Las redes 'sociales' y el golpe en Bolivia

Las redes 'sociales' y el golpe contra Evo

  Maria Cafferata

Se crearon más de 4500 cuentas en twitter sólo para legitimar el golpe de Estado

Los defensores del golpe de Estado en Bolivia buscaron lavarle la cara al nuevo régimen en las redes sociales. Como parte de una campaña que busca legitimar la destitución del presidente Evo Morales, se detectó que, en el último par de días, se crearon más de 4500 cuentas nuevas que, sin tener casi ningún seguidor, accionaron en twitter para instalar el hashtag #BoliviaNoHayGolpe.
"Hubo una clara acción coordinada de apertura de cuentas para darle volumen a esta conversación", declaró a Página/12 Luciano Galup, especialista en comunicación política y escritor del libro "Big Data y Política". Galup, director de la consultora Menta Comunicación, fue quien dio a conocer ayer que había miles de mensajes contra la figura de Evo provenientes de cuentas que casi no tenían seguidores:
"Son 3612 las cuentas que participaron del #BoliviaNoHayGolpe y tienen entre cero y un seguidor. Y lo más escandaloso es hay 4492 cuentas que se crearon entre ayer [por el martes] y hoy para participar del HT. Crearon 4492 cuentas en dos días", tuiteó. Si bien reconoció que muchas de estas cuentas podrían ser genuinas - producto de una sociedad en efervescencia que, frente a la crisis, se abre una cuenta para poder participar -, Galup aseguró que la mayoría habían sido creadas para instalar un sentido favorable a la interrupción democrática en Bolivia a nivel mundial.
Y lo más curioso es que la amplia mayoría de esas cuentas fueron creadas en Virginia, EEUU, donde tiene su sede la CIA. Asímismo, en ese estado yanqui hasta la médula, esos hashtags fueron tendencia,
"Ese tipo de acciones coordinadas no tienen mucho impacto en la política doméstica. Un Trending Topic no tiene efectividad sobre la gente que vive esas experiencias y ocupa esos territorios. Pero a nivel mundial pueden funcionar como propaganda", explicó Galup. Para el analista, la campaña en redes contra Evo tiene como objetivo legitimar el golpe y lavarle la cara al gobierno ilegítimo entrante. "Las dictaduras y los golpes de Estado necesitan legitimarse frente al concierto de naciones porque pueden haber sanciones. Funciona como una política exterior, no una doméstica", aclaró.

 Canal 9  tv

El odio al indio .

Por: Álvaro García Linera

El fascismo, el odio racial, no sólo es a expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los

indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

 Álvaro García Linera  era el vicepresidente  de Bolivia.

https://www.celag.org/

  Una entrevista con Linera

 https://www.lahaine.org/mundo.php/garcia-linera-no-supimos-entender

Mendoza Post
 El Gobierno interino de Bolivia de la autoproclamada presidente Jeanine Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión.
 Áñez  en contra de lo que dijo la prensa  no tenía ningún rol en la sucesión constitucional, que es: presidente, vicepresidente y presidenta del Senado. Ella es presidenta de una comisión del Senado. No reconocen el órgano constitucional, y un militar coloca la banda.

Además, para aceptar la renuncia del presidente y el vicepresidente se tienen que reunir ambas Cámaras, y leer allí las renuncias. Pero no hubo convocatoria de la Asamblea porque sólo tienen un tercio de los escaños. Así que se reunió ese tercio para que un militar le coloque la banda presidencial.

La ley Aragonés .

La ley Aragonés: el dedo que oculta la luna

Eduardo Luque

TopoExpress

Nota de edición: Cataluña es pionera en aplicar los principios de externalización de servicios. La Ley Aragonés, que pretende regular los contratos de la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales básicos, es un ejemplo paradigmático.

