Chile , la desafeción total hacía los políticos .

Las brutales tensiones del derrumbe de los políticos

Eduardo Gudynas

Rebelión

Nueve de cada diez chilenos no tienen confianza en los partidos políticos. Esa es una situación impactante, y más cuando son los políticos los que deberían encaminar el proceso hacia una nueva Constitución, el mecanismo más urgente para superar la crisis que quedó en evidencia desde octubre de 2019. Estos y otros resultados arrojó la muy reciente encuesta del CEP (Centro de Estudios Públicos), confirmando la debacle de la política convencional, pero también dejando en claro que esa crisis es más profunda de lo que asume buena parte de la clase política, sea por derecha como por izquierda (1). Esta nueva evaluación muestra que Chile enfrenta unas tensiones que sólo pueden ser descritas como brutales. Es que la salida a la crisis por medio de una nueva constitución que deje atrás definitivamente las herencias pinochetistas, está en manos de políticos, pero casi nadie los respalda. El 98% de los chilenos desconfía de los partidos, el 97 % del congreso y el 95% descreen del gobierno. La política convencional ha quedado en manos de una minúscula minoría a la que casi nadie apoya.
A pesar de ello, los partidos políticos que sostienen al gobierno siguen insistiendo en que una de las salidas puede ser una convención constitucional “mixta”, con un 50% de parlamentarios. No entienden que los congresistas apenas reciben un 3% de confianza. El sentido común demandaría centrarse en la otra opción, una convención con constituyentes específicamente elegidos para esa tarea, y sobre todo provenientes de movimientos sociales. De todos modos, esos políticos convencionales ya están entorpeciendo o bloqueando la postulación de candidatos independientes. Lo hacen de varios modos, como exigirles los mismos mecanismos que usan los partidos políticos, desatendiendo la paridad de género, impidiendo que exista representación específica para los pueblos originarios, y hasta entorpeciendo el acceso a la televisión.
Al mismo tiempo, Sebastián Piñera, quien de alguna manera sigue coordinando acciones para salir de este atolladero, se sumergió en el más bajo nivel de apoyo público a un presidente en el continente: sólo el 6% de los chilenos lo respaldan. Esto es menor que las adhesiones a Dilma Rousseff en Brasil (7 %) cuando se trataba su destitución; y también menos que las recibidas por Fernando de la Rúa en Argentina (8%) al tiempo de huir en helicóptero desde la casa presidencial. Dicho de otro modo, casi todos los chilenos desconfían o creen incapaz a la persona que debería mostrar los caminos de salida a la crisis.
Ni siquiera los partidos políticos de la oposición parecen entender esta problemática ya que repiten posturas que los siguen alejando de los reclamos ciudadanos. Por ejemplo, para enfrentar la protesta en las calles, los parlamentarios de la coalición de gobierno están aprobando una “ley antisaqueos” con duras penas. En ella, acciones como la interrupción de la libre circulación de personas o vehículos mediante violencia o intimidación o la instalación de barricadas, pueden ser penadas de 61 días a casi un año y medio de prisión; y los que lanzan objetos cortantes, punzante o contundentes (como una piedra), pueden ser encarcelados hasta por tres años (2). Es una norma durísima, que criminaliza la protesta, pero que de todos modos recibió votos de apoyo de parlamentarios opositores, e incluso de aquellos que se llaman a sí mismos de izquierda en Chile, como el PPD de Ricardo Lagos o legisladores del Partido Socialista.
