Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social.

Eliminada la universalidad del derecho a la salud

Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social

Sebastián Martín

Cuarto Poder

A día de hoy, todavía abundan quienes hablan de “Estado de derecho” para referirse al modelo político vigente. La fórmula no puede ser más imprecisa. El Estado de derecho fue la forma política predominante en Europa durante el siglo XIX hasta el final de la I Guerra Mundial. Se caracterizaba por racionalizar las actuaciones del poder público con el fin de comunicar seguridad jurídica a los ciudadanos. Obedecía a la divisa ilustrada de que ningún hombre debe obedecer a otro hombre, sino todos, sin distinción, a la ley común. Y para ello era indispensable recoger en una Constitución los órganos y los procedimientos a través de los cuales esta ley debía discutirse, aprobarse y aplicarse.
Este dispositivo de liberación respecto de los particularismos y sometimientos propios de la sociedad feudal se reveló bien pronto como estructura de dominación. El imperio de la ley, si por un lado emancipó, por otro también sometió. A la discusión y elaboración de las leyes estaba llamada solamente una minoría de varones potentados. Su contenido sustantivo tenía que ver con la protección de la propiedad privada y con las garantías anejas al comercio. Vinculaba, ante todo, a los tribunales de justicia en su función de amparo de la persona y su hacienda; mucho menos a la administración, en la que aún regía la discrecionalidad. Por eso el Estado de derecho decimonónico, pese a protocolizar algunos actos del poder, continuó teniendo inclinaciones excluyentes y arbitrarias.
Romper con ellas fue el objetivo de las repúblicas democráticas de la primera posguerra. Una de sus pretensiones consistió en someter los actos administrativos a la ley. El ciudadano podría acudir así a los tribunales en amparo de sus derechos, no solo frente a las agresiones de terceros, sino de los propios poderes públicos. Pero lo que supuso de veras un salto cualitativo en la organización del Estado fue el decidido empeño de proporcionar un valor jurídico supremo a la Constitución; y no por capricho, sino por blindar los derechos en ella enunciados. El valor de la ley fundamental había sido antes meramente político: carecía de mecanismos efectivos de garantía frente a su conculcación, más allá de la incierta pérdida de legitimidad ante la opinión pública sufrida por el conculcador. Con la puesta en planta de tribunales constitucionales, la torna giró. El valor de la Constitución sería netamente jurídico y su contenido estaría protegido incluso frente a las leyes parlamentarias que lo contrariasen. Había nacido en Europa el “Estado constitucional”. Al “imperio de la ley” debía remplazarlo el “imperio de los derechos”.
La institucionalización de este tipo de Estado trata de ser una síntesis virtuosa entre el principio democrático y el principio constitucional, entre la voluntad de las mayorías sociales formada en ejercicio de las libertades políticas y la protección integral de los derechos declarados en la norma fundamental. Contra lo que suelen sostener los constitucionalistas más anquilosados, la Constitución en su sentido moderno no se limita a ser enunciación de principios ambiguos con el fin de ceder toda la decisión política a los gobiernos de turno. Su vocación actual es justo la inversa, la de sustraer todo el ámbito decisorio posible a la arbitrariedad de los poderes, racionalizando, orientando y limitando al máximo sus actuaciones. Pero no en nombre de las puras formas, sino de la salvaguardia de los derechos constitucionales. Es esa, y no otra, la esencia ética del constitucionalismo contemporáneo.
Bien cierto es que el artificio de dejar en manos de un colegio de expertos la defensa de los derechos frente al dictado de la ley no carece de imprevistos. La historia judicial europea y norteamericana está llena de episodios reaccionarios de boicot judicial a leyes parlamentarias de tono social. La llegada del III Reich es, de hecho, incomprensible sin la acusadísima politización conservadora de la justicia, que apelaba al principio de igualdad ante la ley para abolir las conquistas del derecho laboral. Sin embargo, en la democracia actual estos peligros deberían haberse conjurado ya. Para eso mismo conforman los “derechos sociales” un principio informador de la interpretación jurisprudencial (art. 53.3 CE); por eso también se vincula el contenido de los derechos al derecho internacional (art. 10.2) y con ese mismo fin se obliga a todos los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan alcanzar mayores dosis de igualdad real (art. 9.2).
