La máquina de fango nacional..

  El jueves .

Máquina del fango y agenda mediática. Compromiso público y vida privada

Javier Segura

Profesor de Historia. www.javisegura.es

En la pasada semana, uno de los diarios que mejor encarna la prensa tóxica y corrupta en este país, OK Diario, dirigido por Eduardo Inda, situó en la agenda mediática la revelación de la compra por Pablo Iglesias e Irene Montero de su casa familiar en Galapagar, una zona de clase media situada a 40 kilómetros de Madrid. La noticia desató la ofensiva de la cofradía de violadores y acosadores de la Caverna mediática que, desde que Podemos irrumpió en el escenario político institucional, no ha dudado en utilizar la situación de privilegio que otorga el poder sobre la opinión pública para intentar descabezar a esta formación política, nacida del movimiento del 15M. El ataque se ha centrado en la supuesta incoherencia entre las afirmaciones realizadas años atrás por Pablo Iglesias sobre la necesaria cercanía del estilo de vida de los políticos con las personas a las que representan y la crítica que dirigió en un tweet de 2012 al ex-ministro Luis de Guindos por la adquisición de un ático de lujo por el que éste pagó 600.000 euros y la compra por la pareja formada junto a Irene Montero de un chalet por el que deben pagar una hipoteca de 540.000 euros en 30 años. El caso, como a continuación explico, constituye un claro ejemplo de lo que  Umberto Eco definió, con motivo de la publicación de su excepcional novela Número cero, como “máquina del fango”, consistente en la elaboración sesgada, desde los despachos de poder, de informaciones de la vida personal del adversario político, con objeto de desacreditarlo y de tapar las miserias que comparte el periodismo con las élites dominantes.
Es evidente que la máquina del fango funcionó de manera efectiva. El asunto acapara desde entonces la agenda mediática por encima de cualquier otra información y, además, ha generado no pocas disputas y discusiones en las redes sociales. Los francotiradores de esta maquinaria, auténticos profesionales en el manejo de las manzanas del odio, la discordia y la crispación, movidos por el interés en debilitar la credibilidad de los líderes de Podemos y de abrir heridas internas en el seno de la formación morada, apuntaron certeramente contra un punto débil de las sensibilidades progresistas: la presunta incoherencia entre el discurso político en favor de “los de abajo” con un comportamiento personal, como es la compra de un chalé asociado a un determinado   nivel de vida. Es la vieja estrategia de las clases dominantes del “divide y vencerás”. La trampa de este planteamiento reside en que busca deliberadamente el enfrentamiento entre quienes ven en la compra del chalé una incoherencia entre “lo que se predica y lo que se hace “y, por tanto, piden responsabilidades y los que consideran que no hay tal incoherencia, sin que se cuestione un aspecto central: el de los procedimientos utilizados por la prensa corrupta y tóxica, sin el más mínimo respeto al derecho a la intimidad, para intoxicar a la opinión pública. A esta gente el negocio le va en la bronca.
De esta manera, se ha producido en el seno de Podemos y del progresismo en general un debate absolutamente desnaturalizado, en el que los problemas de fondo han quedado invisibilizados. Las redes se han visto inundadas de comentarios sobre si Pablo Iglesias e Irene Montero han actuado contra el código ético de su formación o si deben seguir o no al frente de Podemos. Justo donde la Caverna mediática quiso situar el tema. No lo voy a eludir, pero antes haré unas consideraciones necesarias para poner las cosas en su contexto.
Vivimos un escenario mediático en el que los grandes medios de comunicación no pretenden explicar los problemas reales del mundo en que vivimos sino asentar en la sociedad los valores en que se funda el statu quo. Ello es el fruto del control descarado que los grandes grupos financieros tienen sobre las líneas editoriales de las grandes corporaciones mediáticas. Esta dependencia ha supuesto la progresiva degradación del periodismo informativo en favor de un periodismo espectáculo, donde se impone lo que es noticia y lo que no, donde los hechos no se verifican ni contrastan, donde se condena a la ciudadanía a consumir información descontextualizada, donde la realidad se presenta de forma maniquea para despertar adhesiones o rechazos viscerales, donde se utiliza el formato aparentemente neutro y objetivo de la noticia para crear opinión, donde no hay reparo en subvertir los significados del lenguaje para utilizarlo como arma arrojadiza, en definitiva, donde la tergiversación y la manipulación constituyen el medio idóneo para establecer el dominio de los “dueños de la información” sobre la opinión pública. Una estafa.