Esto permite entender que el descrédito no afecta únicamente al presidente sino que golpea a todos los demás actores en todo el espectro ideológico. Según la encuesta del CEP, las evaluaciones negativas superan largamente a las positivas en líderes de la derecha política, como Jacqueline van Rysselberghe de la UDI (74% de imagen negativa o muy negativa frente a 6% positiva, lo que la ubica como la peor evaluada, incluso por debajo de Piñera). Pero la oposición política también es castigada por la opinión pública. Por ejemplo, Camila Vallejo, diputada por el Partido Comunista cosecha un 61 % de imagen negativa. Los líderes más jóvenes que ilusionaban con una renovación desde la izquierda al provenir del movimiento estudiantil, sufren el mismo padecimiento: Gabriel Boric recibe un 46 % de imagen negativa y sólo un 19% positiva, y Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática y uno de los promotores del Frente Amplio, tiene 49% de imagen negativa y 19% de positiva.
Más allá de los límites de encuestas como las del CEP, y la calidad de esos indicadores, lo que parece evidente es que las mayorías ciudadanas no sólo no se sienten reflejadas en los dichos y acciones de los políticos, sino que cada vez más desconfían de ellos. El problema es mucho más agudo para las izquierdas, ya que se esperaría que sintonizaran mejor con las demandas en las calles.
De hecho, el viraje hacia la izquierda que ocurrió en varios países vecinos a inicios de los años 2000 fue el resultado de severas crisis en gobiernos conservadores o neoliberales, y que incluyeron estallidos sociales en algunos casos. En esos países, las izquierdas escucharon, aprendieron, aprovecharon y lideraron esos procesos, y por ello vencieron en las elecciones. Es cierto que una vez alcanzado el gobierno, esos grupos político partidarios transitaron desde aquella izquierda al progresismo, como sucedió en Ecuador con Alianza País con Rafael Correa, o en Bolivia con el Movimiento al Socialismo con Evo Morales. Pero ese progresismo se conformó como resultado de un largo proceso que tuvo lugar mientras estaban en el gobierno, alimentado entre otras cosas por repetidas concesiones al economicismo convencional o los extractivismos.
Al contrario de esa evolución, parecería que la izquierda chilena muta rápidamente al progresismo, sin haber ganado el gobierno y estando en la oposición. Esto no es exagerado y basta repasar la reciente carta de renuncia de casi 70 militantes al Partido Socialista (PS), quienes claramente sostienen que su partido “hoy vive la deslegitimación social más profunda de su historia”, por un liderazgo que nunca asumió la voluntad de la militancia en favor de un “programa antineoliberal y crítico al capitalismo”, y que se alejó de los movimientos sociales, para sumarse a un “polo socialdemócrata conservador”. La carta es lapidaria: “Chile despertó, pero el PS sigue sumido en el letargo” (3).
Similares reclamos se escuchan desde importantes líderes que actuaban dentro del Frente Amplio (FA). El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, expresa la raíz del problema: “No entiendo cómo el FA prefiere dialogar con estos sectores autoritarios de la derecha y no con los movimientos sociales”, y agrega que la derrota de ese autoritarismo no se hará con la derecha sino “trabajando y construyendo con la gente” (4). Sharp renunció en el pasado noviembre a Convergencia Nacional, uno de los grupos del Frente Amplio, cuando su líder, Gabriel Boric, se sumó al programa del gobierno para una nueva Constitución.
Los analistas y académicos más cercanos a los partidos y más alejados de los movimientos sociales no siempre parecen interesados en estas paradojas, y siguen apostado a la clase política convencional. Por ejemplo, el sociólogo y consultor Eugenio Tironi estima que dado el bajísimo respaldo a Piñera, la alternativa es "cogobernar" con el parlamento y en lo posible con los municipios, en lo que llama un "semipresidencialismo de facto" (5). Pero esto lleva a preguntarse si Tironi, como muchos otros académicos, realmente entienden lo que esa altísima desconfianza significa, ya que su receta es persistir con quienes gobiernan con el 97 % y 95 % de rechazo. No hay novedad sustancial en ello. Por eso no puede sorprender que alabe a Piñera, afirmando que "ha demostrado el tipo de ductilidad que se adquiere en el mundo de los negocios y eso es meritorio para gobernar en los tiempos" actuales. En esa afirmación se revela que Tironi, como otros analistas, siguen apostando a una estrategia de gobierno como si fuera un gerenciamiento empresarial; no es el país el que está en crisis, sino la “compañía” y basta un buen “gerente” para lidiar con ello. No habría una crisis profunda en los modos de concebir y practicar la política como discusión pública, sino que lo que se padece es una mala gestión.
