El ibex 35 saquea en América Latina

El modus operandi del Ibex 35 en América Latina

José Bautista

La Marea

Un informe de Ecologistas en Acción y OMAL, entre otros, denuncia las malas prácticas de las grandes corporaciones españolas en Latinoamérica

 

Vista aérea de una zona deforestada en Pará (Brasil). Foto: Alberto César / Greenpeace.

Grandes empresas del Ibex 35 con negocios en América Latina vulneran derechos elementales de las personas y el medio ambiente bajo “patrones sistemáticos” que van desde el supuesto pago de sobornos hasta la infiltración de colectivos que se oponen a sus megaproyectos, según el informe El Ibex 35 en guerra contra la vida, realizado por Ecologistas en Acción, con ayuda del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y la organización Calala Fondo de Mujeres.
El informe, elaborado por Miriam García-Torres, analiza los conflictos socioecológicos y la violación de derechos relacionados con algunas prácticas de las transnacionales españolas. En este sentido, recuerdan la tragedia medioambiental de la represa Belo Monte (Brasil) -en cuya propiedad participa Iberdrola-; el impacto causado por la actividad de Repsol en la Amazonía peruana y los problemas generados en México por Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, entre otros.
El informe arranca citando a numerosas instituciones y organismos internacionales que arrojan datos impactantes. Por ejemplo, 69 de las 100 entidades económicas más poderosas del mundo son multinacionales, no Estados. Las 10 corporaciones más grandes del planeta registran un volumen de negocio superior a la suma del PIB de 180 países.
Las estrategias de acumulación de poder de estas multinacionales han evolucionado con el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo: “Dar prioridad a la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida”, sostiene García-Torres. América Latina, región periférica en el capitalismo global, es uno de los objetivos geoestratégicos más importantes para las grandes corporaciones de España, uno de los principales socios comerciales de la región.
El informe desvela las prácticas de las grandes corporaciones y pone en tela de juicio los métodos empleados para obtener el petróleo, el cobre o la madera, entre otras materias primas. Tal y como recoge este trabajo, no es casual que dos de cada tres activistas asesinados en 2017 realizaran su labor en América Latina (en total, más de 300 personas según Front Line Defenders), una región que desde tiempos coloniales depende económicamente de la exportación de materias primas a los países industrializados del norte. Tampoco lo es que el 40% de esas víctimas fueran indígenas. “Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones”, sostiene García-Torres, especializada en conflictos socioecológicos y en ecología política feminista.
Indígenas y campesinos
Las violaciones de derechos humanos que cometen algunas grandes corporaciones españolas en América Latina presentan varios factores en común, según la investigación de García-Torres. Por lo general, tienen lugar en territorios en manos de indígenas y campesinos, dos grupos especialmente vulnerables que padecen la impunidad de altos cargos directivos y políticos en la región. Estas prácticas corporativas utilizan y al mismo tiempo profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades afectadas, sostiene el informe. Como consecuencia, la llegada de multinacionales españolas acelera la pérdida de soberanía alimentaria y política de quienes habitan esas zonas, especialmente de las mujeres.
Otro punto en común de la ‘marca España’ en América Latina es la puesta en marcha de megaproyectos de distinta índole sin llevar a cabo ningún tipo de consulta previa con las personas afectadas por los mismos, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Para solventar estos escollos, las transnacionales cuentan con importantes aliados en grandes medios de comunicación y usan la influencia de exaltos cargos políticos (puertas giratorias).
