lunes, 22 de abril de 2019

Los bajos fondos del poder

Los bajos fondos del poder

Vox Populi

Gusta mucho al personal enseñorearse con la casta política salida de la Transición mientras la universidad, la judicatura o el periodismo siguen siendo temas intocables

Aguda, muy aguda, ha sido la utilización de la expresión “cloacas del Estado” para cubrir las demás inmundicias del poder. La inventó mi antiguo amigo Jaume Roures, ahora convertido en el muñidor de los “medios” del independentismo. Con ello ha conseguido ocultar, gracias al manto de las simplificaciones, todo el manejo de los bajos fondos de las instituciones. Lo suyo ha sido una hábil operación de corrupción de mayores. Cuando alguien alude a la segunda gran cueva de mafiosos políticos -la primera la ocupa por derecho propio el PP-, la que conformaron los gobiernos de la Convergencia de Jordi Pujol y aledaños, ¿tendría algún sentido referirnos a las cloacas del Estado? Ninguno, porque trataban no solo de sustituir al existente sino de ir creando uno nuevo. La “policía política”, si es que hay alguna policía que no sea política salvo en el salvífico candor de Pablo Iglesias, ha existido en Cataluña desde 1980, y si no que se lo pregunten a Miquel Sellarés o a Antoni Batista, que pergeñaron los primeros proyectos en los que quedaba muy claro el gremio periodístico como vital para un control paralelo al del Estado. En Cataluña desde entonces siempre han coexistido dos cloacas, pero no precisamente del Estado.
Lo de Francisco González en el BBVA, como los ya tan olvidados chantajes de Mario Conde y el excoronel Perote que pusieron en un brete a las más importantes instituciones, no tienen apenas que ver con las “cloacas del Estado”. Otra cosa es que aspiren al gobierno, o al monopolio de su ejercicio. Por eso me parece más exacto, aunque menos espectacular, referirse a “los bajos fondos”, porque en esas operaciones de mentiras e intoxicaciones informativas no son las ratas las que se mueven a su antojo, sino que se asientan en el poder omnímodo, gansteril, de los capos. Igual que ocurre en los bajos fondos; unos mandan y otros ejecutan.
El mundo del deporte es un semillero de corrupción y mordidas que deja chico al que se practica en la política. Es lógico, mueve más millones y está construido sobre una fe especialmente adaptada para cándidos y descerebrados. Como la gente no puede vivir sin dioses, y pasamos por tiempos de creencias líquidas, de baja calidad y espirituosas como la cazalla, los partidos de fútbol han venido a sustituir a los partidos políticos, haciendo verdad aquella salida para zotes repetida hasta la saciedad por el franquismosociológico: yo no creo en la política, solo me preocupo por mi equipo.
No es extraño que Eduardo Inda, “el bienpagao” de los bajos fondos, haya hecho casi toda su carrera como periodista deportivo, en Marca, nuestro New York Times de la clase política impuesto por Florentino Pérez, político fracasado en las urnas, y por Mariano Rajoy. Tampoco es extraño que Antonio García Ferreras, factótum de “La Secta” y veterano cronista de fútbol, también de la cantera de Florentino, haya demandado ante la víctima, Pablo Iglesias, que a su calumniador profesional, el tal Inda, le sea concedida “la presunción de inocencia”.
Diálogo histórico en vivo y en directo el de Ferreras e Iglesias, que en un país normal y no dominado por los bajos fondos habría provocado páginas y comentarios. La Sexta, pillada en la inconsistencia de su parcialidad, echa mano de su hemeroteca y reproduce la supuesta inclinación hacia Pablo y “Nosotras”. Ya el gesto es como para inquietarse. O sea, que somos parciales a vuestro favor, pero ya sea porque no saben ni pueden reproducen imágenes equívocas de la preferencia del calumniador sobre el calumniado, quizá porque la mejor noticia es una mentira fabricada. Pero añade algo que aún hoy me asusta sobre el peso de los bajos fondos. Ferreras dice con voz entrecortada: “Yo solo vi a Villarejo tres veces”, pero lo hace con la misma consistencia con que hubiera dicho treinta y tres. Ahora bien, lo que nadie le ha preguntado a Ferreras, y sí lo hubiera hecho con cualquier líder político, es para qué te has entrevistado tres veces o treinta y tres con un veterano de los bajos fondos. Para darle tú información o para que te la diera él. Nadie toma café con un delincuente para preguntarle cómo anda de salud y qué tal le va con su mujer, Gemma Alcalá, si no tiene en la mente otras intenciones.
Nuestro mayor problema no está en que no sepamos sino en que no queremos saberlo. Ha caído como del cielo, que no otra cosa es ser alto cargo en Moncloa, Alberto Pozas. Otro vieux routier de los bajos fondos. Ya tienen que ser evidentes las pruebas para que un tipo como Pozas reconozca que le dio un pendrive de información a Villarejo. Un director de información de Moncloa pasando material sensible a un capo de los bajos fondos. Este antiguo director del semanario Interviú, único dato con el que se conformaron todos los medios de comunicación, ya estaba trabajando para el Gobierno socialista en la época de los GAL. Pero ¡silencio!, entre bomberos no se pisan las mangueras. Nadie pregunta nada porque nadie quiere saber nada de uno de los nuestros. ¿No les recuerda una antigua película sobre la mafia norteamericana? Pues arruinaditos y todo, con salarios de subsistencia y precariedad, competimos en bajos fondos con los grandes.
Gusta mucho al personal enseñorearse con la casta política salida de la Transición, y no sin motivo. Pero la universidad, la judicatura o el periodismo son temas intocables y con tanto o mayor motivo que el de la casta que en apenas unos años ha quedado obsoleta de tanto ensancharse. Nunca, o casi nunca, para evitar las malandanzas de la memoria, los bajos fondos de los medios de comunicación han salido a la luz pública. De vez en cuando te vienen ramalazos de recuerdos y cuando los dices escuchas hasta el silencio del interlocutor que hubiera preferido no oírlos.
Nadie pidió nunca al ministro de Educación, el socialista Maravall, los nombres de los seis, digo bien, seis, periodistas que cobraban del erario público en la época de UCD al tiempo que ejercían de columnistas seráficos. Entonces no atisbábamos las razones y es que vendrían otros seis de su propia mano. La primera gran operación de los bajos fondos que recuerdo la perpetraron la SER y El País en mayo de 1991, dirigido el periódico entonces por Juan Luis Cebrián. Se trataba de una cinta pirata de diálogos sobre el ministro Solchaga y Felipe González tomada desde el coche de Txiki Benegas. Dijeron que les había llegado por casualidad.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/opinion/bajos-fondos-poder-villarejo_0_1235577605.html