Por el contrario, es más apropiado aceptar que el estallido social de octubre de 2019 resulta de unas tensiones y contradicciones mucho más complejas y profundas que un simple problema de gerenciamiento. En ese sentido, está mejor encaminada Kathya Araujo, al alertar sobre un “efecto de fisión” donde se rompen las adhesiones a las normas e instituciones de la vida en común, prevaleciendo la “desconfianza, la impotencia, la resignación o, en su versión más preocupante”, el rechazo radical (6).
No se está frente a la caída del respaldo o popularidad de algunas figuras políticas, o de un partido, sino a un derrumbe generalizado de la confianza en todos y cada uno de los políticos y de sus organizaciones. La gravedad es alarmante, pero parecería que muchos todavía no lo entienden. Las tensiones que se generan son brutales.
Es cierto que el rechazo a los modos convencionales de la política permiten nutrir reclamos de cambios profundos, como puede ser una nueva constitución, terminar con la mercantilización de la seguridad social o la medicina, recuperar el control sobre el agua, tomarse en serio la plurinacionalidad, y así sucesivamente. Esa reacción contra la política clásica ha permitido romper con mitos anquilosados, retomar debates postergados, alimentar el activismo, y una apertura a alternativas de cambio que parecían impensables hace unos meses atrás.
Pero a la vez, el rechazo puede ser tan extremo y sostenido, que carcome las opciones de construcciones políticas alternativas, justamente cuando más se necesita de ellas. El proyecto de lograr una nueva constitución para que sea exitoso requiere una recomposición del tejido político, un regreso de la confianza. Esto no será sencillo ya que aunque amplios sectores de la ciudadanía han “despertado”, los políticos convencionales y los gerentes siguen actuando para silenciarlos. Es necesaria una apertura a la pluralidad de los movimientos, y en lugar de criminalizarlos, callarlos o inmovilizarlos, es urgente escucharlos, respetarlos y cobijarlos, ya que es con ellos que se podrá reconstruir la confianza con la política. Al mismo tiempo, esos movimientos también deben asumir desafíos: se están acercando al momento en que deberán organizarse, coordinarse y representarse para que sus voces se escuchen, deberán crear una política a su medida para que sus demandas de cambio se realicen.
Referencias
1. Estudio Nacional de Opinión Pública N° 84, Diciembre 2019, Centro de Estudios Públicos, en: https://www.cepchile.cl
2. Senado aprueba “ley antisaqueos” con división opositora, F. Cáceres, La Tercera, 13 enero 2020, https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-ley-antisaqueos-division-opositora/972665
3. Siguen las renuncias en el PS: 70 militantes dejan el partido con críticas a la directiva de Elizalde, El Mostrador, 16 enero 2020, https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/16/siguen-las-renuncias-en-el-ps-70-militantes-dejan-el-partido-con-criticas-a-la-directiva-de-elizalde
4. Jorge Sharp: “Tenemos que ver cómo aprovechamos el proceso constituyente para ir por todo”, entrevista de F. Cáceres, La Tercera, 18 enero 2020, https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-sharp-alcalde-valparaiso-tenemos-ver-aprovechamos-proceso-constituyente-ir/978600
5. Eugenio Tironi: “Piñera ha demostrado una capacidad de dominar su propio ego que era bastante inimaginada”, entrevista de F. Artaza, La Tercera, Santiago, 19 enero, https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/eugenio-tironi-pinera-ha-demostrado-una-capacidad-dominar-propio-ego-bastante-inimaginada/978621
6. Katya Araujo, "Desmesura, decepción y desapego", Santiago No 8, Universidad Diego Portales, diciembre 2019.
Eduardo Gudynas es analista en temas de desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). 