Tampoco es garantía de mejor protección de los derechos el concentrarla en una corte de juristas de élite permeables a las pulsiones del poder. Existen alternativas, desde desconcentrar el control de constitucionalidad a todos los jueces, hasta elegir por sorteo para cada caso de una lista amplia a los magistrados llamados a ejercerlo, como ha propuesto Juan Carlos Escudier. Incluso ha habido constitucionalistas (Albert Noguera) que han reclamado algún dispositivo de control popular directo en el nombramiento de los magistrados, sustrayendo el monopolio de su designación a los partidos.
El caso es que en nuestro actual sistema político no contamos con otro garante de los derechos frente a las decisiones del poder ejecutivo y legislativo que el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya ha dado suficientes muestras de contravenir esta función garantista. Prefiere desempeñar una labor de blanqueo de las medidas que prosiguen con el actual desmontaje del Estado social. Ya lo demostró cuando avaló el uso del decreto ley para aprobar la última reforma laboral. Y ahora vuelve a hacerlo permitiendo la eliminación de la universalidad en la protección del derecho a la salud.
Por lo que se conoce de auto, el Tribunal vuelve a legitimar la práctica, expresamente prohibida por el art. 86.1 CE, de regular mediante decreto asuntos concernientes a derechos. Y no cabe plantear como excusa que la protección a la salud conforma tan solo un “principio rector de la política social”, no sujeto, por tanto, a reserva de ley, pues el citado art. 86.1 veta el decreto para todos los “los derechos, deberes y libertades” del título I, donde también se encuentra el art. 43.
El problema del planteamiento del Tribunal es, además, de principio. Su misión natural no es la de amparar la discrecionalidad gubernamental frente a la intangibilidad de los derechos, sino justo la contraria. Con el auto del pasado día 21, rechazado por tres votos particulares, vuelve a pervertirse su función. Y según lo han descrito los medios, la perversión se verifica con una falacia argumental. El art. 13.1 hace extensible a los extranjeros el goce de todos los derechos constitucionales, salvo el de sufragio, en los “términos que establezcan los tratados y la ley”. Por eso, para avalar el recorte sanitario, el Tribunal se refiere a la legítima capacidad del legislador para modular el ejercicio del derecho a la salud por parte de los extranjeros. Pero una cosa es regular por ley su ejercicio y otra muy distinta es negarlo. Nada impide, en efecto, introducir requisitos legales que impidan su disfrute fraudulento, como pasa con el turismo sanitario. Pero la modulación de un derecho no puede equivaler a su discriminatoria supresión para un determinado sector, el de los extranjeros asentados en España, a los que las restricciones normativas vigentes impiden obtener la residencia oficial.
Deslizar que, en caso contrario, se estaría admitiendo una suerte de derecho abusivo a “prestaciones gratuitas” roza el trazo grueso, pues desprecia la aportación económica que realiza la población inmigrante sin residencia legal a través de su trabajo no regularizado y de impuestos indirectos. Por otra parte, admitir la eliminación de un derecho como mecanismo de estabilización económica del sistema sanitario sienta un funesto precedente. Nadie negaría la tutela judicial a los extranjeros sin residencia porque el aparato de justicia resulta económicamente deficitario.
Con la mayoría de este Tribunal Constitucional ajena a su labor garantista no sigue quedando otra a la ciudadanía que la reivindicación activa de los derechos, como en el caso de la salud ha venido demostrando la Marea Blanca. Y el horizonte perseguido debe ser el de una reforma constitucional que equipare en todos sus extremos el derecho a la asistencia sanitaria con el derecho a la educación, donde los miserables argumentos economicistas y ordenancistas sobre su oportunidad, extensión y grado de protección parecen encontrarse aún en franca posición de debilidad. Solo así podría restaurarse en este punto la lógica del imperio de los derechos frente al vetusto principio del imperio de la ley propio del Estado de derecho.
Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/07/28/tribunal-constitucional-desmantelamiento-del-estado-social/8916

El terrorismo es política.

Ni islam ni locura, el terrorismo es política.

