La penalización de la vida pública.

Viñeta  de Bernardo Vergara .el diario.es

El caso Oriol Junqueras y la penalización de la vida pública.

Federico Delgado 

América Latina es desde hace mucho tiempo una suerte de laboratorio social en el que el ejercicio de los derechos políticos se ven amenazados por el rostro del castigo penal. La amenaza se vuelve efectiva a través de las decisiones del sistema judicial que, poco a poco, mezcló para justificar las sentencias dos esferas diferentes de responsabilidad: la política y la penal. Como resultado de esa combinación, muchas veces la burocracia judicial articulada con los departamentos ejecutivos de gobierno expropia el poder político al pueblo y definen de acuerdo con sus intereses el interés público, pero, irónicamente, en nombre de la ley.

El rasgo latinoamericano también asoma su rostro en Europa. En Catalunya el caso de Oriol Junqueras es paradigmático. Tanto en la dimensión de la condena en el procés, como en la posibilidad de cumplir el mandato que le otorgó el pueblo para ejercer el cargo de Diputado Parlamento Europeo, porque en definitiva lo que parece juzgarse “penalmente” es la responsabilidad política de los representantes de un sector del pueblo que tiene un programa de organización social diferente al instituido. La “solución” penal de un problema político es diferente a la judicialización de la política. Se trata de una sedimentación institucional que desafía los cimientos de la modernidad.

En efecto, el espíritu que gobernó la creación de la estructura política de la modernidad estuvo signada por la idea de despenalizar la vida pública; es decir, por crear mecanismos que garanticen a los fideicomisarios del poder político la chance de ejercer el mandato popular sin temer la amenaza de la prisión.

La práctica de echar mano a las leyes penales para dirimir disputas políticas no es nueva. El recurso de recurrir a la responsabilidad penal de los rivales se remonta a los tiempos en que el poder giraba totalmente en derredor de las monarquías. En ese entonces, los ministros solo respondían ante el rey. Por lo tanto, a los parlamentarios no les quedaban otras alternativas que la acusación de delitos para remover a los funcionarios. Pero ello cambió desde la revolución francesa, puesto que la asamblea nacional estableció el 13 de julio de 1789 que los ministros eran moralmente responsables por sus acciones.

Es clave para comprender el límite de las dos esferas tener bien en claro que una de las bases de la modernidad para incentivar la participación política, pasaba por garantizar que los actos de la vida pública no impactaran en los derechos. Era preciso crear cortafuegos capaces de evitar que algún poder particular afectara la chance de ejercer la libertad y los patrimonios de lo actores políticos. El desplazamiento de la responsabilidad política hacia la judicial implica un claro retroceso en ese sentido y expresa la captura del poder popular.

Más allá de la faz estrictamente técnica que permite distinguir una esfera política de responsabilidad de una penal, el paso de un ámbito a otro supone dos movimientos Por un lado reemplazar los criterios políticos para juzgar acciones por los jurídicos y sustituir los criterios de oportunidad por los de legalidad. Así se generan importantes superposiciones de planos, ya que en general en materia política no se discute solo si la acción es legal o ilegal y el termómetro para asignar consecuencias disvaliosas es mucho más flexible y ligado a razones de conveniencia. Pero cuando se cambian los criterios y se reducen los comportamientos humanos a una concepción del derecho abstracta y exterior a las sociedades, cualquier acción puede ser penalizada en nombre de esa legalidad que funciona como un chaleco de fuerza y no como la expresión institucional de la voluntad popular para ordenar la convivencia social. Aquí yace la trampa.

Este es el discurso del orden. Reivindica a la democracia, pero no es democrático porque expresa la voluntad de los mandatarios del poder político, pero no la de los mandantes. Reivindica una legalidad muy singular, porque la ley es un elemento para ligar cuerpos políticos más no para fragmentarlos y enfrentarlos. Reivindica un constitucionalismo que poco tiene que ver con la idea de un texto fundacional sujeto a la contingencia de la vida social, en la medida que divide al campo político entre los que respetan una constitución petrificada, a la par que condenan a la ilegalidad a quienes pujan por redefinir dicho texto fundacional. En fin, el discurso del orden expresa la profunda intolerancia de determinados conglomerados políticos, pero lo hace en nombre de la legalidad formal que, irónicamente, carece de todo componente político. Basta invocar esa ley en sentido abstracto para prohibir a determinados ciudadanos el uso de sus derechos e incluso para encerrarlos. El caso de Oriol Junqueras, expresa esa transformación. El prestigio abstracto de la ley es la fuente de la represión.

La forma actual de la democracia neoliberal separa la esfera del estado como la de la “opresión” y apuesta a la “sociedad civil” como hogar de la libertad y la pluralidad. Sin embargo, las dislocaciones de la economía generan brutales desigualdades que en el plano real muestran lo contrario, ya que es la esfera de la sociedad civil el sitio donde se producen las mayores asimetrías. La mezcla de las responsabilidades políticas con las penales es uno de los elementos con que el poder instituido ahoga las reacciones frente a esas injusticias sustantivas. Son los jueces y fiscales los que materialmente llevan adelante esas políticas.

En ese juego el rol de los medios de comunicación masiva es decisivo para ayudar a legitimar la gramática judicial. No es factible construir legitimidad social para semejante orden, sin el auxilio de esas máquinas de producción de subjetividad que forman los conglomerados mediáticos y que con sus cataratas de mensajes consiguen inocular las rebeldías. Ese proceso se vio reforzado, al menos en América Latina, a través de la desregulación derivada del paradigma neoliberal.

El desmantelamiento de las viejas y muchas veces ineficaces disposiciones en torno las actividades empresariales ligadas a los medios de comunicación masiva, lejos de mejorar las condiciones de la competencia, potenció las antiguas relaciones y volvió más fuertes a los grupos económicos porque se intensificaron sus lazos con las tradicionales elites políticas. Las noticias se transformaron en mercancías que circulan en mercados que no son plurales, que en general son pequeños y que incentivan los intercambios al interior de las élites porque la publicidad oficial se convierte en un insumo decisivo para consolidar el esquema de medios y para vedar el nacimiento de otros. Así, las élites mediáticas se incorporaron al grupo de poder. En ese esquema, los derechos humanos se vuelven elásticos de acuerdo con los humores del poder instituido.

