La CETA que firmaron finalmente la UE y Canadá .

CETA y la crisis en el comercio mundial

  Por Michael Roberts

El acuerdo de libre comercio CETA que firmaron finalmente la UE y Canadá este domingo estuvo a punto de descarrilar la semana pasada por las objeciones de los belgas de habla francesa (Valonia), mostrando las dificultades para los nuevos acuerdos comerciales globales. El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre Asia y los EE.UU., se acordó a principios de este año, pero todavía tiene que ser ratificado por las Asambleas de todos los países firmantes. Y los dos candidatos a la elección presidencial de Estados Unidos se oponen ahora a la ratificación. El acuerdo de Asociación de Comercio e Inversión Transatlántico (TTIP) entre Europa y los EE.UU. permanece a la espera, con poca probabilidad de un acuerdo en el futuro previsible.

Los partidarios deL CETA dicen que incrementará el comercio entre Canadá y la UE en un 20% y aumentará la economía de la UE en 12 mil millones de euros al año y la de Canadá por12 mil millones de dólares canadienses. Sin embargo, hemos oído hablar de tales beneficios de los acuerdos comerciales globales antes y siempre resultan ser mucho menos, especialmente para los socios más débiles del acuerdo.
Por otra parte, CETA fue firmado pero sólo porque se acordó que sus partes más controvertidas quedan congeladas, a saber, la reducción de los aranceles a los productos agrícolas canadienses que amenazaban los agricultores de Valonia y los llamados tribunales para dirimir las disputas sobre las inversiones que permiten a las empresas demandar a los gobiernos por cualquier acción que amenacen sus ganancias (¡a través de tribunales con representantes empresariales!). Además, puede tardar otros dos años antes de que se complete la plena ratificación por los 28 estados miembros de la UE.
Como he indicado anteriormente, los acuerdos de bloques regionales han sustituido los acuerdos que abarcaban a todo el mundo a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a que estos últimos han fracasado una y otra vez desde la crisis financiera global. Y la razón es clara. Se debe a que el crecimiento del comercio mundial ha disminuido drásticamente. Cuando un pastel se hace más y más grande, los que lo cortan están contentos de llegar a un acuerdo para compartir. Pero cuando un pastel empieza a ser más y más pequeño, nadie quiere renunciar a su ración y compartirla. Esa es la situación ahora. La Larga Depresión, con su baja tasa de crecimiento del PIB real y su no inflación de los precios de los productos básicos, ha reducido el pastel.
La OMC recientemente redujo el pronóstico de crecimiento del comercio mundial de este año más de un tercio. Ahora se espera un crecimiento de sólo 1,7% en volumen, por debajo de la anterior estimación del 2,8%. La OMC también espera ahora un crecimiento más lenta para 2017, con un aumento entre el 1.8 y el 3.1% en lugar del 3,6% estimado en abril.
Como he señalado antes, desde el final de la gran recesión, ya no hay un crecimiento del comercio mundial que supere el crecimiento del PIB real sino al contrario. En promedio, desde 1945, el comercio mundial crecía 1,5 veces más rápido que el PIB e incluso dos veces más rápido cuando la “globalización” se aceleró en la década de 1990. Las estimaciones de la OMC señalan el primer revés de la globalización desde 2001 y el segundo desde 1982.
Incluso las previsiones de la OMC parecen optimistas. La agencia de comercio holandesa, CPD, considera que hasta agosto de 2016, el volumen de comercio mundial era en realidad plano. Y si nos fijamos en el registro del comercio mundial desde la Gran Recesión, el crecimiento medio anual en volumen ha sido sólo un 2% frente al 5,6% de antes de 2008.

Los EE.UU. no son una excepción a la tendencia más amplia. El valor total de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos se redujo en más de 200 mil millones de dólares el año pasado. En los primeros nueve meses de 2016, el comercio cayó adicionalmente en 470 mil millones de dólares. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el comercio con otras naciones ha disminuido durante un período de crecimiento económico.
Todo esto preocupa seriamente a los estrategas del capital, especialmente a los que representan a las principales economías. “La reducción de libre comercio estancaría un motor que ha traído ganancias de bienestar sin precedentes en todo el mundo durante muchas décadas”, escribió Christine Lagarde, directora gerente del FMI, en un reciente llamamiento a las naciones para que renueven su compromiso con el comercio.
Todo esto hace que las perspectivas del capitalismo británico para conseguir un buen acuerdo de comercio con la UE en los próximos dos años de negociación sean sombrías. Y como he señalado antes, la idea de que los exportadores británicos van a ganar más cuota de mercado después de la devaluación del 20% de la libra esterlina resultará falsa. Después de la depreciación del 25% de la libra tras la gran recesión en 2008, los exportadores británicos no pudieron conseguir un aumento de su cuota de mercado. Y en 2013, cuando la moneda se apreció, la cuota de exportación se redujo aún más.
La razón era doble. Las empresas exportadoras británicas prefirieron obtener más beneficios y mantienen los precios de exportación aunque la libra esterlina cayó. Pero también la devaluación significó el aumento de los precios de importación y la mayor parte de los componentes de las exportaciones británicas (coches o servicios financieros) son importados. Así que los mayores precios de importación hicieron difícil bajar los precios de exportación.

El comercio mundial ha dejado de crecer. Los acuerdos comerciales regionales están en peligro. La globalización ha terminado. Un buen momento para el Brexit.

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Publicado originalmente en inglés en: https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/31/ceta-and-the-crisis-in-world-trade/

Hay cosas que no se pueden contar.

Lo que no se puede contar

La suplantación de voluntad que en la sesión de investidura denunciaron las diputadas es un hecho que no tiene precedentes en la democracia española ni por supuesto en ninguna otra que se dé a respetar, argumenta Alberto Carrio Sampedro

31 octubre 2016
  

ALBERTO CARRIO SAMPEDRO.
 Pocas sorpresas podía deparar la sesión de investidura del pasado sábado. El guion, minuciosamente diseñado con base en el socorrido argumento del interés general y la gobernabilidad, fue fielmente interpretado por los actores de la escuela de Ferraz. Una vez más, como no quien quiere la cosa, el Partido Popular invistió a su candidato sin más esfuerzo que el desgaste al que se expusieron los demás.
Ni siquiera sorprendió la renuncia de Pedro Sánchez, otrora candidato dispuesto a desayunarse los sapos de las fuerzas del mal y hoy dispuesto a contar todo lo que sabe porque sabe que todos saben que sabe cosas que es mejor callar. Todo previsto hasta que tres palabras encendieron todas las alarmas del Estado de Derecho porque con ellas amenaza ruina todo el entramado consustancial.

 “Abstención por imposición”, dijo la diputada socialista María González cuando la Mesa del Congreso la requirió para votar. “Abstención” se repitió desde la Mesa, dado que para computar el voto era necesario amputar. Pocos minutos después, otra diputada socialista, Adriana Lastra, utilizó la misma frase, y nuevamente la Mesa procedió a la amputación antes de computarla como otra abstención más.
La suplantación de voluntad que el sábado denunciaron las diputadas es un hecho que no tiene precedentes en la democracia española ni por supuesto en ninguna otra que se dé a respetar.
Por eso es incomprensible que la presidenta del Congreso, entre cuyas funciones se encuentra vigilar el cumplimiento estricto de la legalidad, no detuviera la votación para asegurarse de que la voluntad de las diputadas no había sido secuestrada como acababan de confesar. No sólo porque la Constitución prohíba el mandato representativo (Art. 67.2 CE), sino porque el imperativo que las diputadas han confesado obedecer es, por definición, ilegal.
La omisión del deber legal impidió a la presidenta restituir a las diputadas en su derecho y, de paso, contribuyó a generar nuevas dudas sobre la legitimidad del proceso de investidura en su conjunto. Sin embargo, como es ya habitual por estos lares, la presidenta del Congreso transmitió con total normalidad al jefe del Estado el resultado de una votación viciada que inocula a la democracia una sustancia letal.
A las sospechas sobre la legitimidad de una investidura que exigía, para ser viable, varios asesinatos previos en Ferraz, hay que añadir ahora la tacha de ilegalidad que supone el vicio en la formación de la voluntad de la Cámara que han denunciado las diputadas socialistas.
Lo primero no supone un gran problema para quienes están habituados a trabajar con el material maleable con el que se construye la legitimidad, como bien saben los fontaneros de Génova y Ferraz. Lo segundo, sin embargo, es preocupante.
La confesión pública de suplantación de la voluntad en sede parlamentaria asesta una puñalada de muerte a la democracia constitucional e invalida el procedimiento en su integridad. No se trata de aritmética, si contamos todos los votos las cuentas dan para gobernar.
 El problema es de otra índole: bajo imposición no hay libertad y sin libertad no hay decisión.

