El gran fracaso de la operación monárquica franquista
Joaquín Caretti
La cura geográfica que está intentando llevar adelante la
monarquía y los partidos que la apoyan, está destinada al fracaso. El abandono
del territorio español por parte de Juan Carlos I es la asunción de una
culpabilidad no dicha expresamente, pero reconocida de facto. Sobre todo,
cuando él mismo señala cómo va a ser recordado por las siguientes generaciones.
Se va porque lo han descubierto con las manos en la masa y trata de salvar a la
monarquía -no para bien de España sino de su propia familia, familia que conoce
ya varios exilios- puesto que ya no cabe pedir perdón otra vez, tal como lo
hizo en el pasado.
Su huida de España, sin una sola palabra dirigida a los
ciudadanos, muestra a las claras que se pretende hacer de todo esto sólo un
problema de familia, entre un padre y un hijo, y no un problema de la
institución monárquica, que es lo que verdaderamente es.
Es bastante más complejo hoy que los españoles acepten un
nuevo fraude y que sean silenciados en aras de mantener la dichosa
“institucionalidad” y evitar la puesta en peligro de la democracia.
La legitimidad del rey Juan Carlos
Se debate estos días sobre las distintas legitimidades del
reinado de Juan Carlos: de origen, de ejercicio y de resultados. Tomemos la
legitimidad de origen.
España salía de una dictadura que había durado 40 años, el
dictador había muerto en la cama y había dispuesto -para acabar con la
posibilidad de que se abriera el debate sobre una tercera República- que su
sucesor fuera un rey Borbón. El elegido por Franco, en detrimento de su padre
Don Juan, Conde Barcelona, fue Juan Carlos, quien siempre le sería fiel y el
que nunca condenó a la dictadura en 40 años de reinado. Basta recordar sus
palabras de 1969: «Para mí (Franco) es un ejemplo vivo, día a día, por su
desempeño patriótico al servicio de España, y además le tengo mucho afecto y
admiración».
Los españoles fueron así empujados a aceptar la restauración
borbónica sin posibilidades de oponerse: el planteo no admitía variaciones.
Eran lentejas y había mucha hambre de libertad y de democracia, aunque esta
fuera por la vía de una monarquía parlamentaria. Ya se encargaron bien los responsables
de este acuerdo de difundir la idea de que era el único camino posible para
acabar con la dictadura, dictadura que no había sido derrotada, sino que
iniciaba su propio aggiornamento democrático europeo. España aceptó este plan
como el mal menor y como una salida de compromiso para hacer conciliar lo que
se dio en llamar “las dos Españas”.
Todo esto muestra que la monarquía basa su legitimidad de
origen en el deseo de un dictador y no en la voluntad democráticamente
expresada por el pueblo español. Nunca hubo un referéndum específico sobre
República o Monarquía. Claro que hablar de democracia y monarquía es de los
oxímoron más llamativos que hay en el mundo.
De este modo, la ilegitimidad franquista de la actual
monarquía es uno de los grandes problemas que persisten después de más de 40
años de democracia y del cual no se quiere saber nada. Es algo que todo el
mundo sabe, aunque se insista en no darle valor y en olvidar. Es un hecho que
se reprime de la consciencia y que se vela para seguir adelante. Hoy podemos
comprobar cómo esta ilegitimidad reprimida retorna y se manifiesta bajo el modo
de un rey corrupto, que intenta apartarse de los focos sin renunciar a los
honores de ser considerado su majestad en tanto rey emérito. La monarquía, como
parte del proyecto franquista, es uno de los síntomas de España.
Podemos entender entonces el gran esfuerzo que han hecho
durante todos estos años los partidos políticos, los media, las corporaciones,
los grandes empresarios, la Iglesia, todo el amplio espectro del poder, para
hacer ganar a la monarquía una legitimidad de ejercicio que terminara de enterrar
la ilegitimidad de origen. Sin embargo, el emérito se ha encargado de destruir
este plan, saliendo finalmente a la luz todas las complicidades con dicha
ilegitimidad.
La renuncia del hijo
Diversas voces defienden al emérito afirmando que aún no
está procesado ni condenado y que, por lo tanto, debe aplicársele la presunción
de inocencia. Sin embargo, es el hijo -rey por derecho sucesorio-quien ya
condenó al padre al quitarle la asignación dineraria anual hace unos meses y al
obligarlo actualmente a abandonar España. Es más, al renunciar a su herencia
dio la puntilla final a cualquier crédito que el emérito pudiera tener. Sabido
es que el artículo 991 del Código Civil dice que no se puede renunciar a una
herencia hasta la muerte del que lega, por lo cual, hasta la muerte del padre
no sabremos realmente lo que el rey Felipe va a hacer, aunque la potencia del
gesto simbólico de la renuncia está ahí.