Los grandes disidentes ahora son los de Occidente




En nuestro siglo los grandes disidentes ya son los de Occidente



El destino de Julian Assange, aplastado por una máquina implacable y rodeado de difamación, es más trágico que el de los opositores soviéticos de los años setenta
 La imagen del bello Julian Assange sacado en volandas, feo y envejecido, de su largo y duro encierro con un libro de Gore Vidal en las manos que narra la historia del Estado de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es antológica. Informa de que los grandes disidentes del Siglo XXI son occidentales. Resume las circunstancias de un hombre valeroso implacablemente perseguido y acosado por todos los medios humanos y técnicos de una máquina total, que no conoce fronteras. Capaz de filmarte cagando en el retrete de la rara sede diplomática en la que has encontrado refugio en el intento de eludir el riesgo de un encarcelamiento en condiciones inhumanas y quizá de la eliminación física. De bloquear tus cuentas bancarias y comunicaciones. De presionar a gobiernos y amigos reticentes a colaborar en tu acoso. De meterse contigo en la cama y de fabricar cualquier tipo de acusaciones desde alguna de las “WikiLeaks War Room” del Pentágono, del Departamento de Estado, o de cualquier otra institución imperial.
Y todo eso rodeado por un coro mediático de inquisidores formateados por el conformismo y bien pagados para aceptar automáticamente las acusaciones y patrañas fabricadas por esa máquina todopoderosa e inapelable.
En esas circunstancias, el libro es una señal, sorda y desesperada, que quiere indicar por dónde van las cosas y por dónde hay que buscar la explicación de la detención.
Habíamos visto escenas así en la tiranía soviética. Disidentes. Hombres solos enfrentados a la maquinaria de un Estado absoluto. Aquellos, por lo menos tenían el consuelo de saber que en el otro campo, “allá” (tam, como se decía en la URSS), alguien recogería la señal lanzada, se crearía un eco y se alcanzaría un efecto. Lo de hoy es mucho más total. Un mensaje dentro de una botella a merced de las corrientes marinas. Apenas quedan Estados soberanos capaces de crear cierto espacio de abrigo alternativo para las grandes causas de la libertad. Sin contar al Imperio, lo que queda de soberanía estatal en el mundo de hoy puede contarse con los dedos de una mano y aún sobran dedos; China, Rusia, India…, pero ¿van estos a proteger a Julian Assange? El único “allá” que hoy existe a efectos de libertades es la ciudadanía, un recurso potencial sin marcos territoriales.
El Imperio se cobra su cuenta
El Imperio se cobra su cuenta. Una nueva victoria de Goliat que los quitavergüenzas de los medios de comunicación del establishment, castrados para todo informe independiente, han adornado convenientemente para convencer al público de que dos más dos son cinco: de que los verdaderos criminales son los que exponen los crímenes y no quienes los cometen.
Cualquiera que publique un documento oficial y secreto de Estados Unidos, aunque sea la prueba de un delito en guerras que han costado la vida a varios millones de seres humanos desde el año 2001, puede ser detenido en cualquier parte del mundo y encarcelado en Estados Unidos. Una victoria ejemplarizante de la extraterritorialidad imperial destinada a evitar ulteriores desafíos por parte de periodistas valientes.
Geoff Morrell, secretario de prensa del Pentágono, explicó hace años el funcionamiento de una de esas “WikiLeaks War Room”: 120 personas, analistas, agentes, trabajando 24 horas sobre 24, siete días a la semana para destruir la red que osó explicar lo que Noam Chomsky define como, “cosas que la gente debe saber sobre quienes están en el poder”. Hay miles de profesionales, y miles de millones de dólares, trabajando en esta operación de venganza imperial.
Una labor de años
Llevaban siete años lanzando mentiras para reducir a Julian Assange a una especie de delincuente sexual, colaborador de la Rusia de Putin y valedor de la extrema derecha. Un turbio personaje narcisista (el diagnóstico del infame juez Michael Snow tras un contacto de 15 minutos con Assange) que se metió en la embajada de Ecuador en Londres para “evitar ser extraditado a Suecia”, que ha sido detenido por la policía británica “por haber quebrantado su libertad provisional”. Un “tonto”, “personaje repelente” “descortés y amenazante hacia sus anfitriones”, “herramienta de Vladimir Putin”, aliado de Trump… (Todo eso consigue meter uno de estos esbirros en apenas dos párrafos de su artículo. Su colega de Madrid explica en titular la detención como resultado de que a Ecuador, “se le acabó la paciencia”).
Desde Washington, Londres y Moscú, los corresponsales de la prensa establecida se suman al coro disciplinadamente. Hasta la prensa, pretendidamente alternativa de este país, cuya dimensión internacional es lamentable, practica un gallináceo término medio entre la realidad, es decir el castigo por la divulgación de fechorías imperiales, y toda la campaña de descrédito que ha preparado el terreno al desenlace del 11 de abril. No hay mejor prueba que esta de la victoria de Goliat y ello nos obliga a repetir lo más banal: que Assange no está siendo perseguido por el Reino Unido, ni por violar su condicional, ni por la fantasmada de aquellas relaciones sin condón, sino por su labor periodística, y que su extradición implica un peligro de muerte. ¿O acaso no recuerdan las palabras de la Secretaria de Estado?: “¿No podríamos simplemente matarlo con un dron?” (Can´t we just drone this guy?”).
