Bolivia golpe agolpe.

 El Gobierno de facto posterga hasta octubre las elecciones en Bolivia

Boris Acosta Reyes  

Fuentes: CLAE

Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habían sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a «consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico».

La decisión, anunciada por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre. 

Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas y orquestadas por la secretaría general de la OEA,que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

Una eventual segunda vuelta se realizaría el 29 de noviembre y una posesión de las nuevas autoridades en diciembre.

 El ente comicial justificó la modificación, por tercera vez, de la realización de las elecciones debido a la crisis sanitaria agravada por la pandemia de la Covid-19 en el país. La fecha original estaba prevista para el 3 de mayo, se pospuso para el 2 de agosto y luego para el 6 de septiembre, antes de la decisión ahora de realizarlas el 18 de octubre de este año.

Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.

Sin embargo, las movilizaciones de los sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien públicamente contra la mala gestión del Gobierno, el que prácticamente ha dejado abandonada a la población frente a la pandemia, señala el analista Eduardo Paz Rada.

Un nuevo golpe llevaría a una situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de 30 personas y quedaron heridas cerca de un millar. A partir de ese momento se produjo también la persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.

La crisis económica ha dejado sin trabajo a más del 20% de la población económicamente activa, la recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión pública y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos médicos y en las empresas estatales Entel e YPFB, entre otros.

Paz Rada señala que el discurso de ministros, autoridades y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas eran “ignorantes” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad. 

Más aún, la propia autoproclamada presidenta, Jeannine Áñez, tiene coronavirus y gobierna desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas autoridades tienen pruebas de contagio, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención especializada, de las que carece la población

La autoridad electoral afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales. 

 La decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y ultraderecha. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población «no sienta peligro». Los que sienten peligro de ser exopulsados por el voto son los golpistas.

El depuesto presidente Evo Morales, habló de un «nuevo golpe a la democracia» y dijo que la postergación de la fecha de elecciones, ilegal e inconstitucional, solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual».

Añadió que el único órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, escribió Morales en Twitter donde reafirmó que el anuncio del TSE fue unilateral. Denunció que el gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, desde hace varios días, varias organizaciones políticas alertan que son argucias para prolongar la permanencia en el poder de la presidenta de facto, Jeanine Añez, y evitar un eventual regreso al gobierno del MAS con el candidato Luis Arce.

Mientras, las organizaciones populares coordinadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que reúne a campesinos, indígenas, mujeres y vecinos de los barrios marginales de las grandes ciudades, se movilizan y luchan por la supervivencia cotidiana, la recuperación de la democracia y la realización inmediata de los comicios.

Diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimientos Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y de JUNTOS, la presidenta de facto Jeannine Áñez y Samuel Doria Medina.

Luis Arce hizo referencias a una encuesta interna del MAS que le daba importante ventaja electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han comenzado una acción con el objetivo de que el TSE anule la personería jurídica del MAS y no participe de los comicios después que no pudieron sustentar y comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando ganó las elecciones Evo Morales en primera vuelta

*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/07/24/otro-golpe-gobierno-de-facto-posterga-hasta-octubre-las-elecciones-en-bolivia/

 Y  ver..

 "  ¿Hasta cuándo EEUU y la UE serán cómplices de un gobierno de facto que no se quiere ir, que reprime a los movimientos sociales y que genera pánico psicológico en la población mediante la manipulación del Covid-19? "

https://rebelion.org/el-silencio-complice-de-eeuu-y-la-ue-en-los-planes-prorroguistas-en-bolivia/

 y ver  ..https://actualidad.rt.com/actualidad/361408-marchas-masivas-bolivia-miles-protestan

Los propagandistas del odio.

Diario negro contra Podemos: de la mentira en portada a la agresión en la calle

Esos comportamientos periodísticos infames que atentan contra cualquier código ético y deontológico acaban poniendo una diana en la cara de los responsables políticos de Unidas Podemos

Antonio Maestre

  

La línea editorial de muchos medios de comunicación considera peligroso el discurso económico de Unidas Podemos. Es algo conocido desde la aparición morada en 2014 en el panorama político español, de manera legítima pueden considerar sus posiciones tan nefastas como para combatirlas de manera crítica. Es aceptable e incluso conveniente para la pluralidad informativa y de opinión, pero cuando esa línea editorial transgrede la verdad de forma grotesca pierde toda legitimidad hasta convertirse en uno de los grandes problemas de nuestra democracia.