 ...........................Nota del blog ..En Chile se ha comenzado a gestar el nacimiento de un partido nuevo llamado Partido de la Dignidad. Es, por ahora, un movimiento dirigido a quienes se sienten decepcionados, mas, si logran constituirse como partido,   podrán cristalizar grandes cambios.


  -El saldo de tres meses de represión policial en Chile: más de 2.000 heridos de bala y 158 querellas por violencia sexual

 ver

https://www.eldiario.es/internacional/saldo-meses-protestas-Chile_0_987251978.html

Los arquitectos de la tortura

 Javier Biosca

La historia de los dos psicólogos que diseñaron el programa de torturas secretas de EEUU

La teoría de la "indefensión aprendida" sostiene que se puede romper la voluntad de una persona sometiéndola a acontecimientos incontrolables y adversos. En esta teoría se basaron los psicólogos James E. Mitchell y John 'Bruce' Jessen para diseñar el programa de torturas de EEUU. La CIA los fichó por su experiencia en el ejército de EEUU entrenando a militares a soportar todo tipo de abusos en caso de caer en manos enemigas.
18 años después de su trabajo para la CIA, Mitchell y Jessen declaran estos días en Guantánamo como testigos por primera vez en un juicio abierto. Se trata de las audiencias previas en el juicio de los atentados del 11-S contra los cinco principales detenidos en este caso, todos ellos torturados. El principal acusado, Khalid Shaikh Mohammed (KSM), fue sometido a ahogamientos simulados 183 veces, algunas de esas directamente a manos de Mitchell.

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El pin del incesto .

El pin del incesto

Carlos Fernández Liria

Cuarto Poder

Lo que menos debemos permitir es que esta barbaridad del pin parental se defienda en términos de “derechos” y “libertades”