Bruno Guigue

Madaniya

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

Según los primeros datos de la investigación, parece que el autor de la vil matanza de Niza se burlaba de la religión, no rezaba, no respetaba el Ramadán, coleccionaba conquistas masculinas y femeninas, llevaba una vida disoluta, era aficionado a las webs violentas y tenía una lamentable tendencia a arreglar sus diferencias con una pistola automática. Opino que ya es hora de sacar algunas enseñanzas de semejante retrato, que ordena los hechos, y analizar los daños colaterales que producen las interpretaciones de los atentados. A años luz de las prácticas islámicas habituales, ese retrato del autor de la masacre del 14 de julio como hedonista compulsivo, colérico y sin tabús, tiene mucho interés. Lo menos que se puede decir es que cubre de ridículo a la manada de tele-expertos dispuesta a descubrir en cualquier golpe el escalofrío apocalíptico de la yihad global.
Para los que solo quieren ver en el terrorismo el estadio supremo del fanatismo religioso este desmentido es categórico y no admite discusión. Resulta ya difícil mantener la tesis de la responsabilidad inmemorial del islam cuando sabemos que el asesino era musulmán de la misma forma que los Borgia eran católicos y que además 10 de las 84 víctimas de la masacre de Niza eran de confesión musulmana.
Este examen implacable de los hechos también pone contra las cuerdas a esos políticos ansiosos que se arrojan sobre la presa fácil del islam al menor suceso susceptible de echar leña al fuego. Quizá con la esperanza de pasar al Frente Nacional por la derecha, con una arriesgada maniobra, no ven que se cubren de vergüenza y cavan su tumba política. Mientras alguno reclama a gritos la prohibición del velo islámico en Francia para luchar contra el terrorismo, no sabemos si reír o llorar ante esa intención ridícula y el evidente intento de manipulación.
Es obvio que el autor del crimen abominable de Niza estaba poseído por una violencia sorda. Alimentada de fracasos y frustraciones el asesino del Paseo de los Ingleses la desencadenó de repente perpetrando un acto horrible, una carnicería masiva. ¿Por qué? En el fondo nadie lo sabe con exactitud.
Se pueden glosar sin fin sus motivaciones, recurrir a los expertos más sabios, movilizar todos los recursos de la psicología y la sociología, pero el objeto de estudio ha desaparecido con el acto que lo hizo nacer. El haz de sus justificaciones se volatilizó con él y eliminó para siempre cualquier explicación exhaustiva. Queramos o no el engranaje que condujo a la tragedia del 14 de julio corre el riesgo de permanecer rodeado de misterio.
Sin embargo eso no significa que no haya nada que comprender. Se ha señalado, con razón, la falta de motivación política explícita del asesino. Pero no todos los terroristas dejan para la posteridad un testamento político destinado a justificar sus crímenes.
En este caso la ausencia de discurso puede permitir cualquier discurso. Y además hay que admitir que la lectura apolítica de la acción criminal del 14 de julio está seriamente rebatida por una reivindicación a posteriori.
La justificación del acto por la organización terrorista transforma el propio acto a espaldas del autor, disipa la ambigüedad inicial.
La reivindicación, formulada por el Dáesh, sería muy oportuna, ¿pero quién puede demostrarlo? Y si se presenta una prueba, ¿qué se podría deducir? Añadida al modus operandi utilizado (el camión asesino), la reivindicación del atentado por parte de la organización terrorista, sin excluirla totalmente, parece invalidar la hipótesis de un acto aislado, desnudo de toda significación política y cometido bajo el efecto de un ataque de locura.
Sí, un atentado ha sido perpetrado por un individuo decidido a matar ciegamente y ese crimen ha sido reivindicado por una organización terrorista internacional que no deja de invitar a sus afiliados a cometer esos crímenes. Con partidarios diseminados por todas partes, en realidad el Dáesh no tiene ninguna necesidad de organizar previamente los atentados, ya que le basta con atribuirse la paternidad después. La violencia de los adeptos que pasan a la acción se inscribe espontáneamente en el proyecto de subversión por el terror que constituye la obsesión yihadista desde la creación de Al-Qaida con el patrocinio estadounidense-saudí.
Es por lo que el autor del crimen (individual) y su padrino (colectivo) comparten claramente la responsabilidad. Ambos en conjunto perpetran esta monstruosidad, uno porque la comete y otro porque la reivindica. El terrorismo no existe porque haya ciertos locos que lo ejecutan, pero no existirían esos locos si no hubiera una organización que difundiera las consignas. No dejaremos de repetirlo: el terrorismo es un asunto político. Y si brinda a los desequilibrados un medio de expeler su malestar es porque la organización existe antes que los locos y los utiliza como «soldados de la yihad».
Pero por el contrario, si se interpreta el terrorismo desde el punto de vista psiquiátrico se ofrece una coartada que oculta el significado. Libre de cualquier racionalidad, incluida la asesina, el yihadismo se reduce al estatuto de curiosidad antropológica. Se convierte en una especie de agujero negro del pensamiento, una aberración sin causa asignable, como si nada pudiera explicarla salvo el desorden mental de sus actores. Se quiere condenar a los terroristas por lo que hacen, pero al mismo tiempo se les despoja de toda responsabilidad política.
Al igual que la que solo ve la impronta del islam, esta interpretación del fenómeno yihadista, al ocultar su motivación primigenia, lo despoja de cualquier análisis racional. Y arroja una cortina de humo sobre las razones de ese peligro letal que nuestros dirigentes, por cinismo y cobardía, hacen crecer pretendiendo combatirlo.