Es en este caldo de cultivo en el que pueden prosperar personajes como Eduardo Inda, ejemplo emblemático del periodismo espactáculo-basura en este país. Si lo que publica y difunde, como lo del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, impacta en la sociedad y genera polémicas teledirigidas se debe, sin duda, a la situación de vulnerabilidad informativa a la que ha conducido en este país la maquinaria del fango, de la que Inda es un paradigmático eslabón. Un auténtico peligro para la salud moral y cívica.
Junto a este escenario mediático se añade otro problema: la desnaturalización del debate sobre la coherencia entre lo que se predica desde el progresismo y la vida personal o, en el caso que nos ocupa, entre los valores que representan Pablo Iglesias e Irene Montero y la compra de su vivienda familiar. Resulta increíble pero es real. La Caverna mediática ha conseguido que este debate sobre la coherencia/incoherencia entre el comportamiento privado y el ideario político se centre en si los líderes de Podemos pueden representar a la mayoría social viviendo en una casa unifamiliar, cuando el país vive inmerso en un sistema  gobernado bajo el patrón de una incoherencia estructural: la de los patrocinadores económicos, políticos y mediáticos de políticas públicas que, impulsadas en nombre del bienestar general de la ciudadanía, han impuesto un modelo de distribución de la riqueza que ha enriquecido a las élites mediante el despojo de los bienes públicos, las prestaciones sociales y los derechos laborales, precarizando las condiciones generales de vida. ¿Puede haber hipocresía mayor?
Pongamos ahora el caso del tweet de Pablo Iglesias en el que éste criticaba la compra por Luis de Guindos de su ático de lujo pagado a toca-teja. Hagamos la comparación: De Guindos compró el ático como una inversión inmobiliaria, (Parece que luego, dicen, se lo regaló a su hija) cuando su fortuna superaba ampliamente el millón de euros. El lugar elegido fue La Moraleja, el más exclusivo y excluyente de Madrid. Por su parte, Pablo Iglesias e Irene Montero, sin disponer de un patrimonio significativo, han solicitado una hipoteca de 540.000 euros a 30 años, pagando al mes algo más de 800 euros cada uno, tras el cambio de vida que supone iniciar la aventura de la paternidad de dos hijos mellizos. ¿Hay alguien que no pueda comprender que los líderes políticos más expuestos a la persecución y el asedio mediáticos, mucho más que cualquier alcalde y cualquier diputado, quieran guardarse, en las nuevas circunstancias, del asedio permanente al que se verían sometidos viviendo en un barrio de Madrid? ¿Dónde está la incoherencia? ¿En Pablo Iglesias e Irene Montero o en De guindos, cuya fortuna no le impidió impulsar el drástico plan de ajuste económico que ha empobrecido a la sociedad española en beneficio de la banca?
Por todo ello resulta absolutamente triste que desde sectores progresistas se haya entrado al trapo de la información reproducida a gran escala por la Caverna y el resto de las grandes plataformas mediáticas. Aquí hay cuestiones fundamentales que nacen de la confusión entre lo que es propiedad personal y propiedad privada-burguesa. Es evidente que no hay un nivel de renta o de patrimonio personal que pueda establecer el grado de coherencia entre la vida privada y el compromiso político-social. Por el contrario, la propiedad privada-burguesa fundamenta la producción y la distribución de la riqueza y el poder en torno a las posiciones desiguales y antagónicas entre patronos capitalistas y trabajadores asalariados. Ésto nos lleva a otra consideración, y es que la desigualdad social, como injusticia estructural que se reproduce, no es la que deriva mecánicamente de las diferencias de renta, sino la que resulta del proceso dialéctico de enriquecimiento por acumulación y concentración de megacapitales por desposesión de la ciudadanía, merced a las políticas públicas que subordinan la soberanía popular a los intereses empresariales y financieros.  ¿Realmente alguien en su sano juicio puede pensar que el haber comprado una vivienda familiar puede impedir que Pablo Iglesias e Irene Montero continúen siendo dos activos fundamentales en la política de este país?  No caigamos en esta trampa destructiva. Sepamos distinguir.
La vieja idea de que por ser progresista o de izquierdas hay que “renunciar” a bienes personales asociados con un nivel de vida “burgués”, sea en el contexto que sea, forma parte de un corsé establecido, de raíz pseudo-religiosa, que parece sobrevivir en una suerte de “socialismo ascético”. La forma de prefigurar el “mundo que se desea” en la vida personal tiene un nombre, y es la honestidad. Y tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han dado muestras sobradas de la misma. La consulta a las bases sobre su continuidad al frente de Podemos es una de ellas.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13661/maquina-del-fango-y-agenda-mediatica-compromiso-publico-y-vida-privada/