Por mi parte estoy impresionado con los magníficos artículos que se están publicando estos días contra el pin parental. Reconforta mucho saber que la comunidad educativa ha reaccionado con tanta contundencia ante semejante barbaridad. Todavía recordamos, por tanto, lo que es y debe ser una escuela pública, por mucho que la hayan machacado económicamente y calumniado ideológicamente en estas últimas décadas. Aún somos conscientes de lo que hay que defender a toda costa como una de las más bellas conquistas de la Humanidad.
No conviene, sin embargo, minusvalorar al enemigo y menospreciar la victoria que ya ha obtenido, la batalla que ya ha ganado. El mero hecho de que el tipo de argumentación que han esgrimido esté sobre la mesa en los medios de comunicación, el mero hecho de que sea posible argumentar así, sin que resulte por sí mismo bochornoso, es algo muy grave, porque socava nuestra compresión de lo que es un Estado de derecho y un orden constitucional y, por lo tanto, contribuye a allanar el camino para el avance de la ultraderecha.
Acusar a la escuela pública de adoctrinamiento es hablar de un hierro de madera. Es comenzar por poner el mundo del revés. La clave del asunto está en que la escuela pública estatal es, en realidad, el único dispositivo que ha inventado la humanidad para evitar el adoctrinamiento ideológico. Puede, sin duda, tener sus fallos, pero no se ha inventado (ni se inventará) nada mejor, y, desde luego, cualquier otra ocurrencia suele ser nefasta o muy mala. ¿Por qué? Pues sencillamente porque somos seres humanos y no dioses. Los seres humanos no tenemos a la mano ninguna objetividad que nos llueva de los cielos y, como suele decirse, nadie puede alardear de tener la verdad en sus manos. La única manera en la que podemos acceder a alguna dosis de objetividad es a través de la diversidad, a través de una pluralidad institucionalizada. Sobre el sentido de esta institucionalización ha reflexionado sin descanso la teoría del Estado Moderno, hasta ponerse de acuerdo en ciertas condiciones muy elementales como, por ejemplo, la división de poderes, la libertad de expresión, de reunión y organización, la inmunidad parlamentaria, las garantías judiciales… y, por supuesto la escuela pública.
La escuela pública se levanta sobre unos cimientos muy estrictos. Para que la pluralidad ideológica no se vea anegada por los que puedan gritar más fuerte o posean altavoces más poderosos hace falta institucionalizarla. Y la receta hace ya tiempo que se inventó y ha dado muy buenos resultados: maestros y profesores que sean funcionarios con libertad de cátedra. Por eso es tan importante que el acceso a la función docente sea por oposición, es decir, a través de tribunales públicos, en los que la sociedad entera pueda, si lo desea, actuar como testigo. Por eso, dicho sea de paso, los exámenes tienen que leerse en voz alta y con la puerta de la sala abierta, algo que incomprensiblemente se ha dejado de hacer sin que nadie levante la voz. El que los docentes sean funcionarios garantiza (y no hay otra manera de hacerlo) que van a ser independientes de cualquier presión gubernamental (si presuponemos, claro está, un Estado de Derecho, en una dictadura de lo dicho no hay nada). Y también, de cualquier presión privada (sobre todo si se les garantiza un sueldo digno). La cosa puede tener sus fallos, no cabe duda, pero cualquier otra receta es muchísimo peor. Los funcionarios, en tanto que propietarios de su función, pueden resistir cualquier chantaje gubernamental o privado. Eso no garantiza que lo hagan, pero sí que pueden hacerlo, lo que para los seres humanos ya es bastante.
Por supuesto, la condición de funcionario que ha pasado por el control de un tribunal público tampoco garantiza ninguna objetividad ideológica por parte de los profesores. No es que se les formatee el cerebro durante el examen (y menos mal). Todos siguen teniendo su propia ideología a la hora de dar clase. Y es muy importante que ninguna autoridad académica o gubernamental pueda imponerse sobre su libertad de cátedra. Incluso en los casos más discutibles, conviene que siempre prevalezca la libertad de cátedra sobre las autoridades académicas. Porque, en la escuela pública, la libertad de cátedra de unos, es la garantía de la libertad de cátedra de los otros. Quizás al profesor de matemáticas se le nota mucho que vota al PP. Pero el profesor de física quizás sea inequívocamente de Podemos. No cabe duda de que la profesora de Historia de este año es de VOX y claramente homófoba, pero el profesor de gimnasia es claramente homosexual y militante del LGTBI. La profesora de sciences es hippie y lesbiana, el profesor de sociales podría haber sido obispo. En fin, siempre es un espectro lo bastante amplio para que no sea posible orientarlo ideológicamente. Y tampoco es que sea una tertulia, ya que todos ellos tienen que cumplir con el programa de su materia, acordado democráticamente. Hay una diversidad ideológica blindada institucionalmente. Una pluralidad reglada, constitucionalizada.