Omnipotencia
“Estados Unidos harán claramente saber que no tolerarán a ningún país, y en particular a los aliados de la OTAN, que se ofrezca refugio a los criminales que ponen en peligro la vida de las fuerzas de la OTAN”, advertía hace años Marc Thiessen, funcionario del aparato imperial. “Con las apropiadas presiones diplomáticas, esos gobiernos deben cooperar para llevar a Assange ante la justicia, pero si se niegan Estados Unidos podría detenerle en su territorio sin su conocimiento ni aprobación”.
Es decir, el Imperio podía hacer lo que viene haciendo con centenares de personas de todo el mundo desde 2001: secuestrar a Assange, ponerle una bolsa de plástico negra en la cabeza, embarcarlo en un avión hacia un agujero negro y torturarle en alguna base secreta, pero no fue necesario llegar tan lejos porque los estados vasallos cooperaron.  Suecia, ahí está la patraña de su investigación por delitos sexuales clausurada en secreto y que ahora podría reabrir si conviene, Ecuador, cuyo solícito nuevo Presidente vuelve al redil, reabre bases militares y recibe un crédito del FMI, y, naturalmente, el Reino Unido, viejo perrito faldero, cuya cámara parlamentaria acogió con aplausos la noticia de la detención de Assange.
El disidente burló la maniobra sueca refugiándose en la embajada ecuatoriana y rompiendo su libertad condicional inglesa, lo que el diario The Guardian define como “self-imposed retreat” en un editorial  que es todo un modelo de hipocresía liberal. El juez lo ha encarcelado por “violar aquella libertad condicional”, delito castigado con hasta doce meses de cárcel. Pero entonces Assange es verdaderamente tonto: ¿se ha pasado siete años para evitar doce meses? La causa de la detención ha sido, “un cambio en la actitud de Ecuador”, dice The Guardian, pulcramente contrario a una extradición. “Publicó cosas que no siempre debían ser publicadas”, pero, “no será ni seguro ni correcto extraditarle”, sentencia. Por el camino se ha perdido la memoria del veredicto de aquel grupo de expertos de la ONU que dictaminó como arbitraria la amenaza de detención británica contra el disidente.
Si con los estados y sus medios de comunicación el asunto es casi de rutina, ¿qué decir de los individuos? Nada más fácil que reducir sus voluntades y solidaridades. Jacob Appelbaum, un colaborador de Assange refugiado en Berlín en busca de mayor seguridad, lo que no impedía su sospecha de que funcionarios americanos registraban su apartamento en su ausencia, explicaba -¡hace seis años!- que después de julio de 2010 le comenzaron a detener en los aeropuertos: “Me metían en una habitación especial, me registraban, me colocaban contra la pared, confiscaban mi ordenador, denegaron el acceso a un abogado y cuando procedieron al interrogatorio en suelo americano estaba siempre presente un miembro del ejército. Me dieron a entender que si no cooperaba sería agredido sexualmente en la cárcel…”
El libro de Gore Vidal agarrado por Assange es la señal indicadora de que el círculo minuciosamente organizado y preparado desde hace años se está cerrando. No se trata de la “paciencia de Ecuador” por embadurnar con sus excrementos las paredes de la embajada, ni por “chantajear” a su indigno presidente, no se trata de Suecia ni de la libertad condicional del Reino Unido, ni de la personalidad de Assange, como escriben todos esos necios. De lo que se trata es de la “Seguridad Nacional de Estados Unidos”, principal amenaza a la paz mundial (Oskar Lafontaine, dixit) y a las libertades. Se trata del Imperio, de su venganza y disciplina. El siguiente capítulo será la extradición.
Hacia la extradición
¿Alguien duda de ella? Por el mismo motivo por el que se negó a Pinochet, el Reino Unido la concederá en el caso de Assange. Por disciplina. Si es necesario el Imperio buscará a alguien que tuvo relaciones sin condón con el juez encargado. El Estado de la Seguridad Nacional no admite derechos.
“No tiene la menor posibilidad de un juicio con garantías”, dice Daniel Ellsberg, un Assange de los años sesenta que se atrevió a filtrar los crímenes de la guerra de Vietnam. “Cuando mi abogado me preguntaba por qué filtré aquellos documentos, el tribunal declaró la pregunta improcedente”, recuerda.
Ellsberg solo se salvó de treinta años de prisión porque el movimiento contra la guerra de Vietnam dominaba en la calle. Aún así, ha sido un apestado de por vida en EE.UU. Assange lo tiene peor. Sin una fuerte presión popular será tragado por el agujero negro del Gulag local. Su destino más probable en Estados Unidos, si no se suicida antes, será la cárcel Admax de Florence, en Colorado. El régimen de la prisión consiste en 23 horas diarias encerrado en una caja de cemento con una ventana de cuatro pulgadas, seis inspecciones de cama al día, con una séptima los fines de semana, una hora de ejercicio en un recinto exterior de cemento, duchas breves y registros e intimidaciones según la voluntad y capricho de los guardias, resume The Intercept. Todo eso de por vida, a menos que confiese para reducir pena que mantuvo sexo sin preservativo con Vladimir Putin o cualquier cosa que le pida el Imperio. Si el personaje hubiera sido un ruso o un chino víctima de esos países, se estaría fraguando ya una candidatura al Premio Nobel de la Paz. Por lo menos.
(Publicado también en Ctxt)