  Y ver ..

http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/05/24/la-continua-hostilidad-contra-podemos-de-los-mayores-medios-de-informacion-y-persuasion-espanoles/

 Nota .. del blog ...

 Me pregunto yo , si Marx vivia del dinero de Engels y este era un  empresario ingles del textil no estaban entonces viviendo ambos de la plusvalia de los obreros y obreras y eso les impidio fundar la Internacional de trabajadores o sacar el Manifiesto comunista o escribir el Capital …se ve que ahora comprar casa no es crear dignos puestos de trabajo para los obreros de la construción y distribuir   menos que fabricando fragatas de guerra en Navantia para masacrar niños en el yemen.. con la bendición del rey  y al servico de la teocracia saudi ,.

Los filisteos del art.155

Torra y los filisteos del art.155

Daniel Raventós

Gustavo Buster

La designación de Quim Torra como candidato a la presidencia de la Generalitat por Puigdemont, y su aceptación por ERC y la CUP, es una muestra de hasta que punto los síntomas mórbidos de la crisis del régimen del 78 se contagian. Como en la historia bíblica, “el servidor de su señor” (Sansón) se dispone a morir matando y derrumbar el templo del art. 155 sobre Rajoy y sus filisteos. En esta maraña de confusiones, secretos palaciegos, chantajes constitucionales, represiones implacables, ridiculización de sistemas judiciales herederos del franquismo –acentuado todo ello por el carácter elitista y excluyente de las decisiones políticas frente a una “rebelión de las masas” antagónicas -, es importante recuperar el hilo de lo que está en juego.
Empecemos por el Gobierno Rajoy, cuya prioridad es levantar el artículo 155 en Cataluña el tiempo suficiente para poder conseguir los cinco votos del PNV que le permitan aprobar los presupuestos de 2018 y extender su agónica legislatura hasta 2020. Y para ello, de acuerdo con las condiciones de la moción del Senado que aprobó la intervención de la Generalitat, es necesario que el nuevo presidente de la Generalitat designe un govern y tomen posesión sus cargos una vez publicado el decreto de nombramiento. Un decreto y una publicación que deben ser autorizados por el gobierno Rajoy en virtud de la aplicación del art. 155. Estas condiciones han cobrado viva propia y se han convertido en un laberinto legal en el que puede tener lugar un choque de trenes que haga descarrilar una vez más la estrategia de Rajoy, volviendo a plantear con toda crudeza la profundidad de la crisis constitucional en Cataluña.
El pasado viernes, pocas horas después de la firma del acuerdo de apoyo presupuestario con Nueva Canarias, el gobierno Rajoy emitía un comunicado denunciando como una provocación la composición del nuevo govern catalán y anunciaba la continuidad de la aplicación del art. 155 con su veto a los nombramientos. Sobre el independentismo catalán pesa de nuevo la amenaza de nuevas elecciones autonómicas y sobre el gobierno Rajoy que se frustre la aprobación de los presupuestos de 2018 en los debates de esta semana en el Congreso de los Diputados. Sumado al espectáculo de la crisis autonómica madrileña y la pendiente y continuamente aplazada negociación de la financiación autonómica, se hace cada vez más patente no solo el agotamiento de la legislatura sino la dificultad de seguir gobernando un régimen cuyos mecanismos jurídico-administrativos están gripados.
La táctica del “mal menor” y la estrategia de Puigdemont
El PNV parecía haber vendido su lectura de la crisis del régimen del 78 y su táctica del mal menor a la cada vez más enrarecida dirección del independentismo catalán, en manos de Puigdemont. El peligro del espectro engrandecido de Ciudadanos, y el giro político a la derecha que implica, aconsejaban ganar tiempo a falta de una alternativa de izquierdas y la perspectiva de una alternancia hegemonizada por Rivera. Pero es muy fácil predicar moderación desde el concierto vasco y muy difícil cuando hay exiliados y presos políticos catalanes. Más cuando la legitimidad que les sostiene es la defensa de los resultados de muchas movilizaciones a lo largo de la última década, especialmente de la consulta del 1 de octubre con más de dos millones de votantes a pesar de la represión policial.
La decisión de Puigdemont de designar como candidato a Quim Torra, tras los bloqueos judiciales de su propia candidatura y la de Turull, parecía una cesión a las peticiones del PNV y ERC de un “govern viable” capaz de recuperar la autonomía jurídica de las instituciones catalanas intervenidas. Pero como se ha hecho evidente en pocos días, estaba subordinada a su estrategia “legitimista”, en una guerra cultural que debería tener su apogeo en el momento de los juicios contra los exiliados y los presos políticos independentistas. Y forzar la aplicación por segunda vez del art. 155 por el gobierno Rajoy es un elemento decisivo de esta estrategia, en la medida que extiende al conjunto de las instituciones catalanas la situación jurídica de los acusados independentistas. La construcción política de abajo a arriba de un frente soberanista por el derecho a la autodeterminación es sustituida por un llamamiento nacionalista de arriba a abajo frente a la represión.