También es frecuente, según denuncia el informe, que la actividad de las compañías del Ibex 35 en suelo latinoamericano tengan una incidencia especialmente desastrosa sobre los recursos hídricos y la tierra, dando lugar a graves casos de deforestación, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, entre otros impactos ecológicos. Este factor, agravado por la falta de transparencia, aparece de la mano de prácticas también habituales en las multinacionales españolas, como el pago de sobornos, la creación de redes clientelares, la extorsión e incluso las injerencias en colectivos y organizaciones locales, añade el documento. “Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones”, matiza Ecologistas en Acción.
Repsol: gas a toda costa en la Amazonía peruana El caso de Repsol en Perú es uno de los más ilustrativos para comprender la dinámica que caracteriza el quehacer de las transnacionales españolas en América Latina. La petrolera española participa en el proyecto de gas de Camisea (Amazonía peruana), un negocio financiado por BBVA y participado por otras compañías con sede en Madrid. En Camisea se extrae el 95% del gas que produce Perú y afecta a un territorio protegido en el que habitan siete importantes comunidades indígenas, tres de ellas en situación de aislamiento voluntario.
Desde su llegada a Perú, Repsol jugó a influir en el gobierno para promover cambios legales que facilitasen su negocio a toda costa. Primero se benefició de las medidas del exdictador Alberto Fujimori, que abrió la puerta a las multinacionales extractivas, y más tarde aplaudió las medidas del expresidente Ollanta Humala (hoy preso por un caso de corrupción que involucra a la española Enagás) en detrimento de la protección medioambiental e indígena, una tendencia que hoy continúa el presidente Pedro Kuczynski.
El informe repasa los megaproyectos de Repsol y sus sociedades en Perú, y cuantifica sus impactos: 10.000 barriles de gas licuado derramados en 2013, contaminación de acuíferos, merma de la fauna ictiológica (“un mito”, según un directivo de Repsol) y silvestre (se redujo en un 67%), y una constante precarización del trabajo y pérdida de soberanía alimentaria de las comunidades locales, cada vez más afectadas por los estragos naturales de la petrolera española y el entramado de sociedades con que opera en el país que alberga la segunda mayor reserva forestal de América Latina. Actualmente, el 80% de los indígenas nahua, uno de los pueblos afectados, padece contaminación por mercurio asociada a las explotaciones gasistas de Camisea.
ACS: las represas de la codicia en Guatemala La constructora de Florentino Pérez también está envuelta en escándalos que reflejan la impunidad de las transnacionales españolas en América Latina. ACS participa en la construcción de tres plantas hidroeléctricas en el complejo Renace, el más grande de Guatemala. A través de su filial Cobra, el Grupo ACS usa sus nexos con el poder político guatemalteco y español para obtener beneficios y cambios legislativos que facilitan su negocio, en perjuicio del medio ambiente y de quienes viven del río Cahabón, el más importante del país.
ACS y otras empresas involucradas en este megaproyecto aseguran que están beneficiando al país. Sin embargo, el departamento de Alta Verapaz, que alberga numerosas poblaciones indígenas y un tercio del negocio hidroeléctrico, es la que menos cobertura eléctrica tiene en todo Guatemala. Solo el 3% de su población local atiene acceso a agua potable y los conflictos sociales han estallado debido a los daños que causa la multinacional española en los recursos hídricos de esta y otras regiones, así como la negativa de ACS a negociar con poblaciones locales, la invasión de pequeñas tierras en manos de familias que se niegan a venderlas. Al menos 263 defensores y defensoras ambientales críticos con este proyecto hidroeléctrico han sido atacadas, según datos de la UDEFEGUA. “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social”, declaró una fuente de Cobra citada en el informe.