domingo, 14 de abril de 2019

El derecho de asilo .

Ataque brutal al derecho de asilo

Tiempo Argentino

El periodista y escritor Miguel Bonasso reflexiona en esta columna tomada de su página de Facebook sobre el alcance de la acción tomada por el presidente ecuatoriano contra el activista australiano. Y lo compara con el caso de Héctor J. Cámpora a resguardo de la dictadura argentina en la sede mexicana en Buenos Aires.

Al expulsar a Julian Assange de su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, el presidente de Ecuador -Lenin Moreno- se coloca en una posición aún más condenable que la asumida por el dictador argentino Jorge Rafael Videla, cuando impidió que el ex presidente Héctor Cámpora obtuviera el obligatorio salvoconducto y pudiera viajar a México para asilarse.

jueves, 11 de abril de 2019

El rey en Argentina.

Viva el rey!



En su reciente visita a la Argentina el rey de España, Felipe VI, superó los límites de sus funciones para apoyar manifiestamente las medidas económicas del Gobierno de Macri.Es sabido que la Constitución española reduce la participación de la monarquía en cuestiones políticas a prácticamente nada o bien solo a tareas protocolarias.
Sin embargo en esta ocasión el "ciudadano" Felipe, como lo llaman algunos líderes políticos españoles de izquierda, ejerció efectivamente de ciudadano al servicio de las mas de 300 empresas españolas radicadas en Argentina.
Aprovechando el embeleso "tilingo" aun vigente en la mediana y alta burguesía argentinas (un término de Arturo Jauretche para designar a los argentinos seducidos siempre por las élites extranjeras) el monarca se deshizo de sus ataduras constitucionales y con decisión y contundencia dijo:
"Somos conscientes de la situación económica que han tenido que atravesar y apoyamos los programas de reformas que están en marcha".
A Mauricio Macri solo le faltó mover la cola de alegría, como hacen los perros cuando sus amos los acarician.
Veamos cual es la situación económica actual, una vez aplicados los programas de reformas del macrismo, según datos oficiales:
En 2018 aumentó el número de pobres en 2.600.000. Pobres en Argentina quiere decir mesas vacías de comida, hogares sin luz ni calefacción, niños famélicos, descalzos sin poder ir a la escuela y sin atención sanitaria, entre otras calamidades.
La pobreza alcanza en Argentina al 32% de la población, unos 14 millones y medio de personas. O sea es pobre uno de cada 3 argentinos.
Desde la aplicación de las medidas económicas que apoya el rey Felipe, la inflación en Argentina es de 164,14%. La interanual de febrero fue del 49,3%.
La devaluación del peso fue del 350%.
El promedio salarial en Argentina está 10.000 pesos por debajo de la linea de la pobreza.
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Luiz Betnaza, dijo que la situación económica en Argentina es "desastrosa", ante el obligado cierre de varias industrias nacionales lo que originó el despido de unos 200.000 trabajadores.
Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que su alteza española, haya apoyado semejantes reformas? Acaso por precaución solamente, no era aconsejable que se metiera en este fango, aunque si se tiene en cuenta que España es el segundo mayor inversor extranjero en Argentina, si observamos que de las 300 empresas españolas, 16 son del Ibex 35, que el 27% de los ingresos de Telefónica provienen de Argentina, y que entre otras las empresas españolas radicadas en esas tierras están los bancos Santander, BBVA, Gas Natural, Dia, Mapfre y Prosegur, y que todas se desenvuelven en un entorno macrofavorable, quizá entendamos mejor el respaldo de Felipe VI al macrismo.
En otras palabras, es otra vez el dinero lo que mueve el mundo (según el neoliberalismo dominante) y también, naturalmente, a las monarquías. ¿Por qué no, entonces, a la Casa Real española?
Es posible que si ahondamos en este argumento veamos, no sin un rictus de asombro, que cuando las élites hablan de derechos humanos, en realidad están hablando de beneficios económicos. Por eso cuando esos beneficios peligran, recurren rápidamente a los derechos humanos para castigar a los gobiernos que se atreven a cuestionarlos. Y en cambio, apoyan sin remilgos situaciones tan graves y desesperantes como la que sufre la mayoría de los argentinos, cuando el Gobierno autóctono defiende sus intereses económicos por sobre todas las cosas.
Digamos, por si no está del todo claro, que los bancos en 2018 ganaron en Argentina (según estos datos oficiales) 172.000 millones de pesos, 121% mas que en 2017, y las energéticas 30.000 millones de pesos.
Y para completar el cuadro de absoluta indiferencia por el calvario que atraviesan los trabajadores argentinos y muy particularmente las trabajadoras, entre las que se encuentran las maestras, la reina Letizia pidió a las autoridades argentinas la presencia, en la gala de homenaje que le ofrecieron, no de una maestra cuyo sueldo no le alcanza a superar el nivel mínimo de supervivencia, ni tampoco a una científica que no dispone de lo necesario ni para su labor ni para vivir dignamente. Ni a una de las tantas mujeres que no saben qué hacer para que sus hijos puedan comer todos los dias. Nada de eso. Su alteza pidió (y sus deseos fueron órdenes, por supuesto) que asistiera ni mas ni menos que Mirtha Legrand, símbolo de la frivolidad, de la banalidad, del conservadurismo idiota, de la tilinguería mas rancia. El cholulismo (término coloquial argentino para aquellos que no pueden contener la admiración babosa a los famosos) no tiene fronteras ni sabe de clases sociales, como quedó demostrado. Ni las reinas son inmunes a esa debilidad.
Para colmo, Felipe VI en el Congreso de la Lengua que se celebró en Córdoba, dejó para la posteridad en su discurso de apertura, un desliz de la memoria o tal vez de la ignorancia, vaya uno a saber.
Cuando nombró a Borges en un intento de exhibir de qué manera nos unen lazos culturales, mencionó a un tal José Luis Borges, de quien no se tienen referencias. Quizá haya querido decir Jorge Luis. Nunca lo sabremos.
Lo que si sabemos, y también el Rey de España por lo visto, es que la bandera de la colonización ya no la llevan los invasores militares, sino las grandes empresas, y además en estos tiempos revueltos cuentan con la inestimable colaboración de las oligarquías nativas