La deslegitimación y la deshumanización han sido dos claves fundamentales del pensamiento mediático conservador para desestabilizar a Podemos cuando aspiraba a gobernar, algo que se atenuó cuando consideraron que dejaba de ser un riesgo y que ha vuelto a enardecerse con motivo de la capacidad que está mostrando Unidas Podemos para aprobar medidas que implican la reducción de beneficios para sus dueños. Esta semana se han producido varios hechos que muestran el nivel de desprecio a la verdad que mueve la información periodística de algunos de esos medios para hacerla pasar de legítima a indecente.

La portada de El Mundo decía que Irán había inyectado 9,3 millones de euros a la productora de Pablo Iglesias. Venía firmada por Fernando Lázaro, un habitual de estos petardos periodísticos, que también fue uno de los periodistas firmantes de la noticia falsa de la cuenta en Suiza de Xavier Trías. El titular de la noticia se veía reducido en el cuerpo, de la productora de Pablo Iglesias se pasaba a decir que estaba vinculada a Podemos hasta acabar indicando que era la productora de la que cobraba Pablo Iglesias. De ser el dueño de la productora en el titular pasa a ser un autónomo que factura con esa empresa al final de la noticia. Sin ruborizarse.

La portada dista mucho de ser cierta. De hecho es manifiestamente falsa. La productora no es de Pablo Iglesias, sino que está dirigida por Mahmoud Alizadeh Azimi, que es el encargado de producir los contenidos en España de Hispan TV, de capital iraní. Pablo Iglesias simplemente facturaba la realización de Fort Apache y el importe de esa facturación fueron 93.000 euros brutos en tres años. Nada que ver con esos 9,3 millones, que son el dinero que maneja la productora en sus muchos trabajos en España.

En algunos de esos proyectos han participado insignes artistas, algunos de ellos muy patrióticos. 360 Global Media es una productora que ha trabajado en España con Bertín Osborne, Marta Sánchez, Alejandro Sanz o Nena Daconte, que está casada con un miembro del PP. Pero es que además esa misma noticia ya fue publicada por Okdiario en 2016. La misma, sin cambio alguno: “La TV de Pablo Iglesias ha recibido 9,3 millones del Gobierno de Irán desde paraísos fiscales”. La noticia era igual de falsa en 2016 que en 2020, pero al menos hace cuatro años era una novedad. De hecho, la querella de Manos Limpias por esos hechos ya fue desestimada en febrero de 2016 por considerar el juez que no había nada constitutivo de delito.

La noticia falsa, y plagiada a Okdiario cuatro años después, llevaba aparejado un editorial que acababa con esta frase: “Las cloacas del partido del vicepresidente huelen cada vez peor”. La confesión involuntaria de la campaña contra Podemos es esa, negar la existencia de unas cloacas de las que El Mundo formó parte con algunos de sus periodistas y que publicaron informaciones falsas creadas desde una organización policial corrupta dirigida por adversarios políticos. Porque ese sí es un hecho incontestable, la existencia de esas cloacas. Negarla acusando a la víctima de victimario es asegurarse salvar el propio pellejo. Sirva como colofón que una de las periodistas estrella de El Mundo participó, cuando ya se cobraba por hacerlo, en Fort Apache sin que eso sea motivo para acusarla de estar financiada por Irán. Porque entonces tendríamos que acusar a Fernando Lázaro de estar financiado por el dictador Teodoro Obiang al cobrar de la empresa a la que Guinea Ecuatorial mete publicidad.

La campaña de difamación ha tenido actores necesarios en otros sectores, también jueces y fiscales, y de ello se han servido varios medios para no dar tregua al acoso y derribo. Siempre con el nexo común de negar la existencia de unas cloacas del Estado que precisa de colaboradores en algunos medios. La mejor defensa es siempre un buen ataque. El caso Dina ha sido la última excrecencia de ese tipo de actuaciones. Darle la vuelta a un caso en el que Pablo Iglesias era parte perjudicada para hacerle aparecer ante la opinión pública como culpable. Todo basado en que Pablo Iglesias habría destruido la tarjeta de Dina Bousselham antes de entregársela. Esa acusación se desmoronó como un castillo de naipes esta semana cuando la empresa encargada de haber analizado la tarjeta Micro SD del móvil de Bousselham remitió un informe asegurando que la tarjeta llegó a ellos físicamente intacta. Es decir, Pablo Iglesias se la entregó a Dina sin dañar. Los medios de comunicación que han hecho de esa acusación una campaña feroz no solo no se disculparon, sino que volvieron a retorcer los hechos. La verdad nunca les ha interesado. La realidad es solo un estorbo para su fin, que ya no es periodístico, sino político.