Corredor eólico en México En una franja de Oaxaca, sureste de México, conocida como Istmo de Tehuantepec, viven cinco pueblos indígenas. Los vientos de este territorio hacen que sea un lugar muy atractivo para la generación de energía eólica. Actualmente varias corporaciones españolas construyen allí el corredor eólico más grande de América Latina (5.000 aerogeneradores), un proyecto que también se rige por el modus operandi de la ‘marca España’ en la región que describe el informe.
Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona y Renovalia controlan más de la mitad de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, y el 87% de sus aerogeneradores salieron de las plantas de Gamesa y Acciona. Este megaproyecto tampoco está exento de problemas: denuncias por apropiación de territorios y bienes comunes; problemas de discriminación (la población local sigue teniendo graves carencias de acceso a electricidad), pérdida de biodiversidad (allí convergen las principales rutas de aves migratorias), alteraciones en el cauce de los ríos, pérdida de tierra fértil, vertidos masivos de aceites y otros desechos…
El documento pone énfasis en cómo la falta de transparencia y diálogo con comunidades locales han hecho que este megaproyecto destruya el tejido social de ese territorio. Las multinacionales españolas mencionadas, especialmente Iberdrola, están acusadas de corromper a funcionarios públicos y ciudadanos para que se infiltren en las asambleas locales que denuncian y resisten ante estas prácticas. La supuesta connivencia entre las trasnacionales españolas y el poder político en México llega al punto de que son agentes de policía y militares quienes hacen de guardias privadosen las instalaciones privadas de estas empresas. “Tanto es así que las comunidades locales han denunciado amenazas, intimidaciones y amedrantamiento por parte de personal de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia”, recoge el informe. Este también informa de que, “en algunos casos, personas defensoras y periodistas que trabajan sobre el conflicto han recibido amenazas de muerte, y se han reportado actos de violencia física y agresiones con armas de fuego”.
Más desigualdad entre hombres y mujeres Las prácticas de las multinacionales en América Latina están agravando y aprovechando al mismo tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres, explica García-Torres en el documento. Por un lado, las compañías españolas analizadas dan prioridad a las negociaciones bilaterales, dejando de lado el diálogo colectivo y excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, estas corporaciones fomentan contrataciones precarias que dificultan la independencia de las mujeres. La violencia que se genera en torno a estos negocios y la frecuente militarización de los territorios afectados también representa una traba en el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas. A pesar de todo esto, son ellas las que cada vez con más frecuencia lideran las luchas y resistencias frente a las crisis ecológicas, humanitarias y económicas que generan las multinacionales.
La publicación de este informe estuvo acompañada por un acto de protesta de varios activistas ante la Bolsa de Madrid. El documento subraya la importancia de crear leyes internacionales con carácter vinculante para evitar que estas prácticas sigan perpetuándose. Además, insta a la Unión Europea a suspender las negociaciones para la firma de nuevos tratados de libre comercio, al considerar que “refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales”, y anima a las autoridades a potenciar las formas de economía social, bajo criterios ecologistas y feministas.
Fuente: https://www.lamarea.com/2018/02/07/ibex-35-america-latina/

