Ubú rey como JEC
A hierro y fuego
Joan J. Queralt 04/01/2020
Desde 2017 vivo, como jurista y ciudadano, unos momentos que
creía que nunca más volvería a vivir: el uso espurio del Derecho, diciendo que
se hace uso del estado de derecho. La ley, sea del tipo que sea, es la que
manda. El Derecho ha pasado a mejor vida. Así es, cada día se avanza más en la
desconexión, entre muchos otros, del artículo 1. 1 de la Constitución, que
define los valores superiores del ordenamiento jurídico (la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político ), del artículo 9. 3, que
proscribe la arbitrariedad, o del artículo 103. 1, que somete la
administración, o, en consecuencia, a todos los poderes públicos a la ley y al
derecho, elementos, términos y conceptos claramente diferentes. Sin estos
elementos no hay interpretación legítima posible conforme a la Constitución.
Hoy [por 3 de enero, N. de la R.] hemos sabido que la Junta
Electoral Central (JEC), órgano administrativo especializado en la tutela del
derecho de sufragio y dependiendo de facto de las Cortes Generales, ha
decretado la incompatibilidad sobrevenida del presidente Torra del cargo de
diputado autonómico al haber sido condenado en primera instancia, aunque la
sentencia no sea firme, por un delito contra la administración. Por otra parte,
avanzado por lo que parece ser uno de los que manda realmente, Pablo Casado,
hemos sabido que Oriol Junqueras ha sido privado de su condición de
eurodiputado.
Vayamos por partes. En cuanto al presidente Torra no ha
sido, por ahora, despojado de nada. No hay resolución de la JEC, sólo, de forma
excepcional, se ha avanzado el acuerdo y la existencia de seis votos
particulares, tres de los ocho magistrados del Tribunal Supremo y tres de los
cinco catedráticos de derecho constitucional y ciencia política que integran la
JEC. Significativa esta división.
La JEC, en cuanto tenga redactada la resolución, votos
particulares incluidos, la hará llegar a la Junta Electoral de Barcelona para
que la ejecute. Es decir: esta última se dirigirá al Parlamento de Cataluña
para comunicarle que Torra ya no es diputado por orden de la JEC y haciéndole
saber quién es su sustituto, el siguiente de la lista de JuntsxCat por la
provincia de Barcelona. Ahora bien, seguro que el Parlamento no hará, no puede
hacer, de estafeta.
Por dos motivos, el Parlamento es inviolable (art. 55. 3 del
Estatuto de Cataluña). Por lo tanto, aunque parezca mentira no puede recibir
órdenes de nadie. Y menos aún de un órgano administrativo. En segundo término,
cierto que el Estatuto de Cataluña se aprobó por Ley orgánica, pero no es una
ley orgánica: ni por el contenido ni por tramitación (es una iniciativa
exclusiva del Parlamento y al final debe ser aprobado en referéndum). Pertenece
a dicho bloque de constitucionalidad (art. 28 Ley del TC), bloque al que no pertenece
el régimen electoral o el código penal, ambos leyes orgánicas. Una cosa es el
vestido, ley orgánica, y otro el contenido material, la autonomía
constitucional reconocida en el artículo 2 de la Constitución.
Así, la brama madrileña de esta tarde afirmando que el
presidente Torra estaba depuesto efectivamente es interesadamente falaz y
golpista, en suma. Al momento actual no hay en puridad ninguna resolución.
En cuanto a Junqueras, parece ser que la JEC desconoce la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), la sentencia
de 19 de diciembre sobre cuando un eurodiputado es eurodiputado y, por tanto,
inmune. Decir, como ha adelantado su portavoz de facto Pablo Casado, que
condenado Junqueras a pena de prisión ha perdido su condición de eurodiputado,
es una falacia. Incluso la abogada del Estado no lo comparte. Junqueras ha sido
condenado cuando no debería haber sido condenado, dado que el Tribunal Supremo
(TS) pidió una opinión vinculante sobre su status al TUE. Parece que, como
Dios, algunos jueces españoles quieren escribir recto con renglones Torcidos.
Estamos ante un golpe institucional que pretende varios
objetivos. Por un lado, aniquilar la resistencia pacífica, democrática y en
derecho de un sector claramente dominante de la sociedad y las instituciones
catalanas, independentistas o no. En segundo término, y en el momento actual,
impedir el acceso de la Moncloa de un gobierno de coalición de
centro-izquierda. Un centro-izquierda, todo hay que decirlo, apoyado por el
inteligente centroderecha del PNV -alérgico los fanatismos carpetovetónicos- y
otros partidos emergentes. Dicho de otro modo: peligroso para los privilegiados
consagrados por el PP y por Ciudadanos -sus despojos ahora-. Lo que pretende la
coalición de centro-izquierda es de una centralidad europea absolutamente
dentro del molde.
Con las declaraciones conocidas hoy de la JEC lo que queda
escandalosamente claro es que La Moncloa podrá controlar la Administración en
sentido estrictísimo, pero no el Estado. El Estado, como ha demostrado uno de
sus portavoces hoy, Pablo Casado, lo controlan otros. La administración es
poder, pero el Estado parece disponer de más.
La batalla por el control de la situación, como ha puesto de
manifiesto la fúnebre declaración de Adriana Lastra, es sin cuartel, en campo
abierto. El PSOE a estas alturas disfrutará de la medicina del "todo
vale" contra el enemigo que él ha contribuido a recetar, fabricar y
administrar. Ahora el PSOE conocerá bien el percal y que el Estado, el Estado
con mayúsculas, quiere continuar dando.
O dicho en plata: PSOE, ¡bienvenido a la apisonadora de la
democracia!
Joan J. Queralt
tiene
una larga trayectoria en el ejercicio de la abogacía y, actualmente, es
catedrático de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona.
Fuente:
https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-degolla_456972_102.html
Traducción:
Roger Tallaferro