Estas campañas no caen en saco roto. Puede que no consigan el objetivo principal de derrocar a Pablo Iglesias y descabalgarlo del gobierno, pero convierten en enemigo al adversario político a ojos de la opinión pública más radicalizada. Cuando se deshumaniza al rival todo está justificado en su presencia. Por ello esos comportamientos periodísticos infames que atentan contra cualquier código ético y deontológico acaban poniendo una diana en la cara de los responsables políticos de la formación morada. Las mentiras en portada terminan legitimando que se golpee el coche de Yolanda Díaz al grito de “cerda” y “zorra” y que echen a Juan Carlos Monedero de un bar entre insultos de “maricón de mierda”. Es el diario negro contra Podemos, aquel que convierte la disensión y la crítica en señalamiento público con noticias falsas. Propagandistas del odio.

https://www.eldiario.es/opinion/diario-negro-mentira-portada-agresion-calle_129_6128051.html


 y ver ..
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/dos_meses_escraches_diarios_pablo_iglesias_109274_1012.html

El Rey emérito el pesebre y los apesebrados .

40 años riéndole las gracias a Juan Carlos I: así se fraguó el gran fracaso de la prensa

La revelación de las actividades ilícitas del rey emérito demuestran la connivencia que tuvo con la prensa. Repasamos los motivos con varios referentes del periodismo en esos años

leer...
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-19/rey-juan-carlos-fortuna-corinna-prensa_2687188/

  Y ver...Juan Carlos Primero y Felipe VI el Último .
 
https://www.publico.es/tremending/2020/07/10/tremending-topic-mientras-el-campechano-sacaba-100-000-euros-al-mes-de-su-cuenta-de-suiza-entre-2008-y-2012-tu-vivias-por-encima-de-tus-posibilidades/

Tiempos de distopía

 Foto de Blade Runner

La distopía era esto 

Ernesto H. Vidal 

Fuentes: CTXT

Las historias de las que nos hablaban los libros de ciencia-ficción de hace décadas se han colado en nuestras vidas por los huecos mientras no estábamos mirando, y ahora avanzan como una apisonadora sin frenos

“El Repartidor pertenece a un cuerpo de élite, a una orden sagrada. Rebosa esprit de corps.” Así empieza Snow Crash, la novela cyberpunk de Neal Stephenson. Publicada en 1992, nos presenta una sociedad estadounidense donde la agenda neoliberal se ha erigido triunfante; el gobierno prácticamente ha desaparecido, y su lugar lo ocupan las grandes corporaciones que lo controlan todo: franquicias, carreteras, divisas, agencias de seguridad privada que hacen las veces de policía. En este mundo decadente, buena parte de la población sobrevive como repartidores y korreos, encargados de entregar puntualmente los pedidos mientras se juegan la vida entre el tráfico a cambio del dinero justo para sobrevivir. ¿Les suena de algo?

Los adalides de la ‘gig economy’ prometían que, si bien los sueldos no eran muy altos, esta permitiría reducir el paro, lo que luego permitiría aumentar los salarios. Mentían en todo

Cuando leemos el término distopía mucha gente piensa automáticamente en obras como 1984,  de George Orwell o Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Pero yo siempre he sostenido que quienes más acertadamente anticiparon los aspectos más oscuros y decadentes de nuestro presente fueron los autores del subgénero cyberpunk, más concretamente William Gibson y Neal Stephenson. Sus novelas, más allá de letreros de neón y tribus urbanas con las que se asocian estos universos, hablan de mundos donde el capitalismo ha triunfado en toda su oscura gloria, donde las corporaciones gobiernan soberanas en lugar de los Estados y el grueso de la población ha sido reducida a un precariat alienado que malvive de trabajos puntuales y mal pagados, como espadas de alquiler de la era digital tratando de arañar el dinero suficiente para seguir viviendo un día más. Un mundo en decadencia que, francamente, cada vez se parece más al nuestro.

