España, la tragedia de las residencias de ancianos .

 En España, la tragedia de las residencias de ancianos se atribuye a varias empresas francesas

Laura Guien

En España, tres de los cuatro mayores operadores privados del sector de las residencias de ancianos son propiedad, total o parcialmente, de grupos o fondos de inversión franceses. Ante el drama de estos centros, su gestión está siendo cuestionada.

En España, las víctimas mortales del Covid-19 son, principalmente, personas de edad avanzada en residencias de ancianos. A fecha de 29 de abril, más de 16.200 mayores habían sucumbido al virus, casi el 70% de las muertes de la epidemia en la península. A este ratio, que aumenta día a día, se ha añadido desde finales de marzo una avalancha de horribles testimonios.

Residentes abandonados por el personal, cuidadores dejados sin instrucciones ni equipo de protección, ancianos descubiertos en sus camas varios días después de su muerte, otros que huyen para evitar la epidemia... « Es una atrocidad. Fue una carnicería », declara a Mediapart Raúl Camargo, ex diputado regional de Podemos que el año pasado presentó un proyecto de ley regional para mejorar la atención en las residencias de mayores. El texto fue rechazado por la Asamblea de Madrid.

En España, el 75% de las residencias de ancianos son de propiedad privada. Para suplir la falta de plazas públicas, el Estado, a través de las diecisiete regiones con competencia en esta materia, delega la gestión de las plazas o de centros completos a operadores privados. Tres de los cuatro mayores actores que han invertido en este sector pertenecen, total o parcialmente, a grupos o fondos de inversión franceses. Por orden de importancia: DomusVi, Orpea (propiedad de un fondo de inversión canadiense y de FFP, la compañía de inversiones de la familia Peugeot) y Amavir (propiedad de la familia Mulliez, que también es propietaria, entre otros, de Auchan y Leroy Merlin).

Según una investigación de nuestro socio editorial infoLibre, el grupo Orpea figura en la lista negra de residencias en Madrid. A 30 de marzo, de las quince residencias de ancianos más afectadas de la región, tres pertenecen a este grupo. También en la Comunidad de Madrid y en la misma fecha, siete centros de Amavir habían registrado, al menos, diez muertes cada uno. Pero es el grupo DomusVi, número uno en España con 138 residencias, la sociedad que se encuentra en el centro de todas las miradas desde el comienzo de la crisis. 

En un artículo titulado « El 'mapa de la muerte' de la multinacional DomusVi », infoLibre detallaba, el 8 de abril, el funesto balance del grupo en España: ocho residencias con más de 150 muertos, índices de contagio de hasta el 90% y cinco centros intervenidos por los servicios sanitarios del Ejército a petición de las autoridades regionales para contener la epidemia. Un balance provisional e incompleto, ya que la empresa no ha facilitado el acceso a los datos oficiales de las personas que han muerto desde el comienzo de la crisis. 

Dado que el virus es particularmente letal para los ancianos, puede parecer lógico a primera vista que este grupo, el mayor de España, se vea afectado por la pandemia. Pero los ratios de contaminación de algunos de sus establecimientos, las denuncias preliminares y los testimonios de las familias de los residentes y de empleados denunciando condiciones de vida y de trabajo indignas, indican más bien un problema sistémico.

DomusVi France -tercer actor nacional de Francia- es propiedad del fondo de inversión británico ICG y de Sagesse Retraite Santé, Holding y Family Office de Yves Journel, cuyo patrimonio personal casi se ha duplicado desde 2017 hasta alcanzar los 1.000 millones de euros. Este empresario del « oro gris », la 121º fortuna de Francia y fundador de la empresa original en Francia en 1990, ostenta actualmente un tercio de las acciones de la multinacional. Desde 2015, y con la adquisición del número 3 de las residencias en España, el grupo Geriatros, DomusVi ha seguido invirtiendo en el mercado de estos centros en todo el territorio español. 

Este interés puede explicarse por los efectos combinados de la falta de oferta pública, la ausencia de reglamentación de las residencias y la creciente demanda de una población cada vez más envejecida. España es, de hecho, el país con la mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Interrogado por El Diario unos meses antes de la propagación de la pandemia, el profesor de economía Albino Prada definió el sector de la dependencia como « un mercado cautivo, subvencionado en parte por las finanzas públicas ». El caso de la DomusVi lo ilustra perfectamente: de las 138 residencias del grupo, casi el 65% se alimenta de fondos públicos.

El mercado español genera mucho dinero para los grupos franceses. En 2016, el año de su consolidación en España, Orpea vio aumentar su facturación en un 18,8%. Según la consultora DBK Inform, en 2018 el sector de las residencias de ancianos en España representaba unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el año anterior. 

Interrogados por Mediapart sobre los beneficios del grupo y la gestión de la crisis del Covid-19 por su filial española, el grupo DomusVi y el vehículo de inversión de Yves Journel, SRS, no quisieron expresarse.

Por su parte, las familias de los residentes consultadas por Mediapart evocan condiciones de vida indignas a pesar de que el coste medio mensual del alojamiento es de 2.000 euros. Caídas repetidas, personas dependientes abandonadas durante varios días sin moverse o ser cambiadas... La lista de quejas se basa esencialmente en la falta crónica de personal en las residencias.

« A medida que los beneficios de la empresa que gestionaba la residencia aumentaban, peor era el servicio. Pero fue claramente con DomusVi que todo fue a peor », asegura a Mediapart José Luis García, portavoz de la asociación de familias de residentes de la DomusVi en Alcoy, cerca de Alicante, refiriéndose a las sucesivas ventas de la residencia a grupos extranjeros. En este centro valenciano devastado por la pandemia, «70 ancianos de 134 residentes» han muerto por el virus, según el portavoz.

