Cataluña .¿Un callejón sin salida?

Cataluña, Año IV: no lo saben, pero lo hacen

Antoni Domènech 

Daniel Raventós 

G. Buster 

13/09/2015

Imagen: "Lo haremos", fotografía aérea de la manifestación multitudinaria del 11S electoralmente manipulada por la lista delJunts pel Sí deArtur Mas

Por cuarto año consecutivo, el soberanismo catalán movilizó en Barcelona a centenares de miles de manifestantes el pasado 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya. Es ocioso discutir la cifra exacta. Lo cierto es que, según estudios demoscópicos fiables, cerca de un 80% de la población catalana se muestra firmemente partidaria del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Que más de un 40% estaría hoy mismo dispuesto a votar SÍ a la independencia en un eventual referéndum. Y que esa robusta minoría independentista, cuatro años después, y tras experimentar reveses de varios tipos, mantiene intactas –o aun acrecidas— su capilaridad social, su potencial (auto)organizativo y su capacidad para movilizar democrática y pacíficamente en torno a un 15-20% de la población. Unas cifras, huelga decirlo, imponentes y sin parangón en la Europa de hoy.

Que una mayoría tan aplastante de los ciudadanos de Cataluña apoye firmemente el derecho de autodeterminación, ayuda a explicar algo que en condiciones normales resultaría harto enigmático: por qué una movilización tan persistente y unas preferencias políticas tan (crecientemente) intensas como las del independentismo verosímilmente minoritario no han generado, contra lo proclamado por la venenosa propaganda monárquico-unionista al uso, tensiones y conflictos cotidianos reseñables. Ni siquiera polarización social seria en torno al llamado "eje nacional".

Sobre los orígenes recientes del auge soberanista catalán

La imponente pujanza y la asombrosa persistencia del soberanismo catalán de estos últimos cuatro años ha de entenderse en el contexto de la crisis del bipartidismo dinástico, arquitrabe de la Segunda Restauración borbónica. Se puede recordar que la respuesta de la sociedad catalana a la mayoría absoluta de Aznar –casi tan insolente como la actual de Rajoy— consistió en colocar a Pasqual Maragall (con más de 1 millón de votos y el 32% del sufragio) en la presidencia de la Generalitat al frente de un gobierno tripartito de izquierda en las elecciones autonómicas de noviembre de 2003. Y en las elecciones generales de marzo de 2004, en dar al PSC 1,5 millones de votos y 21 diputados decisivos para la investidura del Zapatero como presidente del gobierno de España. Todavía cuatro años después, en las elecciones generales de 2008, un PSC encabezado por Carme Chacón (¡!) lograba su récord histórico de casi 1,7 millones de votos (más de un 45% del sufragio) y 25 diputados en las Cortes españolas. Ahora el PSC está en las peores expectativas de su historia, seguramente a pique de convertirse en un partido marginal en Cataluña: se desplomó en las elecciones europeas de mayo de 2014, y en las últimas elecciones municipales de mayo pasado, por ejemplo, en los barrios obreros de Barcelona capital, como Nou Barris o Sant Andreu –su tradicional granero de voto—, pasó del 30% al 11%.

No se ha insistido lo suficiente en el significado menos superficial y más cargado de consecuencias, para Cataluña y para el conjunto del reino de España, de la victoria de Maragall al frente del tripartido de izquierdas en las autonómicas de 2003. La derecha catalana, simplemente, no pudo digerirlo. Porque ese triunfo –ya en 1999 había conseguido Maragall un récord de 37% del sufragio autonómico, y sólo la injusta ley electoral y la falta de coraje de ERC le privaron de acceder al gobierno— venía a romper el pacto bipartidista (tácito) CiU/PSC del régimen del 78 en Cataluña. Un pacto fraguado hacia 1983-84 con anuencia del PP (luego del caso Banca Catalana y de la crisis de Jordi Pujol con el gobierno de Felipe González), merced al cual las elecciones autonómicas catalanas las ganaría invariablemente CiU y las generales, el PSC. Gracias a una intensa política de "catalanización lingüística" –de la que la llamada "inmersión" en la escuela era sólo una parte— que garantizaba que el Parlamento autonómico y las radiotelevisiones públicas autonómicas serían monolingüemente catalanas en un país casi perfectamente bilingüe, [1] pero en el que una notoria mayoría (55% frente a 39%) tiene el castellano como lengua propia de identificación, una buena parte de la población se sintió excluida de la vida política y cultural autonómicas oficiales. La alta abstención en las autonómicas, señaladamente en el famoso cinturón rojo industrial de Barcelona, sería, así pues, el esperable resultado, y habrían de funcionar en la práctica como unas elecciones censitarias a favor de CiU. Ese artero uso pujolista de fer pais con una política lingüística excluyente e invisibilizadora de más de la mitad de la población rompía todos los usos y tradiciones históricas del viejo catalanismo popular republicano: todavía en 1980, el PSUC y ERC hacían normalmente propaganda política en castellano, y no sólo en el cinturón industrial. Pero pasó prácticamente desapercibido por unas izquierdas catalanas autonómicamente noqueadas  entre 1977 y 1981. [2]

El gobierno tripartito encabezado por Maragall a partir de 2003 no sólo fracasó por su falta de voluntad política para destruir las bases económicas y administrativas del régimen corrupto y clientelar pujolista (recuérdese el famoso amago de denuncia del 3% en sede parlamentaria). Fracasó también por su falta de coraje a la hora de enfrentarse al neocatalanismo excluyente e invisibilizador del pujolismo y de recuperar la tradición del viejo catalanismo popular y republicano, que jamás hizo bandera exclusiva y excluyente –y menos bandera invisibilizadora de más de la mitad de la población trabajadora urbana— de la lengua catalana. Al contrario, el PSC maragallista, si así quiere decirse, dobló la apuesta: había ganando unas elecciones autonómicas rompiendo el pacto bipartidista CiU/PSC del régimen del 78 en Cataluña, y quería seguir haciéndolo sin tocar las bases del sufragio censitario de las autonómicas. Lo que en la práctica solo podía lograrse arrebatando votos al pujolismo social y cultural, compitiendo en su terreno y con sus reglas de juego. La malhadada pirueta del nuevo Estatuto catalán iba en ese lote.

Zapatero intentó canalizar el creciente catalanismo de Maragall y de un PSC en feroz competición con CiU mediante un pacto para la reforma del Estatut.  El PP, que, a diferencia de lo ocurrido tras el caso Banca Catalana, se sentía orillado en la nueva recomposición de equilibrios PSC-PSOE-CiU (recuérdese que, al final, Zapatero traicionó a Pasqual Maragal y cerró el asunto a puerta cerrada con Artur Mas) , apretó un botón nuclear, origen de tantas cosas. Recurrió al Tribunal Constitucional y logró bloquear y arruinar una reforma legitimada en las instituciones –Parlament y Cortes— y, luego, en un referéndum popular (que contó, muy significativamente, y dicho sea de paso, con sólo un magro 49% de participación). No sólo demostró aquí palpablemente el PP su capacidad de veto bipartidista. Comenzó a demostrar también otra cosa no menos decisiva: sólo él podía ser el ya garante de un régimen deslegitimado socialmente por las políticas de austeridad y rendición manifiesta de la soberanía.

Se dirá que lo que ha tumbado y desangrado al PSC postmaragallista en estos últimos tiempos es el "tema nacional", su incapacidad para dar una respuesta seria y democrática al desafío soberanista catalán. Y eso no deja de tener un núcleo de verdad: basta ver las erráticas idas y venidas de su actual dirección en el último año y medio a propósito del "derecho a decidir". Pero lo que ha tumbado de verdad al PSC no han sido las muy publicitadas fugas de altos cargos hipercatalanistas  socialliberales como Ernest Maragall –el enemigo de la enseñanza pública— o Marina Geli –la enemiga de la sanidad pública—, sino el desplome de su sufragio obrero y popular tradicional. Lo que ha abierto una vía irreversible de agua en los cascos del PSC es una dinámica política más profunda, una dinámica que es concausa también del inopinado auge del movimiento soberanista catalán, y es a saber: la capitulación del PSOE entre mayo de 2010 y agosto de 2011 (reforma Express de la Constitución pactada con el PP) ante el ultimátum de la Troika, cuando rindió simbólicamentecoram populo toda idea de soberanía popular (europea, española o catalana).

No son tan distintas las razones del hundimiento de las expectativas electorales del PP en Cataluña y su augurable sustitución como partido unionista de la derecha por Ciudadanos. Es muy difícil mantener la ventaja moral del unionismo, una de cuyas armas fundamentales es haber denunciado desde el principio –todo lo falsaria y demagógicamente que se quiera [3]— las políticas culturalmente excluyentes e invisibilizadoras del pujolismo y haber sacado a la palestra la participación del Clan Pujol en la corrupción. Particularmente cuando hay sectores enteros de la derecha social catalana que no pueden ignorar el carácter estructural de esa corrupción en el capitalismo de amiguetes políticamente promiscuos del compartido régimen del 78 y el natural e inveterado engranaje de CiU en ese sistema. [4] Diríase que cualquier legitimidad política tiene ya que ser construida con cierta pretensión de estar más allá del régimen del 78 y de sus cristalizaciones autonómicas. Y Ciudadanos, el Podemos del IBEX-35, como se ha dicho, propone sobre el papel regeneración y reforma constitucional (recentralizadora) como condición para reconstruir, por lo pronto, el arco político dinástico y, enseguida, la resoldadura y la hegemonía social del bloque dominante oligárquico en todo el Reino.