 Hay cosas que no se pueden contar.

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Alberto Carrio Sampedro es profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

http://cort.as/neuk


 y ver ..

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/10/29/maria-gonzalez-argumenta-abstencion/778679.html

El fracaso económico de la expansión cuantitativa .

Tipos de interés negativos o finanzas que andan de cabeza

Juan Torres López

Rebelión

Desde hace tiempo, algunos bancos centrales vienen aplicando tipos de interés negativos a los depósitos que en ellos realizan los bancos privados. Y eso mismo ha ocurrido con títulos de deuda pública que diversos países (entre ellos España) han emitido últimamente. Incluso algunos bancos comienzan a cobrar a sus clientes en lugar de retribuirles por sus depósitos, hasta el punto de que muchas personas que tienen grandes sumas de dinero en países como Japón o Alemania han empezado a comprar masivamente cajas de caudales para mantener sus fortunas en metálico.El significado de los tipos de interés negativos es bastante claro: los prestamistas, en lugar de recibir una retribución por prestar a alguien, han de pagar por hacerlo. Y los depositantes, en lugar de ganar dinero cuando dejan sus fondos en una entidad, deben pagar también por mantener su dinero depositado en el banco. El mundo financiero al revés de lo que siempre habíamos conocido.
Se trata sin duda de una anomalía y puede parecer un sin sentido pero, en realidad, es hasta cierto punto normal que algo así ocurra cuando las economías y las finanzas se encuentran desde hace tiempo en una situación tan irregular, y casi al límite, como la actual.
La primera razón que explica que el precio del dinero sea negativo es su abundancia, la impresionante expansión de los medios de pago y de los depósitos bancarios que se ha producido en los últimos años.
Para hacerse una idea del incremento reciente de la masa monetaria puede bastar un solo ejemplo. En Estados Unidos, la llamada base monetaria (el efectivo en manos del público más los depósitos de los bancos en la Reserva Federal) aumentó en 821.585 millones de dólares en los 63 años que fueron de 1945 a 2008. Sin embargo, de principios de este último año a finales de 2015 aumentó en 3,1 billones de dólares. Es decir, que en 7 años creció unas 3,7 veces más que en 63. Cuesta trabajo hacerse una idea, ni siquiera aproximada, de lo que verdaderamente representa para la economía un crecimiento tan grande y generado en tan poco tiempo como el de estos últimos años (en solo los seis primeros meses de 2008 en Estados Unidos se creó más base monetaria -950.000 millones de dólares- que en los 50 años anteriores -840.000 millones).
Esa creación gigantesca de dinero se ha producido cuando los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los bancos privados con la intención de tapar el agujero patrimonial que ellos mismos se produjeron al acumular la ingente cantidad de basura financiera que dio lugar a la crisis. La inyección se ha producido o bien a base de préstamos billonarios prácticamente regalados o de compras masivas de sus títulos para “reciclar” esa basura. Los bancos centrales se han ido quedando así con la porquería acumulada por la banca privada a precio sobrevalorado (gracias a que previamente les habían permitido mantenerlos en sus balances valorados a su precio de adquisición y no al mucho más bajo de mercado) y “a cambio” los bancos recibían billones de dólares. Eso es lo que se ha traducido en la subida impresionante de los depósitos de los bancos privados en los bancos centrales que multiplica como la espuma la base monetaria.
Teóricamente, esas inyecciones deberían servir, según la explicación oficial de las autoridades, para que los bancos concedieran más créditos. Una explicación simplista y falsa, por no decir que sencillamente estúpida: la economía mundial (no solo la de Estados Unidos) hubiera reventado si toda esa cantidad de billones (4,7 veces más que la que había a finales de 2006) se hubiera diseminado por la economía de verdad y tan rápidamente como se creó. Los precios se hubieran disparado, cuando lo que ocurrió fue todo lo contrario, que la mayoría de las economías entró en deflación. Lo que buscaban era pura y simplemente rescatar a la banca cuando podrían haber rescatado a la gente con mucho menos dinero.
Lo cierto (y esa es la segunda explicación de los tipos negativos) es que la crisis reciente y la desigualdad de los últimos decenios ha debilitado en grado sumo las alternativas de inversión productiva. Aunque ha habido un cierto incremento del crédito, ni éste ha sido todo el que se corresponde con el aumento de la base monetaria que acabo de señalar, ni el suficiente para reactivar la economía. En Europa, la situación es particularmente curiosa al respecto porque las economías que más ahorran (Alemania y Holanda) apenas invierten y son las que generan así la abundancia de fondos ociosos: es decir, ellas mismas provocan los tipos bajos de los que luego se quejan.
La tercera razón que hace que una anomalía como los tipos negativos se mantengan es el predominio de la especulación. En principio y en condiciones normales, a ningún inversor le debería interesar colocar sus fondos a tipos negativos. Pero pueden interesar como apuesta cuando la hacen inversores especulativos tan poderosos que ellos mismos pueden generar tendencias alcistas de las que se aprovechan casi instantáneamente.
Además, con las finanzas patas arriba como están, con la gran incertidumbre dominante y con la ausencia de alternativas productivas rentables, tener el dinero sin utilizar también tiene un coste, de modo que los tipos negativos se explican también porque los inversores siempre preferirán perder un poco que perder más. Sobre todo, como acabo de decir, si se encuentran en medio de una dinámica especulativa permanente.
Por otro lado, las consecuencias de que los tipos de interés sean negativos no son exactamente tan positivas como en principio podría parecer.
Pensar que gracias a que los tipos estén más bajos los sujetos económicos que invierten en actividad real van a demandar más crédito me parece bastante ingenuo porque su demanda de crédito no depende solo de que el crédito sea barato. Solo aumenta cuando hay posibilidades de rentabilizarla y eso sigue muy complicado en la situación tan débil en la que, como he dicho, se encuentra la economía productiva.