A pesar de la campaña contra Torra por sus simpatías hacia la derecha nacionalista de Estat Català -una campaña protagonizada, entre otros, por los ministros que cantan sin sonrojo el himno de la Legión extranjera “soy el novio de la muerte” antes de asistir a las procesiones católicas de Semana Santa-, para Rajoy y su portavoz catalán Enric Millo lo importante era que se formase un gobierno catalán y abrir la ventana de oportunidad para la aprobación del presupuesto de 2018. Los supuestos herederos de Estat Català creían haberle pillado el punto a los confesos herederos del franquismo y, dispuestos a demostrar sus tragaderas, han estirado la cuerda en una guerra cultural y jurídica de desgaste que alimenta al principal enemigo electoral de Rajoy, Albert Rivera.
Provocación y represión
Las simpatías ideológicas de Torra, sus desplantes en la toma de posesión sin acatar la Constitución de 1978, su visita a Berlín para ser ungido por el “president legítim” Puigdemont, han ido elevando el coste político de la permisibilidad del gobierno Rajoy, que parecía consolarse con la carta del nuevo president catalán pidiendo diálogo sin condiciones y una entrevista. Pero la designación de su gobierno con dos exiliados y dos presos (a nadie parece importarle que solo tres mujeres…), su prevista entrevista en la cárcel de Estremera para la toma de posesión de los consellers “restituidos” en sus cargos, han acabado por romper la cuerda. El sábado 19 el propio gobierno Rajoy distribuía a los medios de comunicaciones una nueva interpretación de su propio comunicado de veinticuatro horas antes. Lo que era una amenaza se convertía ahora en una decisión: el gobierno Rajoy no levantaría la aplicación del art. 155 -poniendo en peligro la aprobación del presupuesto- si Torra no cambiaba la composición anunciada de su govern y excluía a presos y exiliados.
La argumentación legal para privar de sus derechos de ciudadanía a los políticos exiliados y presos provisionales es una retorsión adicional de la interpretación del dictamen consultivo del Consejo de Estado Nº 429/2018 sobre la Ley 13/2018 aprobada por el Parlament de Catalunya sobre la presidencia y el gobierno de la Generalitat. Con esta argumentación el Tribunal Constitucional bloqueó la toma de posesión no presencial de Puigdemont como president “ausente” (fuera del territorio de la autonomía de Cataluña). El dictamen del Consejo de Estado especificaba además que el quorum necesario de las reuniones del govern, aunque se realizasen con medios telemáticos, no podía alcanzarse con los consellers que no estuvieran físicamente presentes ni participar en la toma de decisiones aquellos que estuvieran “ausentes” de Cataluña. Esa interpretación es sin duda la que utilizará el Tribunal Constitucional cuando el gobierno Rajoy fundamente su veto del nuevo govern aplicando el art. 155 con un recurso de anticonstitucionalidad.
No parece probable que Torra se avenga a someterse a semejante chantaje. Ni que Rajoy sea capaz de superar la presión de Rivera, que ha venido denunciando sin tregua la aplicación “moderada” del art.155 del gobierno, hasta el punto de declarar la retirada de su apoyo mientras alimentaba una campaña contra la lengua, la escuela y la televisión pública catalanas.
Aún así, Ciudadanos se disponía a apoyar los presupuestos de 2018, para alargar su festín de votos y construir una red municipal y autonómica “regeneracionista” sobre la carroña del caciquismo del PP. El movimiento defensivo del gobierno Rajoy ha consistido en sacar del armario al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como portavoz del “frente moderado” del 155, para que fuera anunciando su reimposición tras la aprobación de los presupuestos de 2018. ¡Qué carrera la de Sánchez!: de reformar la Constitución ha pasado a la ambiciosa y original propuesta de reformar el código penal para castigar las ideas, anhelos, luchas y políticas independentistas adecuando el delito de “rebelión”.  Y con retranca, “adecuarlo al siglo XXI”.
Esa era la estrategia de Rajoy, que ahora se esta viendo desbordada por el ardor españolista de la defensa del art. 155: apoyarse a la vez en la coalición presupuestaria con C’s y el PNV, y en el “frente moderado” del 155 con el PSOE, para seguir siendo el amo de la charca dos años más. Es decir, contar con el aparato del estado para arropar las campañas electorales municipales, autonómicas y europeas del PP en 2019.