Bruno Guigue, en la actualidad profesor de Filosofía, es titulado en Geopolítica por la École National d’Administration (ENA), ensayista y autor de los siguientes libros: Aux origines du conflit israélo-arabe , L’Economie solidaire , Faut-il brûler Lénine?, Proche-Orient: la guerre des mots y Les raisons de l’esclavage, todos publicados por L’Harmattan.
Fuente: http://www.madaniya.info/2016/07/20/ni-islam-ni-folie-la-terreur-est-politique/

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 De aquellos polvos estos lodos

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214935

Los errores de Syriza y sus consecuencias.

El economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, Ramón Franquesa, participa en el “Campus Praxis” de Valencia

“Para demasiados intelectuales de izquierda es una grosería cuestionar la actual UE”

Enric Llopis

Rebelión

Huelgas generales, movilizaciones populares… La población griega se había empobrecido en un 40% y continuaba la subordinación a la Troika, con un ejecutivo de coalición encabezado por Antonis Samaras (Nueva Democracia), apoyado por el PASOK e Izquierda Democrática. Syriza capitalizó el malestar. En los comicios de mayo de 2012 superó al PASOK y se quedó a un escaso 3% de Nueva Democracia. Pero en enero de 2015 se impuso en las elecciones con un discurso que planteaba renegociar el pago de la deuda (en el primer trimestre de 2016 la deuda pública griega se situó en el 176,3% del PIB). Syriza había asumido hasta el momento buena parte del programa de los movimientos sociales, pero ¿evaluó correctamente la situación? “Puede discutirse en el caso de Alexis Tsipras dónde acababa la estupidez y comenzaba la soberbia, pero el diagnóstico fue totalmente equivocado”, afirma el economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, Ramón Franquesa. Tal vez el líder de Syriza confiaba en que con inteligencia, juventud, seducción, apoyo social y pulcritud ante la corrupción podría convencer a la Troika para que aflojara el dogal. Hoy, ¿significa la “capitulación griega” el fin de la izquierda europea? El profesor de Economía en la Universitat de Barcelona y coautor de “Librarse del euro” (Icaria), Ramón Franquesa, ha abordado la cuestión en el curso de verano “Campus Praxis” de Valencia, en el que colaboran Sodepau, El Viejo Topo y la universidad. Subraya las limitaciones de la estrategia de Tsipras: no preparó a la población para una posible expulsión del euro, tampoco expandió los contactos internacionales para obtener nuevas líneas de crédito y comercio (aunque países como Rusia se ofrecieron de manera unilateral), ni diseñó planes para evitar una fuga de masa monetaria de euros. “Tampoco lo hizo su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que no fue capaz ni tan sólo de preparar (disponiendo de los funcionarios de todo un ministerio), un plan alternativo, un plan B”, defiende Franquesa.
Sólo quedaban dos caminos ante los poderes financieros y la Troika: pagar hasta el último céntimo de la deuda o romper con el sistema del BCE y el euro. El nuevo gobierno de izquierdas no desarrolló medidas de “contingencia” ante las amenazas perpetradas por Berlín y Bruselas, pero “otras instituciones sí desplegaron una estrategia ofensiva”, subraya el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona. Por ejemplo, en el parlamento heleno la exdiputada del PASOK, Sofía Sakorafa, figuraba entre quienes impulsaron el Comité por la Auditoría de la Deuda Pública, que subrayó el origen ilegítimo de ésta. La canciller Merkel hizo saber al gobierno heleno que no vería con agrado el resultado de este informe en las negociaciones. “Ni Tsipras ni su ministro Varoufakis se atrevieron a sacar el citado informe del Parlamento, para plantarlo ante la Troika”.
“Con un nulo sentido de la previsión, el gobierno dejó que se agotaran los plazos de la deuda entre enero y el verano de 2015”, añade Ramón Franquesa. Ya en el límite, se convocó un referéndum en el que se preguntaba al pueblo griego sobre la austeridad, los recortes y el pago de la deuda, pese a que en el programa con el que Syriza llegó al gobierno parecía todo bien claro. Si el ejecutivo pretendía ganar el referéndum, “¿cómo permitió que los bancos privados sacaran del país una enorme cantidad de masa monetaria en los días previos a la consulta?”, se pregunta el economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro. Los ciudadanos griegos se vieron obligados a racionar la retirada de dinero en los cajeros. Se extendió el miedo.