No voy a descubrir a nadie, a estas alturas, lo que es la gig economy. Se han vertido ríos de tinta hablando de plataformas como Uber o Glovo, que llevan tantos años entre nosotros que ya las hemos normalizado en nuestro día a día. Pero con el mundo sumergiéndose de cabeza en la mayor crisis de este siglo, cortesía de la pandemia de coronavirus, las mentes que urdieron la gig economy no van a dejar pasar la oportunidad de enraizar hasta los cimientos su modelo de negocio en nuestra sociedad, siempre en nombre de la creación de empleo y el crecimiento.

La pasada recesión fue testigo del surgimiento de estas plataformas, que vendían las bondades de un nuevo paradigma de trabajo que permitía tener horarios flexibles y compaginar tu ocupación principal con ese otro empleo, todo desde la facilidad de una app. Los adalides que nos vendían este futuro prometían que, si bien los sueldos no eran muy altos, sus plataformas permitirían reducir el desempleo, lo que posteriormente permitiría aumentar los salarios. Por supuesto, mentían en todo. A pesar de que el número trabajadores de Uber y otras plataformas de ridesharing creció como la espuma, los conductores vieron cómo sus ingresos se reducían un 53% entre 2013 y 2017. No ha sido la única plataforma en la que ha pasado esto. Los conductores han tenido que trabajar cada vez más y más horas, hasta el punto de que algunos conductores viven en sus vehículos. Paralelamente, las empresas artífices de la gig economy se aferraron con uñas y dientes al mantra de que sus trabajadores no eran realmente “sus” trabajadores, sino agentes autónomos, simples usuarios de su aplicación, que debían correr con todos los gastos derivados de su actividad, pagar sus cuotas de autónomo y hacerse responsables de cualquier eventualidad. Se instauró un sistema de puntuación para los trabajadores por el cual, si su calificación descendía por debajo de un umbral arbitrario, estos perdían el acceso a la aplicación y, con ello, sus ingresos. Todas las conquistas, fruto de décadas de lucha por los derechos laborales, fueron barridas de un plumazo, eso sí, en nombre de la tecnología que venía a hacer nuestras vidas más fáciles.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte los gobiernos y la justicia han frenado una parte de los atropellos de estas plataformas. Numerosas sentencias han obligado a reconocer a sus trabajadores como asalariados, no como autónomos, o han obligado a pagar el salario mínimo a sus empleados. Y aún así, lejos de disuadir a los inversores, todos estos contratiempos no han sido óbice para que estos destinen miles de millones en estos proyectos. Uber está valorado en más de 120.000 millones de dólares, pese a haber tenido unas pérdidas de 1.100 millones en 2019. Ese mismo año Glovo cerró una ronda de financiación de 150 millones de euros, a pesar de haber perdido 45,7 millones en el ejercicio anterior. La única explicación posible para que tantos inversores se dediquen a arrojar dinero a estas trituradoras es que esperan que las condiciones cambien para imponer su sistema. Y es aquí donde entra 2020 como elefante por cacharrería, con la economía desplomándose y el desempleo alcanzando cifras récord. Sin saber todavía si una segunda ola de contagios sumirá aún más al mundo en la crisis, es cierto que se avecina una larga temporada de recesión, terreno abonado para los abanderados del neoliberalismo y sus políticas de austeridad, pero también para una segunda ola de falsas promesas de como la gig economy es la única que nos puede sacar del atolladero. Sus profetas no se detendrán en plataformas como Uber, Glovo, y similares. Su objetivo es claro: uberizar todos los sectores de la economía y la sociedad, incluyendo la sanidad y la educación. Nos hablarán de crear “mercados competitivos” y de cómo, mediante el libre mercado y la competencia, los salarios subirán y todos seremos más ricos, ignorando que la historia nos ha demostrado que mienten. Nos hablarán de cómo estas plataformas “apenas tienen barreras de entrada” y cualquiera con una app puede hacerles la competencia, escondiendo que estas compañías tienen a su disposición miles de millones que no dudarán en usar para deshacerse de cualquiera que ose competir con ellas y no tenga un capital similar. Nos venderán una utopía de libertad y milagros tecnológicos, cuando lo que nos quieren colar es un infierno de precariedad y subempleos con el único fin de hacer más ricos a los ricos, mientras el grueso de la sociedad se pelea entre ella por las migajas.

