La Iglesia, esa multinacional
- El periodista Ángel Munárriz analiza en Iglesia S. A. la financiación de la organización católica, con la lupa puesta en los recursos públicos que la sostienen
- El ensayo aborda desde las exenciones del IBI y las inmatriculaciones, hasta el cobro por la entrada a los templos o los ingresos por la casilla de la renta
La Iglesia recibe ingresos por las donaciones de sus fieles, por la entrada a edificios que forman parte del patrimonio histórico, por la aportación del Gobierno vía IRPF, por las exenciones fiscales —como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI—, por el alquiler de sus edificios y terrenos, por las cuotas, públicas o no, por sus centros educativos concertados y privados... Pero la Iglesia no es una empresa. ¿Y qué es la Iglesia, entonces? "No es fácil delimitar su naturaleza exacta", advierte Ángel Munárriz, periodista de infoLibre, en la introducción de su libro Iglesia S. A., editado por Akal. Es "una gran organización privada atomizada en miles de terminales", aventura el autor, algo así como "la delegación ibérica de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano". Pero si fuera una empresa, si existiera esa Iglesia S. A. que imagina el título, sería una "en rescate permanente". Munárriz desentraña a lo largo del trabajo cómo funcionan los privilegios económicos de esta particular sociedad anónima y cómo encajan, o desencajan, dentro de un Estado aconfesional.
No es una tarea fácil la de desenmarañar el entramado económico de la Iglesia católica en este país. Para empezar, defiende la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Iglesia católica española no es un solo ente, sino un cúmulo de diócesis, parroquias, monasterios y órdenes. No hay un dinero de la Iglesia. "La Conferencia Episcopal invoca siempre la descentralización para explicar por qué no puede dar una cuenta global de sus asuntos económicos", explica el periodista por teléfono, desde Sevilla. Porque no, no hay una cifra oficial que englobe ni todo lo que la Iglesia ingresa ni todo lo que el Estado le concede. Por supuesto, la institución tiene las suyas —algo menos de mil millonesde ingresos en 2016, más de la mitad recibidos a través de subvenciones públicas y actividades económicas—, que no incluyen, entre otras cosas, exenciones fiscales como la del IBI. Munárriz esgrime otras dos. Primero, la estimación de la organización Europa Laica, que calcula que la Iglesia recibe anualmente unos 11.000 millones de eurosde dinero público por distintos conceptos, una cuenta que el periodista considera "bien hecha". Segundo, unas declaraciones de Carrero Blanco en 1972: según el entonces vicepresidente del Gobierno, el Estado había gastado 300.000 millones de pesetas en la Iglesia desde 1939.
La opacidad en las cifras es una constante a lo largo de los distintos temas que aborda el libro. Es el caso de las exenciones del IBI, de las que la Iglesia disfruta gracias a los Acuerdos con el Vaticano de 1979. Pero, ah, la CEE no ofrece la cifra de cuántos edificios posee —la descentralización, de nuevo— y, todavía menos, por cuántos de ellos no paga esta tasa o cuánto se ahorra con la rebaja. No deja de ser curioso que las memorias de los obispos sí recojan, por ejemplo, el número de horas dedicadas en todo el país a la actividad pastoral. Hay que ir a buscar datos fuera, y el historiador Stanley G. Payne cuenta unos 100.000 inmuebles en manos de la institución en toda España, como recoge Munárriz. En el libro anota también el trabajo de Europa Laica, que estima que son unos 700 millones de euros anuales lo que los ayuntamientos dejan de ingresar por los edificios eclesiásticos, destinados al culto o no, desde los 2.000 euros de Seraco (Valencia) a los 2 millones de euros de Salamanca. Muchos de los datos de la asociación han sido obtenidos mediante mecanismos de transparencia de los ayuntamientos, pero Munárriz considera que deberían ser "las autoridades" las que "recabaran toda esa información y la presentaran de forma coherente y conjunta": "Que ahora mismo no sepamos a cuánto ascienden las exenciones es un problema, un problema al que se enfrentan los ayuntamientos".
Porque "que no pague IBI de la catedral de Sevilla puede que ser comprensible, o es debatible", valora el periodista. Lo que se entiende menos es que no pague el IBI un parking, un hotel, una panadería o una tienda de Inditex. Son casos reales que Munárriz ha investigado y recoge en el libro: dos aparcamientos, con más de 400 plazas, que la diócesis de Almería alquila a una empresa; el hotel El Convent, de cuatro estrellas, que gestiona una hotelera en Begur, un pueblo de la Costa Brava; una panadería, una tienda de souvenirs y una hospedería que gestiona la Iglesia directamente en el santuario de Lluc, en Mallorca; un Uterqüe —marca de Amancio Ortega— en un edificio propiedad de distintas instituciones eclesiásticas, entre ellas Cáritas, en Princesa, en Madrid. Ninguno de ellos pagaba IBI. Y ahora solo lo hacen los de Lluc, gracias a una denuncia de Antoni Solivellas, alcalde del PP del municipio de Escorca, al que pertenece el recinto. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dijo que aquella panadería "no puede entenderse vinculada a la actividad de culto", y hubo que pagar. El obispado no la recurrió: "No sé si se hace firme porque la Iglesia acepta sus argumentos o porque teme un fracaso en el Supremo que siente precedente", se pregunta el autor. En cualquier caso, la Iglesia puede extraer su moraleja: lo único que hace falta para que no la obliguen a pagar el IBI es que alquile el local a un tercero y no ejerza ella la actividad.