"Puertas giratorias" entre los sectores público y privado

Paulino Campos es el presidente de la federación REDE, que agrupa a diferentes asociaciones de familias de ancianos en Galicia, una región del noroeste donde, por razones históricas, el grupo está muy bien implantado. « En su residencia de Barreiro [cerca de Vigo], a veces sólo hay un auxiliar por cada diez o quince residentes. Las personas en silla de ruedas se dejan en el patio entre las 11h y las 19 horas. Ya no lo llamamos residencia, sino aparcamiento para ancianos », relata.

El discurso de los empleados no es más suave. Contratada como personal administrativo en una residencia del grupo en Vigo, Maribel Barreiro fue reasignada a realizar tareas físicas de gestión de stock en el mismo establecimiento, según ella para « castigarla » por su actividad sindical. « Lo que escuchamos es que si uno de ellos muere, no es nada grave, porque hay mucha gente en la lista de espera », asegura esta empleada que denuncia la « presión diaria » de la dirección sobre el personal. 

La crisis del coronavirus sólo ha agravado los fallos preexistentes. DomusVi, al igual que los demás líderes del sector Orpea, Amavir y el grupo español Aralia, ya había sido objeto de quejas por parte de las asociaciones de familias y de personal. En febrero de 2020, la Comunidad de Madrid inició un procedimiento para rescindir el contrato de la residencia DomusVi en Usera, uno de los distritos de la capital, tras identificar casos de subcontratación del personal de enfermería.

Sin embargo, menos de una semana antes de este episodio, en una reunión con la prensa, el francés Sylvain Rabuel, recientemente nombrado director de todo el grupo, declaró: « Para nosotros, el turn-over es un mal absoluto », antes de elogiar las « raíces extremadamente fuertes » del grupo.

Una alusión a la presencia del fundador Yves Journel en la capital, pero también a su sucursal española « construida por la directora general de DomusVi en España », Josefina Fernández Minguelez, directora original de Geriatros, el operador español adquirido por DomusVi en 2015. 

La historia de esta rama española ilustra perfectamente el principio de las « puertas giratorias », esta lógica de connivencia entre el sector público y el privado. En este caso concreto, entre los círculos gubernamentales y bancarios. Geriatros fue originalmente parte de la « obra social » de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), inversiones de interés público que no debían reportar ningún beneficio económico.

En 2012, con el fin de estudiar la eventual liquidación de las cajas de ahorro, el gobierno de Mariano Rajoy nombró un comité de expertos para elaborar un informe sobre el futuro de estas entidades. « Encabezado por Ángel Corcóstegui, ex director general del Banco Santander. Su conclusión fue, por supuesto, desmantelar las Cajas de Ahorros y vender su obra social », señala Raúl Camargo. El fondo de inversión del mismo Corcóstegui, Magnum Capital, compró más tarde Geriatros por 45 millones de euros. Tres años después, revendió el grupo a PaI Partners por... 300 millones de euros. El mismo fondo de capital de riesgo al que Yves Journel compró su participación en 2017 junto con ICG.

Frente a este lucrativo juego de sillas para los inversores, Josefina Fernández, por otro lado, nunca ha dejado la dirección del grupo. Esta exfuncionaria de Hacienda de la región de Galicia pasó de gestionar una única residencia a ser directora gerente de una red de 138 centros en todo el país. « Ella ya estaba allí cuando el grupo Geriatros formaba parte de Caixa Galicia. Fue el entonces presidente de Galicia, Manuel Fraga, un hombre de la derecha dura española y exministro de Franco, quien la nombró. Los últimos fondos que compraron Geriatros la dejaron allí. No como propietaria sino como gerente », continúa Camargo. 

Contactados por Mediapart, el grupo DomusVi España y su directora no han respondido a nuestras peticiones.

Exdirectora de la red Geriatros, Sandra Fernández Prado, se reunió con la directora de DomusVi España en 2010. Tras una entrevista de trabajo de « entre 10 y 20 minutos », Josefina Fernández ofreció el puesto de directora de la instalación a la joven que acababa de terminar un doctorado en gerontología, pero que no tenía ninguna experiencia similar. « La entrevista consistió en una simple revisión de mi currículum y a lo largo de la conversación, me dio la sensación de que tenía mucha prisa por que asumiera mis funciones », relata la joven, todavía « pasmada » por esta experiencia laboral de nueve meses. « En retrospectiva y con madurez, me digo a mí misma que fue totalmente irresponsable haberme seleccionado de aquella manera ».

¿Podían los inversores extranjeros ignorar estos problemas de gestión? Esta es la pregunta que muchas familias en España se hacen actualmente. En Vigo, Paulino Campos señala como principal responsable del terrible balance de DomusVi a la gerente española. «Los franceses le dieron vía libre porque sintieron que no podían competir con alguien con tantos lazos políticos y financieros en Galicia». Sin embargo, para el exdiputado Raúl Camargo, no hay duda de que los inversores son responsables del escándalo sanitario en curso. «Lo saben y lo sabían. Pero lo que vieron fueron los beneficios. No la gente».

Versión y edición española : Irene Casado Sánchez

Laura Guien 

Es periodista de Mediapart, Francia.

Fuente:

https://www.mediapart.fr/es/journal/international/300420/en-espana-la-tragedia-de-las-residencias-de-ancianos-se-atribuye-varias-empresas-francesa

 Y ver  ...Cronología del desastre en las residencias de Madrid: 7.600 fallecidos, crisis en el Gobierno e investigación judicial..

https://www.eldiario.es/madrid/Cronologia-residencias-Madrid-judicializada-Gobierno_0_1039746901.html

 y ver .

