sábado, 12 de septiembre de 2015

Washington y Venezuela , más de lo mismo.










El experimento diplomático de EE.UU. con Venezuela se enfrenta con dificultades en Washington

The Huffington Post


En abril de este año, la Casa Blanca empezó a experimentar con un enfoque diplomático hacia Venezuela, después de haber recibido un rechazo regional contra las sanciones económicas que impuso al país el 9 de marzo. Como he mencionado en mis columnas anteriores, esto incluyó una reunión sin precedentes, en abril, entre el presidente Obama y el presidente Maduro durante la Cumbre de las Américas; el envío de un diplomático de alto rango (Thomas Shannon) para reunirse con autoridades venezolanas; y la renuncia a la retórica hostil en contra del gobierno de Venezuela, quizá por el periodo más largo en catorce años. Estas eran señales positivas, e indudablemente estaban relacionadas con el inicio de la normalización de relaciones con Cuba, el que culminó con la apertura de embajadas en la Habana y en Washington, el 20 de julio.

Sin embargo, últimamente existen preocupantes indicios de que la Casa Blanca no tome en serio la normalización de las relaciones con Venezuela, como sí lo hace con las de Cuba.

Uno de esos indicios ha sido las recientes declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, y del portavoz del Departamento de Estado pidiendo "una observación electoral creíble y oportuna" para las elecciones venezolanas a la Asamblea Nacional en diciembre. Aunque el Departamento de Estado no ha explicado qué entiende por "creíble y oportuna", las declaraciones coinciden directamente con un gran trabajo de lobby por parte de la oposición venezolana para que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe a una misión de observadores. Como apunté meses atrás, en junio había señales provenientes de los círculos de política exterior de la línea más dura de la derecha en Washington de que esto iría a formar parte de un intento para deslegitimar las elecciones. Ahora Kerry parece estar preparado para adoptar esta postura; y si lo hace, toda la región lo verá como una jugada muy hostil, y con razón. Para entender esto, uno ha de saber el papel que la OEA ha jugado en las elecciones en países donde Washington ha promovido un cambio de régimen, o donde se ha decidido a favor o en contra de un candidato en particular.

En el 2000, los observadores de elecciones de la OEA aprobaron, en un inicio, los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Haití. Luego, cambiaron su posición en respuesta a la presión proveniente de Estados Unidos. La prensa haitiana e internacional utilizó después este resultado para deslegitimar al gobierno democráticamente electo en Haití. Estados Unidos y sus aliados cortaron la ayuda al gobierno; y ya que Haití es extremadamente pobre, tanto los esfuerzos por destruir su economía, así cómo los de estabilización, lograron derrocar al gobierno en 2004. Miles de personas fueron asesinadas durante y después del golpe, mientras que hasta el día de hoy Haití sigue estando ocupado por las tropas de la ONU.

En 2011, y una vez más en Haití, la OEA colaboró con Estados Unidos en hacer algo que nunca antes se había hecho en la historia de la supervisión de elecciones: anuló de facto los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Haití. Normalmente, si unas elecciones tienen deficiencias, hay un recuento de votos; si eso no es suficiente para determinar al ganador, las elecciones se vuelven a realizar. Las autoridades de monitoreo electoral jamás deciden simplemente revertir los resultados sin tener un recuento o sin alguna prueba estadística. Y, sin embargo, esto es lo que hizo la OEA, mientras que funcionarios estadounidenses amenazaron a Haití -todavía tambaleándose por la devastación del terrible terremoto de 2010- con cortarles la ayuda humanitaria si no aceptaban al candidato preferido de la OEA (es decir, de Washington). (Apenas el mes pasado, la OEA puso su sello de aprobación a la primera elección que se celebraba en Haití desde 2011, a pesar de que casi un cuarto de las papeletas de votación nunca se contaron).

Ahora es probable que usted piense que Washington puede hacer cualquier cosa en Haití porque Haití es pobre y negro, y el extendido racismo le da licencia para hacerlo. Y es cierto; pero otros países también son vulnerables. No olvidemos que Washington también ha logrado distorsionar enormemente la realidad de Venezuela, y en el momento del golpe de 2002, logró conseguir que la mayor parte de la prensa internacional le dijera al mundo que no fue un golpe de Estado en lo absoluto; y que Estados Unidos no tuvo nada que ver con ello. Este último mito persiste en los principales medios de comunicación, a pesar de las numerosas pruebas documentadas, incluyendo un informe del Inspector General del Departamento de Estado que demuestra que EE.UU. financió a grupos involucrados en el golpe de Estado, inclusive a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés). Desde 2012, la NED ha aumentado su financiación en Venezuela en un 80 por ciento.

La posición de Kerry también es muy preocupante, porque no tiene ninguna razón legítima para exigir dicho monitoreo electoral. A diferencia de la elección presidencial del 2000 en Estados Unidos, o de la de México en 2006, nunca ha habido una elección en Venezuela en la que exista dudas sobre los resultados. En 2013, Estados Unidos se aisló al ser el único gobierno en el mundo que se negó a reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela, exigiendo un "recuento total". Sin embargo, el recuento que se hizo fue tan grande, que la probabilidad estadística de obtener los resultados oficiales, si la elección hubiese sido robada, era menor a uno en 25.000 billones. (Eventualmente, Washington cedió a la presión del resto de la región y reconoció los resultados).

Teniendo en cuenta esta reciente historia y su contexto, las declaraciones de Kerry no son sólo un insulto, sino una suerte de amenaza.