En el resto de Europa, mientras, los medios informativos sostenían que si los griegos no pagaban sus deudas, las poblaciones europeas tendrían que abonar la factura. Pero en medio de las coacciones y la presión de los medios de comunicación, el pueblo heleno se pronunció. El 5 de julio de 2015 se convocó el referéndum sobre las condiciones del rescate planteado por la UE, el FMI y el BCE. Con una participación del 62,5%, votaron “no” el 61,3% de los electores. ¿Qué ocurrió tras el referéndum? “Una terrible paradoja y decepción”, afirma Ramón Franquesa. El ejecutivo de Tsipras desconsideró el mandato popular y pidió el tercer rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que implicaba la aceptación de “reformas” tributarias y “ajustes” en el gasto público; también exigencias de recortes y “reformas” mucho más severas que las rechazadas en la consulta.
Franquesa recuerda que el primer “paquete” de imposiciones fue aprobado en el parlamento el 15 de julio con el apoyo de Nueva Democracia y el PASOK, mientras varios diputados disidentes de Syriza votaban en contra. Los sindicatos convocaron protestas en Atenas. Tsipras defenestró de inmediato a los ministros y viceministros que votaron contra el “rescate”. Sólo una semana después, el parlamento dio el plácet al segundo bloque de reformas. “Se cumplían así las condiciones que permitieron el 28 de julio iniciar las negociaciones del tercer rescate entre Grecia y los acreedores”, explica el profesor de Economía. El jalón siguiente de la cronología se sitúa el 11 de agosto, cuando el gobierno y el conjunto de acreedores (FMI, Comisión Europea, BCE y Mecanismo Europeo de Estabilidad) alcanzaron un acuerdo sobre las medidas a las que Grecia debía someterse. El parlamento heleno las refrendó tres días después, con los votos de dos tercios de los diputados de Syriza y el apoyo de los partidos del “establishment”. ¿Qué representó el llamado “Memorando de Entendimiento”? Incluía la creación de un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, la aplicación de nuevos recortes en el gasto social y cambios tanto en el mercado laboral como en los servicios públicos (educación, salud, pensiones y salarios).
Ramón Franquesa insiste en que Syriza “pasó a efectuar un recorte mucho más severo del que se rechazó en el referéndum”. Tanto es así que el tercer memorando “resultó demoledor en sus exigencias, algunas de las cuales tuvo que aprobarlas el parlamento griego en 48 horas”. ¿Qué “mensaje” se pretendía trasladar? “Es lo que les espera a los súbditos (y no sólo griegos) si osan levantarse”. Más aún, “la reacción de Merkel a la consulta me recuerda mucho a la de Hitler ante la insurrección de Varsovia: no bastaba con derrotarlos, había que pulverizarlos de manera ejemplar”. Y no solo se trata de la emigración económica. La llamada crisis de la deuda ha tenido efectos devastadores como el deterioro generalizado de los niveles de salud, el aumento de los suicidios, la violencia y la disminución en la esperanza de vida. También ha dado lugar a números estremecedores en las puntas de la recesión.
Un 10% de los niños helenos en situación de “inseguridad alimentaria”, además de la creciente desnutrición entre los escolares. Tasas de desempleo del 26% (la más alta de la UE), y de paro juvenil del 51,2%; unos 2,5 millones de griegos viviendo por debajo del umbral de la pobreza, lo que incluye al 40% de los niños y el 45% de los jubilados (el número de personas en riesgo de caer por debajo del citado umbral es de 3,8 millones). En un manifiesto difundido en mayo de 2016 (“Un Plan B para no ir a ninguna parte”), miembros de la Plataforma por la Salida del Euro como Ramón Franquesa, Pedro Montes y Diosdado Toledano denunciaron que en Grecia, en julio de 2015, “no hubo un golpe de estado financiero, sino la entrega de un gobierno que, mandatado por los ciudadanos a negociar nuevos ajustes y recortes, claudicó ante la Troika y aceptó estrangular con más fuerza a los trabajadores y capas populares griegas”.
¿Qué queda de Syriza como referente de la izquierda, de modelo para la “nueva política”? En Cataluña, recuerda Ramón Franquesa, EUiA planteaba convertirse en la Syriza catalana. En los grandes mítines Pablo Iglesias y Alberto Garzón rivalizaban por comparecer al lado de Tsipras. “Syriza se había convertido en un faro para el Partido de la Izquierda Europea y los partidos emergentes, ¿qué queda de todo aquello?”, se pregunta el economista. Primero, el silencio. Además, “se continúa haciendo política sin abordar el problema de la deuda y el sistema monetario y político de la UE”. La cuestión no se trató en la última campaña electoral, pese a la vigencia del debate sobre el “brexit”. La política, hoy, no se cuestiona el marco impuesto por la UE; se acepta que no es posible cambiarlo ni salir del mismo, pese a que se trata de una “argolla de acero” que deja un escaso margen de libertad. Pero la política interna de un país de la Eurozona no puede aislarse del naufragio de Syriza, la reforma laboral en Francia, la reforma constitucional italiana o la Gran Bretaña del “brexit”. Según el miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, estas consideraciones entran de lleno en la incorrección política. “Para demasiados intelectuales que se reclaman de izquierdas e internacionalistas, es una grosería cuestionar la actual UE”.

