cuál es la naturaleza de los males asociados a este mal general?
Por lo demás no debería provocar escándalo la ausencia de gobierno durante un tiempo más ó menos prolongado. No creo que pueda ser tildado de liberalismo recordar que Bélgica se ha tirado más de un año sin gobierno y… no ha pasado nada. ¿No disponemos de administraciones complejas con cometidos claros, ejerciendo sus cometidos de garantizar el ejercicio de los derechos mediante la prestación de los servicios públicos que la Constitución reconoce y consagra? ¿Dejan de pagarse las pensiones, de atenderse a los enfermos en los hospitales públicos, de impartir sus clases los profesores en los institutos o, en un muy distinto orden de cosas, de ejercer las labores de vigilancia y represión los cuerpos policiales? ¿A qué mejor ocupación pueden dedicarse las maquinarias políticas que a urdir el tejido de gobierno que mejor pueda expresar la voluntad popular? ¿Por qué no, mientras se procede a formar el gobierno, el legislativo no va haciendo su tarea y se van debatiendo las líneas maestras del programa político de la legislatura que luego el ejecutivo se encargará de concretar? ¿No ha sido el personal de los partidos, con las participaciones de la sociedad civil que hayan querido o podido incorporar, los que han elaborado el programa político que ha merecido el apoyo mayoritario, en su caso, de la ciudadanía?
La anterior cadena de interrogantes tiene por objeto recordar algunos principios elementales del gobierno democrático que podrán resumirse en el carácter instrumental, delegado del poder ejecutivo y de la primacía de la representación popular. Que esta verdad tan sencilla deba ser recordada da idea del nivel de deterioro alcanzado por las “democracias representativas contemporáneas” en las que la constitución de un pequeño colegio de personas encargado de la gobernación del país se puede llegar a considerar el objetivo primordial de las elecciones como hemos podido ver en la cita anterior de Torreblanca.
Destacan en la urgencia con la que reclaman gobierno los sectores económicos más poderosos. Alegan que la marcha de la actividad económica y social no puede esperar los largos plazos de la deliberación política y de ahí que ensalcen aquellos procedimientos que minimizan estos plazos.
¿Es verdad que el procedimiento de elección del gobierno puede alterar de forma significativa la actividad económica del país? Se suele citar para probarlo la ralentización de la actividad económica derivada de la paralización de las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas a la espera de la designación del nuevo titular del ramo. Cualquiera con cierta experiencia de gestión administrativa puede atestiguar, al contario, que los ritmos de licitación y adjudicación de obras es mucho más independiente de la coyuntura política de lo que pueda parecer, entre otras cosas porque la extensión de los procedimientos difícilmente permite que coincidan con los comienzos de legislaturas, más bien ocurre, como estamos viendo en la presente, que el gobierno saliente pueda acelerar el ritmo de dichos procedimientos con el inconfesado fin de determinar lo más posible la acción del futuro gobierno. Es más que evidente además, que los nuevos equipos no vienen con la cartera de proyectos debajo del brazo y que dedican buena parte de sus primeros tiempos de gobierno a enterrase de lo que va el departamento que les ha caído en suerte.