¿Un callejón sin salida?

Es difícil comprender desde fuera del Reino de España el callejón aparentemente sin salida a que se ha llegado en Cataluña. Si el movimiento a favor de la autodeterminación es ampliamente mayoritario en Cataluña y si, en cambio, la fuerza del independentismo políticamente resuelto oscila, como mucho (todavía), en torno al 40% de la población catalana, ¿por qué diablos, cabría preguntarse –Bloomberg o The Economist lo han hecho— , no se ponen de acuerdo el PP, el PSOE y los "poderes fácticos" interesados en la conservación del statu quo en autorizar un referéndum de autodeterminación en toda regla que, con plenas garantías procesales y deliberativas, al estilo escocés, resuelva "definitiva" y democráticamente el problema?

La respuesta al uso es que la Constitución de 1978 no permite ese tipo de referéndum.  ¿Se podría y se debería reformar? Dejando aparte la consabida legión de publicistas doctrinarios especializados  últimamente en cargar pseudofilosóficamente contra la idea misma del derecho de autodeterminación de los pueblos, lo cierto es que los constitucionalistas científicamente serios ven técnicamente abierta y políticamente deseable esa posibilidad. El académicamente prestigioso Rubio Llorente lo planteó así en 2012, es decir, en el Año I de Cataluña:

"… ni la inoportunidad de la iniciativa [de un referéndum de autodeterminación en Cataluña], ni la mayor o menor torpeza de las razones que la mueven, permiten al Gobierno ignorarla, ni lo dispensan de tomar a su vez las medidas necesarias para encauzarla pacíficamente, y hasta ahora no ha hecho gesto alguno en ese sentido [...] Es deber del Gobierno contribuir a la búsqueda de vías que permitan llevarla a cabo de la manera menos traumática para todos; sin violar la Constitución, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si es necesario hacerlo [...] Lo urgente, lo inaplazable, es verificarla solidez y el contenido de esas aspiraciones y para esto no hay otro camino que el del referéndum [...] Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad."

Eso fue, como dicho, en el Año I. En el Año IV de Cataluña, nadie en su sano juicio debería poder dudar ya de la "existencia y solidez" de la voluntad autodeterminista de la "minoría territorializada" catalana. Otras voces jurídicamente prestigiosas, como la de Santiago Muñoz Machado ("Cataluña exige una respuesta y el Estado debe ofrecérsela") se han añadido entretanto a planteamientos como el de Rubio Llorente. 

A eso se opone a veces el escepticismo del historiador. Que dirá, no sin buenas razones, que es inútil hablar de una "reforma constitucional" que "facilite" o "redefina" el "encaje" de Cataluña en España recordando, con oportuno repaso de archivos y hemerotecas, aquel cuento  jamás cumplido de la "reforma de la Constitución" que hizo correr inútilmente ríos de tinta durante la Primera Restauración borbónica, al menos entre 1898 y 1931. Pero seguramente la objeción de más peso a las bienintencionadas ideas de reforma constitucional tiene que ver, no con argumentos iusconstitucionalistas estático-formales, ni con la experiencia histórica, sino con la naturaleza de la dinámica política que se puso en marcha con la Segunda Restauración borbónica.

Porque la Transición democrática que cuajó en el régimen constitucional de 1978, como recordó hace poco más de un año el sólido constitucionalista sevillano Javier Pérez Royo, no fue una restauración de la democracia en forma de monarquía parlamentaria, sino, básicamente, una (segunda) Restauración de la monarquía borbónica bajo las formas democrático-parlamentarias que resultaban poco menos que inevitables en el mundo y en la Europa de entonces. Una Europa con el recuerdo todavía vivo del antifascismo triunfante en 1945. Y un mundo, por ejemplo, en el que ningún gobernante podría haber siquiera osado decir, como David Cameron hoy mismo, que el principal partido histórico de la oposición –el laborista— representa una "amenaza para nuestra seguridad nacional, para nuestra seguridad económica y para nuestra seguridad familiar."

El reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) formaba parte de los programas políticos de todas las fuerzas antifranquistas de izquierda, incluido el PSOE de Suresnes que catapultó a Felipe González al liderazgo. Ese derecho desapareció de los programas del PCE, primero, y del PSOE, después, con la aceptación de la Constitución monárquica de 1978. Al hurtar un referéndum sobre la forma de Estado –Monarquía o República—,   con la abstención del PSOE y el voto a favor del PCE, la Segunda Restauración secuestró el derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España, razón por la cual tenía que cerrarse a cal y canto contra el reconocimiento del derecho de autodeterminación de cualquier pueblo de España en particular.

Frente a las cínicas y refitoleras cursilerías del ponente conservador Herrero de Miñón [5] o a las vaguedades campanudas de la "minoría catalana" (el empresario Güell de Sentmenat votó contra la autodeterminación, mientras que Trias Fargas se abstuvo), el ponente constitucional comunista, Jordi Solé Tura, lo dejó dicho con la claridad y el desenvuelto pragmatismo que le caracterizaban en el dramático plenario de 21 de julio de 1978. Un derecho fundamental –es de notar que ninguno de los intervinientes en esa sesión, salvo el franquista Fraga, lo negó como tal "principio abstracto"— tenía que rendirse por razones de oportunidad y coyuntura política:

"Hemos aprobado un artículo [el Título preliminar, ahora sabemos que impuesto literalmente  manu militari a los constituyentes] que define muy claramente lo que entendemos por España cuando decimos y manejamos términos que se complementan, que son indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…) Esto es lo que estamos haciendo y no otra cosa; y en función de eso, no nos hemos abstenido, sino que hemos votado «no» al derecho de autodeterminación tal como nos lo planteaba la enmienda del señor Letamendia, que era hacer otra Constitución; y nosotros estamos haciendo ésta." [6]

Así pues, y visto con esa perspectiva histórica, una "reforma constitucional" que buscara ahora encajar el principio de autodeterminación de Cataluña no plantearía un mero problema técnico-formal resoluble con buena y realista voluntad política de los poderes fácticos de este país. Hay que suponer, antes bien, que abriría una dinámica política totalmente nueva, poniendo más temprano que tarde el dedo en la llaga del pecado original del régimen del 78. Por ejemplo: después de Cataluña, vendría el País Vasco, y tal vez Galicia. Y lo que es más importante: en la deliberación previa a un referéndum legal de autodeterminación en Cataluña, resultaría decisivo para el resultado final saber si Cataluña se adhería federal o confederalmente a la Monarquía de Felipe VI o a una III República en el marco de un nuevo proceso constituyente español. Es evidente que la legión de independentistas condicionales (o republicanos), como Ada Colau o Lluis Rabell, podrían resultar determinantes… Y esta y no otra es la razón de fondo que permite conjeturar que no habrá nunca ninguna reforma constitucional que, en el marco de la Segunda Restauración borbónica, pueda dar satisfacción a las abrumadoramente mayoritarias aspiraciones autodeterministas de la Cataluña actual.

Ya hemos editorializado recientemente sobre las trampas de Artur Mas y la impostura de su lista del Junts pel SI, así como sobre las insuficiencias del independentismo de la izquierda radical (cfr. "Zelig en Cataluña: del transformismo político al baile de disfraces"). No es cuestión de insistir ahora. Por lo demás, es muy fácil burlarse de las demasías e ingenuidades de los actuales dirigentes de todas las fuerzas independentistas catalanas. De quienes parecen creer que la independencia de un "nuevo Estado europeo" será cosa de coser y cantar en una UE austeritaria y descompuesta que acaba de yugular sin pestañear la "primavera de Atenas". Y de quienes, en un reverso simétrico, consideran que todo se resuelve mágicamente con una ruptura de principios con la UE del "Consenso de Bruselas". Todos los escenarios posibles, por el contrario, apuntan a que la creciente polarización social y política, lejos de simplificar el tremebundo conflicto de legitimidades que se apunta después del 27-S, tenderá a una enorme complejidad de tiempos y de confrontaciones parciales transversales que habrán de determinar en muy buena medida el desarrollo futuro de la crisis del régimen del 78 en una Europa de porvenir incierto.

Pero las direcciones de las izquierdas autodeterministas no independentistas, que, dicho sea de paso, no han conseguido evitar –como sí lograron Ada Colau, Gerardo Pisarello y su equipo en las municipales— la conversión de las próximas elecciones autonómicas en un plebiscito por o contra la independencia y de las que todavía se espera una reflexión seria –más allá de discursos discurseantes— sobre el aplastamiento de Syriza y la capitulación de Tsipras, deberían al menos empezar por reconocer esto:

Que no hay ahora mismo en el Reino de España un movimiento de masas democrático con potencial rupturista más peligroso y amenazador para elstatu quo que el que viene exigiendo con persistente fuerza el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña.  Los nacionalistasindependentistas no lo saben. Tal vez. Pero lo hacen.