La austeridad ha fracasado y es hora de hacer balance.

La austeridad expansiva y sus opositores. Reseña

Guido Iodice y Daniela Palma (Keynes blog)

15/02/2018

Austerity vs Stimulus: The Political Future of Economic Recovery, edición de Robert Skidelsky y Nicolò Fraccaroli, Palgrave Macmillan, Londres, 2017, 178 páginas.



La austeridad ha fracasado y es hora de hacer balance. Pero ha llegado sobre todo el momento de preguntarse por qué, pese a que las políticas de restricción fiscal han surtido efectos más que negativos en el curso de la crisis que ha sacudido las economías occidentales (y la europea en particular), la discusión entre quienes sostienen su eficacia y los defensores de posturas keynesianas es más encendida que nunca. De acuerdo con Robert Skidelsky y Nicolò Fraccaroli, ambos historiadores de la economía, es importante comprender el motivo por el que la idea de austeridad se ha ido afirmando en términos ideológicos, llegando a forzar la interpretación de las tendencias económicas que se observan en cada momento con tal de justificar la adopción de medidas draconianas. Este es el tema de fondo que anima Austerity vs Stimulus, una ágil recopilación de artículos (en parte originales y en parte reeditados y aparecidos antes en libro o en fuentes periodísticas), gracias a los cuales Skidelsky y Fraccaroli pretenden mostrar cómo la idea de austeridad ha ido adquiriendo cada vez más fuerza, sobre todo en virtud de un mensaje político que se ha convertido en central para los partidos del centro-derecha, que han dominado la escena política europea desde antes y a lo largo de todo el arco de la crisis. Se abraza de hecho la austeridad con la visión de que del crecimiento tiene que tirar el sector privado y de que, con vistas a ese fin, no interfiera la intervención pública  con los mecanismos de “autorregulación” del mercado.
La austeridad como tal no se habría convertido, sin embargo, en objeto tan evidente de disputa si la crisis de 2007-2008, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y por las insolvencias ligadas a las hipotecas “sub-prime” en los Estados Unidos, no se hubiera cargado de manera tan onerosa sobre las cuentas públicas a fin de contener el contagio financiero provocado por las quiebras bancarias, haciendo que explotaran las “deudas soberanas”. Este paso resulta también crucial, puesto que ilumina de qué modo el papel del Estado se entiende más precisamente en subordinación al mercado, admitiendo (de hecho) que la intervención pública puede entrar en juego de modo considerable si la finalidad estriba en “salvar” al mercado. La opción de abrir el volumen con un texto de Wolfgang Streeck, que evoca los precedentes de la crisis, enlazándolos  con los conflictos distributivos generados por el capitalismo, resulta, por lo tanto, de extraordinaria eficacia. A partir de este momento, el lector se hace consciente de las grandes contradicciones que atraviesan las posiciones “neoliberales”, mientras se desmistifica una idea clásica de laissez faire que pretende recurrir a la hipótesis de que los mercados son eficientes. De ahí en adelante, el enfrentamiento entre las dos tesis contrapuestas, que la austeridad sirve para superar la crisis o bien que tiene efectos ulteriormente depresivos sobre el ciclo económico, se recorre a ritmo rápido, remontándose al principio de las raíces del debate originario entre Keynes y Hayek de 1932 (con el primer intento de subrayar los límites del gasto privado y el segundo de  registrar lo dañino del gasto público que, en el mejor de los casos, induce un desplazamiento del privado por efecto de un aumento de los tipos de interés); para volver inmediatamente al nuevo relato “neoliberal” que identifica la consolidación fiscal, es decir, en la reducción de la deuda pública a través de drásticos recortes del gasto público, la clave de la recuperación.
Los artículos, que se alternan sucesivamente en la defensa de los beneficios de la austeridad y por otro lado en mostrar los efectos negativos de ésta, nos ponen con toda evidencia frente a la potencia de la dimensión ideológica que acompaña a la idea de austeridad desde el inicio de la crisis hasta hoy. Las referencias principales se localizan en los trabajos de la  “escuela bocconiana” [de la Università Commerciale Luigi Bocconi, centro privado de élite con sede en Milán], y en particular en las argumentaciones de Alesina, y en las elaboraciones de Reinhart y Rogoff, cuya  extraordinaria difusión se debe también a que ofrecen pruebas de hecho sobre la relación de causalidad entre disminución de la deuda pública y aumento de la tasa de crecimiento