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Se ha repetido hasta la saciedad. El “procés” es una enorme estafa colectiva. Ni son creíbles, ni son posibles, ni son viables los presupuestos teóricos del Independentismo. Lo único cierto es que el movimiento independentista hoy carece de dirección, de estrategia y de objetivos. Es por ello que el riesgo de cronificación del conflicto es mayor que nunca.
Asistimos a un proceso repetido en la historia de Cataluña. Una radicalización social cada vez más intensa con claros tintes xenófobos. Su dirección corresponde a sectores de la clase media profundamente insolidarios. Han conseguido, eso sí, un gran impacto social. A través de una hábil y sostenida campaña propagandística, han convencido a sectores de las clases populares de que sus enemigos históricos (las clases pudientes) son ahora sus aliados. Han inventado una “empresa común”, un “destino en lo universal” tan indefinida e indefinible como es la Independencia de Catalunya. Todo un movimiento que recuerda cada vez más al movimiento carlista; incluso podemos apreciar cómo se estrecha la alianza ente los sectores más reaccionarios del catalanismo y la Iglesia católica, que no duda en ofrecer misas por la libertad de los “presos políticos”. Uno de los últimos que se apuntaron a la fiesta” fue el Obispo de Solsona, Xavier Novell, un sacerdote con talante ultraconservador [1] en lo social [2] pero pro-independencia en lo político.
En realidad, y no nos cansaremos de repetirlo, todo es una gran cortina de humo. Gracias al “procés”, el bipartidismo ha vuelto a resurgir de sus cenizas. El incremento de la extrema derecha, reaparecida como reacción al catalanismo independentista, no augura más que se mantendrá el conflicto “sine die” y conseguir con ello que las grandes “reformas”, es decir, el ataque sistemático a los derechos sociales, no tengan coste político y pueda aplicarse con poca o nula respuesta social.
Cataluña ha sido gracias a los gobiernos conservadores de Pujol, Mas y ahora Puigdemont o Torra, la primera en experimentar recortes sociales. La derecha catalana está aprovechando el “procés” para intentar colar normas que preparen el terreno para privatizar servicios básicos para la ciudadanía. Será posiblemente la única ley que será estudiada en el Parlament de Torra. La ley se denomina “Llei de contractes de serveis a les persones “. Es una propuesta legislativa promovida por el Govern de Cataluña. Su autor es Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y miembro destacado de ERC. Se la conoce popularmente como Ley Aragonès, aunque la puso en marcha el ahora preso Raül Romeva. La ley ha conseguido un extraño consenso: tiene en contra la mayoría de los grupos parlamentarios de la «supuesta izquierda catalana» y gran parte de la sociedad civil.
En cambio, las grandes multinacionales de servicios en España están de enhorabuena. Las más beneficiadas serían paradójicamente (ACS) cuya cabeza visible es nada menos que Florentino Pérez. Esta multinacional está muy bien posicionada en Cataluña, en especial en Barcelona ciudad. El Consistorio de Ada Colau cerró jugosos contratos desde el 2015 con esas empresas. En 2018 se renovaron por valor de 25,14 millones para Sacyr social a través de su filial Valoriza y de 29,82 millones para ACS, cuya filial es Clece. El objeto de la licitación era gestionar el servicio de atención domiciliaria (SAD) en Barcelona capital. Evidentemente, si se aprueba la ley estas grandes empresas verán incrementado su negocio. Son las únicas que pueden competir a la baja en precio.
Según los datos disponibles, desde 2015 Sacyr Social ha conseguido más de 140 millones de euros en contratos con diversos ayuntamientos catalanes, aprovechando la fiebre privatizadora de algunos de ellos. En estos momentos, estas dos grandes empresas y otras que también intentarán adjudicarse los concursos públicos están gestionando una gran parte del mercado del Servicio de Atención Domiciliaria (temas de dependencia). Con la nueva reglamentación aumentarán su dominio en el mercado catalán. El método que utilizan esas macro-empresas es sencillo: primero acceden a la licitación, porque uno de los ítems que se barema es el precio (cuanto más bajo mejor y solamente por esa cuestión ya consiguen 40% del total de la puntuación). Al hundir el precio, impiden que pequeñas empresas (como por ejemplo las AMPAS que en algunos casos dan servicio a los comedores escolares) puedan competir con ellas. También sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que una vez conseguido el contrato y en posición de monopolio suben los precios y bajan la calidad.
Las administraciones públicas catalanas hace tiempo que se lanzaron a externalizar servicios. La concepción neoliberal de la economía –aquella que indica que lo privado es más eficiente– ha calado profundamente. Poco importa que los números muestren una y otra vez que es falso. Ahora ya no es imprescindible un dictamen desde la UE. Muchos de nuestros dirigentes políticos han asumido plenamente esa concepción. Hay que externalizar, hay que privatizar, hay que traspasar esos servicios a otros e intentar ahorrar. Nada de eso se cumple, lo hemos visto en los hospitales madrileños o valencianos gobernados por la derecha. Se licita el servicio, por ejemplo cirugía cardíaca, la gran empresa ofrece gestionar el servicio a bajo costo, se hunden los precios, nadie puede comprometerse por menos dinero. Posteriormente, como el presupuesto no es real y el servicio no se puede cubrir, se exige incrementar el precio del servicio o dejar de intervenir quirúrgicamente. Al final, la administración acaba por pagar más caro el servicio que prestaba anteriormente.