Y sería estupendo que los que aparentemente sí saben –o por tradición internacionalista deberían saber— en qué mundo grande, terrible y peligrosamente incierto vivimos hoy tomaran nota. E hicieran también. Sin ilusiones. Sin tacticismos. Sin puñaladas de pícaro. Sin pragmatismos desenvueltos de nuevo cuño. Porque lo que parece claro es que la Segunda Restauración es ya muy difícilmente compatible con una unidad libremente consentida de los pueblos de España.

NOTAS:

[1]  En Cataluña, el porcentaje de los que hablan catalán, que es el 75 % de la población total, llega al 90 % entre los jóvenes de 15 a 29 años. Con datos de 2013 y para la población mayor de 15 años, sabe hablar el catalán el 80% de la población, aunque sólo sabe escribirlo el 60%. El castellano lo sabe hablar el 99,7% y sabe escribirlo el 96%. Por lo demás, contra lo que parecen creer nacionalistas y pseudocosmopolitas de toda laya, y en particular los ideólogos filopujolistas y los ideólogos cerrilmente españolistas, la lingüística cognitiva histórica enseña: 1) que el bilingüismo, lejos de ser una rareza o una situación inestable, es la condición más normal de las culturas humanas: más de un 60% de la humanidad, hoy mismo, es al menos bilingüe; y 2) el multilingüismo está tan arraigado en la misma naturaleza humana, que lejos de tender al monolingüismo, la persistencia de la pluralidad de lenguas humanas es un rasgo estable de la Humanidad, con relativa independencia de las políticas practicadas. Hoy, en plena "globalización", hay más lenguas humanas vivas (unas 7000) que especies de mamíferos. Cfr. Mark Pagel,Wired for culture. The Natural History of Human Cooperation, Penguin, Londres, 2012.

[2] Manolo Vázquez Montalbán fue uno de los pocos que se atrevió a protestar tímidamente desde la izquierda (en 2002): "… la política cultural de la Generalitat cometió la torpeza de entender que sólo se tenía que dedicar a normalización lingüística del catalán, sin asumir una posición con respecto al castellano. Esto produjo la impresión de que se creaban pautas lingüísticas para que el catalán se convirtiera en la lengua hegemónica. Se imponía la lógica de que Cataluña es una nación que tiene una lengua propia, que es el catalán. Pero, en cambio, se ignoraba o no se asumía que el castellano era una lengua totalmente viva, coexistente y cohabitante; que además se correspondía con casi el 50% de la población." No fue una "torpeza", y si lo fue, lo cierto es que rindió enormes réditos políticos a quien la cometió.

[3] Los usos excluyentes y exclusivos de la lengua catalana por el neocatalanismo autonómico filopujolista han convertido a la política lingüística es un tema especialmente sensible y de enmarañada discusión en Cataluña. El gobierno de Rajoy y Ciudadanos han buscado a través de ella, sin demasiado éxito en Cataluña, la polarización social. Basta recordar las palabras del ministro de educación de Rajoy, el inefable Wert, manifestando su intención de "españolizar a los niños catalanes".  Ahora bien; se opine lo que se quiera respecto a lo que debe hacerse políticamente con las realidades lingüísticas de Cataluña, debe partirse de unos hechos que son muy desconocidos o premeditadamente deformados fuera de Cataluña. Basten unos pocos ejemplos. En la administración de justicia, las sentencias redactadas en catalán en Cataluña en el año 2012 constituyeron apenas el 12,7% del total (y en las salas contencioso-administrativas, solo el 5%). Las delegaciones del gobierno español, la policía nacional, la guardia civil o el ejército no ofrecen más que simbólicamente servicios a la ciudadanía en lengua catalana, y no pocas veces renuentemente. La prensa escrita en castellano representa actualmente el 85% del total. Sólo un 10% de las películas en los cines de Cataluña están dobladas al catalán. Dicho todo esto: una de las cosas más interesantes y prometedoras del nuevo catalanismo independentista de los últimos años es su principio de ruptura con el los usos exclusivos y excluyentes de la lengua catalana y una actitud hacia la lengua castellana que vuelve a enlazar con las mejores tradiciones del catalanismo republicano popular histórico: valgan aquí como testimonio sumario fenómenos como Súmate (ahora en Junts pel Sí) o las interesantes e inteligentes posiciones de candidatos de las CUP, como David Fernández o Antonio Baños.

[4] Baste un solo ejemplo, recientemente aportado por el economista Francisco Martín Seco: "En 2004, la Agencia Tributaria, tras una serie de inspecciones, había comenzado a levantar actas a un conjunto de sociedades, compuestas en su totalidad por los grandes patrimonios del país, que se consideraba que no cumplían los requisitos requeridos para constituir una SICAV y que, en consecuencia, deberían tributar por el régimen común (el tipo del impuesto de sociedades al que tenían que someterse era del 35% en lugar del 1%). Todos los principales capitales se pusieron alerta y reclamaron el apoyo de CiU, que presentó una enmienda a la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas tributarias para el impulso a la productividad (vaya paradoja), por la que se le retira la competencia a la Agencia Tributaria y se le atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde entonces, las grandes fortunas de este país, gracias a CiU (y ciertamente a otros muchos), continúan utilizando con fraude de ley un régimen fiscal privilegiado que no está diseñado para ellas."

[5] "La autodeterminación de los pueblos de España no es cosa de hoy; no es algo que quepa dentro de un Título bis del proyecto de Constitución, es algo que subyace y fundamenta la Constitución misma, porque es nuestra propia existencia histórica. Los pueblos de España se están autodeterminando desde hace siglos [sic!] y se autodeterminan hoy en la voluntad irreversible de vivir en común." Véase:http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_116.PDF(pág. 4566)

[6] Véase:http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_116.PDF(págs. 4569-4570). Varios años después, el propio Solé Tura volvía sobre esa dramática discusión constitucional con Paco Letamendía: "de haber votado la incorporación del derecho de autodeterminación tal como lo proponía el diputado señor Letamendia no habríamos tenido ni derecho de autodeterminación ni autonomías, y posiblemente ni Constitución" (Nacionalidades y nacionalismos en España, Alianza Editorial, Madrid 1985, p. 140).

Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Buster yDaniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

La hegemonía del lenguaje en el independentismo catalán.

 El independentismo gana la batalla del lenguaje .

FRANCESC ARROYO - 18/09/2015 - Número 1

 AHORA  , diario semanal .

Artur Mas, como antes Jordi Pujol, gusta de presentarse como presidente de la Generalitat o, también, como presidente de Cataluña, aunque no es ninguna de las dos cosas porque en el ordenamiento jurídico actual no existe tal cargo, como tampoco existe el de presidente de España. Mas es presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La elipsis no es neutral, forma parte de la batalla por el control del lenguaje, una batalla en la que los nacionalistas (catalanes) van ganando. No solo han logrado que parte de la izquierda compre su léxico, hasta el PP lo ha hecho. Sin ir más lejos, cuando Raül Romeva, candidato que figura en primer lugar en la lista de Artur Mas, calificó de irrelevante el debate sobre quién debía presidir el futuro Ejecutivo, Xavier García Albiol, que encabeza la lista popular, sostuvo que era poco serio no decir a quién se proponía como “presidente de Cataluña”.

El juego con el lenguaje es una constante del separatismo catalán  que, lejos de autodenominarse así, ha preferido recurrir a los sinónimos: nacionalista, catalanista, defensor del derecho de autodeterminación y del derecho a decidir, soberanista, partidario del proceso (uno de los eufemismos más imprecisos posibles) y, finalmente, independentista.

La consulta del 9 de noviembre fue llamada “referéndum” hasta que la pretensión de fingir que se ajustaba a la legalidad aconsejó cambiarle el nombre; las cajas de cartón para las papeletas eran urnas; los participantes en el acto y favorables a la independencia de Cataluña fueron “millones”, pese a que incluso aceptando sus resultados se quedarían en 1.861.753 y las reglas del idioma dicen que para usar “millones” deben referirse a dos o más. Eso asumiendo que los datos sean creíbles porque, como decía un dirigente de ICV, que sin embargo fue a votar, “habría que ver la credibilidad que se daría a un acto similar convocado por el PP, con mesas formadas en exclusiva por voluntarios del PP, con recuentos hechos únicamente por esos voluntarios y sin posibilidad de verificación”, —las papeletas fueron inmediatamente destruidas—.  “De país” y “unitaria” En la misma línea, la lista Junts pel Sí fue definida, primero, como  “de país”, como si las demás no lo fueran. No es la primera vez que CDC pretende ser el único representante de Cataluña. Su grupo en el Congreso se denomina “catalán”, a pesar de que hay otros diputados catalanes e incluso en número mayor. Otro juego de palabras se produjo cuando se afirmó que la candidatura sería una lista sin políticos. Para muestra un botón: en el número uno, un exeurodiputado; en el cuatro, Artur Mas; en el cinco, Oriol Junqueras, líder de ERC, y en los puestos siguientes, dirigentes de ambas formaciones. Si se prefiere mirar fuera de Barcelona: el cabeza de lista en Tarragona, Germà Bel, fue  diputado…  del PSC. 