¿A qué entonces, las prisas de estos sectores de poder, especialmente en los departamentos económicos? Es fácil contestar a esto observando que las primeras entrevistas de los ministros recién designados son con los más poderosos representantes de los intereses económicos. Al respecto, el ejemplo del Ministerio de Fomento es paradigmático. En sus primeras visitas (después serán figuras secundarias las que mantendrán el contacto), los representantes de las grandes empresas del sector de la construcción acuden no a escuchar sino a ser escuchados, no a oír las políticas que van a desarrollar los nuevos equipos ministeriales sino a transmitir sus propias propuestas, casi siempre, no importa el color del partido gobernante, llevadas a la práctica cambiando el logotipo del SEOPAN por el del Ministerio de Fomento. Lo mismo sería fácil comprobar para el Ministerio de Industria con las eléctricas, el de Defensa con las empresas de armamento o el de Economía con los bancos o las compañías de seguros. O el Ministerio de Interior en el que la prestación de sus servicios parece reclamar que no exista solución de continuidad en el ejercicio del mando jerárquico sobre la policía
Esta labor de advertencia de los males de la fragmentación pluripartidista y la ingobernabilidad se ha aprovechado para equiparar a Ciudadanos con Podemos, siendo así que el primero es una botadura del IBEX 35 para frenar el proceso constituyente y prolongar la vida del régimen/2. Esta operación de amalgama pretende diluir el carácter constituyente del actual ciclo electoral, en la insulsa pelea entre bipartidismo y multipartidismo, entre gobernabilidad y representatividad. En el arsenal de las derechas políticas, ha sido un arma de uso recurrente el recurso a enmarañar los debates para obtener ventajas sobre sus adversarios. En el presente se pretende hurtar la esencia del debate verdadero (que no es otro que continuar con el modelo de crecimiento, el patrón de reparto de la riqueza y las cargas, el modelo de representación política y de rendición de cuentas a la ciudadanía que resumimos en el concepto “régimen del 78”) o abrir un período indeterminado en el tiempo de refundación de los lazos sociales y las reglas del juego que nos permitan ubicarnos como pueblo en la perspectiva de la autoconstrucción democrática. Para obtener ventaja, la derecha no duda en azuzar todas las pulsiones conservadoras y hasta reaccionarias que anidan en el imaginario popular, atemorizado por el miedo desatado por la crisis a perder lo que se consideraban “conquistas del Bienestar”. La fragmentación es mala, pero si la hay –es decir, si aparece un partido que pone en cuestión las reglas del juego del régimen–, entonces la oligarquía bota su propio partido, contribuyendo así a propagar esa estupidez de ”la vieja y la nueva política”, una forma de reconducir el debate que verdaderamente les preocupa, el que afecta las bases y los fundamentos mismos de la convivencia social, el debate constituyente.
No se quiere advertir que la difícil gobernabilidad es una de las expresiones de la crisis del régimen detrás de la cual hay un proceso de desafección creciente tanto en el seno de las clases subalternas como en el de las clases medias, una parte de las cuales desconfían de las elites políticas que lo han gestionado hasta aquí. Y que esa desafección tiene por efecto una desarticulación de las alianzas que venían funcionando como soporte del bloque histórico que encarna el régimen del 78. En efecto, la gobernabilidad es una función del grado de confianza entre los ciudadanos y los gobiernos, y en los últimos años esta variable ha experimentado un descenso más que notable
Igualmente no quieren entender que ya no se trata de actores políticos, que una parte de la sociedad española, tal vez la parte más dinámica y con más visión de futuro, se ha hecho consciente de que las cosas no pueden seguir como hasta ahora y se ha puesto en marcha, exigiendo y asumiendo el protagonismo que le corresponde como ciudadanía en la que reside la soberanía popular. Esta es una consecuencia del grado de madurez de las sociedades, al contrario de lo que suponían los filósofos liberales que identificaban tal madurez con el desentendimiento de la cosa pública delegada en quienes habían sido designados para ocuparse de ella. Los asuntos de la comunidad aparecen, de ese modo, como formando parte indistinguible con los aspectos más “domésticos” de la vida de cada uno y es por ello que la confianza otorgada al representante se estima siempre sometida al derecho de revisión del mandato. Si la frontera entre gobernantes y gobernados se hace entonces más tenue, es comprensible que los avatares del gobierno estén más expuestos no solo a la opinión sino también al ejercicio constante de evaluación por parte de la ciudadanía
En una posición distinta, Vallespín y Gª Delgado han glosado las excelencias de la culturas del pacto y reconociendo los méritos, la contribución de los partidos emergentes a la renovación y la relegitimación del sistema político/3. De nuevo se pretende aquí hurtar lo más esencial del actual debate político, oponiendo las ventajas del pacto político a la estabilidad de los gobiernos monocolor de mayoría absoluta. “Los partidos en el Gobierno que necesitan el apoyo de otros partidos son menos corruptos que los que tiene mayorías absolutas; la fragmentación es beneficiosa porque conduce a reformas más eficientes, menor corrupción y Estados del Bienestar más robustos”/4. Es verdad que puede verificarse esta afirmación en la experiencia política de los países de nuestro entorno pero, hay que repetirlo una vez más, no es eso lo que ahora está en juego. El objeto del litigio va más allá de la gobernabilidad del sistema político, se trata de encontrar las claves por las que se puede producir una incorporación plebeya al propio sistema político, lo que, en la época de máxima banalización de la democracia a manos del poder financiero, presenta un alcance que no puede ser desconocido.