Cataluña, lo hemos dicho con anterioridad, es pionera en aplicar los principios de la externalización de servicios. La ley Aragonès es un ejemplo paradigmático. Pretende regular los contratos que realiza la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales considerados como básicos. La ley propone que un total de 250 servicios sean susceptibles de entrar en estos apartados, que abarcan desde la Sanidad (servicios de Cirugía y Ginecología entre otros), Educación (guarderías públicas, enseñanza preescolar, enseñanza de adultos, comedores escolares…), Dependencia (residencias para mayores…) Así, servicios que ahora presta la administración pública, por ejemplo la etapa infantil de 0 a 6 años, podrán licitarse y ser cubiertos por una empresa privada que evidentemente procurará obtener beneficios. Lo mismo ocurre con las Residencias para los mayores. Se pasaría de una gestión pública a una privada. La amplitud de los servicios que pueden ser regulados según la ley es tal que abarcan prácticamente a todos los sectores sociales.
El recorrido de la ley es largo. Lo inició Raül Romeva, se paralizó con la aplicación del 155, y ahora vuelve a estar en el candelero. En noviembre del 2018 se reinició su tramitación. Pere Aragonès ha defendido el proyecto como una norma “pionera” que busca “más calidad en el servicio, estableciendo criterios de selección que favorezcan la contratación de empresas especializadas que apuesten por la innovación”. Pero las entidades sociales (la Marea Blanca, la FAPAC, AMPAS….) ven en esta norma una puerta abierta a la privatización de los servicios que hasta ahora prestaba la administración.
Desde el primer momento la ley pretende confundir. Se nos dice que responde a una directriz emanada de la UE (Directiva europea 2014/24). No es cierto. La mencionada directriz habla de que serán los Estados los encargados de establecer el régimen jurídico que consideren “más oportuno” para prestar los servicios. En ningún momento se obliga a que sean gestionados por entidades privadas.
La ley Aragonès no plantea directamente la privatización de los servicios sino que abre la posibilidad a que la administración los licite (haga un concurso público). La Generalitat o los Ayuntamientos dejarían de gestionar esos servicios que ahora cubren. Se sobreentiende que puede ser para cualquiera de los sectores que fija la norma (prácticamente todo). Como en Cataluña ninguna ley limita o controla qué sectores pueden ser gestionados por entidades privadas se abre la puerta a que sea cualquiera. La experiencia nos enseña (lo hemos visto con los hospitales valencianos, madrileños e incluso los catalanes, muchos de ellos gestionados por Fundaciones) cómo el costo se dispara y en muchos casos las listas de espera y la calidad se resienten. La administración de la Generalitat tiene mucha prisa. En noviembre del 2018 tuvo que paralizar el Decreto de Servicios de Comedor Escolar al encontrar una fortísima oposición. Inmediatamente planteó la Ley Aragonès que, nuevamente, abría el paso a la privatización de los comedores escolares. El Govern quería prescindir de las AMPAS y de la gestión directa de la administración y permitir la concurrencia de empresas privadas.
A pesar de que el decreto fija unas condiciones que obligan supuestamente (artículo 7) a valorar la responsabilidad social en cuanto a condiciones de trabajo, salarios, derechos laborales, etc… lo cierto es que, como hemos dicho, el criterio fundamental es el precio del servicio a la baja (40% de la licitación) y, evidentemente, son las grandes empresas las más beneficiadas. Los controles que se exigen en la ley sobre sueldos, condiciones laborales de los empleados etc., son tan laxas, que en la práctica permitirán una bajada de los costes por la vía de la desregularización laboral, la precarización o la bajada de salarios.
La derecha catalana, y ERC es un partido de la derecha neoliberal, muestran nuevamente sus límites. Mientras sus dirigentes vociferan contra la España del 78 en favor de los “presos políticos”, no dudan en iniciar un ataque furibundo contra los sistemas públicos de protección social, especialmente los catalanes. En eso coinciden plenamente con el resto de la España “fascista”, como clasifican a quien no piensa como ellos. Es un negocio enorme y de difícil cuantificación. Ignoramos el nivel de penetración que se pretende con la Ley Aragonès. Estamos hablando de centenares de millones. Para eso no hay banderas, ni la roja y gualda ni la cuatribarrada. ACS, SACYR y el Independentismo han encontrado un lugar común, un punto de encuentro: el de sus intereses como clase y grupo social, oculto eso sí por el humo que proviene del “procés”. De nuevo el Independentismo y la derecha reaccionaria española confluyen, nos hacen mirar la punta del dedo para ocultarnos la luna.
Nota

1) Ha sido declarado persona “non grata” en algunos municipios catalanes por sus posturas especialmente retrógradas contra el colectivo Gay y LGTV. 2) El Obispado de Solsona tiene inmatriculadas en los últimos años más de 332 propiedades. Gracias a la ley aprobada por el expresidente Aznar que permitía a la iglesia incluir como propias en el Registro, edificaciones y terrenos que la Iglesia consideraba como propios.

Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-ley-aragones-el-dedo-que-oculta-la-luna/

 y ver ..

https://www.eltriangle.eu/ca/actualitat/al-carrer/ocupen-el-departament-de-treball-per-protestar-contra-la-llei-aragones_104194_102.html