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Nota del blog.


Esta claro que Zyriza al ganar las elecciones el primer paso y sin avisar debía  haber declarado el  control del capital de sus bancos  fuera corralito o no lo fuera y no esperar que se lo declarara el BCE como hizo luego para hundirlos en la miseria, sino hicieron eso  menos iban a salir del euro, cuando la mayoría aquí y allá  son partidarios de estar en el por mucha desafección que escenifiquen...y que el palo a Syriza fue a Podemos lo mismo o a quien plantee  alternativa.
 La mecánica destructiva creativa  del capital es de cajón.
Varoufaquis  ya avisó todo el tiempo que el mango de la sartén lo tenía el BCE. Y qué en la negociación era fundamental el papel del BCE  y así fue . El BCE cambio su política pero después del palo a Grecia .

 Y de todos modos las cosas se ven claras así que pasan, pero  previsible era,   ya se vio con Chipre y Grecia era igual pequeña pero adecuada para dar un segundo escarmiento, que desde luego  si que te tiene que ver el Brexit con ello aunque  no estén en el euro.
 El mecanismo de "destrucción creativa" ya lo vimos en Oriente Medio e igual la crisis general no era un problema de deuda pública y menos en España, pero lo transforma en un problema  como ya había  echo en Grecia,  ya se había denunciado como experimento anteriormente.

