La cara B de la austeridad: déficit, deuda y pifias abren un
cráter financiero de 240.000 millones
El endeudamiento de la Administración central supera por
primera vez el billón de euros tras crecer 169.000 millones en cuatro años
mientras las consecuencias del rescate, la amnistía fiscal y las políticas
energética y de transportes lastran unas cuentas públicas cuyo descuadre crece.
EDUARDO BAYONA
El Público
Las políticas austericidas
del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado
del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que
augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado
nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la
historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar
169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las
cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese
a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las
exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las
exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o
dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al
rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han
generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.
Las cuentas del Estado se van equilibrando, cierto;
pero lo hacen al mismo ritmo que se descuadran las de su Administración
central. El propio Gobierno admite que el año pasado, mientras el déficit del Estado se reducía en 4.552 millones (de 55.128 a 50.576), el descuadre presupuestario del ejecutivo alcanzó los 46.115
tras incrementarse en casi 7.000: 5.115 generados por los organismos y
la Seguridad Social y otros 1.854 procedentes del rescate bancario,
anotado como “ayudas a instituciones financieras”.
La reducción del déficit de las administraciones
procede de la gestión de los presupuestos de las comunidades autónomas,
que en 2016 redujeron a menos de la mitad el descuadre del cambio de
legislatura, que cayó de 18.667 a 9.155 millones de euros, y del aumento
del superávit en los consistorios, que en 2016, un año después de que
las candidaturas de confluencia y el PSOE comenzaran a gobernar los
consistorios de las principales ciudades con apoyos mutuos, alcanzó los
7.083 tras los 5.094 del año anterior.
Los 50.576 millones de euros de déficit conjunto de
las administraciones equivale a un 4,3% del PIB, casi 33.000 por encima
del 2,8% que inicialmente había asignado Europa al Gobierno español para
2016 pero 3.528 por debajo del mucho más elevado listón del 4,6% que le
reasignó tras constatar que en el ejercicio anterior se había pasado un punto al alcanzar el 5,1% cuando el tope era del 4,1%.
Las estimaciones del Banco de España cifran en 5.915 millones de euros el descuadre acumulado por la Administración central y la Seguridad Social en los cuatro primeros meses de este año, en los que el de las comunidades autónomas se situó en 3.321.
Deuda pública billonaria
Ocurre algo similar con la deuda pública. En los
cuatro años y cuatro meses transcurridos desde el cierre de 2012, los
préstamos del conjunto de las administraciones crecieron, según el Banco de España, en 225.590 millones para situarse en 1,117 billones de euros,
aunque la cifra es en realidad mayor si se le añaden los 208.956 (el
18,7%, entre la sexta y la quinta parte) que suponen los créditos de
unas administraciones que están en manos de otras.
La deuda del conjunto de las administraciones
públicas españolas, que se ha triplicado en una década desde los 392.168
millones de euros de 2006, superó la barrera del billón de euros
oficialmente en 2014, aunque, si se tienen en cuenta los préstamos entre
instituciones, eso había ocurrido un año antes. El endeudamiento de la
parte del Estado que gestiona el Gobierno central superó esa barrera en
marzo del año pasado, al alcanzar un montante de 1.003.361 millones de
euros. En abril de este año, que es el último dato disponible, ascendía a
1.012.209: se había incrementado en 168.863 millones en cuatro años y
cuatro meses.
Casi dos tercios del aumento de la deuda pública española en ese periodo procede de la Administración central,
mientras la de las comunidades autónomas crecía en 92.645 (de 189.183 a
281.828) y la de los ayuntamientos bajaba en 11.992 (de 44.003 a
32.011).
La gestión de las ciudades del cambio, en las que la reducción de los préstamos ha llegado a alcanzar velocidades de 160.000 euros por hora,
ha resultado clave en este apartado. Esa mejora de la gestión de las
cuentas públicas ha permitido que ayuntamientos como el de Zaragoza
hayan logrado a adelantar en cinco años la salida del Plan de Ajuste
iniciado en 2012, y cuya finalización estaba inicialmente prevista para
2022.
Costosas y variadas pifias
Sin embargo, ese descomunal nivel de endeudamiento y
esa deficiente gestión de las cuentas no son los únicos factores que
lastran la gestión económica de un Gobierno que, al mismo tiempo,
alardea de su rigor presupuestario y se ve capaz de anunciar para dentro
de tres años el final de la crisis pese al progresivo aumento de la desigualdad y la brecha social.
El ejecutivo de Mariano Rajoy acumula decisiones gravosas para las arcas públicas, entre las que destacan dos: el rescate bancario, cuyo análisis lleva al Banco de España a dar por perdidos 60.600 millones de euros, cuando otros países europeos han recuperado íntegramente los fondos destinados a reflotar bancos, y la amnistía fiscal ilegal,
que permitió lavar 28.000 millones de euros y libró a los propietarios
de otros 12.000 de pagar sanciones de entre 5.300 y 8.000.
Paralelamente, dos de las decisiones estrella del
Gobierno de Rajoy en materia de energía ya le han costado más de 200
millones a las arcas públicas: el primero del medio centenar de laudos
del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sobre los recortes a las renovables
le ha supuesto a España una condena de 128 millones de euros, cifra a
la que se suman los 77 con los que el Estado debe indemnizar a Repsol,
Cepsa y Disa por obligarles en 2012, en una decisión del ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero que optó por mantener, a vender el butano
con un precio inferior al de los costes.
Paralelamente, el Supremo condenó en marzo al
Ministerio de Fomento a indemnizar a la multinacional Abertis con casi
1.500 millones de euros (a pagar en 2021) por el bajo uso de la
autopista AP-7 entre Tarragona y Francia.
Sanciones europeas
Por otro lado, el Estado español ha sido objeto de
tres multas millonarias por parte de la UE: una de 18,9 millones por la
manipulación de las cifras reales de déficit de la Comunitat Valenciana,
otra de más de 46 más otro millón adicional cada seis días por la
deficiente depuración de las aguas residuales de 17 municipios y, por
último, la vinculada a la reforma de la estiba, que finalmente ha sido rebajada de los 24 millones iniciales a solo tres.
No parece, ni mucho menos, que vayan a ser las
últimas sanciones comunitarias que reciba España, que tiene abiertos
expedientes por la normativa sobre hipotecas, la escasa implicación en
la acogida de refugiados o las trabas al autoconsumo de energías renovables.
Un informe hecho público esta semana por la Comisión Europea sitúa al Estado Español, con 83 procedimientos de infracción
abiertos a finales de 2015 (37 se incoaron ese año), como el tercer
país con más causas, solo superado por Alemania (88) e Italia (89). Más
de 60 de esas infracciones, bajo investigación se deben a
transposiciones incorrectas de directivas comunitarias y a “mala
aplicación” del derecho de la UE.