Judicialización y hegemonía
En el escenario de confrontación de los próximos días, que sin duda acrecentará la crisis constitucional en Cataluña y puede acabar no solo con nuevas elecciones autonómicas en Cataluña sino con un adelanto de las generales en el Reino, conviene también hacer balance de algunos factores secundarios, pero importantes.
La judicialización de la represión, que ha acompañado y justificado la aplicación del art. 155 en Cataluña resquebraja su legitimidad ante la incompetencia del auto del juez Llarena -cuyos argumentos para la extradición de los exiliados han sido rechazados ya por los jueces en Bélgica y muy probablemente lo sean en Alemania- y la falta de pruebas de malversación de unos fondos públicos intervenidos por Montoro meses antes de la consulta del 1 de octubre. A medida que se erosiona la fuerza del derecho se hace más descarnado el derecho de la fuerza y las limitaciones democráticas del régimen del 78, no solo internamente sino también a nivel europeo. El desplante de Rajoy en el último Consejo europeo por la presencia de Kosovo y el bloqueo de las negociaciones sobre el control fronterizo del aeropuerto de Gibraltar son pruebas de ello.
El pulso por la hegemonía  en el bloque independentista, que lo es también por su orientación estratégica, queda una vez más subordinado a la polarización nacionalista que reflejan los discursos de Rajoy y Rivera, por un lado, y de Puigdemont y de Torra, por otro. ERC ve bloqueada su propuesta republicana de acumulación de fuerzas buscando alianzas con Catalunya en Comú en un bloque por el derecho a decidir y contra el régimen del 78. La alternativa que se le ofrece es compartir el govern y enfrentarse en las elecciones municipales a Ada Colau en Barcelona, bloqueando así un giro a la izquierda.
La CUP decidió la abstención, permitiendo la elección sin condiciones de un candidato no solo tan distante de su tradición republicana, sino con posiciones muy derechistas, autor de varios artículos (no un twit, una frase o un párrafo) claramente contrarios a las movilizaciones del 15-M, con críticas generalizadas a los “españoles”… El portavoz del secretariado de la CUP, Lluc Salellas, lo justificó así: "El contexto de limitación de derechos y de auténtica represión de un Estado totalitario nos lleva a no bloquear la investidura". Y, efectivamente, la represión del Estado español ha supuesto 7 personas en el exilio, 13 en prisión, 12 detenidas y 259 cargos de la Generalitat cesados. Hay órdenes de busca y captura a militantes de los Comités de Defensa de la República, la principal fuerza popular de resistencia organizada por territorios. Pero las abismales diferencias ideológicas con Torra, más allá de la defensa genérica del derecho a la autodeterminación y la resistencia a la represión del Estado, no pueden eximir de un análisis concreto del callejón sin salida al que conduce su visión elitista y nacionalista del independentismo. Puestos a hacer analogías históricas, una disyuntiva similar fue la que produjo un giro a la izquierda de sectores mayoritarios que rompieron sucesivamente con Estat Català después del fallido pronunciamiento de 1926 en Prats de Mollo (Balius, Arquer, Compte, Rovira…).