Posteriormente, la lista pasó a ser llamada “unitaria”, aunque es una coalición de dos partidos: CDC y ERC, con algunos independientes procedentes de entidades y asociaciones ampliamente subvencionadas por el Ejecutivo que preside  Mas, incluso en tiempos de recortes para otras necesidades consideradas menos urgentes, como la sanidad o la educación y el transporte públicos. Un ejemplo: Miquel Calzada, que llegó a la fama por su aparición en TV3, fue favorecido con licencias radiofónicas por los gobiernos de CiU. Otros personajes de las listas son habituales en las tertulias del canal autonómico y de Catalunya Ràdio, también dependiente del Gobierno catalán, y claros ejemplos de cómo medios públicos que deberían ser institucionales se comportan como gubernamentales y partidistas.

Lo mismo ocurre con la convocatoria electoral. La campaña de Junts pel Sí sostiene que se trata de unas elecciones “plebiscitarias”, es decir, en las que solo se decide si Cataluña será o no será independiente. Que haya diversas listas, incluso en el ámbito de los independentistas, es un asunto menor. Como es menor que los candidatos de Junts pel Sí se repartan los pronunciamientos y hablen un día de “declaración unilateral de independencia” y otro de proceso negociado. O que un día se diga que para declarar la independencia se necesita mayoría de votos y al siguiente que basta con mayoría de escaños y, por lo tanto, se podría declarar la independencia aunque los partidos que no la apoyan hubieran sumado más votos pero menos escaños debido a la ley electoral.

La cuestión es provocar la confusión en todas direcciones. Y obsérvese que aquí se habla solo de los juegos con el lenguaje, no de las afirmaciones que en términos bíblicos podrían ser definidas como “mentiras”.  Así, los independentistas sostienen impertérritos que una declaración unilateral no afectaría en absoluto a la continuidad de Cataluña en la UE y que el Barcelona seguiría jugando la liga española.

No hay que confundir la batalla por el lenguaje con la batalla de la lengua, que es solo una de sus escaramuzas, aunque llena de connotaciones emocionales. El catalán es definido por el Estatuto como la lengua “propia de Cataluña”. Manuel Vázquez Montalbán, charnego en jefe de la cultura catalana, dejó escrito que lo asumía, a condición de que no se le añadiera que el castellano es una lengua impropia.  A vueltas con la lengua No son pocos, sin embargo, los independentistas que sostienen que el castellano es una lengua impuesta. De ahí que no lo llamen castellano sino español. El uso del castellano sería una anomalía histórica, fruto de la dominación que arranca en 1714 y que culmina durante la dictadura del general Franco. ¿Cómo explicar entonces que Juan Boscán (Barcelona, 1490-1542) fuese el introductor del endecasílabo italianizante en la lengua castellana? No hace falta, se omite el dato y listos.

Lo llamativo es que los mismos que defienden el monolingüismo para una Cataluña independiente defendían hace cuatro días que el plurilingüismo era lo normal y decían no entender la animadversión de ciertos sectores de la sociedad española contra las lenguas no castellanas. España puede ser plurilingüe, pero no Cataluña. Lo cierto es que Cataluña es un territorio mayoritariamente bilingüe. Más aún, la afirmación romántico-nacionalista según la cual a cada Estado le corresponde una única lengua no soporta la prueba empírica.

En Francia se habla francés y catalán y occitano y bretón. En el Reino Unido muchos de sus ciudadanos utilizan, además del inglés, el escocés o el galés. En los países nórdicos se emplean diversas modalidades de sami, además de noruego, finés o sueco. Los suizos comparten una notable variedad idiomática: alemán, francés, italiano y romanche. En sentido contrario, Austria es de habla alemana y en Estados Unidos se habla mayoritariamente inglés.

La batalla del idioma ha cruzado todos los límites, incluidos los del absurdo. Así, el catalanismo recalcitrante sostiene que los nombres forman parte de la identidad nacional y nadie tiene derecho a traducirlos, de modo que decir o escribir Gerona y no Girona o Lérida en vez de Lleida es una ofensa al pueblo catalán. Esos mismos individuos dicen Xeres y no Jerez, Saragossa y no Zaragoza, Nova York y no Nueva York, porque todo se puede traducir al catalán, pero nada del catalán es traducible. Tan peregrina tesis comporta ignorar que la traducción, lejos de ser una ofensa, es un síntoma de reconocimiento de importancia. Por eso se usa Londres y no London, Florencia y no Firenze, o Aquisgrán y no Aachen, mientras que resultaría una excentricidad referirse a Newcastle (Reino Unido) o Neuchâtel (Suiza) como Nuevocastillo, aunque algunos italianoparlantes (los suizos) sí llaman a esta última ciudad Nuovocastello, del mismo modo que llaman a Múnich (Munchen en alemán) el Mónaco bávaro. No constan ofendidos.

En la batalla de la lengua, el nacionalismo catalán exclusivista ha contado, justo es decirlo, con notables aliados. En especial el PP, pero también sectores del PSOE. Las hemerotecas están llenas de afirmaciones ocurrentes, desde la del hoy santificado Adolfo Suárez, que no concebía que se pudiera explicar Física en catalán, hasta la de un José María Aznar que relegaba el catalán a la intimidad. Eso sí, de vez en cuando se oye un elogio universal: “Yo amo a Cataluña y me gusta mucho el catalán”. Oraciones ambas que, juntas o por separado, han pronunciado casi todos los dirigentes políticos nacionalistas españoles. Estas frases solo tendrían sentido si fueran acompañadas de una información complementaria: ¿qué territorio no aman o aman menos?, ¿qué idioma les disgusta?

En esta onda, la actitud mancomunada de PP y Ciudadanos afirmando que en Cataluña el castellano estaba perseguido ha actuado como elemento catalizador a la contra. La última escaramuza fue protagonizada por el becado exministro José Ignacio Wert y convenientemente capitalizada por el nacionalismo catalán. Se supone que unos y otros buscaban que los estudiantes catalanes terminaran la enseñanza obligatoria dominando por igual catalán y castellano, como de hecho ocurre. Pero la contienda se formuló, en ambos casos, en términos de agravio.

Para Wert (y para Ciudadanos) el Gobierno catalán vulneraba los derechos de los castellanohablantes, mientras que para los nacio-

nalistas catalanes había una ofensiva contra Cataluña. Una de las afirmaciones que, dicen los independentistas, hace necesaria la independencia es que la situación que hoy se vive en Cataluña, en lo que se refiere a la lengua, está en uno de los momentos más bajos de la historia. Con los datos en la mano, eso es algo difícil de sostener. El catalán es obligatorio en la escuela y lengua de uso común (no impuesto) en todo el territorio, pero quien quiera puede vivir perfectamente usando el castellano. Los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse a las administraciones en ambos idiomas y de ser atendidos en el que ellos elijan.

La lengua es inflamable y los pirómanos de ambos bandos lo saben y agradecen al oponente los incendios que provoca. El ultramontanismo castellanista quita algunos votos en Cataluña, pero los da a palas en otras partes de España, a la vez que alimenta el ultramontanismo catalanista, lo que se traduce en votos para el nacionalismo catalán. Y todos contentos. E inflamados. Guerra civil contra Cataluña La contaminación lingüística no se queda en el lenguaje ordinario (aunque este es el principal objetivo de control de todos los bandos), también se da en las universidades. Una de las áreas más proclives para vestir la ideología de ciencia es la historia; la otra es la economía, que permite el baile perpetuo de los datos sobre balanzas fiscales. Desde hace unos años, algunos historiadores han dado en afirmar que la que José Agustín Goytisolo llamara “guerra incivil” no fue tal sino, en realidad, una guerra de España contra Cataluña. Que el franquismo maltrató los símbolos catalanes es una verdad tan cierta como que entre los derrotados había gallegos y leoneses, y entre los franquistas había catalanes para dar y vender (y algunos incluso para venderse). Porcioles, López Rodó y Ullastres eran perfectamente catalanes. Por no hablar de Cambó, que financió abundantemente a los rebeldes. 

Pero todas estas batallas lingüísticas son cuestión menor comparadas con la que se da en el terreno de dos globalidades: Cataluña y España, también conocida como Estado Español. El uso de la expresión “Estado Español” se ha convertido en un lugar común. Puede oírse en boca de socialistas, excomunistas (expresión que dentro de la batalla del lenguaje rechazan no pocos dirigentes de ICV, incluso algunos que militaron en el PSUC o en sus juventudes) y hasta de dirigentes de Podemos. El filósofo Manuel Cruz ha ironizado sobre ello: “Para el nacionalismo catalanista, España nos roba, pero llueve en el Estado Español”.

El término España solo se utiliza si puede ser asociado a un agravio. Para el imaginario independentista, en España todos piensan y sienten igual: de forma anticatalana. El propio Mas sostiene que quien no esté con él está con el PP (aunque apoye a la izquierda). Cataluña es tan una como España, pero todo lo que en España es perversión, en Cataluña es bondad. Y todos los catalanes son independentistas, de donde se deriva que los que no son independentistas no son catalanes. Como en la España de Franco, se decía, no había ladrones. Una carta al director publicada en un diario paragubernamental y subvencionado lo dejaba claro: el problema de masificación en las cárceles en Cataluña se solventaría repatriando a los delincuentes. No hay delincuentes catalanes porque Dios no lo quiso. Y los que delinquen, lo  hacen frente a leyes injustas con Cataluña. Los Pujol y Millet incluidos. Y quien diga lo contrario miente o utiliza un lenguaje diferente.

http://www.ahorasemanal.com/el-independentismo-gana-la-batalla-del-lenguaje

Turquía y Arabia Saudí , planearon la crisis de los refugiados.

La “crisis de refugiados” sirios fue planeada por Turquía y Arabia Saudí

Nazanín Armanian

Público.es

Entre 2011 y agosto de 2014 Turquía había acogido 1,5 millones de refugiados sirios. Otros 40.000 entraron en octubre, y a pesar de su dramática situación, permanecieron en los campos. ¿Por qué, de repente, miles de ellos no sólo deciden salir de Turquía sino que pueden hacerlo, a pesar del cerco militar? ¿Por qué se les dirige a Europa y no a las petromonarquías árabes del Golfo Pérsico o Irán? Eso sí, la Casa Saud ha ofrecido a Alemania la construcción de 200 mezquitas (wahabitas) para que los supervivientes sirios no olviden el terror del Estado Islámico.
Desde 2011, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, incapaces de derrotar a Bashar Al Assad, lo han intentado todo con tal de convencer a Barak Obama de la necesidad de acabar con el mandatario sirio. Así, no dudaron en acusarle de derribar un avión turco en junio de 2012, del uso de gases químicos en agosto de 2013 o de ser incapaz de contener al Estado Islámico —monstruo creado por la CIA, el Mosad y el MI6, según el ex empleado de la NSA, Edward Snowden, y financiado por los jeques árabes según Hillary Clinton—, mostrando al mundo, a través del canal catarí Al Jazira, las impactantes imágenes de decapitaciones, de mujeres violadas y esclavas sexuales, de monumentos milenarios destruidos —como el Buda afgano—, y demás barbaries. Y Obama ni caso. ¡Pero si son casi las mismas imágenes protagonizadas por muyahidines (o sea, yihadistas), también Made in CIA, con las que George Bush, hace 15 años, consiguió conmover al mundo e invadir a Afganistán! En cambio, Obama parece más preocupado por el avance de China que por las peleas vecinales en aquella región.
“Alan” como casus belli
Todo indica que ambos países deciden inundar Europa de refugiados sirios, provocando conmoción social, y ofreciendo de paso a sus mandatarios el perfecto pretexto para “hacer algo serio por el pueblo sirio”.
Cuando las fotos de los cuerpos de un centenar de adultos sirios asfixiados o congelados en camiones no hirieron las sensibilidades, se intentó de nuevo con la imagen del cuerpo de Alan (“Roca” en kurdo), niño kurdo-sirio ahogado en una playa turca, acompañado del siguiente pie de foto:“Ha muerto porque Occidente no ha eliminado a Assad“, a sabiendas de que toda esta gente huye del terror del Estado Islámico.
¡Y objetivo conseguido! En Londres, Berlín y París ya se baraja bombardear a este devastado país, aunque sea ilegal incluso con sus propias leyes. Sorprende que la misma Angela Merkel que semanas atrás hizo llorar a una niña palestina denegando la petición de asilo para su familia de 5 miembros, se vuelva generosa y acoja a miles de sirios. ¡Hipócritas belicistas! Hasta julio de 2015 Alemania ganó unos 7,9 millones de euros por la venta de armas a los jeques árabes, un aumento del 30% con respecto al mismo periodo de 2014, mientras sus medios de comunicación censuran las imágenes de miles de niños y adultos yemeníes asesinados por las bombas de EEUU y Arabia, quienes además han destruido los depósitos de agua y alimentos, centrales eléctricas y hospitales matando a otras decenas de miles de civiles de hambre, enfermedades y heridas.
Ocultan que su llamada “Guerra Global contra el Terror”, desatada en Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Mali, Sudán, etc., ha generado decenas de millones de desplazados. 
Vuelco radical en Oriente Próximo
Todo cambia en julio de 2015 tras la firma de la paz y el acuerdo nuclear entre Occidente e Irán. Se trata de un cambio cualitativo en el equilibrio de las fuerzas en una región que hasta este momento era favorable a Israel, Turquía y Arabia Saudí. La República Islámica, además de salvarse de un ataque militar de EEUU, había conseguido el compromiso de Obama de no intervenir militarmente en Siria. El rey Salmán de Arabia, temeroso de que Irán con el respaldo de EEUU vuelva a ser el “Gendarme del Golfo Pérsico”, y regrese al mercado del petróleo —por eso sigue manteniendo bajos los precios del crudo—, en su encuentro con el presidente de EEUU en la Casa Blanca —durante la “crisis de refugiados sirios”— no daba crédito al leer la declaración final de la visita: no hubo ni una sola mención a Irán ni a sus fechorías en Siria y Yemen.
De modo que Ankara y Riad están presionando a los europeos para que pongan fin al Estado sirio, y les urge por los siguientes motivos:
• La situación económica de ambos países ya no les permite seguir financiando a los rebeldes armados.
• La negativa de Assad de aceptar los planes de paz de Irán y Rusia —que preveían elecciones anticipadas y un periodo de transición, sin asignar un papel al presidente en el futuro del país— ha cerrado las vías de una salida menos dramática a la crisis política. Él, que ya es historia, ahora se enfrenta al Plan de Obama: su salida del poder (exiliarse), y la instauración de una administración dirigida por los oscurantistas Hermanos Musulmanes. En mayo pasado, EEUU y Turquía acordaron crear una zona de exclusión en tierra siria, supuestamente para proteger a los civiles, que servirá de base militar para los contras sirios y de acoger a los refugiados. Existe también un “Plan Joe Biden”, vicepresidente y candidato demócrata para las presidenciales de 2016, que es consciente que para ganar a Assad éste no debe sobrevivir a Obama, para lo que propone balcanizar el país en zona alauita, kurda y sunita.
Con el caos controlado por el Pentágono en Oriente Próximo, entre los 12 objetivos de acoso a Siria están el cortar las Rutas de la Seda diseñadas por China y seguir chantajeando a Irán, país que está perdiendo también al Líbano, su otra “profundidad estratégica”, por la crisis política generada por el movimiento indignado de “Apestáis”.
Por su parte, Tayyeb Erdogan convertirá en pesadilla el sueño de los kurdos sirios de fundar su autonomía en el norte del país, mientras que con el ruido mediático de la crisis de refugiados desvía las miradas de la guerra desatada contra los kurdos de su país.
El regreso al timo de la misión humanitaria
Quienes exigen una intervención militar en Siria para paralizar la huida de los sirios de su tierra ocultan al menos cuatro hechos:
a. Que desde 2012, EEUU, Gran Bretaña, Francia, Turquía e Israel llevan bombardeando este país, además de suministrar armas y dinero a loscontras sirios. Según WikiLeaks, Washington, a través de acciones encubiertas, intenta debilitar y derribar su Gobierno desde 2006. Con tantas potencias en el ajo, ¿cómo es posible que se siga diciendo que es una “guerra civil”?
b. Que un ataque militar generaría más refugiados: el asesinato de Moammar al Gadafi fue el inicio del éxodo de los libios y la muerte de miles de sus ciudadanos en el mar.
Las situaciones apocalípticas generadas por la OTAN en los países agredidos ha hecho que sus dictadores asesinados se conviertan automáticamente en mártires, patriotas y mitos populares. La guerra es peor que el régimen de Bashar al Assad, y aunque acabe con otro “chico malo” de EEUU, será también el fin del Estado-Nación sirio. 

Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/2967/la-crisis-de-refugiados-sirios-fue-planeada-por-turquia-y-arabia-saudi/
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 Nota.-Los combates han obligado un 20% de la población a refugiarse en el extranjero, pero el 75% de la población siria se encuentra actualmente bajo la protección de la República Árabe Siria y sólo un 5% –como máximo– se encuentra en los vastos territorios donde se mueven los yihadistas. Lo que sucede es que el territorio sirio habitable es escaso, mientras que las regiones desérticas ocupan vastas superficies de territorio. La República Árabe Siria ha optado por garantizar la defensa de la población en vez de defender territorios, aún tratándose de los que incluyen los tan codiciados yacimientos de gas y de petróleo. Si alguien apoya a los kurdos ha sido el gobierno sirio , tanto en armas como con financiación.