Por el contrario, y por las mismas razones, los tipos de interés negativos son un incentivo para que siga aumentando el endeudamiento que tanto dicen querer controlar: el privado con el que se llevan a cabo las operaciones especulativas de todo tipo (las verdaderamente rentables cuando la desigualdad ha debilitado los mercados de bienes y servicios) y el de los gobiernos. Así que, al final, los tipos negativos no hacen sino aumentar la deuda que es el gran negocio de la banca y lo que los banqueros tratan de que crezca, sobre todo, cuando la banca internacional está totalmente quebrada desde hace tiempo y no es sino un zombi al que mantienen artificialmente los gobiernos y los grandes organismos internacionales por todos los medios posibles que tienen a su alcance. Y que son muchos gracias al extraordinario poder político y mediático que han acumulado.
Pero, desde otro punto de vista, los tipos negativos suponen un grave inconveniente para los bancos (aunque aumente su negocio, como acabo de señalar). Para poder mantener sus márgenes y beneficios deben recurrir a otros mecanismos que traen también consecuencias negativas, como la subida de las comisiones, las operaciones de maquillaje para ocultar nuevas pérdidas patrimoniales y los recortes de personal o de sucursales para reducir gastos que, a la postre, terminan limitando su propio éxito comercial. Y si llega a generalizarse que los bancos cobren a los clientes por sus depósitos (como ya está pasando en algunos de ellos) será inevitable que se produzcan retiradas de fondos que darán lugar a que la insolvencia bancaria (que ya es un hecho) se haga indisimulable y patente ante todo el mundo. Y es por eso que los bancos y los economistas que viven de ellos estén promoviendo cada día con más fuerza que se acabe con el dinero metálico, que es el que sus clientes pueden retirar materialmente de sus cuentas y llevarse a sus cajas de caudales.
Otro efecto negativo que tienen los tipos negativos es que cuando el coste de la financiación es menor los inversores lógicamente pueden optar por productos más arriesgados, pues el coste financiero más bajo les compensa la mayor probabilidad de pérdida por el riesgo. Y eso es lo que hace que de la mano de tipos de interés negativos la economía financiera mundial en su conjunto se esté haciendo todavía más volátil y peligrosa.
La pregunta obligada ante todo esto es evidente: si la existencia de tipos de interés negativos tiene estos riesgos o perjuicios ¿por qué los bancos centrales los mantienen así y no los suben cuanto antes?
No es fácil responder en unas pocas líneas a esa pregunta fundamental pero apuntaré algunas hipótesis que a mi juicio pueden explicar la situación.
En primer lugar, porque a los bancos centrales no les queda más remedio que inyectar medios de pago para que las economías no se vengan abajo estrepitosamente. Es verdad que tratar de empujar la economía solo inyectando dinero en los depósitos de los bancos privados en el banco central es casi tan inútil como tratar de empujar un carro con una cuerda (como se ha comprobado en Japón, en donde no se consigue salir de la recesión a pesar de la masiva inyección monetaria). Pero es el único medio que tienen a su alcance cuando:
a) no quieren recurrir a la política fiscal que es más expansiva porque tendrían que renunciar a sus dogmas ideológicos sobre la estabilidad presupuestaria y asumir su efecto redistributivo más evidente para la población.
b) las economías no tienen fuerzas endógenas suficientes para ponerse en marcha con vigor debido (ya lo he señalado) al debilitamiento progresivo de la economía productiva en perjuicio de la basada en la especulación financiera.
c) se niegan, sobre todo, a que la economía se recupere incrementando la masa salarial.
En segundo lugar, recurren a los tipos negativos porque la concentración cada vez mayor de la renta en grupos que solo gastan en consumo una parte muy pequeña de lo que ganan ha debilitado la actividad económica dedicada a producir bienes y servicios y eso se traduce en una deflación (precios a la baja) que tratan de evitar aumentando la masa monetaria. Algo que, sin embargo, apenas van a lograr porque para que subieran los precios el dinero creado por los bancos tendría que ir a la economía y no quedarse en los depósitos o los balances de los bancos privados, tal y como señalé antes.
En tercer lugar, porque, como ya he dicho, gracias a esa masiva creación de dinero aumenta la deuda que es el negocio de la banca, de modo que se permite así que los banqueros sigan ganando cifras fabulosas de dinero a pesar de que sus negocios están materialmente quebrados. Un portentoso juego de manos que los bancos centrales y los banqueros perpetran ante nuestros ojos sin que apenas nadie se dé cuenta del engaño.
Finalmente, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se mueven la economía mundial y las finanzas en particular en los últimos años y, sobre todo, tras la crisis. Entre otras, la hipertrofia de la circulación monetaria que ha descompensado cada vez más la relación entre la economía real y las finanzas; la espiral de una deuda extraordinariamente peligrosa y que se ha convertido en un fin en sí mismo porque es el gran negocio de la banca; la especulación generalizada a base de operaciones realizadas en milisegundos; y la desigualdad creciente que debilita la producción de riqueza, el comercio y el negocio productivo. Todas esas condiciones han sido muy exitosas desde el punto de vista de reforzar la ganancia y el poder de los grupos económicos más poderosos, de las elites de todo el planeta pero han dado al traste con el “orden” económico que hasta ahora podía explicar y ayudar a gobernar la “sabiduría” económica convencional dominante. Desde hace un tiempo, y sobre todo tras la crisis como acabo de decir, no tienen ya una guía de acción que les asegure que van a poder gobernar la nave de la macroeconomía sin nuevos y cada vez mayores sobresaltos. Como dijo en su día el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, la crisis no solo colapsó la economía sino “nuestra estructura mental”. Ahora, como reconoció hace unos días la actual presidenta de ese organismo, Janet Yellen, la macroeconomía presenta rasgos completamente nuevos antes los cuales sirven de muy poco los instrumentos de expansión y estabilización hasta ahora utilizados. Van a la deriva porque ni saben el efecto de lo que hacen ni lo que tendrían que hacer para salir de dónde nos han llevado sus políticas erróneas anteriores y la codicia de la banca.
En definitiva, los tipos de interés son una anomalía. Desde luego que sí pero no solo eso: son una expresión más del desorden que crea el capitalismo de nuestra época.
Lo que no sabemos es por cuánto tiempo se podrá mantener tanta sinrazón solo a base de concentrar el poder, de exprimir el trabajo ajeno y de aumentar el endeudamiento. Los tipos de interés no pueden ser negativos toda la vida y la deuda no puede seguir creciendo sin explotar así que lo que queda por ver es quién y cómo le pone el cascabel al gato.
Versión ampliada del artículo con el mismo título publicado en Noticias Obreras, número 1.588 de octubre de 2016.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Página web: www.juantorreslopez.com