En consecuencia, hay una legitimación múltiple de ese tipo de poder instituido derivada de elecciones regulares, de la administración de los recursos públicos enfocada en ganar esas elecciones y en la producción de noticias que dividen el campo político en “constitucionalistas” (los ganadores) y el adjetivo que corresponda “populista”, “comunista”, al resto etc. En medio de esa articulación, se ubica la justicia. Se volvió un actor central mediante la aplicación de la ley mezclando la responsabilidad política con la penal o, si se quiere, destilando decisiones que en los hechos amenazan a la vida pública con la prisión. Solo una perspectiva republicana tiene la potencia filosófica y política para enfrentar dicha articulación, porque el estado debe respetar las concepciones del mundo de todos los ciudadanos, pero, esto es decisivo, también debe destruir los fundamentos económicos o institucionales de cualquier persona, empresa o grupo privado que amenace con desafiar con éxito el derecho del Estado republicano a definir el interés público[1]

[1] Bertomeu, María Julia y Domènech Antoni, “El republicanismo y la crisis del rawlsismo metodológico” Isegoría, 33, 2006, citado por Raventós, Daniel y Wark, Julie “Contra la Caridad” En defensa de la renta básica, Icaría Antrazyt, Barcelona 2019
Federico Delgado es abogado y politólogo. Es fiscal federal de la República Argentina, docente universitario y autor de "Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del poder judicial" (Ariel, 2018) y "La cara injusta de la justicia" (Paidós, 2016).
Fuente:
www.sinpermiso.info, 12-1-20

 NOTA DEL BLOG  .- 
 En realidad este trampantojo está como estaba  , eso sí   en guerra judicial  , el TS  español hizo    una huida hacia adelante, basándose en el conocido dicho "sostenella y no enmendalla". Nada nuevo en muchos de los órganos institucionales de este país. Pero el TJUE  dirá la ultima palabra  y no dará marcha atrás , porque es  el que afronta la unidad europea real  y  tiende a normalizar las leyes de los estados europeos ante la incapacidad política   de hacerlo  de  otro modo . Y enfrentandose a las soberanías de los estados  de la UE .

https://www.eldiario.es/contracorriente/suerte-echada_6_983811616.html 

Y Trump aprieta el gatillo .

Rafat Alkhateeb en Rebelión

 Matar a un general.

Rafael Poch 

Estados Unidos ha asesinado a una de las principales personalidades de Irán que estaba visitando oficialmente en misión diplomática un país amigo.

El mensaje del asesinato de Gasem Soleimani es la persistencia de Washington en el empeño de mantener revuelta la primera región energética del mundo e impedir cualquier distensión entre Irán y Arabia Saudí

El general Gasem Soleimani, uno de los principales hombres de Estado de Irán, fue asesinado por Estados Unidos el viernes 3 de enero. Su cortejo fue atacado por drones al salir del aeropuerto de Bagdad en una acción en la que también murieron otras seis personas, entre ellas uno de los jefes de la mayor milicia chiíta iraquí, Abu Majdí al-Mujandis. Ya sabíamos que en este mundo las grandes potencias, y en primer lugar Estados Unidos, practican la sistemática violación de la legalidad internacional, pero las características y circunstancias de este asesinato lo convierten en un extraordinario atropello, particularmente grave y provocador.

Soleimani había llegado a Bagdad como invitado del gobierno de Irak en lo que su primer ministro, Adil Abdul Majdí, describió como una “misión diplomática”. El gobierno de Irak estaba mediando para rebajar la tensión entre Irán y Arabia Saudí, asunto oficialmente bendecido por la administración de Estados Unidos. El general portaba una respuesta de Teherán a mensajes previos de los saudíes, explicó Abdul Majdí ante el parlamento en Bagdad. “Tenía que encontrarme con Soleimani la mañana que lo mataron, vino para traerme un mensaje de Irán de respuesta al mensaje que les enviamos de parte de los saudís”.(1)

Estados Unidos relacionó a Soleimani con un “inminente peligro” de acciones iraníes contra ciudadanos americanos, pero no hay prueba alguna de que estemos ante un nuevo caso de “asesinato preventivo”. Fuentes del Pentágono han reconocido la ausencia de informes sobre ataques inminentes. El general iraní llegó a Bagdad en un vuelo regular provisto de su pasaporte diplomático. No era un “viaje conspirativo”. Estados Unidos ha asesinado a una de las principales personalidades de Irán que estaba visitando oficialmente en misión diplomática un país amigo. Es como si Irán hubiese asesinado al Secretario de Estado americano y a uno de los principales generales del Pentágono al salir de un aeropuerto europeo cuando se dirigían a sostener conversaciones con la canciller Merkel o el Presidente Macron sobre seguridad europea. Algo inaudito e inimaginable: una pública y abierta declaración de guerra. Cuando el ministro de exteriores iraní Javad Zarif ha dicho precisamente eso, Washington le ha denegado el visado para asistir a la prevista sesión del Consejo de Seguridad de la ONU donde el ministro iba a denunciar el crimen. La denegación de visado es otra violación del derecho internacional relativo al estatuto de la ONU.

Soleimani era un gran estratega que alcanzó tres señaladas victorias en los últimos diecisiete años: Fue uno de los organizadores de la resistencia armada al ocupante americano en Irak tras la invasión de 2003, jugó un gran papel en la expulsión del Estado Islámico de Irak y derrotó luego al conglomerado yihadista en Siria (Estado Islámico, Al Qaeda, Al Nusra, etc.) financiado y sostenido por la CIA y las monarquías petroleras del Golfo. Fue Soleimani quien en 2015 convenció a Vladimir Putin de la conveniencia de ayudar militarmente al gobierno de Siria, que ha acabado restableciendo su control del país frustrando una nueva operación de cambio de régimen que se ha saldado con otra enorme matanza.

El mensaje que contiene este asesinato es el de la persistencia de Washington en el empeño de mantener revuelta la primera región energética del mundo, un pilar del dólar, e impedir cualquier arreglo pacífico entre Irán y Arabia Saudí.

¿Peligro de guerra?

Desde el viernes 3 de enero, todos los comentaristas anunciaban una respuesta iraní a esta “declaración de guerra” de Trump, o de sus generales, poco importa. Se olvida que esa guerra es un hecho desde hace muchos años. Históricamente comenzó con el golpe de estado contra Mossadeq, el primer ministro iraní que nacionalizó el petróleo, y prosiguió con la reacción a la Revolución Jomeinista de 1979, que indujo a Occidente a azuzar la sangrienta guerra entre Irak e Irán de los años ochenta con centenares de miles de muertos. El propio Trump lo ha recordado al amenazar con destruir 52 objetivos iraníes si Teherán se atrevía a responder al asesinato de Soleimani, un objetivo por cada uno de los rehenes que la revolución iraní tomó en la embajada de Estados Unidos en Teherán en aquella época. El Imperio no olvida. Detalle significativo: en su respuesta Trump mencionó la posibilidad de destruir entre esos objetivos algunos “importantes para la cultura iraní”, es decir algo expresamente prohibido por las convenciones internacionales de 1954 y 1977 y que colocaría a Washington a la par con los talibán que destruyeron los Buda de Bamyan y con el Estado Islámico destruyendo museos en Irak o las ruinas de Palmira en Siria.

La retirada unilateral de Estados Unidos, en mayo de 2018, del acuerdo nuclear alcanzado con Irán así como las sanciones que sufre ese país, los asesinatos de científicos iraníes y los atentados, sanciones y el bloqueo financiero y petrolero que asfixia la economía iraní, forman parte de esa guerra. Desde hace 19 meses, la exportación petrolera iraní que en 2017 era de 2,5 millones de barriles diarios ha caído a unos cuantos centenares de miles como consecuencia de las sanciones de Trump. Todo eso son motivos sobrados de guerra a los que Irán ha respondido en la medida de sus reducidas posibilidades. El asesinato del General Soleimani representa una nueva fase de esa vieja guerra.