Siria es el país que a nivel mundial ha generado el mayor número tanto de desplazados internos (7,6 millones), como de refugiados (3,88 millones al final de 2014). Afganistán (2,59 millones) y Somalia (1,1 millones) son los siguientes países que generan más refugiados. Las regiones en desarrollo acogen al 86% de los refugiados del mundo: 12,4 millones de personas, el valor más elevado desde hace más de dos decenios.http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas /

 

Claves del triunfo de Jeremy Corbyn.

El nuevo líder de los laboristas británicos se ha hecho con un 59,5% de los 422.664 votos emitidos

Las cinco claves del triunfo de Jeremy Corbyn

Alejandro Alcolea

La Marea

La campaña del candidato anti-austeridad por el liderazgo del Partido Laborista ha sacudido la escena política en Reino Unido, augurando una lucha política por el bienestar colectivo que podría resituar a la izquierda la posición del partido

Al principio nadie creía viable una verdadera apuesta por la izquierda en las primarias del Partido Laborista. Incluso el propio Jeremy Corbyn explicó que entendía su candidatura como “la víctima a sacrificar” en la carrera por el liderazgo de la organización. Sin embargo, en el transcurso de los 100 días que ha durado la campaña las previsiones sufrieron importantes cambios.
La periodista y jefa de prensa del equipo de Corbyn, Carmen Nolan, explicó a los medios que se dieron cuenta de esta situación el 9 de julio en un mítin en Merseyside, cuando se presentaron allí 350 personas. Tres semanas después los números se multiplicaban: hasta 1.500 le esperaban en Liverpool. De hecho, la expectación por presenciar los mítines del líder –que algunos periódicos han llamado corbynismo, como si de una moda se tratase- superó los límites de lo esperado hasta el punto de tener que aplazar un evento en Cambridge por razones de seguridad. Tal y como las encuestas pronosticaban, finalmente el candidato izquierdista al liderazgo del partido laborista Jeremy Corbyn se ha hecho con un 59,5% de los 422.664 votos emitidos, frente a Andy Burnham (19%), Yvette Cooper (17%) y Liz Kendall (4.5%). Cierto es que el éxito de la candidatura de Corbyn obedece a toda una serie de circunstancias socio-políticas dentro del contexto del poder en Reino Unido que ya explicamos en un artículoanterior. No obstante, esta vez vamos a tratar de conocer los puntos clave de su campaña.
1 – Conexión con la gente Nadie que pretenda dedicarse al ejercicio de la política hoy día puede alcanzar un mínimo de éxito si no consigue conectar con las personas. La emotividad y la construcción interna del discurso a través de una pasión compartida son factores esenciales a la hora de conseguir apoyos. En el caso de Corbyn, este proceso se ha visto desbordado consiguiendo que mucha gente dentro del partido se pusiera a su favor. Pero lo más importante es, sin duda, el apoyo que ha encontrado en el exterior: su campaña ha suscitado gran interés para los sindicatos más importantes de Reino Unido, así como para el movimiento contrario a las recetas de austeridad The people’s assembly, llevando incluso a participar en el proceso a personas no vinculadas al Partido Laborista –a cambio de 3 libras-, y saturando las redes sociales.
Si analizamos en detalle este último punto, podemos observar cómo salen los números. La cuenta de campaña de Corbyn en Twiiter (@JeremyCorbyn4Leader) tiene más de 62.000 seguidores, y su cuenta personal 136.000, frente a las cuentas de Andy Burnham (casi 17.000 seguidores y 88.600 seguidores; las de Yvette Cooper (menos de 10.000 seguidores y más de 76.000 seguidores); y las de Lizz Kendall (16.200 seguidores y 38.200 seguidores). Pese a que las redes sociales no sean un indicador de gran valor demoscópico, siempre cabe tenerlas en cuenta en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la comunicación online se convierte cada vez más en un factor crucial para la nueva política.
Además, durante el rally político el candidato ha contado con un elevado número de voluntarios y voluntarias con edades comprendidas entre los 13 y los 92 años: la cifra mayor se ha dado en Londres, con 3.832, después en el sur-este de Inglaterra con 1.170 y 1.160 en el nor-oeste de la misma.
2- El discurso anti-austeridad: “la pobreza no es necesaria” Las palabras de Corbyn han recibido críticas de todos los colores. Desde la asentada clase política británica entendida como izquierda ‘pragmática’ –esto es, aquella que rechaza las convicciones propias y se justifica en el contexto capitalista- hasta los propios tories y el primer ministro David Cameron han coincidido lanzando mensajes negativos sobre la viabilidad de las propuestas del candidato.
En este sentido, Cameron afirmó que “éste es ahora un partido que ha abandonado por completo el terreno de juego intelectual y que ya no representa a la clase trabajadora”, añadiendo que “se encuentra en los extremos del debate, asociado simplemente a las ideas de más gasto, más endeudamiento y más impuestos”. De alguna manera, la toma de posiciones en el terreno de lo político hace ver a la ciudadanía cómo el establishment se enfada, dibujando de una manera mucho más clara los bandos que se están disputando el poder. Sin embargo, la estrategia de Corbyn se ha basado en no seguir el círculo vicioso de los ataques personales y tratar de explicar su programa. Pese a que al comienzo los medios no le tomasen en serio, con el paso del tiempo el equipo se vio inundado por peticiones para entrevistar al candidato.
En esencia, el triunfo de su discurso se debe a que es ansiado por gran parte de la población británica tras la deriva del partido laborista durante los últimos 30 años, lo que le convierte en único. La presentación de Corbyn como una alternativa real a los tories y a la política de la austeridad, lejos de buscar situarse al centro, como el resto de los candidatos y candidatas, se ha configurado como un elemento central que le ha asegurado el éxito.
3- El factor “sorpresa” La llegada de la candidatura de Corbyn a la carrera de las primarias ha sido frecuentemente explicada por los medios bajo el factor “sorpresa” que la caracterizaba. Se dice que nada estaba previsto, y que incluso se encontraron con problemas a la hora de presentar su designación, que requería el respaldo de hasta 35 diputados cuando el candidato solamente contaba con 22.
Finalmente, poco antes de la fecha límite –el 15 de junio- se hizo con el apoyo necesario de algunos diputados que veían la oportunidad como “un buen gesto” de cara a dotar de mayor amplitud ideológica los debates del partido. Otros accedieron por pura presión mediática.
Así, lo inesperado ha marcado la campaña de Corbyn desde los primeros días: poco después de comenzar las primarias, el candidato anti-austeridad admitía que se veía a sí mismo como “la víctima a sacrificar de la izquierda”. Este punto ha viajado desde lo que los medios británicos calificaban como un candidato no-hope, es decir, sin esperanzas en el horizonte político posible, hasta acercarse a la victoria.
4- Su historia personal Pese a ser contrario a los liderazgos personalistas y apoyar un liderazgo colegiado, la figura de Corbyn ha llamado enormemente la atención de su electorado. La construcción de personajes políticos o story-telling, tal y como se conoce en el ámbito de las ciencias políticas, se ha posicionado como un valor añadido de la candidatura.
El hecho de ser un diputado parlamentario laborista con larga carrera en movimientos de protesta antibelicistas, que incluso se ha rebelado votando en contra de la doctrina de su partido hasta 500 veces, ha fabricado una imagen especialmente atractiva que recoge la ilusión de las personas mayores y “nostálgicas” del viejo laborismo y de los jóvenes por aquello que nunca vivieron.
Asimismo, esta independencia frente a la dirección del partido le convierte en lo que se conoce por un maverick: una figura política que se mueve con total libertad dentro de su partido sin obedecer necesariamente las líneas establecidas, que opina y trabaja desde su propia convicción política. Además, se ha conocido que Corbyn fue el diputado con menor nivel de gastos tras el escándalo del derroche de los diputados de 2009 durante el mandato de Gordon Brown.
5-Informalidad La adecuación del modo de vida del candidato a sus propuestas políticas ha sido objeto de crítica para los medios de comunicación, sin embargo, también ha servido como un elemento identificador para la población británica. De la misma manera que Pablo Iglesias vestía con camisetas de Alcampo, Corbyn se mostraba bajo el vestuario de un viejo socialista inglés, con barba y que siempre viajaba en bicicleta. A este respecto, el antropólogo Charles Lindholm apuntaba en 2009 que uno de los depósitos carismáticos más relevantes en la actualidad se halla en los patrones de consumo: comprar no solamente consiste en adquirir bienes, sino que también constituye un ritual de integración a través del cual afirmamos una identidad concreta.
La cuestión es que si esto no resulta creíble no puede producir ningún efecto en este sentido sino más bien lo contrario, llegando hasta el rechazo. No obstante, la larga y conocida historia de Corbyn ha evidenciado cuánto de real hay en su perfil político: la gente sabe que es una persona que vive “para” la política y no “de” la política, lo cual es de vital importancia en un contexto de importantes niveles de desafección política.
La simpleza y la espontaneidad del candidato han ocupado un lugar destacado durante estos 100 días. La ausencia del temor a mostrarse tal y como es -es decir, un político que parece una persona normal y corriente- y su preocupación por la democracia le han hecho líder. Tanto es así, que tras percatarse de que en un mítin mucha de la gente se estaba quedando fuera del recinto, Corbyn salió fuera y se subió a un camión para dar su discurso.
En definitiva, todo apunta a que Jeremy Corbyn ha conseguido despertar de nuevo los principios del Partido Laborista, desactivando la retórica centrista hasta tal punto en que la propia candidata ‘blairista’ Liz Kendall reconoció que “su campaña había fracasado y que Corbyn ha insuflado energía a un partido que pedía a gritos un cambio”. Pero tal y como ha dicho tras anunciarse su elección en las primarias, todavía “queda mucho hacer” y todo depende –de momento- de su trabajo como nuevo líder de la oposición frente al gobierno de Cameron.
La realidad política espera mucho de él, sobre todo los actores que apuestan por una Europa más solidaria, pues saben que sin una acción internacional conjunta ningún cambio es posible. Sin embargo, a continuación surgen nuevos interrogantes que solamente el tiempo responderá: ¿Podrá mantener su discurso pese a la presión de las estructuras del establishment británico? ¿Se romperá el Partido Laborista? ¿Podrá ganar las próximas elecciones generales?
Fuente: http://www.lamarea.com/2015/09/13/las-cinco-claves-del-triunfo-de-jeremy-corbyn/