Las lagunas de la responsabilidad de proteger


Venezuela, Libia y la responsabilidad de los poderosos



La reciente llamada a la acción a los principales países de la OTAN ante la que se conoce como “crisis humanitaria” en Venezuela ha hecho revivir en cierta izquierda algunos recuerdos no muy agradables respecto a las acciones de los estados miembros de la OTAN ante lo que en su momento también se calificaron de crisis humanitarias. Me refiero, entre otros, al caso de la intervención en Libia el 2011. En aquel entonces, se acudió a la norma de la Responsabilidad de Proteger (R2P según sus siglas en inglés) para autorizar una intervención humanitaria en ese país, una norma cuyo uso también parece insinuarse para el caso venezolano.Los argumentos usados en el caso libio no distan demasiado del relato que la oposición venezolana esgrime contra el gobierno de Nicolás Maduro, usando calificativos como “genocida” y señalando su gobierno como el primer y único responsable de las vulneraciones de derechos humanos que puedan estarse produciendo en Venezuela.
Así pues, llegados a este punto quizá resulte necesario refrescar la memoria respecto a la trayectoria de esta norma y su aplicación para tratar de hacernos una idea de qué le puede esperar a Venezuela en caso de serle aplicada con la dureza que algunos plantean. Sin embargo, antes que nada, cabe señalar brevemente cómo la R2P es de facto, un instrumento al servicio de la voluntad de los estados más poderosos.
Las lagunas de la responsabilidad de proteger
La Responsabilidad de Proteger es una norma de soft law[1] del derecho internacional estructurada en tres pilares fundamentales: El primero hace referencia a la responsabilidad de proteger de los Estados, esto es, a la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones de la vulneración de derechos humanos. El segundo pilar, trata la responsabilidad de la comunidad internacional a ayudar a los Estados a hacer cumplir con el primer pilar. Por último, el tercer pilar expone la responsabilidad de la comunidad internacional de relevar a los Estados que no puedan o no tengan la voluntad de proteger a su población de vulneraciones de derechos humanos.
Sin embargo, pese a que la norma de la R2P pretenda reformular aspectos fundamentales del derecho internacional, dicha norma está compuesta por una amalgama caótica de textos y declaraciones de intenciones[2]; todas ellas sin representar ninguna obligación legal para los Estados. Resulta llamativo, pues, que una norma de tal calibre no emerja de ninguna de las fuentes tradicionales del derecho internacional, que sí suponen una obligación legal para los Estados.
Finalmente, a todas las lagunas señaladas hay que sumarle el privilegio que otorga el derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dado que la aplicación del tercer pilar de la norma requiere de la aprobación de dicho organismo. Todo ello convierte a la R2P en un instrumento fácilmente manejable en función de los intereses de los países más poderosos, que disfrutarán de una posición ventajosa para la interpretación de la norma en favor de sus intereses.
“Gaddafi must go” o la (ir)responsabilidad del intervencionismo liberal
Todas estas carencias y puntos ciegos de la R2P fueron explotados de forma evidente en el caso de Libia, el único en que se autorizó una intervención militar bajo la R2P contra la voluntad del país objeto de la intervención.
En marzo de 2011, tras la imposición de un embargo de armas en Libia[3], el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó –gracias a las abstenciones de Rusia y China– la Resolución 1973 (2011).
En dicha resolución se exigía en su preámbulo el establecimiento inmediato de un cese del fuego y, más adelante, se autorizaba a los estados miembros a usar “todas las medidas necesarias” –un eufemismo para diversas medidas coercitivas, incluyendo el uso de la fuerza– para proteger a la población civil. Así pues, pese a que la resolución menciona la responsabilidad del Estado libio de proteger a la población civil, no autoriza a derrocar al gobierno de Gadafi ni a provocar un cambio de régimen en Libia. Simplemente, se autorizaba una intervención limitada –sin una fuerza de ocupación– con el mandato de proteger a la población civil y con el fin último de que se estableciera un alto al fuego que facilitase dicha protección.
Sin embargo, el relato aceptado entre las potencias impulsoras de la intervención, e incluso por Naciones Unidas, señalaba a Gadafi como el único culpable de las vulneraciones de derechos humanos de la población civil. Por ello, los jefes de gobierno de Francia, Reino Unido y Estados Unidos no tuvieron muchas dificultades para tergiversar el mandato original del Consejo de Seguridad, argumentando en un artículo conjunto que sin el derrocamiento de Gadafi y su completa derrota, no sería posible garantizar la seguridad y los derechos de la población civil libia.
La imposición de dicha tesis en el público occidental favoreció la emergencia de una espiral de despropósitos motivados por el ímpetu de echar al molesto mandatario libio a cualquier precio. A modo de ejemplo, se puede resaltar el hecho que Francia proporcionó armas al bando rebelde estando en vigor el embargo de armas en territorio libio. Por otro lado, el archivo de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton facilitado por WikiLeaks muestra cómo la inteligencia estadounidense tenía conocimiento del entrenamiento y armamento de los grupos rebeldes en territorio Egipcio por fuerzas especiales del Reino Unido y Francia.
También resulta destacable el hecho de que, siendo el logro de un cese del fuego la primera petición de la resolución que autorizó la intervención, tanto los Estados Unidos como Reino Unido y los demás países al frente de la intervención provocaron el rechazo de los rebeldes a una oferta de tregua a la que Gadafi ya había dado el visto bueno. La razón para este rechazo no era otra que el hecho de que el acuerdo no contemplaba la expulsión de Gadafi del poder.
“Gaddafi must go, and go for good”, decían. Pues bien, Gadafi se fue. Sin embargo, en cuanto las grandes potencias que intervinieron comprobaron las caóticas consecuencias de armar a las milicias –entre las cuales se encontraban grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda–, ya no se sintieron tan responsables de la población libia, a la que abandonaron a su suerte. Actualmente, Libia vive en el caos más absoluto: simplemente, ya no hay un Estado al que responsabilizar con la protección de la población civil. El país vive sumido en una guerra civil entre dos gobiernos autoproclamados legítimos, con un exgeneral actuando como señor de la guerra en su particular cruzada contra el islamismo y una amalgama de milicias –islamistas, yihadistas o laicas– leales a sí mismas, aunque formalmente se proclamen leales a uno de los gobiernos.
Por otro lado, la compraventa de personas como esclavas es una práctica contrastada y habitual, así como la tortura en los centros de detención financiados por la Unión Europea.
Así pues, en Libia, las potencias occidentales aprovecharon las lagunas prácticas de la R2P y del idealismo más fanático –y peligroso– del humanismo liberal para tergiversar su cometido en favor de sus intereses, dejando el país peor de cómo lo encontraron.
La R2P como el garrote del imperialismo
Como en Libia, Irak o Afganistán, el caso venezolano amenaza con volvernos a mostrar la estrecha conexión existente entre el neoconservadurismo más cínico y el intervencionismo liberal “humanitario”, siendo el último la muleta ideológica del primero.
John Bolton, actual asesor de seguridad nacional de la administración Trump y uno de los viejos halcones de guerra del gobierno, resumió bastante bien cuál era el enfoque de los Estados Unidos ante la crisis venezolana cuando dijo: “Nos estamos fijando en los recursos petrolíferos. Ese es el flujo de ingresos más importante del gobierno de Venezuela (…). Habrá un antes y un después económico para Estados Unidos si podemos tener a compañías petrolíferas estadounidenses invirtiendo y promocionando el potencial petrolífero de Venezuela”.
En definitiva, Bolton se limita a expresar lo que Libia ya confirmó: que detrás de las llamadas intervenciones “humanitarias” para forzar un cambio de régimen suelen haber intereses que van más allá del altruismo que exige el universalismo humanitario.
De este hecho ya alertó un autor cosmopolita a la vez que profundamente realista[4] como Kant cuando identificó a las potencias que: “mientras beben de la injusticia como si fuera agua, pretenden considerarse elegidas dentro de la ortodoxia”.[5]
De este embrollo sólo hay dos posibles salidas: crear un estado mundial con más autoridad que los gobiernos nacionales –hecho que parece bastante improbable– o poner el poder estatal al servicio de los principios humanistas. Mi impresión es que la segunda opción resulta más viable en nuestro tiempo.
Sin embargo, sea cual sea la opción que escojamos, cabría no olvidar que la acción política debe basarse en la coordinación entre moral y poder.[6] Por ello, en un contexto político, la simple apelación a principios morales o normativamente universales que representa la invocación de la R2P debe ser siempre analizada bajo el escrutinio de la –igualmente importante– dimensión del poder. De no ser así, podemos volver a caer en el engaño de Libia o el de Irak.
Notas
[1] Las normas de soft law no son producto de ninguna de las fuentes tradicionales del derecho internacional –el tratado, la costumbre y los principios generales del derecho– y, por lo tanto, su cumplimiento no representa una obligación por parte de los Estados. Éste hecho, sin embargo, no les quita importancia política a dichas normas, como podremos apreciar en el caso de la R2P.
[2] Siguiendo el orden cronológico, podríamos identificar: El informe “The Responsibility to Protect” de la ICISS (2002), el informe del Alto Panel sobre retos, amenazas y cambios “A more secure world: our shared responsibility”, el documento final de la cumbre mundial de 2005 (concretamente los párrafos 138 y 139) y el informe del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon “Hacer efectiva la Responsabilidad de Proteger” (2009).
[3] Dicho embargo se aplicó a raíz de la Resolución 1970 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 26 de febrero de 2011.
[4] Para una útil introducción al realismo político –con todas sus variantes– aplicado a las relaciones internacionales, ver: https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/.
[5] Kant, I. (2016). La paz perpetua. (2a ed.). Madrid: Alianza Editorial, p. 102.
[6] Carr, EH. (1946). The twenty years' crisis 1919-1939: An introduction to the study of international relations. (2a ed.). London: McMillan & Co., p. 97.
Miquel Caum Julio es graduado en Ciencias Políticas y Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos especializado en filosofía política. Es traductor habitual de Sin Permiso.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-libia-y-la-responsabilidad-de-los-poderosos