Las autonomías rescatan las residencias privadas

Fuente: https://www.lamarea.com/2020/06/09/las-autonomias-rescatan-las-residencias-privadas-han-intervenido-50-y-no-habra-sanciones/

La basura del jarrón chino

La verdadera historia de los papeles de la CIA sobre el GAL

Estoy seguro que la mayoría de la gente piensa que los papeles de la CIA en relación al “terrorismo vasco” son un documento desclasificado esta misma semana. A mi también me lo hubiera parecido teniendo en cuenta los titulares y entradillas que se han podido leer desde ayer. El caso es que leyendo los extractos del texto algo me hizo clic en la cabeza recordándome que ya había leído hace años lo que ahora por alguna extraña y política razón se presenta como novedad desclasificada.

Lo cierto es que ese documento de la CIA fue desclasificado hace prácticamente una década bajo el mandato de Barack Obama y oficialmente como consta en el propio documento para ser hecho público el 8 de febrero del 2011. Por alguna extraña y política razón no fue así. El documento entró en el dominio público e incluso fue subido a internet años más tarde, concretamente el 23 de enero del 2017, como cualquiera puede comprobar insertando la dirección del documento ( https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85S00316R000300110004-3.pdf) en el buscador de los archivos de internet (https://web.archive.org/ ).

La cuestión es que no es solo que ya fuera público sino que desde hace años aparece mencionado y analizado en diversas webs españolas como Rebelión: “La CIA conocía los vínculos del GAL con los «servicios de seguridad españoles»” 29/05/2018 https://rebelion.org/la-cia-conocia-los-vinculos-del-gal-con-los-servicios-de-seguridad-espanoles/ o el Salto Diario 28/5/2018 https://www.elsaltodiario.com/terrorismo/la-cia-conocia-los-vinculos-del-gal-con-los-servicios-de-seguridad-espanoles. Incluso en universidades estadounidenses, ese documento es de libre acceso desde hace tiempo como se puede comprobar en la página de la universidad de Louisville https://library.louisville.edu/ekstrom/gov_intl/spain..

 SIGUE  ...

https://kaosenlared.net/la-verdadera-historia-de-los-papeles-de-la-cia-sobre-el-gal/

 Nota del blog ...No comparto la interpretacion final  de este articulo ,aunque si  la información  y aclaración . La noticia la volvio a sacar La Razón ..   https://www.larazon.es/cataluna/20200614/ph5vjbzpvbbfhl3rfyulraf754.html  y no  tiene nada que ver con un ajuste de cuentas interno del gobierno de coalicion sino con  romper la relación de BILDU con ellos y enmierdar en todo caso la relacion PSOE -UP.  Como se ve Bildu cayo en la trampa  y el autor de este artículo  lo mismo. Nuestra transición y democracia no fue módelica ni pacífica.  ¿ Para cuando una nueva ley de secretos oficales  que  abra archivos ?

 Tampoco hay que ir muy lejos y poder ver la estrategia  del capitalismo de amiguetes
https://www.eldiario.es/politica/Coronavirus-sesion-control_0_1039046318.html

 y ver ..

  https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/18/iglesias_avisa_que_las_amenazas_muerte_los_pseudocomandos_ultraderecha_no_les_van_distraer_107923_1012.html

Las " fake news de Mussolini .

FASCISMO EN ITALIADerrotó a la mafia, saneó los pantanos... Los bulos de Mussolini que han perdurado en el tiempo

Las noticias falsas históricas tienen el objetivo, más a largo plazo, de tranquilizar a aquellos que las pronuncian. Y en Italia, al igual que en España en relación a Francisco Franco, todavía hay quienes defienden ciertas ideas estereotipadas e indulgentes acerca del Duce.

https://www.publico.es/sociedad/derroto-mafia-saneo-pantanos-bulos.html

Delenda est Monarchia .

 Delenda est Monarchia 

Gerardo Pisarello

En un célebre artículo publicado en El Sol poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset se quejaba airadamente de que Alfonso XIII de Borbón pretendiera “volver a la normalidad” después de haber participado activamente de un Régimen corrupto y en decadencia. En opinión de Ortega, la situación de degradación era tal que solo cabía una única alternativa, sintetizada en una consigna drástica, que parafraseaba a los generales romanos que tuvieron que enfrentarse a Cartago: Delenda est Monarchia (la Monarquía debe ser destruida).

Más allá de las intenciones de Ortega, esta severa formulación venía a mostrar que la Monarquía española, sobre todo bajo los Borbones, era todo menos una forma inocua de organizar el Estado. A diferencia de Inglaterra o Francia, España no pasó por una revolución que segara de raíz la trama de poder a la que la Corona servía de argamasa. De ahí que la Monarquía, tanto en su faceta absolutista como en su faceta liberal oligárquica, haya aparecido históricamente como un freno para la limitación y distribución del poder político, económico, social y cultural. Esta constatación se inscribe en una larga tradición republicana, peninsular y extrapeninsular, que todavía hoy resulta central para pensar cualquier programa de reconstrucción en un sentido social y democrático.    

La Monarquía imperial y absolutista como obstáculo a la democratización

Entre los analistas que mejor captaron el papel antimodernizador de la Monarquía imperial destaca el nombre del propio Karl Marx. En sus incisivos artículos sobre España publicados en la New York Daily Tribune en 1854, sostenía que el absolutismo podía presentarse en algunos grandes Estados europeos “como un foco civilizador” y de “unión social”. En España, en cambio, aparecía lastrado por el peso de una economía rentista que vivía de los recursos provenientes del Imperio de ultramar y alimentaba a una oligarquía y a una Iglesia autoritarias y corrompidas.