del PIB. Lástima, como subraya, Krugman, que en estas mismas evidencias se hayan detectado en su mayor parte falsedades. Pero la cuestión, todavía más crucial, está recogida según Krugman en un ulterior aspecto de la diatriba sobre la austeridad. De hecho, en el plano de la teoría, estas posiciones no han tenido forma de echar raíces y ni siquiera los libros de texto, decididamente incardinados en la ortodoxia económica, aceptan la austeridad como una opción de medidas políticas en el curso de una recesión. “El momento justo para la austeridad en el Tesoro es el de la expansión, no el de la recesión”, escribía Keynes en 1937 y este  punto de vista, conjuntamente con la consideración de que las políticas monetarias expansivas (de cualquier tipo) no pueden asumirse como alternativa durante una recesión, no parece llegar a ser objeto de discusión seriamente. Sin embargo, en el contexto tan intrincado como dramático de la crisis económica es la política la que toma la delantera, en una mezcla de falsas creencias (la primera entre todas, la de que el presupuesto del Estado es asimilable al de una familia) y de empujones conservadores que tienen su origen en la misma tensión distributiva entre trabajo y capital que llevó al derrumbe de 2008. La austeridad se transforma así en una defensa tan extrema como perversa de los intereses corporativos de los capitalistas, puesto que al reducir el perímetro del gasto público, se puede dejar espacio a elevadas reducciones fiscales a las empresas, recalca Krugman.
Las políticas fiscales expansivas son el único dique contra el empeoramiento de la crisis y las únicas en condiciones de hacer que vuelva a arrancar el crecimiento económico,  sostiene así pues Skidelsky desde el frente keynesiano, añadiendo que son también las únicas que permiten corregir los equilibrios a favor de las rentas del trabajo y garantizar así una recuperación económica más estable. Actuar sobre las políticas fiscales permite además incidir sobre los límites registrados por el actual modelo de desarrollo económico, que ha despilfarrado los recursos disponibles y ha agravado la degradación ambiental, estimulando una demanda que promueva la reconversión ecológica del sistema productivo.
Del lado de las posiciones pro-austeridad no faltan, sin embargo, argumentaciones de carácter vagamente keynesiano que dan cuenta de cómo los exponentes de esta contraparte han sentido claramente la necesidad de dar fuerza a las a las razones propias recurriendo a referencias que para la teoría keynesiana son esenciales. Esta es una articulación muy importante del volumen de Skydelsky y Fraccaroli, puesto que, si la “ortodoxia” macroeconómica no tiene en sí misma presupuestos para justificar las políticas de austeridad en tiempo de recesión y si las posturas keynesianas se arriesgan a encontrar contestación en los hechos, la defensa de la austeridad podría ir a darse de bruces con una clamorosa derrota. ¿Qué mejor, entonces, que sacar a colación la cuestión de la confianza de los operadores del mercado, relacionándola con los niveles de la deuda pública? Cuanto mayores sean los niveles de deuda pública, menor será la confianza que los operadores depositen en el Estado de salud de un país, y menores, por consiguiente, las inversiones que estarían dispuestos a emprender. Con el  “hada confianza” –expresión eficazmente introducida por Krugman – entra definitivamente en escena la alegoría de la austeridad, que consagra el mito; quizás confundiendo al adversario, como confiesa Skidelsky. Por esto es bueno dejar claro que, si una política fiscal restrictiva es manifiestamente inadecuada y nociva, lo será independientemente de la confianza (“a lack of it cannot cause a bad policy to have bad results, any more than jumping out of a window in the mistaken belief that humans can fly can offset the effect of gravity” [“la falta de la misma no puede provocar que una mala política tenga malos resultados, no más de lo que saltar por la ventana con la errada creencia de que los humanos pueden volar puede compensar el efecto de gravedad”].