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¿Cuál es el programa de Jeremy Corbyn?

Nadia Khomami · · · · ·

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8326

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Reino Unido: ¿Miedo a que la opinión pública no respalde a Corbyn? Puede ganar, he aquí la prueba

David Edgar · · · · ·

Bueno, desde luego que perdió el Partido Laborista. Pero la percepción de la magnitud de la derrota quedó exagerada por la falsedad de los sondeos y el derrumbe del laborismo en Escocia. El partido consiguió por encima de un millón de votos más en Inglaterra. En conjunto, logró sólo 200.000 votos menos que en 2005, cuando alcanzó mayoría absoluta.De hecho, si se añaden los votos de los partidos contrarios a la austeridad a los laboristas, se bate a los conservadores por más de 800.000 votos. ..A diferencia de 1983, 6,6 millones de personas votaron  a partidos opuestos al statu quo de Westminster. Un electorado fragmentado había abandonado la zona más cómoda del centro mucho antes de que Corbyn echara su cuarto a espadas..... sigue ...

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8323

Washington y Venezuela , más de lo mismo.

El experimento diplomático de EE.UU. con Venezuela se enfrenta con dificultades en Washington

Mark Weisbrot

The Huffington Post

En abril de este año, la Casa Blanca empezó a experimentar con un enfoque diplomático hacia Venezuela, después de haber recibido un rechazo regional contra las sanciones económicas que impuso al país el 9 de marzo. Como he mencionado en mis columnas anteriores, esto incluyó una reunión sin precedentes, en abril, entre el presidente Obama y el presidente Maduro durante la Cumbre de las Américas; el envío de un diplomático de alto rango (Thomas Shannon) para reunirse con autoridades venezolanas; y la renuncia a la retórica hostil en contra del gobierno de Venezuela, quizá por el periodo más largo en catorce años. Estas eran señales positivas, e indudablemente estaban relacionadas con el inicio de la normalización de relaciones con Cuba, el que culminó con la apertura de embajadas en la Habana y en Washington, el 20 de julio.

Sin embargo, últimamente existen preocupantes indicios de que la Casa Blanca no tome en serio la normalización de las relaciones con Venezuela, como sí lo hace con las de Cuba.

Uno de esos indicios ha sido las recientes declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, y del portavoz del Departamento de Estado pidiendo "una observación electoral creíble y oportuna" para las elecciones venezolanas a la Asamblea Nacional en diciembre. Aunque el Departamento de Estado no ha explicado qué entiende por "creíble y oportuna", las declaraciones coinciden directamente con un gran trabajo de lobby por parte de la oposición venezolana para que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe a una misión de observadores. Como apunté meses atrás, en junio había señales provenientes de los círculos de política exterior de la línea más dura de la derecha en Washington de que esto iría a formar parte de un intento para deslegitimar las elecciones. Ahora Kerry parece estar preparado para adoptar esta postura; y si lo hace, toda la región lo verá como una jugada muy hostil, y con razón. Para entender esto, uno ha de saber el papel que la OEA ha jugado en las elecciones en países donde Washington ha promovido un cambio de régimen, o donde se ha decidido a favor o en contra de un candidato en particular.

En el 2000, los observadores de elecciones de la OEA aprobaron, en un inicio, los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Haití. Luego, cambiaron su posición en respuesta a la presión proveniente de Estados Unidos. La prensa haitiana e internacional utilizó después este resultado para deslegitimar al gobierno democráticamente electo en Haití. Estados Unidos y sus aliados cortaron la ayuda al gobierno; y ya que Haití es extremadamente pobre, tanto los esfuerzos por destruir su economía, así cómo los de estabilización, lograron derrocar al gobierno en 2004. Miles de personas fueron asesinadas durante y después del golpe, mientras que hasta el día de hoy Haití sigue estando ocupado por las tropas de la ONU.

En 2011, y una vez más en Haití, la OEA colaboró con Estados Unidos en hacer algo que nunca antes se había hecho en la historia de la supervisión de elecciones: anuló de facto los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Haití. Normalmente, si unas elecciones tienen deficiencias, hay un recuento de votos; si eso no es suficiente para determinar al ganador, las elecciones se vuelven a realizar. Las autoridades de monitoreo electoral jamás deciden simplemente revertir los resultados sin tener un recuento o sin alguna prueba estadística. Y, sin embargo, esto es lo que hizo la OEA, mientras que funcionarios estadounidenses amenazaron a Haití -todavía tambaleándose por la devastación del terrible terremoto de 2010- con cortarles la ayuda humanitaria si no aceptaban al candidato preferido de la OEA (es decir, de Washington). (Apenas el mes pasado, la OEA puso su sello de aprobación a la primera elección que se celebraba en Haití desde 2011, a pesar de que casi un cuarto de las papeletas de votación nunca se contaron).

Ahora es probable que usted piense que Washington puede hacer cualquier cosa en Haití porque Haití es pobre y negro, y el extendido racismo le da licencia para hacerlo. Y es cierto; pero otros países también son vulnerables. No olvidemos que Washington también ha logrado distorsionar enormemente la realidad de Venezuela, y en el momento del golpe de 2002, logró conseguir que la mayor parte de la prensa internacional le dijera al mundo que no fue un golpe de Estado en lo absoluto; y que Estados Unidos no tuvo nada que ver con ello. Este último mito persiste en los principales medios de comunicación, a pesar de las numerosas pruebas documentadas, incluyendo un informe del Inspector General del Departamento de Estado que demuestra que EE.UU. financió a grupos involucrados en el golpe de Estado, inclusive a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés). Desde 2012, la NED ha aumentado su financiación en Venezuela en un 80 por ciento.

La posición de Kerry también es muy preocupante, porque no tiene ninguna razón legítima para exigir dicho monitoreo electoral. A diferencia de la elección presidencial del 2000 en Estados Unidos, o de la de México en 2006, nunca ha habido una elección en Venezuela en la que exista dudas sobre los resultados. En 2013, Estados Unidos se aisló al ser el único gobierno en el mundo que se negó a reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela, exigiendo un "recuento total". Sin embargo, el recuento que se hizo fue tan grande, que la probabilidad estadística de obtener los resultados oficiales, si la elección hubiese sido robada, era menor a uno en 25.000 billones. (Eventualmente, Washington cedió a la presión del resto de la región y reconoció los resultados).

Teniendo en cuenta esta reciente historia y su contexto, las declaraciones de Kerry no son sólo un insulto, sino una suerte de amenaza.

El otro indicio inquietante de la Casa Blanca es el nombramiento, por parte del presidente Obama, de Marcos Feierstein para el cargo de director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Feierstein tiene una larga historia de participación en las labores destinadas a cambiar regímenes en América Latina, que se remonta a los sandinistas en la era Reagan-Bush (George H.W.) en Nicaragua. Ha trabajado en contra del gobierno venezolano; y como un alto functionario de USAID, presidió una importante operación encubierta contra el gobierno cubano que causó una gran vergüenza cuando fue expuesta por Associated Press. Casi seguro, esta última maniobra fue ilegal, ya que la ley de Estados Unidos prohíbe que USAID participe en operaciones encubiertas. Nadie en Washington parece saber por qué el presidente Obama nombró a un político de línea dura como Feierstein para ser su principal asesor sobre América Latina, en un momento en el que está trabajando para normalizar las relaciones con Cuba.

Se ha tardado más de medio siglo para que Washington comience a reconocer la soberanía nacional de Cuba y de su pueblo, y para empezar a normalizar las relaciones. Esperemos que no se necesite tanto tiempo para iniciar este proceso con Venezuela.