Yo estudié en un colegio franquista de marianistas sádicos y de ultraderecha, mayoritariamente pedófilos, unos auténticos criminales. Estaban todos tan de acuerdo entre sí, se parecían tanto unos a otros que durante años pensé que ese era el tipo humano inevitable y normal, lo que hizo que los doce primeros años de mi vida fueran, en realidad, los únicos verdaderamente malos que he experimentado. En esa atmósfera asfixiante no había nada que desentonara de la norma, excepto, quizás, el “maricón” de la clase, al que se le castigaba por ello con una tortura cotidiana e ininterrumpida.
Esta uniformidad totalitaria es la que están ahora reivindicando en nombre, precisamente, de la diversidad. Esto es lo sorprendente, que hablan en nombre de la diversidad ideológica. Del derecho de los padres a elegir entre un abanico ideológicamente diverso. O sea, que introducir a tus hijos en una prisión ideológica según tus propias convicciones más o menos neuróticas (de izquierdas o de derechas, eso me da igual), se hace en nombre de la diversidad. Si has tenido la suerte de nacer en una familia de Testigos de Jehová, cargas con ello como un destino. Lo mismo si tus padres son del Opus y te llevan a un colegio del Opus, para que tengas amigos del Opus, convicciones del Opus, carácter del Opus, sexualidad del Opus, hasta casarte finalmente con el Opus. Es como si una pareja de veganos ocultara a sus hijos el hecho de que algunos sí comen carne o les convencieran de que es que están enfermos y necesitan tratamiento (algo que tampoco es imposible que ocurra en determinados ambientes progres).
A eso le llaman derecho a la diversidad. Yo le llamo incesto. Derecho a una endogamia ideológica y vital que cercena los derechos más elementales de los menores de edad, porque les sustrae, precisamente, la ventana a la diversidad que sí tendrían, en cambio, en la escuela pública. En la escuela pública los niños y las niñas tienen enfrente suyo la diversidad, una diversidad, decíamos, institucionalizada por el funcionariado y la libertad de cátedra. Y también por el lado de los alumnos y las alumnas (porque, para empezar, hay alumnos y alumnas no como en otros centros religiosos en los que ni siquiera se permite este mínimo de diversidad). Cualquier estudiante de la escuela pública vive sumergido en verdadero baño de diversidad, porque algunos de sus compañeros serán cristianos, otros musulmanes, otros ateos, otros homófobos como sus padres, otros bisexuales y abiertos, otros, quizás, ricos, otros pobres, unos cis y otros trans, algunos latinos, otros africanos, unos rubios, otros morenos, negros o blancos. Y no es imposible contemplar con admiración y respeto que toda esa diversidad es capaz de jugar junta al fútbol en el recreo.
Decía Claude Lévi-Strauss que, desde el punto de vista antropológico, el mayor enemigo de la sociedad es la familia. Por eso se puede decir que la sociedad surgió de la prohibición del incesto, que no es otra cosa que la prohibición de que las familias se reproduzcan sobre sí mismas, formando hordas mafiosas en guerra con otras mafias. La familia es enemiga de la civilización. “Dejarás a tu padre y a tu madre” es la ley de hierro de cualquier impulso social. Pero para eso, los padres tienen que dejar a sus hijos en paz. Tienen que educarles, sin duda, pero, sobre todo, tienen que educarles para ser futuros ciudadanos abiertos a la diversidad social. Estos días he leído un tuit de Clara Serra que no lo puede expresar mejor: “Los padres tienen derecho a enseñar a sus hijos sus valores, pero no tienen derecho a que sus hijos conozcan SOLO sus valores. El Pin parental impide que los alumnos comparen los valores de sus padres con otros y elijan los suyos propios. Eso se llama adoctrinar en vez de educar”.
Por eso, lo que menos debemos permitir es que esta barbaridad del pin parental, que atenta contra los principios más básicos del orden constitucional moderno e incluso contra los fundamentos antropológicos más básicos de la civilización se defienda en términos de “derechos” y “libertades”. No es el derecho de los padres al incesto lo que debe prevalecer, sino el derecho de los niños a que sus padres no les cierren las puertas a la diversidad de lo real. Los padres no deberían tener derecho a meter a sus hijos en un campo de concentración privado, pese a que, por ahora, la ley lo permite. Pero que dejen a la escuela pública trabajar por la objetividad ideológica. Tenemos muchas cosas que hacer en la escuela pública para reconstruirla y mejorarla. Que no nos hagan perder más el tiempo con sus doctrinas privadas neuróticas. No deberíamos estar discutiendo de esto, deberíamos estar pensando más bien en cómo lograr constitucionalizar la escuela concertada, para que empiece de una vez a dejar de existir.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2020/01/21/el-pin-del-incesto-carlos-fernandez-liria/