El asunto del IBI es uno de los más desarrollados en el artículo, por ser también uno de los que más profundamente ha investigado el periodista —también en este periódico—, pero desfilan por el libro la aportación a través del IRPF —incluido el de aquellos que no marcan la casilla de la Iglesia—, las entradas a sus templos —también exentas—, las inversiones en grandes empresas, las inmatriculaciones de bienes de dominio público... Pero ni siquiera en este último caso, cuando la Iglesia inscribió a su nombre de forma masiva edificios que eran de todos, hablamos de ilegalidades. "Si hay fraude", valora Munárriz, "es al espíritu de la norma, no a la letra. Las inmatriculaciones, para mí, son fraudulentas desde el punto de vista social, pero las inmatriculaciones han tenido una cobertura legal irreprochable. Cuando se habla de robo se habla porque a la Iglesia se le exige una conducta moral de otro tipo. Pero ha tenido las leyes de cara y hasta ahí las ha aprovechado". Y habla, claro, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que reformaron el Concordato de 1953 y que siguen vigentes. Pero no únicamente de ellos.
"Las modificaciones legales que se han ido aprobando, más que rebajar la influencia de la Iglesia lo que han ido introduciendo son pequeñas concesiones, extensiones del privilegio", denuncia. Es el caso de la Ley de Mecenazgo de 2002, que exhime de pagar el IBI a "las entidades sin fines lucrativos", entre las que se encuentra la Iglesia. O el acuerdo aprobado en 2006 que aumentaba del 0,52% al 0,7% lo aportado mediante la casilla de la renta. Esto último se firmó con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y Munárriz se encarga también de la compleja relación entre el Ejecutivo y los obispos cuando la izquierda ha estado en el poder. "Pesa mucho el recuerdo de la cuestión religiosa en la Segunda República", explica, "que visto retrospectivamente poca gente podrá decir que el asunto se abordó con visión histórica". Felipe González, dice, recuerda la fuerza que tuvo la jerarquía eclesiástica en el golpe fascista y "sacrifica esa batalla" para "poner énfasis en unas normativas y unas políticas que podrían no agradar a la Iglesia social e intelectualmente, pero que no tocaban tanto sus intereses". En 1981, con Suárez, llegó el divorcio, pero en 1985 se despenaliza el aborto mediante una ley de supuestos.
Con Zapatero, continúa, sucedió una cosa parecida: "Es difícil no ver que en sus cesiones en el terreno de las relaciones con la Iglesia una especie de contrapartida al desarrollo de un avance legislativo que la Iglesia rechazaba". Ahí estaba el aumento de la aportación a través del IRPF, un año después de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y en el caso de Pedro Sánchez? "Su programa era ambiciosísimo", recuerda Munárriz. Y tanto: incluía "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución y "denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede", entre otras medidas. Pero en su opinión, quitando "el refrescante formato de la toma de posesión de Pedro Sánchez y sus ministros" —sin Biblia ni crucifijo— y "la dichosa entrevista entre Carmen Calvo y Pietro Parolin", "también ha sido un tema postergado". El periodista reconoce que "se ha puesto mucha carne en el asador con [la exhumación de Franco de] el Valle de los Caídos", pero a la vez esto "ha reducido la Iglesia a un solo frente" que ha hecho imposible la denuncia del Concordato, "que sí es escribir un párrafo en la historia de las relaciones entre Estado e Iglesia".
Del futuro, Munárriz no se atreve a hablar mucho. Pero sí sabe un par de cosas: que "la radicalización de la derecha facilita que la Iglesia mantenga sus privilegios" y que "un ambiente más aireado políticamente, con más posiciones liberales, para la Iglesia es más peligroso". Y eso ya es saber bastante.