 Nota ..

 La expansión cuantitativa (EC) —en menor medida, flexibilización cuantitativa (FC)— (en inglés, quantitative easing, cuyo acrónimo es QE) es una herramienta no convencional de política monetaria utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general mediante la compra de bonos del propio Gobierno central para estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo. Esta medida suele ser utilizada cuando los métodos más habituales de control de la oferta de dinero no han funcionado; como cuando la tasa de interés de descuento o la tasa de interés interbancaria están cerca de cero.

  https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_cuantitativa

La deflagración .Como estará el PSOE para que Pedro Sánchez sea el rojo...

Efectos expansivos de la bomba del PSOE

Jesús López-Medel *

Una bomba tiene unos efectos que van más allá de donde está situado el artefacto. Una explosión tiene una onda expansiva que puede ser grande y unos radiación y consecuencias que llegan a otras zonas. Igual que un suicido por medios especialmente destructivos hace que se extiendan y expandan  los restos  y vísceras.
La autodestrucción por bomba expansiva que han generado los socialistas ha producido el efecto esencialmente deseado: evitar que en una semana el defenestrado Pedro Sánchez pudiese llegar a un pacto de gobierno con fuerzas progresistas de izquierda y una variada tipología de nacionalismos. Evitaron ellos, como partido que forma parte del sistema, que este pudiese quedar afectado por la irrupción de unos muchachos peligrosos cuyo pecado de sanear la podredumbre preocupaba mucho a los más instalados y poderosos.
Lo han conseguido a base de un daño letal. Y durará durante lustros, inhabilitando largamente al Partido Socialista para poder ser alternativa. Se irán difuminando aún más y, con su nula credibilidad, su valor pasará a ser marginal. No hay más que ver los efectos del abrazo de la gran coalición en Alemania donde el apareamiento entre los dos principales partidos, aunque allí pactaron previamente los objetivos, está hundiendo cada vez más a los socialdemócratas germanos. El abrazo del oso.
Pero aún más tremendo es que aquí ese apoyo ha sido a cambio de nada. ¿Han pactado algo PP y PSOE? ¿Han dialogado? ¿Sacan alguna ventaja o compromiso de que el partido mayoritario apoye alguna iniciativa con dimensión social? Pues no. Nada de nada. Un gran aplauso a los chapuceros golpistas de Ferraz. Quedarán atados de pies y manos. ¡Y eso, gratis!
Pero decía, hay otras consecuencias expansivas en las que quiero centrarme. Se trata de los efectos que va a provocar en el poder territorial más allá de Madrid, el gobierno Central y las Cortes Generales. Sobre todo en los que alentaron el golpe en ese partido tan medieval a base de reinos de taifas. Una cosa es un partido federal y otra el ser un partido feudal.
Me refiero a lo que supone que en todas las Comunidades Autónomas que gobierna el PSOE (salvo Andalucía), lo hace porque Podemos les sostiene parlamentariamente. Y lo más curioso es que han sido los dirigentes de esas Comunidades Autónomas, alentados por la sultana, los que más batallaron para laminar a Pedro Sánchez en su intento en marcha (aunque no público) de intentar un gobierno con otras fuerzas y desalojar al PP.
Cierto es que esa aplicación de partido más votado en ese segmento hizo que Podemos y sus confluencias tengan alcaldías importantes: Madrid, Barcelona, Cadiz, etc. Pero son varias las Comunidades Autónomas (con mucho más poder y capacidad económica que los Ayuntamientos) en las que gobierna el PSOE gracias al apoyo de Podemos o su coaligado. Y es muy llamativo que varios de esos presidentes autonómicos que lo son por lo expuesto, hayan sido muy activos en evitar a toda costa un acuerdo con el mismo partido que les da soporte a ellos en sus territorios.
Hasta ahora Podemos sólo ha lanzado algún mensaje en Castilla la Mancha pero no ha reaccionado rompiendo lazos. Es inteligente esa actitud, pero sucederá que con el tiempo reciban algún castigo en alguna votación aislada para que recuerden esa dependencia. Además, veremos los resultados en unas elecciones autonómicas y locales para las que quedan dos años y medio y qué efectos tendrá la alianza en Madrid con la derecha y la desmovilización de una militancia muy decepcionada.
Así como con esa decisión del PSOE de apoyar o posibilitar (es lo mismo) que siga el PP y Rajoy les va a eliminar por lustros su llegada al poder central, las consecuencias expansivas pueden ser muy amplias y llevar consigo la pérdida de poder en la gran mayoría de territorios como Comunidades Autónomas en las que hoy gobierna y preside. Eso será el anticipo del gran réquiem en las generales.

(*) Jesús López-Medel es abogado del Estado.

 

 https://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/10/30/efectos-expansivos-la-bomba-del-psoe/9236

 

Rajoy ya habla andalú.

  

Las 20 exigencias de Susana Díaz a Rajoy para Andalucía.


La baronesa socialista cuela en el debate de investidura sus avales como líder de la oposición al firmar este jueves con Ciudadanos el acuerdo sobre los Presupuestos andaluces de 2017 que le garantizan estabilidad política frente a la fragilidad del resto de administraciones. Rajoy lanza un guiño a la sevillana, anunciando dos medidas prioritarias para Díaz: la reforma urgente del modelo de financiación autonómica y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.


DANIEL CELA

 Público.es

SEVILLA.- En su sucinto discurso de investidura, Mariano Rajoy ha marcado tres prioridades inmediatas para el inicio de la legislatura: buscar el consenso de todos los partidos para lograr un pacto de Estado por la Educación en el plazo de seis meses; convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado y abordar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica, que lleva dos años de retraso. Ninguna de estas promesas aparecía como tal (y menos con tanta premura) en el discurso que Rajoy pronunció hace siete meses, tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Pero más llamativo aún es que las dos últimas propuestas son las dos reivindicaciones prioritarias de Susana Díaz para Andalucía, las dos fueron reclamaciones explícitas que la líder del PSOE andaluz le hizo a Rajoy hace menos de una semana en el Parlamento autonómico, durante el Debate del Estado de la Comunidad.

Por si había caído en el olvido, en el último Consejo de Gobierno andaluz, este martes, un periodista le preguntó al portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, cuáles serían las principales peticiones que el Ejecutivo andaluz trasladará al futuro Gobierno del PP. Y Vázquez insistió en la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómica, cuya mala aplicación, advirtió, “hace perder a Andalucía mil millones de euros al año”. La otra petición va ligada a la primera, y es la convocatoria inminente de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, que lleva sin reunirse desde 2012. Rajoy, consciente de la fragilidad de su Gobierno, ha concedido ambas demandas en los primeros 30 minutos de su discurso de investidura, después de haberlas ignorado durante más de cuatro años.


En el entorno de Susana Díaz no han recibido este hecho como algo casual: creen que el presidente busca desde el minuto uno la complicidad de la baronesa andaluza como referente más sólido dentro del PSOE. La paradoja es que Rajoy necesita que el principal partido de la oposición le aporte la estabilidad necesaria para culminar una legislatura de cuatro años, marcada previsiblemente por reformas estructurales y por los nuevos ajustes exigidos por Bruselas.

Para lograrlo necesita que el PSOE, un partido deshilachado y con un conflicto interno sin resolver, logre su propia estabilidad interna, y en ese sentido el presidente reconoce en la andaluza la máxima autoridad dentro de su formación, y por tanto su principal interlocutora. Díaz es la presidenta autonómica con más poder institucional, dirige la comunidad más poblada, con un presupuesto de 32.000 millones de euros, y gobierna, como Rajoy, gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos. De hecho, este jueves lo programó todo para que su mayor aval para liderar el PSOE en el futuro -la estabilidad política y económica de su Gobierno- se solapara con el tormentoso debate de investidura.
Un presupuesto de 32.000 millones

Justo cuando Albert Rivera replicaba a Rajoy en el Congreso, en el Parlamento andaluz PSOE-A y Ciudadanos firmaban un acuerdo presupuestario sobre un volumen de 32.000 millones de euros que blinda la tranquilidad política para Díaz en 2017, y contrasta con la incertidumbre sobre las cuentas públicas en el resto de administraciones, incluido el propio Ejecutivo central. Para que quedase claro cuál es el mensaje que quiere trasladar la presidenta andaluza, su número dos en el partido, Juan Cornejo, enumeró una a una todas las comunidades autónomas y el estado de profesionalidad en el que se encuentran sus presupuestos para el año que viene.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este viernes el anteproyecto de ley de los próximos Presupuestos Autonómicos, pero la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado algunas de las grandes cifras. La más importante, quizá, es que el presupuesto aumentará un 2,8% respecto al presente ejercicio, aupado en una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 2,3% del PIB, lo que ha permitido a la Junta diseñar unas cuentas con una previsión de crear 65.000 empleos nuevos en solo un año.

Pese a todo, la titular de Hacienda admite que el presupuesto no es más que una proyección que depende de variables externas que ahora generan mucha incertidumbre, como el efecto del Brexit en la economía española, la incidencia para las comunidades del ajuste de 5.500 millones de euros que Bruselas le exige a España o la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, de los que dependen las entregas a cuenta a las regiones por la recaudación tributaria.

Montero ha dejado claro que Andalucía necesitará que el Gobierno de Rajoy apruebe las cuentas pronto, pero el número dos del PSOE ha matizado en seguida que, tras escuchar al presidente en la investidura, su partido no le dará el apoyo que necesita. “La aprobación de los Presupuestos Generales dependerá de si Rajoy se ha enterado de todas las cosas que tiene que cambiar y de que ya no tiene 186 diputados. Si no cambia de la noche al día, ni presupuestos ni nada”, ha zanjado Cornejo.

El PSOE andaluz ha reconocido que las dos primeras promesas de Rajoy en su discurso son una concesión directa a la baronesa socialista, pero no se les escapa que ese guiño también coloca a Díaz en un serio aprieto frente a los partidos de la oposición situados más a la izquierda. “El PP va a querer matarnos a besos. Tenemos que marcar claramente las distancias desde el principio”, dice un miembro del Ejecutivo andaluz. Podemos e IU ya han definido su línea de ataque: sitúan a Rajoy y a Susana Díaz en el mismo bando y harán corresponsable a la presidenta andaluza de todas las decisiones que adopte el Gobierno central y vayan contra los intereses de esta región.

Para la formación morada, además, es la oportunidad de echar por tierra las constantes acusaciones que vierte sobre ella la presidenta andaluza cada vez que hay coincidencia de voto de PP y Podemos en el Parlamento. “Se le ha acabado el discurso de la pinza. ¿Con qué cara nos va a seguir acusando ahora de aliarnos con la derecha si ella acaba de promocionar a un Gobierno del PP?”, avisa el partido de Teresa Rodríguez.
Pulso en el Constitucional

Todo esto, claro, Susana Díaz ya lo había previsto, de modo que su plan para contraatacar ya estaba escrito y convenientemente argumentado. Para neutralizar las críticas de Podemos e IU (que no le llegarán únicamente desde Andalucía), la presidenta de la Junta no sólo no va a edulcorar lo más mínimo su estrategia de confrontación con el Ejecutivo central. Al contrario, pretende endurecerla, ejerciendo como principal portavoz de la oposición desde el palacio de gobierno en San Telmo.

Hasta ahora, la dinámica entre las dos administraciones era ésta: La Junta denunciaba el “agravio” del Gobierno con Andalucía, y Rajoy reprochaba al equipo de Díaz que alimente la “confrontación constante” con Madrid. La Junta cree que el presidente “ha maltratado a esta comunidad», que no le da lo que le corresponde; y el Gobierno replica que si hoy la Junta puede pagar a sus proveedores y la nómina de sus empleados, es gracias a su “ayuda financiera”. Como consecuencia de este pulso endiablado, el Ejecutivo andaluz mantiene a día de hoy 17 recursos vivos en el Tribunal Constitucional contra leyes de Rajoy.

Andalucía ha recurrido decretos leyes que regularon los ajustes urgentes en Educación, Sanidad, estabilidad presupuestaria o tasas judiciales. Además, consideró insconstitucionales las leyes de Educación (Lomce), la de reforma local o la modificación de la Ley de Costas. Rajoy respondió con el mismo movimiento, interponiendo recursos contra la Junta para paralizar las medidas de contención que ésta había articulado como alternativa a los recortes, como la subasta de medicamentos, las oposiciones de enseñanza Secundaria con una tasa de reposición del 100% o, quizá la más polémica, la llamada ley antidesahucios, aprobada por el Ejecutivo de coalición PSOE-IU en el anterior mandato.

Otros 20 litigios entre Gobierno y Junta fueron resueltos por el Constitucional durante el mandato anterior, de los cuales siete fueron favorables al Estado, cinco parcialmente a favor, una dio la razón a Andalucía en su totalidad y otras siete parcialmente. Entre los pendientes y los resueltos, al cifra alcanza los 37 pleitos andaluces contra el Gobierno.

Este intenso pulso judicial no hace sino evidenciar la confrontación de dos modelos políticos antitéticos. Susana Díaz lleva años defendiendo que su gestión al frente de la Junta de Andalucía es el “paradigma de que hay otra forma alternativa de gobernar”, demuestra que es posible lidiar con la crisis sin las políticas austeras, las privatizaciones, los despidos en el sector público y los recortes del Ejecutivo del PP.

La presidenta andaluza no va a variar esa dinámica y ya ha preparado una lista de demandas pendientes para recibir a Rajoy, medidas concretas que quiere introducir ya en los próximos Presupuestos Generales, y sin ellas, el PSOE podrá allanar su rechazo a apoyar las cuentas del Estado.
8.000 millones de deuda

Sin embargo, casi todas las tensiones territoriales tienen que ver con el dinero (con la falta de dinero), de ahí que la principal prioridad de Susana Díaz y en la que se enmarcan todas las demás es la reforma urgente del actual sistema de financiación autonómica, la forma en la que el Gobierno reparte los ingresos por tributos entre comunidades. El modelo actual, diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra del PP, hace que regiones tan dispares como Andalucía y Valencia coincidan en su crítica, porque ambas se sienten infrafinanciadas. Si se consolida la recuperación económica, uno de los mayores retos de esta legislatura será el diálogo multilateral entre partidos y comunidades para consensuar una nueva financiación autonómica.

En teoría, este asunto irá parejo al debate territorial y a la hipotética reforma de la Constitución, que conlleva clarificar las competencias de las comunidades, del Estado, de los ayuntamientos, y decidir cómo y quién financia cada servicio público. Díaz tiene intención de usar el peso de Andalucía como garante de que se mantenga la igualdad entre regiones y el principio de solidaridad –las mismas bases que el 28F, día de la autonomía andaluza–, y para impedir cualquier tentativa del Estado de ofrecer prebendas a Catalunya para desinflar la burbuja secesionista.

La líder del PSOE-A también ha puesto mucho empeño en abrir cuanto antes el melón de la financiación autonómica para convencer a los socialistas catalanes de que se suban a ese carro, de que peleen desde dentro y abandonen su lucha interna por el no a Rajoy. Díaz les ha dicho que ganarán más si se anticipan al resto de partidos de Cataluña en ese debate del reparto de fondos, que al final será la única forma de afrontar el problema territorial. Pero no parece que por ahora haya convencido al PSC, de momento inmóvil en su decisión de saltarse la disciplina de voto y negar la abstención al presidente del Gobierno.

A partir de este debate, la presidenta andaluza presentará a Rajoy la factura de la “deuda” del Gobierno con Andalucía que asciende a 8.000 millones de euros por varios conceptos financieros, una cifra que ya ha bautizado como “la segunda deuda histórica”, remitiendo a aquel término que tan buen resultado político dio hace dos décadas, cuando la Junta reclamaba al Gobierno central “una deuda histórica” por el déficit en inversiones estatales en Andalucía durante los años ochenta (en esos 8.000 millones se incluye una partida de 2.525 millones precisamente por las infraestructuras pendientes de realizar).

En un segundo nivel, la presidenta andaluza quiere comprometer a Rajoy a cofinanciar la Dependencia, como dice la ley, porque ahora mismo la Junta paga “a pulmón” el 80% del gasto para atención a dependientes. También exigirá mayor implicación del Estado en el proyecto estratégico de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y un plan extraordinario de empleo, similar al que el Gobierno financió en otras dos regiones azotadas por el paro: Extremadura y Canarias.

La politica de austeridad en Italia.

Italia: La charada 'anti-austeridad' de Renzi y la verdad sobre el déficit

Thomas Fazi

 

El último proyecto de ley de presupuesto - aprobado hace tan sólo unos días - confirma lo que muchos críticos del gobierno han estado diciendo todo el tiempo : la retórica anti-austeridad de Matteo Renzi es eso: retórica. Desde su nombramiento como primer ministro, en febrero de 2014, Renzi ha sido un crítico sin tapujos de la austeridad. Entre los titulares recientes - a menudo acompañados de romances épicos sobre los enfrentamientos a puerta cerrada entre Roma y Bruselas (y / o Berlín) - figuran "La austeridad sólo es buena para Alemania, dice Renzi” , “Renzi hace trizas la austeridad de Merkel“ y  “Renzi ataca ‘la obstinación terapéutica’ de la UE con la austeridad". Tras el reciente terremoto en el centro de Italia, Renzi se comprometió a "tomar todas las medidas [de flexibilidad presupuestaria] necesarias 'para su plan de reconstrucción, en medio de expresiones de apoyo de varios líderes europeos, entre ellos Angela Merkel (que dijo que Renzi tendría una 'audiencia comprensiva' para su plan).
La solidaridad tras el terremoto fue de corta duración. Unas semanas más tarde, en la cumbre de crisis de la UE en Bratislava, Renzi no participó en la rueda de prensa final con sus homólogos de Alemania y Francia, debido a los desacuerdos sobre economía e inmigración. En los días previos a la publicación de la ley de presupuesto se hizo evidente que las razones de Renzi para una mayor flexibilidad habían caído en oídos sordos. Primero fue Jens Weidmann , presidente del infame Bundesbank, que acusó a Italia de 'abusar' de la cláusula de flexibilidad contenida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) e instó a Renzi a centrarse en las reformas estructurales y la reducción de la deuda. Luego fue el turno de Pierre Moscovici , el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, que indicó que el PEC 'funciona bien' y descartó otorgar mayor flexibilidad a Italia (a pesar de que acababa de conceder a España y Portugal un aplazamiento de las normas presupuestarias de la UE para el funcionamiento de unos déficits mucho más altos que Italia - el doble en el caso de España). Por último, Mario Draghi cortó la discusión en seco al declarar que las normas de la UE ya prevén “mucha flexibilidad” y que "los países ... deberían pensar más en la composición que en el tamaño de sus presupuestos” (a pesar de sus numerosas llamadas en los últimos meses para un mayor apoyo fiscal de la flexibilización cuantitativa del BCE).
A la vista de las posiciones oficiales de ambas partes - por un lado, un primer ministro que ha denunciado repetidamente las reglas fiscales de la zona euro, y está al frente de un país que enfrenta la recesión más larga y profunda de su historia; por el otro, un establishment europeo que insiste en más austeridad - un observador no informado podría ser perdonado por creer que Renzi va a desafiar las normas de la UE y unilateralmente aumentar el déficit. Todos los demás en Europa parecen incumplir las normas: no sólo España, Portugal, Francia y Grecia, están muy por encima del límite del 3 por ciento de déficit del PEC, sino que incluso Alemania ha estado violando de manera agresiva las reglas sobre el superávit comercial de la UE desde hace años .
Sin embargo, nuestro observador imaginario se hubiera decepcionado: no sólo el reciente proyecto de ley de presupuesto no prevé un aumento del déficit fiscal de Italia en 2017, sino que en realidad prevé una reducción del 2,6 por ciento actual al 2,4 por ciento. Y no porque se espere que la economía comenzará a crecer mágicamente - la tasa de crecimiento del PIB estimada para 2017 es de un magro (y demasiado optimistas) 1 por ciento -, sino porque el gobierno vergonzosamente ha aceptado continuar con las medidas de austeridad, en forma de recortes presupuestarios adicionales (a pesar de que Italia ha reducido el gasto público más que cualquier otro estado miembro desde el inicio de la crisis).
Para entender las consecuencias desastrosas de esta decisión es importante comprender la diferencia entre el saldo presupuestario primario y el saldo presupuestario global. Es un error muy común que cuando hablamos de "déficits presupuestarios” de los que estemos hablando únicamente es de los ingresos menos los gastos del gobierno: es decir, los gobiernos gastan más de lo que recaudan en impuestos. Sin embargo, el saldo presupuestario global incluye los pagos de intereses de la deuda existente. El saldo primario, por el contrario, se refiere a cuánto ingresa un gobierno, menos lo que gasta, sin incluir los pagos de intereses de la deuda existente - por lo que lógicamente esta es la medida que debemos tener en cuenta al evaluar si un país está llevando a cabo una política fiscal expansiva o contractiva, y si estamos tratando con una nación "virtuosa" o "despilfarradora", en la jerga de nuestra época.
El saldo primario y el equilibrio global no siempre apuntan en la misma dirección, por supuesto: si un país tiene un alto gasto en intereses en relación con el PIB, se puede tener una situación en la que el saldo primario esté en superávit (es decir, el gobierno gane más de lo que gasta), pero el balance global sea deficitario, ya que el saldo primario no es suficiente para cubrir todos los pagos de intereses, lo que significa que el país tiene que emitir nueva deuda simplemente para pagar su deuda.
Este es el caso de Italia: a pesar de su reputación de derrochador irresponsable, es uno de los pocos países en Europa (y del mundo) que tiene un importante superávit primario - lo que significa que, en promedio, ha ingresado sistemáticamente más de lo que ha gastado, excluido el pago de intereses - desde principios de 1990.

Fuente: Ministerio italiano de Economía y Finanzas sobre la base de datos AMECO-Comisión Europea
Sin embargo, esto nunca ha sido suficiente para cubrir la alta tasa de gasto en intereses del país, con un promedio de alrededor del 5 por ciento del PIB desde el año 2000 (un legado de los altísimos tipos de interés de la década de 1980), por lo que el Estado ha tenido que asumir nuevas deudas cada año simplemente afrontar el servicio de su deuda antigua: de ahí el déficit global. Lo mismo ocurre con una serie de otros países: según datos de la Comisión Europea, entre 1992 y 2008, la zona euro registró un superávit primario constante. Incluso si nos fijamos en los 'derrochadores' PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), vemos que antes de 2008, tres (Italia, Irlanda y España) tuvieron superávit presupuestario primario y uno (Portugal) tenía un presupuesto primario prácticamente equilibrado. Grecia fue el único país con un déficit presupuestario primario grave.
Esto no quiere decir que Italia y los otros estados-miembros deban ser elogiados por tales políticas presupuestarias. Por el contrario, hay pruebas convincentes de que este tipo de políticas presupuestarias restrictivas - aplicadas desde principios de la década de 1990 por todos los países de la UEM para cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht -, son una de las principales causas de las tasas de crecimiento estancado de ese período. Ese es ciertamente el caso de Italia. Pero desmonta el vergonzoso mantra pos-crisis de la UE de que los países europeos necesitan "poner su casa fiscal en orden". También muestra que el propósito (o, al menos, uno de los propósitos) de las políticas de austeridad después de las crisis nunca fue ayudar a los países en problemas de la zona euro, sino simplemente restablecer su capacidad de servicio de la deuda. Los recortes y subidas de impuestos no hicieron a los gobiernos europeos más ricos, o sus finanzas públicas más sostenibles (sino todo lo contrario, de hecho, dado los efectos recesivos bien documentados de estas políticas); el dinero "salvado" mediante la reducción de servicios públicos cruciales fue directamente a los bolsillos de los acreedores. Por último, muestra hasta que punto es surrealista todo el debate europeo sobre la "flexibilidad": lo que está en juego no es si a los gobiernos se les debe permitir tener déficits primarios superiores, sino la rapidez con que deben aumentar su superávit primario.
Volviendo al último proyecto de ley presupuestario de Italia: su carácter contractivo se confirma por el aumento estimado en el superávit primario de 1,5 a 1,7 por ciento en 2017. Ello deprimirá aún más la economía italiana, loque el gobierno sabe perfectamente. Nada menos que el ministro de Finanzas del país, Pier Carlo Padoan, reconoció en una reciente entrevista con el diario Il Messaggero que "la reducción del gasto público en Italia ha llevado a tasas de crecimiento más bajas que en otros países". Lo que es peor, sin embargo, es el hecho de que este ajuste fiscal adicional se llevará a cabo a pesar de una reducción estimada en los pagos de intereses del país en este período de alrededor del 2 por ciento del PIB desde 2015 hasta 2017, gracias a las políticas de tasas de interés ultra-bajas del BCE. Hasta aquí llega el "espacio fiscal" que se suponía que la flexibilización cuantitativa iba a conceder a los gobiernos; en el mejor de los casos se podría argumentar que la austeridad habría sido aún mayor sin ella.