Para Marx, esto hizo que el absolutismo monárquico encontrara en España una feroz resistencia entre una diversidad de regiones y municipios “que por su propia naturaleza repelían la centralización”. De ahí que, a semejanza de Turquía, la monarquía absoluta española apareciera como una suerte de despotismo oriental, como “un conglomerado de repúblicas mal regidas con un soberano nominal al frente”.

En esta lectura de la historia, había dos grandes víctimas de aquel temprano absolutismo hispano. Por un lado, los comuneros castellanos reprimidos en 1521 por levantarse contra los impuestos abusivos y la prepotencia de Carlos I de Habsburgo. Por otro, los pueblos indígenas de América sometidos a sangre y fuego por Hernán Cortés ese mismo año, tras la conquista de Tenochtitlán.

No sería extraño que a partir de entonces numerosas luchas por las libertades, tanto en la península como en sus colonias, adquirieran un componente antimonárquico cuando no abiertamente republicano. A veces, ese republicanismo adoptaría fórmulas más o menos unitarias y centralistas. Pero en sus versiones más avanzadas, fue siempre municipalista, federal, confederal, independentista, iberista e incluso iberoamericanista.

Este republicanismo federal y confederal tuvo sus primeros atisbos en las Cortes de Cádiz de 1812. Fueron los diputados americanos de ultramar, que habían apoyado las luchas peninsulares contra la Napoleón, los primero en reclamar para sí las transformaciones en marcha. Uno de ellos, Dionisio Inca Yupanqui, llegó a asumir la defensa de la igualdad de españoles e indios americanos en un memorable discurso en diciembre de 1810. En su alegato presentaba un largo memorial de agravios sobre el trato que la Monarquía deparaba a los territorios de ultramar e introducía un recordatorio que haría historia: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.

Este vínculo entre el republicanismo peninsular y el americano se afianzaría tras la llamada revolución liberal, protorepublicana, de 1820-1823. El pronunciamiento del asturiano Rafael de Riego, de hecho, fue llevado a cabo por el ejército que Fernando VII de Borbón había concentrado en Sevilla para combatir el movimiento libertador de las colonias. Esto llevaría a Joaquín Maurín a escribir, en su genial Revolución y Contrarrevolución en España, de 1935, que en aquella coyuntura democratizadora “coincidían los intereses materiales y espirituales de España y los de América […] Indirectamente, Riego luchaba por la libertad de Hispanoamérica, del mismo modo que Bolívar y San Martín luchaban por la libertad de España”.

Este tipo de lecturas, salvando las distancias temporales, puede encontrarse en el propio Francesc Pi i Margall, quien llegaría a ser, además de presidente de la I República, uno de los más destacados teóricos del republicanismo federal sinalagmático, de libre adhesión. Ya en Las nacionalidades, de 1887, Pi había dejado escrito que “Castilla fue, entre las naciones de España, la primera que perdió sus libertades; las perdió en Villalar, bajo el primer rey de la casa de Austria”. Y así, “esclava, sirvió de instrumento para destruir la de los otros pueblos: acabó con las de Aragón y las de Cataluña bajo el primero de los Borbones”. Esta convicción llevaba a Pi a otra conclusión: las resistencias a las políticas centralizadoras y uniformistas de los Borbones llevadas a cabo por diferentes pueblos hispanos e incluso por los territorios de ultramar debía ser vista como una defensa de las libertades de todos ellos. Esta era su opinión sobre la resistencia que en Catalunya enfrentó a las tropas de Felipe V en 1714. Pero también sobre las revueltas republicanas, antiborbónicas, de los patriotas cubanos de la segunda mitad del siglo XIX, con las que simpatizó abiertamente.

La ilusión de una Monarquía liberal oligárquica, moderada y progresista.

Esta vinculación entre la dinastía borbónica y el atraso político, económico y cultural, atraviesa el pensamiento republicano de los siglos XIX y XX y llega hasta nuestros días. Y no solo se aplica a la Monarquía absoluta. También alcanza a los diferentes ensayos de Monarquía liberal, constitucional y “moderada”, con los que las elites oligárquicas intentarían reeditar sus privilegios.

Tras la muerte de Fernando VII –“Rey felón y canalla”– los Borbones siguieron siendo la principal opción de las élites para mantener un dominio con elementos políticamente liberales. Sin embargo, estos intentos acabaron experimentando formas más o menos intensas de corrupción oligárquica y autoritaria. Esto explica la revolución de 1854, que obligó a Cristina de Borbón a marchar al exilio. O la de 1868, que hizo otro tanto con su hija, Isabel II, y llevó a Joan Prim a ensayar fallidamente una suerte de “monarquía republicana” bajo una dinastía no borbónica, la de los Saboya. O la propia revuelta municipalista, republicana, de 1931, que forzaría a Alfonso XIII de Borbón a reconocer que no tenía “el amor del pueblo” y a zarpar hacia Marsella en un buque de la Armada.

Todas estas revueltas vinieron acompañadas de iniciativas republicanas que implicaban el rechazo explícito de la Monarquía y una refundación del contrato social sobre bases democráticas, descentralizadoras y proclives a la reforma social y económica. El propio Marx recuerda cómo tras la revolución de 1854 un grupo de republicanos hizo circular en Madrid un proyecto de Constitución de una República Federal Ibérica, que incluía a Portugal, que abolía las colonias, la esclavitud y los ejércitos permanentes y que renunciaba a toda guerra de conquista. De la misma época es la propuesta del cartagenero y gaditano Fernando Garrido, autor de La República democrática federal y universal, un brevísimo opúsculo dedicado a “las clases productoras” que ponía de manifiesto el régimen oligárquico y rentista sobre el que se asentaba la Monarquía.