Millones de iraníes han salido a la calle pidiendo venganza por el asesinato del General. Una movilización popular sin precedentes desde el funeral del Imán Jomeini de 1989. La prometida respuesta no era fácil para Teherán. Por un lado es enorme la desproporción de fuerzas en presencia. El Pentágono ha destacado bombarderos estratégicos B-52, de largo alcance y capacidad nuclear, en la base de Diego García desde donde se puede atacar Irán pero fuera del alcance de los misiles iraníes. Por otro, hay que satisfacer de forma convincente la indignación popular. Sea cual sea el desenlace, de momento la solución ha sido comedida. Teherán tiene armas de precisión e información detallada sobre cómo y donde hacer daño a las fuerzas americanas en la región, pero el ataque con misiles de la noche del martes se ha dirigido contra bases militares en Irak alejadas de Bagdad y de una forma aparentemente pensada para evitar muertes americanas. La prensa iraní habla de 80 víctimas, lo que podría ser farol.

Y mientras tanto en Europa…

El domingo 5 de enero, 48 horas después del asesinato en Bagdad los mandatarios de las tres principales potencias europeas, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johson, divulgaron su declaración conjunta. En ella el asesinato de Soleimani ni siquiera es mencionado.”Hemos denunciado los recientes ataques a las tropas de la coalición en Irak y estamos profundamente preocupados por el negativo papel jugado por Irán en la región, especialmente a través de los guardias de la revolución y de la unidad al-Quds bajo mando del General Soleimani”, señala la declaración. “Llamamos especialmente a Irán a abstenerse de mas violencia”, continua. En otras declaraciones personales Johnson le dijo a Trump que Soleimani “representaba una amenaza a todos nuestros intereses” y que “no lamentamos su muerte”. Macron expresó su preocupación por el papel desestabilizador de las fuerzas dirigidas por el general asesinado y el ministro alemán de exteriores Heiko Maas declaró que el General ”había dejado un rastro de devastación y sangre por Oriente Medio” y que “la Unión Europea tenía buenas razones para tenerle en su lista de terroristas”. Esta declaración hizo que Teherán convocara al embajador alemán y le censurara por su apoyo al “ataque terrorista de Estados Unidos”. Por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha responsabilizado en solitario a Irán de la escalada de tensiones en Oriente Medio y ha justificado el asesinato como  una reacción a las provocaciones sufridas por los americanos en Irak. Una vez más la “política exterior europea” queda retratada.

Es en Alemania, en la base de Ramstein, donde se encuentra el punto de mando y control de los ataques con drones de las fuerzas de Estados Unidos. Un anónimo ciudadano alemán ha presentado una denuncia en la localidad de Zweibrücken para que se elucide si el asesinato se pilotó desde Ramstein. Siendo tal acción una violación del derecho internacional y del derecho alemán, ha formulado una denuncia “contra todos los sospechosos de tal crimen en Alemania y Estados Unidos”. Quienes a estas alturas aún crean en el “estado de derecho” europeo a efectos internacionales, pueden agarrarse a ese simbólico gesto sin el menor futuro.

(Publicado en Ctxt

 Nota del blog (1) La clave es esa. .El Yemen y el intento de hablar saudíes y iraníes , donde además Arabia Saudí ha fracasado y la mayoría apoya a  los chiíes allí.
https://elpais.com/internacional/2020/01/10/estados_unidos/1578694270_803690.html?rel=mas

y ver  .. El tercer texto de este dossier habla  dela intenciones  de Israel de acabar con el http://www.sinpermiso.info/textos/el-asesinato-de-qasem-soleimani-dossier

 y ver
  
 https://www.democracynow.org/es/2020/1/10/las_mentiras_de_trump_acerca_de



  y ver ..

https://www.lahaine.org/mundo.php/vuelos-secretos-evacuan-a-fuerzas



y ver ..Reproduzco el Twiit para que se vea que es  cierto

La represión golpista en Bolivia .