El escenario es, por otro lado, bastante más complejo y la ligazón entre expectativas y nivel de la deuda pública, tal como lo imaginan los defensores de la austeridad, no parece tenerse en pie ni siquiera al probar los hechos. En cambio, hay mucho más que explotar en la imperfecta construcción de la unión monetaria y en las políticas que la disciplinan, fundamentalmente centradas – de nuevo con rasgos fundamentalmente ideológicos – más sobre la idea de “castigo” que sobre la de mutua ayuda en el momento en el que se produce una crisis financiera, como se deduce del artículo de De Grauwe. Si sólo se introdujera en este orden de ideas la que en el artículo siguiente, de Blanchard, viene señalada como “esquizofrenia” de los mercados, los cuales aplauden los anuncios de consolidaciones fiscales para luego castigar a los países que la aplican en cuanto los resultados de crecimiento son recesivos, no parecería tal. Pero la “esquizofrenia” de la que nos habla Blanchard es, todavía más, el síntoma de que los negativos resultados económicos de las políticas de austeridad han empezado a socavar graníticas certezas.
Así pues, ¿todo bien? Nada en absoluto, y pese a que el mismo Fondo Monetario Internacional, del cual el mismo Blanchard fue economista jefe entre 2008 y 2015 (dimitiendo), haya reconocido el efecto depresivo de las políticas restrictivas del presupuesto declarando abiertamente el error de haber subestimado ampliamente los multiplicadores fiscales, nos sigue fustigando el “mito” de la austeridad.
La historia de las políticas de austeridad aplicadas en el Reino Unido se convierte así en un caso paradigmático, del cual dan cuenta por extenso Skidelsky y Fraccaroli en la última parte del volumen, documentando el denso debate político-económico que ha acompañado a los acontecimientos en su desarrollo. Es una valiosa ocasión para ratificar el papel desempeñado por una idea distorsionada de confianza, que en una presunta clave keynesiana, debería asignar un valor taumatúrgico a la idea misma de austeridad. En su réplica a los diversos interlocutores pro-austeridad (Cable y Ferguson) es importante, por tanto, para el frente keynesiano de los economistas Skidelsky y Blanchflower llamar la atención sobre el corazón del mensaje keynesiano, a fin de despejar el terreno de cualquier posible ambigüedad acerca de los efectos negativos de políticas fiscales restrictivas en un periodo de depresión económica y evitar que se siga aplazando el discurso sobre posibles “remodulaciones” temporales de la consolidación fiscal a lo largo de periodos más prolongados, como si se tratase de la dosis equivocada de una medicina buena. “Cuidaos de la desocupación y el presupuesto se cuidará solo”, sostenía de hecho Keynes, mientras que la lógica de los defensores de la austeridad es totalmente la contraria, transformando el presupuesto del instrumento que debería ser en objetivo de la política económica, y atribuyendo al concepto mismo de deuda pública un valor intrínsecamente negativo conectado (erróneamente) a la lógica de la economía del “buen padre de familia”(Graeber, Chang et alii).
Sigue siendo, por tanto, verdaderamente incomprensible que, pese a todo, la austeridad siga siendo el faro de toda la política europea. La respuesta debe, sin embargo, buscarse en una “razón política” (Krugman y Blyth), que representa no sólo – como se ha visto – el hilo conductor del libro entero, sino también  el nudo sobre el cual volver a reflexionar en la conclusión. Skidelsky y Fraccaroli son comprensiblemente pesimistas todavía y a día de hoy el cuadro europeo no parece presagiar un cambio de rumbo ni, sobre todo, son objeto de debate los correctivos de la implantación de las políticas europeas inspiradas por la disciplina del “fiscal compact” y por el papel del Banco Central (europeo), en el mejor de los casos de “controlador de precios”, ya se trate lo mismo del control de la inflación como mandato institucional que de que se adopten políticas “atípicas” de “mantenimiento” de la liquidez del sistema bancario (como en el caso del quantitative easing) para estabilizar el ciclo económico. Sin embargo, es importante reconocer el valor del análisis crítico que este volumen nos ofrece como secuela de un “despertar” casi brusco del debate económico (atenuado desde hace años) en torno al papel de las políticas macroeconómicas en la ola ascendente de la crisis internacional; un debate que ha reabierto el enfrentamiento entre la escuela keynesiana y la neoclásica, baluarte de un mainstream con más de treinta años que lleva mucho tiempo sin cruzarse con adversarios a lo largo del camino, “absorbiendo” la primera y construyendo con el paso del tiempo un paradójico “consenso cultural” en torno a las posiciones neoliberales. De aquí es de donde hay que arrancar de nuevo.

Guido Iodice y Daniela Palma (Keynes blog)

Miembro del Comité Nacional de Democratici di Sinistra; y economista matemática y estadística, investigadora de Enea, son responsables del Keynes Blog, que defiende el análisis postkeynesiano de izquierdas de la Gran Recesión.

Fuente: https://keynesblog.com/2018/01/25/lausterita-espansiva-e-i-suoi-oppositori/#more-7