Ya durante la Revolución gloriosa de 1868, se recuperaron escritos casi clandestinos de décadas anteriores como las Bases de una Constitución Política o principios fundamentales de un sistema republicano, escrita hacia 1830 por el barcelonés Ramón Xaudarò. Asimismo, las revueltas antiborbónicas del último tercio del siglo XIX se tradujeron en grandes pactos republicano federales en ciudades como Valladolid, Éibar, Córdoba, Santiago de Compostela, La Coruña o Tortosa (donde tendría un papel central el federalismo intransigente de Valentí Almirall). Incluso la proclamación de la II República vino precedida de ensayos federales y confederales que denunciaban el caciquismo rentista  de la Monarquía liberal oligárquica. Desde la propuesta de federación ibérica planteada por el pensador y poeta portugués Antero de Quental en su conferencia sobre las “Causas de la Decadencia de los Pueblos Peninsulares”, de 1871, hasta los proyectos de Constitución andaluza de Antequera, de Constitución del Estado gallego, del Estado catalán o de la propia República federal española, todos de 1883.

En casi todos estos documentos, como recuerda Ángel Duarte, el republicanismo no era solo una forma de superación de la Monarquía. Significaba, también, municipalismo y federalismo, a menudo de abajo hacia arriba. Significaba democracia esto es, un movimiento continuo de distribución del poder que si no se profundiza recae en nuevas formas de oligarquía. E implicaba, también, soberanía y protagonismo popular -del cuarto estado, del proletariado, del pueblo, de las mujeres, de las naciones y pueblos peninsulares o de los pueblos de ultramar-, entendido como palanca para la reforma social, económica y cultural tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tanto en la esfera industrial como en el mundo agrario.

La Segunda Restauración Borbónica como freno al principio democrático

Todos estos antecedentes explican por qué incluso un pensador furiosamente elitista como Ortega, que veía en la participación popular en los asuntos públicos una deformación “morbosa”, pudo considerar a la Monarquía como la expresión de un Régimen decadente e irreformable. Ya en 1890, el propio Cánovas del Castillo había dejado claro que la Restauración Borbónica tenía como un objetivo central impedir que el sufragio incidiera en la distribución de la riqueza. Por eso, afirmaba, mientras más universal fuera el sufragio, tanto más necesario serían el fraude y la “permanente falsificación” en el sistema político.

Esa subordinación del principio representativo al sistema monárquico hizo que la capacidad de reforma y de regeneración del sistema fuera nula. Eso explica que los numerosos debates sobre la reforma de la Constitución de 1876 no condujeran a la formalización ni de un solo proyecto de enmienda. El grado de putrefacción llegó a un punto tal que poco después de que Ortega llamara al fin de la Monarquía, esta acabó desplomándose como consecuencia de una manifestación tan oblicua del sufragio universal como unas elecciones municipales.

Tras la derrota del fascismo y el nazismo, algunos países como Italia celebraron referendos sobre la forma de Estado que consolidaron la República e introdujeron en la Constitución cláusulas de intangibilidad que impedían el retorno de la Monarquía. En la España franquista, en cambio, a la dictadura le bastó con recurrir a una Segunda Restauración Borbónica para escapar a las limitadas presiones democratizadoras generadas durante la Guerra Fría. 

Así, y a pesar de la presión ejercida por el movimiento antifranquista, la Constitución de 1978 no fue la Constitución de un Estado democrático sino la Constitución de una nueva Monarquía restaurada: la borbónica. La democracia aparecía en ella como un instrumento para asegurar la Restauración de una Monarquía estrechamente ligada al Ejército y a la Iglesia, en el marco de un sistema oligárquico de nuevo tipo. Esta concepción oligárquica establecía desde la propia Constitución un triple candado antidemocrático. Impedía a los pueblos peninsulares ejercer el derecho a la autodeterminación, bloqueaba la posibilidad de avanzar hacia una institucionalidad genuinamente federal e impedía al poder constituyente popular poder decidir sobre la propia permanencia de la Monarquía.

La operación del 23-F permitió a la Corona dotarse de una nueva legitimidad que la distanciara de sus orígenes franquistas. Pero solo para ligarla al nuevo régimen oligárquico, de democracia limitada, que nacía vinculado a la entrada en la OTAN, al bloqueo creciente del Estado de las autonomías, y a la protección de la gran propiedad de la mano de las constricciones neoliberales impuestas desde Europa sobre todo a partir del Tratado de Maastricht.

Este sistema político construido sobre la base de la subordinación del principio representativo-electivo al principio monárquico hereditario solo podía operar mediante la corrupción. Y eso fue lo que ocurrió a partir de los años subsiguientes. La Monarquía reinó sin gobernar explícitamente, como pedía Thiers, pero en cambio se convirtió en “conseguidora” de favores económicos y en comisionista en las principales operaciones internacionales llevadas a cabo por las empresas del Régimen.

Es más, cuando a finales del siglo pasado José María Aznar decidió acometer sin tapujos su triple proyecto de privatizaciones, recentralización e impulso del Reino de España en el mundo, la Monarquía se convirtió en garante simbólica de toda la operación. Los negocios público-privados del Rey sirvieron para establecer relaciones privilegiadas con dictaduras de Oriente Medio así como revivir relaciones neocoloniales en América Latina, esta vez bajo la égida de los Estados Unidos.