Sebastián Moro

Golpe de Estado en Bolivia: La palabra verdadera en terapia intensiva
Por Claudia Korol            
El 10 de noviembre del 2019, Página12 publicaba un artículo del periodista mendocino radicado en Bolivia, Sebastián Moro, titulado: “Un golpe de Estado en marcha en Bolivia” (1). Haciendo un cuadro de los movimientos de la derecha fascista que se venían produciendo desde las elecciones de octubre -que dieron el triunfo a Evo Morales-, Sebastián señalaba en uno de sus párrafos: “… trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo, por grupos de choque de la oposición, que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.
El ataque a los comunicadores y comunicadoras, ha sido un factor central de la política golpista, que busca desinformar, amedrentar, amenazar, e incluso matar, para generar un clima de terror en el que nadie quiera denunciar lo que sucede, y de este modo legitimar a la dictadura.
Los días 8, 9 y 10 de noviembre, se desató una intensa cacería de periodistas. El 9, el director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), José Aramayo, fue tomado de rehén y atado a un árbol, donde fue maltratado por jóvenes fascistas, encapuchados, quienes además de golpear al director de la radio comunitaria, entraron a la misma, y produjeron robos y destrozos. La imagen se difundió por numerosos medios de información.José Aramayo fue detenido después por la Fuerza Espacial de Lucha contra el Crimen, que se encuentra bajo la órbita policial, acusado de “portar dinamita” y “elaborar bombas molotov”.
El mismo 9 de noviembre, Sebastián Moro había enviado el artículo mencionado a Página 12. Ese día fue su última comunicación con la familia y con sus compañeros. El domingo 10, Sebastián fue encontrado por un compañero en su domicilio, en estado de “semi inconciencia”, y fue internado de urgencia en la Clínica Rengel.
Denuncia el Informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia: “A partir de la urgente llegada de su hermana Penélope Moro a la Paz, el 11 de noviembre por la noche, para abocarse a su cuidado, se encuentran en el cuerpo de Sebastián señales que no coinciden con un ACV, como lesiones internas y externas, policontusiones y politraumatismos. Las mismas son contempladas en la “Historia Clínica” que hoy se encuentra en manos de abogados y médicos forenses pertinentes. De allí se extrae, según los especialistas, que la muerte del periodista Sebastián Moro en el marco del Golpe de Estado, es “extremadamente dudosa”, cuyos ribetes señalan hasta el momento que sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento. A esta situación se suma además que nunca fueron hallados elementos de trabajo de los que Sebastián no se desprendería con facilidad: su chamarra identificatoria como periodista de la CSUTCB, su grabador de periodista y una agenda de anotaciones”.
Con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón, la familia de Sebastián efectuó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea investigada su muerte, y otra presentación ante la Relatoría para la Libertad de Prensa del mismo organismo, ya que el hecho se enmarca en una persecución a periodistas.
El 11 de diciembre, la CIDH incluyó en su informe preliminar de la situación en Bolivia la muerte de Sebastián Moro, en el apartado “Ataques a la Prensa”. Dice allí: “Si bien el informe de su muerte hablaba de una ACV Isquémico, su cuerpo presentaba golpes”.
El crimen de Sebastián Moro no puede desconectarse de la ola de violencia contra las y los periodistas, y el ataque a los medios comunitarios producido en esos días, que de diferentes modos continúa hasta la actualidad. Continúa el informe de la Delegación Argentina: “Es importante contextualizar el caso de Sebastián Moro en la furtiva cacería de periodistas, dirigentes sociales, funcionarios públicos, y familiares de estos funcionarios, por parte de hordas opositoras, que tuvo lugar principalmente entre el 8 y el 10 de noviembre a los fines de concretar el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. Sólo entre el viernes 8 y la madrugada del 9 de noviembre, los medios comunitarios que pertenecían a las “6 Federaciones de Cochabamba” fueron incendiados y arrasados por grupos de choque”.
Esa noche en que fue asaltada la sede de las 6 Federaciones de Cochabamba (un edificio donde conviven 6 federaciones cocaleras), se destrozaron sus respectivos medios comunitarios, como la Radio Kaw-sachum, y la Radio Soberanía. También se cortaron las transmisiones de medios estatales como Canal 7, Radio Patria Nueva, Canal AbyaYala, Bolivia TV, y las/los periodistas fueron rehenes por muchas horas. En el caso del Canal AbyaYala, las autoridades del Ministerio de Comunicación amenazaron con procesar y llevar a juicio a todas las personas que tuvieron programas allá.
Iván Maldonado, director de Radio Patria Nueva, tuvo que asilarse fuera del país. Otros periodistas permanecen clandestinos. Por otra parte, se suprimió de la grilla de los canales de cable a Telesur y a Actualidad RT y el ministro del gobierno de facto Arturo Murillo, manifestó la intención de intervenir AbyaYala.
Después de concretado el golpe el 10 de noviembre, tras la asunción del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, el 13 de noviembre asumió como  “ministra de comunicación” Roxana Lizárraga, quien inmediatamente amenazó a los periodistas que no respondieran a los intereses de la dictadura, declarando que “para aquellos periodistas que están haciendo sedición vamos a actuar según la ley”…“Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, manifestó Lizárraga, y agregó que “ya se tiene identificados a estos comunicadores y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes”.
En esas convulsionadas jornadas amedrentaron a comunicadoras de la organización de mujeres “Bartolina Sisa” y de la organización social “Los Interculturales”. Ambas radios y todas las hasta aquí nombradas hoy permanecen apagadas y bajo amenaza.
Varios periodistasde medios de comunicación internacionales como Crónica TV y TN de Argentina sufrieron amenazas y fueron perseguidos por las calles de La Paz, por manifestantes que apoyaban al golpe. El camarógrafo de Telefé (Argentina) Lucio Gómez, fue agredido y anunció en un video publicado en Twitter que el canal evacuaría a su equipo, tras haber sido acusado de “sedición”.
También fueron agredidos en las calles de La Paz el periodista Rolando Graña de América TV de Argentina, y el productor Jerónimo Loguzzo (Telefé). Ellos, junto a Gómez, habían sido blanco de una campaña de desinformación: se publicaron sus nombres y fotografías en un periódico, acusándolos de incitar a la violencia. “No hay garantías para el trabajo de los equipos de TN, Crónica y Telefé”, publicó TN en su sitio web, donde denunció que los enviados argentinos padecen diversos ataques, que abarcan “desde insultos hasta el lanzamiento de objetos contra los lugares donde se hospedan o incluso contra los propios trabajadores”.
Tras las agresiones el equipo de TN fue evacuado del hotel donde se estaban hospedando. El operativo fue llevado a cabo por un grupo de élite de una fuerza de seguridad argentina.
Días después Teresa Bo, periodista argentina que se desempeña como corresponsal de la cadena Al Jazeera fue agredida por un agente de policía, que en medio de una cobertura le tiró gas lacrimógeno en los ojos. La periodista publicó el momento en sus redes sociales y en el mensaje que acompañó las imágenes aseguró que “solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así”.
La respuesta del gobierno golpista fue dada por Lizárraga quien habló con el canal TN y afirmó: “No he hecho ninguna declaración de que la prensa internacional esté haciendo sedición, existen los bloggeros digitales en el país, existe una embajada de Cuba y Venezuela que están utilizando sus medios y sus redes para desinformar y convocar a un enfrentamiento entre bolivianos. Eso se llama sedición y es un delito”.
En estas declaraciones ya se pone en la mira no solo a los medios oficiales y a los comunitarios, nacionales e internacionales. También a los bloggeros/as digitales, lo que extiende la persecución. En estos días han circulado informes de la Policía Nacional de Bolivia en los que dan cuenta de la realización de “patrullajes cibernéticos” para perseguir a quienes publiquen críticas al régimen en las redes.
Se estima que entre 50 y 70 radios del sistema nacional de radios de los pueblos originarios que emitían a nivel nacional, de la RPOs (Red Nacional de los Pueblos Indígenas y Originarios) tuvieron que apagar la señal por las amenazas. En varios lugares los sectores fascistas lograron tomar las radios y hacer sus propias trasmisiones.
El 27 de diciembre salió un requerimiento fiscal para investigar por sedición a conductores del programa “La Resistencia Radio”, donde se pide información sobre el programa y los datos de sus conductores. El programa se emitió hasta el mes de agosto de 2019. El 31 de diciembre se informó que dos funcionarios de la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Comunicación e Información) fueron detenidos por fuerzas policiales que irrumpieron en sus domicilios y sus lugares de trabajo. Fueron acusados de “Sedición y Terrorismo” por hacer publicaciones en contra del régimen. La policía mostró como pruebas un meme donde se calificaba como “Usurpadora” a Jeanine Áñez. Se trata de Alejandra Salinas y Orestes Sotomayor, integrantes de la plataforma “La Resistencia Bolivia”. Posteriormente se informó que Alejandra Salinas pasó a prisión domiciliaria, y que Orestes Sotomayor continúa detenido, y fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.
También en estos días, una notificación de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), institución pública que regula el uso de frecuencias en Bolivia, anunció que se procederá a la suspensión de la licencia otorgada en 2012  a AbyaYalaTelevisión, vigente hasta 2027. Esta amenaza de silenciamiento no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra el derecho al trabajo de más de cien personas a nivel nacional.
Hay que mencionar también otro caso denunciado por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia. Se trata de la situación de Facundo Molares Schonfeld, ciudadano argentino nacido en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, de 44 años, que se encontraba en Bolivia realizando tareas de foto-reportero para la revista digital Centenario. Denuncia la Delegación Argentina: “A fines del mes de octubre, Facundo Molares le avisa a su padre, Hugo Molares, vía WhatsApp que se encuentra enfermo, que hace días está con fiebre, que no sabe si tiene dengue o paludismo y que se estaría tratando.
 El padre pierde comunicación con Facundo por más de una semana, hasta que recibe un llamado telefónico anónimo, informándole que su hijo se encontraba mal y que iba a ser trasladado a una clínica o al Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Frente a esta situación el Sr. Hugo Molares decide viajar de urgencia a Bolivia, junto a su pareja, llegando a Santa Cruz de la Sierra alrededor de las 20 del día 12 de noviembre de 2019. …