En tiempos de crisis es muy difícil no ser pesimista. Las distopías de las que nos hablaban los libros de ciencia-ficción de hace décadas se han colado en nuestras vidas por los huecos mientras no estábamos mirando, y ahora avanzan como una apisonadora sin frenos. Por eso se hace imperativo luchar con todas nuestras fuerzas. Es necesario, casi una obligación moral, creer que podremos salir airosos de este pulso entre una sociedad justa y digna para todos o una distopía de miseria y precariedad. Al menos ahora ya le hemos visto las orejas al lobo. Por mucho que las esconda tras una app.

Ernesto H. Vidal, profesor.

Fuente: https://ctxt.es/es/20200701/Firmas/32782/Ernesto-H-Vidal-historias-capitalismo-distopia-gig-economy-Uber-Glovo.htm 

Canciones contra la monarquía española

Las mejores canciones contra la monarquía española

• Es buen momento para recordar la música que ha alzado la voz contra la monarquía. Aquí, una selección de temas que, de momento, parecen haber pasado el corte legal
• Grupos como La Polla, Albert Pla, Def Con Dos, El Drogas, Reincidentes, Ska-P, La Raíz, Habeas Corpus u Obrint Pass han criticado a la monarquía en sus letras

 

https://www.cuartopoder.es/cultura/2020/07/19/las-mejores-canciones-contra-la-monarquia-espanola/

UE. Aprobadas las medidas anticrisis ( información rectificada )

Ni blinda la reforma laboral de Rajoy ni obliga a rebajar las pensiones: qué dice la 'letra pequeña' del acuerdo europeo

Álvaro Sánchez Castrillo

La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo.

El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.

La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.

Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"

Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.

En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”. No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.

La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.

El freno de emergencia

Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.

Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.

ttps://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/22/

Acuerdo histórico en la UE: 750.000 millones contra el covid-19 con 390.000 en transferencias directas

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/21/

acuerdo_historico_750_000_millones_contra_con_390_000_transferencias_directas_109107_1012.html

UE .Las ayudas anticrisis

Las ayudas anticrisis de España igualan a las de Francia o EEUU según su PIB pero se quedan a la mitad de Alemania e Italia

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. En relación con el PIB de cada país, las diferencias son notables

Merkel y Conte dedicarán recursos equivalentes al 34% de la riqueza nacional a paliar los efectos de la pandemia y a reactivar la economía; Sánchez, el 14%

Los planes de rescate de los gobiernos son similares: prestaciones para los trabajadores, préstamos, garantías y moratorias fiscales para las empresas

Begoña P. Ramírez

 Fuente : infolibre

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. Y si examinan en relación con la riqueza nacional o Producto Interior Bruto (PIB) anual de cada país, las diferencias son notables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que los gobiernos de todo el mundo van a destinar nueve billones de dólares –casi ocho billones de euros– a la lucha contra la pandemia del covid-19 y la crisis económica sin precedentes que ha desencadenado. Desde marzo hasta mayo la cifra ha aumentado en un billón, a medida que los países han tenido que tomar nuevas y más costosas decisiones para amortiguar la recesión y defender a ciudadanos y empresas de sus efectos. Esa cantidad se divide casi a partes iguales en ayudas directas y préstamos públicos o inyecciones de liquidez. El catálogo de iniciativas es similar en todos los países, pero las cuantías que cada Estado dedica varían de acuerdo con las disponibilidades financieras nacionales. En cualquier caso, la consecuencia de este diluvio de dinero público va a ser un planeta con una deuda pública de récord: el 342% de su PIB, que asciende a 87.751 billones de dólares según el Banco Mundial. Más que triplicará la riqueza mundial.