Mientras España se benefició medianamente de este nuevo “capitalismo popular”, las actuaciones de la Corona quedaron blindadas frente al escrutinio público. Por un lado, a través de la concepción a todas luces desmedida de la inviolabilidad regia consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Por otro, a través de la protección penal reforzada del rey y su familia prevista por el artículo 491.2 del llamado “Código penal de la democracia” de 1995. No obstante, tras el crack financiero de 2008, la ilusión de una España de propietarios en el marco de una nueva Monarquía liberal, moderada y “campechana”, comenzó a resquebrajarse. La reforma furtiva del artículo 135 de la Constitución realizada con el fin de priorizar el pago de la deuda sobre otros objetivos constitucionales colocó al bipartidismo imperfecto en el ojo del huracán, y acabó arrastrando consigo a la propia Casa Real.

En abril de 2012, tras un polémico viaje a Botsuana a cazar elefantes, Juan Carlos de Borbón se vio obligado a pedir disculpas en público. Para evitar que el entonces Rey tuviera un final similar al de su abuelo, Alfonso XIII, la Casa Real impulsó la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe VI. Esta operación se produjo con total desprecio de las Cortes Generales, que ni siquiera intervino en la misma, demostrando la total subordinación del principio democrático al principio monárquico-hereditario.

Tras la proclamación del nuevo Rey, prestigiosos medios dinásticos se apresurarían a considerar cerrada la crisis de la institución. Nada de lo que ocurriría en los años siguientes, sin embargo, justificaría ese optimismo. En muy poco tiempo, el nuevo Monarca se vería confrontado con dos hechos que dejarían su reinado seriamente cuestionado. Por un lado, su discurso del 3 de octubre de 2017, en el que decidió justificar la indecente represión de la movilización ciudadana producida dos días antes en Catalunya. Por otro, la nota de la Casa Real, emitida en marzo de 2020, admitiendo que el nuevo Monarca conocía algunos negocios ilícitos de su padre y estaba dispuesto a renunciar a su herencia.

Construir las bases de nuevas alternativas republicanas.

Resulta difícil predecir el futuro de la Monarquía en un escenario de pandemia intermitente como el que parece haberse abierto. Sin embargo, hay buenas razones para pensar, como Ortega en 1930, que no será sencillo para la dinastía borbónica situarse en una “nueva normalidad” después de su implicación en la degradación política y económica del régimen surgido de su restauración.

El intento de las derechas radicalizadas de apropiarse de la Monarquía no ha conseguido detener su pérdida su credibilidad. Por el contrario, la ha reconectado, por momentos peligrosamente, con sus propios orígenes franquistas. Ello podría situarnos en un escenario de regresión autoritaria, nacionalista, similar al que a inicios del siglo pasado dio lugar a la Dictadura protofascista de Primo de Rivera o incluso peor. No obstante, también podría reforzar nuevas coaliciones republicanas, plurinacionales, construidas alrededor de un programa audaz de reformas socializantes, democráticas, feministas y ecologistas. Al igual que en el pasado, este republicanismo peninsular debería tener una fuerte base local, cooperativista y municipalista, y federarse al mismo tiempo en otros movimientos democratizadores que, tanto en Europa como en América Latina y otros sitios del mundo, están plantando cara a la Santa Alianza reaccionaria hoy apuntalada por la Administración Trump desde los Estados Unidos.

Este programa republicano democrático debería priorizar objetivos que la pandemia ha vuelto globales: la garantía del acceso igualitario al agua potable, a alimentos sanos, a atención sanitaria, a una vivienda digna, a una renta básica, a una conexión digital de calidad y a todo aquello esencial para tener una existencia digna y sostenible en común. Todo esto es fundamental. Sin embargo, en la península ibérica, por consideraciones históricas muy concretas, debería asumirse sin renunciar a la superación del principal escollo de cualquier propuesta de regeneración efectiva. ¡Delenda est Monarchia!

Gerardo Pisarello 

Diputado en el Congreso de los Diputados y miembro de la Mesa del Congreso desde 2019. Ha sido también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015-2019 y forma parte del comité de redacción de Sin Permiso.

Fuente:

https://sobiranies.cat/delenda-est-monarchia-razones-de-una-consigna/

El periódico El País a la deriva del IBEX 35

LA CRISIS DE LA PRENSA

El caso  del País.

...............De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.....................

 SIGUE..

https://www.infolibre.es/noticias/medios/2020/06/16/javier_moreno_regresa_direccion_pais_que_vende_menos_100_000_ejemplares_perdido_568_suscriptores_desde_2018_107806_1027.html


 Y VER
https://www.eldiario.es/economia/batalla-prisa-control-accionarial-editorial-grupo_0_1038346919.html

 y ver

 https://www.elnacional.cat/es/politica/gonzalez-gal-cia-apagon-informativo-madrid_513891_102.html

Vargas Llosa : Esa irrestible compulsión de mentir

 Vargas Llosa : Esa irrestible compulsión de mentir

Atilio Boron

Ya nos parecía extraño que Mario Vargas Llosa permaneciera en silencio ante las calamidades de la pandemia. Sobre todo las sufridas en sus dos países, el de origen, Perú, y el de su adopción, España. Allí se refugió después de haber sido repudiado por sus compatriotas hace exactamente treinta años –un 10 de Junio de 1990- tras su humillante derrota a manos de Alberto Fujimori en la elección presidencial de ese año.

Como era previsible aprovechó la ocasión de esta plaga para dar a conocer otra de sus tantas mentiras que parecen verdades -arte maligno del cual es un refinadísimo cultor- para alabar al gobierno de su amigo Luis Lacalle Pou ( Uruguay ) que, según el escritor, decidió combatir al Covid-19 apelando a “la responsabilidad de los ciudadanos” y declarando “que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos, porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe.”