 Al llegar al hospital, el Sr. Hugo Molares encuentra a su hijo con asistencia respiratoria mecánica y en coma. Allí se le informa que su hijo Facundo no presenta heridas recientes de ningún tipo y se le exhibe una placa radiográfica con la presencia de varios impactos símil a perdigones de plomos alojados en su cabeza, informándole que los mismos son de vieja data y no revisten peligro por el momento, según el resultado de una interconsulta realizada por él, con un neurocirujano. Tampoco registraba heridas o sangrado ni orificio de entrada ni hematomas provocados por los perdigones. El motivo de su estado y posterior internación lo constituía una insuficiencia renal aguda. …

 Debido a las situaciones de abierto conflicto social con gran cantidad de heridos e incluso asesinados, al ingresar Facundo Molares al Hospital Japonés se informó a las fuerzas de seguridad. Una vez identificado Facundo, se estableció que había pertenecido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a partir de ese instante se ordenó su detención. Cabe destacar que Facundo no tiene ninguna causa judicial en su contra en tierra colombiana y como es de público conocimiento, la organización a la que pertenecía se acogió a un proceso de paz, depuso las armas y se incorporó a la vida política institucional de dicho país…. El juez ordenó su reclusión en el Centro de Rehabilitación “Santa Cruz – Palmasola…
 Pocos días después se ordenó un nuevo traslado, esta vez al Penal de Máxima Seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad del Alto en La Paz. Este lugar no cuenta con las condiciones sanitarias mínimas ni posee Centro de Salud para poder garantizar una atención elemental frente a un cuadro tan complejo como el que padece Facundo Molares. Debe destacarse que Facundo necesita atención especializada constante, controles y estudios de distinta índole e incluso requeriría tratamiento de hemodiálisis. …
 En conferencia de prensa el senador devenido en Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo llevó a límites grotescos la utilización política de la detención de Facundo presentándola como un caso de “narcoterrorismo” enmarcado en una “conspiración contra América” financiada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y con vínculos locales con el depuesto Vicepresidente Álvaro García Linera. …
 Sin embargo, la realidad es que Facundo Molares ingresó al Hospital con un cuadro agudo de insuficiencia renal, que motivó su internación en terapia intensiva, siendo inducido a un “coma farmacológico” por la gravedad de su enfermedad. Su ingreso, su afección de salud y su estado nada tienen que ver en principio con situación de confrontación o enfrentamiento alguno…

 El padre de Facundo, Hugo Morales, pudo estar en contacto con su hijo 15 minutos, ya que al concurrir a una farmacia a comprar la medicación solicitada por los médicos del hospital, fue interceptado junto a su pareja por un vehículo policial que los trasladó hasta una dependencia policial donde fue retenido por 22 horas, y liberado bajo la expresa amenaza de que se fueran de Bolivia y no regresaran, ya que eso les costaría la vida”.
La verdad en terapia intensiva

Resulta claro que todas estas denuncias son parte de una sistemática actuación de la dictadura boliviana para desinformar, y para crear la idea de que el gobierno de Evo Morales, destituido por el golpe de Estado, era parte de una trama criminal a la que se debe combatir suprimiendo de cualquier modo a quienes hoy denuncian los crímenes del Estado terrorista y de las bandas fascistas que prepararon el asalto al poder.
Lejos de las miradas que intentan presentar al golpe como una simple sucesión constitucional frente “a la renuncia del presidente”, es evidente que estamos ante políticas de la dictadura que tienen un punto muy fuerte en la represión al pueblo, los golpes a las mujeres, la persecución a las y los dirigentes populares, y un énfasis especial en la supresión de la libertad de expresión, y la persecución de las y los comunicadores/as del pueblo. Destruir medios de comunicación, como las radios comunitarias, canales de TV, intervenirlos, agredir, apresar, o atacar hasta la muerte a periodistas, “es” en sí parte de la política golpista.
La débil reacción nacional e internacional frente a estos hechos, es expresión de una perspectiva racista a la que no le resulta grave que las voces indígenas, campesinas, de las mujeres, del pueblo en resistencia, sean acalladas, mientras en los canales de la TV del régimen, continúan los reality shows, y las fiestas del poder.
En ese marco, resulta necesario alertar sobre los riesgos de bajar la guardia de la solidaridad internacional, confiando en el proceso electoral como estrategia central de recuperación del poder del pueblo boliviano. Es necesario desorganizar la muralla de silencio mediático, desde las acciones solidaridad de los pueblos. Generar lazos, hacer presencia, promover nuevas delegaciones solidarias, que eviten el aislamiento de Bolivia. Resulta imprescindible que los pueblos y los gobiernos que se reconocen como democráticos, condenen al golpe de estado, y exijan el respeto a la libertad de expresión, a la posibilidad de que el debate político pueda realizarse sin proscripciones de políticos/as, líderes sociales, periodistas, activistas comunitarios presos/as o judicializados/as. Que se termine con el miedo y con el silencio. Que se creen las condiciones para que las políticas racistas, patriarcales, coloniales, sean acorraladas, y pueda expresarse la legítima voluntad del pueblo.

Para ello es urgente que se realicen Campañas internacionales por Justicia para Sebastián, Libertad para Facundo y para todos/a los presos/as políticos/as, justicia para las víctimas del golpe de Estado, que se atienda con urgencia a los y las heridas, que se investiguen los crímenes y se garantice el respeto a la autodeterminación del pueblo boliviano.

www.nodal.am/2020/01/golpe-de-estado-en-bolivia-la-palabra-verdadera-en-terapia-intensiva-por-claudia-korol/

Nota del Blog . El articulo de  Sebastián Moro en Página 12

https://www.pagina12.com.ar/230124-un-golpe-de-estado-en-marcha-en-bolivia

 y ver ..
https://www.elancasti.com.ar/internacional/2019/11/13/bandas-violentas-asolan-la-paz-toman-como-rehenes-periodistas-419011.html

El TS y el sistema judicial europeo .

El Tribunal Supremo se sale del sistema judicial europeo

José Antonio Martín Pallín

Ctxt

Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan

No se trata de todo el Tribunal Supremo sino de una parte de la Sala Segunda que ha intervenido en la tramitación del proceso contra los políticos catalanes acusados de rebelión que ha terminado con la condena por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. A partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de diciembre de 2019, en el caso de Oriol Junqueras, se ha desencadenado un debate en nuestro país sobre el alcance y efectos de las resoluciones de la justicia europea, cuando, en el ámbito de su competencia, resuelve sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal que sin esperar la contestación redacta una sentencia condenatoria.