 Y Syriza luego de controlar su banca,  ya estaba bajo control de su banco central, sacar la auditoria  clave además para cualquier salida del euro o no y negociar,  mientras además se reclamaba el capital exterior y si era necesario a los dueños de ese capital mandarle la  hacienda encima, desde que se entra en una moneda común ya se sabe lo difícil que es controlarla . Los estados se quedan sin mecanismos de control .
Y quién dice el control del capital de los depósitos bancarios al igual el control del capital de los que tiene el dinero en Suiza y el exterior que no sea empresarial y digo control y no nacionalización .Al final hubo corralito  y tuvieron que hacerlo mismo pero ya cuando no quedaba nada. Y encima se comió las culpas de la crisis  de los gestores anteriores tanto griegos como comunitarios. Y sirvió para taparlos .Ya se ve la reacción oficial europea ante el Brexit imprevisto, que se vayan... que se vayan rápido, mientras en el G20  temen una segunda recesión.

El impeachment contra Dilma es un golpe de Estado.

Un tribunal internacional concluye que el impeachment contra Dilma es un golpe de Estado

Maurício Thuswohl

Rede Brasil Atual

Traducido del portugués para Rebelión por Susana Merino

El proceso de impeachment contra Dilma constituye un golpe al Estado democrático de derecho y debe ser declarado nulo en todos sus efectos. Este fue el tono de la sentencia pronunciada ayer (20 de julio) por los especialistas internacionales en derechos humanos que constituyeron el Tribunal Internacional sobre la Democracia en Brasil, convocado en Río de Janeiro por la Vía Campesina, el Frente Brasil Popular y el Frente de Juristas por la Democracia. Según la sentencia, que será enviada esta semana a los senadores y a los ministros del Supremo Tribunal Federal, “el proceso del impeachment a la presidenta de la República, decidimos que los términos por los que adoptaron esta decisión la Cámara de Diputados y el Senado Federal violan todos los principios del proceso democrático y del orden constitucional brasileño”.

El público siguiendo los debates del tribunal internacional

Participaron de este cuerpo jurídico el obispo mexicano Raúl Veras, conocido por su accionar a favor de los derechos humanos cuando era fraile dominicano y que fue propuesto para Premio Nobel de la Paz en 2010; el abogado y político mexicano Jaime Cárdenas; el jurista italiano Giovanni Tognoni, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos; la senadora del Partido Comunista francés Laurence Cohen; la filósofa española María José Dulce, especialista en temas vinculados con la globalización; la abogada estadounidense de ascendencia iraquí Azadeh Shahshahani, especializada en derechos humanos de los inmigrantes musulmanes; el jurista-académico costarricense Walter Montealegre, el profesor colombiano de derecho Carlos Augusto Argoti, de la Universidad de Rosario en Bogotá, y el argentino Alberto Felipe, profesor de la Universidad Nacional de Lanús.
Antes de pronunciar su sentencia los jueces debieron responder a cuatro preguntadas formuladas por el presidente del Tribunal, el jurista Juárez Tavares:

1. El impeachment a la presidenta de la República en los términos en que ha sido tramitado en el Congreso Nacional ¿viola la Constitución de la República?  
2. El procedimiento del impeachment sin que se haya demostrado la comisión de un delito de responsabilidad por la presidenta de la República, ¿puede considerarse un golpe parlamentario?  
3. Durante el proceso de impeachment, ¿ha sido violado el debido proceso legal, que constituye una cláusula constitucional respaldada por la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)?  
4. El procedimiento del impeachment caracterizado como golpe parlamentario ¿debe ser declarado nulo con todos sus efectos?  