De los países ricos es Alemania el que más dinero ha colocado sobre la mesa para combatir los perjuicios económicos del coronavirus. Hasta el 34% del PIB ha dispuesto Angela Merkel tras dinamitar la sagrada regla del schwarze null –déficit cero– y permitir que la deuda pública germana escale hasta el 68,7% de su PIB –en 2019 estaba en el 59,8%–. Para financiar el gasto sanitario extra que ha supuesto la pandemia, Berlín liberó 11.200 millones de euros. Pero también está gastando 131.800 millones de euros más en ayudas a las pymes y los autónomos, a las familias y a los inquilinos en el pago de sus alquileres. El pago de las prestaciones a los trabajadores incluidos en el Kurzarbeit –los ERTE alemanes– va incluido en esa factura, cuyo importe fue aprobado en marzo y ampliado en junio con otros 130.000 millones más. Además, el Ejecutivo de CDU y SPD está aplicando moratorias en el pago de impuestos y ha rebajado hasta diciembre el tipo del IVA del 19% al 16% y el reducido del 7% al 5%.

Tampoco ha tenido problemas el Ejecutivo de Merkel en acudir en socorro de las mayores empresas alemanas. El paquete de rescate de Lufthansa asciende a 9.000 millones de euros, lo que puede significar que el Estado alemán se convierta en accionista de la aerolínea de cabecera, con una participación del 20% en su capital. El dinero saldrá de dos fuentes, que constituyen la parte del león del bazuca germano: el Fondo de Estabilización Económica (WSF) y la ampliación de los programas del banco estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la entidad que financió la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial y la economía de Alemania del Este tras la reunificación. Los fondos del WSF ascienden a un total de 600.000 millones de euros, de los cuales 400.000 millones son garantías estatales para empresas, 100.000 millones para comprar acciones de compañías especialmente perjudicadas y el resto para el banco KfW. Esta entidad pública, además, ha ampliado sus programas en 362.000 millones de euros.

De ahí han salido las ayudas millonarias con que el Gobierno de Berlín ha rescatado también a otras empresas insignia como Adidas –3.000 millones en créditos–, el operador turístico TUI –2.000 millones–, Puma –900 millones–, Mediamarkt –1.700 millones–, Thyssengrupp –1.000 millones– o la firma de alquiler de coches Sixt –1.500 millones–. Para ayudar a las grandes marcas de automoción, ha ofrecido un plan de incentivos de 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos con un precio inferior a 40.000 euros. Finalmente, los estados federados –Länder– han aportado otros 63.000 millones de euros adicionales para sus propios planes de ayuda.

Italia echa el resto

Pese a tener una de las cifras de deuda pública más altas del mundo, el 134,8% de su PIB –la segunda de la Unión Europea sólo superada por Grecia–, Italia será el segundo país europeo que más recursos destinará a luchar contra la pandemia económica. También ha sido de las naciones más golpeadas por el coronavirus. Los fondos equivalen a un 33,6% de su riqueza. Y se traducirán en una deuda pública de récord que alcanzará el 166% del PIB este año. Para medidas sanitarias ha apartado 3.200 millones de euros y para prestaciones de trabajadores y autónomos, 16.700 millones más. También ha aprobado moratorias en el pago de facturas, alquileres, impuestos y cotizaciones sociales para pymes, que igualmente podrán acceder 60.000 millones de euros en garantías y a 70.000 millones en créditos con periodo de carencia para su devolución. Para financiar a las empresas medianas y grandes hasta en un 90% de la cantidad que pidan prestada y para asegurar las exportaciones, el Estado ha otorgado garantías al banco de desarrollo público –Cassa Deposit e Prestiti– por valor de 500 millones de euros adicionales.

Las ayudas incluyen además bonos de 500 euros para que las familias con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales gasten en hoteles, 1.400 millones de euros para contratar investigadores, 1.150 millones para la agricultura, o el reparto entre los ayuntamientos de 400 millones de euros para que ciudadanos sin recursos compren bienes de primera necesidad.

Además, el Gobierno de Giuseppe Conte aprobó un paquete de ayudas de 600 millones de euros para Alitalia, que lleva en concurso de acreedores desde 2017 y sin encontrar un comprador. A cambio, ha asumido el control del 100% de la aerolínea.

Johnson se apunta al New Deal

Reino Unido roza el 19% de su PIB en paquetes de rescate. El primer ministro conservador, Boris Johnson, ha olvidado la herencia thatcheriana e incluso se ha atrevido a anunciar un New Deal a la británica. Un total de 5.000 millones de libras –5.530 millones de euros– en infraestructuras. “Para unir e igualar [las distintas regiones del país], construiremos, construiremos, construiremos, mejor, más verde y más rápidamente”, proclamó en un discurso el pasado 30 de junio. “No soy comunista”, se sintió obligado a confesar también, tras reconocer que ese plan supone una enorme intervención gubernamental en la economía.