El otro indicio inquietante de la Casa Blanca es el nombramiento, por parte del presidente Obama, de Marcos Feierstein para el cargo de director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Feierstein tiene una larga historia de participación en las labores destinadas a cambiar regímenes en América Latina, que se remonta a los sandinistas en la era Reagan-Bush (George H.W.) en Nicaragua. Ha trabajado en contra del gobierno venezolano; y como un alto functionario de USAID, presidió una importante operación encubierta contra el gobierno cubano que causó una gran vergüenza cuando fue expuesta por Associated Press. Casi seguro, esta última maniobra fue ilegal, ya que la ley de Estados Unidos prohíbe que USAID participe en operaciones encubiertas. Nadie en Washington parece saber por qué el presidente Obama nombró a un político de línea dura como Feierstein para ser su principal asesor sobre América Latina, en un momento en el que está trabajando para normalizar las relaciones con Cuba.

Se ha tardado más de medio siglo para que Washington comience a reconocer la soberanía nacional de Cuba y de su pueblo, y para empezar a normalizar las relaciones. Esperemos que no se necesite tanto tiempo para iniciar este proceso con Venezuela.

Mark Weisbrot: Co-director, Center for Economic and Policy Research, Washington, D.C.
Seguir a Mark Weisbrot en Twitter: www.twitter.com/MarkWeisbrot


 



LEOPOLDO LOPEZ EN ACCIÓN PACIFISTA ..Y PRIMAVERAS UCRANIANAS .. http://cort.as/Wzct  

 








jueves, 10 de septiembre de 2015

La remu­nicipalización en España .


La difícil tarea de deshacer la privatización
Los Gobiernos municipales se enfrentan a un modelo privatizado
10/09/15 . Periódico Diagonal



Hasta 2014, las experiencias de remu­nicipalización en España se habían limitado a pequeñas ciudades y pueblos. Pero la llegada de las candidaturas de ‘unidad popular’ al gobierno de muchas de las principales ciudades cambió el escenario. La propuesta ha estado sobre la mesa en los programas electorales y, desde el 24 de mayo de 2015, en el centro del debate político. Aunque rara vez se escuchará a un cargo municipal de estas ciudades hablar de ‘remunicipalización’. Sí reconocerán estar “estudiando todas las posibilidades” o de estar “evaluando alternativas” a los servicios privatizados mientras negocian mejoras y el cumplimiento de los contratos blindados por los gobiernos anteriores.
Algunos de estos ayuntamientos, además de declaraciones, han dado los primeros pasos hacia la recuperación de varios servicios públicos. Uno de los primeros en hacerlo fue el Ayuntamiento de Zaragoza, el 25 de junio, cuando decidió por decreto paralizar el concurso del servicio de atención al ciudadano para estudiar su rescate. La empresa adjudicataria sólo aportaba los auriculares y el material fungible. Tanto las dependencias que ocupan como el material informático corren por parte del Ayuntamiento. Un mal negocio. En esos días, el alcalde Pedro Santiesteve, de Zaragoza en Común, defendió en una reunión con trabajadores de contratas del Ayuntamiento que su modelo era la remunicipalización, pero que cualquier paso se debía estudiar con “calma y sosiego”.
Santiesteve, alcalde de Zaragoza, defendió la remunicipalización pero que ésta debía aplicarse con “calma y sosiego” 
También en la ciudad de Oviedo, gobernada por el PSOE, Somos e IU, se ha dado el primer impulso para recuperar servicios privatizados, empezando por contratos que vencen en los siguientes meses. Entre ellos, el del cobro de impuestos, gestionado por una empresa que recibe siete millones de euros al año por el servicio. En la primera reunión de la Junta de Gobierno, el 26 de junio pasado, se decidió por unanimidad “denunciar” la prórroga de este contrato, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

La ciudad secuestrada

En Madrid, junto con el inicio de la auditoría ciudadana de la deuda, el pasado agosto dejó numerosas declaraciones de altos cargos del Ayuntamiento apoyando la remunicipalización de los servicios públicos. Pablo Soto, concejal de Participación, anunció que los servicios informáticos del Ayuntamiento, que llevaban 15 años sin contratar nuevo personal, volverían a asumir proyectos tecnológicos que habían sido externalizados por los gobiernos del PP.
Pero han sido la limpieza y la recogida de basuras los servicios privatizados que han generado más polémica. Unos servicios que, durante más de dos décadas de Gobiernos del PP, quedaron en manos de cinco constructoras: FCC, ACS, Ferrovial, Sacyr y OHL. Unas concesiones atadas y más atadas aún después de que el Gobierno de Ana Botella les entregara en 2013 por ocho años servicios que van desde la limpieza, la jardinería o las infraestructuras. La firma de estos contratos estuvo rodeada de irregularidades: el 25 de enero de este año la Comisión Nacional del Mercado de Valores imponía una multa conjunta de 98,2 millones de euros a cuatro de estas compañías por compartir información sensible y llegar a todo tipo de acuerdos y pactos para repartirse el pastel.

El resultado de estos contratos salta a la vista. Tras la disminución de la plantilla dedicada a la limpieza de las calles antes de la entrada en vigor del convenio y el ERTE que afectó a más de 700 trabajadores –decidido poco después de la firma–, la falta de higiene de las calles de Madrid se convirtió en uno de los temas centrales de la pasada campaña electoral. Sólo en el mes de julio el Ayuntamiento de Madrid recibió 7.000 quejas por suciedad en las calles.
“Es un problema que tiene que ver con el mal servicio que se está prestando –explica Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid–, un compromiso que se adquirió en unas condiciones que no eran beneficiosas para el Ayuntamiento ni para los ciudadanía y, según las empresas, tampoco para ellas. Un mal negocio desde cualquier punto de vista”.
 
Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada
No se trata sólo de que las empresas incumplan los términos del contrato. Para Maestre, el principal problema reside en la letra firmada. “En los contratos está establecido que hay calles que se limpian cada día y luego hay calles que se limpian cuando sea conveniente”, decía Maestre aDiagonal. Una arbitrariedad que ha llevado a que las calles del barrio de Orcasitas, de media, hayan sido limpiadas en 2015 cada 56 días y las de Guindalera cada dos días, según datos del Consistorio. “Son contratos que no garantizan que toda la ciudad de Madrid se limpie igual, de forma que institucionalizan una desigualdad entre unas calles de Madrid que merecen ser limpiadas y otras calles en las que viven otros ciudadanos de Madrid que, al parecer, son de segunda”, añade.
El fantasma de la remunicipalización ha estado presente durante las conversaciones entre las empresas y el Ayuntamiento de Madrid. El 24 de agosto, la alcaldesa Manuela Carmena advertía a las empresas que cumpliría con el programa electoral de Ahora Madrid si las empresas no “cambiaban de actitud”. Y el 7 de septiembre, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, declaraba que los contratos de limpieza y basuras serían analizados en la auditoría de la deuda y que “no se descarta ninguna alternativa” para cumplir el objetivo del contrato, es decir, que Madrid esté limpio. “Las empresas tienen que garantizar un servicio en condiciones y esto tendrá que ser por acuerdo o tendrá que ser por de­sacuerdo, pero en todo caso tenemos que garantizar que la ciudad esté limpia y no dudéis que lo vamos a hacer”, afirmó Sabanés. Entre las exigencias, la concejala adelantó que las empresas deberán anular el ERTE y contratar al personal despedido.
Otro bloque de contratos, los de recogida de basuras, es un tema aparte. El 11 de agosto, cuando se cumplía el plazo de renovación del convenio, el Ayuntamiento anunció que prorrogaba por un año más la concesión ya que, ante la falta de tiempo para estudiar otras opciones, “no había más solución que prorrogar”. En 2016, el Ayuntamiento tiene otra oportunidad para tomar una decisión: si avanza en la hoja de ruta marcada en el programa electoral de Ahora Madrid o intenta renegociar mejores condiciones contractuales dentro del modelo heredado del PP.

Absurdos

“Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño"
Loreto Nebreda trabaja como jardinera para el Ayuntamiento de Madrid. Ha visto, desde que consiguió el puesto a finales de los 90, cómo el Ayuntamiento cancelaba todas las ofertas de empleo –la última fue en 2001– y cómo el mismo Gobierno municipal “saboteaba” los servicios públicos de jardinería con vistas a su privatización. Ahora, con un plantilla reducida a unos 200 trabajadores, denuncia que se ha privatizado el mantenimiento de parques donde continúa habiendo personal público, de forma que “se paga doblemente por un servicio, cuando había personal para hacerlo y lo único que hacía falta era dotarlo de medios y de presupuesto, y saldría más barato”.
Su experiencia directa le llevó a integrarse en la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, donde participan empleados públicos, trabajadores de las contratas y asociaciones vecinales. “Nosotros apostamos por la gestión directa porque creemos que es la mejor opción para la ciudadanía, quitando los intermediarios. También para los trabajadores, con mejores condiciones laborales, y además para el Ayuntamiento ya que resulta mucho más barato”, dice Nebreda.

Perspectivas

El sindicato CGT, con una importante implantación en las contratas del Ayuntamiento, comparte esta visión. “Nos hemos reunido con Carmena y nos planteó su compromiso con las promesas electorales. El no hacerlo sería un engaño –dice a DiagonalEsteban Guijarro, secretario general de CGT Madrid–. Nos hemos ofrecido a participar en la remunicipalización, porque además estamos viendo que van a tener muchas pegas, desde la oposición política del Ayuntamiento, desde los propios empresarios hasta algunos sindicatos, que están diciendo que una remunicipalización no sería buena para los trabajadores”.
Los problemas no se quedan ahí, comenta a este periódico Luis Babiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. “Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo”, dice. Entre los obstáculos, Babiano menciona la escasez de personal cualificado para auditar a estas empresas, el primer paso en la hoja de ruta de la remunicipalización. “El intento de incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios también se imposibilita por el marco restrictivo impulsado por el Gobierno central, que te impide contratar personal dentro del Ayuntamiento”. Pero Babiano cree que muchos de estas trabas podrán superarse: “Creemos que en un corto tiempo encontraremos varias ciudades remunicipalizadas, porque es la tendencia que se está dando en todo el mundo”.



miércoles, 9 de septiembre de 2015

El sector ‘business friendly’ en la sanidad catalana .

La sanidad catalana se convierte en un sector ‘business friendly’

Mientras los escándalos de corrupción y de salarios astronómicos indignaban a las usuarias, los recortes se han traducido en privatizaciones sutiles.
 La aprobación del nuevo consorcio rector del Hospital Clínic es el último ejemplo.
16 julio 2015
11:54