Quien lea estas líneas comprobará que su indudable talento como escritor es tan grande como su ignorancia en materia de economía y estadística. También que su resentimiento contra la izquierda exacerba este defecto y lo induce a extraer conclusiones que se desmoronan como un castillo de naipes ante la más suave brisa. Aplaude el hecho de que en Uruguay sólo se registren 23 muertos a causa del coronavirus, pero insólitamente le atribuye ese mérito a un presidente que asumió pocos días antes del estallido de la pandemia.

Su obcecación lo mueve a desconocer que antes de la presidencia de su amigo Lacalle Pou hubo quince años de gobierno del Frente Amplio (al que descalifica por sus “equivocaciones notables en política económica” aunque reconoce que se respetó “la libertad de expresión y las elecciones libres”) durante los cuales la salud pública fue una de las prioridades de la gestión del médico Tabaré Vázquez, durante diez años, así como durante el interregno de José Mujica. Fue esto: la fuerte presencia del estado en el terreno de la sanidad y no las palabras huecas e insulsas de Lacalle Pou lo que protegió al pueblo uruguayo de la pandemia.

A contrapelo de las políticas de la izquierda en Uruguay, en sus patrias de nacimiento y adopción el desastre producido por las ideas que Vargas Llosa publicita con tanto fervor es estremecedor. Con más de 6 mil muertos Perú figura en el 21º lugar en la lista de 215 estados y territorios compilados por la Organización Mundial de la Salud. España ocupa el 6º lugar en el ranking gracias a las 27.136 víctimas del Covid-19 condenadas por las “políticas de austeridad” de los sucesivos gobiernos neoliberales que asolaron a ese país. Otros gobiernos admirados por el escritor: el de Ecuador con sus 3.900 muertos se coloca en el puesto número 17 mientras que el 2º está reservado para el Brasil de Jair Bolsonaro con un saldo luctuoso de 42 mil muertos.

Pero la medición del impacto de la pandemia y la eficacia de las políticas gubernamentales se muestran de modo más nítido si se controla el número de muertos por millón de habitantes. Bélgica, uno de los portaestandartes de la reacción neoliberal, registra 831muertos por millón de habitantes y el Reino Unido de su admirado Boris Johnson tiene un índicede 606/millón y un poco más abajo, en el sexto lugar, encontramos a España, con 580 muertos por millón de habitantes. Ecuador con 209, Brasil con 182 y Perú con 174 continúan en el pelotón de la vanguardia. Como se puede apreciar, todos países con gobiernos fieles a los cánones del neoliberalismo.

Mucho más abajo en ese ranking necrológico está el Uruguay, con 7 muertos por millón, una performance notable, sin duda, igual a la que exhibe Japón. Pero mucho más meritorio es que esa misma cifra sea la que tiene Cuba, tan denostada por el hechicero neoliberal. Igual que Uruguay y el Japón pero sin que ninguno de estos dos países sufra la asfixia de un encarnizado bloqueo que se extiende a lo largo de sesenta años, que los maleantes que gobiernan EEUU sólo atinaron a endurecer aún más en el medio de la pandemia.

Implacable crítico de Alberto Fernández –“lamentaremos la derrota de Macri”, dijo el escritor poco después de la victoria del candidato del Frente de Todos- y los gobiernos “populistas” de la Argentina, Vargas Llosa debería saber que con sus 717 víctimas de la plaga este país exhibe una tasa de letalidad de 16 muertos por millón de habitantes, lejos, muy lejos de los valores que registran España y Perú, inclusive de EEUU con sus 348 por millón. Y que en el país que gobierna su amigo Sebastián Piñera, este índice es ocho veces mayor que el de la Argentina. En efecto, en el más antiguo experimento neoliberal de América Latina y en donde la privatización de la salud ha sido llevada a sus extremos durante casi medio siglo el índice llega a 130 por millón.

Conclusión: la pandemia exige para su control una fuerte presencia del estado para proteger a la población, cosa que no se logra cuando la salud y los medicamentos son onerosas mercancías. La experiencia actual refuta los funestos delirios de los mentores intelectuales de Vargas Llosa: Popper, von Hayek, Berlin, Revel y compañía, responsables indirectos de políticas que sólo en los EEUU produjeron más de 115.000 muertos. Afiebrados delirios que contrastan con los sobrios números de Cuba, Uruguay, China, Vietnam y Venezuela.

Sí, la bloqueada república bolivariana que, como el Uruguay, también tuvo apenas 23 muertos por el Covid-19. Sólo que cuando se estandariza esta medida por millón de habitantes, la tasa en ese país no alcanza siquiera al 1 por millón, contra el muy plausible 7 del Uruguay. Pero todas estas cosas las calla el escritor, y no creo que sea porque desconozca algo tan elemental. Ha dado sobradas pruebas de que ignora las complejidades teóricas de la Economía Política y los fundamentos matemáticos de la Estadística. Pero cálculos tan simples como los que hemos expuesto más arriba están al alcance de cualquier persona que conozca las cuatro operaciones básicas de la aritmética.

Me niego a admitir que Vargas Llosa sea incapaz de tan elemental tarea. Pero su fanatismo lo lleva, una y otra vez, a mentir para defender una causa perdida. No parece haber caído en cuenta de que aparte de las cuantiosas pérdidas humanas el Covid-19 hizo algo más: descerrajarle el tiro de gracia al neoliberalismo como fórmula de gobernanza. ¡Game over! Y si no me cree que por favor se dedique a leer los diarios de la mal llamada “comunidad financiera internacional” (en realidad una tropa de truhanes y bandidos de “cuello blanco”) que allí le explicarán con pelos y señales sus planes para el mundo que amanecerá cuando la pandemia haya sido controlada. Y en ese mundo el neoliberalismo se convirtió en una mala palabra que, si se la pronuncia, se lo hace en voz baja y mirando de reojo a los costados.

 https://www.lahaine.org/mundo.php/vargas-llosa-esa-irresistible-compulsion

La paradoja negra.

