Ver lo que dice alguna prensa angloamericana
La batalla de la ayuda humanitaria del 23 de febrero ha terminado con un importante fracaso de la oposición pro-imperialista venezolana. Ni la jornada de movilización previa, a través del concierto Venezuela Aid Liveorganizado por el multimillonario británico Richard Branson, ni el intento de introducir la llamada “ayuda humanitaria” a través de una movilización popular que desbordase el control fronterizo de la policía venezolana, han alcanzado los niveles mínimos. Los informes desde el terreno y los numerosos reportajes filmados son un testimonio poco discutible del fracaso anunciado.
Los 20.000 asistentes al concierto de Cúcuta se convirtieron al día siguiente en unos 2.000 “voluntarios humanitarios” camuflados y con palos que, en cualquier otra situación, la prensa hubiera calificado de “violentos incontrolados”. En este caso, lo que era evidente era su control por parte de los organizadores de la batalla: Elliot Abrams, Iván Duque, Sebastián Piñera, un meritorio Mario Abdo Benítez, con la habitual beligerancia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Como 300 heridos, 3 muertos en otros lugares y dos camiones quemados no parecen un objetivo digno de semejante despliegue, hay que añadir que las deserciones de policías venezolanos que se pudieron anunciar no alcanzaron la media docena.
Ese era el verdadero objetivo de la provocación: situar al ejercito venezolano ante la disyuntiva de optar por la dualidad de poder en juego, la de la Asamblea Nacional manipulada por el “autoproclamado” presidente interino Juan Guaidó y la de Nicolás Maduro, apoyado en la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
La apuesta del plan de Abrams -el verdadero organizador de lo sucedido- ha resultado casi mortífera para la oposición pro-imperialista. La decisión de hacer salir de Venezuela a Juan Guaidó, sabiendo que no podrá volver a Caracas, vuelve a dejar sin dirigente efectivo a la oposición interna, a la Asamblea Nacional sin presidente por ausencia no autorizada del país y su mandato constitucional (art. 233) de celebrar elecciones en 30 días tras su “autoproclamación” como presidente interino, incumplido. La trama de la pretendida legitimidad constitucional de la intervención imperialista -como en 2002 y 2004- se ha desmoronado.
La coalición pro-intervencionista, construida durante meses partiendo de la OEA y del “Grupo de Lima”, que consiguió arrastrar temporalmente a la Unión Europea, ha salido fracturada tras el fracaso de Cúcuta. Los prudentes no quisieron respaldar el operativo de Abrams y dejaron a Guaidó en manos de los herederos de Uribe y de Pinochet, que no son precisamente la mejor imagen de legitimidad democrática. Abrams, por supuesto, no puede salir de las sombras, aunque esta sea larga. La Unión Europea vio el fracaso como la oportunidad para recuperar su autonomía después del error del ultimátum de los ocho días y el reconocimiento de Guaidó -ahora, transcurridos los 30 días, sin legitimidad-, y condenó cualquier intervención exterior contra Venezuela. La neutralidad del secretario general de NNUU, Antonio Guterres, ofreciendo su posible mediación para una salida política si se lo pedían las partes se ha endurecido con una condena de la utilización política de la “ayuda humanitaria” -es decir, del “Plan Abrams”- y la reafirmación de las credenciales diplomáticas de los representantes del gobierno Maduro -segando cualquier pretensión de legitimidad a los “embajadores” designados por Guaidó.
Si el “Plan Abrams” quería polarizar la comunidad internacional para endurecer el “cerco humanitario” contra Venezuela -porque esas sanciones y bloqueos si lo sufren todos los habitantes del país-, las imágenes de estos días de la caravana estrellándose contra la barrera fronteriza ha acabado por delimitar una mayoría clara “anti-intervencionista” en la Asamblea General de NNUU, con independencia de las pocas simpatías existentes por el régimen de Maduro.
Así que la reunión del lunes 25 del “Grupo de Lima” a la que asistirá Juan Guaidó no le queda por el momento otro plan B creíble que una intervención militar, como ha indicado el secretario de estado Mike Pompeo, que es justamente lo que rechaza la mayoría de la sufrida población, sea oposicionista o “madurista”, y entrega al régimen de Maduro la iniciativa política y la legitimidad anti-imperialista de la que en buena medida carece, como se pudo ver en Caracas en la gran concentración del día 23 “Manos fuera de Venezuela”.
Sin una fractura importante de las fuerzas armadas venezolanas, el Plan B es simplemente una fantasía. Pero le obligará a tomar un papel más determinante en la gestión del régimen de Maduro, que evolucionará rápidamente hacia un bonapartismo militar. El emplazamiento de Maduro a Guaidó de convocar elecciones, pocos días antes de que se cumpliese el plazo de 30 días del art. 233, ha sido interpretado como una presión militar: en las próximas semanas se verá si es así.
El fracaso del “Plan Abrams” abre efectivamente una ventana de oportunidad para la posible mediación de NNUU y la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas que permitiesen reconstruir la legitimidad constitucional republicana de Venezuela. Frente al “Grupo de Lima”, sale reforzado el grupo de contacto propuesto por México, Uruguay y la Unión Europea. A nivel interno, las incógnitas son como se reconstruirá la oposición presente en la Asamblea Nacional tras el obvio fracaso de su manipulación por Voluntad Popular, el partido de López y Guaidó -ya enfrentados entre si-, y si finalmente se acaba de constituir de manera consistente el tercer campo del “chavismo crítico”, los defensores de la Constitución de 1999, cuya principal figura es por hoy Rafael Ramírez, exministro y exdiplomático chavista en el exilio.
La inestabilidad del actual régimen de Maduro -que representa los intereses de la “boliburguesia”, la administración y los cuadros militares, con el apoyo exterior de China, Rusia y Cuba-, es estructural, pero se ve fuertemente afectada por el bloqueo exterior de su exportación de materias primas e hidrocarburos al mercado mundial, que representa la casi totalidad de sus menguantes ingresos. La base social de la movilización opositora es la protesta contra la degradación de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población. Unos cientos de “containers” de “ayuda humanitaria” no son una alternativa creíble incluso al plan del gobierno de ampliar en las próximas semanas la cartilla de racionamiento ligada al “carnet de la patria”. El conflicto de clases interno se agudizará y esa será la dinámica determinante si se amplia el margen de tiempo frente a la intervención imperialista exterior tras el fracaso del “Plan Abrams”.