Luego de escuchar todos los testimonios y los argumentos orales de la acusación y de la defensa y examinar todos los documentos, opiniones y declaraciones que constaban en los autos, el jurado internacional respondió sí por unanimidad a las cuatro preguntas propuestas por Tavares. “El fundamento común a todos los pronunciamientos explicitados en el Tribunal reside en la vacuidad del pedido de impeachment, en la inexistencia del delito de irresponsabilidad o de una conducta dolosa que implique un atentado a la Constitución de la República y a las bases del Estado brasileño. Los jurados entendieron que este caso constituye un verdadero golpe al Estado democrático y debe ser declarado nulo a todos sus efectos” dice la sentencia.
Sin delito de responsabilidad
Los juristas consideraron también que en lo referente al objeto del proceso autorizado por el STF (1) y analizado por el Congreso Nacional, las llamadas “bicicletas fiscales”, está probado que Dilma no cometió ningún delito de irresponsabilidad que justifique el “impeachment. “Como se desprende del artículo 85 de la Constitución, no se debe confundir entre violación del presupuesto y violación de las reglas de su ejecución financiera. Estas últimas se hallan vinculadas a la administración financiera y no a la presupuestaria. Dado que no son normas presupuestarias su violación no puede ser objeto de delito de responsabilidad” expresa la sentencia.
Además, prosiguen los jurados, “los decretos firmados por la presidenta de la República y cuestionados en el pedido de impeachment estaban destinados a la apertura de créditos suplementarios necesarios a la ejecución del presupuesto y se hallaban debidamente autorizados por el artículo 4 de la ley de Presupuesto Anual de 2015”. De modo que los juristas internacionales consideran que no constituyen créditos abiertos sin autorización, “Debe agregarse además que esas aperturas de créditos no aumentaban los gastos de la Unión .Más del 70% de los créditos suplementarios obedecían a una decisión del Tribunal de Cuentas del país lo que en tal caso implica que la presidenta de la República se limitaba a cumplir una obligación legal”.
En cuanto al supuesto incumplimiento de la Unión frente a las deudas con el Banco del Brasil, relativas al financiamiento agrícola, ha quedado demostrado según el jurado que no existían plazos fijados para el pago, lo que elimina el alegato de atraso. ”No se trata de un empréstito o de una apertura de crédito, sino de una subvención para llevar a cabo algunas acciones imprescindibles para la concreción de la política agraria brasileña de acuerdo con los requerimientos populares por los que había sido elegida la Presidenta. El atraso es irrelevante, porque fueron anulados todos los préstamos. Tampoco en este caso las imputaciones realizadas a la presidenta de la República conforman ningún delito de irresponsabilidad” dice la sentencia.
Medios y justicia
La sentencia pronunciada por un jurado integrado por nueve especialistas internacionales también trató de caracterizar el golpe llevado a cabo en Brasil: “No deben ser considerados golpes de Estado solo las intentonas militares, aunque esta sea su forma más común. También son considerados golpes de Estado aquellos actos que destituyen a gobernantes legítimamente elegidos cuando se deciden en disconformidad con las normas constitucionales y en violación de tratados y de convenciones internacionales. Esas violaciones pueden ser llevadas a cabo tanto por el Parlamento como por la Suprema Corte. En América Latina son paradigmáticos los golpes de Estado llevados a cabo desde 1859, cuando el gobierno del Perú fue destituido por el Parlamento. Más recientemente algo similar pasó en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012.
En Brasil, dijeron los juristas “El golpe se apoyó no solo en la decisión parlamentaria sino también en la legitimación que esa decisión política obtuvo del Poder Judicial, que no plantea cuestiones de fondo importantes como la existencia o no de un delito de responsabilidad, la violación de principios constitucionales o contradictorios o la amplia y fundamentada defensa de las decisiones”. Tampoco fue omitido en la sentencia el papel de los medios: “El golpe puede verse en la agresiva deconstrucción de la propia persona de la presidenta llevada a cabo por los medios de comunicación de masas que a veces mostraron un disimulado y otras veces notorio prejuicio machista”.
Según los jurados “el golpe en curso en Brasil incorpora también otras motivaciones, como el malestar de las élites ante el ascenso de las clases más pobres de la población a los recursos de la sociedad de consumo y también frente a la ampliación de los gastos en programas sociales y de integración necesarios al cumplimiento de los fines expresados en la Constitución brasileña en su artículo 3, como la reducción de la pobreza y la marginalización y la reducción de las desigualdades sociales y regionales”.
Nota:
(1) STF, Corte Suprema de Justicia
Fuente: http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/07/impeachment-de-dilma-e-golpe-de-estado-decide-tribunal-internacional-2792.html
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción