Toussain: “El 65% de la deuda pública española es ilegítima, contratada
contra el interés general”
Por Begoña P. Ramírez
Los españoles se despertaron el pasado martes con otro récord histórico: los
1,095 billones de euros que deben las
administraciones equivalen a
la mayor deuda pública del último siglo.
Por primera vez supera el 100% del PIB; es decir, el Estado debe más de lo que
el país produce. Así que no puede ser más oportuna la visita de Éric Toussaint,
portavoz de la red internacional del
Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), que este sábado
viaja a Santiago de Compostela, invitado por
Alternativa Galega de
Esquerda, los grupos políticos que integran la coalición gallega
En
Marea.
Nacido en 1954 en Namur (Bélgica), Toussaint se crió en un pueblo minero y
pronto empezó su activismo sindical mientras ejercía de profesor en centros
públicos de Lieja. Es doctor en Ciencias Políticas y uno de los fundadores del
CADTM y de
ATTAC (Asociación
por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). Su
último libro,
Bancocracia (Icaria Editorial), describe cómo la
desregulación financiera condujo a la burbuja y
cómo el dinero público
ha salvado a los bancos privados con la complicidad de los bancos centrales y
los gobiernos. En la capital gallega, el politólogo y activista
explicará por qué no es lo mismo
deuda pública legal y deuda pública
legítima.
PREGUNTA. En 2007 España no tenía un problema de deuda
pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha
dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde
1909. ¿Qué ha ocurrido para alcanzar ese registro histórico y qué consecuencias
tiene un nivel tan elevado de endeudamiento para la economía de los ciudadanos?
RESPUESTA. La explosión de la deuda es el resultado de la
crisis hipotecaria y de la manera que se ha escogido para salir de la crisis,
socializando las pérdidas del sector privado. Las decisiones del Gobierno de
[José Luis Rodríguez] Zapatero y después la política del PP hicieron explotar
la deuda pública y las políticas de austeridad tanto de Zapatero en 2010 como
de Rajoy después han provocado un crecimiento económico muy bajo y reducido los
ingresos fiscales, por lo que, para equilibrar el presupuesto, se ha hecho
necesario aumentar la financiación vía más deuda. En fin, es la resultante de
las políticas neoliberales llevadas a cabo tanto por el PSOE como por el PP.
Y tiene consecuencias muy perjudiciales para la población española, aunque
la ciudadanía no se dé cuenta necesariamente de que la degradación de sus
condiciones de vida tiene que ver con el tipo de manejo de la deuda pública.
Pero la relación es clara. La necesidad de limitar el déficit fiscal por
imposición de Bruselas y de tener superávit primario hace que los gobiernos
fomenten la austeridad, lo que a su vez se traduce en menos inversiones
públicas en infraestructuras, en salud pública, y en educación, también en un
aumento de los impuestos…
Se trata de una política, además, que tiene aspectos contradictorios. Los
gobiernos aumentan la deuda pública y, a continuación, dicen a los ciudadanos
que es tan elevada que necesitan implementar políticas de austeridad, como si
ellos no fueran los responsables. Intentan aplicar una narración totalmente
mentirosa: culpan al gasto público del aumento de la deuda. Pero no es el gasto
social el problema, sino el gasto para pagar la deuda.
P. ¿Y que debería hacerse ahora para evitar que siga
desbocándose la deuda pública?
R. Una propuesta integral y coherente que incluya cuatro
puntos. Primero, hacer una auditoría de la deuda para determinar la parte que
es ilegítima. Y, a partir de sus resultados, tomar fuertes medidas para hacer
pagar a quienes se beneficiaron de la socialización de las pérdidas bancarias.
Me refiero a los bancos españoles y extranjeros, que son los mayores acreedores
de la deuda pública y, al mismo tiempo, los responsables de su aumento. Ellos
tienen que pagar la factura.
Segundo, hay que reorganizar el sector bancario. Hace unos días firmé con
políticos, economistas e intelectuales un
documento a favor de la socialización del sector financiero
[
¿Qué podemos hacer con los bancos? Medidas inmediatas para ir hacia la
socialización de la banca, junto con Marina Albiol (IU), Miguel Urbán,
(Podemos), el economista francés Michel Husson, entre otros]. Preferimos hablar
de “socializar” y no de “nacionalizar”: al servicio de la sociedad y bajo el
control organizado de la ciudadanía, no del Estado, a través de mecanismos
locales de transparencia obligatoria de las entidades bancarias.
Tercero, otra política de impuestos que haga pagar a quienes se beneficiaron
de los regalos fiscales de los últimos 15 años y que se beneficiaron de la
crisis. Ellos tienen que pagar más impuestos, mientras se reducen los impuestos
al consumo y la actividad de la mayoría de la población, que tiene ingresos
bajos o moderados.
Y el cuarto punto debe ser una política de creación masiva de empleos, que
incluya una reducción de tiempo de trabajo.
P. ¿Cómo se hace una auditoría de deuda? ¿Qué porcentaje de
la deuda pública española podría ser ilegítima?
R. La deuda del Estado español antes de 2006 era muy baja y
ahora alcanza niveles históricos. Para mí, la diferencia entre la deuda de 2006
y la actual es
deuda ilegítima, porque fue contratada para favorecer el
interés particular de una minoría privilegiada de banqueros, extranjeros y
españoles. Una deuda ilegítima es la contratada contra el interés general.
La auditoría tiene que analizar por qué aumentó la deuda, quién se benefició
de ese crecimiento y después sacar conclusiones. La hipótesis que acabao de
hacer sobre la deuda española debe ser comprobada después a través de un
proceso de auditoría organizado por la ciudadanía. Y, si llega un Gobierno que
quiera realmente romper con las políticas neoliberales, tendrá que lanzar una
comisión de auditoría, también con participación ciudadana, como se hizo en
Ecuador a partir de 2007. Por eso, en
la campaña del 26-J sería importante que los candidatos
explicaran a la gente qué es una auditoría y por qué es un asunto fundamental.
P. Hace sólo unos días estuvo en España un economista
australiano,
Bill Mitchell, para presentar su último libro,
La
distopía del euro, donde defiende que los países del sur de Europa vuelvan
a sus antiguas monedas. Yanis Varufakis también acaba de presentar un libro,
Y
los débiles sufren lo que deben, donde sostiene la opinión contraria:
Grecia, también Reino Unido, deben permanecer en la zona euro. ¿Cuál es su
opinión: dentro o fuera?
R. Creo que países como Portugal, España o Grecia tendrían
que salir de la eurozona. Lo que debería ser el resultado de una decisión
consensuada por la mayoría de la población. A diferencia de Francia, Alemania y
los países del Benelux, los de la periferia padecen por su presencia en la zona
euro. Al principio, a españoles, portugueses y griegos les pareció muy bien la
integración pero, en realidad, los que se benefician del euro son Francia,
Alemania, el Benelux… Tienen ventajas para competir en los mercados de la
periferia, mientras que portugueses, españoles y griegos no están en
condiciones de competir en los mercados alemán, francés o del Benelux. Y, como
siendo miembro de la zona euro no es posible ganar competitividad más que
bajando salarios, la lógica para los países de la periferia se reduce al
recorte de salarios, lo que genera precariedad laboral.
En cualquier caso, salir del euro no es la solución, es necesario el
programa integral del que hablaba antes. Porque abandonar la zona euro no es
una solución milagrosa, no es una solución
per sesi al mismo tiempo no
hay una solución sobre la deuda, los bancos y la inversión para crear empleo.
P. ¿Y el Brexit?
R. Bueno, no creo que del referéndum salga una mayoría a favor
de la salida de Gran Bretaña del euro.
P. Usted hizo la auditoría de la deuda griega y asesoró a
Syriza. ¿Qué opina del viraje que ha dado Alexis Tsipras a su política
económica?
R. Pues es muy claro que el Gobierno de Tsipras capituló
frente a la Unión Europea. La estrategia del primer gobierno de Tsipras con
Yanis Varufakis de ministro de Finanzas llevó a la
capitulación. Hicieron demasiadas concesiones a la Comisión Europea y siguieron
pagando la deuda: 7.000 millones de euros entre febrero y julio de 2015, sin
recibir ninguna compensación financiera. Así vaciaron el tesoro público para
pagar la deuda, cuando lo que deberían haber hecho es suspender el pago y
obligar entonces a los acreedores a entrar en una verdadera negociación.
Para mí, en todo caso, la diferencia entre Varufakis y Tsipras es que, en un
momento dado, el primero se negó a la capitulación, y eso es importante.
Dimitió como ministro el 6 de julio frente a la decisión de
Tsipras de llegar a un acuerdo con la UE, a pesar del 63% de rechazo a las propuestas
de los acreedores europeos en el referéndum del 5 de julio. Cierto que hay una
diferencia, porque Varufakis tiene la virtud de, al menos, haber roto con una
lógica desastrosa, pero eso no le absuelve de responsabilidad por lo que hizo
en los primeros seis meses de gobierno.
Personalmente, no apoyo el
manifiesto DiEM 25. Hablé con él pero decidí no firmar
porque el documento mantiene de manera deliberada la ilusión de que es posible
la reforma de la Unión Europea. Para mí, en cambio, la experiencia griega
demostró que no hay posibilidad de reformar la UE. Decir que la hay es crear
falsas expectativas. Estoy totalmente a favor de una integración europea, pero
debe ser entre pueblos, y eso pasa por un verdadero proceso constituyente en
cada país para llegar a una refundación de la UE con nuevos tratados.
P. La deuda griega alcanza ya nada menos que el 180% del
PIB. El FMI lleva tiempo diciendo que es “insostenible” y que los objetivos
fiscales que se le exigen a Atenas son irrealizables. Sin embargo, la UE, y
Alemania, parecen decididas a no perdonarles un euro. ¿Adónde conduce esa
política? ¿Qué futuro es el que espera a Grecia los próximos años?
R. Estoy convencido de que va a seguir casi como un protectorado,
una semicolonia de las grandes potencias europeas. Ya no tiene soberanía para
elaborar su política fiscal, continúa pagando la deuda y cada nuevo desembolso
a los acreedores está condicionado a nuevas medidas de austeridad. Por ejemplo,
la última reforma de la jubilación deja la pensión mínima en 384 euros al mes,
un ingreso por debajo la línea de pobreza absoluta.
P. Usted también asesoró al Gobierno venelozano cuando aún
estaba Hugo Chávez en el poder.
Las carencias de la población en el país son muy alarmantes.
¿Qué le parecen las últimas medidas adoptadas por Nicolás Maduro?
R. Estoy muy preocupado por Venezuela, que también se
enfrenta a una crisis de deuda, aunque se trata primero de una crisis política.
Por supuesto, la narrativa de periódicos como
El País o
El Mundo
en España trastorna totalmente la realidad. Presentan a
Leopoldo López como un caballo blanco de la defensa de las
libertades democráticas, cuando es un personaje siniestro que apoyó
provocaciones e incluso medidas contra el movimiento popular. Yo lo sitúo en el
sector golpista duro de Venezuela.
Al mismo tiempo, soy muy crítico respecto a la política económica del
chavismo, después de la muerte de Hugo Chávez hubo una deriva funesta. Pero sin
equivocarse: creo que es una ilusión pensar que
la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional representa
una alternativa democrática y favorable al pueblo. Para nada lo es.
P. Explíqueme esa “deriva funesta” que critica en el
Gobierno de Maduro.
R. En Venezuela hay una fuga de capitales inmensa. La
sociedad venezolana sigue siendo capitalista, no es un país donde el sector
público sea hegemónico. Grandes empresas capitalistas, tanto en el sector
agroalimentario como en el industrial y financiero, organizan una fuga masiva
de capitales que deja sin divisas al Estado y genera ahora grandes dificultades
de financiación con el barril de petróleo a 50 dólares, también problemas de
abastecimiento en los supermercados y las farmacias que afectan al nivel de
vida de la población. Creo que el Gobierno debería haber tomado medidas contundentes
para combatir la fuga de capitales y para que se invierta la riqueza producida
en Venezuela en favor de los venezolanos. También debería haber diversificado
la economía para reducir su dependencia del petróleo. Además, es necesario
transparentar las cuentas de la nación. Lo que significaría auditar la deuda
pública de Venezuela en relación con este escándalo de la fuga de capitales.
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