Sin embargo, el repudio del padre produce - en una
institución ligada exclusivamente a la herencia - el efecto contrario al
esperado: en vez de legitimarla la deslegitima aún más. ¿Cómo se puede en una
monarquía, donde el ser deviene por herencia, renunciar sólo a la parte
dineraria sin cuestionar, en el mismo acto, a la corona que se ha recibido por
herencia también? ¿La Corona como institución, como dice el presidente del
gobierno, está más allá de las personas cuando es una institución profunda y
exclusivamente atada a una familia, es decir, a unas únicas personas? No parece
lógico. Corona y herencia están intrínsecamente unidas, la legitimidad le viene
de la herencia y de nada más. Por lo tanto, al renunciar a la herencia del
padre ha renunciado, aunque no lo sepa, también a su Corona y allí reside sin
duda la debilidad en la que encuentra.
Vemos como la historia se repite irremediablemente. El nuevo
rey recibe la corona de un rey ilegítimo en origen y corrupto de ejercicio al
cual el hijo termina repudiando. ¿Entonces, cuál puede ser la legitimidad del
nuevo rey si su autoridad se basaría más en “su auctoritas, en la dignidad y
prestigio de la Corona, que en un auténtico poder político -una potestas casi
inexistente- otorgado por la Constitución”? Ante esto, inmediatamente, el coro
monárquico sale en defensa de la corona a la que sabe en peligro. La misma operación
que se hizo para sostener el lugar regio del padre, cada vez que su accionar lo
hizo necesario.
La excepcionalidad ante la ley
El rey, su persona, es inviolable e irresponsable tal como
lo dice el artículo 56 de la Constitución. Esto lo sitúa en una posición de
excepción ante la ley. Nos encontramos con que la misma vale para todos los
ciudadanos (“todos iguales ante la ley”) menos para uno, que queda eximido de
responder por sus actos, civil y penalmente, pues es “inviolable” y, a su vez,
eximido de responder por las decisiones políticas que pudiera tomar pues es
“irresponsable” dado que estas necesitan del refrendo del gobierno (el Rey no
actúa solo). El rey podría matar a alguien, violar, robar o corromperse y no
sería juzgado ni condenado en tanto los actos fueran cometidos durante su
reinado.
Esta posición de excepción está sostenida en la idea de que
el rey es el garante de la unidad de España y que es el que va a mediar entre
las partes en conflicto pues se supone que no puede actuar mal y que no tiene
intereses políticos. Es el que garantizaría que los ciudadanos permanezcan
unidos y en paz. Todo esto lo inviste de una función paterna que lo coloca por
fuera del grupo de los hombres.
La Corona como institución del Estado queda por ley (la Constitución)
fuera de la ley y, por ende, queda fuera de la misma todo aquel que ocupe el
lugar del soberano. Así, la Corona está y no está dentro de la ley. El rey le
da consistencia al conjunto de los ciudadanos, pero situándose por fuera del
mismo. La excepcionalidad del soberano, entonces, va íntimamente unida a la
función. Se aprecia la paradoja que implica estar gracias a la ley por fuera de
la misma.
Por ello, si se quita la excepcionalidad y el rey puede ser
juzgado o declarado responsable pasa a ser un ciudadano más, con lo cual
perdería sentido la existencia de una monarquía ya que dejaría de cumplir la
función de argamasa que se le demanda. A esto nos conduciría retirar dicha
excepcionalidad, tal como se pretende luego de la huida del emérito y con el
fin de evitar futuros problemas con los sucesivos monarcas. Modificar esta
situación por ser incongruente con la idea de democracia, hacer desaparecer la
excepcionalidad permanente de la Corona e incluirla dentro del todos iguales
ante la ley es terminar con la monarquía y su función simbólica. Por ello, la
batalla que se avecina no va a ser menor.
La caída de su función
Si el rey en tanto jefe del Estado es el "símbolo de su
unidad y permanencia" no teniendo un poder real - "El rey reina, pero
no gobierna" -, Juan Carlos I con su falta de probidad ha defeccionado de
ese lugar simbólico y, por lo tanto, ha hecho que la monarquía sea
definitivamente puesta en cuestión. Si en vez de usar la excepcionalidad para
mediar entre los españoles la usa en beneficio propio como cualquier otro
ciudadano, su función desaparece y con ella la institución. Su actos, que no
podrán ser juzgados, pero que han sido valorados por la ciudadanía, han abierto
la puerta a que se pueda hablar de este síntoma que, entre otros, es en España
la monarquía.
Esta "humanización" del emérito, que hace que
prevalezca el goce propio sobre la función simbólica encomendada, es coherente
con la época en la que vivimos. En esta la potencia de los lugares simbólicos
tiende a la impotencia y lo que prima es la lógica del consumo y la
acumulación, más allá de cualquier solidaridad. En definitiva, España ha tenido
un rey que se corresponde con la época, donde el objetivo está puesto en un
goce particular sin freno.
Podemos preguntarnos cuánto de esta excepcionalidad
permanente ante la ley llevó al emérito a creerse absolutamente impune. Ser
declarado por la Constitución irresponsable de sus actos e inviolable por la
justicia -lo mismo que hacen los jueces con los locos- es el mejor modo de anular
a un sujeto, de derecho y de hecho, y transformarlo, en este caso, en un icono
viviente, mucho más muerto que vivo. Quizá de ahí la vida que ha llevado y que
concluye como concluye: huyendo de sí mismo.
¿Sabrá España profundizar su democracia?
Fuente..
https://www.eldiario.es/contrapoder/gran-fracaso-operacion-monarquica-franquista_132_6157175.html