Fuente: OCDE
Pero esta última evoluciónn no debería ser una sorpresa. A pesar de la retórica grandilocuente contra la austeridad del primer ministro Renzi, la verdad es que desde que llegó al poder el saldo primario de Italia ha ido constantemente en aumento y el equilibrio global en constante disminución. Algo que los desastrosos resultados económicos de Italia en los últimos años muestran demasiado bien.
Italia: Balanza Presupuestaria Global (Barra Amarilla), El Saldo Primario (Barra Verde Oscuro) Y El Pago De Intereses (Luz Barra Verde)

Fuente: Ministerio italiano de Economía y Finanzas sobre la base de los datos ISTAT
Por lo tanto, sólo se puede concluir que: (a) Renzi nunca tuvo la intención de desafiar seriamente la austeridad, lo que le convierte en el mayor sacamuelas desde Berlusconi; o (b) su idea de cuestionar la austeridad consiste en denunciar constantemente las reglas a la vez que presume de ser el único gobierno en Europa en cumplirlas, posiblemente con la intención perversa de demostrar su inutilidad  haciéndose un harakiri económico. De cualquier manera, Italia avanza firmemente hacia una segunda década perdida como resultado de las políticas abismales de Renzi.

Thomas Fazi

escritor, activista y cineasta galardonado. También ha traducido al italiano las obras de autores como Christopher Hitchens, George Soros y Robert Reich. Su libro, "La batalla de Europa: Cómo una élite secuestró un continente - y cómo podemos recuperarla" ha sido publicado por Pluto Press.

Fuente:

https://www.socialeurope.eu/2016/10/renzis-anti-austerity-charade-and-the-truth-about-italys-deficit/

Traducción:

G. Buster .

 

Sin Permiso.

¿ Qué es el CETA ?

Desentrañar el CETA

Mario Nuti

21/10/2016

El 15 de octubre hubo muchas manifestaciones en el Reino de España contra el CETA y el TTIP.  El lema era "Otoño en resistencia. Ni CETA ni TTIP", muchas organizaciones  exigieron la suspensión de dichos acuerdos. Una de las pancartas, en este caso de Madrid, decía: "Las personas y el planeta, por encima de las multinacionales. No a la pobreza. No a la desigualdad. No al CETA. No al TTIP". Más de medio centenar de ciudades del Reino de España realizaron actos contra el TTIP y el CETA en el que participaron muchos miles de personas. Estos actos de protesta se realizaban pocas horas después de que el gobierno en funciones del PP, que la gestora del PSOE se apresura a permitir que siga gobernando, autorizara la firma del CETA. Y solamente tres días después del llamado día de la Hispanidad, en el que se realizaron actos de resistencia como el que motivó que el juez imputara a seis ediles del ayuntamiento de la tercera ciudad más grande de Cataluña, Badalona, porque consideraron, como muchos otros ayuntamientos de la nación catalana, que este día no había nada que celebrar.
A continuación traducimos un artículo que aporta mucha información sobre el CETA. SP

Este artículo dedicado al CETA (el acuerdo comercial entre la UE y Canadá, cuya firma está prevista para finales de octubre) es una colaboración de Peter Rossman, director de campaña y comunicación de la UITA (Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines). Tras una lectura concienzuda del tratado, Rossman escribió este artículo, que fue publicado originalmente en el Global Labour Column y editado por la organización CSID (Estrategia Institucional y Desarrollo Industrial, de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo). Estamos muy agradecidos al autor por habernos dado permiso para reproducirlo aquí. También se puede acceder de forma gratuita a la versión ampliada publicada con anterioridad sobre Acuerdos comerciales que amenazan la democracia. (DMN)

«Las partes establecen un área de libre comercio...» CETA Artículo 1.4.

«El comercio, al igual que la religión, es algo de lo que todo el mundo habla, pero muy pocos entienden: el propio término es ambiguo y en su acepción común no se explica con suficiencia». Daniel Defoe, Plan del comercio inglés (1728).
El acuerdo económico y comercial global (CETA, por sus siglas en inglés) entre la UE y Canadá, como otros tantos megatratados insidiosos, es un instrumento de amplio alcance cuyo objeto es expandir el horizonte de las inversiones transnacionales por medio del retroceso de las competencias de los gobiernos en la regulación del interés público. El ataque a la gobernabilidad democrática no se limita a los notables mecanismos de solución de diferencias entre los inversores y los estados (ISDS, por sus siglas en inglés), los cuales privilegian el capital transnacional mediante la creación de un ordenamiento jurídico paralelo exclusivo de los inversores transnacionales. Antes bien, las invasivas demandas de estos inversores impregnan el tratado de principio a fin.
El «libre comercio» y la expansión del universo del inversor
Canadá y la UE se sitúan ya entre las economías más abiertas del mundo. Los aranceles entre ellas han conocido en la actualidad su mínimo histórico. La misión principal del CETA consiste en eliminar las «barreras no arancelarias», es decir, las leyes y los reglamentos edificados durante decenios de lucha para limitar el poder corporativo y favorecer las políticas y los servicios necesarios en la defensa de los trabajadores, los ciudadanos y el medioambiente. El CETA es un tratado de inversión embutido en un proyecto global de «desregulación».
Este tratado propiciará que las normativas y políticas existentes en Canadá y la UE se vuelvan vulnerables frente a las recusaciones de los inversores, ya sea de forma directa a través de los mecanismos ISDS o indirectamente mediante los mecanismos de solución de litigios entre estados impulsados por las empresas. El tratado también se cuida de excluir la posibilidad de utilizar las herramientas políticas esenciales que los gobiernos progresistas van a necesitar para revertir la destrucción social que está alimentando la derecha autoritaria, nacionalista y xenófoba.
El CETA se construye sobre la base de una definición amplia de la inversión que prolonga su alcance más allá de los tratados existentes entre Canadá y la UE. Es prácticamente idéntico al proyecto de capítulo sobre inversión que se filtró de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés).
El texto oficial «jurídicamente depurado» del CETA dispone, tautológicamente, que «el término inversión abarca cualquier tipo de activo que un inversor tiene en propiedad y controla, de forma directa o indirecta, y que posee las características de una inversión». (CETA, 2014: 39). Entre estas características de la inversión incluye «la expectativa de ganancia o beneficio». Además de la inversión directa en una empresa, el término «inversión» comprende las acciones, títulos, bonos y demás instrumentos de deuda; las concesiones, «incluida la búsqueda, el fomento, la extracción o explotación de recursos naturales»; los derechos de propiedad intelectual y «otras propiedades mobiliarias, tangibles o intangibles, o propiedades inmobiliarias y sus respectivos derechos» y las «reclamaciones de dinero o de cumplimiento de un contrato» (CETA 2014: 39 y ss.). Una empresa no tiene más que demostrar que posee una «expectativa legítima» de beneficio para desafiar los obstáculos normativos y poder materializar de este modo dicha expectativa.
Las disposiciones sobre el acceso al mercado y el tratamiento nacional establecidas en el capítulo dedicado a la inversión son aplicables a los gobiernos de cualquier nivel e impiden cualquier restricción en nombre de la «no discriminación». El tratado prohíbe a los gobiernos gestionar las inversiones extranjeras para objetivos distintos y prohíbe cualquier restricción a la repatriación de beneficios.
«Expropiación indirecta»
El capítulo dedicado a la inversión «reafirma» el derecho de los gobiernos de regular en defensa del interés público, pero a los inversores les garantiza una ampliación del «trato justo y equitativo» y mayor protección frente a la «expropiación indirecta» de los beneficios previstos a través de la adopción de nuevas leyes y normativas. El órgano de solución de controversias determinará si se ha producido expropiación indirecta mediante un estudio basado en hechos que tenga en consideración, entre otros factores, «hasta qué punto la medida o serie de medidas interfiere con las expectativas inequívocas y razonables de la inversión» (CETA, 2014: 331; la cursiva es del autor). La «expropiación reglamentaria» o indirecta ha permitido el éxito de mano de los inversores de un creciente número de desafíos al derecho, las normativas y las decisiones judiciales de interés público gracias a las acciones judiciales entre inversores y Estados.
Los servicios públicos están exentos de los requisitos de acceso al mercado, de tratamiento nacional y de cumplimiento, y de las disposiciones de nación más favorecida previstas en el capítulo dedicado a las inversiones solo en la medida en que no se «lleven a cabo en condiciones comerciales o compitan con uno o más operadores económicos». Este es el fantasmal modelo de desinversión del sector público que ya se estableció en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Puesto que los bolsillos del comercio privado están presentes en la mayoría de los servicios públicos, pocos cumplen dichos criterios. Las partes deben reservar los servicios que deseen excluir —el método de la lista negativa— en función de la Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas de 1991, cuyos miles de entradas difuminan la distinción entre la fabricación y los servicios del ámbito público y los del ámbito privado. Las cláusulas de moratoria y las que establecen un posible aumento de competencias congelan los niveles actuales de privatización, dificultando y haciendo más costoso para los gobiernos el devolver los servicios privatizados al sector público.
El capítulo de regulación nacional del CETA no se limita a los servicios. Los gobiernos deben garantizar que cualquier restricción reglamentaria que observen o adopten «no complica o demora indebidamente la provisión de un servicio o el ejercicio de cualquier otra actividad económica» (CETA, 2014: 91; la cursiva es del autor). El artículo 2 del capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio refuerza los límites a la regulación puesto que estipula que los reglamentos «no deben ser más restrictivos para el comercio de lo necesario para la persecución de un objetivo legítimo» [1].
El capítulo dedicado a la contratación pública facilita la introducción de las empresas en los gobiernos a cualquier nivel mediante la generalización del «tratamiento nacional» y la prohibición de «condiciones compensatorias especiales», definidas como «cualquier condición o compromiso que fomente el desarrollo local».