Un reciente artículo publicado en El País, por Diego López Garrido, uno de los pioneros y el mejor especialista en Derecho Europeo y en el funcionamiento de sus instituciones, concedía a la sentencia un carácter innovador en relación a la toma de posesión de los parlamentarios europeos electos, en el caso de España, proclamados oficialmente en el BOE de 14 Junio de 2019. Al margen de sus consideraciones, que comparto en casi su totalidad, con algunas matizaciones, era de esperar la reacción carpetovetónica y en cierto modo, nostálgica del Imperio y la autarquía, de algunos sectores políticos y de gran parte de la opinión publicada o difundida.

Ese nacionalismo resistente a los cambios o “injerencias” extranjeras siempre pensé que era minoritario porque la mayoría de los españoles soñamos, en su momento, con equipararnos a los europeos que consiguieron articular un sistema de valores democráticos al que no podíamos ser ajenos. La integración en la Unión Europea ha servido para asimilarnos a democracias con más trayectoria histórica y por otra parte, sus fondos de cohesión nos han ayudado, entre otras cosas, a dar un salto espectacular en nuestras infraestructuras.

En el campo de la justicia, los jueces españoles adquirieron hábitos y culturas que habían sido ajenos a nuestra formación tradicional, enquistada en una concepción, exclusivamente literal, de las normas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasó a integrarse en nuestro sistema judicial convirtiéndose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurídico emanado de los órganos comunitarios, al mismo tiempo que los jueces españoles se convertían en jueces comunitarios, obligados a la aplicación de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto.

Con las naturales controversias que suscita la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, el sistema ha funcionado con absoluta normalidad, hasta que se agudizó el conflicto catalán. Atajada la “Hoja de ruta” que diversos partidos políticos catalanes sometieron a la voluntad de los electores con la declaración de su inconstitucionalidad y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, alguien decide que el fiscal general del Estado formule una querella contra los políticos catalanes que componían el Govern de la Generalitat y la presidenta del Parlament, calificando los hechos como una rebelión sin el uso de armas de fuego, sustituidas por leyes publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat, por la convocatoria de un referéndum, seguido de votaciones en sede parlamentaria y con una declaración de independencia condicionada a la apertura de un diálogo con el Gobierno central.

No es el propósito de este artículo entrar en el análisis del procedimiento ni de la sentencia que le puso fin; solo pretendo denunciar dos actitudes, una del juez instructor y otra de la Sala sentenciadora, que se sitúan al margen de los compromisos internacionales asumidos por España y nos exponen al reproche de los órganos de justicia de la Unión Europea y al desprestigio y la crítica de la comunidad jurídica europea e internacional.

Todos los que nos movemos en el mundo jurídico sabemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el reflejo del compromiso internacional con la búsqueda de la paz, la concordia y la buena fe en las relaciones entre los Estados. Nuestra Constitución nos recuerda que los Convenios Internacionales firmados por España y aprobados según las normas constitucionales forman parte del ordenamiento jurídico español.

Después de su ingreso en la actual Unión Europea, España se incorporó a la decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la Orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Nuestro país se comprometió, dentro del sistema de libertad, seguridad y justicia, a cumplir con las normas que regulan su funcionamiento.

La decisión marco, que ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico y publicada en el BOE, con fecha 31 de diciembre de 2003, es suficientemente clara al delimitar los casos en los que se puede emitir por un juez nacional una orden de detención y entrega dirigida a un juez de otro país.

La detención y entrega solo funciona automáticamente en el caso de los 32 delitos que figuran en el texto de la Directiva, cuyo catálogo ha sido aceptado por todos los países firmantes, incluido España. Fuera de estos específicos delitos, los jueces del Estado requerido tienen la facultad de examinar todos y cada uno de los datos que se contienen en la petición para decidir si accede a ella, total o parcialmente, o si la deniegan en su totalidad.

El juez instructor del Tribunal Supremo, Sr. Llarena, emite una orden de detención y entrega, dirigida inicialmente a la Justicia de Bélgica, ya que era público y notorio que las personas requeridas se encontraban en ese país. La respuesta de los jueces belgas no se hizo esperar. Después de llamar a las personas implicadas para que compareciesen y alegasen lo que estimaran pertinente, se produjo la tramitación y la respuesta. Bélgica estaba dispuesta a entregar a Puigdemont y Comín solo por los delitos de malversación y desobediencia, pero no encontraba en la petición elementos de hecho suficientes para estimar la existencia de un delito de rebelión. La respuesta del juez instructor resultó insólita, al rechazar la entrega en estas condiciones. No obstante, la orden siguió vigente y los afectados se movieron por el territorio europeo con absoluta libertad y localización, sin que en ningún caso se les pueda considerar como fugados, ya que han demostrado estar dispuestos a acatar las decisiones de los jueces de los países requeridos.

Posteriormente Puigdemont es interceptado en Alemania y el Tribunal del Estado de Schleswig-Holstein rechazó la entrega por el delito de rebelión. Esta respuesta repetida debió advertir al juez y al Tribunal Supremo que, en el ámbito democrático europeo, no podía equipararse la “hoja de ruta” seguida por los independentistas catalanes con un delito de rebelión. Lejos de aceptar la decisión, respetar el acuerdo firmado por el Estado español y continuar el procedimiento en los términos en los que se habían pronunciado los jueces extranjeros, el juez Llarena le da una patada al tablero de ajedrez y adopta la insólita decisión de retirar las órdenes de detención y entrega, cuando había tenido la oportunidad de que fueran entregados a España con esta limitación. En definitiva, aunque no de manera explícita, el juez español venía a manifestar que los jueces belgas y alemanes habían prevaricado.

 Creo que es una muestra, lo suficientemente expresiva, de una decisión unilateral de ruptura y salida del orden judicial europeo. Como es lógico, llovieron las críticas desde diversos sectores jurídicos y con toda seguridad, los países de los jueces que habían tramitado la orden se vieron sorprendidos por un reproche que no tenía precedentes en el ámbito de la Orden Europea de Detención y Entrega. Hasta tal punto que nos encontramos ante un supuesto en el que se omite el deber de perseguir delitos, al rechazar que se les juzgase por los delitos de malversación y desobediencia.

El segundo acto de ruptura con el orden jurídico europeo acaba de producirse hace unos días, cuando el 19 de diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano supremo de interpretación y aplicación de la normativa europea, decide que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad por haber adquirido la condición de parlamentario europeo desde el momento en que figuraba en las listas oficiales que el BOE había publicado y enviado con fecha 14 de junio de 2019 al Parlamento Europeo.