23-01-2020

Cayó la policía patriotica de las guerras sucias .

  El juez imputa al ‘número dos’ de Interior con Fernández Díaz

 Salpicado por la guerra sucia contra Podemos

El nombre de Francisco Martínez no solo ha salido a relucir durante la investigación de la Operación Kitchen, sino también en las pesquisas sobre la presunta guerra sucia urdida contra Podemos en 2016 por la policía patriótica, también investigada en el sumario del caso Villarejo. En abril de aquel año, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago —presunto integrante de ese grupo e imputado— viajó hasta Nueva York para recabar datos contra la formación de Pablo Iglesias por "mandato" del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. El policía se reunió allí con el exministro chavista Rafael Isea y, según consta en una grabación, le ofreció protección a cambio de que facilitara datos contra el partido de izquierdas. Este traslado se pagó con dinero público y no contaba con el aval de un juez o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Justo en esas mismas fechas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmó un permiso extraordinario de residencia a otro confidente venezolano clave en la guerra sucia contra Podemos sigue  ....

https://elpais.com/politica/2020/01/22/actualidad/1579727259_656654.html


 Nota del blog .-La guerra sucia  no fue solo contra Podemos  ni la única,   el informe Pisa   ¿Donde  se dice algo en el País ?   la operación Cataluña     tampoco   contra el alcalde  Trias y Mas u  otros , ¿que paso con ella  ? Y LO MAS increible  es que  la noticia en País DIGITAL ha desaparecido  de portada  y de la  parte  España. Ya no existe , sino introduces directamente el link .

https://www.lavanguardia.com/vida/20190328/461310130473/una-policia-mas-politica-que-patriotica.html

 Las cloacas de interior 

https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-misil-eta-kassar-trabajos-banco-santander-villarejo.html

Más allá del "veto parental"

#NoAlVetoParental & EAS

Más allá del "veto parental"

Mary C. Bolaños Espinosa

Colectivo Harimaguada

El derecho a la Educación Afectiva Sexual (EAS) sigue siendo una asignatura pendiente.

La Educación Afectiva Sexual (EAS) es un derecho de la población recogido por la OMS junto con otros derechos sexuales y una tarea imprescindible y compartida.

Quienes hemos estado 40 años en Canarias formando a profesorado y a familias, para que abordaran la EAS en los hogares y en los centros educativos, con absoluta armonía y colaboración, no podemos sino indignarnos ante la destructiva capacidad de los partidos políticos  de la derecha para, una vez más, instrumentalizar la Educación Afectivo Sexual como excusa para fomentar la discordia y el odio, para socavar la pluralidad, la diversidad y la libertad de pensamiento en la escuela;  reclamando un supuesto derecho de las familias a censurar la formación de sus hijos e hijas, impidiéndoles el acceso a las actividades programadas por los centros educativos que no coincidan con sus planteamientos morales.

Un supuesto derecho, que no es tal, dado que este planteamiento va en contra de los derechos humanos y de la infancia, de los tratados internacionales, de las leyes estatales y autonómicas, de las normativas de la Consejería de Educación e incluso de la propia Constitución. Un supuesto derecho que no es más que un ataque directo al profesorado, al modelo de educación pública y, sobre todo, a los derechos de las niñas y los niños.

La función de la educación es formar ciudadanía libre, personas capaces de pensar, de hablar, de opinar, de construir su propia vida y de participar y convivir en una sociedad democrática, y ese objetivo fundamental que el Estado tiene el deber de garantizar, debe hacerlo en el marco de una ética global, democrática, de valores universales.  Por eso, tenemos claro que el llamado “pin parental”, que no tiene cabida en nuestras leyes, ni responde a los planteamientos de las familias, lo que pretende es atacar este modelo de educación e imponer la cultura del miedo en los centros educativos, para llevar al profesorado a la inacción. 

El alarmismo de las derechas, transmitiendo mentiras muy peligrosas asociadas a la supuesta libertad de expresión, educativa y religiosa, persigue combatir las políticas de igualdad, diversidad e inclusión, aprobando medidas para defender su adoctrinamiento y recortar la libertad del alumnado.

Celebramos que la Consejería de Educación de Canarias se haya manifestado contra el “veto parental”,  asegurando que esa medida "no tiene cabida" en el sistema educativo español pues vulnera la legislación vigente. Pero nos parece una respuesta insuficiente.

Una vez más, insistimos en que esta Institución, y el gobierno en su conjunto, han de poner en marcha medidas que aseguren que la legislación se cumple en la práctica diaria.

Nos referimos al desarrollo de leyes, como  la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que indica que “los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán la información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”, o al cumplimiento de la PNL aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en octubre de 2018 en la que “se insta al gobierno de Canarias a que se implementen políticas integrales en materia de educación afectivo sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de medios y recursos económicos, materiales y humanos, basadas en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promuevan y garanticen que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, y para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad”.