Imperium y dominium
El principal reto para la defensa del derecho a la autodeterminación es ampliar la base social de sectores no independentistas. Eso supone dirigirse también a los movimientos sociales que tiene otras prioridades no estrictamente soberanistas. La concepción de la “república” es muy diversa según las distintas posiciones políticas que dicen defenderla. No puede ser de otra manera cuando son tantas las personas (¿la mitad, un poco más de la población?) que se sienten defensoras de la misma. La república no es únicamente, aunque en una situación como la actual eso ya sea muy importante, ausencia de rey. Eso puede conformar a la derecha independentista. Para las izquierdas la república es (o debería ser) acabar con lo que la vieja tradición de la libertad republicana ha llamado imperium y dominium. Es decir, acabar con las muchas formas de dominación, especialmente los derechos de propiedad como hoy están configurados, que sitúa a la gran mayoría de la población al arbitrio de unos cuantos poderosos, el dominium; y acabar también con la degeneración despótica de las instituciones políticas, el imperium.
Acabar con la degeneración despótica de las instituciones políticas puede posibilitar alguna convergencia entre la derecha y la izquierda soberanista, como así está ocurriendo, pero terminar con el dominium separa a ambas de forma taxativa. Y ahí es donde puede formarse una gran base social en defensa de la república catalana que abrace a la gran mayoría de la población. Esto, claro está, exige el desplazamiento hegemónico de la dirección soberanista catalana de la derecha nacionalista.
Buena parte de la izquierda española, basándose en el carácter evidentemente clasista de lo que hoy representa Torra y sus antecesores (“antiobreros", “lo mismo que Rajoy en política económica”, “no nos sentimos atraídos por este proyecto”…), se ha desentendido, más allá de alguna declamación más o menos episódica, de la legítima lucha por la autodeterminación contra unas instituciones políticas que, por una u otra razón, son vistas en Cataluña como dominadoras y despóticas, el imperium. Ha captado bien una parte, el dominium, ha tenido muchas dificultades para calibrar la otra, el imperium. En términos de su propio horizonte estratégico, le está resultando caro.

Daniel Raventós

Gustavo Buster

son editores de Sin Permiso.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 20 de mayo 2018

y ver ...

 https://www.eldiario.es/zonacritica/coaccion-federal-sitio_6_773832638.html