La sanidad catalana se convierte en un sector ‘business friendly’
Manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada el 17 de junio pasado en Barcelona. BRAIS G. ROUCO
MARC FONT, GEMMA GARCÍA // El Govern de la Generalitat de Catalunya acaba de dar el visto bueno a la nueva forma jurídica del Hospital Clínic de Barcelona, del cual es titular el gobierno catalán desde el año 2008. A partir de ahora, el centro hospitalario se articula alrededor de un consorcio del que forman parte el Servei Català de la Salut y la Universitat de Barcelona, pero que, según los nuevos estatutos, abre la puerta a la participación de otras instituciones y consorcios o entidades, sin indicar la titularidad de las mismas. Pese a que en un primer borrador de los nuevos estatutos se indicaba específicamente que la gestión estaba abierta a entidades “del sector público y privado”, un detalle que se ha eliminado del redactado final, igualmente la ambigüedad en la definición del nuevo consorcio ha puesto en alerta a las plataformas ciudadanas que se oponen a la privatización de la sanidad pública. El proyecto inicial de la dirección del Clínic era que el hospital estuviera regido por dos fundaciones privadas, una para controlar su patrimonio y la otra encargada de la gestión, pero la oposición parlamentaria forzó el replanteamiento del plan hacia un consorcio inicialmente público.
En mayo de este año, una plataforma formada por trabajadoras y usuarias del Hospital Clínic recogió más de 4.000 firmas en mesas situadas en las puertas del centro para apoyar el pliego de alegaciones que presentaron y que, en esencia, pretendía asegurar la titularidad cien por cien pública del futuro ente que rige el hospital. Además, recibieron el apoyo de formaciones como la CUP, Barcelona En Comú o Ciutadans. Pero, según las responsables de aquella campaña, el gobierno ha sacado adelante la aprobación del nuevo consorcio sin responder a sus alegaciones.

La legislatura de los consorcios sanitarios

El intento de crear consorcios sanitarios con financiación pública y privada ha sido uno de los proyectos estrella del gobierno catalán durante la legislatura actual. Defendidos insistentemente por la cúpula de Salud, con el conseller Boi Ruiz a la cabeza, con el mantra neoliberal de que servirían para “ganar eficiencia”, han generado un fuerte rechazo, tanto entre las profesionales del sector como entre las usuarias. Los dos grandes consorcios que se han intentado impulsar durante el actual mandato han sido el de Lleida y el del Hospital Clínic. El primero, al menos de momento, se ha logrado detener.
En el caso del de Lleida, el ente propuesto también ha generado un fuerte rechazo ciudadano, con la recogida de más de 4.000 firmas contrarias y alegaciones presentadas por plataformas como la Marea Blanca, Dempeus per la Salut Pública, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o partidos como la CUP y Barcelona En Comú. Entre las razones esgrimidas, destaca que el consorcio supone una “privatización encubierta” y que los estatutos “permiten violar los principios de universalidad, equidad y gratuidad mediante diferentes vías de privatización: directa, mediante realización de actividad privada en los centros del consorcio (con el caso paradigmático de Barnaclínic); e indirecta, mediante la gestión privada y por los mecanismos del propio funcionamiento que puede regirse por el derecho privado”.
El 30 de abril pasado, el gobierno catalán frenó el proyecto de creación del consorcio sanitario de Lleida, que pretende unificar todos los dispositivos de la sanidad pública de la demarcación. La decisión se tomó después de que la oposición, por unanimidad, rechazara la creación de los nuevos entes. Uno de los motivos fue la presión ciudadana, que se había traducido en las casi 11.500 alegaciones y las 40.000 firmas que la Marea Blanca Lleida -que reúne a trabajadoras y usuarias- presentó contra el consorcio y en varias movilizaciones que reunieron a miles de personas en Lleida. La oposición expone que el consorcio facilitaría la entrada del negocio privado y añade que implicaría un sistema de gestión más opaco y difícil de controlar, regido por el derecho privado, que no estará sometido a los controles públicos del Institut Català de la Salut (ICS).

A la sombra del caso Innova

El martes 28 de abril se vivió lo que, de momento, es el último gran capítulo del caso Innova, que en los últimos años ha destapado la presunta corrupción y las múltiples irregularidades cometidas en este enorme holding sanitario de Reus (Tarragona). Más de una veintena de registros afectaron al hospital Sant Joan de la ciudad, los ayuntamientos de Reus, de Amposta y de Cambrils, tres centros médicos, empresas proveedoras y domicilios particulares. Las actuaciones terminaron con la detención de la entonces primera teniente de alcalde de Reus, la convergente Teresa Gomis, seis cargos sanitarios y dos empresarios. El caso acumula más de 50 imputaciones, entre las que destacan la del exalcalde socialista, Lluís Miquel Pérez, y -sobre todo- la de dos personajes clave en el llamado “modelo sanitario catalán”: Josep Prat -ex director del CatSalut y ex presidente del ICS – y Carles Manté, que estuvo al frente del CatSalut de 2004 a 2008.
El caso Innova es el escándalo más grave que ha afectado la sanidad catalana en los últimos años. Ha servido para mostrar la opacidad de un modelo sanitario diseñado en los años ochenta por la entonces abrumadora sociovergencia. El sistema estaba financiado con recursos públicos, pero incluía una enorme presencia de entidades sometidas al derecho privado -como consorcios o fundaciones-, que pueden esquivar los rigurosos controles del derecho público a la hora de contratar bienes, servicios o personal. El goteo de informaciones que han puesto en duda estos procedimientos ha sido constante y ha revelado los salarios astronómicos que percibían los cargos gestores.
Protestas contra el modelo que se intenta implantar desde el Departament de SalutLas protestas contra el modelo que se intenta implantar desde el Departament de Salut han llegado a las puertas de los centros privados y concertados financiados por la Generalitat. B. G. R.
La corrupción, sin embargo, sólo es una de las caras de un modelo que ha sido cuestionado por una parte de las profesionales del sector y usuarios y usuarias de la sanidad pública -agrupadas en plataformas como la Marea Blanca o Dempeus per la Salut Pública – o por la CUP e ICV-EUiA en el Parlament. Los otros elementos decisivos para el descrédito de los gestores sanitarios son la creciente preeminencia del interés privado en detrimento del bien común, que se ha traducido en recortes millonarios de recursos que han debilitado la sanidad pública mientras que el sector privado lucrativo ponía los dos pies en la Administración, y el goteo de consejos para contratar una mutua.
Desde 2010, el presupuesto del Departamento de Salud ha adelgazado más de 1.000 millones y ha pasado de un total de 9.548 millones a los 8.467 de este año, un 11,3% menos. Mientras tanto, se ha disparado el número de derivaciones de pacientes hacia centros privados -más de 16.000 sólo en 2014-, así como el negocio con fondos públicos de grupos con ánimo de lucro, con IDC Salud (la antigua Capio) como máximo exponente. El grupo ha pasado de ingresar menos de 56,5 millones en 2008 -a través de los convenios o contratos con el Servei Català de la Salut- a ingresar casi 82 en 2013, un 45% más. En época de recesión económica, también ha crecido el volumen de personas con seguros médicos privados. “La voluntad de los últimos años ha sido degradar el sistema público y restarle calidad. Es una estrategia intencionada, ya que la patronal quiere una parte del pastel público sanitario y esto se ha traducido en privatizaciones sutiles y progresivas, como los cierres de quirófanos que han provocado la derivación de pacientes a centros privados”, explica Josep Martí, médico jubilado, ex director asistencial del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron y fundador del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS).