El capítulo dedicado a los servicios financieros prevé «medidas cautelares», definidas muy vagamente, pero amortigua las posibilidades de restringir el volumen o la cuota de mercado de las instituciones financieras, aun cuando dichas medidas «no discriminen» entre inversores extranjeros y nacionales. Los gobiernos que persigan limitar la introducción de nuevos «productos» financieros o el volumen de las sociedades financieras encontrarán que dichas sociedades se han blindado, por medio del CETA, contra el riesgo derivado de la regulación.

El capítulo dedicado a la cooperación reglamentaria obliga a los firmantes a «eliminar los obstáculos innecesarios al comercio y a la inversión» y «fomentar la competencia» por medio de un foro de cooperación reguladora que está exento de rendir cuentas y que institucionaliza el cabildeo corporativo. Dicho foro se encarga de disminuir los costes de cumplimiento, para lo cual explora «alternativas» a la reglamentación, y de fomentar el «reconocimiento de la equivalencia y la convergencia». Es decir, se trata de un instrumento poderoso cuyo fin es compensar la protección. Los gobiernos intercambiarán «información reservada» con sus contrapartes del foro antes de que esta se comparta con los legisladores o con el público — ¡y todo ello sin limitar la posibilidad de que cada parte lleve a cabo sus propias actividades reguladoras, legislativas y normativas! —.

Los enfoques reglamentarios deberán ser «tecnológicamente neutros», un requisito que contraviene la vaga promesa formulada en el capítulo dedicado al comercio y al medioambiente, en el que las partes «se comprometen a cooperar para adoptar medidas con las que fomentar la eficiencia y el desarrollo energético, y el uso de tecnologías hipocarbónicas junto con otras tecnologías inocuas para el clima».

¿Qué importancia reviste entonces la inversión (y su apoderado, el «comercio de servicios») respecto del comercio de mercancías en el CETA? Las disposiciones del tratado dejarán de ser aplicables transcurridos 180 días desde la fecha de notificación de la intención de ponerle fin. Sin embargo, el capítulo VIII (inversión) seguirá en pleno vigor durante veinte años (CETA 2014: Artículo 30.9).

¿Plan de trabajo?
Después del voto a favor del brexit, la Comisión Europea anunció que el CETA —cuya firma estaba prevista para la cumbre UE-Canadá a finales de octubre— se consideraría como un «acuerdo mixto», el cual requeriría la aprobación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE, así como de las principales instituciones europeas. No obstante, la Comisión ha propuesto que el tratado entre en vigor provisional de forma inmediata tras la aprobación del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, lo cual significa que las disposiciones en materia de inversión serían aplicables varios años antes de la ratificación total, e incluso a despecho de que uno o más Estados miembros hayan votado en contra del tratado.

Los sindicatos y aliados de la sociedad civil exigen de forma unánime la supresión del mecanismo ISDS en el tratado. El renombramiento que ha hecho la Comisión Europea del ISDS como tribunal para inversiones no lo exime en ningún modo de su toxicidad esencial (ver, por ejemplo, Eberhart, 2016) y debe rechazarse por motivos idénticos.

Sin embargo, el mecanismo ISDS no es más que un elemento, si bien de suma importancia, en la toma generalizada de poder que las empresas están llevando a cabo amparadas por el CETA. Los inversores transnacionales pueden hacer valer sus intereses mediante mecanismos de solución de conflictos entre estados, tal y como demuestra el órgano de solución de controversias de la OMC. Las ambiciosas reivindicaciones de los inversores transnacionales se han ido incorporando sistemáticamente al tratado; la incautación corporativa de la gobernabilidad democrática es el nexo principal de los distintos capítulos. No les interesa que el mecanismo de ISDS se extirpe quirúrgicamente, pues podría dar pie a un texto que sirviera de algún modo como vehículo para un programa de comercio progresista. Tampoco que se «compense» la aplastante carta de reivindicaciones de los inversores mediante la inserción de disposiciones más estrictas que defiendan los derechos laborales o protejan el medioambiente. El CETA es esencialmente hostil a la democracia y al movimiento sindical. Hay que abolirlo, no «mejorarlo».

Detrás del CETA, como no podía ser de otro modo, se esconde la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (el TTIP). En caso de que el TTIP fracase, gran parte de sus aspiraciones podría materializarse con el CETA. La mayoría de las transnacionales estadounidenses posee filiales canadienses que operan y tienen «expectativas de beneficio o ganancia» en la UE. Estas pueden valerse de los mecanismos ISDS u otras disposiciones similares para apaciguar su creciente apetito. Las empresas de la UE pueden demandar al gobierno de Canadá, pero también utilizar sus filiales canadienses para atacar cualquier normativa europea que les resulte inconveniente, fomentando con ello la actual tendencia al abandono de la regulación.

Desde hace muchos decenios, el movimiento sindical ha librado batallas puramente defensivas contra el tratado neoliberal y el programa de inversiones, pero carece de una estrategia propia. El terreno perdido no se podrá recuperar en un territorio que es esencialmente hostil. La crisis, el estancamiento y el mayor ataque de los inversores de la historia reciente no podrán revertirse con estas renovadas dosis de neoliberalismo. Necesitamos programas concretos de inversión pública para abordar el desempleo masivo, la desigualdad, la desintegración de los servicios públicos y el cambio climático. El CETA y sus tratados complementarios están imposibilitando esta tarea de forma verdaderamente efectiva.
Nota:
[1] El proyecto de capítulo filtrado del TTIP sobre obstáculos técnicos al comercio se vale con gran creatividad de la cláusula de nación más favorecida para establecer que «cada una de las partes deberá permitir que las personas de la otra parte participen en el desarrollo de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad» y «cada una de las partes deberá permitir que las personas de la otra parte participen en el desarrollo de dichas medidas en términos que no sean menos favorables que los que garantiza a sus propias personas».
Referencias:
CETA (acuerdo económico y comercial global) 2014.

Eberhart, P. (2016) The Zombie ISDS, Bruselas: Corporate Europe Observatory.

Mario Nuti

economista. Edita https://dmarionuti.blogspot.com.es/

Fuente:

https://dmarionuti.blogspot.com.es/2016/10/unpacking-ceta.html

Traducción: Vicente Abell