martes, 9 de abril de 2019

Las cloacas

Las cloacas



Estos días se habla mucho de cloacas. Ya se hablaba en otro tiempo, al comienzo de este simulacro político, de asesinatos desde las cloacas del Estado. Y desde entonces las cloacas no han dejado de expeler de­tritus. Aunque es de un tiempo a esta parte, cuando se ha vuelto a hablar de ellas, con motivo de ma­niobras de los bajos fondos para aplastar a un partido político y a sus principales representan­tes. En esos bajos fondos no esta­ban sólo policías y políticos canallas. También ha aparecido al menos un periodista que formaba parte de las cloacas, que ya apestaba y sigue apes­tando. Un periodista que, al igual que las ra­tas transmiten la peste pero ellas no la padecen, es un vector permanente de infec­ción, con aspecto mitad normal, mitad depra­vado. Y a saber cuántos miserables más , escondidos entre los pliegues de la fin­gida honestidad como él.De todos modos, en esto de cloacas se pinta solo este país. En realidad España, la mayor parte de su historia, se la ha pasado en­tre cloacas. Cuando no estaban en la Inquisición, estaban en los golpes de estado, cuando no, en la Cruzada, y cuando no, en la Causa General contra todo viviente no adicto al dictador, y cuando no, en las barbaridades de los cuartelillos, y cuando no, en los turbios fondos de curas piadosos, y cuando no, en po­licías que se hicieron para disponer de mucho tiempo hasta que se les descubra que son parte del hampa y en línea con ese viejo refrán “putas y curas viven a pares”.
Hasta tal punto eso es así que podría decirse que España no puede vivir sin cloacas institucionales. Desde las cloacas, un ejér­cito bien pertrechado y heterogéneo compuesto por políticos, policías, periodistas, cardenales, empresarios de postín, banque­ros y opulentos está, de momento sólo, viene preparándonos un futuro inmediato que es para echarse a temblar. Si la Constitu­ción les ha servido, envueltos en ella y en la bandera, tanto para emboscar o desfigurar sus fechorías como para aplastar a quie­nes les hagan sombra o no les dejen libre el paso, ya nos pode­mos preparar después del 28 de abril... Lo mismo da quién o quie­nes, a partir del 28 de abril, ganen las elecciones. Lo mismo darán los pactos. Si ganan ellos, cerrarán las puertas de las maz­morras. Si no ganan, las cerrarán también. Todos esos que he enumerado y bullen en las cloacas, se disponen a impedir que triunfe el bien sobre el mal; se preparan, desde las cloacas, para hacer que unos se enriquezcan más y más, y gran parte de la po­blación viva en la miseria, en continuo sobresalto, sin esperanza, anestesiada, entontecida por las Redes y apestada por las cloa­cas...
Jaime Richart. Antropólogo y jurista.


En el Ministerio del Interior no hay cloacas; la cloaca es el propio Ministerio




¿Quién quiso la Guerra Civil?'

¿Quién quiso la Guerra Civil?'

Ángel Viñas

  


 infoLibre publica un extracto de



¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración, del historiador Ángel Viñas, que la editorial Crítica publica el próximo 9 de abril. En el volumen, el catedrático emérito de la Complutense estudia quiénes fueron los protagonistas de las confabulaciones y manejos que darían lugar al golpe de Estado, y cómo fueron los preparativos, exitosos o infructuosos, de cara a la sublevación militar del 18 de julio. Viñas presta en su estudio especial atención al origen de los fondos que sufragaron el levantamiento y cómo se recabaron los apoyos internacionales que lo harían posible. 