Recortes públicos y negocio privado

El cúmulo de factores que han puesto la sanidad en el punto de mira explican el hecho de que -del 17 al 19 de junio y a instancias de la oposición- el Parlament celebrara el primer debate monográfico sobre gestión sanitaria en 30 años. CiU y ERC se aliaron para evitar la reprobación del conseller de Salud Boi Ruiz y para mantener el actual modelo sanitario. La cita sirvió para poner de manifiesto la poca transparencia con la que opera el departamento: “Hace tres años que pedimos convenios, contratos de adjudicación, subvenciones, conciertos… que nos expliquen qué transferencias de recursos públicos van a parar a la privada. Y no nos los dan porque eso les sirve para decir que nosotros mentimos, creamos alarmismo y hacemos demagogia”, espetó Isabel Vallet, diputada de la CUP, al gobierno autonómico. La Directa ha solicitado varios datos al respecto al Departament de Salut pero, a pesar de la insistencia, la petición ha sido ignorada.
¿Pero cómo funciona el sistema sanitario público? Este año, el Departament de Salut ha puesto8.200 millones en manos del CatSalut, que se encarga de financiar la red integrada dentro del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). De esta cifra, 2.536 millones van a parar en el ICS (el 30,9%), formado por ocho hospitales y 280 centros de atención primaria (CAP) totalmente públicos. 3.790 millones (el 46,2% del total) terminan en lo que se conoce como sector concertado, donde hay consorcios y empresas municipales, centros privados sin ánimo de lucro -como fundaciones y centros religiosos- y centros privados que quieren obtener beneficios, como los centros gestionados del grupo IDC Salud integrados en el SISCAT (el Sagrat Cor, la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya). A diferencia de lo que ocurre con los recursos destinados al ICS, los responsables de los centros concertados pueden gestionar el dinero casi como quieren, sin necesidad de rendir cuentas al Parlamento.
El recorte en el presupuesto de Salud ha comportado el cierre de quirófanos y camas y la reducción de personal. En diciembre de 2010 trabajaban 41.729 personas, mientras que, el mismo mes de 2014, la cifra era de 36.070, lo que implica 5.659 personas menos (13,6%). Como consecuencia lógica del tijeretazo, las listas de espera para las operaciones quirúrgicas se dispararon y sólo se empezaron a reducir significativamente durante el año pasado, pero a cambio de aumentar el negocio sanitario privado. De las 16.253 pacientes derivadas a centros de titularidad privada (reconocidos por Salut en febrero de 2014), alrededor de la mitad fueron a parar al Sagrat Cor, la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya, propiedad de la multinacional IDC Salud. El grupo pertenece al fondo de capital riesgo CVC Capital Partners y su volumen de negocio con la administración catalana no ha dejado de crecer en los últimos años: acumula más de 355 millones sólo en el periodo 2010-2013.
En el Hospital de Mataró, las derivaciones de operaciones quirúrgicas hacia centros del IDC Salud -en este caso, el Hospital Sagrat Cor y el General de Catalunya- han crecido año tras año. En 2012 fueron 115; Al año siguiente, 271, y en 2014, 300 intervenciones de cataratas, septoplastia, prótesis de rodilla y de cadera. También se envían pacientes a otros centros privados, como la Clínica Plató y el Hospital Sant Rafael. Según datos de actividad del mismo CatSalut, por ejemplo, en 2014, de una lista de espera para prótesis de rodilla de 538 personas, se operaron 151 en el Hospital de Mataró y 75 en el Hospital General de Catalunya. Para el traumatólogo y delegado sindical de CATAC Xose López de Vega, toda la actividad se podría mantener en el centro público si volvieran a las condiciones de 2010: “Hasta entonces, los quirófanos abrían por la tarde y había personal para operar; redujimos listas de espera”. A pesar de los recortes en plantilla y sueldos, camas y quirófanos, los gerentes del centro han destacado por percibir remuneraciones que se situaban por encima de las de otros hospitales. El exgerente del Consorci Sanitari del Maresme, Joaquim Esperalba -que en 2013 estuvo imputado por el caso Sant Pau, acusado de malversación-, figuraba ese mismo año entre los siete directivos mejor pagados por la Generalitat, con 116.142 euros brutos.