Porque "que no pague IBI de la catedral de Sevilla puede que ser comprensible, o es debatible", valora el periodista. Lo que se entiende menos es que no pague el IBI un parking, un hotel, una panadería o una tienda de Inditex. Son casos reales que Munárriz ha investigado y recoge en el libro: dos aparcamientos, con más de 400 plazas, que la diócesis de Almería alquila a una empresa; el hotel El Convent, de cuatro estrellas, que gestiona una hotelera en Begur, un pueblo de la Costa Brava; una panadería, una tienda de souvenirs y una hospedería que gestiona la Iglesia directamente en el santuario de Lluc, en Mallorca; un Uterqüe —marca de Amancio Ortega— en un edificio propiedad de distintas instituciones eclesiásticas, entre ellas Cáritas, en Princesa, en Madrid. Ninguno de ellos pagaba IBI. Y ahora solo lo hacen los de Lluc, gracias a una denuncia de Antoni Solivellas, alcalde del PP del municipio de Escorca, al que pertenece el recinto. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dijo que aquella panadería "no puede entenderse vinculada a la actividad de culto", y hubo que pagar. El obispado no la recurrió: "No sé si se hace firme porque la Iglesia acepta sus argumentos o porque teme un fracaso en el Supremo que siente precedente", se pregunta el autor. En cualquier caso, la Iglesia puede extraer su moraleja: lo único que hace falta para que no la obliguen a pagar el IBI es que alquile el local a un tercero y no ejerza ella la actividad.
El asunto del IBI es uno de los más desarrollados en el artículo, por ser también uno de los que más profundamente ha investigado el periodista —también en este periódico—, pero desfilan por el libro la aportación a través del IRPF —incluido el de aquellos que no marcan la casilla de la Iglesia—, las entradas a sus templos —también exentas—, las inversiones en grandes empresas, las inmatriculaciones de bienes de dominio público... Pero ni siquiera en este último caso, cuando la Iglesia inscribió a su nombre de forma masiva edificios que eran de todos, hablamos de ilegalidades. "Si hay fraude", valora Munárriz, "es al espíritu de la norma, no a la letra. Las inmatriculaciones, para mí, son fraudulentas desde el punto de vista social, pero las inmatriculaciones han tenido una cobertura legal irreprochable. Cuando se habla de robo se habla porque a la Iglesia se le exige una conducta moral de otro tipo. Pero ha tenido las leyes de cara y hasta ahí las ha aprovechado". Y habla, claro, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que reformaron el Concordato de 1953 y que siguen vigentes. Pero no únicamente de ellos.
"Las modificaciones legales que se han ido aprobando, más que rebajar la influencia de la Iglesia lo que han ido introduciendo son pequeñas concesiones, extensiones del privilegio", denuncia. Es el caso de la Ley de Mecenazgo de 2002, que exhime de pagar el IBI a "las entidades sin fines lucrativos", entre las que se encuentra la Iglesia. O el acuerdo aprobado en 2006 que aumentaba del 0,52% al 0,7% lo aportado mediante la casilla de la renta. Esto último se firmó con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y Munárriz se encarga también de la compleja relación entre el Ejecutivo y los obispos cuando la izquierda ha estado en el poder. "Pesa mucho el recuerdo de la cuestión religiosa en la Segunda República", explica, "que visto retrospectivamente poca gente podrá decir que el asunto se abordó con visión histórica". Felipe González, dice, recuerda la fuerza que tuvo la jerarquía eclesiástica en el golpe fascista y "sacrifica esa batalla" para "poner énfasis en unas normativas y unas políticas que podrían no agradar a la Iglesia social e intelectualmente, pero que no tocaban tanto sus intereses". En 1981, con Suárez, llegó el divorcio, pero en 1985 se despenaliza el aborto mediante una ley de supuestos.
Con Zapatero, continúa, sucedió una cosa parecida: "Es difícil no ver que en sus cesiones en el terreno de las relaciones con la Iglesia una especie de contrapartida al desarrollo de un avance legislativo que la Iglesia rechazaba". Ahí estaba el aumento de la aportación a través del IRPF, un año después de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y en el caso de Pedro Sánchez? "Su programa era ambiciosísimo", recuerda Munárriz. Y tanto: incluía "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución y "denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede", entre otras medidas. Pero en su opinión, quitando "el refrescante formato de la toma de posesión de Pedro Sánchez y sus ministros" —sin Biblia ni crucifijo— y "la dichosa entrevista entre Carmen Calvo y Pietro Parolin", "también ha sido un tema postergado". El periodista reconoce que "se ha puesto mucha carne en el asador con [la exhumación de Franco de] el Valle de los Caídos", pero a la vez esto "ha reducido la Iglesia a un solo frente" que ha hecho imposible la denuncia del Concordato, "que sí es escribir un párrafo en la historia de las relaciones entre Estado e Iglesia".
Del futuro, Munárriz no se atreve a hablar mucho. Pero sí sabe un par de cosas: que "la radicalización de la derecha facilita que la Iglesia mantenga sus privilegios" y que "un ambiente más aireado políticamente, con más posiciones liberales, para la Iglesia es más peligroso". Y eso ya es saber bastante.
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