Mark Weisbrot: Co-director, Center for Economic and Policy Research, Washington, D.C.
Seguir a Mark Weisbrot en Twitter: www.twitter.com/MarkWeisbrot

Fuente: http://voces.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/el-experimento-

diplomatic_b_8119134.html?utm_hp_ref=voces&ir=Voces

 

LEOPOLDO LOPEZ EN ACCIÓN PACIFISTA ..Y PRIMAVERAS UCRANIANAS .. http://cort.as/Wzct  

 

La remu­nicipalización en España .

La difícil tarea de deshacer la privatización

Los Gobiernos municipales se enfrentan a un modelo privatizado

Martín Cúneo

10/09/15 . Periódico Diagonal

Hasta 2014, las experiencias de remu­nicipalización en España se habían limitado a pequeñas ciudades y pueblos. Pero la llegada de las candidaturas de ‘unidad popular’ al gobierno de muchas de las principales ciudades cambió el escenario. La propuesta ha estado sobre la mesa en los programas electorales y, desde el 24 de mayo de 2015, en el centro del debate político. Aunque rara vez se escuchará a un cargo municipal de estas ciudades hablar de ‘remunicipalización’. Sí reconocerán estar “estudiando todas las posibilidades” o de estar “evaluando alternativas” a los servicios privatizados mientras negocian mejoras y el cumplimiento de los contratos blindados por los gobiernos anteriores.

Algunos de estos ayuntamientos, además de declaraciones, han dado los primeros pasos hacia la recuperación de varios servicios públicos. Uno de los primeros en hacerlo fue el Ayuntamiento de Zaragoza, el 25 de junio, cuando decidió por decreto paralizar el concurso del servicio de atención al ciudadano para estudiar su rescate. La empresa adjudicataria sólo aportaba los auriculares y el material fungible. Tanto las dependencias que ocupan como el material informático corren por parte del Ayuntamiento. Un mal negocio. En esos días, el alcalde Pedro Santiesteve, de Zaragoza en Común, defendió en una reunión con trabajadores de contratas del Ayuntamiento que su modelo era la remunicipalización, pero que cualquier paso se debía estudiar con “calma y sosiego”.

Santiesteve, alcalde de Zaragoza, defendió la remunicipalización pero que ésta debía aplicarse con “calma y sosiego” 

También en la ciudad de Oviedo, gobernada por el PSOE, Somos e IU, se ha dado el primer impulso para recuperar servicios privatizados, empezando por contratos que vencen en los siguientes meses. Entre ellos, el del cobro de impuestos, gestionado por una empresa que recibe siete millones de euros al año por el servicio. En la primera reunión de la Junta de Gobierno, el 26 de junio pasado, se decidió por unanimidad “denunciar” la prórroga de este contrato, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

La ciudad secuestrada

En Madrid, junto con el inicio de la auditoría ciudadana de la deuda, el pasado agosto dejó numerosas declaraciones de altos cargos del Ayuntamiento apoyando la remunicipalización de los servicios públicos. Pablo Soto, concejal de Participación, anunció que los servicios informáticos del Ayuntamiento, que llevaban 15 años sin contratar nuevo personal, volverían a asumir proyectos tecnológicos que habían sido externalizados por los gobiernos del PP.

Pero han sido la limpieza y la recogida de basuras los servicios privatizados que han generado más polémica. Unos servicios que, durante más de dos décadas de Gobiernos del PP, quedaron en manos de cinco constructoras: FCC, ACS, Ferrovial, Sacyr y OHL. Unas concesiones atadas y más atadas aún después de que el Gobierno de Ana Botella les entregara en 2013 por ocho años servicios que van desde la limpieza, la jardinería o las infraestructuras. La firma de estos contratos estuvo rodeada de irregularidades: el 25 de enero de este año la Comisión Nacional del Mercado de Valores imponía una multa conjunta de 98,2 millones de euros a cuatro de estas compañías por compartir información sensible y llegar a todo tipo de acuerdos y pactos para repartirse el pastel.

El resultado de estos contratos salta a la vista. Tras la disminución de la plantilla dedicada a la limpieza de las calles antes de la entrada en vigor del convenio y el ERTE que afectó a más de 700 trabajadores –decidido poco después de la firma–, la falta de higiene de las calles de Madrid se convirtió en uno de los temas centrales de la pasada campaña electoral. Sólo en el mes de julio el Ayuntamiento de Madrid recibió 7.000 quejas por suciedad en las calles.

“Es un problema que tiene que ver con el mal servicio que se está prestando –explica Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid–, un compromiso que se adquirió en unas condiciones que no eran beneficiosas para el Ayuntamiento ni para los ciudadanía y, según las empresas, tampoco para ellas. Un mal negocio desde cualquier punto de vista”.
 

Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada

No se trata sólo de que las empresas incumplan los términos del contrato. Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada. “En los contratos está establecido que hay calles que se limpian cada día y luego hay calles que se limpian cuando sea conveniente”, decía Maestre aDiagonal. Una arbitrariedad que ha llevado a que las calles del barrio de Orcasitas, de media, hayan sido limpiadas en 2015 cada 56 días y las de Guindalera cada dos días, según datos del Consistorio. “Son contratos que no garantizan que toda la ciudad de Madrid se limpie igual, de forma que institucionalizan una desigualdad entre unas calles de Madrid que merecen ser limpiadas y otras calles en las que viven otros ciudadanos de Madrid que, al parecer, son de segunda”, añade.

El fantasma de la remunicipalización ha estado presente durante las conversaciones entre las empresas y el Ayuntamiento de Madrid. El 24 de agosto, la alcaldesa Manuela Carmena advertía a las empresas que cumpliría con el programa electoral de Ahora Madrid si las empresas no “cambiaban de actitud”. Y el 7 de septiembre, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, declaraba que los contratos de limpieza y basuras serían analizados en la auditoría de la deuda y que “no se descarta ninguna alternativa” para cumplir el objetivo del contrato, es decir, que Madrid esté limpio. “Las empresas tienen que garantizar un servicio en condiciones y esto tendrá que ser por acuerdo o tendrá que ser por de­sacuerdo, pero en todo caso tenemos que garantizar que la ciudad esté limpia y no dudéis que lo vamos a hacer”, afirmó Sabanés. Entre las exigencias, la concejala adelantó que las empresas deberán anular el ERTE y contratar al personal despedido.

Otro bloque de contratos, los de recogida de basuras, es un tema aparte. El 11 de agosto, cuando se cumplía el plazo de renovación del convenio, el Ayuntamiento anunció que prorrogaba por un año más la concesión ya que, ante la falta de tiempo para estudiar otras opciones, “no había más solución que prorrogar”. En 2016, el Ayuntamiento tiene otra oportunidad para tomar una decisión: si avanza en la hoja de ruta marcada en el programa electoral de Ahora Madrid o intenta renegociar mejores condiciones contractuales dentro del modelo heredado del PP.

Absurdos

“Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño"
Loreto Nebreda trabaja como jardinera para el Ayuntamiento de Madrid. Ha visto, desde que consiguió el puesto a finales de los 90, cómo el Ayuntamiento cancelaba todas las ofertas de empleo –la última fue en 2001– y cómo el mismo Gobierno municipal “saboteaba” los servicios públicos de jardinería con vistas a su privatización. Ahora, con un plantilla reducida a unos 200 trabajadores, denuncia que se ha privatizado el mantenimiento de parques donde continúa habiendo personal público, de forma que “se paga doblemente por un servicio, cuando había personal para hacerlo y lo único que hacía falta era dotarlo de medios y de presupuesto, y saldría más barato”.

Su experiencia directa le llevó a integrarse en la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, donde participan empleados públicos, trabajadores de las contratas y asociaciones vecinales. “Nosotros apostamos por la gestión directa porque creemos que es la mejor opción para la ciudadanía, quitando los intermediarios. También para los trabajadores, con mejores condiciones laborales, y además para el Ayuntamiento ya que resulta mucho más barato”, dice Nebreda.

Perspectivas

El sindicato CGT, con una importante implantación en las contratas del Ayuntamiento, comparte esta visión. “Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño –dice a DiagonalEsteban Guijarro, secretario general de CGT Madrid–. Nos hemos ofrecido a participar en la remunicipalización, porque además estamos viendo que van a tener muchas pegas, desde la oposición política del Ayuntamiento, desde los propios empresarios hasta algunos sindicatos, que están diciendo que una remunicipalización no sería buena para los trabajadores”.

Los problemas no se quedan ahí, comenta a este periódico Luis Babiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. “Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo”, dice. Entre los obstáculos, Babiano menciona la escasez de personal cualificado para auditar a estas empresas, el primer paso en la hoja de ruta de la remunicipalización. “El intento de incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios también se imposibilita por el marco restrictivo impulsado por el Gobierno central, que te impide contratar personal dentro del Ayuntamiento”. Pero Babiano cree que muchos de estas trabas podrán superarse: “Creemos que en un corto tiempo encontraremos varias ciudades remunicipalizadas, porque es la tendencia que se está dando en todo el mundo”.