Un proceso que viene de lejos

Recortar en el ámbito de la sanidad pública tiene como efecto indirecto un incremento del negocio de la privada, ya que hay más personas que optan por contratar una mutua a pesar de las dificultades económicas. En Cataluña, el número de personas con un seguro médico privado creció en casi 107.000 personas (un 5,7%) entre 2008 y 2013, al pasar de menos de 1,88 millones a más de 1,98, según las datos de la última Memoria de las entidades de seguro sanitario libre 2013. Paralelamente, los ingresos de las aseguradoras crecieron mucho más rápido, un 19,2%, de 1.218 millones de euros a 1.452. Segur Caixa Adeslas, participada por CaixaBank y Mutua Madrileña, con más de 300.000 personas aseguradas y unos ingresos de 312 millones, encabeza el ranking, seguida de Sanitas, que se acerca a los 200 millones de facturación y también supera las 300.000 mutualistas. Además, entre 2012 y 2013, el gasto sanitario per cápita en Cataluña bajó de los 1.157 a los 1.098 euros, mientras que la penetración de la privada aumentó del 26% al 29% de la población, muy por encima del 18% de la media estatal.
El diagnóstico de los recortes
El diagnóstico de los recortes / GERARD CASADEVALL
Sin embargo, la privatización de la sanidad pública catalana es un proceso que se ha cocinado a fuego lento. Ya en 2007, con el gobierno tripartito y una conselleria capitaneada por Marina Geli (PSC), el ICS pasó de entidad gestora de la Seguridad Social a empresa pública, lo que abrió la puerta a la privatización de la gestión de los centros y posibilitó la cohabitación de varios tipos de contratos laborales. El Instituto pasó a actuar como entidad sometida al ordenamiento jurídico privado, y la gestión y el control presupuestario dejó de estar en manos del Parlament para pasar a un consejo de administración. La reforma fue recibida con muchas críticas desde sindicatos como CCOO, CATAC, IAC y el Sindicato de Médicos de Cataluña, que consideraban que conllevaba un riesgo de privatización y favorecía la precarización laboral. Además, como respuesta a una enmienda de CiU, la reforma fue aprobada sin incluir la obligatoriedad de que el ICS fuera el “cliente preferente” del Sistema Català de Salut.
Asimismo, en el documento de Estrategia del CatSalut de la legislatura 2007-2010 figuraba la creación del Consorcio de Lleida. Precisamente, antes de finalizar el mandato y salir del gobierno, en 2010, el tripartito aun hizo efectiva una medida controvertida. Con la intención de unir el ICS y la XHUP en una sola red, constituyó el SISCAT, que en uno de sus apartados especificaba que también lo configurarían “centros de titularidad privada cuyos servicios sean necesarios para implementar las previsiones del Plan de Salud de Cataluña y así lo soliciten”. Hasta entonces, tal como explica Pep Puey de Médicos de Cataluña, no había centros con ánimo de lucro dentro de la red, sin embargo, a partir de entonces y con el cambio de gobierno, Capio -actualmente IDC Salud- engordó los contratos con el departamento. Aun así, el primer convenio de la multinacional con un centro hospitalario de la red sanitaria ya se había firmado en 2009, durante el gobierno Montilla. El Hospital Clínic de Barcelona cerraba un acuerdo marco con la empresa y, unos meses más tarde, lo concretaba, renovable cada año.

Voluntad de acabar con el actual ICS

El Institut Català de la Salut es la empresa pública más grande de Cataluña. Desde la llegada de Boi Ruiz a la conselleria, su reforma ha sido un objetivo prioritario para el Ejecutivo convergente. En 2011, con el ahora imputado José Prat como ideólogo, el Departament de Salut elaboró un documento que apostaba por el troceado del ente público en empresas más pequeñas y abiertas al capital privado, una propuesta defendida también en un informe del año siguiente elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Rechazada energéticamente por la oposición y por plataformas ciudadanas, el Colegio de Médicos de Barcelona, recientemente, ha intentado reactivar el intento de desmantelar el actual ICS con un documento en el que sugiere facilitar la apertura del ente a dinero privado a través de “alianzas estratégicas” con otros proveedores del sector y apostando porque “evolucione hacia una estructura de gestión más flexible”.
sanitat-4Miles de usuarias y profesionales han gritado en las calles  de varias ciudades que la sanidad pública no está en venta. B. G. R.
Boi Ruiz aprovechó el pleno monográfico del Parlament para demostrar que no ha abandonado la idea; afirmó que es necesario modificar la ley que regula el ICS e insistió en que hay que “hacer reformas profundas”. Según él, esto no supondría “trasladar todo al derecho privado, sino incluir formas del derecho privado en el derecho administrativo” para facilitar su gestión. En la práctica, implicaría adelgazar los estrictos mecanismos de control que actualmente regulan toda la actividad del ente. “El troceado del ICS es el mantra del modelo neoliberal, bajo la excusa de ganar una supuesta eficiencia y aprovechar sinergias, cuando esto se puede hacer directamente desde un control totalmente público”, afirma José Martí.
Fundador del CAPS y miembro de la Marea Blanca, plataforma que rechaza el proyecto y se opone a los consorcios sanitarios que se quieren crear, Martí remacha que “todos los casos de irregularidades o corrupción que han aparecido en los últimos años en la sanidad pública han estado en consorcios o fundaciones, mientras que no ha habido ninguno en el ICS. Sin la regulación del derecho público, los consorcios pueden hacer los concursos y las adjudicaciones con mucha más opacidad”. En este sentido, en abril se conoció un informe de la Sindicatura de Cuentas, elaborado a instancias del Parlament, que alertaba de “irregularidades recurrentes” en los consorcios sanitarios, como las adjudicaciones a dedo y las elevadas remuneraciones de los cargos directivos.
El consorcio del Hospital Clínic, en principio, entrará en vigor dentro de pocas semanas. Permitirá dar cobertura legal a Barnaclínic, un ejemplo flagrante de entrada del negocio privado en la sanidad pública. Barnaclínic comparte instalaciones y profesionales -más de 560 durante el 2013, que, trabajando, obtienen un segundo sueldo- con el centro público. La patronal de las clínicas privadas,ACES, ha denunciado esta práctica por considerarla competencia desleal, ya que utiliza “el prestigio y los recursos públicos” del Clínic para ofrecer su actividad lucrativa a un precio más bajo.
[Artículo publicado en La Directa]

Cataluña /España ,derecha y hegemonía.