La paradoja negra.

Alcira Argumedo

En el siglo XVI, la Reforma Protestante cuestionó todos y cada uno de los postulados católicos, menos el derecho a someter a una esclavitud indefinida a los negros africanos

El asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, ha sido la última manifestación del racismo endémico que afecta a la cultura occidental dominante -la cultura de las clases dominantes del Occidente central- desde sus orígenes en las invasiones germanas del siglo V: francos, alamanes, anglos, sajones, visigodos y otros, que son sus ancestros. Desde la devastación y el saqueo de Roma o Rávena, hasta las guerras del Eje del Mal en el siglo XXI, con sus millones de muertes, mutilados y refugiados -víctimas además de la destrucción de culturas milenarias que nacieron en la mítica Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates- han pasado más de 1.500 años.

Un recorrido por la historia de ese largo período, puede dar cuenta de la reiteración de esas conductas contra los pueblos y las culturas dominadas, que en Nuestra América sufrieron las poblaciones precolombinas. Baste mencionar que en el primer siglo de la conquista murió el 90% de los habitantes originarios, debido a guerras, pestes, explotación, hambrunas, quiebra de los equilibrios ecológico-sociales de las principales civilizaciones; y también a causa de la tristeza ante el derrumbe de sus mundos. Quinientos años más tarde, después de atravesar demasiadas experiencias dolorosas, conocimos la ola sincrónica de dictaduras genocidas.

No obstante, tal vez la historia más dura y paradojal de esa cultura occidental dominante, ha sido su relación con los pueblos negros africanos. Convencidos de que portaban una inferioridad congénita, desde su tradicional soberbia civilizatoria, en junio de 1452 la Bula Papal de Nicolás V dirigida al rey Alfonso de Portugal, le autorizaba a conquistar a sarracenos y paganos -árabes que aún dominaban la península ibérica y negros africanos- y someterlos a una esclavitud indefinida.

Tomando la idea aristotélica acerca de la existencia de "siervos por naturaleza", en tanto esos seres carecían de alma humana, esta definición también laica, legitimó a partir de entonces la caza y trata de esclavos en el África Occidental. En el siglo XVI, la Reforma Protestante cuestionó todos y cada uno de los postulados católicos, menos el derecho a someter a una esclavitud indefinida a los negros africanos. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II viajó al África, besó el suelo y pidió perdón por esa historia.

El momento del asesinato de George Floyd. 

La persistencia de esas ideas de inferioridad congénita, sería una constante que llevó a ignorar o encubrir el papel de las culturas negras en la historia. No por casualidad, ese papel recién comenzará a ser reconocido por las ciencias occidentales a partir de fines de la década de 1960, luego de la descolonización del África Subsahariana. Francia permitía que algunos jóvenes de las colonias fueran a estudiar a la Sorbona con el fin de crear una elite simpatizante de la metrópolis. Entre ellos, el senegalés Cheik Anta Diop aprobó tres tesis de Doctorado: en Física Atómica, en Biología y en Historia. En la cuarta tesis presentada, demostraba que la cultura del Alto Egipto, que data de 3.500 años antes de Cristo, era negra.

Aceptar que la cultura del Alto Egipto, considerada madre de la cultura griega y ésta a su vez madre de la cultura occidental, era negra, fue demasiado para la Sorbona: obviamente, la rechazaron. Durante casi diez años, sus investigaciones y conocimientos de biología le permitieron demostrar, por los cabellos y otros rasgos de las momias, que era negra; y finalmente la Academia occidental debió aceptarlo. Pero además se demostró que todos tenemos ancestros negros: la ciencia occidental también debió aceptar que el Homo Sapiens, origen de la raza humana, nació en África y desde allí se fue expandiendo por los distintos continentes. Así que nuestros abuelitos o abuelitas, más cercanos o más lejanos, fueron negros.

Otro mito occidental fue el de sus avanzadas universidades desde el siglo XIII. En realidad, estaba mucho más avanzada en sus conocimientos la Universidad de Timbuktu en el Imperio Mandinga de Mali. Con una marcada influencia islámica -que en su expansión había ido absorbiendo los aportes culturales de las más diversas civilizaciones, como la de India o Mesopotamia- a fines del siglo XIII, contaba con unos 25.000 estudiantes negros, la biblioteca más grande del mundo y una enciclopedia elaborada 500 años antes que la Enciclopedia de la Ilustración de 1751.

Entre otros aspectos, los doctores negros de Timbuktu hacían cesáreas y operaciones con anestesia; anestesia que recién será utilizada en Occidente a mediados del siglo XIX, 600 años más tarde. Lo cual permite poner en duda tanto la soberbia occidental como esa supuesta inferioridad congénita.

En contraste, la debilidad más dramática de los pueblos africanos fueron sus constantes guerras y enfrentamientos. La capacidad para manipular esos conflictos, aliándose con unas comunidades e incentivándolas a cazar como esclavos a sus rivales a cambio de armas, alcohol y otras vituallas, sería la perdición y decadencia de las culturas negras a partir de fines del siglo XIV.

Dividir para reinar fue la consigna dominante de Occidente; y, en la suerte trágica de esta raza -tres siglos de esclavitud y dos siglos más de colonialismo- se cumplió una vez más aquello del Martín Fierro: "Los hermanos sean unidos... pues si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera".

Página 12

 y ver ...https://www.sinpermiso.info/textos/eeuu-el-lenguaje-de-los-ignorados