Pero ya antes de ese paquete, el Reino Unido había comprometido 5.000 millones en financiación adicional para su sistema público de salud (NHS) y la supresión del IVA y tasas en las importaciones de equipamientos médicos. El Gobierno también aprobó 60.000 millones de libras para pagar las prestaciones de los trabajadores en ERTE y las cotizaciones sociales de sus empresas, así como prestaciones para los autónomos y subvenciones directas a pymes en los sectores más perjudicados. El importe incluye 7.000 millones de libras para los ciudadanos con menos recursos y ayudas a los inquilinos. Además, se han concedido moratorias en el abono del IBI a las empresas de hostelería, en el pago del IRPF y el IVA para los autónomos y facilidades para reestructurar su deuda tanto a empresas como a particulares.

Los esquemas de créditos públicos británicos se elevan a 330.000 millones de libras –365.000 millones de euros– y comprenden acceso a préstamos de hasta cinco millones de libras para pymes, garantizados por el Estado hasta en un 80% y cuyos intereses asumirá el banco estatal British Business Bank durante el primer año, así como la compra de deuda a corto plazo de grandes empresas por parte del Banco de Inglaterra. De ahí han salido igualmente los 1.800 millones de libras en préstamos garantizados que han recibido IAG, Ryanair, Easyjet y Wizz Air. Otras empresas amparadas por el mismo plan son Nissan, BASF o el club de fútbol Tottenham.

15.000 millones para Airbus y KLM

Francia llegará hasta el 14,6% de su PIB para rescatar la economía de las garras del coronavirus. En medidas de refuerzo de la sanidad se ha gastado 5.500 millones de euros. Y en pagar prestaciones de trabajadores en ERTE y de los autónomos, así como en apoyo financiero directo para pymes ha comprometido 11.000 millones. Las moratorias de pagos de cotizaciones sociales e impuestos, además de alquileres y facturas de suministros concedidas a las empresas tendrán un impacto en las arcas públicas francesas de 48.500 millones de euros.

El plan de garantías estatales para que las empresas consigan préstamos de los bancos asciende a 300.000 millones de euros. Como en otros países, Francia ha preparado un programa específico para el turismo, con 18.000 millones de euros, así como otro para el automóvil, con 8.000 millones más, que incluye ayudas a la compra de coches eléctricos o híbridos. Y un tercero para el aeronáutico, 15.000 millones, que beneficiará tanto al constructor Airbus como a la aerolínea KLM. Esta última, propiedad del Estado francés y del holandés, en un 14% cada uno, ha recibido ya 10.000 millones de euros de ambos gobiernos –7.000 millones del galo, en forma de préstamos garantizados y directos–. A las compañías tecnológicas se les ha concedido un programa de 1.200 millones de euros, con el que pretende protegerlas de posibles compradores extranjeros.

Casi tres billones de dólares

Estados Unidos está destinando una parte menor de su PIB a la lucha contra los efectos económicos de la pandemia, un 11,1%. Pero sus números son apabullantes. Un total de 1.395 millones de dólares –1.232 millones de euros– ha aprobado el Congreso en dos leyes para poner en marcha medidas sanitarias inmediatas –8.300 millones de dólares– y ayudas a hospitales –100.000 millones–, centros comunitarios –1.320 millones–, el desarrollo de una vacuna –27.000 millones más– y para el Centro de Control de Enfermedades –4.300 millones–. La cifra incluye también otros 83.300 millones para pagar las bajas por enfermedad de los infectados por coronavirus y las pruebas para detectarlo. A fin de sufragar el subsidio de paro se han destinado 250.000 millones de dólares, 45.000 millones para ayudas alimenticias o 30.000 millones para colegios.

La ayuda de 1.200 dólares mensuales para quienes cobren menos de 75.000 dólares al año ha costado 250.000 millones más, y 50.000 millones la exención de cotizaciones sociales de los trabajadores. Además, se ha retrasado a 2021 y 2022 el pago para las empresas de las cotizaciones sociales por sus plantillas.