        Cataluña /España ,derecha y hegemonía.



Si “Junts pel Sí” pierde, resultará, según su propia interpretación, que la mayoría de la sociedad catalana está contra la independencia. Si gana “Junts pel Sí”, Rajoy se presentará como único garante de la unidad “indisoluble” e “indivisible” de la “Nación española” . Si no gana, Rajoy alardeará del éxito de su dontancredismo en relación con el problema catalán y concluirá que en realidad dicho problema no existía ni existirá. En ambos supuestos, se frotará las manos y agradecerá eternamente a Mas haber convocado las elecciones catalanas antes que las generales en España. Así pues, volvemos al principio. La estrategia de Artur Mas ha desembocado en un planteamiento maniqueo, que divide a la ciudadanía entre la que apoya a Artur Mas y la que no lo apoya, lo que él mismo interpreta como la división entre quienes quieren la independencia y quienes la rechazan. 

Mas, al intentar capitalizar a su favor y al de su partido el impulso popular por el derecho a la autodeterminación, lo ha debilitado y ha comprometido, probablemente por mucho tiempo, la posibilidad real de ejercerlo . Pero si , en ambos casos solo favorece a la derecha tanto en Cataluñya como en España. Y perjudica además a los del derecho a decidir en España , sus posibles aliados hacía un verdadero referendum y le da al PP y CS la mayoría en las generales   y puede taparse al igual su corrupción, como hace Mas.
 Tienen bastante fundamento quienes apuntan que el acelerón independentista ha sido una fuga del Gobierno de Mas para evitar pasar el examen de su gestión, que sabe muy bien que merece un clamoroso suspenso. Cualquier cosa menos hablar de los pobres y los problemas sociales ni la austeridad .La Cataluña real, con su creciente aumento de la desigualdad y la pobreza, tiene muy poco que ver con el discurso oficial. Y lo mismo podíamos aplicar a Rajoy  reforzándose con el discurso contrario.
Según los últimos datos de Eurostat, publicados el pasado mayo, correspondientes a 2013, el PIB per cápita en paridad de poder de compra de Cataluña era de 29.400 euros, equivalente al 111% de la media europea. Un nivel superior a la media española (94%).

 El indicador de pobreza, la tasa AROPE, acrónimo de At risk of poverty and exclusion, que tiene en cuenta otros indicadores, eleva el porcentaje de pobreza hasta el 24,3%. Es decir, una cuarta parte de la población catalana es pobre y los niños son el colectivo que se encuentra en una situación más necesitada.
La derecha catalana  ha sido siempre puntera en España contra los movimientos sociales. Como país industrial que fue y es . Solo hace falta recordar los años 20 o 30 del siglo pasado y al igual su revisionismo posterior sobre la guerra civil, la guerra no la había perdido la izquierda sino Cataluña, y  cuando apareció el 15 M  fue totalmente demonizado y desalojado a golpes de la Plaza Cataluña, les rompía el discurso hegemónico nacionalista , de abajo   arriba , al igual el de izquierda y derecha. Como al hacer la lista les era fundamental meter a alguien que fuera de izquierda anteriormente delante y unirse con ERC , para decir que son de izquierdas.

Al final, ha resultado más fácil trazar una hoja de ruta al lado del president que luchar contra los desahucios, la precariedad, los recortes o la privatización de los servicios públicos. Una hoja de ruta que ha sumado apoyos por arriba, pero que le da al movimiento independentista, a pesar de su gran fuerza y vitalidad, una mayoría muy exigua por abajo. Este es el flanco débil del procés, con responsabilidades también en determinados sectores de la izquierda que han dejado la hegemonía del soberanismo y el derecho a decidir en manos de la derecha de siempre, CDC, y de la nueva socialdemocracia catalana, ERC, tentada de convertirse, como hemos visto esta última legislatura, al social-liberalismo.Nos dicen que primero la independencia, y que después ya decidiremos qué país queremos, pero las bases de un nuevo Estado son claves a la hora de determinar el país del mañana".  (http://blogs.publico.es/esther-vivas/2015/09/10/en-catalunya-mas-es-menos/)

 y ver ...
“Que unes esquerres facin el joc a Mas dient-li 'Tu ets el procés' és, exactament, respondre als seus interessos” David Fernàndez..........http://cort.as/Wx4E






  
¿ A pero se trataba de algo diferente ?

martes, 8 de septiembre de 2015

Ahora la verdad surge : ¿Cómo los EE.UU. han impulsado el surgimiento de Isis en Siria e Irak.


Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and Iraq
Seumas Milne

Wednesday 3 June 2015

The Guardian
The war on terror, that campaign without end launched 14 years ago by George Bush, is tying itself up in ever more grotesque contortions. On Monday the trial in London of a Swedish man, Bherlin Gildo, accused of terrorism in Syria, collapsed after it became clear British intelligence had been arming the same rebel groups the defendant was charged with supporting.

The prosecution abandoned the case, apparently to avoid embarrassing the intelligence services. The defence argued that going ahead withthe trial would have been an “affront to justice” when there was plenty of evidence the British state was itself providing “extensive support” to the armed Syrian opposition.

That didn’t only include the “non-lethal assistance” boasted of by the government (including body armour and military vehicles), but training, logistical support and the secret supply of “arms on a massive scale”. Reports were cited that MI6 had cooperated with the CIA on a “rat line” of arms transfers from Libyan stockpiles to the Syrian rebels in 2012 after the fall of the Gaddafi regime.