¿Quién quiso la Guerra Civil?, de Ángel Viñas.
Introducción

El título y subtítulo de este libro responden exactamente a su contenido. Disparan una flecha lo más certera posible al corazón de un tema que ha generado abundante literatura, pero no con la orientación que aquí se ofrece. Ambos se insertan en dos líneas de investigación que me han ocupado con ritmos e intensidad varios. La primera es mi interés en descubrir vetas ocultas del pasado ligadas a la figura del general Franco: su alineación, tan pronto ganó la guerra, con las potencias fascistas; su aplicación del Führerprinzip; su inmoral enriquecimiento durante la contienda española; su recurso al asesinato durante la etapa final de la conspiración. En obras ya lejanas reduje su papel en el proceso que llevó al Plan de Estabilización y liberalización de 1959; su mantenimiento a todo trance de los mitos del «oro de Moscú» o de la destrucción de Guernica. No en último término su alquiler a precio de ganga de parcelas significativas del territorio nacional a una potencia extranjera por mor de un abrazo que realzara su figura hacia adentro. En este libro lo presento como un adicto a «mentirijillas» con las que dorar su imagen, aun cuando fuese al precio de anular a quienes debían haberse llevado los laureles de la victoria, caso de haberla logrado. En suma, lo que habitualmente se denomina un impostor (DRAE: «Suplantador, persona que se hace pasar por quien no es»).



La segunda línea liga este libro con el que me estrené como historiador en 1974. Versó sobre los inicios del proceso de internacionalización de la guerra civil con el apoyo, posterior al 18 de julio, de la Alemania nazi. Fui refinándolo en ediciones ulteriores (1977, 2001). En este plano de la internacionalización, hace pocos años (2013) argumenté que, si bien los nazis no estaban comprometidos con los preparativos de la sublevación, los fascistas italianos sí parecían haberlo estado. Mi demostración, a pesar de plasmarla en documentos reproducidos fotográfica y textualmente, con los correspondientes anexos y su traducción al castellano, no ha convencido a algunos autores. Las ideas fijas tardan en morir y son numerosos los, en general, escritores de derechas que ni los citan. La evidencia primaria de época (EPRE) no suele ir con ellos.


Esta obra profundiza en dicha veta para identificar y documentar una parte de los comportamientos clandestinos de quienes quisieron desde el primer momento prepararse para derrocar la República por las armas. No precisamente por sus propios medios, sino con la connivencia fascista y la financiación del conocido multimillonario Juan March. Aspectos conocidos superficialmente, pero no investigados en profundidad.

En su desprecio hacia las grandes masas de población que accedían por primera vez a la política para empujar, a trancas y barrancas, un imprescindible proceso de modernización política, social, institucional y cultural en España, los conspiradores monárquicos dirigieron su atención a la obtención de armamento moderno y a la creación paralela de un «estado de necesidad» que justificara la sublevación militar. En ello desempeñó un papel esencial el dúo Sanjurjo-Calvo Sotelo, seguido por Goicoechea, Sainz Rodríguez, Orgaz, Galarza y muchos otros, militares y civiles, desde el exrey Alfonso XIII en el exilio al propietario de ABC.

Mi enfoque es diferente del habitual análisis de las retóricas de la violencia y su impacto en la opinión pública o en las conductas políticas. Una guerra no se prepara solo con retórica. Se prepara sobre todo con la seducción del Ejército y, tras ello, con las armas. Si no bastan las propias, o se teme que no basten, hay que recurrir al exterior. La Italia fascista fue, desde 1932, ese exterior con el que los monárquicos conectaron. Aunque esto, en sí, no es nuevo, no se han documentado la mayor parte de las acciones clandestinas, un terreno apenas estudiado, salvo por las genuinas aportaciones de mis buenos amigos los profesores Ismael Saz y Morten Heiberg.

Si los conspiradores se volcaron en este tipo de operaciones es porque siempre encontraron comprensión en las alturas del régimen fascista. Tal apoyo no ha dejado demasiadas huellas en los archivos italianos porque se produjo, por lo general, fuera de los contactos diplomáticos habituales. Por el momento, debemos pensar que el régimen fascista, que ejercía un estricto control sobre las relaciones con el exterior, tampoco quiso dejar demasiadas señales de su disposición a entrometerse en los asuntos internos de la República española con el fin de contribuir a su hundimiento. Los muchos estudios que del tema se han realizado, empezando por John C. Coverdale y Renzo De Felice, no detectaron la continuidad de tales contactos, aunque con lagunas documentales que sorprenden en una dictadura acostumbrada a registrar los detalles más nimios, sobre todo si en ellos intervenía el Duce o eran llevados a su atención. A lo largo de esta obra, producto esencialmente de la combinación de EPRE procedente de archivos españoles e italianos, señalaré de manera constante tales carencias. Añadiré que casi nada de lo que se escribe aquí aparece en la más reciente biografía de Ciano (publicada en noviembre de 2018), cuyo autor es un excelente historiador italiano. Contiene algunas ideas que no me he permitido desdeñar.

En este libro desempeña un papel prominente Juan March. Ya me acerqué a él en una obra titulada Sobornos. Puse de relieve que March fue el agente escogido por el Gobierno británico para llevar a la práctica una operación clandestina tendente a influir sobre Franco. La idea estribó en conseguir que, por medio de suculentas «propinillas» a generales próximos al inmarcesible Caudillo, este pudiera ser disuadido de que no convenía a los intereses de España hacer causa común con el Eje y entrar de su mano en el conflicto europeo. Entre los agraciados por la munificencia británica, vehiculada a través del banquero, figuraron Nicolás Franco y algunos de los generales que también aparecen en esta obra, en particular Kindelán, Orgaz, Varela y el coronel Galarza. En aquella obra sugerí que, si había que levantar un monumento a Franco por haber mantenido a España fuera de la guerra mundial, también habría que levantárselo a March. Aquí el banquero aparece en otro papel. Fue el financiador más importante de la conspiración monárquica y de su logro más significativo: la adquisición de aviones de guerra modernos o muy modernos con objeto de apoyar el golpe que iban a poner en práctica unos jefes y oficiales seducidos por la extremista organización monárquico-militar que fue la UME. El objetivo estribó en implantar un sistema parecido al existente en la Italia fascista y que también se construía con elementos ya experimentados en España durante la dictadura primorriverista. No en vano habían sido soportes y apoyo de ella muchos de los conspiradores que figuran en este libro. El proyecto monárquico resultó fallido por causas debidas al juguetón azar, como fueron la desaparición de Calvo Sotelo y Sanjurjo y la aparición en primer plano de la escena de un general llamado Francisco Franco, que se autoerigió después un monumento como si hubiese sido el inspirador del golpe. Añadiré que, si todos deben ser condenados como actores inmediatos de la catástrofe española, tampoco puede faltar entre ellos el banquero mallorquín.