Claro que los esquemas de representación y gobierno están siendo contestados en pos de una mejor “calidad de la democracia”; pero dejarla reducida al funcionamiento de las instituciones y no ver las potencialidades que la misma encierra para la concepción de un ordenamiento alternativo del conjunto de la vida social, es rebajar los anhelos de los que esta expresa.
Ahora bien, no se puede negar que esta posición puede ganar adeptos en el campo constituyente. Es comprensible que una mejora en el funcionamiento de las instituciones vigentes pueda merecer el apoyo de una buena parte de la sociedad después de estos años en los que ha funcionado en beneficio exclusivo de la casta política y financiera. Esa es la tensión que caracteriza hoy los anhelos de la mayoría de la población favorable a la defensa y profundización de la democracia; la tensión entre las mejoras de las instituciones de la Constitución del 78 y la innovación institucional que postulan sus sectores más avanzados. El acontecer político está poniendo de relieve la existencia de una fructífera dialéctica entre ambos polos que nos evita falsas disyuntivas. La gentes está defendiendo en la calle y en las urnas las instituciones del 78 de mayor potencialidad democrática, alguna de las cuales, en la medida que son utilizadas, ponen de relieve sus insuficiencias para dar respuesta a los problemas más acuciantes de la sociedad española. El proceso constituyente que algunos postulamos desde hace tiempo se puede concretar en la potenciación de las mejores figuras de la constitución del 78 y su transformación para su adaptación a las necesidades de la sociedad actual.
La denostada fragmentación está sirviendo así para la entrada en la escena pública de nuevos actores y, lo que es mas importantes, nuevas temáticas que los partidos del régimen tenían excluidas de la agenda política. Esa es la mayor y mejor aportación de Podemos, su efectiva contribución al proceso constituyente. Que se hable de lo que nunca se ha hablado, que aparezcan en primer plano los problemas, las necesidades y los anhelos de la gente trabajadora, que esas razones aspiren, con todo justicia, a convertirse en el interés general.
1/06/2015
Notas
1/ El sueño unificador y totalitario siempre aparece en estos demócratas permanentemente tentados por excomulgar a los demás como “antidemócratas” o “enemigos de la democracia”
2/ La condición de su dirigente como antiguo militante del PP en Catalunya en dónde hay una oferta de derecha más “europea” es elocuente respecto a su catadura ideológica. Por mucho esfuerzo de tolerancia que nos impongamos, es imposible meter en el mismo saco a quien procede del franquismo político (en Catalunya especialmente, dónde algunos de sus representantes ha llegado a defender el golpe de Estado de Franco) con la gente de Podemos, por crítica que sea la actitud hacia ellos. Lo más importante, sin embargo, es que quien oficia de gurú en materia económica, el Sr Garicano, un mediocre economista, debe su condición de tal a haber oficiado de intelectual orgánico de las mayores empresas del Ibex 35, en cuya condición ha abogado por el contrato único, una fórmula para abaratar aún más el despido con el pretexto de acabar con la dualidad del mercado de trabajo en España, responsable según él de los altos niveles de desempleo.
3/ No repetiré lo dicho más arriba respecto de la amalgama Ciudadanos/Podemos, ahora parece que todos han partido a la misma hora y en las mismas condiciones y que sus intenciones fueran las mismas, mejorar las deficiencias del sistema bipartidista. Y tampoco gastaré mucho esfuerzo en distinguir, en contra de lo que pretenden los glosadores, el concepto de sistema político del de régimen político. Con bastante más precisión, hace tiempo que Pérez Royo o Ramoneda vienen utilizando el término “régimen” para referirse al entramado institucional público/privado que rige los destinos del país desde hace tres decenios.
4/ ”Elogio de la fragmentación”. Víctor Lapuente, El País 19/5/2015).