Clearly, the absurdity of sending someone to prison for doing what ministers and their security officials were up to themselves became too much. But it’s only the latest of a string of such cases. Less fortunate was a London cab driver Anis Sardar, who was given a life sentence a fortnight earlier for taking part in 2007 in resistance to the occupation of Iraq by US and British forces. Armed opposition to illegal invasion and occupation clearly doesn’t constitute terrorism or murder on most definitions, including the Geneva convention.

But terrorism is now squarely in the eye of the beholder. And nowhere is that more so than in the Middle East, where today’s terrorists are tomorrow’s fighters against tyranny – and allies are enemies – often at the bewildering whim of a western policymaker’s conference call.

For the past year, US, British and other western forces have been back in Iraq, supposedly in the cause of destroying the hyper-sectarian terror group Islamic State (formerly known as al-Qaida in Iraq). This was after Isis overran huge chunks of Iraqi and Syrian territory and proclaimed a self-styled Islamic caliphate.

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The campaign isn’t going well. Last month, Isis rolled into the Iraqi city of Ramadi, while on the other side of the now nonexistent border its forces conquered the Syrian town of Palmyra. Al-Qaida’s official franchise, the Nusra Front, has also been making gains in Syria.

Some Iraqis complain that the US sat on its hands while all this was going on. The Americans insist they are trying to avoid civilian casualties, and claim significant successes. Privately, officials say they don’t want to be seen hammering Sunni strongholds in a sectarian war and risk upsetting their Sunni allies in the Gulf.

A revealing light on how we got here has now been shone by a recently declassified secret US intelligence report, written in August 2012, which uncannily predicts – and effectively welcomes – the prospect of a “Salafist principality” in eastern Syria and an al-Qaida-controlled Islamic state in Syria and Iraq. In stark contrast to western claims at the time, the Defense Intelligence Agency document identifies al-Qaida in Iraq (which became Isis) and fellow Salafists as the “major forces driving the insurgency in Syria” – and states that “western countries, the Gulf states and Turkey” were supporting the opposition’s efforts to take control of eastern Syria.

Raising the “possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality”, the Pentagon report goes on, “this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran)”.

American forces bomb one set of rebels while backing another in Syria
Which is pretty well exactly what happened two years later. The report isn’t a policy document. It’s heavily redacted and there are ambiguities in the language. But the implications are clear enough. A year into the Syrian rebellion, the US and its allies weren’t only supporting and arming an opposition they knew to be dominated by extreme sectarian groups; they were prepared to countenance the creation of some sort of “Islamic state” – despite the “grave danger” to Iraq’s unity – as a Sunni buffer to weaken Syria.

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That doesn’t mean the US created Isis, of course, though some of its Gulf allies certainly played a role in it – as the US vice-president, Joe Biden, acknowledged last year. But there was no al-Qaida in Iraq until the US and Britain invaded. And the US has certainly exploited the existence of Isis against other forces in the region as part of a wider drive to maintain western control.

The calculus changed when Isis started beheading westerners and posting atrocities online, and the Gulf states are now backing other groups in the Syrian war, such as the Nusra Front. But this US and western habit of playing with jihadi groups, which then come back to bite them, goes back at least to the 1980s war against the Soviet Union in Afghanistan, which fostered the original al-Qaida under CIA tutelage.

It was recalibrated during the occupation of Iraq, when US forces led by General Petraeus sponsored an El Salvador-style dirty war of sectarian death squads to weaken the Iraqi resistance. And it was reprised in 2011 in the Nato-orchestrated war in Libya, where Isis last week took control of Gaddafi’s home town of Sirte.

In reality, US and western policy in the conflagration that is now the Middle East is in the classic mould of imperial divide-and-rule. American forces bomb one set of rebels while backing another in Syria, and mount what are effectively joint military operations with Iran against Isis in Iraq while supporting Saudi Arabia’s military campaign against Iranian-backed Houthi forces in Yemen. However confused US policy may often be, a weak, partitioned Iraq and Syria fit such an approach perfectly.


What’s clear is that Isis and its monstrosities won’t be defeated by the same powers that brought it to Iraq and Syria in the first place, or whose open and covert war-making has fostered it in the years since. Endless western military interventions in the Middle East have brought only destruction and division. It’s the people of the region who can cure this disease – not those who incubated the virus.


http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq?CMP=share_btn_tw





 Y NOTA..

NAZANÍN ARMANIAN (Universidad de Barcelona): "(Con la intervención en Siria se trata de) impedir la construcción del mega-gaseoducto Irán-Irak-Siria, que cuenta con inversión ruso-iraní e iba a exportar el gas a Europa, ahora que ha fracasado el proyecto del otro gaseoducto. Perjudicaba aTurquía y a Arabia Saudí, que ha invertido en el Arab Gas Pipeline, tubería que recorrería Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Israel. No menosprecien a Arabia. Las principales instituciones financieras dependen de sus petrodólares." Resto: http://cort.as/5dE5 08/12/2013 PATRICK COCKBURN en el diario británico THE INDEPENDENT: "Arabia Saudita ha jugado un papel crucial en la creación y el mantenimiento de grupos yihadistas suníes durante los últimos 30 años (...) para la gran mayoría de los yihadistas suníes, incluyendo las franquicias de al Qaida en Iraq y Siria, el objetivo son los chiíes. Durante mucho tiempo Arabia Saudita como gobierno se ubicó en segunda línea respecto a Catar en el financiamiento de rebeldes en Siria, y recién desde este verano se han hecho cargo" Resto: http://cort.as/75wRhttp://cort.as/QHs7