 Esta inmunidad no solamente le protegía sino que debería ser puesto en libertad hasta que el Parlamento Europeo recibiese una petición de suplicatorio para que se levantase la inmunidad parlamentaria.
Esta decisión de carácter ejecutivo, y que afecta a un valor superior de nuestra Constitución como es la libertad, no sólo no fue cumplida, en sus propios términos, sino que en el momento de escribir estas líneas todavía no se ha cumplimentado la decisión.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo no actuó de oficio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. A todos los jueces europeos y también a muchos nacionales les resulta incomprensible que el más Alto Tribunal de España se haya saltado las reglas de tramitación de las cuestiones prejudiciales y, con una exhibición de arrogancia, haya dictado sentencia sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquier juez español sabe perfectamente que si plantea una cuestión prejudicial debe suspender la tramitación del procedimiento hasta recibir la respuesta que ha solicitado. Parece que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o lo ignoran, cosa que no creo, o se han creído que están por encima de la ley, saliéndose, una vez más, del sistema judicial que están obligados a respetar.
Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles. Sin perjuicio de la decisión, en su momento, del Parlamento Europeo, nos encontramos en una situación incómoda e indeseable para el prestigio de nuestra justicia. Quizá no somos tan europeos ni tan demócratas. Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan.



José Antonio Martín Pallín es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)

El programa de la derecha de extremo centro , solo insultos .

 

Los 19 insultos que Pablo Casado le ha dedicado a Pedro Sánchez



Por Alfredo Pascual


Huffingtonpost.es y El Plural .

Este miércoles, a raíz del anuncio del Gobierno de la creación de la figura de un relator en la negociación con Cataluña, Pablo Casado ha convocado una rueda de prensa para programar una manifestación contra el Ejecutivo para este domingo y exigir a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones, bajo un discurso insultante y un tono con pocos precedentes en la historia de la democracia española.

Y es que, la comparecencia del líder popular ha destacado por la ristra de acusaciones, insultos y desprecios al presidente del Gobierno, a quien ha llegado a acusar de ser "el mayor felón de la historia democrática de España", "el mayor traidor que tiene nuestra legalidad" además de acusarle del grave delito de "alta traición".

 Para Casado, Sánchez está siendo el causante de "lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23-F", además de catalogarle de "ilegítimo" a pesar de que llegara a la presidencia del Ejecutivo a través de una maniobra democrática y reconocida en la Constitución como es la moción de censura.

Tal es el grado de beligerancia de Pablo Casado que ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con "un presidente que comete delitos de narcotráfico". Por otra parte, ha señalado que está "desligitimado para seguir al frente del Gobierno de España, cada día que pasa, es un escarnio a la historia democrática de este país".

Asimismo, la ristra de acusaciones ha seguido con un ritmo frenético. Como si de un muñeco a cuerda se tratara, Casado ha llamado a Sánchez en apenas segundos "irresponsable, incapaz y desleal que está cometiendo alta traición contra los intereses de nuestro país", además de                                "mentiroso compulsivo". Ante todos estos insultos, Casado ha finalizado afirmando que "no son descalificaciones, son descripciones"

Preguntado por si ha endurecido el discurso, Casado ha comentado: "Parece evidente. Esto no son calificaciones, son descripciones. Calificaciones son las que hacían ellos de decir que el señor Aznar era un asesino o que Rajoy era indigno, eso son calificaciones falsas. Decir que una persona es indigna cuando estás pactando con independentistas o que es un incompetente al no saber gestionar la economía o que hace el ridículo en la gestión de Venezuela, todo eso es una descripción".

A continuación la lista completa de las descalificaciones utilizadas por Casado:

Traidor.

Felón.

Ilegítimo.

Chantajeado.

Deslegitimado.

Mentiroso compulsivo.

Ridículo.

Adalid de la ruptura en España.

Irresponsable.

Incapaz.

Desleal.

Catástrofe.

Ególatra.

Chovinista del poder.

Rehén.

Escarnio para España.

Incompetente.

Mediocre.

Okupa.

Narcotraficante  ,(  serán 20)


  ver video.

 https://youtu.be/278xHHXfSO4

La guerra sucia del Estado profundo (2)

 Ubú rey   , en títeres

La JEC usurpa las funciones del Tribunal Supremo

La guerra sucia del Estado profundo

Jesús Gellida

Rebelión

La Junta Electoral Central, un órgano administrativo, ha inhabilitado al presidente Quim Torra y al eurodiputado Oriol Junqueras en una decisión inédita –por incompetente y vergonzosa– contra las instituciones de la Generalitat, el autogobierno catalán y la soberanía popular.

La JEC ha usurpado las funciones del Tribunal Supremo, se ha desentendido de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y ha actuado como brazo jurídico de la derecha y la ultraderecha española infligiendo un golpe institucional por la puerta trasera, siempre con el inestimable apoyo de la incendiaria caverna mediática madrileña.

Un intento de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez y de hacer inviable el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podamos. En este sentido, el PSOE está recibiendo las consecuencias de lo que él mismo sembró en los años del Procés, con la amenaza constante del 155 y comprando los argumentos de la derecha más rancia.
No obstante, después de los resultados de las elecciones del 10-N, Sánchez está obligado a ceder si quiere obtener su primera investidura exitosa, condicionado por la mayoría de las fuerzas soberanistas de todo el Estado.
La decisión de la JEC –que entona el ‘a por ellos’– es un ataque más del Estado profundo a la política catalana pero, también, a la española; que se suma a una negra lista de operaciones dirigidas desde las cloacas para mantener el control de un Estado que hace aguas.
 Un colofón a unas prácticas oscuras como las que se llevaron a cabo en la operación de desestabilización económica y social durante el otoño del 2017 promoviendo el cambio de sedes sociales de empresas; o como las continuas maniobras represivas contra el independentismo, con la deshinchada operación Judas contra los CDR acusados de terrorismo como paradigma del descrédito de la justicia española.
Una vez más la política catalana volverá a estar en manos del Tribunal Supremo. Torra y Junqueras pueden recorrer la decisión de la JEC presentando recurso al alto tribunal español para la protección de derechos fundamentales y pedir que suspenda su inhabilitación aplicando medidas cautelares.