Es cierto que ante la dura realidad que estamos viviendo por la inexistencia de esta Educación Afectivo Sexual (aumento de ITS, violencia sexual, embarazos en adolescentes, soledad emocional…) mucho se habla últimamente de su necesidad. Pero las políticas educativas en Canarias (y en el Estado español) en relación a la EAS se han caracterizado por su inexistencia y/o ineficacia, dado que la Educación Afectivo Sexual no se puede restringir a acciones puntuales, a talleres voluntarios, ni se puede concretar solo en charlas de algún especialista o activista, como está ocurriendo.

Cada persona es única e irrepetible, no pertenece a nadie y tiene el derecho a recibir una Educación Afectiva y Sexual por parte de las familias, de los centros educativos, de los servicios sanitarios y sociales y de los medios de comunicación.

Una educación que ponga en el centro sus necesidades y que le posibilite que pueda construir su biografía afectiva y sexual, diversa en orientaciones (homo, hetero, bisexualidad…), en identidades (hombres, mujeres, trans*, intersexuales…) y en deseos;  construir su vida con libertad, sin elementos discriminatorios de género y libre de riesgos. Una educación que le facilite herramientas para construir relaciones diversas, guiadas por la ética relacional del placer y el bienestar compartido. Una educación en buenos tratos, en respeto, en cuidados, en humanidad.

Estos conocimientos y herramientas deben ofrecerse de forma estructurada y continuada en el aula, espacio que, al ser obligatoria la escolarización, puede garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes, en su amplia diversidad, puedan acceder a la misma.

Una Educación Afectiva y Sexual que en los centros educativos puede (y debe) contar con tiempo, materiales y docentes con competencias para implementar, en colaboración y coordinación con las familias y los servicios sanitarios y sociales, esta formación integral.  Este desarrollo requiere una apuesta decidida y comprometida por parte de los poderes públicos.

Urge la inclusión explícita en el currículo, y se necesitan medios y recursos personales y económicos para la puesta en marcha de planes de educación y atención a la sexualidad integrales, biográficos, interseccionales, desde una visión positiva del hecho sexual humano, no heteronormativa, desde la igualdad y la diversidad, con implicación de sus protagonistas, y como una responsabilidad compartida por los diferentes agentes sociales.

Pero lo cierto es que en Canarias, en la práctica, no visualizamos estos planteamientos integrales, comunitarios, que son necesarios. El actual gobierno de progreso no ha ofrecido alternativas al desmantelamiento de los planes, programas, recursos y servicios en materia de sexualidad, que llevaron a cabo varios gobiernos de Coalición Canaria, ni al modelo de Educación Afectivo Sexual que éstos implementaron,  que se sigue concretando en acciones y medidas voluntarias, puntuales, fragmentadas y deslavazadas.

Las posibilidades para educar son muchas, pero no pueden quedarse en declaraciones de buenas intenciones, ni concretarse en parches o acciones para fotos, requieren ir a la raíz del problema. 

De ahí la urgencia de atender al reiterado incumplimiento de las leyes, también por el gobierno de Canarias, que con su negligencia, cerrando los ojos ante la demostrada insuficiencia que conlleva realizar un par de charlas o talleres al año en algunos centros educativos,  está lesionando derechos de la población infantil y juvenil. Si no se desarrollan políticas públicas integrales en educación y atención a la sexualidad se permitirá que esta función la cumpla la pornografía, como primera vía de acceso al conocimiento de la erótica para las y los menores,  y unos medios de comunicación y redes sociales que van camino de convertir la sexualidad en un producto más de consumo.

Hacen falta otros modelos de vida y de relaciones que no dañen a las personas, que dignifiquen la vida y al ser humano. Y ello requiere ir más allá de declaraciones institucionales, implica dedicar recursos y tener la suficiente voluntad política para colocar las necesidades humanas en el centro de la acción política.