La leyenda construida por los vencedores en torno a las causas y orígenes del golpe del 18 de julio buscó desde el primer momento explicacio nes y justificaciones que hoy pueden tirarse a la papelera en términos historiográficos. Sin embargo, algunas de las que fueron desgranándose subsisten en ciertos sectores de la sociedad española. Al parecer son inextinguibles. Ya las denunció Southworth para la primavera de 19361. Sin ánimo exhaustivo, pueden clasificarse en seis categorías ligadas a

a) La ilegitimidad radical de la Segunda República desde su origen mismo.
b) El carácter esencialmente «revolucionario» de la misma promovido por las izquierdas.
c) La agresión a la que sometió a las fuerzas vivas de la nación: Iglesia, militares y propietarios.
d) La política tendente a la destrucción de la unidad de la PATRIA (dicho siempre con un énfasis que traduzco en mayúsculas).
e) La esencial incapacidad del Gobierno, también supuestamente ilegítimo, de mantener, después de las elecciones de febrero de 1936, el orden público para desembocar en una revolución que era preciso prevenir a toda costa.
f) Finalmente, pero no en último lugar, el peligro de que, ya marxistizada, España cayera víctima de la estrategia moscovita tendente a penetrar en la Europa occidental por su bajo vientre, con el fin de asestar un golpe casi mortal a la civilización cristiana y occidental.

Esta relación, declinada con particular delectación para los períodos de 1931-1933 y la primavera de 1936, no ha permanecido estática. Tras el final de la guerra fría, el hundimiento de la URSS y la debilitación casi mortal de la mayor parte de los partidos comunistas en el mundo occidental, han abierto paso a un cierto aggiornamento de las leyendas anteriores. Está basado en percepciones e intereses presentistas. Toma como término de comparación la experiencia de la Transición. Ha pasado a enfatizar no tanto la responsabilidad de los comunistas, sino la radicalización socialista de Largo Caballero y sus seguidores. Como si no se hubiera desentrañado ya lo que hubo detrás. Pocos parecen haber leído, por ejemplo, la biografía que de él escribió no ha tanto tiempo el añorado Julio Aróstegui.

Lo que no se hace en este libro es una historia, ni siquiera parcial, de la República. Hay muchas y buenas. Yo recomiendo siempre la de Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, quizá la obra más amplia que existe. También me remito al trabajo de Ángel Luis López-Villaverde o al ensayo de Ricardo Robledo sobre el giro ideológico en la historia contemporánea española. Los tres me excusan, espero, de prestar solo una atención muy limitada al discurso político e ideológico de la época. Pongo el énfasis en actuaciones, y no tanto las que se produjeron en el espacio público, sino en las encubiertas, relacionadas con la trama civil y militar monárquica en sus dos ramas, la alfonsina y la carlista. Algunas son conocidas. Otras, no. Esta obra tampoco es un ensayo sobre un capítulo, muy debatido, de la política exterior italiana bajo Mussolini. Aunque con algunos años a su espalda, el de Azzi ofrece una buena introducción.2

En uno de los libros más influyentes entre los estudiantes de mi generación titulado ¿Qué es la Historia?, allá por los años sesenta del pasado siglo, su autor, el destacado historiador inglés E. H. Carr, aconsejó a sus lectores que «antes de estudiar los hechos, estudien a quien los historia».3 En la medida en que el objeto de esta obra es uno de los más debatidos en la historiografía contemporánea española, e incluso en la sociedad actual, creo necesario señalar que, en casa de mis padres, como en tantas otras en la época, casi nunca se habló de la guerra civil. Se evocaban repetidamente, eso sí, algunos episodios. En general, los contaba mi madre: cómo, en una ocasión, un miliciano le entregó un vale por unos productos y le dijo que fuese a cobrarlo a la checa de Bellas Artes. Alguien de los que estaban dentro y que la conocía la sacó a toda velocidad y le ordenó que no volviera. Otro episodio se refería al 18 de julio en Madrid. Su hermana estaba casada con un militar. Pocos días antes de aquella fecha su cuñado fue a despedirse. Se encerraba con su regimiento en el Cuartel de la Montaña. Cuando cayó este, mi madre fue inmediatamente a ver qué le había pasado. Lo encontró en el patio. Se había pegado un tiro. Algo similar ocurrió a un compañero del militar comunista Antonio Cordón, quien lo cuenta en unas memorias cuyo texto completo edité.

La presente obra está dedicada a mi mujer y a mis hijos, que han soportado durante muchos años un ritmo de trabajo agotador. Sin su apoyo, cariño y lealtad no hubiera podido aguantarlo. También a mis padres, quienes con grandes sacrificios hicieron posible la mejor educación que pudieron facilitarme. Soy el primero de la familia en haber ido a la universidad y si lo conseguí fue, en gran parte, gracias a ellos. Igualmente, lo dedico a muchos que se han ido. Cuando iba muy adelantado en su redacción, me llegaron las noticias del fallecimiento de Manuel Marín, exvicepresidente de la Comisión Europea y del Congreso de los Diputados, así como del profesor Josep Fontana. He querido, en homenaje, unir sus nombres al de mis padres junto con los del coronel y profesor Gabriel Cardona y de Julio Aróstegui. Otros que han influido en mi carrera se encuentran al final, junto con mis agradecimientos. Copio esta idea de un autor al que admiro mucho, Thomas Weber, que ha trabajado de manera renovadora sobre una figura «poco» conocida: Adolf Hitler. Mussolini y él salvaron a Franco.

Bruselas, enero de 2019.


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1. Elecciones fraudulentas, terror rojo con el asesinato de Calvo Sotelo y plan comunista para apoderarse del gobierno. Southworth, 1964, citado por la edición de 2008, p. 327.
2. Azzi, en The Historical Journal, 1993.
3. Carr, p. 17: «study the historian before you begin to study the facts».