El TS resolverá, en breve, sobre si acepta o no las cautelares y el recurso. Una decisión que afectará directamente a una legislatura catalana que cuelga de un hilo. Al respecto, la respuesta del Parlament no se ha hecho esperar y la mayoría independentista de la cámara catalana ha rechazado la resolución de la JEC, ratificado a Torra y reconocido que el único marco jurídico aplicable en este caso es la ley de presidencia y el reglamento del Parlament.
 Una resolución política que veremos si cuando se tenga que afrontar la ejecución de la inhabilitación comporta una nueva desobediencia o un acatamiento que precipitaría los escenarios. El texto también apoyaba a Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont para ejercer como eurodiputados, y reivindicaba la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía.
 Puntos que han hecho que los Comuns se abstuvieran (excepto con el apoyo al rechazo a la decisión de la JEC); mientras que el PSC ha hecho gestos –insuficientes– criticando la JEC y alejándose de las tesis de PP y Ciudadanos.
Un Estado profundo que se tambalea cuando oye hablar de plurinacionalidad, de nación de naciones, de autodeterminación y que, esta vez, no ha dudado en instrumentalizar ideológicamente la JEC cuando ha visto que es factible un gobierno de izquierdas que empiece a dialogar para abordar políticamente la cuestión catalana.
En esta coyuntura un cambio de guion es indispensable, donde la intransigencia se convierta en diálogo y negociación para dejar atrás la vía judicial y represiva, y para poner hilo a la aguja en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida

Nota del blog  .   Respuesta de  Ferrajoli  sobre su conferencia en Roma.  Que fue reproducida en este blog   el 15/12/ 2019 ... 
http://elfalansteriodetheleme.blogspot.com/2019/12/luigi-ferrajoli-dura-critica-contra-la.html
Las palabras de Ferrajoli levantaron ampollas entre la academia española y causaron malestar. Perfecto Andrés Ibañez, magistrado jubilado de la sala segunda del Supremo, y Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, le escribieron un correo pidiéndole explicaciones después del artículo publicado en VilaWeb  e ahí la respuesta  publicada  en el País .
https://elpais.com/elpais/2019/12/28/opinion/1577552586_705550.html

 La discrepancia de  los miembros de la JEC ..
https://www.elnacional.cat/es/politica/miembros-jec-inhabilitar-torra-competentes_457815_102.html

La guerra sucia del Estado profundo (1) ..

 

Ubú rey como JEC 

A hierro y fuego


Joan J. Queralt 04/01/2020


Desde 2017 vivo, como jurista y ciudadano, unos momentos que creía que nunca más volvería a vivir: el uso espurio del Derecho, diciendo que se hace uso del estado de derecho. La ley, sea del tipo que sea, es la que manda. El Derecho ha pasado a mejor vida. Así es, cada día se avanza más en la desconexión, entre muchos otros, del artículo 1. 1 de la Constitución, que define los valores superiores del ordenamiento jurídico (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político ), del artículo 9. 3, que proscribe la arbitrariedad, o del artículo 103. 1, que somete la administración, o, en consecuencia, a todos los poderes públicos a la ley y al derecho, elementos, términos y conceptos claramente diferentes. Sin estos elementos no hay interpretación legítima posible conforme a la Constitución.

Hoy [por 3 de enero, N. de la R.] hemos sabido que la Junta Electoral Central (JEC), órgano administrativo especializado en la tutela del derecho de sufragio y dependiendo de facto de las Cortes Generales, ha decretado la incompatibilidad sobrevenida del presidente Torra del cargo de diputado autonómico al haber sido condenado en primera instancia, aunque la sentencia no sea firme, por un delito contra la administración. Por otra parte, avanzado por lo que parece ser uno de los que manda realmente, Pablo Casado, hemos sabido que Oriol Junqueras ha sido privado de su condición de eurodiputado.

Vayamos por partes. En cuanto al presidente Torra no ha sido, por ahora, despojado de nada. No hay resolución de la JEC, sólo, de forma excepcional, se ha avanzado el acuerdo y la existencia de seis votos particulares, tres de los ocho magistrados del Tribunal Supremo y tres de los cinco catedráticos de derecho constitucional y ciencia política que integran la JEC. Significativa esta división.

La JEC, en cuanto tenga redactada la resolución, votos particulares incluidos, la hará llegar a la Junta Electoral de Barcelona para que la ejecute. Es decir: esta última se dirigirá al Parlamento de Cataluña para comunicarle que Torra ya no es diputado por orden de la JEC y haciéndole saber quién es su sustituto, el siguiente de la lista de JuntsxCat por la provincia de Barcelona. Ahora bien, seguro que el Parlamento no hará, no puede hacer, de estafeta.

Por dos motivos, el Parlamento es inviolable (art. 55. 3 del Estatuto de Cataluña). Por lo tanto, aunque parezca mentira no puede recibir órdenes de nadie. Y menos aún de un órgano administrativo. En segundo término, cierto que el Estatuto de Cataluña se aprobó por Ley orgánica, pero no es una ley orgánica: ni por el contenido ni por tramitación (es una iniciativa exclusiva del Parlamento y al final debe ser aprobado en referéndum). Pertenece a dicho bloque de constitucionalidad (art. 28 Ley del TC), bloque al que no pertenece el régimen electoral o el código penal, ambos leyes orgánicas. Una cosa es el vestido, ley orgánica, y otro el contenido material, la autonomía constitucional reconocida en el artículo 2 de la Constitución.

Así, la brama madrileña de esta tarde afirmando que el presidente Torra estaba depuesto efectivamente es interesadamente falaz y golpista, en suma. Al momento actual no hay en puridad ninguna resolución.

En cuanto a Junqueras, parece ser que la JEC desconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), la sentencia de 19 de diciembre sobre cuando un eurodiputado es eurodiputado y, por tanto, inmune. Decir, como ha adelantado su portavoz de facto Pablo Casado, que condenado Junqueras a pena de prisión ha perdido su condición de eurodiputado, es una falacia. Incluso la abogada del Estado no lo comparte. Junqueras ha sido condenado cuando no debería haber sido condenado, dado que el Tribunal Supremo (TS) pidió una opinión vinculante sobre su status al TUE. Parece que, como Dios, algunos jueces españoles quieren escribir recto con renglones Torcidos.

Estamos ante un golpe institucional que pretende varios objetivos. Por un lado, aniquilar la resistencia pacífica, democrática y en derecho de un sector claramente dominante de la sociedad y las instituciones catalanas, independentistas o no. En segundo término, y en el momento actual, impedir el acceso de la Moncloa de un gobierno de coalición de centro-izquierda. Un centro-izquierda, todo hay que decirlo, apoyado por el inteligente centroderecha del PNV -alérgico los fanatismos carpetovetónicos- y otros partidos emergentes. Dicho de otro modo: peligroso para los privilegiados consagrados por el PP y por Ciudadanos -sus despojos ahora-. Lo que pretende la coalición de centro-izquierda es de una centralidad europea absolutamente dentro del molde.

Con las declaraciones conocidas hoy de la JEC lo que queda escandalosamente claro es que La Moncloa podrá controlar la Administración en sentido estrictísimo, pero no el Estado. El Estado, como ha demostrado uno de sus portavoces hoy, Pablo Casado, lo controlan otros. La administración es poder, pero el Estado parece disponer de más.

La batalla por el control de la situación, como ha puesto de manifiesto la fúnebre declaración de Adriana Lastra, es sin cuartel, en campo abierto. El PSOE a estas alturas disfrutará de la medicina del "todo vale" contra el enemigo que él ha contribuido a recetar, fabricar y administrar. Ahora el PSOE conocerá bien el percal y que el Estado, el Estado con mayúsculas, quiere continuar dando.



O dicho en plata: PSOE, ¡bienvenido a la apisonadora de la democracia!

Joan J. Queralt  tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la abogacía y, actualmente, es catedrático de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona.

Fuente:

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-degolla_456972_102.html

Traducción:

Roger Tallaferro