Washington ha destinado 349.000 millones de euros a préstamos para pymes y 56.000 millones más para empresas de los sectores más afectados, como aerolíneas. Un paquete adicional de 454.000 millones de dólares permitirá a la Reserva Federal (Fed) comprar obligaciones de empresas en los mercados. Una de ellas es Boeing: la Fed ha adquirido 25.000 millones de deuda emitida por el constructor aeronáutico, una manera de garantizar su liquidez mientras despide a 16.000 trabajadores tras perder 1.700 millones en el primer trimestre del año.

Todas estas medidas fueron aprobadas en marzo. Un mes más tarde, el Congreso dio luz verde a un segundo programa de ayuda, por importe de 484.000 millones más. En total, y pese a que en relación con su PIB el tamaño relativo del rescate parezca inferior al de otros países, Donald Trump suma casi 2,8 billones de dólares en ayudas públicas, una cifra inalcanzable para cualquier otra economía nacional. Hay que recordar que el desempleo en Estados Unidos llegó a superar los 40 millones de personas en mayo y que los 349.000 millones dirigidos a prestar financiación a las pymes se agotaron en sólo 13 días.

España, un 14% del PIB

En marzo, España destinó a combatir la pandemia económica un porcentaje equivalente al de Estados Unidos, un 11% de su PIB, que aumentó en 51.000 millones de euros más con el paquete de medidas aprobado semanas más tarde por el Consejo de Ministros. Un 14% del PIB, a la altura de Francia, por tanto.

En el detalle, España aprobó un aumento de 3.900 millones de euros para sufragar el gasto sanitario extra ocasionado por la pandemia. El coste de las prestaciones de desempleo pagadas a los trabajadores en ERTE equivale a una factura mensual de 5.500 millones de euros, según las cifras facilitadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de 11.000 millones más por las cotizaciones descontadas a los empresarios que han acudido a los ERTE de fuerza mayor, de acuerdo con los cálculos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para los meses de marzo a septiembre. También se ha creado un subsidio especial para las empleadas domésticas que se quedaron sin trabajo por culpa de la pandemia y el confinamiento, cuyo coste se prevé que alcance los 3,15 millones de euros. Los trabajadores con contrato temporal que se quedaran en el paro también acceden ahora a la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente. La prestación para los autónomos afectados por la crisis ya ha supuesto un desembolso superior a los 2.500 millones.

Las moratorias de pagos de impuestos –IRPF, IVA y sociedades– tanto a los autónomos como a las pymes durante seis meses tendrán además un impacto de 14.000 millones en las arcas públicas, según los cálculos del Gobierno.

A la línea de crédito del ICO aprobada en marzo por importe de 100.000 millones, integrada por garantías y orientada a facilitar la liquidez de las empresas, se le añade ahora una segunda, por 40.000 millones más, dirigida a financiar inversiones productivas.

Además, se ha creado un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestionará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son 10.000 millones de euros para “empresas estratégicas solventes”. A cambio de recibir préstamos participativos, vender deuda subordinada o acciones, las empresas tendrán que ingresar sus dividendos, intereses y plusvalías en el Tesoro Público. Además, quedarán eximidas de pagar impuestos estatales, autonómicos y locales. Una de esas empresas estratégicas será Iberia, que ya ha percibido 750 millones de euros en créditos del ICO. A Vueling, perteneciente como Iberia al holding IAG, se le han concedido 260 millones, a Air Europa –cuya fusión con Iberia está en ciernes– 140 millones más, mientras que Air Nostrum ha conseguido 130 millones y Volotea otros 100.

Para ayudar al sector del automóvil, el nuevo plan Renove –ayudas a la compra de vehículos desde 300 hasta 4.000 euros– está dotado con 250 millones de euros.

Las empresas turísticas se beneficiarán desde ahora de una moratoria de un año en el pago de hipotecas por los locales, además de una línea de créditos de 216 millones de euros para inversiones en transformación digital.

Finalmente, las empresas exportadoras podrán solicitar hasta 2.000 millones de euros en garantías públicas.

Fuente  https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/07/20/las_ayudas_publicas_espana_contra_covid_igualan_las_francia_eeuu_segun_pib_pero_quedan_mitad_alemania_italia_108552_1011.html